Sentencia 2010-00363 de junio 23 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 20001-23-31-000-2010-00363-01

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Demandante: Luis David Toscano Salas

Demandado: Kilman A. Morris Olivera

Electoral. Apelación

Bogotá, D.C., veintitrés de junio de dos mil once.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia dictada el 20 de enero de 2011 por el Tribunal Administrativo del Cesar que negó la nulidad del acto de elección del señor Kilman A. Morris Olivera, como representante legal de los gremios de la producción en la junta directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López.

1. Antecedentes.

1.1. La demanda.

1.1.1. Pretensión.

El señor Luis David Toscano Salas en ejercicio de la acción de nulidad electoral solicitó:

“Se decrete la nulidad del acto de elección del señor Kilman A. Morris Olivera, como representante de los gremios de la producción en la junta directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López, efectuada el 20 de agosto de 2010, convocada para tal efecto por el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, como consta en el acta anteriormente enunciada”.

“Se ordene la exclusión del cómputo general de los votos, contenido en el acta de elección de fecha 20 de agosto de 2010, acusada respecto de la declaratoria de la elección del señor Kilman A. Morris Olivera, como representante de los gremios de la producción de Valledupar y así mismo (sic) se ordena (sic) la cancelación de dicha representación”.

“Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión de nulidad de la elección del señor Kilman A. Morris Olivera, como representante de los gremios de la producción en el Hospital Rosario Pumarejo de López, se llame (sic) ocupar dicho cargo o representación al candidato según el orden, en forma sucesiva y descendiente que lo siguiera (sic) en número de votos”.

1.1.2. Hechos.

Como fundamento fáctico el demandante sostuvo en resumen lo siguiente:

1. El día 2 de agosto de 2010 el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar convocó a los diferentes gremios de la producción del municipio de Valledupar para elegir a su representante en la junta directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López.

2. Como consecuencia de lo anterior, el día 20 de agosto de 2010 se llevó a cabo la elección del representante de los gremios de la producción en la junta directiva del hospital en mención, para lo cual se postularon los señores Edgar Rincón Castilla, Kilman A. Morris Olivera y Elfido Armando Lobo Neira.

3. El único de los tres candidatos que cumplía con los requisitos establecidos en el numeral 2º, artículo 8º del Decreto 1876 de 1994(1) era Édgar Rincón Castilla, ya que su hoja de vida había sido evaluada por la Cámara de Comercio de Valledupar, como consta en el acta del 5 de noviembre de 2008, para el proceso de elección llevado a cabo el 5 de marzo de 2009 en el que resultó electo como representante de los gremios de la producción en la junta directiva del mismo hospital el señor Elfido Armando Lobo Neira, a quien se le decretó la nulidad de su elección por no cumplir con los requisitos legales. Citó el proceso radicado con el número 200012331000200900320-01 de la Sección Quinta de esta corporación.

4. Consideró el demandante que la elección del señor Kilman A. Morris Olivera como representante de los gremios de la producción verificada el día 20 de agosto de 2010, viola el artículo 1º y 29 de la Constitución Nacional porque no cumplía con los requisitos exigidos en el numeral 2º, artículo 8º del Decreto 1876 de 1994 y porque el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar permitió su participación en el proceso de elección sin verificar dichos requisitos previamente.

5. Por último señaló que además de las anteriores irregularidades, el demandado en la reunión en la que resultó electo, representó a la Asociación de ONG Ambientalistas del Caribe, Asocaribe, a pesar de que su designación como representante legal de la asociación consta en el Acta 5 del 4 de agosto de 2010, la cual fue inscrita en la Cámara de Comercio de Valledupar el 17 de ese mismo mes y año, inscripción que no se encontraba ejecutoriada para la fecha de su elección porque fue objeto de los recursos de reposición y en subsidio apelación, que fueron concedidos en el efecto suspensivo por lo que “se suspende la ejecución de la providencia administrativa de registro, mientras se decide el recurso”.

1.2. Contestación de la demanda.

En lo atinente al no cumplimiento de las exigencias establecidas por el numeral 2º del artículo 8º del Decreto 1876 de 1994, el demandado señaló que “las cumplo a cabalidad ya que como lo soportan las pruebas que aporté, supera con creces las exigencias de dicho proveído y valga la pena resaltar, que no es requisito para invalidar la elección, la no presentación de hoja de vida, ya que se requiere acreditar la experiencia de trabajo y no estar inhabilitado por antecedentes disciplinarios”.

