Sentencia 2010-00327/49420 de junio 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2010-00327-01 (49420)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Nota: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Actor: J. C. A. F. y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veintidós de junio de dos mil diecisiete.

Temas: Principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal - No hay ineptitud sustantiva de la demanda si la parte actora agotó el trámite de conciliación prejudicial antes de que el a quo se pronunciara sobre la admisión de la demanda I Responsabilidad del estado por la privación injusta de la libertad I - Reiteración de jurisprudencia I culpa exclusiva de la víctima quien prestó su nombre para adquirir bienes de personas vinculadas con el narcotráfico, con lo que dio lugar a la investigación penal y a la medida de aseguramiento en su contra.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 15 de agosto de 2013, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró la ineptitud sustantiva de la demanda y negó las pretensiones.

1. Antecedentes.

1. La demanda.

En escrito presentado el 24 de mayo de 2010, los señores J. C. A. F. y M. C. M. B., quienes. actúan en su propio nombre y en representación de su hija menor de edad V. A. M.; así como los señores J. N. A. L., M. O. F. F., A. H. M. F., F. M. F., E. M. F. y E. M. F., por conducto de apoderada judicial interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Nación-Rama judicial, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por la privación injusta de la libertad del señor J. C. A. F.(1).

2. Las pretensiones.

A título de perjuicios morales, se solicitaron las siguientes cantidades:

— Mil salarios mínimos legales mensuales vigentes para el señor J. C. A. F.

— Mil salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora M. C. M. B.

— Dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes para V. A. M.

— Trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los señores J. N. A. L. y M. O. F. F.

— Ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los señores A. H., F., E. y E. M. F.

Por concepto de perjuicios materiales “a título de indemnización” se solicitaron las sumas de $ 200.000.000 en favor del señor J. C. A. F. y de su cónyuge, de $ 30.000.000 para cada uno de los señores J. N. A. L. y M. O. F. F. y de $ 5.000.000 para cada uno de los señores A. H., F., E. y E. M. F.

Igualmente, a título de lucro cesante, se pague la suma de $ 6.907.440.469.83 en favor del señor J. C. A. F. por concepto de lo dejado de percibir durante la privación de la libertad y de $ 4.396.639.456.10 en favor de la señora M. C. M. B., por no haber podido culminar sus estudios universitarios debido a la detención de su cónyuge.

Finalmente, por concepto de “daño a la vida de relación” se solicitaron los siguientes rubros:

— Cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los señores J. C. A. F. y M. C. M. B.

— Seiscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para V. A. M.

— Doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los señores J. N. A. L. y M. O. F. F.

— Cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los señores A. H., F., E. y E. M. F.

3. Los hechos.

En la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

El señor J. C. A. F. fue vinculado a una investigación por el delito de lavado de activos.

El 13 de noviembre de 2002, la Fiscalía ordenó la captura del señor J. C. A. F., la cual se hizo efectiva el 14 del mismo mes y año, bajo el argumento de que este había participado en la comisión del delito de lavado de activos.

Para esa época, el señor J. C. A. F. se desempeñaba como analista de sistemas en la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P.

Para el año 2003, en vista de que la actuación penal en contra del señor J. C. A. F. no se resolvía, este perdió su empleo.

El 3 de octubre de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá absolvió al señor J. C. A. F., al concluir que no se demostró la comisión del delito de lavado de activos.

El 10 de enero de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión confirmó el fallo absolutorio en su favor.

El 22 de mayo de 2008, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal inadmitió las demandas de casación interpuestas por otros procesados contra la sentencia de segunda instancia.

El señor J. C. A. F. estuvo recluido en la cárcel Modelo de Pereira desde el 14 de noviembre de 2002 hasta el 4 de octubre de 2005.

4. La oposición.

4.1. La Nación-Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que las decisiones por las cuales se impuso la medida de aseguramiento al actor fueron debidamente sustentadas y respaldadas en el acervo probatorio recaudado para ese efecto.

Aseguró que de acuerdo con las pruebas allegadas a la investigación, la Fiscalía concluyó que el actor permitió que pusieran a su nombre la oficina 607 del edificio Torre del Parque La Francia y el apartamento ubicado en la carrera 3b Nº 63-30 de Bogotá, como también un vehículo Chevrolet Astra, modelo 2001; los cuales el sindicado ocultó, administró y les dio apariencia de legalidad.

Señaló que para el ente acusador era claro que existía prueba directa e indirecta de que el señor J. C. A. F. participó activamente en la organización de la familia M. para el lavado de activos, de ahí que la entidad tenía serios elementos para vincular al actor a la investigación y proferir la medida de aseguramiento, sin que este ni su defensor hubieran solicitado el control de legalidad sobre la misma, como lo preveía el artículo 392 de la Ley 600 de 2000.

Formuló la excepción denominada ausencia del requisito de procedibilidad en materia contencioso administrativa, con fundamento en que la parte actora no agotó el requisito de conciliación prejudicial establecido en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009(2).

