SENTENCIA 2010-00346/46643 DE MAYO 10 DE 2017

 

Sentencia 2010-00346/46643 de mayo 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dr. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 17001-23-31-000-2010-00346-01(46643)

Actor: María Eugenia Ríos Román y Otros

Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de Reparación Directa

Bogotá D.C., diez mayo de dos mil diecisiete

Extractos: «II. Consideraciones.

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación de la libertad; 2) competencia de la Sala; 3) alcance de la apelación; 4) ejercicio oportuno de la acción; 5) régimen de responsabilidad aplicable; 6) caso concreto; 7) indemnización de perjuicios y 8) procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el sub lite, el debate versa sobre la privación de la libertad a la que, según lo sostenido en la demanda, se sometió a los señores María Eugenia Ríos Román, Darío Antonio Ríos Arias, Carmen Tulia Román Marín, Paula Andrea Ríos Román y José Álvaro Ríos Román, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, para lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la Corporación(17), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1º de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(18).

3. Alcance de la apelación.

El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala que “cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló se hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”, expresión que, so pena de desconocer los principios de congruencia, y de contradicción, e incluso de pretermitir una instancia, no puede entenderse como una habilitación plena para que el ad quem defina el asunto sin sujeción a lo dicho por el a quo o a los argumentos invocados por quienes apelan, sino como una circunstancia ante la cual no resulta aplicable la garantía constitucional a la que se refiere la primera parte de la norma, la de non reformatio in pejus, en virtud de la cual en la segunda instancia no se puede agravar la situación del apelante único, en cuanto se debe entender que el recurso por él interpuesto versa solo sobre los puntos que le resultaron desfavorables.

En efecto, la Sala, mediante providencia del 9 de febrero de 2012, unificó su jurisprudencia en relación con la competencia del juez de segunda instancia, en el entendido de precisar que esta se encuentra limitada por las referencias conceptuales y argumentativas aducidas por los apelantes en contra de la decisión adoptada en primera instancia, sin perjuicio de las circunstancias susceptibles de ser declaradas de manera oficiosa(19).

Pues bien, como las facultades de la Sala para pronunciarse en este asunto, por las razones que se acaban de precisar, no es plena, sino que está sujeta a los argumentos de inconformidad invocados por los apelantes y los puntos que aquellos cuestionaron, la Subsección en esta oportunidad se ocupará de los siguientes aspectos:

i) El régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto.

ii) El monto de la indemnización por concepto de perjuicios morales.

iii) La procedencia del reconocimiento de la indemnización pedida por el tiempo que la señora María Eugenia Ríos Román tardó en reintegrarse al mercado laboral.

Conviene aclarar que la Subsección solo se pronunciará respecto de la privación de la libertad de la señora María Eugenia Ríos Román, toda vez que no se apeló la decisión denegatoria adoptada respecto a la situación de los otros demandantes, sin perjuicios del análisis oficioso que procede respecto de la caducidad.

4. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(20).

En el presente caso, se pretende la indemnización de los perjuicios causados con las decisiones a través de las cuales se restringió el derecho a la libertad de los señores María Eugenia Ríos Román, Darío Antonio Ríos Arias, Carmen Tulia Román Marín, Paula Andrea Ríos Román y José Álvaro Ríos Román, por tal razón, el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará a partir de la regla expuesta.

Al respecto, conviene aclarar que las pretensiones planteadas provienen de causas diferentes, pues si bien, en principio, se adelantó una sola actuación penal respecto de todos los demandantes, no es menos cierto que, por resolución del 19 de julio de 2005, la Fiscalía General de la Nación generó la ruptura de la unidad procesal, en los términos previstos en el artículo 92 de la Ley 600 del 2000.

Lo anterior, en cuanto formuló la acusación pertinente, pero solo respecto de la señora María Eugenia Ríos Román y, de manera consecuente, guardó silencio en relación con los demás demandantes, para, en su lugar, continuar con una actuación independiente.

En efecto, a través de decisión del 13 de marzo de 2009, la Fiscalía 15 Especializada de Bogotá pecluyó(sic) la investigación adelantada en contra de los señores Darío Antonio Ríos Arias, Carmen Tulia Román Marín, Paula Andrea Ríos Román y José Álvaro Ríos Román, entre otras personas, por el delito de testaferrato.

Por su parte, mediante Sentencia del 2 de noviembre de 2006, el Juzgado 2º Penal Especializado del Circuito de Manizales absolvió a la señora María Eugenia Ríos Román de los cargos imputados por el delito de enriquecimiento ilícito, decisión en contra de la cual la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado por el Tribunal Superior de Manizales, a través de providencia del 5 de mayo de 2009, cuya ejecutoria ocurrió el 15 de mayo de 2009, según la constancia obrante a folio 72 del cuaderno 1.

De este modo, los términos para demandar empezaron a correr, en el primer evento, el 14 de marzo de 2009 y, en el segundo, el 16 de mayo de 2009, empero, se suspendieron durante el período comprendido entre el 4 de agosto de 2010(21) y el 14 de septiembre de 2010(22), en virtud del trámite de conciliación extrajudicial promovido por la parte demandante.

Ahora, como la demanda se presentó el 15 de septiembre de 2010, fuerza concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad, es decir, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de las providencias por medio de las cuales se definió la situación jurídica de cada uno de los demandados, en virtud de las decisiones de preclusión y absolución que se dictaron en cada caso.

5. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de Jurisprudencia.

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

De manera general la Jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso se deberá aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.

Por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva(23).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante Sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

6. Caso concreto.

6.1. En el presente asunto, se encuentran probados los siguientes hechos:

6.1.1. El 13 de noviembre de 2002, la Fiscalía General de la Nación inició investigación penal, con el fin de determinar si los señores Gilmer Humberto Quintero Arias y Julio César Corrales Arias invirtieron dinero proveniente del narcotráfico en el municipio de Manizales, a través de operaciones comerciales adelantadas tanto en el sector inmobiliario como en el de transporte público de personas, en concreto en la cooperativa Unitrans.

Para lo anterior, los implicados, supuestamente, involucraron a sus amigos, parientes, compañeras permanentes y cuñados(24).

