Sentencia 2010-00342/43818 de agosto 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 730012331000201000342 01 (43.818)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Actor: R. M. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - y otro

Proceso: acción de reparación directa.

Asunto: recurso de apelación.

Bogotá, D.C., veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.

Contenido: Descriptor: Se revoca la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda toda vez que al estudiar de fondo el asunto se determinó que se encontraba acreditada la culpa exclusiva de la víctima. Restrictor: Aspectos procesales - legitimación en la causa - caducidad de la acción / Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado - El derecho a la libertad individual - Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los demandados(1) contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima el 19 de diciembre de 2011, mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En demanda presentada el 4 de junio de 2010(2) contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y el Ministerio del Interior y de Justicia, los señores M. C. M. G. en calidad de víctima directa, Ferney Loaiza en calidad de compañero permanente de esta y en representación de su menor hija L. M. L.; los señores R. M. y A. R. G. en calidad de padres de aquella; y los señores R. y M. A. M. G. en calidad de hermanos de la víctima directa, mayores de edad, solicitaron se declarara que el demandado es responsable de los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad sufrida por la señora M. C. M. G. y que en consecuencia sea condenado al pago de los perjuicios inmateriales y materiales causados, los cuales se estimaron aproximadamente en mil setecientos cuarenta (1.740) salarios mínimos legales mensuales vigentes y cincuenta millones novecientos treinta y seis mil pesos ($50’936.000), respectivamente.

2. Los hechos en que se fundan las pretensiones.

El 3 de julio de 2008, la Policía Nacional del Distrito Tres (3) del Espinal capturó a la señora M. C. M. G., cuando se movilizaba en una moto con el señor O. A. T., aduciendo que se encontraban expendiendo sustancias alucinógenas.

Por lo anterior, a la hoy accionante se le adelantó investigación penal por parte de la Fiscalía Delegada del Espinal, al considerar que actuó como presunta coautora en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el inciso 2º del artículo 376 de la Ley 599 del 2000.

Que en desarrollo de las diligencias concentradas de control de captura, legalización de la incautación e imposición de medidas de aseguramiento, celebradas por el Juzgado Segundo (2º) Penal Municipal del Espinal, el 4 de julio de 2008 se impartió legalidad al proceso de captura de la procesada, imponiéndosele medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria en su contra.

Por otro lado, estando en cumplimiento de la mencionada medida de aseguramiento, y como consecuencia de una llamada telefónica, el 26 de octubre de 2008 patrulleros de la policía nacional capturaron y aprehendieron nuevamente a la señora M. C. M. G. y al señor O. A. T., afirmando que estos habían incurrido en el punible de fuga de presos, librando nueva orden de encarcelación el día 27 de octubre de 2008 por el Juez Tercero Penal Municipal en función de control de garantías, decisión que fue recurrida por la defensa de aquella, pero confirmada por el Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito del Espinal.

Ahora bien, el 19 de noviembre de 2008 se celebró audiencia de formulación de acusación ante el Juzgado Primero Penal del Circuito del Espinal –Tolima, en el que la Fiscalía Veintitrés (23) Seccional de dicho municipio presentó escrito de acusación en contra de la señora M. G., descubriendo su acervo probatorio y solicitando su condena por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, establecido en el inciso 2º del artículo 365 del Código Penal.

El mencionado juzgado, llevó a cabo audiencia preparatoria el día 19 de diciembre de 2008, en donde “se interrogó a las partes sobre las observaciones al descubrimiento de elementos probatorios y evidencias físicas. La acusada bajo ningún aspecto aceptó los cargos que se le imputaron (…)”, y se fijó fecha para el inicio de la audiencia pública de juzgamiento.

Llegado el día de la audiencia, esto es el 5 de febrero de 2009, la Fiscalía Seccional del Espinal, con base en todas las piezas procesales reveladas, solicitó la absolución de la señora M. C. por los delitos que fue procesada, “por cuanto consideró no haber probado la conducta investigada en contra de la acusada”.

Mientras tanto en la investigación seguida por el delito de fuga de presos, el ente acusador decidió retirar el escrito de acusación en contra de los procesados por el mencionado delito, “solicitud que es a la que accede la señora Juez de conocimiento”, y en consecuencia el 4 de marzo de 2009 esta decidió revocar la medida de detención preventiva intramural, dejando vigente la medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta dentro del proceso por el delito de estupefacientes.

