Sentencia 2010-00374/52914 de julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 230012331000201000374-01 (52.914)

Actor: Dolly Judith Cortés Pérez y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Atendiendo la prelación dispuesta frente a estos asuntos en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009(1) y con apoyo en lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sesión del 26 de enero de 2017, se deciden los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de 31 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, en la cual se decidió (se transcribe tal como obra en el expediente):

PRIMERO. DECLÁRASE a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, administrativamente responsable de la muerte del señor PASCUAL ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL a indemnizar a los demandantes, en las sumas y por los conceptos que a continuación se señalan:

A. PERJUICIOS MORALES:

ActorParentescoSmllmv
Dolly Judith Cortés PérezEsposa100
Andrés Felipe Jiménez CortésHijo100
Nathali Jiménez CortésHija100

“B. PERJUICIOS MATERIALES: LUCRO CESANTE.

“a) A favor de ANDRÉS FELIPE JIMÉNEZ CORTÉS, la suma de once millones quinientos veintiséis mil trescientos veinticuatro pesos ($ 11.526.324).

“b) A favor de NATHALI JIMÉNEZ CORTÉS, la suma de treinta y cinco millones novecientos treinta y cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos ($ 32.625.902 + $ 3.308.673 = $ 35.934.575).

“c) A favor de DOLLY JUDITH CORTÉS PÉREZ, la suma de ciento setenta y un millones doscientos once mil setecientos treinta y cuatro pesos ($ 65.251.878 + $ 105.959.856 = $ 171.211.734).

TERCERO: NIÉGUENSE las demás pretensiones, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

QUINTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo” (fls. 284 y 285, cdno. 1).

I. ANTECEDENTES

1. El 24 de septiembre de 2010, la señora Dolly Judith Cortés Pérez, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos Nathali y Andrés Felipe Jiménez Cortés, interpuso demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios morales y materiales a ellos irrogados, con ocasión de la muerte del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, ocurrida el 9 de mayo de 2009, en el municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba) (fls. 1 a 11, cdno. 1).

Solicitaron que, como consecuencia de la declaración anterior, se condenara a la demandada a pagarles a cada uno de ellos, por concepto de perjuicios morales, 100 salarios mínimos legales mensuales, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, $ 500.000.000 y, por daño a la vida de relación, 100 salarios mínimos legales mensuales.

Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora narró que el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez era un reconocido comerciante y ganadero del Municipio de Planeta Rica (Córdoba).

Manifestó que el 9 de mayo de 2009, en el municipio de Pueblo Nuevo, desconocidos asesinaron con armas de fuego al señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, quien antes de su homicidio había solicitado protección al comando de policía del Municipio de Planeta Rica.

Señaló que, debido a la falta de protección de la policía, el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez tuvo que contratar los servicios de varios escoltas para proteger su vida y sus bienes, pues era un hombre conocido en la región ya que fue alcalde del municipio de Pueblo Nuevo y funcionario del Senado de la República.

Adujo que el asesinato del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez deviene de una falla en el servicio por omisión imputable a la demandada, pues, a pesar de que la víctima pidió protección a la policía, esta institución no realizó labor o actividad alguna para preservar su vida e integridad personal.

Luego de citar jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el deber de vigilancia y protección de las personas por parte de la fuerza pública, concluyó que la muerte del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez le causó perjuicios morales y materiales, los cuales deben indemnizarse, en los términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política (fls. 2 a 5, cdno. 2).

2. La demanda se admitió el 6 de octubre de 2010(2) y se notificó debidamente a la demandada, quien se opuso a las pretensiones, solicitó la práctica de pruebas y señaló que no existe prueba alguna que demuestre su responsabilidad por los daños reclamados por los demandantes; en cambio, está demostrado que la muerte del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez fue causada por desconocidos.

Luego de referirse a los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto consideró que no existe prueba alguna que demuestre el nexo causal entre su actividad y la muerte del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez.

Concluyó que se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de un tercero, pues se demostró que el homicidio del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez fue perpetrado por un grupo al margen de ley, sin vinculo o relación alguna con esa institución (fls. 80 a 86, cdno. 2).

3. Vencido el período probatorio, el 21 de octubre de 2011 el a quo corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio de Público, para que rindiera concepto (fl. 261, cdno. 3).

