SENTENCIA 2010-00353

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá D.C., ocho de septiembre de dos mil dieciséis.

Rad.: 130012331000201000353 01

Nº Interno: 0098-2015

Actor: Cesar Eduardo Cervantes Díaz.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Trámite: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Segunda Instancia.

Asunto: Establecer si tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Problema jurídico.

Atendiendo a los motivos de oposición aducidos por la parte demandada y conforme al material probatorio obrante en el expediente, se extrae que en el sub-lite el problema jurídico se contrae a determinar si el señor Cesar Eduardo Cervantes Díaz tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por haber adquirido, aparentemente, una disminución en su capacidad laboral equivalente al 100%.

Para tal propósito se tendrá que establecer, como problema jurídico asociado, si las valoraciones que realizan las juntas regionales de calificación de invalidez se pueden tener en cuenta y si tienen los mismos efectos a las expedidas por las autoridades médico laborales de las fuerzas Militares y de policía nacional, en cuanto al reconocimiento de la pensión de invalidez se refiere.

Bajo ese contexto, es necesario estudiar el marco normativo que regula la pensión de invalidez en la fuerza pública, para con fundamento en ello desarrollar el problema jurídico planteado.

i) Pensión de invalidez en el régimen especial de la fuerza pública.

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 y concordantes de la Constitución Política de 1991, la seguridad social ostenta una doble dimensión, por un lado, es un servicio público a cargo del Estado y, por el otro, es un derecho irrenunciable.

Con la entrada en vigencia de la carta fundamental y la idea de un Estado Social de Derecho fundado en el principio de solidaridad, se propendió por el establecimiento y configuración de un Sistema de Seguridad Social en sus tres dimensiones, esto es, en salud, pensiones y riesgos profesionales, que de alguna manera involucrara a la mayoría de la población. Empero, se conservaron algunos regímenes especiales y/o exceptuados, algunos de los cuales, incluso, encontraron un soporte Constitucional.

Tal es el caso de las Fuerzas Militares, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 217 superior, están constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; instauradas para defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional; y, ostenta un régimen prestacional especial(9).

Ahora bien, el Decreto 2728 de 1968, “por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las fuerzas militares”, estableció en el artículo 2º que para efectos de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes, incapacidades, invalideces e indemnización los soldados y grumetes quedan sometidos al “reglamento general de incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones para el personal al servicio de las fuerzas militares y de la policía nacional”.

A su turno, el Decreto 94 de 1989, norma aplicada por la entidad accionada y que la condujo a negar el beneficio prestacional reclamado, reformó “el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Ejército Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y Ejército Nacional”, en su artículo 90 preceptuó:

“(…) ART. 90.—Pensión de invalidez del personal de soldados y grumetes. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el tesoro público y liquidada así:

a) El 75% del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.

b) El 100% del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%.

(…)”.

Por su parte, el Decreto 1796 de 2000 en relación con la pensión de invalidez para el personal suboficial de la Policía Nacional, estableció:

“(…) ART. 40.—Pensiones de invalidez para los alumnos de las escuelas de formación de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares o su equivalente en la Policía Nacional. Cuando mediante junta médico-laboral o tribunal médico-laboral de revisión militar y de la policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, por causa y razón del mismo, el personal de que trate el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto y liquidada como a continuación se señala:

a. El setenta y cinco por ciento (75%) de los salarios básicos que se indican en el parágrafo 1º de este artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).

b. El ciento por ciento (100%) de los salarios básicos que se indican en el parágrafo 1º de este artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

PAR. 1º—La base de liquidación de la pensión para los alumnos de las escuelas de formación de oficiales será el sueldo básico de un subteniente.

Para los alumnos de las escuelas de formación de suboficiales, la base de liquidación será el sueldo básico de un cabo tercero o su equivalente en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

PAR. 2º—Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.

(…)”.

Finalmente el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 en cuento a esta prestación dispuso que:

“(…) ART. 30.—Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando mediante junta médico laboral o tribunal médico laboral de revisión militar y de policía, al personal de oficiales, suboficiales, soldados profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las fuerzas militares, y de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la policía nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad, a que el tesoro público les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que correspondan según lo previsto en el presente decreto:

30.1. El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) e inferior al ochenta y cinco por ciento (85%).

30.2. El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) e inferior al noventa y cinco por ciento (95%).

30.3. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

(…)”.