6.1.2. Una vez adelantadas las averiguaciones pertinentes, el ente acusador, mediante decisión del 27 de marzo de 2003, dio apertura formal a la instrucción, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares y, de manera consecuente, ordenó la captura, para efectos de indagatoria de los ahora demandantes y de las demás personas que, según los diferentes informes de inteligencia, tenían alguna relación con los hechos objeto de la actuación(25).

6.1.3. Mediante providencia del 20 de febrero de 2004, se ordenó la cancelación de las órdenes de captura libradas respecto de los señores María Eugenia Ríos Román, Darío Antonio Ríos Arias, Carmen Tulia Román Marín, Paula Andrea Ríos Román y José Álvaro Ríos Román, en cuanto de manera voluntaria solicitaron que se les escuchara en diligencia de indagatoria(26).

6.1.4. A través de decisión del 10 de noviembre de 2004, se definió la situación jurídica de los señores María Eugenia Ríos Román, Darío Antonio Ríos Arias, Carmen Tulia Román Marín, Paula Andrea Ríos Román y José Álvaro Ríos Román, entre otros, a quienes se les endilgó el delito de testaferrato.

Para lo anterior, la ahora demandada se abstuvo de ordenar la detención preventiva de los señores Darío Antonio Ríos Arias, Carmen Tulia Román Marín, Paula Andrea Ríos Román y José Álvaro Ríos Román, porque si bien se reunían los presupuestos para imponerles medida de aseguramiento, no era menos cierto que no resultaba necesaria una decisión en tal sentido, en cuanto su comportamiento en los ámbitos personal, familiar, laboral y social permitía inferir que comparecerían al proceso, no serían un peligro para la sociedad y no obstruirían la actividad probatoria o las labores de investigación.

De este modo, se les impuso la obligación de suscribir una diligencia de compromiso, según lo previsto en el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal(27).

Además, le impuso a la señora María Eugenia Ríos Román medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, toda vez que en el plenario existían elementos probatorios de los cuales era susceptible deducir su responsabilidad en la comisión del delito de testaferrato. Sobre este punto, el ente acusador sostuvo:

“Las explicaciones del señor Corrales Álvarez, desde el principio tienen, por lo menos, una contradicción, con relación a la adquisición (…) [de] las busetas de servicio público (…).

El patrimonio de la señora Ríos Román está en cierta medida atado a los aportes de su esposo. Ella manifiesta que una de las busetas se la regaló el señor Corrales Álvarez. El origen del dinero de la señora Ríos Román no está bien claro o, por lo menos, no está justificado. Es inverosímil creer que una persona laboró hasta el año 2000 en empresas del Estado y privadas, devengando un sueldo modesto, haya acrecentado un capital bastante considerable.

“(…).

“La existencia de las evidencias antes citadas son comprometedoras y suficientes para demostrar la materialidad que se le endilga al señor Julio César Corrales. Respecto de la señora María Eugenia Ríos Román nos encontramos de una conducta de ‘testaferrato’, por cuanto no da una explicación satisfactoria sobre la adquisición de las busetas no es creíble su versión que el negocio es fruto de su actividad laboral. En una de ellas admite que se la regaló su esposo. Por lo anterior, se puede inferir que prestó su nombre para suplantar la verdad que ha venido señalando” (se resalta)(28).

6.1.5. El 22 de noviembre de 2004, en virtud de su entrega voluntaria a la justicia, se recluyó a la señora María Eugenia Ríos Román en la cárcel de mujeres de Manizales(29).

6.1.6. El 17 de diciembre de 2004, el Fiscal 17 Especializado de Bogotá ordenó la libertad provisional de la señora María Eugenia Ríos Román, en cuanto consideró que los fines constitucionales de la medida de aseguramiento se podían garantizar sin la privación efectiva de su libertad, pues de su comportamiento era posible inferir que acataría las órdenes de la justicia penal, pues, por ejemplo, se puso a disposición del INPEC, para efectos de hacer efectiva su captura.

La materialización de la anterior decisión se condicionó a la suscripción de una diligencia de compromiso, en los términos previstos por el antes citado artículo 368 del Código de Procedimiento Penal(30).

La señora Ríos Román recuperó la libertad el mismo 17 de diciembre de 2004(31).

6.1.7. El 19 de julio de 2005, la Fiscalía 17 Especializada de Lavado de Activos calificó el mérito del sumario seguido en contra de la señora María Eugenia Ríos Román, en el sentido de precisar que la conducta que se le endilgaba no era constitutiva del delito de testaferrato, sino del de enriquecimiento ilícito de particulares, en cuanto las pruebas obrantes en el plenario permitían inferir que su patrimonio resultó incrementado con ocasión de las relaciones que su esposo tenía con un primo en contra del cual la entidad demandada formuló acusación por el referido delito.

La entidad ordenó, por segunda vez, la captura de la señora María Eugenia Ríos Román(32).

6.1.8. El 11 de agosto de 2005, la señora María Eugenia Ríos Román reingresó a la cárcel de mujeres de Manizales.

6.1.9. Mediante providencia del 12 de agosto de 2005, se revocó la medida de aseguramiento impuesta a la señora Ríos Román, en tanto su comportamiento durante la investigación permitía inferir que comparecería ante las autoridades penales en las oportunidades en las que fuera requerida; además, se tuvo en cuenta su condición de madre soltera de un menor de 3 años.

Para lo anterior, se ordenó su libertad inmediata, condicionada a la suscripción de una diligencia de compromiso, en la forma prevista por el artículo 368 de la Ley 600 del 2000(33).

6.1.10. El 17 de agosto de 2005, la ahora demandante recuperó su libertad(34).

6.1.11. El 2 de noviembre de 2006, el Juzgado 2º Penal Especializado del Circuito de Manizales absolvió a la señora María Eugenia Ríos Román de los cargos imputados por el delito de enriquecimiento ilícito.

Lo expuesto, en cuanto no se probó la configuración de la conducta endilgada, en tanto la Fiscalía General de la Nación no demostró que al aumento de su patrimonio se hubiera presentado de manera injustificada y que ello tuviera como origen una actividad ilícita. Al respecto, se sostuvo:

“El punible de enriquecimiento ilícito es una conducta punitiva a la cual se refiere, expresamente, el inciso 2º del artículo 34 de la Carta Política (…). El artículo 327 del Código de las Penas plasma la tipificación legal de ese delito (…).

“Ese delito condiciona su punibilidad no sólo a que esta sea ‘no justificado’, sino que, además, provenga de ‘actividades ilícitas’.

