Sentencia 2010-00347/0944-13 de octubre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUB SECCIÓN “A”

Radicación 25000 23 25 000 2010 00347 01 (0944-13)

CONSEJERO PONENTE:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

APELACIÓN SENTENCIA

AUTORIDADES DISTRITALES

ACTOR: HÉCTOR ENRIQUE TORRES ROJAS

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «

CONSIDERACIONES

En el presente caso el señor HÉCTOR ENRIQUE TORRES ROJAS solicita la nulidad del oficio No. 20093330341151 de septiembre 18 de 2009 y Resolución No. 437 de noviembre 30 de 2009, así como los oficios Nos. OAJ-2009-1266 de septiembre 22 de 2009 y OAJ-2009-1685 de noviembre 24 de 2009, mediante los cuales se negaron las reclamaciones respecto del reconocimiento y pago de horas extras, descansos compensatorios, reliquidación y cancelación de diferencias por concepto de recargos nocturnos ordinarios y recargos festivos diurnos y nocturnos, y de las diferencias causadas con ocasión de la inclusión de tales recargos.

Sobre el tema dirá la Sala que el régimen que gobierna en este aspecto a los empleados públicos del orden territorial es el Decreto 1042 de 1978(1), pues si bien tal precepto en un comienzo rigió para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional, el artículo 2° de la Ley 27 de 1992 hizo extensivas a las entidades territoriales las disposiciones que regulan el régimen de administración de personal contenidas, no solamente en la norma precitada, sino en los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1978, y las Leyes 13 de 1984 y 61 de 1987; tal normatividad fue reiterada por el artículo 87 inciso segundo de la Ley 443 de 1998.

Esta Sala ha reiterado la mencionada posición, mediante Sentencia del 17 de abril de 2008, Exp. 1022-06, M.P. Gustavo Gómez Aranguren, en la que se definió que efectivamente la norma aplicable no es ni la Ley 6ª de 1945 ni el citado Decreto 268 de 1996, sino el Decreto 1042 de 1978, pues en primer lugar la Ley 6ª está dirigida sólo a los trabajadores oficiales de cualquier orden, y en segundo término, el Decreto 268 si bien fijó la jornada de los servidores de la entidad territorial, prescindió regular lo referente a la jornada especial del cuerpo de bomberos, omisión esta que conlleva que se deban aplicar en su defecto las disposiciones generales sobre la materia contenidas en el mismo Decreto 1042 de 1978. Así dijo la Sala:

jornada laboral:

Se define el concepto de jornada laboral de trabajo como el tiempo pactado entre el trabajador y su empleador para la realización del trabajo diario; a falta de acuerdo o convenio, rige la máxima legal. Salvo las excepciones legales, la duración máxima fijada por la ley es una jornada ordinaria de 8 horas al día y de 48 a la semana. La legislación estableció excepciones en las jornadas laborales para determinadas personas, por ejemplo, las de menores, pilotos, copilotos, radioperadores y auxiliares de vuelo; las de los servidores públicos; o la jornada especial de 6 horas diarias y hasta 36 horas semanales para trabajadores de empresas, factorías o actividades establecidas con posterioridad a la Ley 50 de 1990, según el art. 161 del C.S.T

La Ley 6ª de 1945, en esta materia dispone:

“Art. 3º. Las horas de trabajo no podrán exceder de ocho (8) al día ni de cuarenta y ocho (48) a la semana.  

Parágrafo 1º. Lo dispuesto en este artículo no se aplica a los casos graves de peligro; ni al servicio doméstico, ni a la recolección de cosechas, o al acarreo y beneficio de frutos; ni a los trabajadores que ocupan puestos de dirección o confianza; ni a las demás labores que, a juicio del Gobierno, no sean susceptibles de limitación de la jornada o deban regirse por normas especiales.” (Negrilla fuera del texto)” 

Es oportuno aclarar que respecto de la aplicación del régimen mencionado, no es cierto lo argumentado por el recurrente en su escrito de apelación, en cuanto a que el parágrafo 1° del artículo 3° de la Ley 6ª de 1945, fue declarado inexequible mediante la sentencia C-1063 del 16 de agosto del año 2000, proferida por la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa; pues, mediante dicha providencia sí se declaró inexequible un aparte del artículo 3° de la Ley 6ª de 1945, pero diferente al parágrafo 1°, pues en la parte resolutiva de este fallo se dispuso:

“Primero: Declarar EXEQUIBLE la expresión "Las horas de trabajo no podrán exceder de ocho (8) al día, ni de cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las excepciones legales", contenida en el artículo 3° de la Ley 6ª de 1945. 