4.2. La Nación - Rama judicial solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que fue la Fiscalía la entidad que decretó la medida de aseguramiento al actor, la cual tenía la capacidad y la autonomía presupuesta! y administrativa para responder por la eventual condena(3).

5. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 15 de agosto de 2013, declaró la ineptitud sustantiva de la demanda y negó las pretensiones.

Advirtió ese tribunal, que de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, previo a instaurarse una demanda de reparación directa la parte demandante debía agotar la etapa de conciliación prejudicial ante la procuraduría delegada para asuntos administrativos.

Señaló que la providencia por medio de la cual se absolvió de toda responsabilidad al actor quedó ejecutoriada el 22 de mayo de 2008, de ahí que el término de dos años para que operara la caducidad vencía el 23 de mayo de 2010 que fue un domingo , por tanto, el término se extendía hasta el día hábil siguiente, 24 de mayo de 2010, que era la fecha límite para que la parte actora hubiera solicitado la conciliación prejudicial, sin embargo, interpuso la demanda pasando por alto este requisito, el que solo atendió una vez radicado el libelo, el 25 de mayo de 2010.

Por lo anterior, el a quo consideró que la parte demandante no cumplió en debida forma con el requisito de conciliación prejudicial, toda vez que se acudió a este mecanismo vencidos los dos años establecidos para que operara la caducidad.

Señaló que si bien el artículo 143 del CCA consagraba la interrupción de la caducidad con la presentación de la demanda, ello solo era procedente si se agotaban los requisitos obligatorios y previos para acudir a la jurisdicción, lo cual no ocurrió.

Resaltó que si bien la oportunidad para pronunciarse sobre el requisito prejudicial era al momento de examinar la admisión de la demanda y en caso de no cumplirse rechazar la misma, también era procedente abordar su examen en la sentencia, pues podían surgir elementos probatorios que permitieran tomar una decisión definitiva sobre la materia(4).

6. Objeto de la apelación.

La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y solicitó que se revocara dicho proveído.

Manifestó su inconformidad porque no se emitió una decisión de fondo, dado que, a su parecer, debió darse mayor énfasis al principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, para asegurar la efectiva protección de los derechos.

Señaló que al declararse la ineptitud sustantiva de la demanda se cercenaban los derechos de la parte actora, pues debían tenerse como válidos los exámenes a los que ya había sido sometido el libelo, el cual fue admitido; además, la Procuraduría consideró que la solicitud de conciliación prejudicial se presentó en debida forma.

Solicitó que se tuviera en cuenta el registro de la actuación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 23 de mayo de 2008 en el software de consulta de procesos de la rama judicial sobre la inadmisión de la demanda de casación y el oficio del 27 del mismo mes y año que remite las diligencias al tribunal de origen para su notificación.

Lo anterior por cuanto, a su parecer, si para el 27 de mayo de 2008 no se había notificado la decisión no se podía predicar su ejecutoria desde el 22 de mayo de 2008, como lo señaló el a quo, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 187 del CPP, las providencias quedaban ejecutoriadas tres días después de su notificación y no antes(5).

7. Los alegatos de conclusión en segunda instancia.

7.1. La Nación-Fiscalía General de la Nación presentó escrito en el cual reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda(6).

7.2. La parte demandante insistió en que el a quo admitió la demanda y en la sentencia dio un giro inesperado al declarar oficiosamente la ineptitud de la misma.

Agregó que el señor J. C. A. F. todavía seguía padeciendo el daño dado que solo gozaba de libertad provisional concedida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el cual le impuso una caución de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión, se hubiera pronunciado al respecto ni otorgado su libertad definitiva, de manera que el daño se ha prolongado de manera indefinida(7).

El Ministerio Público y la Nación-Rama judicial guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. Consideraciones.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1. competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2. prelación del fallo; 3. oportunidad de la acción; 4. no hay ineptitud sustantiva de la demanda, dado que la parte actora agotó el trámite de conciliación prejudicial antes de que el a quo se pronunciara sobre la admisión de la demanda; 5. legitimación en la causa; 6. parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad reiteración de jurisprudencia; 7. pruebas recaudadas en el proceso; 8. el caso concreto: a) el daño; b) culpa exclusiva de la víctima quien prestó su nombre para adquirir bienes de personas vinculadas con el narcotráfico, con lo que dio lugar a la investigación penal y a la medida de aseguramiento en su contra; 9. decisión sobre costas.

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial , el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto(8).

2. Prelación del fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la Magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo Ja reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor J. C. A. F., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(9), con el fin de reiterar su jurisprudencia.

3. Oportunidad de la acción.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(10).

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habría sufrido el demandante J. C. A. F., con ocasión de la privación de la libertad de la que dice haber sido víctima dentro de un proceso penal.

Se observa que la sentencia del 3 de octubre de 2005, por la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá absolvió al actor, fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión, mediante sentencia del 10 de enero de 2007, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 22 de mayo de 2008, “en providencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en la que se inadmitió Ja demanda de casación”, tal como se lee en la constancia suscrita por la secretaria del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá(11).