“En relación con la expresión ‘no justificado’ debe tenerse en cuenta que su operancia no conduce de manera alguna a una invención de la carga de la prueba, pues es al Estado a quien corresponde en última instancia probar el hecho típico, antijurídico y culpable (…).

“Corresponde, en consecuencia, entrar a determinar (…) si se dan todos y cada uno de los elementos que estructuran el delito (…).

“[L]a Fiscalía allegó prueba que directamente involucró a Julio César y María Eugenia (…), que consiste (…) en que el balance patrimonial del señor Corrales del año de 1993, con respecto a los períodos que van desde 1994 hasta el año 2002, adolece de justificación por la actividad desempeñada por los años anteriores (…), toda vez que para la época inicial (…) sus ingresos provenían de una baja remuneración, lo cual infiere el representante del ente acusador del estudio contable presentado por un perito del DAS. De igual manera, [se manifiesta] en lo que respecta a la señora Ríos Román, pero debiéndose hacer salvedad que en lo que atañe a la susodicha dama, la perito en el análisis de sus conclusiones no determinó si se presentaron incrementos sin justificar y no se efectuó comparación patrimonial.

“(…).

“[C]uando el patrimonio de un ciudadano no encuentra resguardo en las actividades permitidas por el ordenamiento legal, según los estudios contables realizados, (…) no implica que se haya enriquecido ilícitamente, puesto que el peritazgo, per se, no tiene por sí solo la vocación de demostrar de manera absoluta que el dinero que representa el capital de los acusados (…) proviene de actividades delictivas, sino que también pudo originarse en infracciones al régimen tributario colombiano (…); de ahí la importancia que en este tipo de investigaciones la Fiscalía no concentre su actuar probatorio en el solo (…) estudio contable, puesto que fuera de ello debe realizar un acopio probatorio que lleve a la certeza del origen ilícito de los patrimonios (…).

“(…) [Indicó la Fiscalía] (…) que se avizoraban indicios graves en contra de los sentenciados, pero sin señalar (…) cuál era el hecho indicador y las circunstancias o momentos que lo integraban (…).

“(…).

“[P]ara poder imputar el enriquecimiento (…) se debe demostrar el origen de un incremento patrimonial no licito, que en la mayoría de los eventos surge de la comparación del patrimonio de la persona en dos instantes separados, sirviendo para ello en la mayoría de los eventos la declaración de renta y los dictámenes contables, por ser estas pruebas directas sobre la procedencia de los ingresos y egresos de un individuo (…).

“Ello porque el aumento patrimonial no justificado no se presume legalmente, ya que este tiene que ser derivado en una u otra forma de actividades delictivas (…), las expresiones ‘no justificado’ y ‘actividades delictivas’ corresponden a ingrediente normativos especiales de esa conducta patrimonial (…), que es lo que se echa de menos probatoriamente hablando, ya que el Estado colombiano no pudo demostrar ninguno de dichos ingredientes normativos del punible de enriquecimiento ilícito en este caso concreto, lo que implica que la acción imputada a los acusados deviene en atípica (…)” (se resalta)(35).

6.1.12. La Fiscalía General de la Nación apeló el fallo de primera instancia.

6.1.13. Mediante decisión del 13 de marzo de 2009, la Fiscalía 15 Especializada de Bogotá pecluyó(sic) la investigación adelantada en contra de los señores Darío Antonio Ríos Arias, Carmen Tulia Román Marín, Paula Andrea Ríos Román y José Álvaro Ríos Román, entre otras personas, por el delito de testaferrato.

Al respecto, se precisó que en el plenario no obraban elementos probatorios que permitieran inferir que prestaron su nombre para adquirir bienes provenientes de delitos como el narcotráfico, el secuestro extorsivo o la extorsión, conclusión que se planteó así:

“Se hace indispensable advertir que para que se configure el delito de testaferrato (…) es necesario prestar el nombre, con el fin de adquirir bienes con dineros del delito del narcotráfico y conexos, asimismo, con dineros que provengan del secuestro extorsivo, extorsión y conexos, acusación que nunca pudo ser constatada.

“Como se refiere, en la presente investigación se presenta la ausencia de prueba directa e indirecta que señale algún vínculo con (…) actividades relativas al narcotráfico, delitos conexos, así como del secuestro extorsivo, extorsión y conexos, que permitan inferir que el producto del dinero utilizado para la compra de las busetas materia de disputa jurídica tenga origen mediato o inmediatos en dichos injustos penales”(36).

Con todo, conviene aclarar que la situación penal de tales demandantes no se estudiará en el presente asunto, toda vez que la decisión denegatoria proferida al respecto por el a quo no fue objeto de cuestionamiento, tal como se explicó en el acápite en el que se fijaron los límites de la competencia para desatar la apelación.

6.1.14. A través de providencia del 5 de mayo de 2009, el Tribunal Superior de Manizales rechazó, por extemporáneo, el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 2º Penal Especializado del Circuito de Manizales.

6.1.15. La sentencia por medio de la cual se absolvió a la señora María Eugenia Ríos Román quedó ejecutoriada el 15 de mayo de 2009, según la constancia obrante a folio 72 del cuaderno 1.

En las condiciones analizadas, y respecto al punto objeto de apelación, esto es, la situación de la señora María Eugenia Ríos Román, la Sala encuentra que en su contra se adelantó un proceso penal, en el que, en principio, se le endilgó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares y, luego, dentro de la misma actuación, se le procesó por el de testaferrato, para, finalmente, acusarla por el primero de los mencionados.

Asimismo, se observa que en dos oportunidades se ordenó su detención preventiva en establecimiento carcelario, determinaciones que modificó la Fiscalía General de la Nación con fundamento en el comportamiento asumido por la implicada dentro del trámite del proceso y en atención a su condición de madre soltera de un menor de edad.

De este modo, la ahora demandante estuvo recluida en la cárcel de Manizales dentro del período comprendido entre el 22 de noviembre de 2004 y el 17 de diciembre de 2004; gozó de libertad provisional desde el 18 de diciembre de 2004 hasta el 10 de agosto de 2005; además, el 11 de agosto de 2005 reingresó al referido establecimiento carcelario en donde estuvo hasta el 17 de agosto de 2005, fecha desde la cual y hasta la ejecutoria de la sentencia que la absolvió estuvo sujeta a libertad provisional —15 de mayo de 2009—, condicionada al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 368 de la Ley 600 del 2000(37).

