Sentencia 2010-00330 de mayo 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Guillermo Vargas Ayala

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 110010324000 2010 00330 00

Actor: Federación Colombiana de Municipios.

Demandado: Ministerio de Transporte.

Medio de control: Nulidad simple.

Ref.: SIMIT; regulación del RUNT por el Ministerio de Transporte; alimentación del RUNT no es exclusiva del SIMIT; reglamentación de la causación y del valor neto de la contraprestación por gestión del SIMIT a favor de la Federación Colombiana de Municipios.

Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad de la referencia, promovida por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS contra la Resolución Nº 000584 del 2 de marzo de 2010, proferida por el Ministerio de Transporte.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

En ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, obrando por medio de apoderado, la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS (en adelante LA FEDERACIÓN), acudió ante el Consejo de Estado con el fin de obtener la nulidad integral de la Resolución Nº 000584 del 2 de marzo de 2010, “Por la cual se dictan unas disposiciones relacionadas con los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002 y con el artículo 18 de la Ley 1005 de 2006”, Resolución expedida por el Ministerio de Transporte (en adelante EL MINISTERIO).

1.2. Pretensiones de la demanda.

La parte actora pide a esta corporación:

1. Declarar NULA en su totalidad la Resolución Nº 000584 del 2 de marzo de 2010 expedida por LA NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE, representada por el Ministro ANDRES URIEL GALLEGO, “Por la cual se dictan unas disposiciones relacionadas con los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002 y con el artículo 18 de la Ley 1005 de 2006”. 

2. Que como consecuencia de lo anterior, una vez ejecutoriada la sentencia se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE, representada por el Ministerio ANDRES URIEL GALLEGO, acatar las normas de tránsito vigentes, a través de sus actos administrativos. 

3. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de (sic) establecido en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo”(1).  

1.3. Hechos y omisiones en que se fundamenta la demanda.

Como antecedentes fácticos relevantes de la presente controversia se pueden destacar los siguientes:

Que la Ley 769 de 2002, en su artículo 10, autorizó a LA FEDERACIÓN para la implementación y constante actualización del Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), y estableció que por esa labor percibiría un equivalente al 10% de lo recaudado, por concepto de administración, cuando se realizare la cancelación de la infracción, sin que dicho valor pudiera ser inferior a medio SMMLV.

Que el SIMIT está diseñado para garantizar la existencia de un consolidado nacional de los infractores, información que debe estar siempre disponible para asegurarse que éstos no puedan realizar ningún tipo de trámites ante autoridades de tránsito sin estar a paz y salvo por concepto de las multas y sanciones adeudadas.

Que la Ley 769 de 2002 rige desde el 8 de noviembre de ese año, y dado el carácter de orden público que se predica de esta normatividad, su cumplimiento es obligatorio a partir de esa fecha.

Que EL MINISTERIO emitió la Resolución Nº 000584 del 2 de marzo de 2010, por medio de la cual se adoptan determinaciones que desconocen lo prescrito en la ley respecto del funcionamiento del SIMIT, que además resultan lesivas de la responsabilidad y del interés que tiene LA FEDERACIÓN en la buena marcha de este instrumento.

Que el 16 de marzo de 2010 se sancionó la Ley 1383 de 2010, que reformó el Código Nacional de Tránsito (L. 769/2002 o CNT), y a partir de ese momento la resolución demandada perdió su fuerza ejecutoria por haber desaparecido sus fundamentos de hecho.

1.4. Normas violadas y concepto de la violación.

La parte actora señala como vulneradas por las disposiciones administrativas acusadas los artículos 2º, 4º, 6º y 121 de la Constitución Política; el artículo 10 de Ley 769 de 2002 y el 17 de Ley 1383 de 2010.

En síntesis, los cargos formulados contra los actos administrativos demandados son los siguientes:

i) Desconocimiento de normas superiores. 

Sostiene que a pesar de que Ley 769 de 2002 encargó a la FEDERACIÓN la responsabilidad de implementar y mantener actualizado el SIMIT para hacer posible la conformación del RUNT a través del reporte de dicha información al MINISTERIO, este mandato legal es desconocido por la resolución atacada, pese a ser una norma de rango inferior en la jerarquía normativa y a tener que supeditarse a las disposiciones superiores de la ley, conforme lo exige el principio de legalidad.

Explica que el referido desconocimiento de la ley se puede apreciar en varias de las disposiciones de la resolución. Así, por ejemplo, en el inciso primero del artículo primero se ordena a los organismos de tránsito informar directamente al RUNT sobre las multas y sanciones impuestas en su respectiva jurisdicción, discriminando cuáles fueron pagadas y cuáles no. Con ello, afirma, se desconoce que esa función corresponde al SIMIT.

Manifiesta que ese desconocimiento de la legalidad superior se hace visible, también, al regular el momento de causación del 10% a favor de LA FEDERACIÓN por concepto de la administración del SIMIT. Esto, por cuanto legalmente tal obligación se hace efectiva a partir de la vigencia de la ley, mientras que la resolución demandada lo prevé a partir de la implementación del SIMIT.

Señala que también evidencia la infracción al CNT lo previsto frente a la liquidación del 10% a que tiene derecho LA FEDERACIÓN por la administración del SIMIT, pues en su artículo 4º la resolución demandada “señala erradamente los porcentajes que corresponde a cada entidad y la manera de determinarlos”(2).

ii) Desbordamiento de las funciones del ministerio. 