Así las cosas, el término para presentar la demanda vencía el 23 de mayo de 2010 y dado que ese día fue feriado (domingo) y el libelo fue radicado al día hábil siguiente (24 de mayo de 201O), se dio cumplimiento al plazo indicado en el artículo 136 numeral 8º del CCA.

4. No hay ineptitud sustantiva de la demanda, dado que la parte actora agotó el trámite de conciliación prejudicial antes de que el a quo se pronunciara sobre la admisión de la demanda. 

Se observa que la demanda no cumplió debidamente con el requisito de conciliación prejudicial consagrado en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, “por medio de Ja cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia” que prescribe lo siguiente:

“ART. 13.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

‘ART. 42A.—Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial”.

En el sub judice, los actores demandan en reparación directa por la privación injusta de la libertad que habría sufrido el señor J. C. A. F., de ahí que se trate de un asunto susceptible de conciliación promovido con fundamento en el artículo 86 del CCA.

Sin embargo, se observa que la demanda fue instaurada el 24 de mayo de 2010 y la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 25 de mayo de 2010, esto es, después de promover el libelo, tal como consta en la certificación expedida por la Procuraduría 56 Judicial Administrativa de Bogotá(12).

Dicha circunstancia se pasó por alto al momento del estudio de admisión de la demanda, pues aunque el a qua mediante auto del 3 de septiembre de 2010(13) inadmitió la misma, a fin de que la parte actora acreditara el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, luego, por vía de reposición, en providencia del 18 de febrero de 2011(14) consideró que los accionantes habían acreditado el agotamiento de la conciliación prejudicial con la constancia expedida por la Procuraduría 56 Judicial Administrativa de Bogotá, según la cual, el intento fue fallido ante la falta de ánimo conciliatorio.

Tal como ya lo ha precisado esta Sala de Subsección(15) este requisito previo a la demanda es obligatorio para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 1285 de 2009, la cual rige desde el 22 de enero 2009, es decir, que para el momento de presentación de la demanda, en mayo de 2010, ya era obligatorio para los actores agotarlo. Además, no puede decirse que no tuvieron chance de acreditar su cumplimiento, dado que la ausencia de este requisito no es causal de rechazo de plano, de conformidad con el artículo 143 del CCA, e incluso, la demanda fue inadmitida con ese propósito, solo que el a qua no advirtió que la solicitud se presentó después de haberse radicado la demanda, tal como consta en la certificación expedida por la Procuraduría Judicial.

También ha precisado esta corporación, que el requisito tiene como fin precaver una controversia judicial, de ahí que deba intentarse antes y no después de impetrada la demanda:

“Antes de la interposición de una demanda contenciosa en la que se persiga una o varias de las pretensiones allí establecidas, el actor deberá tramitar la conciliación extrajudicial . Quiere ello decir que de manera previa a la presentación de la demanda, el interesado debe solicitar ante el Ministerio Público que dicha audiencia se adelante. El momento entonces para acudir a la conciliación extrajudicial es antes de incoar la demanda, y NO después de haberla impetrado, pues ello desconoce, por un lado, la naturaleza de este requisito de procedibilidad, cual es, se repite, precaver una controversia judicial, y por otro, dejaría sin ningún sustento jurídico ni práctico la disposición del artículo 3° del Decreto 1716 de 2009 que ordena la suspensión del término de caducidad de la acción contenciosa cuando quiera que se solicite la conciliación prejudicial”(16).

Igual lo ha advertido esta Sección, al señalar:

De manera que es requisito obligatorio y necesario para instaurar las acciones de que tratan los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, que la parte actora acredite que adelantó el trámite de la conciliación extrajudicial, es decir, que radicó la solicitud ante el Ministerio Público, porque la exigencia tiene que ver con crear la oportunidad y no con que la entidad pública efectivamente cite a las partes, como tampoco con que estas concurran, en cuanto se atiende al resultado.

En consecuencia, se deja en claro que, a partir de la expedición de la Ley 1285 de 2009, para interponer las demandas de reparación directa, contractuales y de nulidad y restablecimiento del derecho, se debe allegar constancia que acredite el inicio del trámite de la conciliación extrajudicial, pues, de no ser ello así, la demanda no podrá admitirse y si no se subsana en tiempo habrá de rechazarse “(17) (negrillas de la Sala).

Tal propósito fue esquivado por la parte demandante que no convocó a las demandadas a una conciliación para precaver un conflicto judicial, dado que para la fecha de presentación de la solicitud (25 de mayo de 2010) la demanda de reparación directa ya se había incoado.

Ahora bien, la parte actora en su recurso de apelación invoca la aplicación del principio de prevalencia de lo sustancial sobre el formal, con fundamento en que la Procuraduría consideró que la solicitud de conciliación prejudicial se presentó en debida forma y que la demanda ya fue sometida a examen de admisión.