A su vez, se tiene que el proceso penal terminó con decisión absolutoria, la cual, según las consideraciones expuestas por el Juzgado 2º Penal Especializado del Circuito de Manizales, se sustentó en la atipicidad del hecho por el que se le procesó, dado que no se demostró que hubiera incrementado su patrimonio con recursos provenientes de actividades delictivas.

Ahora, el supuesto enunciado —atipicidad—, por regla general y, de conformidad con la jurisprudencia unificada y reiterada de esta Sección, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad y, por ende, da lugar a la aplicación del régimen de responsabilidad de carácter objetivo, tal como lo concluyó el Tribunal Administrativo de Caldas.

Si bien en casos como el analizado es posible recurrir a un régimen de responsabilidad de carácter subjetivo, no es menos cierto que esto procede ante la necesidad de efectuar un juicio de reproche sobre los actos de la Administración de Justicia, presupuesto que no se presenta acreditado en el sub júdice, toda vez que no se advierte la configuración palmaria de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que imponga la declaratoria de una falla del servicio(38).

Por las razones expuestas, se desestimará el argumento de inconformidad planteado por la demandada, en relación con el régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto.

De otro lado, la Sala advierte que si bien, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 600 del 2000(39), el ejercicio del ius puniendi, para la época de ocurrencia de los hechos, se radicaba en la Fiscalía General de la Nación y en la Rama Judicial, no es menos cierto que fue la primera de las referidas autoridades la que adoptó las decisiones en virtud de las cuales se restringió el derecho a la libertad de la señora Ríos Román, lo que resulta suficiente para concluir que es esta la llamada a responder por los perjuicios causados a los demandantes.

6.2. Culpa de la víctima.

De conformidad con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, el daño se entenderá causado por la culpa exclusiva de la víctima cuando se encuentre acreditado que esta actuó con culpa grave o dolo.

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-037-96 del 5 de febrero de 1996(40) declaró la constitucionalidad de la norma citada, para lo cual sostuvo:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial (…). Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

Ahora, la Corporación ha señalado que la declaratoria de este eximente de responsabilidad impone que se determine si el proceder —activo u omisivo— de quien solicita la declaratoria de responsabilidad del Estado tuvo injerencia en la generación del daño y, de ser así, en qué medida. Así lo ha entendido esta Sección(41):

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

“(…).

“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.

“De igual forma, se ha dicho:

‘… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal (…).(42)” (Negrillas de la Sala).

Así las cosas, en asuntos como el analizado se entiende configurada la culpa de la víctima cuando se encuentra probado que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida restrictiva de la libertad, circunstancias que no se encuentran acreditadas en el sub lite, por las razones que pasan a precisarse.

Al plenario no se allegó el acta de la indagatoria de la implicada, ni los elementos de juicio que daban cuenta del estado de su patrimonio para la época en la que se inició la investigación, por manera que para resolver sobre la culpa de la víctima, la Subsección tendrá en cuenta lo señalado en las providencias proferidas tanto en la etapa de investigación como de juzgamiento de la actuación penal.

Si bien, a juicio del ente acusador, las explicaciones de la señora Ríos Román sobre el origen de su patrimonio no resultaron razonables, no es menos cierto que tal valoración fue desvirtuada por el Juzgado 2º Penal Especializado del Circuito de Manizales.

En efecto, de la Sentencia absolutoria del 2 de noviembre de 2006, se deduce que lo que llevó a la exoneración de responsabilidad de la demandante fue la imposibilidad del ente acusador de desvirtuar el origen lícito del incremento de su patrimonio y, de manera consecuente, de probar el nexo de sus recursos con actividades delictivas.

En relación con lo anterior, repárese que el juez penal resaltó el hecho de que el dictamen contable practicado por el DAS no incluyera una comparación patrimonial que diera cuenta de la situación económica de la demandante; además, enfatizó en la ausencia de los indicios graves de responsabilidad invocados por la entidad demandada.

De los anteriores razonamientos no se infiere juicio de reproche alguno en contra de la procesada, por manera que no se evidencia una conducta culposa o dolosa imputable a ella.

De otro lado, se advierte que la entidad demandada no asumió la carga de la prueba que le correspondía, en el sentido de aportar en su integridad el expediente penal y de allegar los elementos de juicio que recaudó en la investigación, con el fin de acreditar que sindicada la indujo a proceder de la forma en la que lo hizo, es decir, imponiéndole medida de aseguramiento.

Así, las cosas es claro que la Sala carece de elementos en los que pueda edificar el daño antijurídico causado a los demandantes sobre la base de la conducta de la señora María Eugenia Ríos Román, lo cual en modo alguno implicaría un cuestionamiento del fallo penal, sino que solo llevaría a la determinación de las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se inició la actuación objeto de cuestionamiento, en aras de establecer qué situaciones fueron las que llevaron a su agotamiento.

De este modo, se impone concluir que no se encuentra demostrado que la deducción de los indicios de responsabilidad que dieron lugar a detención preventiva de la ahora demandante tuvo como fundamento elementos a través de los cuales, de manera gravemente culposa o dolosa, hubiese llevado al ente acusador a restringir su derecho a la libertad.

7. Perjuicios.

7.1. Perjuicios morales.

7.1.1. Legitimación.

Con fundamento en las máximas de la experiencia, es posible presumir que las personas sometidas a una medida restrictiva de la libertad y que luego son exonerados de responsabilidad penal sufren perjuicios de carácter moral, que deben ser indemnizados, supuesto que también resulta predicable de quienes concurren al proceso, debidamente acreditados, en condición de cónyuge, compañero(a) permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil.

Al presente proceso comparecieron los señores Darío Antonio Ríos Arias y Carmen Tulia Román Marín, así como el menor Jhon Sebastián Corrales Ríos, quienes invocaron, respectivamente, la condición de padres e hijo de la señora María Eugenia Ríos Román, calidades que la Sala encuentra probadas con los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 37 y 38 del cuaderno 1.

Además, se hicieron parte, en calidad de demandantes, los señores José Álvaro Ríos Román y Paula Andrea Ríos Román, para lo cual dijeron ser los hermanos de la víctima directa de la privación, supuesto que se encuentra acreditado, toda vez que se aportaron los registros civiles de nacimiento requeridos para el efecto, los cuales obran a folios 37, 40 y 41, del cuaderno 1.