Además indicó que en la reunión del 20 de agosto de 2010 "El señor Jhon Canova Oñate, en representación de la asociación de ingenieros industriales… comprobó y dio lectura a los gremios asistentes de la convocatoria del certificado expedido por la asociación de usuarios del Hospital Rosario Pumarejo de López de fecha 6 de agosto de 2010, donde corrobora que el señor KILMAN MORRIS OLIVERA CUMPLIO (sic) CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 1876 DE 1994 Y ES ACEPTADA SU POSTULACION”.

Asimismo, expuso que el proceso de elección se surtió de conformidad a los requisitos exigidos por el numeral 3º del artículo 7º del decreto en mención, el cual no impone “ninguna clase de concurso ni de inscripción previa a la elección para que exista en este procedimiento términos preclásicos (sic)”.

Más adelante agregó que “la función que cumple la Cámara de Comercio es la coordinar y organizar la elección, sin que tenga las características de un concurso, por lo tanto, le corresponde citar a los gremios de la producción a la elección, recibir postulaciones de candidatos y verificar que cumplan los requisitos previstos en ese decreto”.

Por último, en lo concerniente a su participación en el proceso de elección como representante legal de Asocaribe, expresó que si bien es cierto la inscripción del Acta 5 del 4 de agosto de 2010 no se encontraba ejecutoriada para la fecha de su elección porque ella fue objeto de recurso de reposición y en subsidio apelación, también lo es que “de acuerdo a la eficacia del voto, solamente sería nulo ese voto, pero no la elección” porque “el elegido obtuvo 13 votos, y el otro candidato 7 votos…”.

1.3. Alegatos de conclusión.

1.3.1. El actor destacó que en los folios 192 a 219 del expediente reposa la hoja de vida del señor Édgar Rincón Castilla, la cual demuestra que este cumplió con todos los requisitos exigidos por el numeral 2º del artículo 8º del Decreto 1876 de 1994, para participar en la elección del representante de los gremios de la producción en la junta directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López.

Expresó que el recurso de reposición y apelación interpuesto contra la inscripción del señor Kilman A. Morris Olivera como representante legal de Asocaribe fue decidido por la Cámara de Comercio de Valledupar el 20 de octubre de 2010 mediante la Resolución 886 la cual revocó su designación, lo que demuestra su falta de legitimación para ser elegido como representante de los gremios de la producción.

Finalmente destacó que en el expediente está la prueba de la violación porque el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar certificó, mediante oficio del 21 de octubre de 2010, que no se verificó el cumplimiento de los requisitos señalados en el numeral 2º del artículo 8º del Decreto 1876 de 1994, de donde se concluye que a excepción del señor Édgar Rincón Castilla, quien aportó la hoja de vida, ningún otro candidato cumplía los requisitos exigidos para participar en dicha elección.

1.3.2. El demandado a través de apoderado judicial reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y precisó que no debe prosperar ninguno de los cargos formulados por el actor comoquiera que no se desvirtuó la presunción de legalidad que recae sobre el mencionado acto de elección.

1.4. Concepto del Ministerio Público en primera instancia.

Respecto al incumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 1876 de 1994 manifestó que en el expediente reposa una certificación expedida por el presidente de la Asociación de Usuarios del Hospital Rosario Pumarejo de López en la que se indicó que el demandado es miembro fundador de dicha asociación y se encuentra activo desarrollando funciones comunitarias y asociativas en salud para el beneficio de los usuarios del ente hospitalario.

En lo concerniente a la participación del demandado en el proceso de elección como representante legal de Asocaribe, aseveró que si bien es cierto la Cámara de Comercio de Valledupar revocó la inscripción, “ello no indica que no podía ser elegido representante de los gremios de la producción de la junta directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López” porque “la consecuencia jurídica de este hecho es que él no podía estar habilitado para votar (elegir), porque no representaba ONG alguna, pero si (sic) lo estaba apto para ser elegido puesto que con la certificación expedida por el presidente de la Asociación de Usuarios del Hospital Rosario Pumarejo de López si (sic) cumplía con el requisito exigido por el numeral 2º del artículo 8º del Decreto 1876 de 1994”.

