Sentencia 2010-00348 de febrero 22 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA - DESCONGESTIÓN

Rad.: 25000-23-24-000-2010-00348-01

Actor: Gas Natural S.A. ESP

Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho — fallo de segunda instancia - revoca parcialmente — análisis de la caducidad de la potestad sancionatoria

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Bogotá D.C., veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con el artículo 129 del CCA y con el numeral 1º del Acuerdo 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo dentro de los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del citado acuerdo, el despacho del Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.

En el caso concreto, la Sala precisa que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(20), de conformidad con el cual “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”.

2. Actos administrativos acusados.

Corresponden a los siguientes actos sancionatorios:

2.1. La Resolución SSPD 20092400031345 del 3 de agosto de 2009, expedida por el superintendente delegado para energía y gas, que le impuso a la sociedad Gas Natural S.A. ESP una multa por valor de ciento ochenta y dos millones trescientos sesenta y dos mil trescientos pesos ($ 182.362.300).

2.2. La Resolución SSPD 20092400057845 del 4 de diciembre de 2009, expedida por el superintendente delegado para energía y gas, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión anterior, en el sentido de confirmarla en todas sus partes.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia apelada, para lo cual estudiará los cargos de nulidad consistentes en la infracción de la norma de superior jerarquía, consagrada en el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984; violación del debido proceso por no haber especificado en el pliego de cargos las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las conductas investigadas y por falta de legalidad de la sanción, al no haberse analizado el principio de proporcionalidad de la multa impuesta y justificado adecuadamente la decisión.

4. Razones jurídicas de la decisión.

Bajo el panorama expuesto, la Sala resuelve el problema jurídico que subyace al caso concreto, para lo cual, por razones de orden metodológico, abordará los siguientes ejes temáticos:

i) Caducidad de la potestad sancionatoria del Estado;

ii) Forma de contabilizar el término de caducidad;

iii) Examen de la caducidad en el caso concreto, en relación con los cargos imputados a la entidad demandante en la actuación sancionatoria;

iv) Violación del debido proceso a la entidad demandante por parte de SSPD por indeterminación de la imputación;

v) Violación del debido proceso referido a la justificación de la sanción.

4.1. Caducidad de la potestad sancionatoria del Estado.

La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado que la obligación de adelantar las investigaciones sin dilaciones injustificadas hace parte del debido proceso, aplicable a toda clase de actuaciones, e implica que la potestad sancionatoria no quede indefinidamente abierta, finalidad que se logra con el señalamiento de un plazo de caducidad que constituye una garantía para la efectividad de los principios constitucionales de seguridad jurídica y prevalencia del interés general, además de cumplir con el propósito de evitar la paralización del proceso administrativo y garantizar la eficiencia de la administración(21).

En torno al régimen legal de la potestad sancionatoria de la administración, de acuerdo con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo(22), la regla general, aplicable en defecto de previsión especial sobre el particular, es la contenida en el artículo 38 del CCA, de conformidad con el cual “[s]alvo disposiciones especiales en contrario, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanción caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”. (Negrilla fuera de texto).

4.2. Forma de contabilizar el término de caducidad.

En cuanto a la contabilización del término para imponer la sanción, resulta esencial determinar tanto el extremo temporal inicial como el final, con el fin de establecer si la SSPD ejerció la potestad disciplinaria dentro del plazo que le concedió el legislador.

En relación con el primer extremo, el artículo 38 del Decreto 01 de 1984, aplicable a la actuación objeto de estudio, establece que la caducidad se configura al cabo de tres (3) años de haberse producido el acto que pueda ocasionar la sanción, esto es, la ejecución de la conducta contraria al ordenamiento superior y que constituya falta sancionable de acuerdo con el principio de legalidad, conclusión diferente a la deducida por el a quo que consideró que el término se contaba a partir de la fecha en que el ente de inspección control y vigilancia tuvo conocimiento de los hechos.