7.1.2. Monto de la indemnización.

Esta Sección ha precisado que en los casos en los que la restricción de la libertad se prolonga por un período entre 1 y 3 meses resulta razonable el reconocimiento por concepto de perjuicios morales de: i) 35 salarios mínimos mensuales legales vigentes —smmlv— tanto para la víctima directa, como para sus familiares dentro del primer grado de consanguinidad, su cónyuge y/o compañero permanente y de ii) 17,5 smmlv para los familiares que se encuentran dentro del segundo grado de consanguinidad con el sujeto pasivo de la detención(43).

Por su parte, cuando la privación tuvo una duración superior a 18 meses la suma a reconocer será de 100 smmlv para quienes se ubiquen en el primer grado de afectación —verbigracia, hijos, cónyuge y/o compañera permanente— y de 50 smmlv para sus hermanos y/o abuelos.

Sin embargo, los anteriores montos no constituyen una regla que deba aplicarse en los mismos términos en todos los eventos, en cuanto para el efecto el juez, en ejercicio del arbitrio iudicis y con fundamento en los criterios de equidad, justicia y reparación integral, debe determinar en cada asunto las sumas a reconocer por el concepto analizado, las cuales habrán de responder a las condiciones específicas de la cuestión puesta bajo su consideración, como, por ejemplo, a las relacionadas con las circunstancias en las que se hizo efectiva la medida restrictiva de la libertad.

Al respecto, se precisa que la Sala ha considerado que la libertad provisional corresponde a una restricción desde el plano jurídico que compromete la responsabilidad del Estado, pues comporta una serie de limitaciones que se traducen en un daño antijurídico que debe ser indemnizado(44).

Pues bien, el perjuicio moral causado a quien fue objeto de una detención domiciliaria o de una medida de libertad provisional, así como el de sus familiares y personas cercanas, no puede equipararse al sufrido por el sujeto que fue recluido en un establecimiento carcelario, pues pese a que en los dos casos se ven afectadas garantías como las de la libre locomoción, no es menos cierto que en el segundo se padece en mayor grado la restricción de derechos como el de la intimidad o el de tener una familia, e incluso los atinentes al trabajo, la recreación y la educación(45), circunstancias que, según las reglas de la experiencia, tienen la suficiencia de generar una aflicción más intensa.

De este modo, ha de precisarse que, la Sección, en la Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación el 28 de agosto de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón (E), radicación 36.149, en relación con los perjuicios morales originados en la retención en establecimiento carcelario, fijó unos parámetros de indemnización que resultan congruentes con el tiempo, el grado de parentesco y/o la cercanía con la víctima de la privación.

Por su parte, en lo referente a la libertad provisional, tal como esta Sala lo sostuvo en Sentencia del 9 de marzo de 2016(46), complementada mediante fallo del 1º de agosto de la misma anualidad(47), la condena ascenderá al 50% de las sumas establecidas en la mencionada sentencia de unificación, lo que en modo alguno comporta un desconocimiento y mucho menos una rectificación a la postura adoptada sobre este punto por la Sección, sino que, contrario sensu, corresponde a una reafirmación de su alcance, en el sentido de precisar la forma en la que las condiciones particulares de cada asunto en las que se hizo efectiva la privación están llamadas a incidir en el quantum de la indemnización a reconocer por concepto de perjuicios morales.

En esta línea, resulta relevante señalar que la Sala ha determinado que en los casos en los que concurran diferentes medidas preventivas, como lo son la privación física de la libertad, la detención domiciliaria o la libertad provisional, se deberá cuantificar de manera separada cada lapso, esto, con el fin de determinar de manera exacta la indemnización que corresponda a cada víctima por concepto de perjuicios morales.

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que la indemnización a pagar a la parte demandante estará determinada por la sumatoria de los salarios mínimos a reconocer por cada uno de los períodos en los que la víctima del daño estuvo privada de la libertad, sin que dicha operación aritmética pueda superar el tope establecido por esta Corporación para el reconocimiento de perjuicios morales para este tipo de asuntos.

Pues bien, se advierte que la señora María Eugenia Ríos Román sufrió una limitación en su derecho a la libertad personal en lo físico, en establecimiento carcelario, por un término de 33 días y que estuvo en libertad provisional, por un término superior a 18 meses.

En las condiciones analizadas, la Sala establecerá la suma que corresponde por cada lapso en el que la señora Ríos Román, de conformidad con los parámetros de proporcionalidad antes expuestos, esto es, la reducción de la indemnización en un 50% en lo referente al tiempo en el que la demandante gozó de libertad provisional.

Entonces, la víctima directa de la privación estuvo recluida en establecimiento carcelario por un término superior a un mes pero inferior a 3 meses, razón por la cual, la indemnización a reconocer por esta primera parte tanto en su favor, como en el de sus padres y su hijo será de 35 smmlv.

Por su parte, a cada uno de sus hermanos se les pagará 17,5 smmlv.

Ahora, en cuanto el tiempo que duró la libertad provisional de la señora María Eugenia Ríos Román superó los 18 meses se ordenará el pago de 50 smmlv para los primeros de los mencionados —víctima directa, padres e hijo— y de 25 smmlv para quienes comparecieron en condición de parientes dentro del segundo grado de consanguinidad(48).

La Fiscalía General de la Nación pagará, por concepto de perjuicios morales, la suma de 85 smmlv a cada una de las siguientes personas: María Eugenia Ríos Román, Darío Antonio Ríos Arias, Carmen Tulia Román Marín y Jhon Sebastián Corrales Ríos.

A su vez, a los señores José Álvaro Ríos Román y Paula Andrea Ríos Román se les reconocerá, por el mismo concepto, la suma de 42,5 smmlv.

Conviene aclarar que las anteriores indemnizaciones responden a los parámetros cuantitativos que en atención a la duración de la restricción del derecho a la libertad ha establecido la Corporación y a las circunstancias que, de conformidad con la jurisprudencia reiterada y unificada de esta Sección, resultan relevantes en estos casos, tales como las condiciones en las que se hizo efectiva la medida privativa de la libertad.