Segundo: Declarar INEXEQUIBLE la expresión "Sin embargo la duración máxima de las labores agrícolas, ganaderas o forestales, será de nueve (9) horas diarias o de cincuenta y cuatro (54) en la semana. Las actividades discontinuas o intermitentes, así como las de simple vigilancia, no podrán exceder de doce (12) horas diarias, a menos que el trabajador resida en el sitio de trabajo", contenida en el artículo 3° de la Ley 6ª de 1945. 

Tercero: Declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo, respecto de la expresión "El gobierno podrá ordenar la reducción de las jornadas de trabajo en las labores que sean especialmente peligrosas e insalubres, de acuerdo con dictámenes técnicos al respecto, y previa audiencia de comisiones paritarias de patronos y trabajadores", contenida en el artículo 3° de la Ley 6ª de 1945.”(2) 

Se tiene la sentencia C-1063 de 2000 mediante la cual se declaró la exequibilidad de la parte inicial del artículo 3º de la Ley 6ª de 1945, que contempla una jornada de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas semanales. En dicha providencia la Corte Constitucional precisó que tal norma cobija únicamente a los trabajadores oficiales de cualquier orden, pues respecto de los empleados públicos, y de los trabajadores del sector privado, otras disposiciones han venido a regular el tema de la jornada de trabajo máxima legal, razón por la cual dicha norma no se aplica en el caso sub- judice.

Respecto de la JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO se tiene el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, que la definió en 44 horas semanales en los siguientes términos:

“Artículo 33 de la jornada de Trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas.

Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas extras.(3)

Así las cosas, la anterior norma es aplicable a los empleos indicados en el Decreto 1042 de 1978 sometidos a jornada ordinaria, ya sea del orden nacional o territorial.

La Alcaldía Municipal mediante Decreto 268 de 29 de mayo de 1996, adoptó el reglamento interno de trabajo del Municipio de Pereira y estableció en sus artículos 8° y 9° lo siguiente (59 a 87):

“Artículo 8. Las horas de entrada y salida de los empleados del Sector central del Municipio son las que se expresaran a continuación: 

En la mañana: De lunes a jueves de 07:30 a 12:00 horas 

Viernes de 08:00 a 12:00 horas 

En la tarde, de lunes a jueves de 14:00 a 18:30 horas 

Viernes de 14:00 a 18:00. 

Artículo 9. La Administración Municipal podrá modificar el horario señalado en el artículo anterior mediante acto administrativo, cuando las circunstancias lo ameriten o decretar horarios excepcionales en determinadas dependencias o labores que por su naturaleza no puedan suspenderse. 

PARAGRAFO. No habrá limitación de jornada para los empleados que desempeñen cargos de dirección o confianza tales como Secretarios de Despacho, Jefes de oficina y jefes de Departamento, por razones de necesidades del servicio.” 

……… 

En efecto, dadas las singulares características que cumplía el demandante en su condición de miembro del cuerpo de bomberos, dirigidas a evitar que la comunidad se viera expuesta a situaciones de “grave peligro”, o a conjurar el riesgo que se pudiera presentar para responder de una manera eficaz y eficiente a la protección de la sociedad y así ampararla de un daño grave originado en un fenómeno natural o por la acción del hombre; el horario de trabajo especial tiene sólida fundamentación en la naturaleza misma de la actividad, la cual requería la prestación del servicio en forma continua y permanente, razón por la cual el Municipio debió reglamentar el horario, tanto para garantizar la prestación efectiva del servicio bomberil, como para garantizar los derechos del trabajador expuesto a dicha actividad, porque no consultaría los principios constitucionales de la dignidad y de la igualdad, la exclusión de las garantías correspondiente a los beneficios de la jornada ordinaria para someterlos a un régimen especial que va en detrimento de sus derechos laborales.

La Jurisprudencia de la Corporación ha señalado que por la labor que ejercen las personas vinculadas al cuerpo de bomberos, no están sujetos a una jornada ordinaria de trabajo, si no a una jornada especial, que es la regulada por el ente empleador; y como en el sub lite el ente demandado omitió expedir tal regulación, se debe entender que la jornada de trabajo aplicable al trabajador es la correspondiente a 44 horas semanales fijada en el Decreto 1042 de 1978.”