De conformidad con el marco normativo anteriormente referenciado, se concluye que para acceder a la pensión de invalidez en el régimen especial de la fuerza pública, es necesario que el interesado haya sufrido una pérdida de la capacidad laboral no inferior al 75%(10).

ii) La solución al caso concreto.

El actor solicita el reconocimiento de la pensión de invalidez por haber adquirido una pérdida de la capacidad laboral debido a una serie de enfermedades y secuelas que adquirió durante la prestación del servicio. En aras a determinar si tal afirmación corresponde a la realidad, es necesario examinar el material probatorio que obra en el expediente que se relaciona a continuación:

De acuerdo con el informe administrativo 021 de 12 de junio de 2001 suscrito por el subcomandante operativo del departamento de policía de Norte de Santander, el 11 de septiembre de 1998 el señor Cesar Eduardo Cervantes Díaz, entre otros, fueron víctimas de un ataque subversivo por parte del grupo guerrillero del ELN en la estación de policía Las Mercedes, lo cual trajo como consecuencia su secuestro que perduró hasta el 23 de diciembre de 2000. Por lo anterior señaló que las lesiones sufridas por éste se ocasionaron en el servicio, como consecuencia del combate o accidente relacionado con el mismo, por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000(11).

El 8 de abril de 2006 la junta médico laboral de la policía nacional al dictaminar la pérdida de la capacidad laboral del señor Cesar Eduardo Cervantes Díaz establece lo siguiente:

“(…) VII. Conclusiones

A. Antecedentes – lesiones – afectaciones – secuelas.

1. A.V. OD. 20/100. OI20/20, Leucoma Corneal OD.

2. Trastorno de estrés postraumático en resolución.

3. SRT. OI: 20DBS, OD: 27,5 DBS.

B. Clasificación de las lesiones y calificación de capacidad para el servicio.

Incapacidad permanente parcial - no apto. Por artículo 52 “H” 4 “A”, la JML sugiere reubicación laboral en actividades administrativas.

C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral de:

DCL: treinta y seis punto noventa y ocho por ciento (36.98%)

D. Imputabilidad del servicio.

De acuerdo al artículo 24 del Decreto 1796/2000 le corresponde el literal c) en el servicio por causa de heridas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público, se trata de accidente de trabajo.

E. Fijación de los correspondientes índices.

De acuerdo al artículo 15 del Decreto 1796/2000 le corresponde los siguientes índices:

A1Numeral 6-0536 puntos

A2Numeral 3-040literal a5 puntos

A3Numeral 6-034literal a derecho1 punto

A3Numeral 6-034literal b izquierdo2 puntos

NOTA: A1, A2 y A3 está relacionado con el IA021 del 12/06/2001 denor literal c.

(…)”.

El 21 de julio de 2006 el señor Cesar Eduardo Cervantes Díaz fue valorado por parte de la psiquiatra forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses, por petición que le realizara la fiscal seccional 37 de la unidad de delitos contra la fe pública y el patrimonio económico de Barranquilla, a fin de establecer su sanidad mental, dentro del cual se consideró que(12):

“(…) Examen mental actual.

Llega el examinado acompañado de guardián y una señora, en calidad de detenido, en todo momento muestra cierta ansiedad, avalada por la inquietud motora, desespero, tristeza, no permanece en su puesto, debiéndose levantar de la silla en todo momento, distractil, con lenguaje poco fluido y de pobre colaboración. Viste adecuadamente para edad y sexo, de manera deportiva, desorientado en el tiempo, parcialmente orientado en lugar, orientado en persona; afecto: poco modulado, con ansiedad y evidente preocupación, acompañado de tristeza (…).

Discusión y conclusión.

Se trata de un hombre adulto, de nivel socioeconómico bajo de quien piden valoración psiquiátrica.