7.2. Perjuicios materiales.

7.2.1. Lucro cesante.

El Tribunal Administrativo de Caldas, en el fallo de primera instancia, reconoció la suma total de $870.591, por los salarios dejados de percibir durante cada uno de los lapsos que la ahora demandante estuvo recluida en establecimiento carcelario.

En lo relacionado con el año 2004, como en el acápite de antecedentes se explicó, el a quo tomó como base para la liquidación el salario mínimo mensual legal vigente para la fecha de la sentencia, incrementado en un 25% por prestaciones sociales, en cuanto consideró que si bien se probó que la señora María Eugenia Ríos Román se desempeñaba como contadora, no era menos cierto que no se acreditó el monto de sus ingresos.

De otro lado, respecto del 2005, la primera instancia tuvo en cuenta el salario indicado en la certificación expedida por la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores y Empleados de las Empresas Varias de Medellín E.S.P., el cual ascendía a $1’100.000, empero, para los fines pertinentes no se aumentó monto alguno por prestaciones sociales.

A su vez, el a quo precisó que como “el hecho dañoso estuvo representado por [el] tiempo que la Sra. María Eugenia estuvo efectivamente privada de la libertad”(49), no resultaba procedente el reconocimiento de los perjuicios causados con posterioridad a la fecha en la que recuperó su libertad.

Pues bien, en su recurso de apelación, la parte actora no cuestionó las bases salariales a las que la primera instancia recurrió para liquidar el lucro cesante da cada uno de los períodos en los que la víctima directa estuvo recluida en establecimiento carcelario, pues, para los fines pertinentes, solo manifestó su inconformidad con el hecho de que no se tuviera en cuenta el tiempo que la señora Ríos Román tardó en conseguir trabajo, una vez recuperó la libertad.

En las condiciones analizadas, la Subsección no se pronunciará sobre la indemnización reconocida por los perjuicios materiales causados durante la detención preventiva, sin perjuicio de la actualización pertinente; además, en lo relacionado con el tiempo que la señora María Eugenia Ríos Román tardó en reintegrarse al mercado laboral, punto que sí fue apelado, recurrirá a las bases salariales establecidas en la primera instancia, pues, se reitera, estas no se cuestionaron.

Así las cosas, en primer lugar, se actualizará la indemnización a la que se accedió en primera instancia, con fundamento en la siguiente fórmula:

FORMULAS-00346-A
(50) (51) 

Al remplazar:

FORMULAS-00346-B
 

V.A = $1’069.843.

En suma, el monto a reconocer por los salarios dejados de percibir durante el tiempo que duró la privación de la libertad, en establecimiento carcelario, será de $1’069.843.

Ahora, la Sala, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido un período de 8.75 meses, adicionales al término que duró la privación de la libertad, porque según las estadísticas, dicho lapso es el que una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo o acondicionarse en una nueva actividad laboral luego de haber obtenido su libertad(52).

La certificación laboral aportada al plenario y los testimonios rendidos ante el a quo por los señores Zorayda Bedoya Román, Rubén Darío Salazar y Sandra Liliana Arroyave Bedoya permiten inferir que para noviembre de 2004 y agosto de 2005 la señora María Eugenia Ríos Román desempeñaba una actividad productiva, en el ámbito de la contaduría pública, tal como lo concluyó el Tribunal Administrativo de Caldas.

Asimismo, con las referidas declaraciones es posible concluir que las actividades profesionales de la ahora demandante resultaron afectadas con las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, por lo que se procederá al reconocimiento de los perjuicios solicitados con fundamento en las dificultades a las que se vio expuesta para desempeñarse laboralmente, pero en los términos que en adelante se precisarán.

Pues bien, en relación con la primera medida de aseguramiento, la del 2004, la Sala tomará en consideración el tiempo transcurrido entre el día siguiente a la fecha en la que la señora Ríos Román recuperó su libertad de manera provisional —18 de diciembre de 2004— y el 15 de junio de 2005, toda vez que el día siguiente a este último se vinculó, en condición de contadora, a la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores y Empleados de las Empresas Varias de Medellín E.S.P., según la constancia obrante a folio 150 del cuaderno 1.

En esta medida, se tiene que para los fines analizados —año 2004— se tendrán en cuenta 180 días(53), los cuales, previa división por 30 días, dan como resultado 6 meses; asimismo, se tendrá en cuenta, tal como lo hizo el a quo, el salario mínimo mensual legal vigente para la fecha dela sentencia, aumentado en un 25% por prestaciones sociales, en tanto, se reitera, las bases salariales fijadas por el Tribunal Administrativo de Caldas no fueron cuestionadas.

Si bien para el cálculo de salarios dejados de percibir, en principio, sería aplicable el salario mínimo legal mensual vigente para la primera detención(54): $ 358.000(55), el cual, debidamente actualizado, asciende a $606.692; no es menos cierto que esta suma es inferior al salario mínimo legal mensual vigente para el 2017: $737.717(56), de ahí que por razones de equidad y de reparación integral, corresponda tomar esta última cifra como base de liquidación, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, es decir, en $184.429, para un total de $922.146.

Así las cosas, la indemnización pertinente se calculará con fundamento en las anteriores precisiones y con aplicación de la siguiente fórmula:

FORMULAS-00346-C
 

En donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = $922.146.

N = Número de meses que comprende el período indemnizable (6)

I = Interés puro o técnico: 0.004867

Entonces:

FORMULAS-00346-D
 

S = $ 5’600.635.

De otro lado, en relación con lo ocurrido en el 2005, se observa que la víctima directa estuvo privada de la libertad desde el 11 de agosto hasta el 17 de agosto de la misma anualidad y que para la fecha en que inició la reclusión se encontraba vinculada a la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores y Empleados de las Empresas Varias de Medellín E.S.P., la cual, mediante oficio del 8 de agosto de 2005, le concedió licencia no remunerada, desde el 16 de agosto de 2005, para atender asuntos de carácter personal.

En las condiciones analizadas, de conformidad con las pruebas que la misma parte actora aportó, se tiene que para el 17 de agosto de 2005 la señora Ríos Román gozaba de la licencia que le concedió su empleador y como en el plenario no obra prueba alguna que permita inferir que esta fue revocada, para, en su lugar, ponerle fin a la relación laboral, se concluye que la demandante contaba con un contrato de trabajo vigente, de ahí que tuviera la posibilidad de reintegrarse a sus actividades profesionales, una vez recuperara la libertad.

