Sentencia 2010-00345 de marzo 1 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Bogotá D.C., primero de marzo de dos mil dieciocho.

Rad. 76001-23-31-000-2010-00345-01

Actor: Pricol Alimentos S.A.

Demandado: UAE DIAN

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Fallo de segunda instancia

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la UAE DIAN, parte demandada, contra la sentencia dictada el 31 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que (i) declaró la nulidad de los actos administrativos acusados; (ii) dejó en firme las declaraciones de importación identificadas con los autoadhesivos 2303001393775-1 del 8 de octubre de 2007, 2303001393852-9 del 8 de octubre de 2007, 2303001394444-1 del 10 de octubre de 2001 y 2303001394443-4 del 10 de octubre de 2007 y (iii) negó las demás pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes.

1. Demanda.

Actuando por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo —en adelante CCA—, Pricol Alimentos S.A. Liquidada —en adelante Pricol— solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución 88 238 408 6176 003 del 2 de octubre de 2009, proferida por el jefe de división de la gestión jurídica, que negó la ocurrencia del silencio administrativo positivo en favor de la demandante; de la Resolución 01 88 236 408 6177 0008 del 6 de noviembre de 2009, que confirmó lo dispuesto en la resolución anterior; de la Resolución 1-88-241-06.39-0057 del 14 de septiembre de 2009, proferida por División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, por medio de la cual se profirió la liquidación oficial de corrección a las declaraciones de importación con autoadhesivo Nº 2303001393775-1 del 8 de octubre de 2007, 2303001393852-9 del 8 de octubre de 2007, 2303001394444-1 del 10 de octubre de 2007 y 2303001394443-4 del 10 de octubre de 2007 y de la Resolución 1-00-223- 010177 del 31 de Diciembre de 2009, proferida por la subdirección de gestión de recursos jurídicos de la dirección de gestión jurídica de la DIAN, que resolvió negativamente el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución anterior.

A título de restablecimiento del derecho pidió que se declarara (i) que operó el silencio administrativo positivo en relación con la actuación administrativa identificada con el expediente número RA 2007 2008 1680; (ii) que están en firme las declaraciones de importación identificadas con los autoadhesivos Nº 2303001393775-1 del 8 de octubre de 2007, 2303001393852-9 del 8 de octubre de 2007, 2303001394444-1 del 10 de octubre de 2001 y 2303001394443-4 del 10 de octubre de 2007; (iii) que se ordene a la DIAN abstenerse de cobrar las sumas liquidadas por concepto de mayores tributos aduaneros establecidos en las liquidaciones de corrección y, (iv) que se condene a la entidad a pagar las costas y gastos del proceso.

Se estimó que el valor de esos recursos, a la fecha de la presentación de la demanda, era de $ 334.993.000 millones de pesos.

Con su demanda, Pricol manifestó que de conformidad con el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, en las actuaciones administrativas dirigidas a formular liquidaciones oficiales de corrección e imponer sanciones por infracciones aduaneras, la autoridad aduanera cuenta con un término de 45 días para decidir de fondo.

Que cuando se decreta la práctica de pruebas, el término antes mencionado empieza a correr a partir del día siguiente a aquel en que se ha dispuesto el cierre de la etapa probatoria, el que se decretó mediante auto del 13 de julio de 2009 y sostuvo que, en ese contexto, el término legal para decidir de fondo empezó a correr el 14 de julio de 2009 y venció el 17 de septiembre del mismo año, fecha en la cual no había recibido ninguna respuesta de fondo, incumplimiento que origina la configuración del silencio administrativo positivo.

Indicó que durante más de cuarenta años Quaker S.A. —hoy Pricol Alimentos S.A.— importó la avena en grano estabilizada con su pericarpio entero en la subpartida 10.04, en atención a que la DIAN nunca controvirtió la referida posición arancelaria.

