Sentencia 2010-00327/56101 de marzo 14 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 08001-23-31-000-2010-00327-01 (56101)

Actor: Jaime Eduardo Ruiz Celano

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y Otros.

Ref.: Apelación Sentencia - Acción de Reparación Directa

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) competencia de la Sala; 3) legitimación en la causa; 4) alcance de la apelación adhesiva; 5) el ejercicio oportuno de la acción; 6) caso concreto: hecho exclusivo de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del Estado 7) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social.

En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Jaime Eduardo Ruiz Celano, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y, en tal sentido, ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(24).

2. La competencia de la Sala

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la Sentencia proferida el 16 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, sin consideración a la cuantía del proceso(25).

3. Legitimación en la causa

De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, se encuentra demostrado que el señor Jaime Eduardo Ruiz Celano fue procesado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; que en el curso de esa actuación estuvo privado de su libertad y que la controversia concluyó con preclusión de la investigación, de tal suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción, en este caso, como víctima directa.

4. Alcance de la apelación

Procedencia de la apelación adhesiva

Según lo previsto en el artículo 353 del Código de Procedimiento Civil(26), la apelación adhesiva constituye una modalidad del recurso ordinario de apelación y procede siempre que la contraparte hubiese apelado la sentencia dentro del término de ejecutoria, por manera que no existe apelación adhesiva sin la apelación de carácter principal.

De este modo, cuando alguna de las partes no apela la sentencia y, en su lugar, opta adherirse a la apelación instaurada por su contendiente, asume todas las consecuencias derivadas de ello, esto es, supeditarse a la voluntad de aquél de continuar o desistir del trámite, a tal punto que el artículo 353 del Código de Procedimiento Civilprevé “[l]a adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal”.

Ahora, en cuanto a las circunstancias susceptibles de ser cuestionadas a través de la apelación adhesiva se concluye que las mismas corresponden a las cuestiones desfavorables para el recurrente adhesivo, al margen de que hayan sido previamente atacadas por quien apeló la sentencia dentro del término de ejecutoria, pues el legislador no estableció restricciones sobre el particular, contrario sensu en el artículo 353 ejusdem precisó que “[l]a parte que no apeló [se] podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable” (se resalta).

Así las cosas, la parte que apela de manera adhesiva está habilitada para cuestionar los puntos que a bien considere, siempre que le sean desfavorables, pero debe hacerlo a través de la explicación de las razones por las que considera que la respectiva providencia debe modificarse o revocarse, pues no es posible entender, como ocurre en eventos excepcionales, que frente a este recurso no es obligatoria la sustentación, dado que, según la normativa que regula el asunto y la jurisprudencia de la Corte Constitucional(27), esta modalidad de impugnación se rige por las reglas de sustentación de la apelación ordinaria(28).

En el presente asunto, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional apelaron el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia y el demandante interpuso apelación adhesiva, con anterioridad a la celebración de la audiencia de conciliación judicial.

Pues bien, la Sala, en virtud de una interpretación acorde con el derecho de acceso a la Administración de Justicia, concluye que la apelación adhesiva resultaba procedente en el sub lite, en cuanto: i) la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional interpusieron el recurso oportunamente ii) la parte que apeló de manera adhesiva lo hizo en la oportunidad prevista para tal fin, para lo cual expuso los argumentos por los que disentía del fallo de primera instancia.

De este modo, como se cumplen los presupuestos de oportunidad, procedencia y sustentación, la Subsección se ocupará de los siguientes aspectos:

• La responsabilidad patrimonial y administrativa de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Jaime Eduardo Ruiz Celano.

• El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto.

• La razonabilidad de la indemnización reconocida por perjuicios tanto morales como materiales a la víctima directa de la privación de la libertad.

• El reconocimiento de los perjuicios causados al señor Ruiz Celano, por concepto de “daño psicológico”.