Al respecto, conviene aclarar que la situación a la que se vio expuesta la señora María Eugenia Ríos Román no constituía una justa causa para poner fin a su vínculo laboral, sino que generaba su suspensión, según lo establecido en el numeral 6 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual prevé esta consecuencia ante la “detención preventiva del trabajador (…) que no exceda de ocho (8) días por cuya causa no justifique la extinción del contrato”.

Así las cosas, en tanto no se encuentra probada la terminación del contrato laboral que la demandante tenía con la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores y Empleados de las Empresas Varias de Medellín E.S.P., no se accederá al reconocimiento de perjuicios por el tiempo que, supuestamente, tardó la señora Ríos Román en reintegrarse al mercado laboral, en virtud de la medida de aseguramiento impuesta en agosto del 2005.

Se tiene que la indemnización por lucro cesante será la resultante de sumar lo reconocido por los salarios dejados de percibir respecto del tiempo que duró la detención preventiva —$1’069.843— con lo liquidado por los perjuicios causados durante el lapso que duró desempleada la demandante con posterioridad a la fecha en la que, por primera vez, recuperó su libertad de manera provisional -$ 5’600.635, para un total de $6’670.478.

8. Condena en costas.

En el presente caso, no se advierte una conducta que amerite y justifique la condena en costas de que trata el artículo 171 del Decreto 1º de 1984, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, la Sala se abstendrá de imponerla.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, el 13 de diciembre de 2012, cuya parte resolutiva quedará así:

“1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad a la que fue sometida la señora María Eugenia Ríos Román.

2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de la señora María Eugenia Ríos Román, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de Seis Millones Seiscientos Setenta Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos ($6’670.478).

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes - smmlv:

“1. Para María Eugenia Ríos Román: 85

2. Para Jhon Sebastián Corrales Ríos: 85

3. Para Darío Antonio Ríos Arias: 85

4. Para Carmen Tulia Román Marín: 85

5. Paula Andrea Ríos Román: 42,5

6. José Álvaro Ríos Román: 42,5

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995. Las copias destinadas a la parte actora se entregarán al apoderado que ha venido actuando.

7. Sin condena en costas””.

2. En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

Aclaración de Voto.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la providencia mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad de la señora María Eugenia Ríos Román, por el delito de enriquecimiento ilícito, del cual fue exonerada, por cuanto no lo cometió, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no solo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del in dubio pro reo.

En mi sentir, los únicos supuestos que permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues, en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una falla en la prestación del servicio.

El legislador fue claro y enfático en establecer únicamente esos tres eventos como aquellos en los cuales la persona que sufre una detención preventiva y luego es exonerada de responsabilidad penal tiene derecho a ser indemnizada, sin entrar a hacer calificaciones o elucubraciones de índole alguna, salvo que dicha medida obedezca a una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, evento en el cual hay lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se de por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva, o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o ésta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate, casos en que la responsabilidad que obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del in dubio pro reo.

Como se sabe, a medida que transcurre el proceso penal la exigencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es mayor, de modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detención preventiva, basta que obre en contra de la persona sindicada del hecho punible un indicio grave de responsabilidad penal, pero dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria, pues, al efecto, se requiere plena prueba de la responsabilidad; por consiguiente, puede llegar a ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que, finalmente, la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva, caso en el cual debe prevalecer la presunción de inocencia y, por ende, la decisión debe sujetarse al principio del in dubio pro reo, situación que no implica, por sí misma, que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, desproporcionada o carente de fundamento legal.

Efectivamente, unas son las circunstancias en las que a la decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, la legalidad de la orden de detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna manera que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar las personas privadas de la libertad, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación; otras, en cambio, son las que tendrían lugar cuando, a pesar de haberse recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, existe duda para proferir sentencia condenatoria, evento en el cual, para que surja la responsabilidad del Estado, debe acreditarse que la privación de la libertad fue injusta, pues si hay duda de la culpabilidad es porque también la hay de la inocencia y, en este caso, a mi juicio, es claro que se deben soportar a cabalidad las consecuencias de la investigación penal, sin que esto se entienda, como pudiera pensarse, en que se parte, entonces, de la presunción de culpabilidad de la persona, pues de donde se parte es del hecho de que hubo elementos de juicio suficientes, válidos, no arbitrarios, ni errados, ni desproporcionados, ni contrarios a derecho y más bien ajustados al ordenamiento jurídico, para privarla de la libertad en forma, por ende, no injusta.

Lo acabado de expresar cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta, por otra parte, que el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política obliga a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requieran para asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, que es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva.

A lo anterior se añade que resultaría cuando menos absurdo que el Estado tuviera que indemnizar por una privación de la libertad dispuesta, incluso, con el mencionado sustento constitucional.

El artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal establece, en su parte inicial, un título de imputación genérico para la indemnización por privación injusta de la libertad, caso en el cual el interesado en la indemnización debe acreditar lo injusto de la medida, por ejemplo, demostrando su falta de proporcionalidad, su arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la misma. A renglón seguido, la misma norma define o identifica unos casos en los que parte de la injusticia de la medida, con base en la absolución por uno de los supuestos señalados en la norma: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o no es un hecho punible. Siendo ello así, es claro: a mi juicio, que no puede otorgarse el mismo efecto a ambas partes de la norma, para derivar de ellas un derecho a la reparación, con base en la simple constatación de que no se dictó sentencia condenatoria en contra del procesado.

Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislador (D. 2700/1991 art.414) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte ,de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del in dubio pro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar la injusticia, la falta de proporcionalidad, la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.

Así, por ejemplo, puede suceder que la duda se configure porque es la desidia o la ineficiencia del Estado lo que no permite desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, como cuando aquél no asume con diligencia y seriedad la carga que le corresponde, en aras de establecer la responsabilidad del sindicado, caso en el cual es evidente que la privación de la libertad se torna injusta, ya que la medida restrictiva impuesta no cumple la finalidad para la cual fue diseñada y es entonces cuando emerge clara la responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Si se considera que en todos los casos en que la sentencia absolutoria o la providencia equivalente a la misma da derecho a indemnización en favor de la persona que hubiera sido sindicada del delito y sometida a detención preventiva, sin que sea necesario establecer si la medida fue o no ilegal, desproporcionada, errada, arbitraria o, ‘en fin, injusta, resulta necesario concluir que ningún efecto jurídico tiene el hecho de que la decisión absolutoria se produzca con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, o bien con un fundamento diferente.