La policía reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la demanda y agregó que, además de las medidas de autoprotección que le proporcionó al señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, constantemente pasó revista a su residencia, tal como se observa en el libro “Minuta Revista Personas Amenazadas” que obra en el proceso.

Adujo que no se le puede endilgar responsabilidad alguna por la muerte del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, toda vez que no existe nexo causal entre este hecho y su actividad, pues está demostrado que el asesinato del mencionado señor fue perpetrado por terceros ajenos a esa institución.

Concluyó que no puede responder patrimonialmente por todos los daños causados por terceros y que en este caso se debía establecer, en primer lugar, si efectivamente el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez cumplió a cabalidad las instrucciones de seguridad y protección impartidas en el acta de 3 de marzo de 2008 y, en segundo término, porqué la víctima no le informó a las autoridades sobre el atentado que sufrió 15 años atrás (fls. 263 a 267, cdno. 2).

La parte demandante y el Ministerio Público no intervinieron en esta etapa procesal, según se observa en el informe secretarial que obra en el folio 268 del cuaderno 2.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia de 31 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo de Córdoba declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por la muerte del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, ocurrida el 9 de mayo de 2009, en el municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba) y la condenó a pagar los perjuicios materiales e inmateriales descritos al inicio de esta providencia.

Al respecto, el a quo puntualizó (se transcribe tal como obra en el expediente):

“De acuerdo con lo anterior, en razón a las particularidades de cada caso en concreto, las personas requerirán de determinadas medidas de protección por parte del Estado, a efectos de garantizar no solo el derecho fundamental de seguridad, sino el derecho a la vida y la integridad personal.

“Ahora bien, como se dijo en un principio, advierte la Sala que el señor PASCUAL ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ evidenciaba especiales circunstancias que ameritaron medidas de protección especial para salvaguardar su vida e integridad personal.

“En efecto, si bien la denuncia por amenazas instaurada por el señor JIMÉNEZ SÁNCHEZ fue archivada por el ente investigador, lo cierto es que con anterioridad había tenido un evento de significativa importancia, esto es, el atentado sufrido por el mismo el día 3 de marzo de 2008, por parte de un desconocido. La autoría del hecho se atribuye a miembros de los autodenominados Águilas Negras, lo cual puso en su momento, en conocimiento de las autoridades respectivas, tal como lo señala en el escrito del 3 de septiembre de 2008, dirigido al Comandante de la Policía del Departamento de Córdoba.

“En el mismo documento, el señor JIMÉNEZ SÁNCHEZ manifiesta que el día 2 de julio de 2008 fue objeto de extorsión por parte de un sujeto integrante de las Águilas Negras, el cual posteriormente fue capturado gracias a su colaboración; en razón de ello fue objeto de amenazas a fin de que retirara la denuncia. El capturado fue posteriormente víctima de un atentado contra su vida.

“Todas estas circunstancias fueron puestas en conocimiento del señor Comandante de la Policía del Departamento de Córdoba por parte del señor PASCUAL ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, hechos que no fueron tenido en cuenta a la hora de analizar su nivel de riesgo, pues el hecho de existir una amenaza real, además del antecedente del atentado y la extorsión generan un nivel de amenaza extrema, puesto que además de existir un peligro real, cierto e identificado, es la vida e integridad del ciudadano la que se encontraba en peligro.

“No comparte la Sala el análisis realizado en su momento por el ente policial, que concluyó la existencia de un nivel de riesgo ordinario, es decir, común a todos los ciudadanos, puesto que las especiales circunstancias que afrontaba el señor PASCUAL ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ evidenciaban otra cosa. Lo cierto es que el nivel de riesgo del mismo ameritaba unas singulares y especiales medidas de protección, las cuales no fueron brindadas por la Policía Nacional, desconociendo con ello su función de velar por la seguridad de todos los ciudadanos en especial cuando existen circunstancias especiales que involucran el derecho a la vida.

“Así las cosas, la muerte del señor PASCUAL ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ es imputada a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, quien deberá responder patrimonialmente por los perjuicios ocasionados a los demandantes” (fl. 279, cdno. 1).

III. RECURSOS DE APELACIÓN

Inconformes con la decisión anterior, las partes interpusieron recurso de apelación en los siguientes términos:

a. Apelación de la parte demandante.

