Sentencia 2010-00344 de junio 10 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-2315-000-2010-00344-01(AC)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodriguez

Actor: Alexander Altamiranda Hoyos

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

Bogotá, D.C., diez de junio del dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional fue reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 que en el artículo 1º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”, la cual procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso bajo examen, el accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la seguridad social, los cuales estimó vulnerados por la presunta negativa de la dirección de sanidad del Ejército Nacional de prestarle los servicios médicos que requiere con ocasión de la afección nefrológica que contrajo mientras prestaba el servicio militar.

Para el amparo de los citados derechos, pidió que se ordenara a la accionada que le efectuara una nueva junta médica laboral en la que se determinara en forma definitiva su condición física actual y que, como resultado de la misma, se le brindara el tratamiento médico a que hubiera lugar, según su estado de salud.

Al respecto, se observa que el Decreto 1796 de 2000(1) regula la evaluación de la capacidad psicofísica, la disminución de la capacidad laboral y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones de los miembros de la Fuerza Pública.

El artículo 19 [5] ibidem consagra la solicitud del afectado, como una de las causales de convocatoria de la junta médico laboral, a la vez que el artículo 21 dispone que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía conoce en última instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las juntas médico - laborales y, en consecuencia, puede ratificarlas, modificarlas o revocarlas. En el mismo sentido, el artículo 22 del citado decreto establece que las decisiones del tribunal médico son irrevocables y obligatorias y contra ellas solo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes.

En relación con la prestación de servicios médicos, por parte de las Fuerzas Militares, a personal que ha sido desvinculado de sus filas, la jurisprudencia ha considerado que la obligación de suministro de atención médica de quienes prestaron sus servicios a estas fuerzas, es un deber de correspondencia entre el cumplimiento de la prescripción constitucional de tomar las armas en defensa de la seguridad de la Nación y la correlativa protección de la salud y la integridad física de los soldados y policías. Se trata de una obligación cierta y definida, que se encuentra en cabeza del Estado, el cual debe garantizar la debida prestación de los servicios médicos asistenciales a los policías o soldados, cuya salud se vea afectada mientras ejercen la actividad castrense o con ocasión de la misma(2).

En efecto, la jurisprudencia ha dicho que en determinados eventos resulta no solo admisible, sino constitucionalmente obligatorio, extender la cobertura de la atención en salud a los miembros de las instituciones armadas, con posterioridad a su desincorporación, pues, resulta contrario a la Constitución Política que el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, no preste los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos a quienes sufran lesiones ocasionadas por causa o en razón de su labor.

Aplicados los anteriores criterios al asunto bajo examen, se advierte que está probado que el 24 de noviembre del 2008 se le practicó al actor la junta médico laboral 28055 que concluyó que padecía nefritis lúpica de etiología desconocida, valorado y tratado por nefrología con medicamentos y que debía continuar controles por ese servicio en forma indefinida e indeterminada.

Además, estableció que las lesiones del accionante le generaban incapacidad permanente parcial, que no era apto para la actividad militar, que tenía una disminución de la capacidad laboral del 58.5% y que la afección se consideraba de origen común.

También está demostrado que el demandante solicitó la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía y que personalmente y por conducto de la misma apoderada que lo representa dentro del trámite de la tutela, peticionó que se le valorara nuevamente y que se le prestaran los servicios médicos.

El Tribunal de Revisión Militar se reunió el 12 de agosto de 2009 con presencia del actor y su apoderada y, luego de valorar al paciente y de analizar las conclusiones de la junta, adoptó la decisión de ratificarlas porque evidenció que el estado del ex soldado no involucraba compromiso del componente hemodinámico, es decir, que su patología se encontraba compensada y que fue calificada por la junta en grado medio acorde al Decreto 094 de 1989 y al estadio clínico de la enfermedad.

Según se vio, conforme al artículo 22 del Decreto 1796 de 2000 la decisión del tribunal es irrevocable y obligatoria y contra ella solo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes, las cuales no fueron instauradas por el demandante en el presente caso.

Y, si bien, a través de la tutela no discute las conclusiones del tribunal, lo cierto es que pretende que se le haga una nueva valoración médica sin demostrar la existencia de lesiones o afecciones diferentes a las que le fueron diagnosticadas por las autoridades médico laborales de las Fuerzas Militares, razón por la cual no es del caso acceder a esta pretensión, como quiera que, se reitera, el artículo 19 [5] del Decreto 1796 de 2000 permite que la junta se convoque a solicitud del afectado, sin que exista limitación en el tiempo, para que se le valore nuevamente ante hechos o lesiones sobrevivientes, lo cual no ocurre en el presente caso.

No obstante, se mantendrá la decisión del tribunal que ordenó a la dirección de sanidad del Ejército que le preste los servicios médico asistenciales que el demandante requiera para la recuperación total de su salud, toda vez que las lesiones que sufre las adquirió mientras prestaba el servicio militar obligatorio.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. Por las razones consignadas en la parte motiva de esta decisión, DENIÉGASE la solicitud del actor de que se convoque una nueva junta médica laboral.

2. CONFÍRMASE la sentencia impugnada, proferida el 19 de marzo de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A dentro de la acción de tutela de Alexander Altamiranda Hoyos contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.

3. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del  Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.

(2) Sentencias de 29 de marzo de 2007, Expediente 2007-0083, C.P. Ligia López Díaz y 28 de junio de 2007, Expediente 2007-0032, C.P. Héctor Romero Díaz.