En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, toda vez que, en el sub júdice, la parte actora no tenía que demostrar la ilicitud de la detención preventiva que afectó a la señora María Eugenia Ríos Román, por cuanto la justicia penal la exoneró de responsabilidad, ya que no cometió el delito imputado.

Fecha ut supra. 

17. Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015 y ix) 306 de 2015.

18. Consejo de Estado, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

19. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, radicación 21.060, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

20. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en Sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801.

21. Fecha en la cual los demandantes presentaron la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación (fl. 23, cdno. 1).

22. Fecha en la cual se declaró fallida la conciliación, por ausencia de acuerdo (fls. 23 y 24, cdno. 1).

23. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencias del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, y del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas por esta Subsección en Sentencia de mayo 26 de 2011, expediente 20.299, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

24. Folio 130, cuaderno 1.

25. Folios 130 del cuaderno 1 y 382 a 387 del cuaderno 2.

26. Folios 394 y 395, del cuaderno 2.

27. Folios 122-154, cuaderno 2.

28. Folio s 145-148, cuaderno 2.

29. Folios 6 y 16, cuaderno 2.

30. Folios 99-105, cuaderno 2.

31. Folios 6 y 113, cuaderno 2.

32. Folios 167-211, cuaderno 2.

33. Folios 209-211, cuaderno 2.

34. Folios 229, cuaderno 2.

35. Folios 42-76, cuaderno 1.

36. Folios 91-148, cuaderno 1.

37. “ART. 368.—Diligencia de compromiso. En los eventos en que el sindicado deba suscribir diligencia de compromiso, se le impondrán bajo la gravedad de juramento, las siguientes obligaciones:
“1. —Aparte tachado inexequible— Presentarse cuando el funcionario competente lo solicite y prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos. No se pueden imponer presentaciones periódicas.
“2. Inexequible.
“3. Informar todo cambio de residencia.
“4. No salir del país sin previa autorización.
“5. Las que el funcionario judicial considere necesarias para preservar las pruebas, proteger a las víctimas y hacer cesar los efectos dañosos de la conducta punible.
Se dejará constancia dentro del acta de las consecuencias legales de su incumplimiento.
“PAR.—Si se incumpliere alguna de las obligaciones contraídas en el acta, el funcionario judicial escuchará en descargos al sindicado y si encontrare mérito impondrá como sanción una multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá consignar dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que la imponga”.

38. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencias de: i) 25 de enero de 2017, expediente 45.343, y ii) 8 de febrero de 2017, expediente 45.852, entre otras.

39. “ART. 26.—La acción penal corresponde al Estado y se ejerce por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la investigación y los jueces competentes durante la etapa del juzgamiento; la Corte Suprema de Justicia adelanta la investigación y el juzgamiento en los casos contemplados en la Constitución Política. El Congreso ejerce la acción penal excepcionalmente” (Se resalta).

40. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

41. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 9 de julio de 2014, expediente 38.438, Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón.

42. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15784; Magistrado Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.

43. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de: i) 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 25.022, y de ii) 28 de agosto de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 36.149.

44. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 23 de junio de 2011, expediente 19.958. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

45. Si bien en las cárceles se implementan algunas actividades educativas, lúdicas o laborales, no es menos cierto que las mismas no se establecen en atención a las preferencias o planes de vida de los reclusos sino con fundamento en las políticas públicas adoptadas en materia criminal y carcelaria.

46. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 9 de marzo de 2016, expediente: 34.554. Al respecto, se sostuvo:
“…el quantum indemnizatorio a reconocer frente a una persona que ha sufrido una privación injusta y física de su libertad, no será siempre el mismo que se le deba reconocer a quien, pese a padecer una restricción de su libertad, no la afronta de manera física en un establecimiento carcelario.
“(…).
“Así pues, dadas las diferencias evidentes que existen entre una y otra restricción a la libertad, es decir, aquella que comporta la privación física dentro de un centro carcelario y la que surge como consecuencia de una medida de aseguramiento de carácter preventivo o cautelar, la Sala advierte que la indemnización a reconocer por concepto del perjuicio moral frente a los daños antijurídicos producidos a causa de estas últimas no debe ser la misma a la que se accede frente a personas que sí contaron con una limitación de su libertad en la totalidad de su expresión o dimensión.
“(…).
“Sin que lo anterior constituya, desde luego, una regla absoluta e inmodificable, pues se precisa que en cada caso el juez deberá analizar la restricción jurídica a la libertad que sufrió el procesado que posteriormente resulta absuelto como consecuencia de una medida de aseguramiento, lo cierto es que la indemnización que se reconozca a los afectados no deberá ser, desde el punto de vista pecuniario, idéntica a la que se le reconoce a quienes sí fueron víctimas de una privación física de tan esencial derecho fundamental y la padecieron, además, en un centro de reclusión o cárcel” (Negrillas fuera del texto original).

47. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 1º de agosto de 2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente: 39.747.

48. Se reitera que frente a este punto se tuvo en cuenta el monto a reconocer cuando la privación de la libertad de carácter físico es superior a 18 meses y, luego, se aplicó la reducción del 50%.

49. Folio 291, cuaderno 4.

50. IPC vigente a la fecha de la presente providencia. Se precisa que se toma el IPC de abril de 2017, habida cuenta de que estos índices se publican mes vencido.

51. IPC vigente para la fecha de la sentencia de primera instancia —diciembre de 2012—.

52. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, reiterada en Sentencia de 14 de abril de 2010, expediente18.860. M.P. Enrique Gil Botero, entre muchas otras providencias de la Sala.

53. Entre el 18 de diciembre de 2004 y el 15 de junio de 2005 transcurrieron 180 días, de la siguiente manera: i) entre el 18 de diciembre y el 31 de diciembre de 2004 pasaron 14 días; ii) enero de 2005: 31 días; iii) febrero 2005: 28 días; iv) marzo 2005: 31; v) abril 2005: 30 días; vi) mayo 2005: 31 días y vii) junio de 2005: 15 días. Lo anterior, para un total de 180 días.

54. Diciembre de 2004.

55. De conformidad con el Decreto 3770 del 2003.

56. Según el Decreto 2209 de 2016.