Con todo lo anterior, el libelista afirmó que “(…) desde el momento en que fue vinculada a la investigación penal, el 3 de julio de 2008, M. C. M. G., quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado 2º Penal Municipal en función de control de garantías, este último que libró la Boleta de encarcelación y detención 20 del 4 de julio del 2008, donde informa al Director del establecimiento Penitenciario y Carcelario del Guamo – Tolima, que a mi acudida se le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria por la conducta punible de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, medida ésta que estuvo vigente hasta cuando el Juzgado 1º Penal del Circuito del Espinal, el 26 de marzo de 2009, dentro de la etapa de juicio oral, determinó absolver de los cargos que se le imputaban a mi representada y revocó la medida de aseguramiento impuesta y en su lugar, dejarla en completa libertad, habida cuenta de la decisión adoptada en dicha sentencia.

En ese orden de ideas, el apoderado manifiesta en su demanda que su poderdante fue privada injustamente de la libertad desde el 4 de julio de 2008 hasta el 26 de marzo de 2009, para un total de ocho (8) meses y veintitrés (23) días.

3. El trámite procesal.

Admitida la demanda(3) y notificados los demandados de la existencia del proceso, le dieron respuesta al escrito demandatorio(4), señalando con relación a los hechos que se atienen a lo probado dentro del proceso y pidieron las pruebas que consideraron necesarias. De otro lado, frente a las pretensiones, la defensa de los demandados coincidió en formular como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que sus representadas no debían responder por los hechos expuestos en la demanda.

Decretadas y practicadas las pruebas(5), se corrió traslado para alegar(6), oportunidad que aprovecharon las partes.

II. La sentencia del tribunal

Sala de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2011(7), decidió conceder parcialmente las pretensiones de la demanda, con fundamento en las consideraciones que se resumen así:

En primer lugar, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por la demandada Nación - Ministerio del Interior y de Justicia al concluir que dicha entidad no desarrolló ninguna actividad judicial en la vinculación penal de la señora M. G.

Luego de estudiado cada uno de los presupuestos para declarar la responsabilidad extracontractual de las entidades demandadas y de analizar el acervo probatorio, concluyó que en el caso sub examine, los demandados sí debían responder administrativa y patrimonialmente por los daños causados a los demandantes por la privación injusta de la libertad de la señora M. C. M. G., dado que era evidente que no existían los elementos materiales probatorios que permitieran inferir razonablemente que la hoy accionante había cometido el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes(8).

Por otro lado, el Tribunal reprochó la actitud negligente de la defensa de la entonces procesada, al no haber puesto bajo el control de legalidad las decisiones que mantuvieron privada de la libertad a su cliente, pues contrario a lo esperado, la defensa penal guardó silencio sobre dicha situación hasta el momento en que la misma fiscalía solicitó su absolución en la etapa de juicio; por lo anterior decidió declarar la “concausalidad” y en consecuencia los valores que se reconocerían en la sentencia se reducirían en un cincuenta por ciento (50%).

Finalmente, el magistrado J. A. R. C. salvó su voto aduciendo que, la mayoría de la sala omitió cualquier referencia respecto de la detención de que fue objeto la hoy accionante el 26 de octubre de 2008, mientras estaba bajo la figura de la prisión domiciliaria, por lo que a su consideración la responsabilidad endilgada no puede extenderse más allá de dicha fecha. De igual manera indicó que con la actitud de la demandante en el proceso penal se desprende la culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad de las entidades demandadas(9).

III. El recurso de apelación

Contra lo así decidido se alzaron los demandados(10) con fundamento en las siguientes razones.

La defensa de la demandada Rama Judicial, solicitó que se revocara la sentencia atacada, por cuanto la accionante fue absuelta en aplicación al principio de in dubio pro reo, lo que a su consideración no quiere decir que sea inocente y en su defecto se condene a la Fiscalía por ser la entidad que instruyó y dictó la resolución de acusación contra la aquí demandante.

De igual manera, apoyó el argumento dado por el magistrado en el salvamento de voto, al considerar que la mayoría del colegiado desestimó el hecho de haber sido capturada la señora M. G. cuando se encontraba bajo prisión domiciliaria, según manifestación de los informes policiales aportados.