5. El ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(29).

Pues bien, el 13 de febrero de 2006, dentro del proceso penal adelantado el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la Fiscalía Veintitrés de la Unidad de Delitos contra la Seguridad y Salud Pública de Barranquilla precluyó la investigación penal a favor del señor Jaime Eduardo Ruiz Celano, la cual, según constancia expedida por la referida Fiscalía, quedó ejecutoriada el 26 de febrero de 2007(30).

En ese sentido, dado que la providencia que precluyó la investigación penal quedó en firme el 26 de febrero de 2007, la demanda debía presentarse, a más tardar, el 27 de febrero de 2009 y como ello ocurrió el 21 de mayo de 2008(31), se impone concluir que se hizo oportunamente, máxime si se tiene en cuenta la suspensión del término de caducidad con ocasión del trámite de la conciliación prejudicial(32), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001.

6. Caso Concreto

6.1. Pruebas relacionadas con el proceso penal adelantado en contra del señor Jaime Eduardo Ruiz Celano

6.1.1. El 9 de mayo de 2004, el señor Jaime Eduardo Ruiz Celano fue capturado por agentes de la Policía Nacional y posteriormente fue presentado ante la Fiscalía, con fundamento en el informe que refería que el mencionado actor fue capturado en flagrancia con una bolsa que contenía 26.1 gramos de marihuana y 2.1 gramos de bazuco(33).

6.1.2. Como consecuencia de la situación referida, el 11 de mayo de 2004, la Fiscalía Dieciocho Delegada ante la Unidad de Delitos contra la Seguridad y Salud Pública de Barranquilla dictó resolución de apertura de instrucción contra el señor Ruiz Celano, por su supuesta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ordenando su vinculación a través de la diligencia de indagatoria(34).

6.1.3. El 19 de mayo de 2004, la Fiscalía de conocimiento resolvió la situación jurídica del implicado, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual fue sustituida por detención domiciliaria, debido a que el referido demandante no constituía un peligro para la sociedad(35).

6.1.4. El 1 de julio de 2004, la Fiscalía Veintitrés Delegada ante la Unidad de Delitos contra la Seguridad y Salud Pública de Barranquilla, revocó, de manera oficiosa, la medida de aseguramiento proferida en contra del señor Ruiz Celano y, por ende, ordenó su libertad inmediata. La decisión se apoyó en el siguiente raciocinio (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“El mencionado sindicado fue escuchado en descargos, expresando que lo capturaron el 9 de mayo del presente año, como a las 9:00 a.m. … y en eso venían dos agentes de la Policía le pidieron documentos de identificación y le mostró el comprobante de la cédula, que lo requisaron y no le encontraron nada, no acepta los cargos que se le hacen en el mencionado informe policivo.

“(…).

“Posteriormente, se recibió del Instituto de Medicina Legal el examen psiquiátrico suscrito por el médico forense… donde se concluye en dicha valoración que el señor Jaime Eduardo Ruiz Celano, presenta un retardo mental leve y que se le debe dar tratamiento psicológico.

“(…).

“Así las cosas, observamos que muy a pesar de no haber sobrevenido prueba testimonial que desvirtué la responsabilidad del procesado y el informe policivo en el que se expresa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la aprehensión; contamos con el examen psiquiátrico del médico legal en que se concluye que el encartado padece un retardo mental y que requiere un tratamiento psiquiátrico, razón por la cual es fácil colegir de que el encartado no requiere un tratamiento penitenciario intramural como el que en la actualidad se le está aplicando, toda vez que si analizamos lo sugerido por el médico legista, este no pone en peligro a la comunidad, no va a evadir la justicia y está segura su comparecencia por su estado mental, además de lo anterior le sumamos que hasta esta instancia procesal los miembros de la policía nacional que intervinieron en el operativo de captura, no han comparecido a este despacho a rendir sus testimonios, no quedándole otra alternativa a este despacho, que otorgarle credibilidad al dictamen médico legal y al dicho del procesado en su injurada y, por ende, revocar su propia decisión, ordenando en consecuencia la libertad inmediata del encartado, no sin antes suscribir diligencia de compromiso de conformidad con lo preceptuado en el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal.