Con respecto al extremo temporal final, esto es, el momento hasta el cual se extiende la competencia de la administración para la imposición de la sanción, la Sala destaca(23) que, hasta la expedición de la Ley 1437 de 2011(24), se habían sostenido tres tesis(25), a saber:

(i) Dentro del término de tres años que establecía el artículo 38 del Decreto 01 de 1994, debía expedirse únicamente el acto administrativo sancionatorio, sin que fuera necesaria su notificación ni el agotamiento de la vía gubernativa;

(ii) Se consideraba válido el ejercicio del poder sancionador con la expedición y notificación del acto principal dentro del término de caducidad de la misma, por estimarse necesario que el administrado conociera la decisión; y

(iii) El acto administrativo que refleje la voluntad de la administración respecto del procedimiento sancionatorio adelantado, debe quedar ejecutoriado dentro del término de caducidad, previsto en el artículo 38 del CCA, mediante la resolución y notificación de los recursos interpuestos para agotar la vía gubernativa.

Cabe destacar que actualmente la posición mayoritaria al interior del Consejo de Estado corresponde a la tesis intermedia, en virtud de la cual basta que se haya expedido y notificado dentro de dicho lapso el acto principal a través del cual se impone la sanción. En efecto, resulta ser esta la tesis que se impuso, por haber sido acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo(26), por las Secciones Primera(27) y Cuarta(28) de esta corporación, siendo entonces el criterio que gobierna esta clase de controversias.

El argumento que sustenta la tesis mayoritaria sostiene que el acto sancionatorio principal es “el que pone fin al procedimiento, resolviendo de fondo el asunto, con independencia de que el debate pueda continuar eventualmente si el interesado decide hacer uso de los recursos en vía gubernativa”(29).

En consecuencia, al analizar el caso concreto se encuentra que el acto administrativo sancionatorio se dictó el 3 de agosto de 2009 y se notificó por edicto 265 que fue fijado, por el término de diez (10) días, el 14 de agosto de 2009 y desfijado el 28 de agosto de 2009, de tal manera que únicamente le era posible a la SSPD investigar las conductas activas u omisivas acaecidas o cuyo acto final hubiese cesado con posterioridad al 28 de agosto del año 2006, oportunidad en la que se tiene por notificado el acto, al tenor de lo dispuesto por los artículos 45 y 51 del Decreto 01 de 1984.

4.3. Examen de la caducidad en el caso concreto.

En el libelo introductorio la sociedad Gas Natural S.A. ESP presentó como principal cargo de nulidad de los actos administrativos sancionatorios la infracción de la norma de superior jerarquía consagrada en el artículo 38 del CCA, por considerar que había fenecido la potestad sancionatoria del Estado, por cuanto los hechos imputados habían tenido ocurrencia más de tres (3) años atrás, argumento que reiteró en el escrito de apelación al estimar que el tribunal de primera instancia incurrió en un error en la valoración de los medios de convicción allegados a la actuación.

Lo anterior, por cuanto consideró que la entidad tuvo conocimiento de las conductas contrarias a la ley de servicios públicos domiciliarios con ocasión de los memorandos 20072300031393 del 30 de abril de 2007 y 20072300073503 del 9 de agosto del mismo año.

Al respecto, la Sala destaca que le asiste razón a la parte actora, por cuanto en este caso el a quo desconoció que los memorandos contenían información que provenía de otra dependencia de la misma entidad —Dirección Técnica de Gestión de Gas— que había venido recaudando información desde el año 2004, según constancias que se incluyeron en el mismo pliego de cargos(30).

4.3.1. Examen de la caducidad en relación con el primer cargo.

Abordando el caso concreto, de la apreciación en su conjunto del material probatorio allegado a la actuación, en especial del pliego de cargos y de la resolución por medio de la cual se impuso la sanción, se advierte que la conducta imputada consistió en que la sociedad prestó de manera insegura el servicio, al no suspenderlo en forma efectiva, en los inmuebles que relacionó —catorce (14) en total—, durante el año 2006, desconociendo las previsiones contenidas en los numerales 2.19, 2.24 y 4.20 de la Resolución CREG 067 de 1995.

Los casos materia de sanción se redujeron a ocho (8), por cuanto la SSDP consideró que había operado el fenómeno de la caducidad con respecto a seis (6) de las conductas imputadas en el pliego de cargos y sobre estos no se impondría sanción alguna.