Por su parte, la apoderada de la Fiscalía General de la Nación indicó en su recurso que si bien su representada solicitó la imposición de medida de aseguramiento y su respectiva acusación, lo cierto es que fue el Juez de control de garantías y el de conocimiento quienes decidieron finalmente decretar y mantener las medidas de aseguramiento decretas en contra de la señora accionante, dado que el procedimiento aplicado fue el señalado en la Ley 906 de 2004, razón suficiente para que su poderdante sea eximida de responsabilidad en el presente asunto.

En conclusión, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y que en su lugar se negaran cada una de las pretensiones elevadas en el cuerpo de su demanda.

IV. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio en este asunto.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado se procede a desatar la alzada previas las siguientes

V. Consideraciones

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(11), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes la señora M. C. M. G., en condición de privada de la libertad, y su núcleo familiar, F. L. (compañero permanente), L. M. L. (hija), R. M. (padre) y A. R. G. (madre), R. y M. A. M. G. (hermanos), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial y Ministerio del Interior y de Justicia.

Para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a la luz de la Ley 906 de 2004 deben preverse las competencias funcionales y la colaboración legalmente establecida entre estas entidades durante las dos fases del proceso penal, a saber, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación(12) y la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.

Así, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito(13)(14) e, incluso, excepcionalmente conserva facultades para limitar derechos fundamentales mediante la orden de allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones y capturas, aunque sus labores están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado.

Ahora bien, debe preverse que en principio cuando la medida de aseguramiento o restricción de la libertad tenga lugar como resultado de las labores de la policía judicial, la responsabilidad recaerá sobre el ente que coordina y orienta su actuación, esto es, la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, la actividad judicial refiere la intervención del juez de control de garantías durante la etapa investigativa y el juez de conocimiento para la etapa de juzgamiento.

Por lo expuesto, la Sala considera que en los eventos de privación injusta de la libertad, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial - Dirección de Administración Judicial se encuentran legitimados en la causa para comparecer como actores del extremo pasivo de la relación procesal.

De manera que la actuación conjunta desarrollada en el proceso penal acusatorio, entre el juez y el fiscal, se desprende la responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil(15) y no en la teoría causal hipotética de equivalencia de las condiciones(16).

Ahora, esta regla general de legitimación debe revisarse en el juicio de imputación donde habrá de revisarse si la privación injusta de la libertad tuvo lugar como consecuencia del actuar u omisión negligente del juez o el fiscal del caso.

Ahora bien, en lo que respecta al hoy Ministerio de Justicia como miembro del extremo pasivo de la relación procesal, debe preverse que, como quiera que el centro de imputación contra quien se dirige la demanda es la Nación, de la cual hace parte tanto la Rama Judicial como la Fiscalía General de la Nación, y estas cuentan con autonomía presupuestal y administrativa, en consecuencia debe considerarse la falta de representación por pasiva en cabeza del Ministerio de Justicia.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(17), y solo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(18). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(19).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(20).

En el caso concreto, la sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 26 de marzo de 2009(21) y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 4 de junio de 2010, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(22).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(23) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(24).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(25).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan estas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(26).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(27)(28) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(29).

En la tercera, que es la que prohíja la sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado social de derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado social de derecho la privación de la libertad solo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P., debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(30).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C-037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95 - 7 C.P.), pues no solo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales,sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso enla atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la ramajudicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento dela administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judicialescon demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídicaalguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lodemás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según elcual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa

(…)”. (Subraya fuera del texto).

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, esta sala de subsección ha precisado:

“La sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del C. Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(31).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto.

Solicita la defensa de la parte demandada Rama Judicial, se revoque la sentencia de primera instancia que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda al considerar que la accionante al haber sido absuelta en aplicación del principio de “in dubio pro reo”, no quiere decir que sea inocente, y que en gracia de discusión en caso de ser confirmada la condena, esta únicamente se haga en cabeza de la Fiscalía General de la Nación por ser esta entidad la que “instruyó y dictó la resolución de acusación contra la aquí demandante”.

Por su parte, la apoderada de la demandada Fiscalía General de la Nación solicitó la revocatoria de la sentencia proferida por el a quo, al considerar que si bien su representada solicitó la imposición de medida de aseguramiento y su respectiva acusación, lo cierto es que fue el juez de control de garantías y el de conocimiento quienes decidieron finalmente decretar y mantener las medidas de aseguramiento decretadas en contra de la señora accionante, dado que el procedimiento aplicado fue el señalado en la Ley 906 de 2004, razón suficiente para que su poderdante sea eximida de responsabilidad en el presente asunto.