Indica la demanda que a pesar de las facultades que le corresponden al MINISTERIO como máxima autoridad de tránsito a nivel nacional, con la expedición Resolución Nº 000584 de 2010 se invadió la órbita del legislador, porque reguló aspectos que no le corresponden o que pretenden birlan la ley.

1.5. Solicitud de suspensión provisional.

El accionante solicitó mediante escrito separado(3) que se decrete la suspensión provisional de las disposiciones acusadas por considerar que se presenta una infracción manifiesta a las normas superiores que se invocan como infringidas, en especial lo relacionado con la forma como determina, en su artículo 4º, el valor correspondiente al 10% que se debe cancelar a LA FEDERACIÓN por concepto de la administración del SIMIT.

Surtido el trámite previsto en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, esta solicitud fue desestimada por el Consejero Ponente mediante auto de 15 de diciembre de 2010(4), por considerar que con fundamento en el examen jurídico propio de esta fase procesal inicial no se observa patente la vulneración normativa a que alude el demandante. En criterio del despacho, “[p]ara concluir que existe una contradicción, resulta indispensable analizar en conjunto las leyes en que se fundamentó el Ministerio de Transporte para expedir la resolución acusada frente a los cargos aludidos por la parte actora”(5); análisis que no es propio de la decisión de fondo del asunto sometido a control.

Inconforme, la parte actora interpuso recurso de reposición contra la decisión que negó la solicitud de suspensión provisional(6). Interpretado como de súplica, el recurso fue resuelto por la Sala de Decisión, que mediante auto de 10 de mayo de 2012 confirmó la determinación recurrida(7).

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA

LA NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE, por intermedio de apoderado, contestó oportunamente la demanda en término(8) y manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda. La defensa del acto atacado se centró en los siguientes argumentos:

Menciona que para EL MINISTERIO, en atención a la necesidad de respetar la autonomía de las entidades territoriales de conformidad con lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-385 de 2003, “es a partir de la celebración de los respectivos convenios entre la Federación Colombiana de Municipios y los organismos de tránsito y transporte de las entidades territoriales que adquiere fuerza vinculante el mandato de los artículos 10 y 11 del Código Nacional Terrestre”(9).

Distingue entre multa de tránsito y la imposición de un comparendo, toda vez que esta última figura alude solo a la citación ante la autoridad al presunto contraventor, por lo que el solo hecho de imponerlo no conlleva sanción en sí, para lo cual es preciso agotar el procedimiento establecido en la ley.

Afirma que es facultad del MINISTERIO, con fundamento en el artículo 365 de la Constitución Política y en la consideración del tránsito como servicio público, asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes. Y resalta que está en el marco de sus competencias imponer a diferentes entidades el deber de reportar al RUNT las infracciones impuestas, con el fin de confrontarlas y asegurar la buena marcha del sector.

Destaca que el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 24 de Ley 1383, armoniza las disposiciones de los artículos 10 y 159 de Ley 769 de 2002, por cuanto establece un orden de prelación de los descuentos que trasfiere el organismo de tránsito, siendo, en su orden, el siguiente:

“1. Al centro integral de atención se le cancela o transfiere el 25% del valor que pague el inculpado, cuando éstos se acogen a los descuentos de ley y adelantan el curso sobre normas de tránsito. 

2. El 50% para la Policía Nacional adscrita a la Policía de Carreteras de los comparendos impuestos en las carreteras nacionales cuando culminan su sanción, una vez se haya hecho el descuento del CIA. 

3. El 10% que le corresponde a la Federación Colombiana de Municipios por la administración del SIMIT, se calcula una vez efectuados los descuentos de ley, es decir, hechos los pagos al CIA Y LA POLCA, en el entendido que cada uno concurre en su porcentaje una vez efectuado el descuento correspondiente en el orden de prelación indicado”(10). 

En criterio de la entidad, “[u]na interpretación diferente conllevaría a que el dueño de las multas de las infracciones de tránsito, esto es, el organismo de tránsito, de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 159 de la Ley 769, modificado por el artículo 26 de la ley 1383, le corresponda la menor parte e incluso tuviese que responder con su propio patrimonio en algunos eventos porque la norma señala que en ningún caso el valor reconocido al SIMIT puede ser inferior a medio salario diario legal vigente”(11).

III. INTERVINIENTES

La ciudadana LORENA ELIZABETH CHAVARRO CHAPARRO, obrando en nombre propio, dentro del término previsto por el artículo 146 Código Contencioso Administrativo, concurre al proceso a intervenir a través de escrito en el que solicita se le tenga como tercera interviniente(12). En él afirma que EL MINISTERIO expidió la Resolución Nº 004564 de 6 de noviembre de 2013, encaminada a la integración del SIMIT con el RUNT, que regula el asunto de manera completamente distinta a como se hacía en la Resolución Nº 000584 de 2010, motivo por el cual ésta quedó tácitamente derogada. Por ello solicita la nulidad total de la Resolución Nº 000584 de 1010.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Anticipándose a la oportunidad correspondiente, LA FEDERACIÓN presentó escrito de alegaciones de conclusión(13), en el que reitera y refuerza los argumentos de la demanda. Al respecto destaca que:

(i) “[L]a potestad reglamentaria no puede ser argumento suficiente para justificar que mediante la resolución demandada, [EL MINISTERIO] emita disposiciones contrarias a la ley, y de paso pretenda abrogarse facultades reservadas al legislador”(14).