Narró que en agosto de 2007, la Administración de Aduanas de Cali cuestionó la partida arancelaria antes mencionada y afirmó que a la avena pelada estabilizada le correspondía la posición 19.04. del arancel de aduanas.

Sostuvo que en el mes de octubre del año 2007, Agecoldex, declarante autorizado, presentó a nombre de Pricol, las declaraciones de importación Nº 2303001393775-1, 2303001393852-9, 2303001394444-1 y 2303001394443-4, mediante las cuales introdujo al territorio nacional “avena en grano”, declarándola en la partida arancelaria 10.04.

Indicó que a raíz de la controversia que se generó en torno a la clasificación arancelaria del producto, en noviembre del mismo año 2007, Pricol solicitó a la subdirección técnica arancelaria que expidiera una clasificación arancelaria de la avena en grano pelada estabilizada. Adujo que el 20 de diciembre de 2007, la dependencia anotada profirió la Resolución 15761, por medio de la cual clasificó el producto en mención en la partida arancelaria 10.04.

Dijo que el 15 de enero de 2008, la misma subdirección expidió la Resolución 377 en la que reiteró la partida arancelaria 10.04 para la avena pelada estabilizada. Que, posteriormente, el 12 de agosto de la misma anualidad, mediante la Resolución 7409, la subdirección técnica aduanera clasificó la avena pelada estabilizada en la subpartida arancelaria 19.04.

Manifestó que, con fundamento en la Resolución 7409, la Dirección Seccional de Aduanas de Cali expidió el requerimiento especial aduanero Nº 18823841920090434022 del 27 de febrero de 2009, por medio del que propuso corregir las declaraciones de importación Nº 2303001393775-1, 2303001393852-9, 2303001394444-1 y 2303001394443-4, en las que la avena pelada estabilizada se había clasificado en la subpartida 10.04, porque consideró que la subpartida arancelaria declarada, 1004.00.90.00 no correspondía al bien importado, pues la correcta era la 1904.90.00.00.

Sostuvo que respondió el requerimiento especial, oportunidad en la que manifestó su desacuerdo con la glosa propuesta. Que, no obstante, el 14 de septiembre de 2009, la división de gestión de liquidación expidió la Resolución 1-88-241-06.39-0057, por medio de la cual profirió liquidación oficial de corrección en la forma propuesta en el requerimiento especial aduanero.

Contra la anterior decisión, la actora interpuso recurso de reconsideración, que fue resuelto el 31 de diciembre de la misma anualidad con la Resolución 1-00-223-10177 de la subdirección de gestión de recursos jurídicos de la dirección de gestión jurídica de la DIAN, que confirmó la resolución impugnada.

Como desarrollo del concepto de la violación de la demanda, la parte actora explicó que, a su juicio, los actos acusados violaron los artículos 4, 11, 29, 83, 209 y 363 de la Constitución Política; 3, 34 y 35 del CCA; 131, 236, 509, 512 y 519 del Decreto 2685 de 1999 y el Decreto 4589 de 2006 (arancel de aduanas).

Dijo que la DIAN vulneró el principio constitucional de irretroactividad de las normas tributarias, al aplicar la Resolución de Clasificación Arancelaria 7409 del 12 de agosto de 2008 a importaciones realizadas en el año 2007; que, al hacerlo, también violó el principio constitucional de respeto al acto propio y de seguridad jurídica y quebrantó los principios de la buena fe y la confianza legítima.

Precisó que son tres los precedentes emanados de la división de arancel de la DIAN, en los que se estableció como subpartida arancelaria la 10.04.90.00.00, actos administrativos producidos por la autoridad aduanera; que, en consecuencia, no podía desconocer sus propios actos para aplicar retroactivamente una resolución posterior.

Que la partida 19.04 no se refiere a la avena estabilizada mediante tratamiento térmico, sino a productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado como las hojuelas o copos de maíz; cereales, excepto el maíz en grano o en forma de copos u otro grano trabajado, excepto la harina y grañones y sémola, precocidos, o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra partida.