Al analizar los verbos rectores utilizados en la imputación, se concluye —sin lugar a dudas— que se trató de una conducta de carácter permanente o continuado, consistente en haber prolongado la prestación del servicio y no suspenderlo, no obstante las condiciones de riesgo que ello implicaba, debiéndose tener como último acto la fecha en que se concretó el riesgo y se presentó el accidente que conllevó a la suspensión efectiva del suministro, situación que aparece claramente establecida en el pliego de cargos y en la resolución por medio de la cual se impuso la sanción, así:

1. El 27 de agosto de 2006, se consumó la conducta en relación con las usuarias Manuela Valentina Méndez, Natalia Méndez, Laura Daniela Méndez, Angie Lizeth Díaz Méndez, Johana Méndez y Luz Méndez.

2. El 28 de agosto de 2006, en relación con Mónica Ballesteros.

3. El 25 de octubre de 2006, con respecto a Hernando Zarabana y Carmen Ospina.

4. El 9 de noviembre de 2006, en el inmueble de Carol Rojas, Laura Sofía Gauta y Mariana Gauta.

5. El 13 de noviembre de 2006, en el inmueble de Ricardo Mahecha, Margarita Mahecha y Catalina Mahecha.

6. El 27 de noviembre de 2006, en relación con Luz Marina Echeverry, Andrea Celis, Angélica Celis y Patricia Sánchez.

7. El 27 de noviembre de 2006, con respecto al servicio prestado a Gloria Isabel Castañeda, Clara Ivón Díaz, Nicolás Posada.

8. El 30 de noviembre de 2006, en torno al servicio prestado a Dagoberto López.

De la relación efectuada, se tiene que únicamente se presentó caducidad de la potestad sancionatoria del Estado en relación con la primera conducta relacionada, la que se consumó el 27 de agosto de 2006, esto es, antes de que se desfijara el edicto por medio del cual se notificó la decisión, actuación que se produjo el 28 de agosto de la misma anualidad, trayendo como consecuencia la nulidad parcial de los actos censurados.

En relación con las restantes siete (7) conductas, resulta evidente que no operó el fenómeno objeto de análisis y la potestad se ejerció dentro del término previsto por el legislador, aspecto en relación con el cual se mantendrá la decisión sancionatoria.

4.3.1. Examen de la caducidad en relación con el segundo cargo.

Se(sic) segundo cargo se imputó por la conducta consiste en no haber realizado la revisión quinquenal a las instalaciones internas de los usuarios que relacionó —cuarenta y seis (46) en total—, en los términos de los numerales 5.23 y 5.24 de la Resolución 067 de 1995 o haberla realizado sin colocar una etiqueta visible donde conste la revisión y entrega de la certificación al usuario.

La norma cuyo incumplimiento se imputó contiene los siguientes deberes:

“5.23. El distribuidor estará obligado a inspeccionar las instalaciones del usuario periódicamente y a intervalos no superiores a cinco años, o a solicitud del usuario, consultando las normas técnicas y de seguridad. Realizará pruebas de hermeticidad, escapes y funcionamiento, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de este Código y de los contratos que se suscriban con el usuario. El costo de las pruebas que requieren estarán a cargo del usuario.

5.24. La empresa deberá colocar una etiqueta visible donde conste la fecha de revisión y deberá emitir una constancia al usuario”.

De la imputación realizada en este caso, en concordancia con el examen del texto contenido en los numerales transcritos, se desprende que existen dos conductas sancionables administrativamente, que consisten en: (i) no hacer la revisión quinquenal al vencimiento del término; y (ii) no colocar la etiqueta visible donde conste la revisión, así como omitir la certificación al usuario en aquellos eventos en que efectivamente se realice la inspección quinquenal.

Las actuaciones relacionadas se agotan en un único momento, toda vez que, según su estructura, no son actos que puedan ejecutarse de forma constante. En el primer evento, vencido el término concedido a la empresa para realizar la inspección se configura el incumplimiento, consolidándose la actuación contraria al ordenamiento, en el segundo caso, se agota la conducta cuando se lleva a cabo la revisión sin el lleno de los requisitos, incumpliendo el contenido obligacional.