(ii) Al comentar la incidencia del artículo 1º de la resolución atacada afirma que esta disposición “genera el efecto nefasto de hacer inoperantes los principios del artículo 209 de la Constitución Política, en tanto imponen a las autoridades territoriales una carga desmedida, injustificada y adicional a la que le impuso el legislador, de remitir la información de las infracciones de tránsito a dos destinatarios de nivel nacional, con el incremento de esfuerzos, tiempos, costos, y por consiguiente mayor margen de error, corrupción e ineficiencia”(15).

(iii) Por último, a propósito del artículo 4º de la resolución censurada señala que con él EL MINISTERIO “establece condiciones adicionales para la destinación de una renta exógena, sobre la cual es claro que solo el congreso de la república (sic) tiene facultad de establecer reglas, como lo hizo a través del Código Nacional de Tránsito Terrestre”(16).

Por su parte, en la oportunidad procesal correspondiente, EL MINISTERIO presentó sus alegaciones de conclusión. En ellos reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. Además, resaltó que no se comparte la apreciación de LA FEDERACIÓN sobre la duplicidad de funciones que genera la resolución demandada, “ya que lo que se pretende es organización y depuración de las infracciones y multas, para que el ciudadano tenga garantizado su legítimo derecho a la defensa y buen nombre”(17) y puso de relieve las numerosas modificaciones que ha sufrido el CNT que, en su criterio, “han tenido como objetivo preservar la propiedad de la multa exclusivamente en los organismos de tránsito en donde se comete la infracción, así como también permitir una consulta real sobre las infracciones además de la atención y capacitación al infractor que realizan los centros integrales de atención”(18).

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Delegado para la conciliación administrativa ante la Sección Primera del Consejo de Estado emitió concepto en el asunto de referencia(19), por medio del cual solicitó desestimar las pretensiones de la demanda por encontrar que la resolución expedida y sus diferentes disposiciones encuentran pleno respaldo en lo previsto en las leyes 769 de 2002 y 1383 de 2010.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

6.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (D. 01/84 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

6.2. El acto administrativo acusado.

RESOLUCIÓN 000584 DE 2010 

(Marzo 2) 

por la cual se dictan unas disposiciones relacionadas con los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002 y con el artículo 18 de la Ley 1005 de 2006. 

EL MINISTRO DE TRANSPORTE, 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 2053 de 2003 y las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, y 

CONSIDERANDO: 

(...) 

RESUELVE: 

ART. 1º—Los organismos de tránsito informarán al registro único nacional de tránsito, RUNT, las multas y sanciones de tránsito impuestas en su jurisdicción, discriminando cuáles han sido pagadas, cuáles se encuentran en proceso administrativo, cuáles en proceso de cobro coactivo y cuáles se encuentran debidamente ejecutoriadas. 

La Federación Colombiana de Municipios reportará al RUNT la información establecida en el inciso anterior, conforme a los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002 a partir de la implementación en el organismo de tránsito del Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, SIMIT, y desde esta fecha se causa el pago del 10% por 1a administración de este sistema. 

ART. 2º—Para los efectos previstos en el inciso 2º del parágrafo del artículo 18 de la Ley 1005 de 2006, el organismo de tránsito se encontrará a paz y salvo por concepto de pagos y contribuciones con el Ministerio de Transporte, por la asignación de series, códigos y rangos de las siguientes especies venales: licencia de conducción, licencia de tránsito y placa única nacional, cuando el sistema RUNT verifique y concilie el pago efectivo del porcentaje del treinta y cinco por ciento (35%) del valor de estas especies venales. 

ART. 3º—Los organismos de tránsito deben reportar la información de multas y sanciones por infracciones de tránsito al Sistema RUNT, quien la verificará con la información recibida por la Federación Colombiana de Municipios. 

Si la información enviada al RUNT por el organismo de tránsito y la Federación Colombiana de Municipios coincide, el Ministerio de Transporte autorizará a través del RUNT, la asignación de especies venales al organismo de tránsito. 

Si la información enviada por el organismo de tránsito y la Federación Colombiana de Municipios no es coincidente con los datos relacionados sobre multas y sanciones, las partes podrán conciliar las diferencias y en el entretanto el Ministerio de Transporte a través del sistema RUNT, autorizará la asignación de especies venales al organismo de tránsito, por tratarse de un servicio público, hasta cuando se dirima la controversia mediante decisión extrajudicial, arbitral o judicial. 

PAR.—En el evento en que se suscriba un acuerdo de pago por deudas pendientes con la Federación Colombiana de Municipios, este deberá reportarse al sistema RUNT, con el objeto de permitir la asignación de rangos de especies venales al organismo de tránsito que lo suscriba. 

ART. 4º—Para efectos de liquidar el 10% a la Federación Colombiana de Municipios por la administración del SIMIT, se deducirá dicho porcentaje del monto efectivamente pagado por el contraventor, una vez efectuados los descuentos de Ley, tales como el 25% para los Centros Integrales de Atención, el 50% para la Policía Nacional adscrita a la Policía de Carreteras y otros valores que se encuentren previstos en el Código Nacional de Tránsito, según el caso, sin que en ningún evento el valor reconocido pueda ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente. 

ART. 5º—Las condiciones técnicas, tecnológicas y de operación del Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), deben acogerse a lo ordenado en la Resolución 001552 del 23 de abril de 2009, proferida por el Ministerio de Transporte y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D.C., a 2 de marzo de 2010. 

El Ministro de Transporte, 

Andrés Uriel Gallego Henao. 