De acuerdo a lo expuesto, y teniendo en cuenta lo dicho en los diferentes recursos de apelación, el problema jurídico que se plantea la sala consiste en determinar si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda por considerar que se evidenció un daño antijurídico, o si por el contrario, se debe revocar la decisión negando las pretensiones de la demanda, descartando que no se haya configurado alguna causal eximente de responsabilidad a favor del demandado. Dado lo anterior, la sala encuentra demostrado que la señora M. C. M. G., fue capturada por agentes de la Policía Nacional, el día 3 de julio de 2008 a las 13:20 en aparente situación de flagrancia, de acuerdo a lo visto en el acta de derechos del capturado —FPJ5—(32), cuando se movilizaba junto con el señor O. A. T., a quien luego de haber sido conducido al comando de policía de El Espinal, le fue hallada al señor A. T. nueve (9) “bolsitas plásticas de tamaño pequeño selladas en su (sic) totalidades ambos extremos, los cuales contiene en su interior de cada una de ellas una sustancia sólida pulverulenta (polvo) color beige (…)”(33).

De igual manera, se tiene acreditado que mediante audiencia celebrada el día 4 de julio de 2008, el juzgado segundo (2º) penal municipal con función de control de garantías, legalizó la captura de la señora M. G. e impuso en su contra de medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria(34), por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, procedente de la Fiscalía Treinta y Cinco (35) Seccional de El Espinal - Tolima.

Que mediante oficio 150 de fecha 25 de julio de 2008(35), la Fiscalía 23 Seccional de El Espinal presentó escrito de acusación en contra de la señora M .C. y el señor A. T., por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, en el que además presentó los documentos y solicitó los testimonios que haría valer en el juicio.

Estando en cumplimiento de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria, el 26 de octubre de 2008(36), la señora M. C. M. G. es nuevamente capturada por agentes de la policía nacional junto con el señor O. A. T., al haber recibido una llamada informando que dichas personas se encontraban expendiendo estupefacientes, tal y como se desprende del informe de la policía de vigilancia —FPJ5—(37).

Así las cosas, el día 27 de octubre del mismo año el juez segundo (2º) penal municipal con función de control de garantías dispuso imponer nueva medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, por el delito de fuga de presos en contra de la señora M. y otro.

Al respecto, reposa oficio 2241(38) emitido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec, en el que advirtió que los procesados no tenían autorización para salir de su domicilio.

Posteriormente, en desarrollo de la audiencia de acusación celebrada el día 19 de noviembre de 2008(39), el juez primero (1º) penal del circuito de El Espinal - Tolima, declaró la ruptura de la unidad procesal a favor del señor A. T. en razón del escrito de preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el imputado, por lo que el procedimiento siguió adelante únicamente respecto de la señora M. C. M. G. por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

El 19 de diciembre del mismo año, se celebró audiencia preparatoria ante el Juez de conocimiento anteriormente indicado, en el que la acusada no aceptó los cargos imputados, y su defensa solicitó la práctica de diferentes pruebas; posteriormente en adelanto de la audiencia pública de juzgamiento celebrada el día 5 de febrero de 2009, la fiscalía solicitó la absolución perentoria de la hoy accionante(40) a la luz del artículo 442 de la Ley 906 de 2004, al considerar que no se probó la conducta por la que era investigada la acusada, se libró a su favor la correspondiente boleta de libertad(41), y se fijó como fecha para la lectura del fallo el 26 de marzo de 2009.

Por otro lado, la anterior decisión produjo que el día 4 de marzo de 2009 en audiencia preliminar, la fiscalía solicitara ante el juez segundo (2º) penal municipal de control de garantías, la revocatoria de la medida de aseguramiento e imputación realizada en contra de la señora M. G. por el delito de fuga de presos, solicitud a la cual accedió dicho estrado judicial, ordenando su libertad inmediata.

Ahora bien, la sala analizará la conducta de la actora con base al problema jurídico planteado, en el que se determinará si el hoy accionante, actuó con culpa dentro de los hechos por los cuales fue investigado penalmente, y en el que se deberá decidir si se revoca o se confirma la sentencia de primera instancia.