Al respecto, en un caso similar, resuelto por vía de tutela, la Sección Segunda amparó el derecho de los demandantes de acceso a la administración de justicia y el principio constitucional de la primacía del derecho sustancial, bajo las siguientes consideraciones:

“Como puede apreciarse, el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancia/, está expresamente garantizando en el artículo 228 que consagra el derecho de acceso a la administración de justicia. La incorporación de este principio en el referido artículo, busca garantizar que formalidades propias de los procesos judiciales, sean interpretadas y empleadas para la materialización de los derechos de los ciudadanos que acceden a la administración de justicia, y de ninguna forma como un obstáculo o impedimento para el ejercicio y protección de los mismos.

(...).

El Juez constitucional no puede pasar por alto que si bien se cumplió tardíamente con la solicitud de conciliación ante la Procuraduría, la cual en últimas resultó fallida, este requisito se cumplió previo a dictarse el auto que rechazó la demanda y que una vez aportados tales documentos debieron tenerse en cuenta por el Juez de segunda instancia al considerar el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda, pues ya era de su conocimiento que se había adelantado dicho presupuesto y así pudo darse trámite a la demanda. Se debe entonces poner de presente que el requisito procesal de conciliación estaba subsanado y que podía haberse tenido en cuenta por el juez natural del proceso de segunda instancia, permitiéndose a la parte actora acceder a la justicia, tramitando la demanda y dando inició al proceso de reparación directa, por la muerte de sus familiares presuntamente ocasionada por miembros de la fuerza pública. Respecto a la posibilidad de entenderse el requisito de la conciliación, como subsanado se tiene que en el caso bajo estudio, la providencia que rechazó la demanda se dictó el 19 de marzo de 2009; este auto fue recurrido lo que permite afirmar que esta decisión no se encontraba en firme, dado que el recurso se concedió en el recurso suspensivo. Así las cosas era procedente que el Juez de Segunda instancia examinara los documentos que se aportaron con la apelación, en los cuales se encontraba la solicitud de conciliación ante la Procuraduría Judicial 53 de Yapa/, lo lleva a considerar esta instancia podía haberse tenido como cumplido el requisito procedimental de la conciliación y entendiéndose que el requisito fue subsanado antes de finalizar la actuación judicial. (...) La Sala actuando como Juez Constitucional pondera el derecho sustancial sobre el formal, considerando que el requisito de conciliación prejudicial en este caso se encontraba cumplido, pues si bien se realizó la conciliación con posterioridad a la presentación de la demanda esta se adelantó previó a encontrarse en firme la actuación procesal que impuso el rechazo de la demanda. Así la Sala considera que hace efectivo el derecho al acceso a la administración de justicia de la parte accionante”(18) (negrillas de la Sala).

La Sala considera razonable aplicar dicho criterio jurisprudencial al sub judice, dado que los demandantes, si bien presentaron la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría un día después de radicar la demanda, en el plenario consta que dicho trámite se agotó antes de que se inadmitiera la misma por parte del a qua, solicitando que se acreditara el cumplimiento de ese requisito de procedibilidad.

Es así como la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada por los demandantes el 25 de mayo de 2010 y la audiencia se celebró el 29 de julio del mismo año, fecha en que se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2010, el Tribunal a qua inadmitió la demanda para que la parte acreditara el cumplimiento del requisito consagrado en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el cual, en efecto, acreditó haber agotado y por ello, la demanda fue admitida.

Así las cosas, antes de que la demanda emprendiera su curso procesal, las partes tuvieron la oportunidad de llegar a un acuerdo conciliatorio el cual resultó fallido, lo que habilitaba a los demandantes para activar la jurisdicción.

Por tanto, en atención al principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal que comprende el derecho de acceso a la administración de justicia, la Sala estudiará de fondo las pretensiones de la demanda.

5. Legitimación en la causa.

El señor J. C. A. F. se encuentra legitimado para actuar , pues según la sentencia del 10 de enero de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión , se encontró privado de la libertad dentro del proceso que se le adelantó por el delito de lavado de activos(19).

En cuanto a su hija y a sus padres, estos se encuentran legitimados para actuar, según los registros civiles de nacimiento allegados al expediente(20). No se predica lo mismo de los demás demandantes, quienes accionaron en calidad de cónyuge y hermanos, pues respecto de estos no se allegó la prueba del matrimonio o de la convivencia, como tampoco la prueba legal del parentesco, respectivamente.

Por su parte, la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Nación-Rama judicial se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, dado que contra estas entidades se dirigió la demanda y están debidamente representadas por el Fiscal General de la Nación y por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, respectivamente, de conformidad con los artículos 49 de la Ley 446 de 1998, 99 numeral 8º, de la ley 270 de 1996 y con la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Sección(21).

6. Parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad - reiteración de jurisprudencia.

En punto de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación en su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso deberá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada(22) por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular , siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(23).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21 .653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Con esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

7. Pruebas recaudadas en el proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos probatorios:

— Copia de la orden de captura con fines de indagatoria, librada por decisión del 13 de noviembre de 2002 , por la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima, despacho 03, en contra del señor J. C. A. F., por el delito de lavado de activos(24).

— Copia del acta de derechos del capturado J. C. A. F., suscrita el 14 de noviembre de 2002(25).

— Copia de la diligencia de indagatoria rendida por el señor J. C. A. F., el 19 de noviembre de 2002(26).

— Copia de la Resolución del 29 de noviembre de 2002 , por la cual la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima, despacho 03, decretó medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor J. C. A. F.(27).

— Copia de la diligencia de ampliación de indagatoria rendida por el señor J. C. A. F., el 23 de enero de 2003(28).

— Copia de la Resolución del 6 de noviembre de 2003, por la cual la Fiscalía Veintinueve Especializada de Bogotá acusó al señor J. C. A. F. del delito de lavado de activos.

— Copia de la sentencia del 3 de octubre de 2005, por la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá absolvió al señor J. C. A. F. del delito de lavado de activos(29).

— Copia de la sentencia del 10 de enero de 2007, por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión, confirmó la sentencia, en cuanto a la absolución del señor J. C. A. F(30).

— Copia del auto del 22 de mayo de 2008, por el cual la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, inadmitió la demanda de casación formulada por otros dos procesados quienes sí fueron condenados dentro del proceso adelantado en contra del señor J. C. A. F(31).

— Copia completa del proceso penal adelantado en contra del señor J. C. A. F., por el delito de lavado de activos(32).

7. El caso concreto

a) El daño

El daño, consistente en la privación de la libertad sufrida por el actor, se encuentra demostrado con la Resolución del 29 de noviembre de 2002, por la cual la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima, despacho 03 le decretó medida de aseguramiento de detención preventiva. Igualmente, con la sentencia del 10 de enero de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión, que en segunda instancia confirmó su absolución por el delito de lavado de activos.

b) Culpa exclusiva de la víctima quien prestó su nombre para adquirir bienes de personas vinculadas con el narcotráfico, con lo que dio lugar a la investigación penal y a la medida de aseguramiento en su contra

De los documentos relacionados se puede establecer que el señor J. C. A. F. estuvo privado de su libertad, acusado del delito de lavado de activos.

Como consta en el formato de orden de captura, el señor J. C. A. F. fue requerido por la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima, despacho 03, según Resolución del 13 de noviembre de 2002 y su aprehensión se hizo efectiva el 14 de noviembre de 2002.

Posteriormente, mediante Resolución del 29 de noviembre de 2002, esa misma Fiscalía le decretó medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, como presunto autor del delito de lavado de activos.

En esa oportunidad, la Fiscalía señaló que el actor, tecnólogo en sistemas, trabajó en 1999 en la Empresa Telefónica de Pereira con un sueldo de $ 1.780.000 hasta el año 2001, cuando fue contratado por el señor M. E. J. G. para administrar las embarcaciones “Koy Maru” y “Podarak”, una en Panamá y la otra en Ecuador, labor por la que recibió un ingreso de 3.000 dólares y, luego, recibió $ 30.000 .000 por la terminación abrupta de su contrato, pero sin que existiera prueba documental que acreditara un pago por ese concepto.

Señaló que entre sus bienes se encontraba un automóvil Astra modelo 2002, del que dijo no conocer las placas y que recibió como pago de $ 25.000.000 que el señor M. E. J. G. le adeudaba por concepto de asesorías en sistemas, viáticos y otras deudas personales, aunque sin soportes documentales que respaldaran tales negociaciones.

Para esa Fiscalía, el actor se esforzó mucho en justificar el origen de dicha suma y de las asesorías que, según él, no fueron para el señor M. E. J. G. sino, por recomendación suya, para una empresa, aunque dijo desconocer el nombre de la misma y que no tenía documentos al respecto.

Para la Fiscalía resultaba muy peculiar que al actor le pagaran una deuda de $ 25.000 .000 con un vehículo que para esa época estaba avaluado en $ 48.000.000. Igualmente, consideró llamativo que el sindicado aceptara que prestó su nombre para que el señor M. E. J. G. adquiriera un apartamento y una oficina en Bogotá, para un proyecto de asesorías en software que nunca se llevó a cabo, al tiempo que desconocía el origen de los dineros con los que se compraron dichos bienes y alegó que no recibió beneficio alguno.

Además, ese despacho estimó sospechoso que el señor J. C. A. F. fuera el encargado de tramitar el cambio de nombre del barco “Nadiesda Maru” para que no se le relacionara con otra embarcación llamada “Svesda Maru” , que fue sometida a embargo por el hallazgo de 13 toneladas de cocaína a bordo de la misma, así como el lenguaje encriptado utilizado por este y el señor M. E. J. G. en las conversaciones sobre sus negocios, las cuales fueron interceptadas y que también dan cuenta del manejo que tenía el actor sobre las cuentas y negocios del señor M. E. J. G.