6.3. Cuestión previa: la ausencia de cosa juzgada o de precedentes vinculantes sobre la materia.

Aun cuando ninguna de las partes alegó la excepción de cosa juzgada, dado que en la sentencia de Sala Plena de unificación de jurisprudencia dictada el 1 de diciembre de 2015(20) en sede revisión de sentencia de acción popular se resolvió un asunto afín al que ahora se debate, derivado del supuesto desconocimiento del derecho colectivo a la moralidad administrativa como consecuencia del presunto incumplimiento del Distrito Capital de la obligación de cancelar a LA FEDERACIÓN el 10% del valor de las multas de conformidad con lo establecido por el artículo 10 CNT, la Sala estima pertinente señalar que dicho pronunciamiento ni constituye cosa juzgada sobre lo que ahora se debate, ni encarna precedente vinculante que deba controlar o enmarcar la decisión del sub examine.

No hay cosa juzgada porque por tratarse de un juicio de acción popular, ajeno al análisis de la validez de reglamentos o actos administrativos que ahora se emprende, la valoración de la legitimidad de la Resolución Nº 00584 de 2010 no se ha realizado aún; circunstancia que excluye de tajo la identidad de objeto requerida para la configuración de aquella. Como expresamente se indicó en la providencia de Sala Plena citada, en sede de amparo constitucional de los derechos colectivos “no procede hacer un juicio de legalidad sobre la posición jurídica del Distrito Capital para establecer si las sumas sobre las cuales calculó el 10% señalado en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002 (...) se ajustó a derecho”.

No constituye un precedente vinculante porque es claro que dicha sentencia se ocupó de un problema jurídico distinto al que ahora se aborda, pues como se desprende de su lectura, la cuestión fundamental en dicha ocasión fue establecer si ese caso se cumplieron o no los presupuestos para la configuración de una vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa. Al margen de que la Sala Plena haya concluido que tales presupuestos no se daban y que era preciso revocar la providencia del Tribunal de Cundinamarca que había amparado ese derecho y de que no haya emitido pronunciamiento alguno sobre cómo interpretar el artículo 10 del CNT, por la sola razón de tratarse de asunto completamente diferente al que aquí se analiza resulta improcedente pretender calificar tal pronunciamiento de precedente vinculante. No puede olvidarse que, como ha sido expresado por la Corte Constitucional, “en sentido técnico, lo que tiene valor de precedente es la ratio decidendi de la(s) sentencia(s) pertinente(s)”(21); lo cual implica considerar que ésta “generalmente responde al problema jurídico que se plantea en el caso, y se enuncia como una regla jurisprudencial que fija el sentido de la norma (...), en la cual se basó la Corte para abordar dicho problema jurídico”(22).

Por último, también se juzga procedente aclarar que aunque la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación emitió un concepto sobre una de las cuestiones que se abordan en la presente sentencia(23) (vid. infra apartados 6.4 y 6.5.1 - ii), por tratarse de un concepto dictado en ejercicio de las funciones consultivas que constitucional y legalmente corresponden a dicha Sala (arts. 237.3 de la Constitución, 38.1 de la LEAJ y 112.1 del CPACA), que carece por tanto de carácter jurisdiccional, lo allí expresado no entraña cosa juzga ni precedente vinculante para esta autoridad judicial. Lo primero, porque su configuración exigiría identidad de causa, objeto y sujetos; la cual es inexistente en este evento. Y lo segundo, porque el reconocimiento de precedente vinculante supone un pronunciamiento jurisdiccional de esta corporación o de otra de igual jerarquía que hubiese resuelto un problema jurídico similar a los que se abordan en este pronunciamiento, circunstancia que tampoco ocurre, dado el carácter no judicial del concepto emitido.

6.4. Problema jurídico.

De conformidad con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar si la Resolución Nº 000584 de 2010 del MINISTERIO se encuentra viciada de nulidad por haber desconocido normas superiores y por haberse proferido sin tener competencia para ello el órgano que lo expidió.

La tercera interviniente plantea la derogatoria del acto atacado como causal de anulación. Para la Sala este planteamiento no es de recibo. Además de no tratarse de una de las causales de anulación de los actos administrativos previstas por el artículo 84 Código Contencioso Administrativo, la jurisprudencia de esta corporación tiene establecido de manera reiterada que la derogatoria de un acto, al igual que la pérdida de su fuerza ejecutoria, ni equivalen a su anulación ni resultan incompatibles con su control judicial. Lo primero, porque derogatoria y pérdida de fuerza ejecutoria constituyen vicisitudes que privan al acto de su eficacia, sin entrañar pronunciamiento alguno sobre su validez, en tanto que su anulación si tiene este último alcance, dado que emana de una decisión judicial que declara su invalidez por razones inherentes a un vicio intrínseco (desconocimiento de normas superiores, falta de competencia, desviación de poder o falsa motivación) o derivado de su proceso de formación (infracción del debido proceso). Lo segundo, porque, como ha sido indicado por la jurisprudencia de esta Sala, “el sólo evento de su derogatoria no lo sustrae o retira del todo del mundo jurídico, sino que su retiro mediante este mecanismo, sólo cuenta para situaciones o actuaciones que surjan con posterioridad a la derogatoria, de modo que necesariamente ha de tenerse como existente para situaciones pertinentes que se produjeron bajo su amparo, es decir, que frente a éstas la norma se presume legal, hasta tanto no se diga lo contrario por la jurisdicción contencioso administrativa. Además, en virtud de tales situaciones, surgen fenómenos jurídicos como el de la ultractividad, que puede ocasionar que sus efectos se prolonguen en el tiempo”(24).