En consecuencia, corresponde a la Sala analizar en cada caso la oportunidad en la que se consumó la conducta contraria al ordenamiento, para efectos de contabilizar al término de caducidad, como se indicó en el marco teórico expuesto en precedencia, tomando los datos consignados por la SSPD en el pliego de cargos y en la resolución por medio de la cual impuso la sanción:

Usuario Fecha vencimiento revisión quinquenal
1 Graciela Victoria Franco Martínez 14 de octubre de 2003
2 Esther Zamora de Toledo 24 de octubre de 2003
3 Eduardo Mora 3 de febrero de 2004
4 Aída Martínez de Ospina 27 de octubre de 2006
5 Álvaro García Solano Revisión sin certificar - 21 de junio de 2007
6 Zulma Janeth Rodríguez de Guerrero 21 de octubre de 2003
7 Lucía Fajardo de Villalobos 27 de julio de 2003
8 Exxon S.A. Revisión sin certificar - 27 de octubre de 2006
9 María Elena Silvia Montoya Revisión de la visita complementaria sin certificar - 29 de septiembre de 2008
10 Gloria Elsa Duque Ayala 7 de julio de 2003
11 Oscar Farías Cortés Revisión sin certificar –12 de junio de 2008
12 Ana Delfina Prada de Mora 27 de octubre de 2006
13 Patricia Hoyos de Consuegra 21 de octubre de 2003
14 María Isabel Mejía Jaramillo Revisión sin certificar –16 de julio de 2008
15 Magdalena Rodríguez de Álvarez Revisión sin certificar - 3 de octubre de 2006
16 Josefina Serna de Borda 27 de octubre de 2006
17 Ángela Patricia Jiménez Sierra 28 de mayo de 2003
18 Silvia Ramírez Fernández 24 de octubre de 2003
19 Carlos Alberto Arango Villegas 28 de mayo de 2003
20 Gabriela Niño Sicarad 27 de octubre de 2006
21 Ludy María Álvarez de Moreno Revisión sin certificar - 27 de octubre de 2006
22 Martha Lucía Serna Cárdenas 28 de mayo de 2003
23Clara Eugenia Velasco Velasco 28 de mayo de 2003
24 Sarquis Lincha José Revisión sin certificar - 10 de octubre de 2006
25 Clara Arroyo Revisión sin certificar - 27 de octubre de 2006
26 María Mercedes Arroyo Muñoz 10 de octubre de 2003
27 David Guerrero Pérez Revisión sin certificar - 24 de octubre de 2006
28 Clara Eugenia Velasco Velasco 28 de mayo de 2003
29 Sarquis Lincha José Revisión sin certificar - 10 de octubre de 2006
30 Clara Arroyo Revisión sin certificar - 27 de octubre de 2006
31 María Mercedes Arroyo Muñoz 10 de octubre de 2003
32 Martha Eugenia Alvarado Beltrán 7 de julio de 2003
33 Sandra Irene Rodríguez Parra 6 de junio de 2003
34 Luis Ignacio Aguilar Zambrano 21 de octubre de 2003
35 Jimena Rueda López Revisión sin certificar - 15 de julio de 2008
36 Jorge Téllez Puentes Revisión sin certificar - 11 de junio de 2008
37 Blanca Silvia Rodríguez de López Revisión sin certificar - 2 de junio de 2006
38 Gustavo Caldas Pareja 21 de octubre de 2003
39 Sergio Escobar Solórzano Revisión sin certificar - 12 de junio de 2005
40 Carolina Ruíz Cuervo 12 de febrero de 2004
41 José Marcos Soto Jiménez Revisión sin certificar - 11 de junio de 2007
42 Martha Rodríguez de Gómez 4 de junio de 2003
43 Hernando Navarro Revisión sin verificar - 11 de junio de 2007
44 Manuel Ignacio Cuervo Galindo Revisión sin certificar - 20 de noviembre de 2008
45 Diego Barajas Martínez Revisión sin certificar - 12 de junio de 2008
46 Paloma Sáenz Erasmo Revisión sin certificar - 11 de junio de 2008

Del recuento realizado por la Sala en torno a las conductas objeto de imputación y sanción en sede administrativa, la Sala encuentra que operó el fenómeno de la caducidad en relación con las consignadas en los numerales 1, 2, 3, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 y 42, para un total de veintitrés (23) conductas sobre las que la SSPD había perdido la competencia.

