Sentencia 2010-00358 de marzo 15 de 2010

 

Sentencia 2010-00358 de marzo 15 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. William Namén Vargas

Ref.: 11001-02-03-000-2010-00358-00

Bogotá, D.C., quince de marzo de dos mil diez .

Discutido y aprobado en sesión de diez (10) de marzo de dos mil diez (2010).

Decide la Corte la acción de tutela instaurada mediante apoderado judicial por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., integrada por los magistrados María Patricia Cruz Miranda, Marco Antonio Álvarez Gómez y Nancy Esther Angulo Quiroz.

Antecedentes

1. Invocando la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, la promotora del amparo solicita declarar sin valor ni efecto la providencia de 11 de febrero de 2010, proferida por la autoridad accionada dentro del proceso ordinario instaurado en contra suya por Luis Enrique Duarte Goyeneche, revocatoria del auto de primera instancia que declaró probada la excepción previa de falta de jurisdicción y, consecuentemente, dio por terminado el proceso.

2. La peticionaria del amparo sustentó el reclamo constitucional, en síntesis, así:

El  tribunal accionado mediante auto de 11 de febrero de 2010 revocó el de primera instancia que había declarado probada la excepción previa de falta de jurisdicción formulada dentro del mencionado proceso, acudiendo para ello a una interpretación errónea del parágrafo del artículo 2° de la Ley 1107 de 2006, modificatorio del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, y desconociendo las razones de derecho expuestas en varias jurisprudencias del Consejo de Estado sobre la competencia de la jurisdicción Contencioso Administrativa a propósito de la citada ley.

La Corte Constitucional en Sentencia C-736 de 2007 declaró que empresas como la ETB S.A. ESP hacen parte de la rama ejecutiva y son entidades públicas, de categoría legal diferente a las denominadas sociedades de economía mixta y el Consejo de Estado al precisar la jurisdicción competente para conocer de los conflictos y litigios en los cuales tales empresas son parte, determinó que a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo era a quien correspondía dirimir las controversias de conformidad con el criterio orgánico establecido en la Ley 1107 de 2006.

No obstante los criterios expresados por el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, el tribunal accionado “(…) decidió apartarse de él y en su lugar exponer que el parágrafo del artículo segundo de la ley 1107 de 2006 mantenía vigente la competencia de la jurisdicción civil para resolver el conflicto planteado por el demandante”, pues “(…) acogió la tesis según la cual los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 se encuentran vigentes a la luz del artículo segundo, parágrafo, de la Ley 1107 de 2006, advirtiendo que lo que refleja ese parágrafo es la ratificación de la vigencia de esos artículos de la ley de servicios públicos domiciliarios (…) y aún percatándose de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, consideró que la situación se mantiene incólume en el proceso y que la nueva norma ‘tampoco dispuso lo contrario’ situación que a todas luces no puede ser de recibo, ya que la nueva ley cambia sustancialmente la aplicabilidad de los argumentos esbozados por el tribunal, ya que la ley de servicios dejó de aplicar a las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones” (fls. 121-122).

Para soportar su posición la Colegiatura demandada trajo a colación un pronunciamiento de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de 28 de abril de 2009 que desató el recurso de casación dentro de un proceso ordinario contra la ETB S.A. EPS, sobre hechos del año 1997, donde hizo “un análisis de los efectos jurídicos en cuanto a la jurisdicción y competencia de la Ley 1107 de 2006, concluyendo que se mantienen vigentes y con efecto vinculante los artículos de la Ley 142 de 1994” (fl. 122) y advirtió que “(...) si en aras de la discusión planteada por el casacionista la Ley 1107 de 2006 hubiera modificado la jurisdicción y competencia de los asuntos litigiosos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, para radicarla en la jurisdicción contencioso administrativa, ello no configuraría el vicio alegado, ‘en tanto que la misma ley previó que la especialidad de la jurisdicción llamada a conocer del caso cuando se presentó la demanda conforme a las pautas de la Ley 142 de 1994, o sea la civil, debía conservar el poder decisorio de ahí en adelante’” (fl. 123).

Existen, entonces, por lo menos dos criterios para definir la jurisdicción y competencia de los asuntos en los que se encuentre vinculada una entidad estatal como la ETB, esto es, la expuesta por el Consejo de Estado y la expresada por la Corte Suprema de Justicia, con un efecto adicional que es la inseguridad jurídica, pues para casos iguales, o similares la competencia está en poder de quien activa el aparato judicial del Estado, sin que ello genere conflicto de competencia, porque cada una de las jurisdicciones se declarará competente, lo cual exige un pronunciamiento urgente, por vía acción de tutela “(...) que dirima la discusión que se presente en relación con la interpretación de la Ley 1107 de 2006 y concluya de manera definitiva esta controversia” (fl. 124).