“RESUELVE

1. Revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva proferida en contra del sindicado Jaime Eduardo Ruiz Celano, mediante la cual se le resolvió situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva, sustituida por detención domiciliaria.

2. En consecuencia de lo anterior y suscrita la diligencia de compromiso que trata el art. 368 del Código de Procedimiento Penal, ordénase su libertad inmediata, comunicándose al Director de la Cárcel Modelo donde se encuentra”(36) (se destaca).

6.1.5. Como consecuencia de lo expuesto, el 1 de julio de 2004, el señor Jaime Eduardo Ruiz Celano suscribió la siguiente acta de compromiso:

“En Barranquilla, al primer (1) día del mes de julio de dos mil cuatro (2004)… se trasladó un funcionario de la Fiscalía hasta el inmueble del sindicado Jaime Eduardo Ruiz Celano… a firmar diligencia de compromiso previa a disfrutar del beneficio de la libertad, concedido en resolución del 1 de julio del año en curso… en la que se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones

“1. Presentarse al despacho cuando el funcionario competente lo solicite y prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

“(…).

“No salir del País sin previa autorización del funcionario”(37).

6.1.6. El 13 de febrero de 2006, la Fiscalía Veintitrés ante la Unidad de Delitos contra la Seguridad y Salud Pública de Barranquilla precluyó la investigación a favor del señor Jaime Eduardo Ruiz Celano, toda vez que en el plenario no obraba elemento probatorio alguno que, de manera cierta, acreditara que el mencionado actor sí portaba sustancias alucinógenas en el momento en que fue capturado por agentes de la Policía Nacional.

Para adoptar la mencionada decisión, el referido ente expuso, entre otras consideraciones, las que a continuación se transcriben fielmente del original, incluidos los errores:

“Observamos que las pruebas que conforman el plenario, desvirtúan la responsabilidad del procesado y el informe policivo en el que expresa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se produjo la aprehensión, el Despacho le da credibilidad a lo expresado por el procesado en su injurada, y a la sinceridad que ofrece en su versión.

“Sumamos que hasta esta instancia procesal los miembros de la Policía Nacional que intervinieron en el operativo de captura, no han comparecido a este Despacho para rendir sus testimonios.

“En este orden de ideas es claro que no se asoma la prueba mínima requerida para proferir resolución de acusación, dada la duda que plantea en cuanto a la responsabilidad del sindicado, por lo que se impone Precluir la Investigación a favor de Jaime Eduardo Ruiz Celano.

“RESUELVE

“1. PROFERIR RESOLUCIÓN DE PRECLUSIÓN, en favor del señor Jaime Eduardo Ruiz Celano de condiciones civiles conocidas en el proceso por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes(38) (se destaca).

Como se observa del aparte transcrito de la providencia, el fiscal de conocimiento exoneró de responsabilidad penal al señor Jaime Eduardo Ruiz Celano, con fundamento en la duda insalvable que debió decidirse en favor del aquí demandante, circunstancia que, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad.

Precisado lo anterior y en atención a los fundamentos fácticos plasmados en los recursos de apelación interpuestos por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, la Sala procederá a analizar la posible responsabilidad que le podría asistir a dichas entidades, por los daños alegados por la parte demandante.

6.2. Responsabilidad del Estado derivada de la captura del señor Jaime Eduardo Ruiz Celano por parte de la Policía Nacional.

La responsabilidad derivada de la captura en flagrancia de un ciudadano no es susceptible de ser analizada con fundamento en los criterios propios de la “privación injusta de la libertad”, dado que la aprehensión en estas condiciones no proviene de la imposición de una medida de aseguramiento, sino del cumplimiento del deber consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política, esto es, aquel en virtud del cual cualquier ciudadano y/o autoridad pública debe capturar a las personas sorprendidas al cometer un delito(39), de ahí que no se requiera una orden judicial y no comporte una detención preventiva.