En el sub judice se encuentra probado que el actor pertenecía al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, vinculado al Distrito desde el 5 de julio de 1989 y a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos desde el 1º de enero de 2007(4) y que como ya se señaló, lo relativo a su jornada laboral no fue reglamentado, pues a pesar de que el personal de bomberos requiere de una jornada especial en razón de la continuidad en el servicio que presta, en el expediente no obra prueba del acto administrativo que la determine.

Al respecto es oportuno precisar que si bien el Decreto 388 de 1951 realizó algunas consagraciones en torno a la jornada de trabajo(5) y fijó en ellas turnos de 24 horas, tal estipulación solo estaba dirigida a los Oficiales y Suboficiales de servicio y a los radio operadores, pero nada se precisó en torno a la jornada laboral de los bomberos(6), por lo que mal se podría considerar que se le hace extensiva esa jornada, pues para ese efecto debe haber una disposición precisa tendiente a fijar ese aspecto.

De manera que, no puede el actor asumir la carga derivada de la omisión del Distrito Capital de Bogotá de fijar una jornada especial de trabajo para los bomberos; entonces, como de conformidad con lo manifestado por la Subdirectora de Gestión Corporativa del Cuerpo Oficial de Bomberos(7) se puede establecer que el demandante laboraba en un sistema de turnos de 24 horas de labor por 24 horas de descanso remunerado y como no existía una reglamentación especial que fijara una jornada laboral diferente, fuerza concluir que debe aplicarse la jornada laboral que cobija a los demás empleados públicos del orden territorial, es decir, el Decreto 1042 de 1978.

Definida la aplicación del Decreto 1042 de 1978 a la situación del actor, la Sala asumirá el debate específico respecto de la Jornada Ordinaria de Trabajo.

De la lectura del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 se establece que la jornada ordinaria de trabajo es de 44 horas semanales, la cual genera el pago de salario ordinario pactado sin recargos. Así mismo, el límite máximo fijado en este artículo corresponde a jornadas de doce horas diarias de trabajo y sesenta y seis horas semanales.

De manera que en este caso, resulta aplicable al demandante la Jornada Ordinaria; y toda la que exceda las 44 horas semanales constituye TRABAJO SUPLEMENTARIO o de horas extras que como tal, debe ser remunerado adicionalmente al salario ordinario y con los recargos de ley.

i) Trabajo Suplementario

Se considera como trabajo en horas extras, aquel que se presta en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, las cuales serán autorizadas por el Jefe del respectivo organismo, o por las personas en quienes este hubiere delegado tal atribución. En tal sentido, el reconocimiento y pago de horas extras o el descanso compensatorio, según el artículo 36 del citado Decreto 1042 en concordancia con el artículo 37 ibídem, se sujeta a los siguientes requisitos:

a) El empleo deberá pertenecer al nivel operativo, hasta el grado 17 del nivel administrativo y hasta el grado 9 del nivel técnico (Decreto 10 de 1989).

b) El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante comunicación escrita en la cual se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse.

c) El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por resolución motivada y se liquidará con un recargo del 25% o del 75% sobre la remuneración básica fijada por la ley para el respectivo empleo, según se trate de horas extras diurnas o nocturnas. Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del citado Decreto 1042 se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras.

d) En ningún caso podrán pagarse más de 50 horas extras mensuales (Decreto 10 de 1989 artículo 13).

Si bien en el expediente no obra constancia de autorización de trabajo suplementario como lo exige la norma reseñada, también lo es que la voluntad de la administración se evidencia en el hecho de que al demandante se le impuso una jornada laboral equivalente a 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso como se señaló en la certificación que obra a folio 72 y en la documental de folio 46 del expediente, en donde además se precisa que para efecto de cubrir los referidos turnos, el servicio se prestó en forma alterna de modo que en una semana se laboran 3 días y descansan 4 y en la siguiente se laboran 4 y descansan 3.

Así las cosas, es evidente que el señor Héctor Enrique Torres Rojas desarrollaba jornadas mixtas de trabajo, en consideración a que las labores se prestaban por el sistema de turnos que incluían horas diurnas y nocturnas.