Manifestó que se deben aumentar los perjuicios materiales reconocidos por el a quo y reconocer los perjuicios por daño a la vida de relación solicitados en favor de la esposa y los hijos del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, toda vez que en el proceso existen pruebas suficientes para aumentar y reconocer tales perjuicios (fl. 315, cdno. 1).

b. Apelación de la Policía Nacional.

Manifestó que se debe revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, pues el daño reclamado por los actores fue causado por el hecho exclusivo y determinante de un tercero.

Adujo que no existe prueba alguna que demuestre el nexo causal entre el daño reclamado por los demandantes y su actividad, pues se demostró que la muerte del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez fue causada por terceros.

Explicó que, si bien de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a todas las personas residentes en Colombia, no puede exigírsele lo imposible, pues, para evitar todas las muertes violentas que ocurren en el país, tendría que asignar un policía a cada uno de los ciudadanos, so pena de que resulte comprometida su responsabilidad patrimonial.

Indicó que no se puede declarar la responsabilidad patrimonial del Estado cada vez que un ciudadano resulte afectado por un acto ajeno a la administración, pues, si bien las autoridades públicas tienen la obligación de proteger a las personas en sus vidas, honra y bienes, no se puede exigir que cumpla dichas funciones de manera absoluta y omnipresente.

Señaló que el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez no solicitó protección especial a la policía, pues, en el escrito que envió a esa institución el 3 de septiembre de 2008, únicamente solicitó que le devolvieran dos armas de fuego que le incautaron el día anterior, por no tener los documentos de salvoconducto.

Resaltó que realizó todas las actuaciones necesarias para preservar la integridad personal del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, pues, en el acta 162 de 3 de marzo de 2008, se le indicaron todas las medidas de seguridad y de precaución que debía acatar al momento de hacer algún tipo de desplazamiento por fuera de la jurisdicción del Municipio de Planeta Rica y de informar inmediatamente a las autoridades sobre cualquier situación anormal que observara en su entorno.

Arguyó que, mediante el acta 8 de 24 de septiembre de 2008, la Sección de Inteligencia del Departamento de Policía de Córdoba determinó que el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez tenía un nivel de riesgo ordinario, lo cual evidencia que no requería de una protección especial y personalizada.

Precisó que se demostró que sus actuaciones fueron ajustadas a derecho y que cumplió a cabalidad las labores de vigilancia necesarias para salvaguardar la vida e integridad del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, pero, a pesar de esto, los delincuentes aprovecharon la imprudencia de la víctima para atacarla, pues ésta no informó oportunamente a las autoridades sobre su desplazamiento al municipio en el que fue asesinada, ni tuvo en cuenta las medidas de precaución y de cuidado que la policía le instruyó.

Señaló que, además del hecho exclusivo de un tercero, también se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, pues, a pesar de que el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez recibió instrucciones precisas sobre las medidas de cuidado y de precaución que debía observar, no siguió a cabalidad dichas órdenes y se expuso de manera imprudente al riesgo que se concretó con su asesinato.

Esgrimió que no existe prueba alguna que demuestre que en el homicidio del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez participó algún miembro de esa institución o que la víctima hubiera solicitado protección especial y no se le hubiera brindado o que, por circunstancias específicas, el ataque hubiera sido previsible y no se realizó actividad alguna para evitarlo o contrarrestarlo.

Luego de citar jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la relatividad de la falla en el servicio, concluyó que se debía revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por cuanto se demostró que el daño irrogado a los actores fue causado por el hecho exclusivo y determinante de un tercero, sin relación o vínculo alguno con esa institución (fls. 288 a 304, cdno. 1).

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Los recursos de apelación fueron concedidos por el a quo el 3 de octubre de 2014(3) y se admitieron en esta corporación el 11 de febrero de 2015(4).

En el traslado para alegar de conclusión, la Policía Nacional manifestó que reiteraba los argumentos expuestos durante el proceso y que insistía en que en el presente caso se configuraron las causales eximentes de responsabilidad consistentes en el hecho de un tercero y la culpa exclusiva de la víctima (fl. 334, cdno. 1).

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio, según se observa en el informe secretarial que obra en el folio 334A del cuaderno uno.

V. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de 31 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba.