Por lo anterior solicitó negar las súplicas de la demanda.

1.5. La sentencia apelada.

El 20 de enero de 2011 el Tribunal Administrativo del Cesar negó la nulidad del acto de elección demandado. Para arribar a esta decisión, luego de precisar los términos en los que fue realizada la convocatoria para iniciar el proceso de elección del representante de los gremios para integrar la junta directiva mencionada, determinó que “de su lectura se desprende claramente, cuales (sic) eran los requisitos exigidos para todo aquél que quisiera participar en el acto de elección del representante de los gremios de la producción ante la junta directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López, quedando establecido como único requisito el cumplimiento de los lineamientos expresados en el numeral 2º del artículo 8 del Decreto 1876 de 1994”.

Más adelante agregó: “Así las cosas, tal y como ha quedado señalado en la transcrita, para ser elegido representante de los gremios ante la juanta (sic) directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López no se exigía previamente aportar la hoja de vida, motivo por el cual no será tenido en cuenta a la hora de determinar la anulación o no de este acto”.

Respecto del cumplimiento del numeral 2º del artículo 8º del Decreto 1876 de 1994 sostuvo que el señor Kilman A. Morris Olivera aportó una certificación expedida por la Asociación de Usuarios del Hospital Rosario Pumarejo de López, en donde consta que el demandado es miembro fundador de dicha asociación desde el 8 de septiembre de 2004 y se encuentra activo desarrollando funciones comunitarias y asociativas en salud para el beneficio de los usuarios de ese mismo ente hospitalario.

Sobre la participación del demandado en la elección cuestionada como representante legal de Asocaribe, sin estar en firme su inscripción ante la Cámara de Comercio de Valledupar, el a quo manifestó que dicha irregularidad solo anularía el voto “pero no la elección” porque si se tiene en cuenta que el elegido obtuvo trece votos y el segundo candidato siete, la anulación del voto irregular no tendría incidencia en la elección demandada.

1.6. La apelación.

El demandante solicitó revocar la sentencia con los siguientes argumentos:

La sentencia atacada negó las súplicas de la demanda porque no se desvirtuó la legalidad de la elección a pesar de que las pruebas allegadas demuestran que se violó ostensiblemente el debido proceso (arts. 20 de la C.P., 62 y 63 del CCA) porque se llevó a cabo desconociendo normas de forzosa observancia, ya que el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar no verificó el cumplimiento de los requisitos señalados en el numeral 2º del artículo 8º del Decreto 1876 de 1994, como se confirma con su oficio PE-226 del 8 de septiembre de 2010, y tampoco se comprobó si el señor Kilman A. Morris Olivera se encontraba legitimado para participar en el acto de elección.

Esto último por cuanto el acto de inscripción que se lleva a cabo en las cámaras de comercio se rige por el Código Contencioso Administrativo y en el sub judice el señor Kilman A. Morris Olivera participó en la elección cuestionada como representante legal de Asocaribe sin estar en firme su inscripción ante la Cámara de Comercio de Valledupar.

Finalmente precisó que “se violó palmaria y flagrantemente el debido proceso, causa suficiente para decretar la nulidad de la elección solicitada, pues no es de buen recibo el planteamiento del tribunal aduciendo la eficacia del voto para mantener la legalidad de la elección, pues lo que se cuestiona es que el señor Kilman A. Morris Olivera no estaba legitimado por ningún gremio para participar en la elección de miembro de junta directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López…”.

1.7. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

Las partes no se pronunciaron.

1.8. Concepto del Ministerio Público en segunda instancia.

El Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se confirme la decisión de primera instancia.

Manifestó que la inconformidad del apelante se centra en la forma como el a quo decidió el cargo relacionado con la violación del debido proceso.

Señaló que el Decreto 1876 de 1994 para efectos de la elección del representante de los gremios de la producción no impone a las cámaras de comercio las obligaciones que el actor considera fueron omitidas en el trámite de elección del señor Kilman A. Morris Olivera, como representante legal de los gremios de la producción en la junta directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López.