En efecto, la captura en flagrancia está orientada a que la persona sorprendida al momento de cometer un delito sea puesta a disposición del funcionario judicial competente para que este decida respecto de la legalización de la aprehensión, así como sobre la procedencia de iniciar la investigación penal. Al respecto, los artículos 346, 352 y 353 de la Ley 600 del 2000, aplicables a este asunto, disponían:

“ART. 346.—Procedimiento en caso de flagrancia. Quien sea capturado por cualquier autoridad será conducido inmediatamente, o a más tardar en el término de la distancia, ante el funcionario judicial competente para iniciar la investigación, a quien se deberá rendir informe sobre las causas de la captura

(…)”.

“ART. 352.—Formalización de la captura. Cuando el capturado, según las previsiones legales, deba ser recluido, el funcionario judicial bajo cuyas órdenes se encuentre dispondrá de un plazo máximo de treinta y seis (36) horas para legalizar dicha situación, contadas a partir del momento en que tenga noticia de la captura (…)”.

“ART. 353.—Libertad inmediata por captura o prolongación ilegal de privación de la libertad. Cuando la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales, el funcionario a cuya disposición se encuentre el capturado, ordenará inmediatamente su libertad.

“Lo dispuesto en el inciso anterior también se aplicará cuando la persona sea aprehendida en flagrancia por conducta punible que exigiere querella y esta no se hubiere formulado (…)” (se resalta).

En ese sentido, la captura en flagrancia y las medidas de aseguramiento corresponden a restricciones de la libertad con alcances y finalidades propias, razón por la cual, al primer evento —captura en flagrancia—, por no ser el resultado de una decisión jurisdiccional, a través de la cual se impone una medida preventiva, no le resultan aplicables los criterios jurisprudenciales predicables en relación con el segundo, sino que se rige por el régimen subjetivo de responsabilidad extracontractual del Estado(40).

Descendiendo al caso objeto de estudio, observa la Subsección que el 9 de mayo de 2004, el señor Jaime Eduardo Ruiz Celano fue capturado por agentes de la Policía Nacional y posteriormente fue presentado ante la Fiscalía, con fundamento en el informe que refería que el aludido demandante fue capturado en flagrancia con una bolsa que contenía 26.1 gramos de marihuana y 2.1 gramos de bazuco.

Para corroborar lo anterior, en el proceso primigenio se practicó la inspección judicial de las sustancias incautadas al ahora demandante, en la cual se determinó lo siguiente (se transcribe fielmente del original, incluidos los posibles errores):

“Diligencia de Inspección Judicial Practicada a una Sustancia Decomisada a Jaime Eduardo Ruiz Celano.

“En Barranquilla, a los trece (13) días del mes de mayo del años dos mil cuatro (2004), estando en audiencia pública el despacho de la Fiscalía Dieciocho de la Unidad de Delitos contra la Seguridad Pública, se hizo presente… el técnico en Narcóticos para que proceda a realizar la prueba de campo correspondiente y rinda informe respectivo, a lo cual este procede manifestando: Se puso a mi disposición: Una bolsa plástica de color blanco, en cuyo interior se encontró lo siguiente: 1. Once (11) bolsitas plásticas transparentes con sustancia sólida. 2. Una sustancia vegetal, que se encontraba en la bolsa plástica de color blanco. Respuesta: 1. Se llevan a la balanza las once (11) bolsitas plásticas con la sustancia sólida, arrojando un peso bruto de 2,0 gramos, se procede a inspeccionar sus contenidos, encontrando una sustancia sólida, en forma de polvo y gránulos de color beige característico, por tal razón y al observar que la sustancia encontrada, presenta características físicas similares, se homogeniza la sustancia y se lleva nuevamente a la balanza arrojando un peso neto de 1,1 gramos, se toman pequeñas muestras de la sustancia y se someten a la prueba de campo con los siguientes resultados: Solubilidad en Agua: Insoluble. PH: Básico, Prueba para alcaloides (Tanred): Positiva, Prueba para (Scott): Positiva, Prueba para Marquis: Negativo. De lo anterior se concluye que la sustancia analizada arroja resultado preliminar Positivo para Cocaina y Derivados. 2. Se lleva a la balanza la bolsa plástica con la sustancia vegetal, arrojando un peso bruto de 26, 3 gramos. Se procede a inspeccionar sus contenidos, encontrando efectivamente una sustancia de origen vegetal compuesto por pequeños fragmentos de tallos, hojas y semillas de color marrón verdoso y olor característico, por tal razón y al observar que la sustancia presenta, características físicas similares, se homogeniza y se lleva nuevamente a la balanza arrojando un peso neto de 25,3 gramos. Se toman unas pequeñas muestras de las sustancias y se somete a la reacción de Duquenois y Ácido Clorhídrico respectivamente con resultado positivo, de lo anterior se concluye que la sustancia analizada arroja resultado Preliminar Positivo para la identificación de Cannabis (Marihuana)(41).