6.5. Análisis del caso.

Resolver los problemas jurídicos planteados en el apartado anterior implica ocuparse en primer lugar del presunto desconocimiento de normas superiores (1), para evacuar enseguida el señalamiento de falta de competencia del MINISTERIO para la expedición de la Resolución Nº 000584 de 2010 (2).

6.5.1. El supuesto desconocimiento de las normas de la Ley 769 de 2002.

De acuerdo con la demanda, el presunto desconocimiento de la Resolución Nº 000584 de 2010 de las normas del CNT se deriva (i) de haber previsto el inciso 1º de su artículo 1 que los organismos de tránsito informen directamente al RUNT sobre las multas y sanciones impuestas y las pagadas y no pagadas; (ii) de haber regulado el inciso 2º del artículo 1 el momento de la causación del porcentaje del 10% a favor de LA FEDERACIÓN por concepto de la administración del SIMIT de manera distinta a lo establecido en la ley; y (iii) de señalar la resolución criterios para la liquidación del 10% a que tiene derecho LA FEDERACIÓN por la administración del SIMIT distintos a los previstos en la ley.

La Sala no comparte los argumentos de la parte actora por las razones que se exponen a continuación:

i) El SIMIT y la regulación por la resolución del deber de información de los organismos de tránsito al RUNT. 

La lectura de la Resolución Nº 000584 de 2010 permite evidenciar que, en efecto, en sus artículos 1 y 3 se observan reglas en virtud de las cuales se impone a los organismos de tránsito la obligación de informar directamente al RUNT sobre las multas y sanciones impuestas en su jurisdicción, discriminando cuáles han sido pagadas, cuáles se encuentran en proceso administrativo, cuáles en proceso de cobro coactivo y cuáles han sido saldadas debidamente. Para la entidad demandante ello riñe con lo previsto en los artículos 10 y 11 del CNT, que encargaron al SIMIT la labor de implementar y mantener actualizado el sistema de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito a nivel nacional. Del desconocimiento de dicha facultad exclusiva del SIMIT la demanda deriva el presunto desconocimiento de la norma superior invocada.

El texto de los artículos 10 y 11 del CNT es el siguiente:

ART. 10.—Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito. Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente. 

PAR.—<Apartes tachados INEXEQUIBLES, Sentencia C-385 de 2003> En todas las dependencias de los organismos de tránsito y transportes de las entidades territoriales existirá una sede del SIMIT o en aquellas donde la Federación lo considere necesario, con el fin de obtener la información para el consolidado nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo. 

ART. 11.—Características de la información de los registros. Toda la información contenida en el sistema integrado de información SIMIT, será de carácter público. 

Las características, el montaje la operación y actualización de la información del sistema, serán determinadas por la Federación Colombiana de Municipios, la cual dispondrá de un plazo máximo de dos (2) años prorrogables por una sola vez, por un término de un (1) año, contados a partir de la fecha de sanción de la presente ley para poner en funcionamiento el sistema integrado de información SIMIT. 

Una vez implementado el sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), la Federación Colombiana de Municipios entregará la información al Ministerio de Transporte para que sea incorporada al registro único nacional de tránsito, RUNT. 

De la lectura de estas disposiciones se desprende que el legislador (i) autorizó a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional el SIMIT; (ii) sistema que busca obtener información consolidada y fiable en materia de multas y sanciones por infracciones de tránsito; (iii) contenida en un registro que deberá ser público; (iv) la cual deberá ser entregada al Ministerio de Transporte para que sea incorporada al RUNT; (v) con el fin de establecer un mecanismo de control adecuado por las autoridades, que haga posible el cobro de las sumas debidas por ese concepto en cualquier parte del territorio nacional; (vi) para todo lo cual se habilitó a LA FEDERACIÓN para que administre el sistema y defina sus características, el montaje, la operación y actualización; (vii) a cambio de lo que se previó el pago de una contraprestación equivalente al 10% de lo recaudado cuando se cancele el valor adeudado, que en ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo.

En adición a lo anterior hay que tener en cuenta que según lo previsto por el artículo 7 CNT, el RUNT debe operar “en coordinación total, permanente y obligatoria con todos los organismos de tránsito del país”, y según el artículo 9 ídem corresponde al MINISTERIO determinar “sus características, el montaje, la operación y actualización” de la información que él recoge. Adicionalmente, el artículo 93 CNT es expreso en señalar que “[l]os organismos de tránsito deberán reportar diariamente al Sistema Integrado de Multas y Sanciones por infracciones de tránsito las infracciones impuestas, para que este a su vez, conforme y mantenga disponible el registro único nacional de tránsito RUNT”.

De conformidad con este marco legal, y teniendo en cuenta que el párrafo 2º del artículo 210 de la Constitución autoriza el ejercicio de funciones administrativas por particulares “en las condiciones que señale la ley”, encuentra la Sala que lo previsto por los artículos 1º y 3º de la Resolución Nº 000584 de 2010 en absoluto entraña una desviación de las normas superiores. Esto, toda vez que es claro que con lo regulado en ellos no solo se desarrollan previsiones legales expresas como la del artículo 93 CNT, sino que además se busca profundizar el control de la autoridad nacional de tránsito sobre la información relativa a las multas y sanciones por infracciones de tránsito.