Lo anterior ya que dichas “exigencias no se precisan en la norma y en tanto ella no lo exija mal puede inferir el operador que se ha transgredido la garantía fundamental del debido proceso, pues no tiene fundamento legal la exigencia que se echa de menos (…) el debido proceso solo puede ser exigible en el contexto individual del procedimiento que está previamente definido por las normas sustanciales o procedimentales, comoquiera que su contenido está delimitado por la legalidad”.

2. Consideraciones.

2.1. Competencia.

Según lo dispuesto en los artículos 129 del Código Contencioso Administrativo —modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998—, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer del proceso electoral en segunda instancia, porque la elección demandada se llevó a cabo para designar un miembro de una empresa social del Estado del orden departamental(2).

2.2. Acto acusado.

Es el acta de elección del señor Kilman Morris Oliveira del 20 de agosto de 2010 como representante de los gremios de la producción ante la junta directiva de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, Cesar (fls. 11 y 12).

2.3. Marco jurídico de la apelación.

Estriba en determinar si el a quo acertó al decidir que no se configuró violación al debido proceso a pesar de que el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar no verificó el cumplimiento de los requisitos señalados en el numeral 2º del artículo 8º del Decreto 1876 de 1994 y de que el señor Kilman A. Morris Olivera no se encontraba legitimado para participar en el acto de elección.

2.4. Caso concreto.

La Sala en primer lugar precisará el concepto del debido proceso y a continuación establecerá si se vulnera, tal como lo afirma el recurrente.

2.4.1. El debido proceso.

Esta garantía se encuentra establecida por el artículo 29 de la C.P. en los siguientes términos:

“ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

En lo que atañe al sub lite, la jurisprudencia de la Sección Quinta ha señalado que el debido proceso se refiere al conjunto normativo previsto por el legislador para el trámite de de actuaciones judiciales y administrativas, lo que implica que “cualquier acusación por ilegalidad en la actuación si bien puede fundarse en este precepto constitucional, debe necesariamente precisar en qué parte de ese procedimiento judicial o administrativo se apartó de la legalidad, lo que se armoniza con el principio de justicia rogada de esta jurisdicción, que descansa en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, que impone a los accionantes la carga de precisar las normas violadas y el concepto de la violación”(3).

Es así que el debido proceso no es abstracto, sino que debe concretarse en normas específicas que lo consagren para el caso específico, como lo ha precisado la Sección Primera de la corporación:

“(…) se encuentra que la misma norma constitucional señala como uno de los elementos integrantes del debido proceso la sujeción a las reglas y procedimientos plasmados por el legislador para el respectivo proceso, por lo que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente, según las reglas de la ley, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, que deben estar previstas en la ley, lo cual implica que es el marco legal el punto de referencia para establecer en cada caso concreto si se acataron o no las reglas del debido proceso.

De manera que para verificar el cumplimiento de la garantía constitucional del debido proceso debe verificarse el contenido del debido proceso en relación con cada caso, que no es otra cosa que hacer un ejercicio de comparación con lo dispuesto en la ley correspondiente, que desarrolla el precepto de la Constitución Política para cada procedimiento”(4).

Con fundamento en lo aquí expuesto se analizará cada uno de los cargos de la apelación.

2.4.2. Falta de verificación por parte del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar de los requisitos señalados en el numeral 2º del artículo 8º del Decreto 1876 de 1994.

El recurrente censura el fallo del a quo porque negó las súplicas de la demanda a pesar de que las pruebas allegadas demuestran que se violó ostensiblemente el debido proceso porque el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar no verificó el cumplimiento de los requisitos señalados en el numeral 2º del artículo 8º del Decreto 1876 de 1994, como se confirma con su oficio PE-226 del 8 de septiembre de 2010.

Al respecto encuentra la Sala que en oficio del 21 de octubre de 2010 el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar certifica que durante el proceso de elección “no se verificaron el cumplimiento de los requisitos en el numeral 2º, artículo 8º del Decreto 1876 de 1994, teniendo en cuenta que a los asistentes a la asamblea se les notificó los requisitos exigidos para los interesados a postularse y que en cumplimiento al principio de buena fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Nacional, por lo tanto se presume que los aspirantes o postulados cumplían con los requisitos exigidos en el numeral 2º del artículo 8º del Decreto 1876 de 1994” (fls. 242 y 243).