Se destaca que la caducidad está contenida en una norma de orden público y, por ende, de ineludible cumplimiento y la forma en que se debe llevar a cabo la contabilización del término no depende de la voluntad del titular de la potestad, por cuanto se trata de un tema que impacta directamente en la competencia de la administración para proferir el acto sancionatorio.

En virtud de lo expuesto, prospera parcialmente el cargo de nulidad del acto, invocado por la parte demandante y, por ello, en relación con las conductas en torno a las cuales subsistía la potestad sancionatoria del Estado se analizarán los demás argumentos de apelación.

4.4. Violación del debido proceso de la entidad demandante por indeterminación de la imputación.

A juicio de la parte demandante, en el trámite de la actuación administrativa sancionatoria no se precisaron las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se realizaron las conductas constitutivas de infracción al régimen de prestación del servicio público domiciliario de gas natural, por lo que existía una total indeterminación que le impedía ejercer el derecho de defensa.

Para estudiar este cargo, se precisa que la pieza procesal esencial sobre la que se edifica un proceso sancionatorio es el pliego de cargos el que debe tener absoluta coherencia con la decisión que pone fin a la actuación, debiendo cumplir estrictos requisitos formales y sustanciales, dentro de los cuales tiene especial trascendencia la precisión y claridad de los hechos que son motivo de investigación y por los cuales se formula la imputación, de la misma manera que la modalidad en que ocurrieron, y las circunstancias de agravación de la sanción que hayan sido deducidas, así como la calificación jurídica de tales situaciones.

Bajo este marco conceptual, al abordar el caso concreto se encuentra que, contrario a lo afirmado por la parte actora, en el pliego de cargos formulado el 27 de mayo de 2009 en la actuación administrativa, la SSPD relacionó con claridad y precisión, las conductas en que presuntamente había incurrido la empresa prestadora del servicio, realizó la adecuación típica con respecto a la norma que consagra el deber jurídico y relacionó cada uno de los inmuebles en que se presentó el incumplimiento del contenido obligacional.

Al respecto incluyó, en relación con el primer cargo, un cuadro en el que precisó: (i) el número de cuenta; (ii) la dirección del inmueble; (iii) las personas afectadas; (iv) los números de los folios del informe técnico que adjuntó al pliego de cargos en los que aparecen referidos los hechos; y (v) la fecha del accidente.

Respecto del segundo cargo, incluyó: (i) el número de póliza; (ii) la dirección del inmueble; (iii) el nombre del usuario; (iv) la fecha de vencimiento de la revisión quinquenal o en su defecto aquella en que se realizó sin el lleno de los requisitos legales; y (v) los números de los folios del informe técnico en el que se encontraban estructurados cada uno de los casos.

Ante la claridad de la imputación y al advertirse que no se violó el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad demandante, el cargo objeto de análisis, no está llamado a prosperar.

4.5. Violación del debido proceso referido a la justificación de la sanción.

En el escrito de apelación, la parte demandante afirmó que no existe razón alguna que permita conocer las razones por las cuales se impuso una multa superior a los ciento ochenta millones de pesos ($ 180.000.000) y la “corresponsabilidad de ese valor con los hechos investigados, lo que permite concluir que dicho valor es producto de la subjetividad” del funcionario encargado de la sustanciación del caso.

El principio de proporcionalidad de la sanción exige que la falta descrita y la sanción correspondiente a la misma resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública. Respecto de la sanción administrativa, la Corte Constitucional ha precisado que este principio “implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad”(31).

Al abordar el caso concreto se encuentra que la SSDP, al momento de justificar el monto de la multa a imponer de conformidad con lo normado por el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, calificó como graves las conductas en las que incurrió la empresa prestadora del servicio público, por cuanto ésta tiene la obligación de velar porque el servicio del suministro de gas que se distribuya a los usuarios sea seguro y cuenta con mecanismos idóneos mediante los cuales puede confirmar el estado técnico de las instalaciones.

De la apreciación realizada concluyó que, según la norma referida, “teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de la falta, el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio y el hecho de que la empresa es reincidente en estas conductas, procederá a imponer sanción de multa…”(32), que graduó en la suma referida.

Cabe destacar que la norma que regula la sanción, en la redacción que tenía para la época de imposición de la sanción, contemplaba la posibilidad de fijar la multa hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos legales mensuales, los cuales se graduarían atendiendo el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio y el factor de reincidencia, como efectivamente lo realizó la SSDP.