Nótese que la Policía Nacional no incurrió en ningún error al momento de capturar al señor Ruiz Celano, habida cuenta de que, tal como se desprende de la pruebas que obran en el plenario, el mencionado actor sí fue aprehendido en situación de flagrancia, toda vez que los uniformados, en el procedimiento de requisa, le encontraron una bolsa que contenía 25,3 gramos de marihuana y 1,1 gramos de cocaína.

En las condiciones analizadas, la Sala encuentra que la actuación de la Policía Nacional se ajustó a los postulados que rigen su actividad y, por ende, no se presentó una falla en el servicio, razón por la cual se revocará la decisión del Tribunal a quo de declarar la responsabilidad del ente policial respecto de este punto.

6.3. Responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación

De conformidad con el material probatorio allegado al expediente, se encuentra acreditado que el señor Jaime Eduardo Ruiz Celano estuvo privado de su libertad con ocasión del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; no obstante, el 13 de febrero de 2006, la Fiscalía Veintitrés ante la Unidad de Delitos contra la Seguridad y Salud Pública de Barranquilla precluyó la investigación a favor del mencionado demandante, toda vez para dicha etapa procesal, no contaba con un elemento probatorio adicional que demostrara que el sindicado incurrió en la conducta punible endilgada.

La situación puesta de presente impone el estudio del caso bajo la óptica de un régimen objetivo de responsabilidad, en la medida en que la preclusión de la investigación se sustentó en la duda acerca de la responsabilidad del procesado en la comisión del delito imputado y por el cual se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva.

Con fundamento en lo hasta aquí expuesto podría pensarse que habría lugar a declarar la responsabilidad del ente acusador, como en efecto lo hizo el Tribunal a quo, de no ser porque en este caso se advierte que se configuró la culpa exclusiva de la víctima, como circunstancia eximente de responsabilidad, por las razones que se pasan a explicar.

Es de anotar que si bien no se planteó la culpa exclusiva como un argumento de los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas, estas sí apelaron la responsabilidad patrimonial atribuida en primera instancia, de ahí que resulte posible analizar esta circunstancia como eximente de aquella.

6.4. La culpa exclusiva de la víctima en casos de privación de la libertad

Tratándose de casos en los que se analiza la responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterada y pacífica al sostener que este tipo de análisis no supone, de entrada, la prosperidad de las pretensiones ni la obligación de reparar patrimonialmente al extremo activo, habida cuenta de que es posible que en estos eventos se configuren situaciones como la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, con la virtualidad de exonerar de responsabilidad a la entidad pública.

En materia de privación injusta, se ha sostenido que cuando la actuación del procesado fue de tal magnitud que justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenado por el juez penal.

Dicho de otra manera, no toda absolución en un proceso penal deviene en la responsabilidad patrimonial del órgano judicial, puesto que cuando la investigación tuvo sustento probatorio y de ella se pudo desprender la posible participación del sindicado en el delito, es la conducta de la víctima la causante del daño, sin perjuicio de que, en sede de la Justicia Ordinaria, se hubiere proferido sentencia absolutoria(42).