Al examen mental actual, clínicamente y a la entrevista, inevitablemente apreciamos a una persona con alteraciones en varias de las facultades mentales superiores, tales como afecto, pensamiento, introspección, juicio, raciocinio, sensopercepción y conación, avala lo anterior todos los comportamientos y manejos durante la entrevista, en donde se evidencia lo anotado anterior, tal como ansiedad, angustia, desespero, desasosiego, tristeza y demás. Revisada la historia clínica, dentro de las piezas procesales, vemos que existe antecedentes de severas alteraciones psiquiátricas, al parecer motivadas al ser víctima por la toma guerrillera en el año de 1998 y por lo cual se le hizo el diagnostico de: 1. Estrés postraumático. 2. Depresión mayor (…) por lo tanto concluimos que está presentando episodio psicótico agudo, de características afectivas, teniendo en cuenta los diágnosticos de base que tiene con anterioridad, igualmente anotamos que esta sintomatología es considerada una urgencia psiquiátrica, que amerita muy probablemente internación intrahospitalaria, ante el riesgo de hacerse daño o hacerle daño a los demás, por lo cual sugerimos que el evaluado sea llevado a un hospital psiquiátrico del Estado, el cual podría ser el hospital San Pablo de la ciudad de Cartagena o el CARI en Barranquilla, muy probablemente a criterio del médico psiquiatra de turno considerará la hospitalización o manejo intrahospitalario que amerita el evaluado. Otra posibilidad es con quien la policía tenga convenio para el manejo de su situación en la esfera mental.

(…)”.

A folios 48 a 82 del expediente se encuentran diferentes historias clínicas del señor Cesar Eduardo Cervantes Díaz, correspondientes a los años 2003 al 2007, en donde se evidencia que ha sido tratado en diferentes oportunidades por el trastorno de estrés postraumático e ideación suicida, razón por la que ha recibido constantemente apoyo psiquiátrico intrahospitalario y ambulatorio.

El 22 de abril de 2008 la junta médico laboral de policía estudió la capacidad laboral, lesiones, secuelas, indemnizaciones e imputabilidad del servicio del señor Cesar Eduardo Cervantes Díaz en la cual concluyó lo siguiente(13):

“(…)

A. Antecedentes – lesiones – afecciones – secuelas.

1. Trastorno de estrés postraumático.

2. Disminución de agudeza visual.

3. Bloqueo incompleto de rama derecha.

4. Hipoacusia bilateral.

B. Clasificación de las lesiones o afecciones y clasificación de capacidad para el servicio.

Incapacidad permanente parcial – no apto. Por artículo 52H 4ª reubicación laboral: no labores.

C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.

Presenta una disminución de la capacidad laboral de:

Actual: dieciséis punto diecisiete por ciento 16.17%.

Total: cincuenta y tres punto quince por ciento 53.15%.

D. Imputabilidad del servicio.

De acuerdo con el artículo 24 del Decreto 1796/2000 le corresponde el literal:

No figura informe administrativo. Se trata de enfermedad común.

E. Fijación de los correspondientes índices.

De acuerdo al artículo 71 del Decreto 094/1989, modificado y adicionado por el Decreto Ley 1796 de 2000, le corresponde los siguientes índices:

A1Ya calificado

A2Ya calificado

A3Numeral 5-021 sin literal 7 puntos

A4Numeral 6-034 literal B 5 puntos

VII. Decisiones

En presencia de los participantes se establece que la decisión ha sido tomada por unanimidad y corresponde a la veracidad de los hechos (…)”.

El 25 de abril de 2009 el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía al resolver el recurso interpuesto por el señor Cesar Eduardo Cervantes Díaz, se especificó que(14):

“(…)

V. Consideraciones

Teniendo en cuenta que revisada la junta médica de 8 de abril de 2006 en ella le fue calificada la hipoacusia bilateral asignándole índices correspondientes, se revoca lo asignado en esta junta médica toda vez que de acuerdo al Decreto 094 de 1989 una misma patología no puede ser calificada doblemente, en cuanto a su patología psiquiátrica, este tribunal revisando la historia clínica y la junta antes mencionada encuentra que está documentada 2 años posterior al retiro y no hace parte de las patologías calificadas por la junta que se encuentra autorizada, además fue ya calificada en la junta médica laboral anterior por lo cual no se tiene en cuenta.