En virtud del análisis efectuado, la Sala concluye que la sanción se encuentra debidamente motivada, por lo que el cargo no está llamado a prosperar, con independencia de las decisiones que adoptará esta Sala con respecto a la cuantía de la multa ante la prosperidad parcial de los cargos de nulidad.

5. Declaraciones y condenas.

5.1. Declaración de nulidad parcial de los actos administrativos demandados.

Con fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos administrativos censurados dejando sin efectos la conducta número (1) del primer cargo, en relación con el cual subsisten siete (7) infracciones; y veintitrés (23) conductas del segundo cargo, subsistiendo las restantes veintitrés (23), en virtud de encontrarse acreditado que sobre las mismos había fenecido la potestad sancionatoria de la administración.

5.2. Restablecimiento del derecho.

En el sub examine se advierte que la SSPD impuso a la sociedad demandante la multa de ciento ochenta y dos millones trescientos sesenta y dos mil trescientos pesos ($ 182.362.300) por las conductas que correspondían a los dos cargos imputados, en relación con los cuales esta Sección encontró acreditada una causal de nulidad que invalida parcialmente los actos administrativos censurados.

En consecuencia, para efectos de establecer el restablecimiento del derecho se hará uso de la potestad conferida a la jurisdicción contencioso administrativa para “estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas” que le confiere el artículo 170 del Decreto 01 de 1984(33), y, por ende, se modificará la Resolución SSPD 20092400031345 del 3 de agosto de 2009, en el sentido de mantener la responsabilidad administrativa de Gas Natural S.A. ESP por las treinta (30) conductas que no fueron objeto de nulidad y, en consecuencia, se reducirá —en forma estrictamente proporcional— el valor de la multa impuesta, la cual queda en la suma de ciento un millones trescientos doce mil trescientos ochenta y nueve pesos moneda legal ($ 101.312.389).

Tal suma de dinero se obtuvo de dividir el valor de la multa inicialmente impuesta por las cincuenta y cuatro (54) conductas imputadas y multiplicar el resultado por las treinta (30) en relación con las cuales se mantiene vigente la sanción, fórmula que garantiza el equilibrio con respecto a la situación realmente probada.

En garantía del principio de proporcionalidad de la sanción, cuyos principales lineamientos se explicaron en precedencia, se mantendrá la calificación de graves de las conductas endilgadas, por la afectación al servicio público, el riesgo que significó la inadecuada prestación del mismo para los usuarios —que se concretó en algunos de los casos— y la reiteración de las conductas

En virtud de lo expuesto, la sociedad Gas Natural S.A. ESP deberá pagar la SSPD el valor al cual se adecúo la sanción y que se encuentra garantizado por la póliza de seguros número 12 JU 558906, expedida por Liberty Seguros que obra a folio 821 del expediente.

En consecuencia, el monto de la condena, esto es del valor al que quedó reducida la multa deberá ser actualizado con la corrección de la capacidad adquisitiva del dinero, de conformidad con el artículo 178 del CCA, ejercicio este último que la Sala no puede realizar en este momento, teniendo en cuenta que no obran expediente los medios probatorios para efectuar el cálculo.

6. Costas.

No hay lugar a condenar en costas en esta instancia por cuanto los argumentos del recurso de apelación de la parte demandante prosperaron parcialmente, sin que se encuentre acreditada una inadecuada conducta de alguna de las partes.

7. Otras decisiones.

La Sala observa que a folio 33 del cuaderno número 2, obra el original del poder conferido por la representante legal de Almaviva, con destino al proceso instaurado por esa sociedad contra la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, radicado con el número 200402255, que no corresponde a este trámite, el cual se ordena desglosar y allegar al expediente que corresponda.

Así mismo, a folio 31 obra el poder conferido por el representante judicial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al abogado Charles David Chaves Bruges, para representar a la entidad en el vocativo de la referencia y en folio 44 obra un nuevo poder otorgado por la entidad al abogado Raúl Alejandro Crialez Martínez, en relación con los cuales no se han efectuado pronunciamiento alguno.