Luego, el 6 de noviembre de 2003, la Fiscalía Veintinueve Especializada de Bogotá calificó el mérito de la investigación penal y acusó al señor J. C. A. F. como coautor del delito de lavado de activos junto a otras personas vinculadas.

En dicha resolución, la Fiscalía sustenta la acusación en contra del actor basada en los siguientes indicios (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“1. El indicio de mentira e indebida justificación. Este indicio surge de los argumentos débiles que da el señor J. C. A. F. al tratar de explicar los orígenes de las sumas de dinero que ganó y el origen de la deuda y pago del vehículo que aparece a su nombre; el desconocimiento acerca de los detalles sobre las asesorías que dice prestó en el exterior.

2. El indicio de relación directa con los señores M. E. J. G. y M. A. M. Este hecho indicador se encuentra acreditado en el proceso cuando prestó su nombre para adquirir los diferentes bienes inmuebles en esta ciudad y el vehículo del que no tenía siquiera el conocimiento del valor del mismo, como tampoco de las placas. También en la administración de las dos embarcaciones de propiedad de M. E. J. y los constantes viajes al Ecuador a atender cualquier inconveniente en los programas computarizados de las empresas y al igual que los viajes de vacaciones a diferentes países, costeados por M. E. J. G.

(...).

Todos estos aspectos permiten inferir que no era una persona ajena al grupo de ciudadanos que hoy son pedidos en extradición, amén de un hecho notorio como es el del vínculo entre J. C. A. F. y M. E. J. G., el cual data de mucho tiempo atrás cuando fueron estudiantes en la ciudad de Jarkov, Ucrania, lugar este donde se conocieron con M. E. J. G. y M. A. M. haciéndose más sólidos los mismos, al punto de llegar a emplearlo en las embarcaciones de nombre “Koy Maru” y “Podarak “, para el año 2001.

3. El indicio del conocimiento de las actividades delictivas de M. E. J. G. Este indicio surge ineludiblemente del hecho de no poder justificar sus ingresos reales, como tampoco justifica las sumas de dinero que le prestaba este señor; inclusive, llama la atención que una de las deudas corresponda al año de 1999, sin colocar término para su pago, es decir, que en el fondo esta persona conocía de las ganancias que obtenía M. E. J. G. y que era una persona que le podía suministrar dinero sin mayor inconveniente y sin soporte alguno, sin preocuparse por pagos, pues eran a término indefinido sefjún él mismo lo explica. Esta situación conlleva a establecer que J. C. A. F. sí sabía de antemano sobre las actividades de narcotráfico que le generaban muchas ganancias, lo cual. se consolida con los reiterados viajes que por cuenta de M. E. J. G. hizo a Panamá, España, El Salvador, entre otros países (...).

4. El indicio de disponibilidad permanente. Este indicio es manifestado por el mismo procesado quien no repara en señalar que, irrumpe la consagración de su trabajo legal para atender cualquier llamado de su amigo y hacerle los favores que este le pida, realizando viajes al Ecuador, Bogotá, Panamá y como se prueba con las interceptaciones y con los récords migratorios.

Igualmente, ser el gerente y representante legal de la empresa Alfastroit de donde son socios M. E. J. G. y M. A. M. que se evidencia a folio 59 del cuaderno principal 12, en donde refiere que se le solicitaba firmar como gerente de mercadeo sin tener la dependencia o subordinación, que en realidad no se desempeñó como gerente, que tan solo prestó su nombre. Esto demuestra que no era del todo ajeno a la organización de narcotraficantes dirigida por el señor R. J. M., M. E. J. G., M. A. M., D. J. N. M. y otros ciudadanos extranjeros que actualmente están siendo procesados en los Estados Unidos ya que hemos visto que J. C. A. F. se dio a la tarea de manejar de manera consciente y voluntaria al prestar su nombre para aparecer como dueño de los bienes de los narcotraficantes, sino que además realizaba otras actividades como administrador de las embarcaciones, para ser el gerente de mercadeo de la empresa Alfastroit, de los bienes o de las empresas de M. E. J., como acontece de su propio dicho” (negrillas de la Sala).

Sin embargo, en sentencia del 3 de octubre de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá absolvió al actor de responsabilidad penal por el delito de lavado de activos, pues consideró que si bien las propiedades de los esposos M. E. J. G. y M. A. M. aparecían a nombre del señor J. C. A. F. y que este recibió poder de los mismos para comercializarlos, este nunca ejerció actos de señor y dueño ni los administró, pues los bienes tuvieron otros administradores, de ahí que con su conducta no le dio apariencia de legalidad a los mismos.

Así mismo, ese juez penal estimó que el hecho de haber sido empleado del señor M. E. J. G. como tramitador de las embarcaciones “Koy Maru” y “Podarak”, ancladas en un puerto de Ecuador, tampoco se adecuaba al comportamiento de lavado de activos, dado que, para ese operador judicial, lo que se generaba era un estado de duda o incertidumbre respecto de la materialidad de la conducta, que de acuerdo con el artículo 7º del CPP debía resolverse en favor del procesado y por ello profirió sentencia absolutoria.