En efecto, con este último fin, tanto para reforzar la exactitud y completud de la información que alimenta el RUNT, como para afinar el control que se ejerce sobre el seguimiento de la efectividad de las multas y sanciones de tránsito, en ejercicio de su competencia, EL MINISTERIO estableció un mecanismo de cruce de información que busca garantizar información fiable y completo, que sirva como complemento y parámetro de control de la información que ofrece el SIMIT. Por este motivo, en armonía con lo previsto por los artículos 7 y 93 CNT, la Resolución Nº 000584 de 2010 indicó en sus artículos 1º y 3º que el RUNT no se alimenta únicamente con la información del SIMIT, sino también con la proporcionada directamente por los organismos de tránsito. En aras de asegurar la eficacia de ese mecanismo de control de la información, en los párrafos 2º y 3º del artículo 3º del acto sub judice se establecieron consecuencias para los eventos en los cuales tal información sea coincidente o discrepante:

Si la información enviada al RUNT por el organismo de tránsito y la Federación Colombiana de Municipios coincide, el Ministerio de Transporte autorizará a través del RUNT, la asignación de especies venales al organismo de tránsito. 

Si la información enviada por el organismo de tránsito y la Federación Colombiana de Municipios no es coincidente con los datos relacionados sobre multas y sanciones, las partes podrán conciliar las diferencias y en el entretanto el Ministerio de Transporte a través del sistema RUNT, autorizará la asignación de especies venales al organismo de tránsito, por tratarse de un servicio público, hasta cuando se dirima la controversia mediante decisión extrajudicial, arbitral o judicial. 

Por esta vía, entonces, se procura incentivar y asegurar un flujo de información continua, transparente y completa al RUNT, cuestión esencial si se tiene en cuenta que el objetivo final es obtener los datos indispensables para que el consolidado nacional garantice que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo. En últimas, de ello depende la eficacia de las sanciones impuestas a los infractores de las normas de tránsito; cuestión decisiva, a su vez, para asegurar la eficacia misma de la regulación de este ámbito crucial de la vida social actual.

Es perceptible, entonces, que con este sistema de información cruzada EL MINISTERIO quiso establecer una medida capaz de contribuir tanto a reforzar la eficacia de las normas de tránsito (para lo cual resulta básica la eficacia de las sanciones), como a encarar los conocidos problemas de ineficacia, negligencia y corrupción que se registran en el país en relación con el cobro de las multas y demás puniciones por infracciones de tránsito; así como salir al paso a eventuales situaciones en las que por falta del acuerdo entre un ente territorial y LA FEDERACIÓN, conforme lo exigido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-385 de 2003(25), el SIMIT no pueda hacer presencia en determinados organismos de tránsito de algún ente territorial. Por esto, y a la vista de los cuantiosos recursos que representa para el erario público tanto lo relativo a las multas como a la venta de especies venales, optó por una salida que apela a incentivar el flujo completo y transparente de información con destino al RUNT.

Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

ii) La regulación por la resolución del momento de causación del porcentaje del 10% a favor de LA FEDERACIÓN por concepto de la administración del SIMIT. 

Afirma la demandante que también se infringe el artículo 10 CNT cuando la resolución censurada, en el párrafo 2º de su artículo 1º, dispone que LA FEDERACIÓN tendrá derecho a recibir el 10% de lo recaudado por concepto de sanciones a partir del momento en que se implemente el SIMIT e inicie la alimentación del RUNT conforme a lo previsto por los artículos 10 y 11 CNT. Como fundamento de este cargo invoca el concepto de 5 de agosto de 2004 de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, que al pronunciarse sobre la cuestión de a partir de qué momento se hacía efectivo dicho derecho, consideró que “el porcentaje de participación que en cuantía de 10% de las multas y sanciones por infracciones de tránsito establece la Ley 769 de 2002 a favor de la Federación se causa a partir de la vigencia de la ley(26), fecha desde la cual se generó la obligación de la Federación de poner en marcha o implementar el sistema respectivo”(27).

La Sala no comparte tal criterio. En concepto de este juez contencioso, al tratarse de un ingreso no tributario creado por el legislador y de una función administrativa confiada a un particular que debe ejercerse “en las condiciones que señale la ley” (art. 210 de la Constitución), lo prescrito por el enunciado legal que crea y regula tal contraprestación a favor de LA FEDERACIÓN resulta determinante y debe ser objeto de una interpretación estricta y restrictiva; máxime cuando ello afecta las finanzas de los entes territoriales y, por ende, la autonomía en el manejo de sus recursos.

Así, toda vez que el artículo 10 CNT es claro en señalar que ese beneficio se percibirá “por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado”, no hay duda que se trata de una remuneración a la gestión que desarrolle tal organización para asegurar la actualización, expansión y buena marcha del SIMIT, una vez éste ha sido puesto en marcha. Lo anterior por cuanto, como señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-385 de 2003, “el funcionamiento del sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito a que se ha hecho alusión, requiere de una actividad de carácter administrativo y de una infraestructura para el efecto, que garanticen que el mecanismo ideado por el legislador tenga un adecuado y permanente funcionamiento, susceptible de perfeccionamiento con el tiempo, para que se fortalezca, cada vez más el ingreso de los municipios por ese concepto”.