Empero, ni la convocatoria ni el Decreto 1876 de 1994 prevén que el presidente de la Cámara de Comercio deba adelantar algún procedimiento para la evaluación de requisitos de los aspirantes a pertenecer a las juntas directivas de las empresas sociales del Estado del orden territorial.

En efecto, el artículo 7º del decreto al establecer el mecanismo de conformación de las juntas directivas señala:

“Las juntas directivas de las empresas sociales del Estado tendrán un número mínimo de seis miembros. En este evento, la junta se conformará de la siguiente manera:

1. El estamento político-administrativo estará representado por el jefe de la administración departamental, distrital o local o su delegado y por el director de salud de la entidad territorial respectiva o su delegado.

2. Los dos (2) representantes del sector científico de la salud serán designados así: uno mediante elección por voto secreto, que se realizará con la participación de todo el personal profesional de la institución, del área de la salud cualquiera que sea su disciplina. El segundo miembro será designado entre los candidatos de las ternas propuestas por cada una de las asociaciones científicas de las diferentes profesiones de la salud que funcionen en el área de influencia geográfica de la empresa social del Estado.

Cada asociación científica presentará la terna correspondiente al director departamental, distrital o local de salud, quien de acuerdo con las calidades científicas y administrativas de los candidatos realizará la selección.

3. Los dos representantes de la comunidad serán designados de la siguiente manera:

Uno (1) de ellos será designado por las alianzas o asociaciones de usuarios legalmente establecidos, mediante convocatoria realizada por parte de la dirección departamental, distrital o local de salud.

El segundo representante será designado por los gremios de la producción del área de influencia de la empresa social; en caso de existir cámara de comercio dentro de la jurisdicción respectiva la dirección de salud solicitará la coordinación por parte de esta, para la organización de la elección correspondiente. No obstante, cuando estos no tuvieren presencia en el lugar sede de la empresa social del Estado respectiva, corresponderá designar el segundo representante a los comités de participación comunitaria del área de influencia de la empresa.

PAR. 1º—En aquellos sitios donde no existan asociaciones científicas, el segundo representante del estamento científico de la salud será seleccionado de terna del personal profesional de la salud existente en el área de influencia.

Para tal efecto el gerente de la empresa social del Estado convocará a una reunión del personal de salud que ejerza en la localidad con el fin de conformar la terna que será presentada a la dirección de salud correspondiente.

PAR. 2º—Cuando el número de miembros de la junta sobrepase de seis, en los estatutos de cada entidad deberá especificarse el mecanismo de elección de los demás representantes, respetando en todo caso lo establecido en los artículos 98 del Decreto-Ley 1298 de 1994 y 7º del presente decreto”.

De la atenta lectura de la norma se observa que no contempla un procedimiento que implique por parte de los presidentes de las cámaras de comercio la revisión del cumplimiento de requisitos de los aspirantes a conformar las juntas directivas de las empresas sociales del Estado en representación de los gremios de la producción. Nótese que solamente encomienda a dichas cámaras la función de coordinar la organización de las elecciones.

Por otra parte, en el oficio de convocatoria del 2 de agosto de 2010 se invitó a las personas interesadas para postularse al cargo de representante de los gremios de la producción en la junta directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López a una “reunión” a celebrase el 20 de agosto del mismo año, quienes debían “sujetarse a lo preceptuado en el artículo 8º de dicho decreto (se refiere al Decreto 1876)”.

Como se aprecia, en la convocatoria tampoco se estableció el procedimiento de evaluación que echa de menos el actor.

En consecuencia, no se evidencia una violación al debido proceso porque las exigencias que en criterio del recurrente fueron omitidas no tienen fundamento legal.

Se advierte que si bien es cierto no se estableció un procedimiento para la verificación de requisitos, no hay duda de que si la ley y la convocatoria prevén unos requisitos mínimos es apenas lógico concluir que si no se cumplen, la autoridad competente no podría declarar la elección; sin embargo en este caso quedó demostrado en el fallo de primera instancia (no apelado) que el demandado sí cumplió los requisitos legales.

De suerte que a pesar de que no se adelantó un procedimiento para la comprobación de requisitos al momento de la inscripción, esta omisión no se erige como causal para invalidar la elección.

2.4.3. Falta de legitimación del señor Kilman Morris Olivera para participar en la elección del miembro de la junta directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López en representación de los gremios de la producción.