1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en consideración a que el monto de las pretensiones supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de la interposición del recurso (L. 1395/2010), para que el proceso se considere de doble instancia(5).

2. El ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, el daño cuya indemnización se reclama ocurrió el 29 de mayo de 2009(6), de manera que el cómputo de la caducidad de la acción debe iniciarse a partir del día siguiente a esa fecha; así, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 24 de septiembre de 2010, puede concluirse que ésta se interpuso dentro del término previsto por la ley.

3. Pruebas.

Obran en el plenario, entre otras, las siguientes:

1. Registro civil de defunción del señor Pascual Antonio Jiménez Cortés, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que se indica que éste falleció el 9 de mayo de 2009, en el municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba) (fl. 18, cdno. 2).

2. Copia del protocolo de necropsia del cadáver del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, en el que el Hospital San Nicolás de Planeta Rica señaló:

“VII. Descripción especial de lesiones por proyectiles de arma(s) de fuego.

“Orifisio (sic) (OE1) de entrada: Región occipital izquierda tercio inferior de 2 cm. En su trayectoria de (sic) recupera proyectil en región parietal derecha.

Orifisio (sic) (OE2) de entrada: En cuello tercio medio lateral derecho con orificio de 1 cm y medio.

Orifisio (sic) (OS2) de salida. En cuello tercio medio lateral derecho con orificio de 1 cm y medio.

Orifisio (sic) (OE3) entrada: Mentón izquierdo de 2cm de diámetro.

Orifisio (sic) (OS3) de salida: Mentón derecho de 3 cm de diámetro.

Orificio (OE4) entrada: Hemitorax (sic) izquierdo a nivel del séptimo espacio costal izquierdo de 1 cm y medio de diámetro.

Orificio (OS4) de salida: Región escapular izquierda tercio superior de 2 cm de diámetro.

Orificio (OE5) entrada: Región escapular superior de 1 cm de diámetro.

Orificio (OS5) de salida: Hemitorax (sic) izquierdo tercio superior nivel del tercer espacio costal.

Orificio (OE6) entrada: Brazo izquierdo tercio superior externo.

Orifico (OS6) de salida: Brazo izquierdo tercio superior línea axilar media.

Orificio (OE7) entrada: Brazo izquierdo tercio inferior cara anterior de 2 cm de diámetro. En su trayectoria se recupera proyectil en brazo izquierdo cara anterior tercio medio.

Orificio (OE8) entrada: Mano izquierda cara posterior tercio superior de 1 cm.

Orificio (OS8) de salida: Mano izquierda en cara anterior tercio superior de 2 cm.

Orificio (OE9) entrada: Escapular izquierdo tercio inferior, en su trayectoria se recupera proyectil en lóbulo superior pulmón izquierdo.

Distancia de disparo: Con base en la necropsia médico legal, se establece que entre la boca del arma de fuego y la superficie de impacto de la herida por proyectil de arma de fuego existió una distancia aproximada de 1 mt.

No se encuentran lesiones evidentes producidas por arma corto punzantes, al examen visual primario ni al examen externo.

“(…)

X. Conclusión

“1. Que muere por: Herida de proyectil de arma de fuego.

“2. Manera de muerte: Homicidio.

“3. Mecanismo de muerte: Shock traumático, hemorragia intracraneal. Por proyectil de arma de fuego” (fls. 30 a 33, cdno. 2).

3. Copia auténtica del acta de inspección técnica del cadáver del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, en la que la Fiscalía consignó:

“Dentro de las instalaciones del camu (sic) de pueblo nuevo en un consultorio desabitado (sic) sobre una camilla se halló (sic) un cuerpo sin vida de sexo masculino, robusto, de tez blanca (sic) estatura alta (sic) quien respondía al nombre de Pascual Antonio Jiménez Sánchez…

“(…)

Un cuerpo sin vida, con manchas de sangre y herida de proyectiles en diferentes partes del cuerpo …

(…)

“Un vehículo tipo camioneta marca Toyota Hilux color banca (…) donde se movilizaba el hoy occiso, una motocicleta llama (sic) marca YW-100 modelo 2008 (…) dicho elementos (sic) quedaron en custodia de la estación de policía pueblo (sic) nuevo (sic) rotulado y con su respectiva cadena de custodia. Dentro del vehículo fue hallado (sic) un arma de fuego tipo revolver (sic) calibre 38 L con numero (sic) interno 908 con 6 cartuchos para el mismo, 2 celulares marca nokia, elementos queden (sic) embalado (sic) y rotulado (sic) en la bodega de EMP y EF de la unidad investigación judicial Planeta Rica” (fls. 23 a 29, cdno. 2) (resalta la Sala).