Tal como se desprende de la lectura sistemática de los artículos 10 y 11 CNT, no hay duda que el legislador distinguió entre la implementación y la administración del SIMIT. La primera fase supone la puesta en funcionamiento del sistema; la segunda, su operación y actualización permanente. Por esto resulta improcedente pasar por alto esta diferenciación deliberada del legislador para equiparar ambos conceptos. En consecuencia, habiendo establecido el artículo 10 CNT que LA FEDERACIÓN “percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado”, so pena de atentar contra el principio de legalidad y de restringir injustificadamente la autonomía territorial, no hay lugar a efectuar una interpretación extensiva de dicho enunciado, que riñe con el efecto útil de las disposiciones legales, similar a la que llevó a la Sala de Consulta y Servicio Civil a entender que tal derecho se causaba desde el momento mismo de la entrada en vigencia de la Ley 769 de 2002(28).

Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

iii) La regulación por la resolución de criterios para la liquidación del 10% a que tiene derecho LA FEDERACIÓN por la administración del SIMIT. 

También alude la demanda a que la Resolución Nº 00584 de 2010, con su artículo 4, desconoce lo prescrito en los artículos 10, 159 y 160 CNT al señalar de manera equivocada los porcentajes que corresponden a cada entidad y fijar la base sobre la cual se debe calcular el 10% a que tiene derecho LA FEDERACIÓN.

Según lo prescrito por el artículo 4º de la Resolución Nº 000584 de 2010, la contraprestación por administración del SIMIT que se paga a LA FEDERACIÓN resulta del valor restante una vez se ha deducido de lo efectivamente pagado por el infractor el 25% correspondiente a los centros integrales de atención, el 50% para la Policía Nacional adscrita a la Policía de Carreteras y otros valores previstos por el CNT, sin que en ningún evento el valor reconocido pueda ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente.

Para esta corporación, lo dispuesto por el artículo 4º de la Resolución Nº 000584 de 2010 no desconoce ninguna de las previsiones de la Ley 769 de 2002; por el contrario, las desarrolla.

En efecto, el artículo 10 CNT, atrás transcrito, prescribe que LA FEDERACIÓN “percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado”.

Por su parte, el parágrafo 2º del artículo 159 dispone lo siguiente:

PAR. 2º—Las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la infracción de acuerdo con su jurisdicción. El monto de aquellas multas que sean impuestas sobre las vías nacionales, por parte del personal de la Policía Nacional de Colombia, adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte, se distribuirá en un cincuenta por ciento (50%) para el municipio donde se entregue el correspondiente comparendo y el otro cincuenta por ciento (50%) para la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, con destino a la capacitación de su personal adscrito, planes de educación y seguridad vial que adelante esta especialidad a lo largo de la red vial nacional, locaciones que suplan las necesidades del servicio y la construcción de la Escuela de Seguridad Vial de la Policía Nacional. 

A su vez, el artículo 160 CNT establece lo siguiente:

ART. 160.—Destinación. De conformidad con las normas presupuestales respectivas, el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, se destinará a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial, salvo en lo que corresponde a la Federación Colombiana de Municipios y los particulares en quienes se delegue y participen en la administración, liquidación, recaudo y distribución de las multas. 

Finalmente, el artículo 136 CNT prescribe:

ART. 136.—Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá sin necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco días siguientes a la orden de comparendo, igualmente, o podrá cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo, en estos casos deberá asistir obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en el centro integral de atención, donde se cancelará un 25% y el excedente se pagará al organismo de tránsito. Si aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el inculpado deberá cancelar el (100%) del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios. 

Si el inculpado rechaza la comisión de la infracción, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la autoridad de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta infracción seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados. 

En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) del valor de la multa prevista en el código. 

Los organismos de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas y podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de la multa y la comparecencia podrá efectuarse en cualquier lugar del país. 

Como se observa de las normas antes transcritas, fue el mismo legislador, en desarrollo de sus facultades constitucionales, quien reconoció que los ingresos recibidos por el pago de las multas de tránsito debía repartirse entre distintos sujetos como los Centros Integrales de Atención, LA FEDERACIÓN, los municipios y la Policía Nacional adscrita a la Policía de Carreteras. Frente a los tres últimos el señalamiento legal del porcentaje que les corresponde es expreso; respecto de los primeros, en cambio, a falta de una previsión explícita de dicho porcentaje es preciso derivarla de lo previsto por el artículo 136 CNT respecto del monto a cancelar en tales sitios y de la definición de Centro Integral de Atención que da el artículo 2º CNT. En efecto, por un lado, de acuerdo con lo dispuesto por el párr. 1º del artículo 136, si la persona no paga dentro de los primeros 5 días después del comparendo pero lo hace dentro de los 20 días siguientes, podrá pagar el 75% del valor de la multa pero deberá hacer un curso sobre normas de tránsito en un Centro Integral de Atención, “donde se cancelará un 25% y el excedente se pagará al organismo de tránsito” (art. 136 CNT). De otro lado, de conformidad con la definición legal de estos organismos, se entiende por tal el “[e]stablecimiento donde se prestará el servicio de escuela y casa cárcel para la rehabilitación de los infractores a las normas del Código de Tránsito. Podrá ser operado por el Estado o por entes privados que a través del cobro de las tarifas por los servicios allí prestados, garantizarán su autosostenibilidad” (art. 2º CNT). Por ende es legítimo concluir que en aras de contribuir a la autosostenibilidad de estos entes, el Centro Integral de Atención que gestiona la sanción a un infractor corresponde al porcentaje que le corresponde del total del valor pagado. De hecho, así lo establece con claridad la nueva redacción del artículo 136 CNT, luego de la modificación efectuada por el artículo 205 del Decreto-Ley 019 de 2012(29).