Respecto de la culpa exclusiva de la víctima, como circunstancia de exoneración de responsabilidad del Estado, esta Subsección ha expuesto razonamientos como el que se cita a continuación:

“Así las cosas, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que el hecho desplegado por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño, no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima”(43).

A partir de estas consideraciones y con la precisión de que, en este escenario procesal, a esta Jurisdicción no le corresponde calificar las decisiones adoptadas por el Fiscal, en orden a determinar si fueron acertadas o no, la Sala considera que el material probatorio que reposa en la actuación da cuenta de algunas situaciones que incidieron en la privación de la libertad del señor Jaime Eduardo Ruiz Celano.

La primera de ellas consiste en que agentes de la Policía Nacional, en un procedimiento de requisa, encontraron que el señor Ruiz Celano portaba una bolsa que contenía sustancias alucinógenas, razón por la cual el mencionado demandante fue aprehendido y las referidas sustancias fueron decomisadas, con el objetivo de que la autoridad competente determinara si había o no incurrido en un delito.

Posteriormente, se realizó una inspección judicial a los narcóticos incautados y se determinó que los mismos correspondían a marihuana y cocaína, en una cantidad de 25,3 gramos y 1.1 gramos, respectivamente.

En este punto, es menester precisar que el artículo 2 de la Ley 30 de 1986(44) establece que la dosis personal es aquella cantidad “de estupefacientes que una persona porta o conserva para su propio consumo”(45), que en el caso de la marihuana, no exceda de veinte (20) gramos y en el caso de la cocaína o sus derivados, no exceda de un (1) gramo.

Como consecuencia de lo anterior, la Fiscalía de la causa profirió medida de aseguramiento en contra del señor Jaime Eduardo Ruiz Celano, habida cuenta de la conducta que había desplegado constituía un hecho punible, por cuanto la cantidad de alucinógenos que portaba, esto es, 25,3 gramos de marihuana y 1.1 gramos de cocaína, superaban la dosis mínima establecida en la ley.

Ahora bien, respecto de la posibilidad que le asiste a esta Jurisdicción para apartarse de las consideraciones y conclusiones del juez penal en un determinado evento, cuando las circunstancias así lo permitan, esta Corporación ha sostenido lo siguiente:

“En primer lugar, es menester señalar que, si bien a esta jurisdicción no le corresponde cuestionar las decisiones de la justicia penal, lo cierto es que, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, el juez administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la sentencia penal o su equivalente, en razón a las diferencias sustanciales que existen entre ambas acciones, aunque sin dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta jurisdicción (…)”(46) (se destaca).

Si bien la conducta del señor Jaime Eduardo Ruiz Celano no tuvo implicaciones penales desde el punto de vista de una condena por el delito imputado, no puede perderse de vista que la cantidad de sustancias alucinógenas que portaba fue motivo suficiente para proceder a su captura e imponer la medida de aseguramiento, al margen de que el Fiscal, posteriormente, arribara a la conclusión de para dicho momento procesal no se tenía certeza de que el sindicado hubiere cometido la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lo cual, según se acaba de explicar, resulta controvertible, a la luz de la inspección judicial.

En este orden de ideas, si bien se dispuso la preclusión de la investigación, lo cierto es que la conducta del hoy demandante sí resultó cuestionable por el hecho de portar narcóticos que superaban la dosis mínima, situación que en su momento resultó suficiente para que la Fiscalía General de la Nación impusiera medida de aseguramiento, al margen de que más adelante se precluyera la investigación.

Lo anterior para señalar que aun cuando se precluyó la investigación, por duda resuelta al favor del procesado, lo concreto es que su conducta resultó determinante para la actuación penal seguida en su contra, habida cuenta de que las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos resultaron sospechosas para los funcionarios que lo capturaron y lo pusieron a órdenes de la autoridad judicial, pues no puede entenderse como algo normal que una persona porte una cantidad sustancias alucinógenas que superen la dosis personal fijada por la ley.