3. La Corte admitió a trámite el libelo genitor, tuvo en cuenta como prueba la documental acompañada con la demanda de tutela, requirió para su verificación el expediente contentivo del mencionado proceso ordinario y dispuso realizar las notificaciones de rigor.

4. La Sala Civil del tribunal accionado, por intermedio de la magistrada ponente, en respuesta a esta acción constitucional manifestó que el reclamo del actor obedece a su interés de debatir ante el juez constitucional puntos de derecho incorporados en el proveído que decidió la alzada y que fueron adversos a su petición de acoger la falta de jurisdicción que formuló como impedimento procesal, utilizando de este modo la acción de tutela como una tercera instancia en procura de controvertir una decisión que fue adoptada conforme al marco legal.

Consideraciones

1. Ha sido constante la jurisprudencia en determinar que aunque en línea de principio la acción de tutela no procede frente a decisiones judiciales, también cobra realidad que, en casos excepcionales, ante la especial situación derivada de un proceder contrario al artículo 29 de la Constitución Política, el mecanismo se abre paso para salvaguardar los derechos de que tal precepto de derivan.

2. Para resolver lo pertinente en el asunto que ocupa la atención de la Sala precisa destacar que el tribunal accionado mediante el proveído de 11 de febrero de 2010, objeto de cuestionamiento constitucional, tras revocar el auto de 26 de octubre de 2009 declaró infundada la excepción previa de falta de jurisdicción dentro del proceso ordinario ya referido, cuya base de discusión consiste en el presunto incumplimiento, por parte de la aludida empresa de servicios públicos, de un contrato de telecomunicación de una línea telefónica, generado por el cobro arbitrario de unas llamadas.

Fundó su determinación el ad quem en que para la fecha de presentación de la demanda -26 de noviembre de 2007-, “las entidades estatales que prestaban servicios públicos domiciliarios, relacionados con las telecomunicaciones estaban sujetas a una regulación especial prevista en la Ley 142 de 1994, ley ésta que en su artículo 32 dispuso el régimen de derecho privado para ellas, como bien lo expone el recurrente, sin que la Ley 1107 de 2006 hubiere modificado este tema, pues el parágrafo del artículo 2º lo que hizo fue ratificar la vigencia en materia de competencia, consagrado en las leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001”, apoyando su decisión en la providencia de 28 de abril de 2009, emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por lo que al haberse promovido la demanda bajo la competencia establecida por la mencionada Ley 142 de 1994, aquella se conservaba durante todo el trámite del proceso, a pesar de la derogatoria que de esta ley, para el tema de las comunicaciones hizo el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009.

En el anterior contexto, la interpretación dispensada por la autoridad acusada al asunto en cuestión, no se aprecia desatinada, absurda o manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, ya que está sustentada en valoraciones que acompasan con la realidad procesal y las preceptivas aplicables al caso, así sobre la misma temática se pueda tener un criterio diferente, evento en el cual no actúa este excepcional mecanismo de protección de los derechos fundamentales; de ahí que el examen propuesto por el actor constitucional escapa a la real finalidad de la acción de tutela, pues no está concebida como un recurso más al que se pueda acudir para tratar de obtener una solución diferente a la acogida por el juez natural dentro del marco de los principios de autonomía e independencia judicial, reconocidos en el ordenamiento superior.

Sobre el particular, bastante se ha dicho que esta acción pública no se erige en vía idónea para cuestionar las decisiones de los operadores judiciales cuando quiera que éstas se encuentran soportadas en un análisis ponderado de las normas llamadas a solucionar el asunto sometido a su conocimiento, como ocurre en el sub examine, ni en escenario propicio para pretender de la jurisdicción constitucional un nuevo estudio de la situación ya definida en las instancias judiciales correspondientes y por los medios ordinarios de control.

De manera que al no revelar capricho o arbitrariedad los fundamentos en que la autoridad judicial accionada edificó la providencia acusada, mal puede tildarse de vía de hecho único supuesto en que, se reitera, permite al juez de tutela interferir con miras a restablecer el derecho fundamental conculcado; por consiguiente, al no advertirse una clara desconexión entre lo resuelto por el tribunal y lo que en ese particular terreno prevé el ordenamiento jurídico, decae la aspiración del accionante, pues “el Juez Constitucional no puede entrar a descalificar la gestión del juzgador, ni a imponerle una determinada hermenéutica, máxime si la que ha hecho no resulta contraria a la razón, es decir si no está demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocerían normas de orden público (...) y entraría a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al último para definir el conflicto de intereses” (sentencia del 11 de enero de 2005, Exp. 1451).

3.         Baste lo anterior, para denegar el amparo solicitado.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, y si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Por secretaría devuélvase el expediente adjunto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá D.C.

Magistrados: William Namén Vargas—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Arturo Solarte RodríguezEdgardo Villamil Portilla—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.