En consecuencia, la Sala con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, normatividad adjetiva que rige el presente trámite, entiende terminado el mandado conferido al abogado Charles David Chaves Bruges y, finalmente, por encontrarse vigente el poder conferido al profesional Raúl Alejandro Criales Martínez, se le reconoce personería para actuar en el presente proceso, en los términos y para los efectos del mandato conferido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

1. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 19 de julio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca — Sección Primera – Subsección A – y, en su lugar, SE DECLARA la nulidad parcial de las Resoluciones SSPD 20092400031345 del 3 de agosto de 2009 y SSPD — 20092400057845 del 4 de diciembre de 2009, expedidas por el superintendente delegado para energía y gas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, únicamente en lo relacionado con las conductas números: 1 del primer cargo y 1, 2, 3, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 y 42 del segundo cargo, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. El valor de la multa impuesta a través de los actos demandados, correspondiente a las restantes conductas sancionadas y que se mantienen incólumes, SE MODIFICA en el sentido de reducirla a la suma de ciento un millones trescientos doce mil trescientos ochenta y nueve pesos moneda legal ($ 101.312.389), por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído, monto que deberá pagar Gas Natural S.A. ESP a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, debidamente indexado.

3. CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia impugnada.

4. DESGLOSAR el documento visible a folio 36 del cuaderno número 2 que corresponde al original del poder conferido por la representante legal de Almaviva, con destino al proceso instaurado por esa sociedad contra la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, radicado con el número 2004-02255.

5. DECLARAR terminado el mandato conferido al abogado Charles David Chaves Bruges, al haberse otorgado un nuevo mandato.

6. RECONOCER PERSONERÍA adjetiva para actuar en representación de la SSPD al abogado Raúl Alejandro Criales Martínez, en los términos y para los efectos del mandato conferido.

7. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».

20 Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el literal c del numeral 1º del artículo 625 del Código General del Proceso “c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar corrió entre el 4 y el 17 de septiembre de 2013 (fl. 8 reverso cuaderno número 2), el presente asunto se encuentra para fallo previó a la entrada en vigencia del Código General del Proceso (1º de enero de 2014, como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, Exp. 49.299, C.P. Enrique Gil Botero.

21 Corte Constitucional, Sentencia C-401 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

22 Contentivo del procedimiento general aplicable a todas las actuaciones y procedimientos administrativos que realice la Administración Pública, que no hayan sido objeto de una regulación especial.

23 Este análisis se realizó igualmente por la Sala en sentencia del 8 de febrero de la presente anualidad, proferida en el radicado 25000-23-24-000-2008-00045-02.

24 Normatividad que zanjó las diferencias de posturas que existían al interior de la corporación.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Sentencia del dos (2) de agosto de dos mil doce (2012), Rad. 25000-23-24-000-2004-00030-01(17439), actor: Instituto de Fomento Industrial IFI - en liquidación.

26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 29 de septiembre de 2009, Rad. 11001-03-15-000-2003-00442-01(S), C.P. Susana Buitrago Valencia.

27 Entre otras, en los siguientes fallos: las sentencias del 26 de noviembre de 2009, Rad. 25000 23 24 000 2004 00339 01, C.P. Rafael Ostou de Lafont Pianeta; 9 de junio de 2011, Rad. 2004 00586 01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; de 4 de agosto de 2011, Rad. 2003 01151 01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; 23 de febrero de 2012, Rad. 2004-00344-01, C.P. María Elizabeth García González; 14 de febrero de 2013, Rad. 25000 23 24 000 2003 91003 01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno y 28 de veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), Rad. 25000 23 24 000 2008 00369 01, actor: Gas País S.A. y CIA. SCA ESP. Demandados: Nación - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, M.P. Guillermo Vargas Ayala.

28 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del primero (1º) de octubre de dos mil catorce (2014), Radicación: 250002324000200700081 01 Número interno: 18917 Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandante: Banco Davivienda S.A. Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

29 Ob. Cit.

30 Ver folio 2332 del cuaderno anexo.

31 Corte Constitucional, Sentencia C-125 del 18 de febrero de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

32 Folio 2365 del cuaderno de pruebas.

33 La norma establece: “ART. 170.—Modificado por el artículo 38, Decreto Nacional 2304 de 1989. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas”. (Negrillas fuera de texto).