En ese orden de ideas, el ente territorial deberá mediante acto administrativo liquidar y ordenar el pago de las horas extras causadas a partir del 15 de septiembre de 2006 y en adelante, en tanto continúe prestando su servicio bajo esa modalidad de turnos, por prescripción trienal, ya que la reclamación fue efectuada por el actor ante la administración el 15 de septiembre de 2009 (fl. 40).

Lo anterior, de conformidad con las previsiones señaladas en los artículos 35 y siguientes del Decreto 1042 de 1978, deduciendo para tal efecto los días de descanso remunerado, vacancias, licencias y permisos y demás situaciones administrativas que se le hayan presentado al trabajador y con los límites de temporalidad descritos en la norma.

ii) Los recargos nocturnos  

El artículo 35 del Decreto 1042 de 1978, estipula un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre la asignación mensual para los empleados que trabajan ordinariamente en la jornada nocturna:

“ARTICULO 35. DE LAS JORNADAS MIXTAS. Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales para los funcionario que trabajen ordinariamente por el sistema de turnos, cuando las labores se desarrollen ordinaria o permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y nocturnas, la parte del tiempo trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo del treinta y cinco por ciento, pero podrá compensarse con periodos de descanso.

Los incrementos de salario a que se refiere los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo.”

Y como en este caso, no cabe duda de que el actor laboró las 24 horas del día, por 24 horas de descanso, es evidente que algunas de esas horas de servicio fueron prestadas durante la jornada nocturna; sin embargo, de la documental obrante a folios 7 y 8 se deduce la forma en que tales recargos nocturnos fueron liquidados. Al respecto se dijo:

“Por lo anterior el cálculo se realiza de la siguiente manera:

Recargo ordinario nocturno = Asignación básica mensual /240 X 35% X No. Horas laboradas.

Recargo festivo diurno = Asignación Básica Mensual / 240 X 200% X No. Horas laboradas.

Recargo festivo nocturno = Asignación Básica Mensual / 240 X 235% X No. Horas laboradas.”

Así mismo, se observa en la certificación obrante a folios 312, 313 y subsiguientes, los valores reconocidos al demandante durante los años 2007 a 2011 por concepto de tales recargos, lo que lleva a afirmar que los mismos sí le fueron reconocidos y pagados en legal forma y ello da lugar a denegar las pretensiones sobre ese particular.

iii) Dominicales y festivos:

Respecto del trabajo en días de descanso obligatorio, el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 estableció lo siguiente:

“ARTICULO 39. DEL TRABAJO ORDINARIO EN DÍAS DOMINICALES Y FESTIVOS. Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo.

La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrada en la asignación mensual.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales y festivos.”

Como puede observarse, el trabajo realizado en los días de descanso obligatorio tiene un recargo propio y diferente del que las normas estipulan para el trabajo suplementario en días hábiles.

Así, cuando la norma define que el trabajo realizado en días domingos y festivos se remunera con el equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, se debe entender que se remunera con un recargo del 100% sobre el valor del trabajo realizado.

Bajo los parámetros anteriores es necesario definir si el trabajo desarrollado por Héctor Enrique Torres Rojas en días dominicales y festivos es de naturaleza ordinaria u ocasional, teniendo en cuenta que dentro de las pruebas que obran en el expediente(8) está demostrado que su labor era desarrollada por turnos de 24 horas que incluían domingos y festivos.

El artículo 39 previamente citado señala que el trabajo ordinario en días dominicales y festivos corresponde a los empleados públicos que en razón de su trabajo deben laborar habitual y permanentemente en días dominicales y festivos.

Para efecto de precisar los conceptos “ordinario o habitual” se observa que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define como habitual lo que “(…) se hace, padece o posee con continuidad o por hábito.”; de modo que para que se diga que existe una “habitualidad” en la prestación del servicio en días domingos y festivos, no necesariamente debe comprobarse que la labor fue ejercida durante estos días del mes, basta que quien presta el servicio bajo la modalidad de “turnos” tenga la certeza de cuáles domingos y festivos del mes debe trabajar.