VI. Decisiones.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 094/89, los miembros del tribunal médico laboral por unanimidad deciden modificar las conclusiones de la junta médico laboral 028 del 22 de abril de 2008.

A. Lesiones – afecciones – secuelas.

Bloqueo incompleto de rama derecha.

B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad para el servicio.

Le determina una incapacidad permanente y parcial. No apto por junta médico laboral 709 del 8 de abril de 2006 artículo 52h 4ª. No aplica la reubicación laboral.

C. Evaluación de la disminución de la pérdida de la capacidad laboral.

Le produce una disminución de la capacidad laboral de:

Anterior: 36.98 por junta médico laboral 709 del 08/04/2006.

Actual: 10.08%.

Total: 47.06%.

D. Imputabilidad del servicio.

Literal A. Se trata de enfermedad común.

E. Fijación de los correspondientes índices.

Se ratifica numeral 5-021 sin literal índice 7

Se revoca numeral 6-034 literal b índice 5

(…)”.

El 8 de mayo de 2013 la junta regional de calificación de invalidez de Bolívar determinó que la capacidad laboral del señor Cesar Eduardo Cervantes Díaz era equivalente al 100% y que su origen se había ocasionado como consecuencia de una enfermedad profesional(15).

Pues bien, según los resultados contenidos en las actas de junta médica laboral y del tribunal médico de revisión militar y de policía, el grado de disminución de la capacidad laboral del demandante era del 47.06%, porcentaje que, de acuerdo a lo previsto en los Decretos 1796 de 2000 y 4433 de 2004 anteriormente citados, no daba lugar a la pensión de invalidez pretendida; no obstante, en el trascurso del proceso se ordenó remitir al señor Cesar Eduardo Cervantes Díaz a la junta regional de calificación de invalidez de Bolívar, para que calificara su capacidad laboral y determinó una disminución en su capacidad laboral del 100% con fundamento en el Decreto 094 de 1989, como consecuencia de una enfermedad profesional.

Con respecto a este nuevo porcentaje la Sala debe señalar que debe ser tenido en cuenta, contrario a lo expuesto por la parte demandada en su recurso de apelación, pues se practicó atendiendo una orden judicial que estaba sustentada por el entonces Decreto 2463 de 2001(16), el cual si bien dispuso en su artículo 1º que se aplicaría a todos los trabajadores y servidores públicos del territorio nacional de los sectores público y privado, trabajadores independientes afiliados al sistema de seguridad social y pensionados por invalidez, lo cierto es que entre las funciones que le asignó a estas juntas calificadoras está la de evaluar las solicitudes de calificación de pérdida de la capacidad laboral requeridas por las autoridades judiciales o administrativas, evento en el cual, su actuación será como peritos asignados en el proceso(17).

Se debe indicar respecto de las valoraciones efectuadas por las juntas regionales de calificación de invalidez por orden judicial, que la Corte Constitucional precisó dos aspectos a saber, el primero señala que las autoridades judiciales o administrativas pueden designar como peritos a las juntas de calificación de invalidez y, el segundo de ellos referido a, la obligatoriedad y perentoriedad en el cumplimiento de las órdenes judiciales a través de las cuales se disponga este tipo de valoraciones. En efecto, sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia T-033 de 2004, que:

“(…) Las órdenes judiciales no pueden ser ignoradas ni desobedecidas pues su cumplimiento no es facultativo. El derecho a acceder a la justicia, comprende no sólo la presentación de una demanda sino también el cumplimiento de lo ordenado por los jueces. De lo contrario, este derecho sería intrascendente y se agotaría en una mera formalidad. Adicionalmente, es del caso tener en cuenta que la junta calificadora accionada gozaba, en virtud del derecho al debido proceso, de la posibilidad de controvertir la orden judicial que le había sido impartida (…)”.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta, tal como lo ha dicho esta corporación, que cuando existen conceptos médicos que discrepan en cuanto a la disminución de la capacidad laboral del funcionario (el emitido en el trámite administrativo y el de los peritos designados en el proceso), debe darse prelación al dictamen que emitan los expertos dentro del proceso, dado que puede ser controvertido como medio de prueba, lo que no acontece con las evaluaciones médicas realizadas en los trámites administrativos de reconocimiento de pensión de invalidez(18).