Que se infiere que la DIAN confunde el término técnico de “estabilización” con el de “cocción”, pues si bien ambos procesos se originan en procesos térmicos, no son iguales.

Agregó que la estabilización o secado es un proceso por medio del cual se busca desactivar o inactivar las enzimas contenidas en la avena en grano (lipasa, lipoxigenasa y peroxidasa), con el propósito de evitar que el grano y los nutrientes se enrancien o se descompongan, y esto se obtiene a través del tratamiento térmico de vaporización, a una temperatura mínima de 105°C sobre la avena en grano descascarada, que es precisamente el proceso que se aplica para el caso de la avena objeto de investigación.

Que el proceso de estabilización lo realiza directamente el proveedor en el exterior, antes de que la materia prima sea importada a Colombia, y no tiene como efecto o resultado hacer digestible el producto o prepararlo para consumo humano, pues la avena en grano sigue estando cruda, lo que sí ocurre con el proceso de cocimiento.

Expresó que la razón por la cual la partida 19.04 paga un arancel del 20% es para proteger el bien final, y mal podría la autoridad aduanera reclasificar la materia prima en la posición de un producto terminado.

Explicó que las Resoluciones 10898 del 19 de septiembre de 1984, 15761 del 20 de diciembre de 2007 y 0377 del 15 de enero de 2008, vigentes al momento que el producto fue importado por Pricol y declarado por la Agecoldex S.A., clasificaron la avena en grano con pericarpio entero, en la partida arancelaria 10.04.00.90.00.

Señaló que el producto importado por Pricol, avena en grano pelado, también lo importó la sociedad Alimentos Polar; que ambas empresas pertenecen al mismo grupo económico y tienen en común los proveedores. Que la DIAN inició investigación a esta última y, posteriormente, la archivó.

Que lo anterior viola el principio de unicidad de criterios que debe imperar en la administración aduanera y el derecho a la igualdad y que, en consecuencia, existe incongruencia en los actos administrativos demandados, teniendo en cuenta que archivó tres procesos iniciados a la sociedad Alimentos Polar, que importó el mismo producto, bajo la misma partida arancelaria y, en cambio, practicó liquidación oficial de corrección a Pricol y Agecoldex.

2. Admisión de la demanda.

Mediante auto de 18 de junio de 2010 fue admitida la demanda, y se ordenaron las notificaciones respectivas. (Fls. 308 y 309, cdno. ppal. Nº 1).

3. Contestación de la UAE DIAN.

La UAE DIAN no respondió a la demanda interpuesta en su contra.

4. Trámite del proceso en primera instancia.

4.1. Providencias relevantes dictadas con posterioridad a la admisión de la demanda.

Mediante auto del 1° de abril de 2011 se decretaron las pruebas solicitadas por la parte demandante (Fl. 328, cdno. ppal. Nº 1)

A través de providencia de 2 de septiembre de 2011, precluida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (Fl. 339, cdno. Ppal. Nº 1).

4.2. Alegatos de conclusión en primera instancia.

La demandante insistió en los argumentos expuestos en la demanda.

La DIAN presentó alegatos en la oportunidad. Se opuso a la demanda y pidió que se denegara la pretensión de nulidad.

Agecoldex S.A., en calidad de intermediadora aduanera de Pricol, coadyuvó las pretensiones de la demanda y pidió que se declarara la nulidad de los actos acusados.

5. Sentencia recurrida.

Mediante sentencia del 31 de mayo de 2012 (Fls. 612 a 632, cdno. ppal. 1), el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca anuló los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, declaró en firme las declaraciones de importación 2303001393775-1 del 8 de octubre, 2303001393852-9 del 8 de octubre, 2303001394444-1 del 10 de octubre y 2303001394443-4 del 10 de octubre, todas del año 2007.