Dicha sentencia fue impugnada por la Fiscal Veintinueve Especializada de Bogotá y por la Representante del Ministerio Público. La primera de ellas insistió en que el señor J. C. A. F. y otro de los procesados, no solo eran testaferros, sino que hacían parte de la estructura organizada por la familia M.(33) para el lavado de activos, “afirmación que encuentra sustento en las comunicaciones telefónicas que fueron interceptadas y que obran a folios 237 y siguientes del cuaderno principal 1”(34).

La segunda, solicitó que se revocara el proveído penal de primera instancia para que se condenara a otros dos procesados que fueron absueltos, distintos al señor J. C. A. F.

No obstante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión, en la sentencia del 10 de enero de 2007 limitó el objeto de la apelación a la responsabilidad de dos procesados, diferentes al señor J. C. A. F., revocó la absolución que los favoreció en primera instancia y confirmó en lo demás, por lo que quedó incólume la exoneración penal del actor.

Finalmente, aquellos procesados que sí fueron condenados presentaron demanda de casación, la cual fue inadmitida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante auto del 22 de mayo de 2008.

De este modo, es claro que la actuación penal terminó en aplicación del principio de in dubio pro reo, dado que, para el juez penal, antes que la prueba de la materialidad de la conducta, lo que se generó fue una incertidumbre alrededor del comportamiento del actor, que debía resolverse en su favor, supuesto que, por regla general, de conformidad con la jurisprudencia unificada y reiterada de esta Sección, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad y, por ende, da lugar a la aplicación del régimen de responsabilidad de carácter objetivo.

No obstante, el daño consistente en la privación de la libertad del actor fue provocado por la culpa exclusiva de la víctima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, por las siguientes razones:

Tal como lo señaló la Fiscalía en la decisión por la cual decretó la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del actor, así como la de acusación por el delito de lavado de activos, varios indicios indicaban que el actor era posible coautor de la conducta junto a otros miembros de una organización delictiva, de la cual los esposos M. A. M. y M. E. J.G., sus amigos, eran la cabeza y ya se encontraban privados de la libertad en los Estados Unidos de América, por narcotráfico.

Uno de ellos, era que había aceptado poner a su nombre propiedades del señor M. E. J. G., así como un vehículo de alta gama, del cual ni siquiera sabía el número de placa ni su valor; de hecho, el mismo actor aceptó que prestó su nombre porque se trataba de su amigo, a quien consideraba su hermano pero que no conocía el origen de los bienes.

También señaló que le prestaba grandes cantidades de dinero que no pudo justificar, pues indicó que prestaba unas asesorías en informática, por recomendación de su amigo M. E. J. G., con otras empresas, pero que no sabía el nombre de éstas ni el tipo de vinculación, es decir, trabajaba y ganaba dinero pero, al parecer, sin saber para quién, dado que no tenía ningún documento que respaldara tales asesorías.

Así mismo, el actor aceptó y se comprobó que era tramitador y administrador de las embarcaciones de propiedad de M. E. J. G., extraditado junto a su esposa M. A. M. a los Estados Unidos, por narcotráfico, luego de que, el 3 de mayo de 2001, el barco “Svesda Maru” fuera interceptado por llevar ocultas 11.342,8 toneladas de cocaína, tal como se consignó en los “antecedentes fácticos” de la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión(35).

Igualmente, ese tribunal señala en su sentencia que uno de los procesados absueltos no cometió la conducta de lavado de activos pero sí pudo incurrir en testaferrato, al permitir que una de las cabezas de la organización criminal le escriturara un inmueble sobre el cual no tenía la administración ni la custodia, “igual suerte corrió J. C. A. F., quien tenía nexos con los extraditados esposos M. A. M. y M. E. J. G., mismos que hacían parte de la organización de traficantes de R. J. M. (...)”(36).

De hecho, en la misma providencia, esa Sala Penal advirtió lo siguiente (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

Sobre la responsabilidad penal de los señores J. P. P. R. y J. C. A. F. obra prueba directa e indirecta que participaban activamente en la organización de la Familia M. en el lavado de activos, lo que se vislumbra en las conversaciones telefónicas interceptadas a los citados, las que obran a folio 237 y ss del cuaderno principal 1 y cuaderno 3 folios 35 y ss., en las cuales se deduce un lenguaje cifrado o en clave, típico de las organizaciones al margen de la ley, dentro de las cuales se puede apreciar tal y como se concluyó por los investigadores de la Dijín que la palabra cajita corresponde a cien mil dólares (US $ 100.000), una caja grande a un millón de dólares (US $ 1.000.000) (...)”(37) (negrillas de la Sala).