Inclusive, este tipo de dictámenes proferidos en sede judicial tendientes a desvirtuar los realizados en sede administrativa, pueden ser objetados por la entidad demandada, lo cual no ocurrió en el presente caso, pues a pesar de que a quo mediante auto de 31 de octubre de 2012 corrió traslado para que las partes lo objetaran, de conformidad por el numeral 1º del artículo 238 del C.P.C., lo cierto fue que no se efectuó ninguna manifestación.

Bajo ese contexto, no cabe duda que los dictámenes o valoraciones que efectúan las juntas regionales de calificación de invalidez además de que se pueden tener en cuenta, tienen los mismos efectos a las expedidas por las autoridades médico laborales de las fuerzas militares y de policía nacional, siempre y cuando los ordene la autoridad judicial competente y sean sometidos a la correspondiente contradicción de que trata el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil(19).

Ahora bien, para la Sala no resulta indiferente la serie de secuelas del señor Cesar Eduardo Cervantes Díaz que evidentemente incrementaron con el paso del tiempo, con ocasión a las enfermedades que adquirió durante y después del secuestro del cual fue víctima el 11 de septiembre de 1998(20) y que lo llevaron a que estructurara una invalidez del 100%, pues de acuerdo a la historia clínica y a las valoraciones efectuadas que obran en el proceso, el estrés postraumático, la disminución de la agudeza visual en ambos ojos y la sordera parcial(21) fueron algunas de las afecciones que acrecentaron su grado de perturbación a pesar de los diferentes tratamientos a los cuales se estaba sometido.

Específicamente, en el caso del estrés postraumático(22), fue una enfermedad que a través de los años no tuvo mejoría alguna, pues el demandante mantenía la ideación suicida, sentimientos de minusvalía, llanto fácil, angustia y ansiedad al no recibir la medicación correspondiente(23), en ese sentido, es pertinente señalar que el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía no volvió a calificar esta patología por cuanto la junta médico laboral ya la había tenido en cuenta en una calificación que efectuó el 8 de abril de 2006, en donde por demás estipuló, que esta alteración mental había sido como consecuencia del citado secuestro; sin embargo, ello no es óbice para que no se tenga en cuenta al grado al cual se había incrementado.

Lo anterior, por cuanto si bien es cierto la junta regional de calificación de invalidez del Bolívar profirió un dictamen en donde se tuvo en cuenta toda la evolución de las afecciones aproximadamente 15 años después de la ocurrencia del incidente que le generó la disminución de la capacidad laboral al actor, también lo es que, esta situación no puede ser usada en contra del demandante, pues no puede esperarse que en tratándose de trastornos como el estrés postraumático que afecta la capacidad laboral y disminuye la calidad de vida, se mantenga intacta con el paso del tiempo, máxime cuando la doctrina psiquiátrica ha establecido que ésta es una patología que no tiene mejoría; veamos(24):

“(…)

Evolución y pronóstico.

Aunque en los estudios de seguimiento de grandes masas de población sometidas a situaciones de estrés traumático muestran una disminución gradual con el tiempo de los efectos del estrés, en la clínica del paciente individual no se observa con tanta claridad esta relación inversa entre severidad de la patología y el paso del tiempo. Probablemente, una proporción aun no bien determinada de sujetos, especialmente entre aquellos que desarrollan formas menores o incompletas del SEPT (o TEPT), experimenta una remisión espontánea o, al menos, una reducción de sintomatología que hace el cuadro compatible con la vida normal. Sin embrago, un buen número de los enfermos que desarrollan el SEPT (o TEPT) tienden a seguir un curso crónico, con pocos cambios clínicos, según se demuestra en estudios de seguimiento a 10 años (Kolb, 1989). Las complicaciones del SEPT (o TEPT) crónico son graves desde el punto de vista psicosocial, ya que estos enfermos presentan altos índices de alcoholismo, adicción a drogas, suicidio, divorcio y paro laboral (CDC, 1988; Kolb, 1989). Algunas evidencias indirectas sugieren también que los sujetos afectos de SEPT (o TEPT) crónico tienen mayor tendencia a sufrir graves accidentes de tráfico, siendo esta una de las causas de la mayor mortalidad a diez años entre soldados que participaron en combates, comparativamente con aquellos que no lo hicieron (Hearst, 1986). Estas observaciones tienen importancia para la psiquiatría preventiva y para la medicina forense, siendo preciso estar atento a la detección del SEPT (o TEPT) en toda víctima de accidentes, violencia o cualquier otro tipo de situación traumática, con objeto, entre otras cosas, de recomendar las medidas preventivas y terapéuticas adecuadas (…)”.