Conviene aclarar que lo que llevó al ente acusador a revocar la medida de aseguramiento que pesaba en contra del ahora demandante y a concederle su libertad, fue el hecho de que en el dictamen médico-legal(47) se determinó que el entonces sindicado padecía un retardo mental leve, pero ello no le dio, al interior del proceso penal, la condición de inimputable.

En efecto, la Fiscalía de conocimiento precluyó la investigación a favor del señor Jaime Eduardo Ruiz, por cuanto no tenía certeza de que hubiere cometido la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y no porque el mencionado actor no estuviese en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de allí derivadas.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la causa determinante del daño en el caso bajo estudio no fue la actuación de la Policía ni de la Fiscalía al capturar e imponer medida de aseguramiento, respectivamente, al señor Jaime Eduardo Ruiz Celano, sino justamente la conducta de aquel —portar narcóticos que superaban la dosis personal— quien, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, dio lugar a la investigación que se adelantó en su contra y a las decisiones proferidas por el ente acusador, sin que dicha persona, se reitera, fuese catalogada en el proceso penal como incapaz de responder penalmente.

Todo lo anterior para significar que la absolución del procesado no deviene en la responsabilidad patrimonial de La Fiscalía General de la Nación, por cuanto en el caso bajo estudio se estructuró la culpa exclusiva de la víctima, quien con su actuación dio lugar a la investigación penal y a la restricción de su libertad, lo cual se traduce en la exoneración del extremo pasivo frente a la imputación efectuada por el daño antijurídico supuestamente irrogado a los demandantes.

Como consecuencia de lo hasta aquí señalado, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, negará las pretensiones por haberse verificado la culpa exclusiva de la víctima como circunstancia de exoneración de responsabilidad.

7. Condena en costas

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la Sentencia proferida el 16 de mayo de 2014, por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, se dispone:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

24. Al respecto consultar la Sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 49.740, Sentencia del 30 de agosto de 2017, expediente 51.057, Sentencia del 23 de octubre de 2017, expediente 52.070, Sentencia del 6 de diciembre de 2017, expediente 54.859, entre muchas otras decisiones de la Sala.

25. Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

26. “ART. 353.—Apelación adhesiva. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el vencimiento del término para alegar.
“La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal” (se destaca).

27. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-165 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

28. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 17 de agosto de 2017, expediente 50.610.

29. Al respecto consultar la Sentencia del 22 de junio de 2017, expediente 44784, M.P. Hernán Andrade Rincón, Sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 42979, M.P. Hernán Andrade Rincón, Sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 47874, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Sentencia del 28 de septiembre de 2017, expediente 52.897 y Sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 47.294, entre muchas otras providencias.

30. Folio 26 del cuaderno 1.

31. Folio 89 del cuaderno 1.

32. La parte actora presentó dicha solicitud el 14 de febrero de 2008. Folio 27 del cuaderno 1.

33. A folio 71 del cuaderno 1, reposa el acta de derechos del capturado suscrita por el mencionado demandante, el 9 de mayo de 2004.

34. Folios 74-75 del cuaderno 1.

35. Folios 14-19 del cuaderno 1.

36. Folios 576-577 del cuaderno 3.

37. Folio 578 del cuaderno 3.

38. Folios 587-589 del cuaderno 3.

39. “ART. 32.—El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador”.

40. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencias del 10 de mayo de 2017, expedientes 47.769 y 47.338.

41. Folios 228-229 del cuaderno 2.

42. Al respecto puede consultarse la Sentencia del nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014). Exp. (38438). C.P. Hernán Andrade Rincón y la Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

43. Sentencia proferida el 29 de julio de 2015 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P. Hernán Andrade Rincón. Exp 39049, reiterada en providencia del 23 de octubre de 2017, expediente 49750, entre otras.

44. El aspecto punitivo fue modificado posteriormente por el artículo 17 de la Ley 365 de 1997.

45. Al respecto ver Corte Constitucional, Sentencia C-221 del 5 de mayo de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

46. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 9 de marzo de 2016, expediente 39.816, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

47. Dictamen realizado el 31 de mayo de 2004 (fls 566-570 del cuaderno 3).