De lo anterior se obtiene que, si bien el actor fue exonerado penalmente por la conducta de lavado de activos, tanto para la Fiscalía como para el Juez Penal de segunda instancia, sí se comprobó que el actor formaba parte de una organización de narcotraficantes y que pudo incurrir en testaferrato al prestar su nombre para aparecer como dueño de diferentes bienes sobre los cuales no tenía ninguna posesión, tales como los inmuebles y el vehículo de los cuales no pudo dar explicación, pero insistió en que solo prestaba su nombre y no ganaba dinero por ello.

Para la Sala, tal conducta justificaba la investigación de la Fiscalía en su contra y todos los indicios encontrados hacían razonable la imposición de la medida de aseguramiento, ya fuera por lavado de activos o por un posible testaferrato, previsto en el artículo 326 de la Ley 599 de 2000, el cual reza:

“ART. 326.—Testaferrato. Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666. 66) a cincuenta mil (50. 000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes (...)”.

Es así como, a pesar de no haber sido procesado por dicho delito, claramente, su conducta indicaba la posible infracción de la ley penal por un comportamiento que ameritaba la medida de aseguramiento, por reunir los requisitos consagrados en los artículos 356 y 357 de la Ley 600 de 2000, aplicable para la época de los hechos(38), pues así lo reconoció el juez de segunda instancia, solo que la responsabilidad del actor no fue objeto de apelación y quedó indemne su absolución.

De ahí que las pruebas recaudadas por la Fiscalía y los indicios encontrados en contra del actor, hicieron necesarias la actuación penal así como la medida restrictiva de su libertad, dadas las posibles conductas a las que se adecuaban los hechos, de conformidad con lo previsto en la ley penal sustantiva y procesal.

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala considera que el daño sufrido por el actor no le es imputable a las demandadas, debido a su propia culpa, por consiguiente, se modificará la sentencia apelada y, en su lugar, se negarán las pretensiones.

9. Decisión sobre costas

Habida cuenta de que,· para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 15 de agosto de 2013 y, en su lugar, se dispone lo siguiente:

“1. Negar las pretensiones”.

2. Sin lugar a costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría REMÍTASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Consejeros: Herná Andrade Rincón—Mart Ielásqu Ez Rico—Carlos Alber O Zambrano Barrer.

1 Fls. 3 a 62, cdno. 1.

2 Fls. 79 a 104, cdno. 1.

3 Fls. 123 a 128, cdno. 1.

4 Fls. 254 a 257, cdno. de segunda instancia.

5 Fls. 260 y 261, cdno. de segunda instancia.

6 Fls. 279 a 286, cdno. de segunda instancia.

7 Fls. 383 a 386, cdno. de segunda instancia.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 10010326000200800009 00, CP: Mauricio Fajardo Gómez.

9 De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según acta 9.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, CP: M. Elena Giralda Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, CP: Mauricio Fajardo Gómez.

11 FI. 61, cdno. 4.

12 Fls. 59 y 60, cdno. 1.

13 FI. 67, cdno. 1.

14 Fls. 73 a 75, cdno. 1.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 9 de diciembre de 2013, exp. 70001-23-33-000-2013-00115-01 (47783), CP: Mauricio Fajardo Gómez.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 18 de septiembre de 2014, exp. 68001-23-33-000 -2013-00412 -01, CP: Guillermo Vagas Ayala.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto del 26 de julio de 2012, exp. 25000-2326-000-2011-0056801 (43257), CP: Stella Canto Díaz del Castillo.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 3 de mayo de 2010 , exp. 11001-03-15-000-2010 -00395-00, CP: Gerardo Arenas Monsalve.

19 Fls. 125 a 172, cdno. 2.

20 Fls. 342 y 356, cdno. 5.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 25 de septiembre de 2013 , expediente 25000-23-26-000-1997- 05033-01 (20420), CP: Enrique Gil Botero.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 17 de octubre de 2013, expediente 5200123310001996745901 (23.354), CP: Mauricio Fajardo Gómez.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168 y del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia del 26 de mayo de 2011, exp. 20.299, todas con ponencia del doctor Mauricio Fajardo Gómez.

24 FI. 24, cdno. 19.

25 Fl. 21, cdno. 19.

26 Fls. 49 a 65, cdno. 21.

27 Fls. 185 a 248, cdno. 21.

28 Fls. 260 a 272, cdno. 22.

29 Fls. 1 a 123, cdno. 2.

30 Fls. 125 a 172, cdno. 2.

31 Fls. 152 a 178, cdno. 2.

32 Cuadernos 19 a 77.

33 En la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, se dice que esta familia estaba conformada por los señores R. J., A. y J. M. M., procesados como coautores de los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito (fI. 216, cdno. 2).

34 Fls. 125 a 172, cdno. 2.

35 Fl. 126, cdno. 2.

36 FI. 138, cdno. 2.

37 Ibídem.

38 “ART. 356.—Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva.
“Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso (...)”.
“ART. 357.—Procedencia. La medida de aseguramiento procede en los siguientes en
‘1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años
(...)”.