En concordancia con lo anterior, la especialista del Instituto Nacional de Medicina Legal consideró que “(…) estos diagnósticos son alteraciones psiquiátricos, la literatura al respecto es clara al anotar que probablemente las alteraciones son de por vida, incluso aun con tratamiento instaurado y prueba de ello, son la diferentes anotaciones en la historia clínica remitida dentro del expediente y en la cual sobresale una valoración por psicología, en la cual dan fe del secuestro que padeció o manifestaciones que indican estar por fuera de la realidad (…)”;

Así las cosas, habiéndose establecido, de un lado, que la etiología de la afección síquica que padece el señor Cesar Eduardo Cervantes Díaz fue como consecuencia del secuestro del cual fue víctima; y de otro, mediante prueba pericial que la pérdida de la capacidad laboral del demandante es del 100%, y no del 47.06% como lo estableció el tribunal médico de revisión militar y de policía, se desvirtúa la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, y por ello, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo del Bolívar que accedió a las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. CONFIRMASE la Sentencia de 18 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Cesar Eduardo Cervantes Díaz en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(9) Esta exclusión del régimen prestacional general también se evidencia, en materia de pensiones, en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Sentencia de 29 de abril de 2010, rad. 25000-23-25-000-2004-05113-01 (0540-09), actora: Anyela Felisa Benavides Novoa, Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

(11) Visible a folios 186 y 187 del expediente.

(12) Visible a folios 42 a 47 del expediente.

(13) Visible a folios 23 a 25 del expediente.

(14) Visible a folios 26 a 28 del expediente.

(15) Visible a folios 175 y 176 del expediente.

(16) Derogado por el Decreto 1352 de 2013.
“Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez, y se dictan otras disposiciones”.

(17) “(…) ART. 3º—Calificación del grado de pérdida de la capacidad laboral. Corresponderá a las siguientes entidades calificar el grado de pérdida de la capacidad laboral en caso de accidente o enfermedad:
1. Las juntas regionales de calificación de invalidez decidirán sobre las solicitudes de calificación de pérdida de la capacidad laboral requeridos por las autoridades judiciales o administrativas, evento en el cual, su actuación será como peritos asignados en el proceso. Las juntas de calificación de invalidez también actuarán como peritos en los casos de solicitudes dirigidas por compañías de seguros cuando se requiera calificar la pérdida de capacidad laboral.
(…)”.

(18) Consejo de estado, Sentencia del 6 de julio de 2011, exp. 68001-23-15-000-1998-01035-01(0839-08), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

(19) Actualmente el artículo 228 del Código General del Proceso.

(20) Así se estableció en el acta de la médico laboral de la policía nacional del 8 de abril de 2008.

(21) Índices 3-040, 6-053 y 6-034, respectivamente, que se encuentran en listados en el artículo 71 del Decreto 94 de 1989.

(22) https://es.wikipedia.org/wiki/trastorno_por_estr%c3%a9s_postraum%c3%a1tico.
“(...) El trastorno por estrés postraumático o TEPT es un trastorno mental clasificado dentro del grupo de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un acontecimiento estresante, extremadamente traumático, que involucra un daño físico o es de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el individuo (…)”.

(23) Información tomada del acta del tribunal médico laboral de revisión militar y de policía del 25 de septiembre de 2009.

(24) González de Rivera y Revuelta, JL. Trastornos adaptativos y de estrés. Congreso virtual de psiquiatría 1º de febrero – 15 de marzo 2000; conferencia 25-CI-B. Disponible en: http://www.psiquiatria.com/congreso/mesas /mesa25/conferencias/25_ci_b.htm.