Las razones esgrimidas en la decisión son las siguientes:

En primer lugar, adujo que no se configuró el silencio positivo solicitado por la demandante, toda vez que los 45 días con que contaba la DIAN para cerrar la etapa probatoria transcurrieron desde el 14 de julio de 2009 hasta el 17 de septiembre del mismo año. Que, por su parte, la liquidación oficial de corrección aparece fechada el 14 de septiembre del mismo año, razón por la que sí fue expedida en tiempo.

Después de plantear el problema jurídico y de hacer una reseña de los antecedentes administrativos, el a-quo precisó que no resulta acertado que la DIAN, en la liquidación oficial, haya aplicado la Resolución 7409 del 12 de agosto de 2008, que disponía que el producto “avena en grano pelada y estabilizada” debía clasificarse por la subpartida arancelaria 19.04 y no por la 10.04, ya que la misma resolución dispuso, en su artículo 5º, que regía a partir de la fecha de su publicación, lo que ocurrió el 12 de agosto de 2008, fecha que resulta posterior a la presentación de las declaraciones, todas del año 2007.

Que, así las cosas, la entidad demandada violó el principio de irretroactividad de la ley tributaria, en tanto, en los actos administrativos demandados, aplicó en forma retroactiva las Resoluciones 7409 y 7498 de 2008, por lo que no es procedente desconocer la posición arancelaria que la sociedad actora asignó a la gramínea en las declaraciones de importación presentadas en septiembre de 2007, anteriores a la vigencia de la resolución citada.

Finalmente, sostuvo que no se configuraron los presupuestos para imponer la condena en costas, pedida con la demanda.

6. Recurso de apelación.

La DIAN, inconforme con la decisión de primera instancia, interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar la sentencia impugnada para, en su lugar, no acceder las súplicas de la demanda.

Manifestó que en el presente caso no hubo aplicación retroactiva de la norma aduanera, pues es lógico que sus efectos rigen hacia el futuro. Que, además, la subdirección técnica aduanera no ha impuesto tributos, pues simplemente se limitó al estudio y análisis juicioso de las mercancías importadas, para confirmar si las mismas se ajustan o no a las exigencias técnicas de la nomenclatura arancelaria internacional o NANDINA.

Indicó que la DIAN es la entidad llamada a clasificar arancelariamente las mercancías, con fundamento en el Decreto 4341 de 2004, que adoptó el Arancel de Aduanas y que regía para la época de las importaciones. Que, por lo tanto, el a-quo no puede afirmar, para declarar la nulidad de los actos administrativos, que el soporte de los mismos son las Resoluciones 7409 y 7498 de 2008.

Precisó que la resolución de clasificación, emitida en 1984, clasificó en la partida 1004.00.90.00 una mercancía en condiciones físico-químicas muy diferentes a las de la mercancía declarada y objeto del presente litigio.

Manifestó que en el caso de las Resoluciones 15761 del 20 de septiembre de 20087 y 377 del 15 de enero de 2008, mediante las que la subdirección indicó erróneamente que la mercancía se clasificaba por la subpartida 1004.00.90.00 no serían desconocidas por la entidad.

Que, por lo anterior, no se han vulnerado las normas ni los principios invocados como violados, pues la entidad no ha desconocido los derechos de los administrados, pues las declaraciones objeto de revisión fueron presentadas en octubre de 2007 y los actos administrativos proferidos por la entidad, que indicaban erróneamente la subpartida declarada por el importador, que corresponden al 20 de diciembre de 2007 y al 15 de enero de 2008, no están siendo objeto de propuesta de corrección, sino que corresponden a declaraciones de importación realizadas antes del nacimiento a la vida jurídica de esos actos.

Finalmente, dijo que tampoco se atentó contra la seguridad jurídica, por cuanto el Estatuto Aduanero, en el artículo 470, otorga amplias facultades a la administración aduanera para revisar las declaraciones de importación presentadas.

7. Trámite en segunda instancia.

El recurso propuesto fue admitido el 18 de noviembre de 2013 (Fl. 4, cdno. ppal. Nº 4).

8. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

Dentro del lapso concedido para alegar se presentaron las siguientes manifestaciones:

8.1. Agecoldex S.A.

Por medio de apoderada judicial, y mediante escrito del 1º de agosto de 2013, la sociedad de intermediación aduanera reiteró en su integridad los argumentos expuestos en el escrito de alegatos presentado ante el juez de primera instancia, mediante el que coadyuvó la pretensión de Pricol S.A.

Por consiguiente, solicitó que se confirmara la decisión objeto de apelación, que declaró la nulidad de los actos administrativos acusados (Fls. 8 a 18, cdno. ppal. 2).

8.2. Pricol S.A.

La demandante, mediante apoderado judicial y en escrito radicado el 15 de agosto de 2013 (Fls. 19 a 25, cdno. ppal. 2), solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia.

Insistió en que la DIAN aplicó retroactivamente lo dispuesto en la Resolución 7409 del 12 de agosto de 2008, actuación que vulnera el principio de irretroactividad del tributo.

Adicionalmente, presentó un listado de procesos adelantados en casos idénticos al que ahora se estudia, en los que se adoptó decisión favorable a las pretensiones de la demanda (fl. 24, cdno. ppal. 2).

8.3. UAE DIAN.

Con escrito radicado el 21 de agosto de 2013, a través de apoderado judicial, la citada entidad alegó de conclusión y solicitó que la sentencia de primera instancia fuera revocada. Para el efecto, reiteró en su totalidad los argumentos expuestos en el escrito de apelación. (Fls. 26 a 29, cdno. ppal. 2).

9. Concepto del agente del Ministerio Público en segunda instancia.

En esta instancia no hubo intervención del Ministerio Público.

II. Consideraciones.

1. Competencia.

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 31 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en los términos del artículo 129 del CCA, en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las secciones primera y quinta de esta corporación.

2. Actos demandados.

Son: (i) la Resolución 1-88-241-06.39-0057 del 14 de septiembre de 2009, proferida por división de gestión de liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, por medio de la cual se profirió la liquidación oficial de corrección a las declaraciones de importación con autoadhesivo Nº 2303001393775-1 del 8 de octubre de 2007, 2303001393852-9 del 8 de octubre de 2007, 2303001394444-1 del 10 de octubre de 2001 y 2303001394443-4 del 10 de octubre de 2007 y (ii) la Resolución 1-00-223-010177 del 31 de diciembre de 2009, proferida por la subdirección de gestión de recursos jurídicos de la dirección de gestión jurídica de la DIAN, que resolvió negativamente el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución anterior.

3. Problema jurídico.

Conforme a lo expuesto y en los términos del recurso de apelación corresponde a la Sala establecer si debe modificar, confirmar o revocar la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Caso concreto.

Vista la apelación, en concreto, la Sala debería definir si, como lo afirma la actora, la “avena en grano pelada y estabilizada” se clasificaba arancelariamente, en el año 2007, en la subpartida arancelaria 10.04.00.90, que genera un arancel del 5% y un impuesto sobre las ventas del 10%, o bajo la partida 19.04, como lo estimó la DIAN, con un arancel del 20% y un impuesto a las ventas del 16%.

Así mismo, la Sala debería determinar si la DIAN aplicó retroactivamente las normas aduaneras y si el acto administrativo de clasificación arancelaria en el que la DIAN fundó la reclasificación estaba vigente para la fecha de presentación de las declaraciones de importación.

En este punto, la Sala considera oportuno precisar que si bien, en esta demanda, Pricol Alimentos S.A. pidió que se declarara la nulidad de la Resolución 88 238 408 6176 003 del 2 de octubre de 2009, por medio del cual la DIAN negó la ocurrencia del silencio positivo en favor de la demandante, y de su confirmatoria, la Resolución 01 88 236 408 6177 del 6 de noviembre de 2009, lo cierto es que el tribunal, en la primera instancia, sostuvo que el silencio positivo no se configuró y ese aspecto no fue materia de recurso por ninguna de las partes, razón por la que esta instancia se abstiene de hacer pronunciamientos al respecto, pues la competencia del superior está limitada en los términos del artículo 357 del CPC.