En este orden, en nada contraviene la ley que, tal como se estableció en el artículo 4º de la Resolución Nº 000584 de 2010, el monto a favor de LA FEDERACIÓN se calcule una vez cancelados los rubros reconocidos por el mismo legislador a otras instancias que, como la Policía Nacional o los Centros Integrales de Atención, intervienen decisivamente en el proceso de imposición de los comparendos y cobro de las multas impuestas, sin que en ningún evento el valor reconocido pueda ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente.

Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

6.5.2. La supuesta falta de competencia del Ministerio de Transporte para expedir la Resolución atacada.

De acuerdo con lo expresado en la demanda, el acto demandado entraña un desbordamiento de las facultades normativas del ejecutivo. En su criterio, “[n]o es procedente que con la pretensión de aclarar aspectos referentes al tránsito, invada la órbita del legislador, entrando a regular aspectos como los anteriormente señalados”(30).

Para la Sala este argumento no es más que una reiteración de los reproches planteados al acto atacado a propósito del supuesto desconocimiento de normas superiores, por cuanto no encierran un señalamiento específico respecto de las competencias concretas de EL MINISTERIO, las cuales no son estudiadas en la demanda, sino que simplemente remiten al debate sobre la presunta contradicción y falta de cobertura legal de las disposiciones administrativas contenidas en la Resolución Nº 000584 de 2010. Dado que el tema fue debidamente analizado en el apartado anterior, a ello se remite este Juez Contencioso.

Por lo anterior, tal como fue planteado, el cargo expuesto no prospera.

Finalmente, a folio 157 del expediente obra la renuncia al poder por parte del apoderado de EL MINISTERIO y a folio 159 figura el poder otorgado a su nuevo apoderado judicial, HÉCTOR LIBORIO VÁSQUEZ RAMIREZ, a quien se le reconocerá personería adjetiva para actuar.

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. RECONOCER personería jurídica para actuar como apoderado de LA NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE al Señor HÉCTOR LIBORIO VÁSQUEZ RAMIREZ, identificado con C.C. Nº 79.205.808 y T.P. Nº 83.382 del Consejo Superior de la Judicatura.

En firme esta providencia, archívese.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Consejeros: María Elizabeth García González—Maria Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala.

1 Folios 9-10.

2 Folio 23.

3 Folios 34-36.

4 Fls. 46-53.

5 Fl. 52.

6 Fls. 54-61.

7 Fls. 92-101.

8 Fls. 85-89.

9 Fl. 86.

10 Fl. 89.

11 Ídem.

12 Fls. 132-135.

13 Fls. 113-119.

14 Fl. 114.

15 Fl. 115.

16 Fls. 116-117.

17 Fl. 126.

18 Fl. 130.

19 Fls. 142-151.

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 2015, Rad.: 11001-33-31-035-2007-00033-01, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

21 Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006.

22 Ídem.

23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 5 de agosto de 2004, Rad.: 1589, C.P. Susana Montes de Echeverri.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 1998, Rad.: 5101, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa.

25 En esta decisión, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las expresiones “todas” y “o en aquellas donde la Federación lo considere necesario”, contenidas en el parágrafo del artículo 10 CNT, según el cual “[e]n todas las dependencias de los organismos de tránsito y transportes de las entidades territoriales existirá una sede del SIMIT o en aquellas donde la Federación lo considere necesario, con el fin de obtener la información para el consolidado nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo”. Para la Corte Constitucional, estas disposiciones son contrarias a la Constitución porque con ellas “la ley invade la esfera propia de la estructura de la administración municipal para imponer la existencia de una oficina determinada, o autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para exigir la existencia de una sede para ese efecto, lo que resulta contrario a la autonomía administrativa que a los municipios les garantiza la Constitución Política”.

26 Ley 769 de 2002, “ART. 170.—Vigencia. El presente código empezará a regir trascurridos tres (3) meses contados a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias con excepción de las normas sobre medio ambiente. Derógase el Decreto 1344 de 1970 y sus disposiciones reglamentarias y modificatorias”.

27 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 5 de agosto de 2004, Rad.: 1589, C.P. Susana Montes de Echeverri.

28 De acuerdo con lo expresado por la Sala de Consulta y Servicio Civil en aquella oportunidad, “si bien es cierto que el artículo 10 de la ley establece que el 10% debe destinarse a la administración del sistema, también lo es que dicho artículo establece claramente que existen dos etapas en el proyecto del sistema aludido, la primera es de implementación y la segunda la de mantenimiento o sostenibilidad, las cuales se deben financiar con el 10% de que trata la norma. // Así las cosas, la Sala considera que el porcentaje de participación que en cuantía de 10% de las multas y sanciones por infracciones de tránsito establece la Ley 769 de 2002 a favor de la Federación se causa a partir de la vigencia de la Ley, fecha desde la cual se generó la obligación de la Federación de poner en marcha o implementar el sistema respectivo”.

29 “ART. 136.—Reducción de la multa. <Artículo, salvo sus parágrafos, modificado por el artículo 205 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá, sin necesidad de otra actuación administrativa:

1. Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en un organismo de tránsito o en un centro integral de atención. Si el curso se realiza ante un centro integral de atención o en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a éste se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción; o

2. Cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en un organismo de tránsito o en un centro integral de atención. Si el curso se realiza ante un centro integral de atención o en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a éste se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción; o

3. Si aceptada la infracción, ésta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el inculpado deberá cancelar el cien por ciento (100%) del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios (...)” (negrilla y subrayado fuera de texto).

30 Fl. 23.