En efecto, de acuerdo con la certificación que obra a folios 312 y 313, la jornada laboral del actor se desarrollaba por el sistema de turnos y de acuerdo a la documental de folio 46, estos turnos se alternaban en una semana laborando 4 días y descansando 3 y en la siguiente laborando 3 y descansando 4, lo que implica una previa programación de la jornada laboral mensual. Siendo así, el actor conocía de antemano qué domingos del mes debía prestar sus servicios, convirtiéndose en un hábito laborar uno, dos o más domingos de determinado mes, según la rotación de turnos prevista, lo que hace que su labor en días de descanso se volviera algo habitual(9).

Entonces, al estar demostrado el trabajo ordinario en días dominicales y festivos de manera habitual por parte del demandante al servicio del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, es procedente el reconocimiento y pago de los recargos correspondientes en la cuantía determinada por la ley; sin embargo, en los mismos términos y con base en las mismas pruebas aludidas al resolver la pretensión de recargos nocturnos(10) se puede establecer que los mismos sí fueron reconocidos y pagados en legal forma al demandante, razón por la cual no hay lugar a disponer reconocimiento alguno por ese concepto.

Ahora bien, advierte la Sala que el descanso compensatorio surge del trabajo realizado en días que no son hábiles, y como quedó demostrado en el plenario que el actor laboraba 24 horas pero descansaba otras 24, no hay lugar a reconocimiento del descanso remuneratorio.

iv) Reliquidación de Prestaciones Sociales

Es de advertir que como al demandante le asiste derecho al reconocimiento del trabajo suplementario, situación de la cual depende la reliquidación de las prestaciones sociales, incluyendo las cesantías e intereses por este concepto, el Distrito Capital – Secretaría de Gobierno – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos tendrá que reliquidarle las prestaciones sociales reconocidas y pagadas durante el tiempo que ha estado vinculado a ese ente territorial, incluyendo en la base salarial los conceptos a que se ha hecho referencia en esta providencia y ordenar el pago de las diferencias que resulten de esa liquidación desde el 15 de septiembre de 2006, por prescripción trienal y en adelante, mientras continúe prestando su labor mediante el sistema de turnos.

Las sumas resultantes de la condena en favor del señor HÉCTOR ENRIQUE TORRES ROJAS se actualizarán, aplicando para ello la siguiente fórmula:

R= RH Índice Final

Índice Inicial

 

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH) que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente a la fecha en la cual se causó el derecho.

En este orden de ideas, se revocará parcialmente la sentencia apelada, en cuanto ordenó el reconocimiento y pago de recargos nocturnos, recargos dominicales y festivos, y compensatorios que ya fueron reconocidos y pagados por la administración y se confirmará la misma, en cuanto ordenó el reconocimiento y pago de horas extras, con la correspondiente reliquidación de prestaciones sociales a que haya lugar por ese concepto, con el límite temporal aludido previamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCASE parcialmente la sentencia del veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012) proferida por la Sección Segunda, Subsección E -Sala de Descongestión- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la cual se accedió a las súplicas de la demanda promovida por HÉCTOR ENRIQUE TORRES ROJAS contra BOGOTÁ – SECRETARÍA DE GOBIERNO – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS.

En su lugar se dispone,

1.-) DENIÉGASE el reconocimiento y pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos, así como los compensatorios reclamados por el demandante, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.

2.-) CONFÍRMASE en lo demás la providencia recurrida, precisando que el reconocimiento de horas extras deberá tener el límite temporal a que se hizo alusión en la parte motiva.

Reconócese al abogado Juan Carlos Buitrago Cadavid como apoderado de Bogotá D.C. – Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder obrante a folio 690.

En firme la presente sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

1 Ver sentencias 5622-05,5494-05,7854-05. Dra. Ana Margarita Olaya

2 Corte Constitucional, sentencia C-1063 de 2000 del 16 de agosto de 2000, Expediente 2784, actor: Carlos Fernando Muñoz Calderón, M.P: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

3 Modificado en lo pertinente por los Artículos 1° al 3° del Decreto 85 de 1986.

4 Según documental visible a folio 7.

5 Artículos 85, 102 literal a) y 134.

6 Cuyos deberes y condiciones de prestación del servicio están establecidas en el artículo 118 del Decreto 388 de 1951.

7 En la documental visible a folios 7 y 8.

8 Certificación visible a folios 312 y 313 y documental de folio 46.

9 Consejo de Estado, sentencia 268-06 del 28 de febrero de 2008, actor: Claudia Posada Aguilar, M.P. Jaime Moreno Garcia.

10 Certificación visible a folios 312 y 313 entre otras.