Por ello, la Sala solo tiene competencia para pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución 1-88-241-06.39-0057 del 14 de septiembre de 2009, y de su confirmatoria, la Resolución 1- 00-223-010177 del 31 de diciembre de 2009, que reclasificaron arancelariamente la avena en grano pelada estabilizada, actos administrativos que, como se dijo, ya fueron anulados en reciente sentencia del 22 de febrero de 2018, radicado 76001-23-31- 000-2010-00524-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro, actor Agecoldex S.A. contra la DIAN.

En este sentido, la Sala pone de relieve que, a través de la sentencia de 22 de febrero de 2018, esta misma sección, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-31-000-2010-00524-01, C.P. doctor Alberto Yepes Barreiro, estudió las pretensiones de la demanda instaurada por la agencia de intermediación aduanera Agecoldex S.A. (en su calidad de agencia aduanera de Pricol S.A., parte actora en el sub judice) y, en efecto, declaró la nulidad de los mismos actos cuya nulidad se pretende en esta oportunidad, esto es, de las Resoluciones 1-88-241-06.39- 0057 del 14 de septiembre de 2009 y 1-00-223-010177 del 31 de diciembre de 2009.

Para acceder a aquella nulidad, con inocultable incidencia judicial en el sub lite, la Sección consideró que la DIAN, de forma irregular, aplicó retroactivamente la Resolución 7409 del 12 de agosto de 2008, mediante la cual la subdirección técnica aduanera clasificó en la subpartida arancelaria 19.04.90.00.00 la avena en grano entero, pelada y estabilizada, a las declaraciones de importación identificadas con los autoadhesivos Nº 2303001393775-1 del 8 de octubre de 2007, 2303001393852-9 del 8 de octubre de 2007, 2303001394444-1 del 10 de octubre de 2001 y 2303001394443-4 del 10 de octubre de 2007, presentadas con anterioridad a la vigencia de dicha resolución.

Explicó, por tanto, que la partida arancelaria que la agencia de aduanas Agecoldex S.A. S.I.A., en representación de Pricol S.A. (parte actora en el sub judice), empleó para clasificar la avena en grano, pelada y estabilizada, registrada en las declaraciones de importación cuestionadas, esto es, la 10.04.89.09.00, se ajustó al oficio 10898 del 19 de septiembre de 1984, acto de obligatorio cumplimiento y vigente para la fecha de presentación de las declaraciones, sin que le fuese oponible, por razones de irretroactividad tributaria en materia aduanera, el mencionado acto posterior de reclasificación arancelaria de dicha mercancía(1).

En consecuencia, la Sala declaró la nulidad de los actos acusados (los mismos, se insiste, que son objeto de discusión en esta oportunidad) dejando en firme tales declaraciones, por tratarse de un restablecimiento del derecho automático, connatural e inescindible de la respectiva anulación.

Así las cosas, ante la evidente nulidad que les sobrevino a las Resoluciones 1-88-241-06.39-0057 del 14 de septiembre de 2009 y 1-00-223-010177 del 31 de diciembre de 2009, proferidas por la DIAN, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho referido, cuya nulidad es igualmente deprecada en el presente proceso, la Sala considera que, en esta oportunidad, se debe confirmar la decisión impugnada de 31 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pero por las mismas razones expuestas en la citada decisión de esta Sección del 22 de febrero de 2018, las que aquí se prohíjan en su integridad, y en el mismo sentido, confirmar el consecuente restablecimiento del derecho subyacente a dicha anulación, esto es, dejar en firme las pluricitadas declaraciones en lo que a ellas le concierne al actor Pricol Alimentos S.A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

III. FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 31 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

2. RECONÓCESE personería al abogado Pablo Nelson Rodríguez Silva para actuar como apoderado de la DIAN, en los términos del poder conferido en el folio 142 del cdno. ppal. 2.