Conforme con lo anterior, la sala encuentra que en informe ejecutivo FPJ-3- suscrito por servidores en ejercicio de funciones de policía judicial, plasmó las características de las personas que expendían estupefacientes en la villa olímpica, y que aquellas que fueron encontradas con dichos elementos correspondían a las características inicialmente indicadas, así como haber dado positivo en la PIPH a las sustancias que llevaba la pareja(42).

En ese mismo sentido, cuando la señora M. C. fue capturada por agentes de la Policía Nacional, se encontraba en compañía del señor A. T., tal y como quedó demostrado con el informe de ejecutivo FPJ-3 - de fecha 26 de octubre de 2008(43).

De igual manera, en entrevista realizada al subintendente F. D. M. el día 22 de julio de 2008, manifestó las características de las personas que capturó una vez fue informado por radio de la denuncia, las cuales coincidían con aquellas que fueron dadas por el denunciante(44).

La sala al estudiar la conducta de la hoy accionante frente a la decisión inicial de la Fiscalía General de la Nación de impulsar una investigación e imponer medida de aseguramiento en su contra, encuentra que esta obedeció a la existencia, en su momento, de diferentes circunstancias en su contra, tales como, (i) haber sido capturada en compañía del señor O. A. T. a quien le fue hallada nueve (9) bolsitas de bazuco en su billetera, y (ii) que la identificación de la motocicleta en que se movilizaba, así como las características físicas y la forma en que iba vestida la hoy accionante al momento de su captura, coincidían con las descripciones dada por los denunciantes a la línea 112.

Sumado a lo anterior, se debe advertir que la imputada estando en cumplimiento de su detención domiciliaria, es capturada nuevamente el 26 de octubre de 2008(45) por agentes de la Policía Nacional por fuera de su domicilio donde cumplía una medida de aseguramiento, nuevamente en compañía del señor O. A. T., tal y como se desprende del informe de la policía de vigilancia —FPJ5—(46).

Por otro lado, se debe tener en cuenta que previo al desarrollo de la audiencia pública de acusación por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, el juez primero (1º) penal del circuito de El Espinal - Tolima, declaró la ruptura de la unidad procesal a favor del señor A. T. en razón del escrito de preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el imputado(47), en el cual este aceptó haber sido el autor de la conducta que le fue imputada por la Fiscalía General de la Nación, esto es, que vendía y llevaba consigo sustancias de estupefacientes.

Así las cosas, sumado a los indicios de lugar y coincidencia de la hoy accionante en el lugar de los hechos, se encuentra que durante el desarrollo de la investigación se presentaron diferentes actitudes de la imputada que revelaban que esta persona no era ajena al conocimiento de los hechos que posteriormente fueron aceptados por el señor O. en su preacuerdo con la Fiscalía.

Es así como, la Subsección concluye que si bien el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito de El Espinal en el momento de dictar sentencia consideró que no se probó que la señora M. C. M. G. hubiera actuado con dolo en el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y que por tanto se debía declarar su absolución, lo cierto es, que con todo lo anteriormente expuesto se infiere que la hoy demandante actuó de manera gravemente culposa, pues desatendió los deberes de cuidado que la Ley le imponía en su calidad tanto de ciudadana, al acompañar al señor O. A. T. en su actividad delictiva de venta y porte de estupefacientes (tal y como lo aceptó en su preacuerdo), siendo que lo que se le exigía desde un primer momento era el deber de denuncia, establecido en el artículo 67 de la Ley 906 de 2004(48).

De manera que, frente a la justificación dada dentro del trámite del proceso penal en el que se sostuvo que a la procesada no le fue haya (sic) en su poder sustancias alucinógenas, para la sala no son más que exculpaciones que si bien tuvieron incidencia para la absolución, lo cierto es, que con todo lo anteriormente expuesto se infiere que el hoy demandante actuó de manera gravemente culposa.

Todo lo anterior, demuestra para la sala que la demandante actuó con culpa grave, pues su actuar fue negligente, omisivo e imprudente, al permanecer en compañía de una persona mientras infringía la Ley sin denunciar ante las autoridades lo advertido, agregando que posteriormente fue hallada violando la medida de detención domiciliaria de que era objeto en compañía del mismo sujeto con que fue capturada inicialmente, individuo que días después acepta su autoría por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, ocurrido el día 3 de julio de 2008 cuando fueron capturados en flagrancia, actuando por ende en contravía de diversas normas que regían su conducta, como el deber de denuncia en conexidad con el de colaboración a la administración de justicia y el deber de permanecer en su domicilio en virtud de la medida de aseguramiento decretada en su contra, todos ellos contenidos en los artículos 67 y 314 de la Ley 906 de 2004, y el numeral 7º artículo 95 de la Constitución Política, respectivamente.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la sala encuentra acreditado que el comportamiento de la demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima. 