Sostiene el recurrente que el señor Kilman A. Morris Olivera participó en la elección cuestionada como representante legal de Asocaribe sin estar en firme su inscripción ante la Cámara de Comercio de Valledupar.

A folio 220 reposa el oficio número YGO2031 del 21 de octubre de 2010 suscrito por la jefe de registro de la Cámara de Comercio de Valledupar en el que respecto a la inscripción del señor Kilman Morris como representante legal de la Asociación de ONG Ambientalistas del Caribe, Asocaribe, informa:

“Que sobre el acto de inscripción Nº 10101 del 17 de agosto de 2010 correspondiente al Acta 005 de asamblea extraordinaria del 4 de agosto de 2010, se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación el 20 de agosto de 2010, por lo tanto dicho acto quedó en los efectos suspensivos hasta tanto se resuelve el recurso, lo cual indica que en la fecha 20 de septiembre de 2010 dicho acto no se encontraba en firme”.

En el acta del 20 de julio de 2010 sobre la elección demandada consta que el señor Kilman Morris Olivera efectivamente participó en calidad de elector y que votó en representación de la Asociación de ONG Ambientalistas del Caribe, Asocaribe, a pesar de que como se anotó en el párrafo anterior, su inscripción no se encontraba en firme (fls. 11 y 12).

El resultado de la votación según la misma acta fue el siguiente:

Édgar Rincón Castilla: 7 votos.

Kilman A. Morris Olivera: 13 votos.

Elfido Armando Lobo Neira: 3 votos.

Votos en blanco: 1 voto.

El anterior panorama impone a la Sala, como lo hizo el tribunal, a analizar las consecuencias de la irregularidad.

La Corte Constitucional ha señalado que de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución, las formas procesales no tienen un valor en sí mismas y deben considerarse al servicio de un fin sustantivo(5).

Esta corporación, por su parte, tiene establecido que las irregularidades en los procedimientos administrativos no generan siempre la nulidad de los actos con cuya expedición concluyen, porque si bien deben respetarse las formas y el procedimiento, aquellas y este no se conciben como fines en sí mismos, sino como instrumentos para realizar los que persigue la administración con los actos administrativos que expide.

En consecuencia, para que una irregularidad vicie de nulidad un acto administrativo es necesario que tenga carácter sustancial, esto es, que constituya una violación del debido proceso o determine el sentido o resultado de la decisión definitiva. Si el acto administrativo es de carácter electoral, es sustancial la irregularidad capaz de incidir para determinar o modificar el resultado de la elección(6).

Así las cosas, y como se demuestra con el acta del 20 de agosto de 2010, la irregularidad mencionada no tuvo incidencia alguna en el resultado de la elección, pues el candidato ganador obtuvo 13 votos mientras que quien le siguió en votos obtuvo 7, por lo que si se descontara un voto al aspirante vencedor en nada mutaría la elección.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 20 de enero de 2011 que negó las súplicas de la demanda.

2. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Mauricio Torres Cuervo, Presidente—Susana Buitrago Valencia—Alberto Yepes Barreiro.

(1) ART. 8º—Requisitos para los miembros de las juntas directivas. Para poder ser miembro de las juntas directivas de las empresas sociales de salud se deben reunir los siguientes requisitos:

(…).

2. Los representantes de la comunidad deben:

— Estar vinculados y cumplir funciones específicas de salud en un comité de usuarios de servicios de salud; acreditar una experiencia de trabajo no inferior un año en un comité de usuarios.

— No hallarse incursos en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en la ley.

(2) Ver sentencia de la Sección Quinta del 20 de mayo de 2010, Radicación 2009-00320.

(3) Ver: sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta del 26 de agosto de 2004, Radicación 3430.

(4) Ver: sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera del 20 de marzo de 2003, Radicación 1999-00812.

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-737 de 2001.

(6) Ver: sentencias de la Sección Quinta del 12 de abril de 2002, Radicación 3619; de 9 de mayo de 2001, Radicación 6501; de 5 de abril de 2002, Radicación 1360; de 9 de febrero de 2005, Radicación 3173; y de 19 de julio de 2006, Radicación 3931 y del 4 de septiembre de 2008, Radicación 2007-0056.