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Rocío Araújo Oñate, presidente.

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro, consejeros.

(1) Sobre el particular, la Sección Cuarta, ya ha determinado en reiteradas ocasiones lo siguiente: “[…] De los hechos narrados, relevantes para decidir el caso, se advierte que tanto en el Oficio 10898 del 19 de septiembre de 1984, como en las Resoluciones 15761 del 20 de diciembre de 2007 y 00377 del 15 de enero de 2008, la DIAN clasificó arancelariamente a la avena en grano entero, pelada y estabilizada en la subpartida 10.04.00.90.00, que corresponde a la misma declarada por la actora para los bienes cuyas declaraciones de importación ahora se cuestionan.
En efecto, la agencia demandante fundó las declaraciones de importación presentadas en el mes de octubre de 2007 en la clasificación arancelaria plasmada por la división de arancel de la subdirección técnica aduanera de la DIAN en el Oficio 10898 del 19 de septiembre de 1984, acto de obligatorio cumplimiento, que se encontraba vigente para la fecha de presentación de las declaraciones, y en el que se estableció que la subpartida 10.04.89.09.00. era la correspondiente a la avena en grano, pelada y estabilizada.
El oficio 10898 del 19 de septiembre de 1984 es un acto de clasificación arancelaria que crea situaciones jurídicas generales y abstractas, pero cuya aplicación conlleva a la subsunción en situaciones jurídicas particulares que se derivan en el pago de los tributos aduaneros correspondientes a la subpartida declarada. Así lo sostuvo la sección cuarta de esta corporación, cuando dijo:
“(…) las resoluciones de clasificación arancelaria de bienes crean situaciones jurídicas de carácter general y abstracto, pues tienen como fin especificar la subpartida arancelaria de la nomenclatura del sistema integrado en la que clasifican las mercancías objeto de comercio exterior, clasificación a la que están sujetos todos los usuarios que realicen operaciones de comercio exterior. (…)”.
Es por esa razón que la Sala considera que la DIAN no puede desconocer que el importador presentó las declaraciones de importación al amparo del oficio aludido, ni tampoco puede exigirle, ahora, que clasifique la mercancía por una subpartida arancelaria diferente a la determinada en el mentado oficio.
Además, la Sala recuerda que para tomar la decisión administrativa contenida en el oficio 10898, la DIAN utilizó las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura arancelaria, analizó los documentos y las muestras presentadas por la demandante con la solicitud de clasificación y realizó una visita a la planta de la empresa.
En ese orden, si bien la Resolución 7409 del 12 de agosto de 2008 , por la cual la subdirección técnica aduanera clasificó en la subpartida arancelaria 19.04.90.00.00 la avena en grano entero, pelada y estabilizada, revocó la Resolución 377 de enero de 2008, que había dicho lo mismo que en el oficio 10898 del 19 de septiembre de 1984, debe tenerse en cuenta que fue expedida con posterioridad a las declaraciones de importación presentadas por la Agencia de Aduanas Agecoldex S.A. SIA, como declarante autorizado (2007). Por lo tanto, esa Resolución 7409 del 12 de agosto de 2008 no puede ser aplicada al caso concreto.
Asimismo, como lo dijo la Sala en las sentencias que ahora se reiteran, a pesar de que las Resoluciones 15761 de 2007 y 377 de 2008 fueron revocadas por la Resolución 7498 del 14 de agosto de 2008 y por la Resolución 7409 del 12 de agosto de 2008, respectivamente, estas últimas rigen a partir de su publicación y, por tanto, se aplican para la nacionalización de productos efectuada con posterioridad a la mencionada publicación.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el recurso de apelación interpuesto por la DIAN no tiene vocación de prosperidad, y, en consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, que anuló los actos administrativos demandados […]”. Consejo de Estado Exp. 18511 del 23 de mayo de 2013, C.P. Martha Teresa Briceño De Valencia.