De esta manera, la sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpagrave o dolo”.

Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad a la aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, pues fue el proceder de la propia investigada la que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

Así las cosas, para la sala es claro que la detención de que fue objeto la demandante no es imputable al Estado, por cuanto fue el proceder de la propia investigada lo que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

Lo anterior, no riñe con el hecho de que el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito de El Espinal - Tolima, en ejercicio de sus funciones y en aplicación del arbitrio judicial considerara que no hubo medios de prueba para endilgar responsabilidad penal a la acusada por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.

En suma, la Sala resalta que como se dijo en la parte conceptual de estas consideraciones,aunque el demandante fue absuelto por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que seconfigure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no puede pasarse por alto laculpa del penalmente investigado, ya que si bien su actuación no tuvo la magnitud paraconfigurar el delito endilgado en su contra, sí exonerapatrimonialmente a la entidad demandada. 

En este sentido también se dijo que sí el actuar irregular ynegligente de la parte actora no fue suficiente ante la justiciapenal para proferir una sentencia condenatoria, en sede deresponsabilidad sí lo es para encontrar acreditada la culpa grave y exclusiva de la víctima en loshechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad dela que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada. 

En conclusión, se revocará la sentencia proferida por el tribunal administrativo del Tolima el 19 de diciembre de 2011, y se condenará a la Fiscalía General de la Nación, por encontrarse probada la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2011 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima, por los fundamentos expuestos en esta providencia.

2. DECLARAR la falta de representación de la Nación - Ministerio de Justicia.

3. NEGAR las pretensiones de la demanda.

4. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados Jaime Orlando Santofimio Gamboa, aclaración de voto-Guillermo Sánchez Luque-Jaime Enrique Rodríguez Navas, aclaración voto.

1 En aplicación del acta 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado.

2 Fls. 5-15 del cdno. 1.

3 Fl. 238 del cdno. 1.

4 Fls. 56-67 del cdno. 1.

5 Fl. 283-284 del cdno. 1.

6 Fl. 318 del cdno. 1.

7 Fls. 120-131 del cdno. ppal.

8 Fl. 372 del cdno. ppal.

9 Fls. 382-383 del cdno. ppal.

10 Mediante escritos del 31 de enero y 1º de febrero de 2012 (fls.386-390 y 391- 394 del cdno. ppal.).

11 Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003.

12 Art. 114 de la L. 906/2004.

13 Arts. 250 de la C. P. y 66; 322, de la L. 906/2004.

14 Art. 250 de la C.P.

15 ART. 2344.—Responsabilidad solidaria. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.

16 La jurisprudencia del Consejo de Estado, de vieja data ha señalado que “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño”. Consejo de Estado - Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2001, exp. 12.917.

17 ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)

18 Consejo de Estado, auto de fecha 2 de marzo de 2001, rad. 10909.

19 Consejo de Estado, auto de fecha 26 de marzo de 2007, rad. 33372.

20 Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, rad. 40.324.

21 De conformidad con el artículo 169 de la Ley 906 de 2004.

22 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

23 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p.174.

24 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, exp. 10923.

25 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, exp. 15989.

26 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, exp. 8666.

27 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

28 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

29 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056.

30 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp. 27.689. En otra oportunidad, la sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp. 41.326

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, rad. 27.577

32 Fl. 85, cdno. 1.

33 Fl. 91, cdno. 1.

34 Fl. 48, cdno. 1.

35 Fl. 50, cdno. 1.

36 Fl. 58, cdno. 1.

37 Fls. 39 - 41, cdno. 1.

38 Fl. 65, cdno. 1.

39 Fls. 58 - 59, cdno. 1.

40 Fl. 102, cdno. 1.

41 Fl. 103, cdno. 1.

42 Fl. 123, cdno. 2.

43 Fl.121, cdno. 1.

44 Fl.143, cdno. 2.

45 Fl.58, cdno. 1.

46 Fls. 39 - 41, cdno. 1.

47 Fl.167, cdno. 2.

48 ART. 67. Deber de denunciar. “(…) Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio (…)” subrayado y negrilla fuera de texto.