4. Copia del oficio SPOA 260016001015200801022 de 26 de marzo de 2008, mediante el cual la Sala de Denuncias de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía II le solicitó al comandante de policía de Córdoba, lo siguiente (se transcribe tal como obra en el expediente):

“Por medio del presente y en forma comedida me permito solicitarle se sirva ordenar a quien corresponda, brindar protección policiva que estime conveniente a Pascual Antonio Jiménez Sánchez (…) el cual es objeto de amenazas personales por parte desconocidos.

“Se le agradece su pronta colaboración e información con las gestiones adelantadas al respecto” (fl. 152, cdno. 2).

5. Copia del oficio 228 de 4 de abril de 2011, en el que la Fiscalía Quinta Seccional informó al Tribunal Administrativo de Córdoba lo siguiente (se transcribe tal como obra en el expediente):

“… en esta Fiscalía se adelantó una investigación por el delito de amenazas, donde figura como víctima el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez (…) la cual se archivó el día 7 de octubre de 2008 por atipicidad, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal.

“Así mismo le informo que mediante oficio calendado 26 de marzo de 2008 (…) emanado de la Sala de Denuncias de la Unidad de Reacción Inmediata de esta ciudad, se solicitó al comandante de policía Córdoba brindarle protección policiva a Pascual Antonio Jiménez Sánchez (…) el cual es objeto de amenazas por parte de desconocidos” (fl. 156, cdno. 2).

6. Copia de la comunicación con fecha de recibido 3 de septiembre de 2008, mediante la cual el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez informó al comandante del departamento de policía de Córdoba lo siguiente (se transcribe literal):

“Como debe ser de su conocimiento, el día tres (3) de marzo del presente año, fui víctima de un atentado contra mi vida, en todo el frente de mi residencia ya descrita, del presente hecho se hacen responsables grupos delincuenciales autodenominados Águilas Negras, manifestado personalmente por un señor que se hace pasar como alias Cartagena, otro que se dice llamar Nelson y otro señor es agente de la Policía Nacional, de apellido Rosado, de todo lo cual ha sido puesto en conocimiento al capital (sic) de la policía de Planeta Rica y de la ciudad de Montería, la que en reiteradas oportunidades le solicitaron se me diera protección y seguridad personal, oficios éstos entregados a su digno despacho.

“Como consecuencia de todo esto me ha tocado contratar escolta particular con dos revolver de mi propiedad, a fin de medio proteger mi vida e integridad personal, puesto que estos señores antes mencionados han seguido enviándome mensajes amenazantes.

“Como si todo esto fuera poco el día dos (2) de julio de este año, en la ciudad de Planeta Rica, puse en conocimiento al capital (sic) Ocampo de un señor que inicialmente se hizo pasar como Pedro y quién venía de parte de Cartagena integrante del grupo emergente las Águilas Negras, exigiéndome la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000), el día tres de julio a las seis de la tarde por colaboración e informaciones mías fue capturado el mencionado señor, siendo identificado plenamente, y quien resulto llamándose José Antonio Oquendo. Hace aproximadamente quince (15) días recibí un mensaje de los tales Águilas Negras donde me mandaban a decir que le quitara la denuncia a dicho señor de lo contrario lo que era veinte (sic) iban a ser más o me declaraban objetivo militar.

“(…)

“Todo lo anterior para manifestarle que en el día de hoy dos (2) de septiembre de 2008, a las 11:30 de la mañana, en el tramo de la carretera troncal entre Planeta Rica y Pueblo Nuevo, me paró una patrulla de la policía de carreteras, pidiéndome requisas, a lo que les explique los antecedentes aquí explicados, manifestándoles que mi salvo conducto están (sic) vencidos, de lo cual no me niego, pero también es cierto que ando desprotegido de ustedes, le pedía de manera de súplica que no me quitara las armas por lo que vengo narrando y por el problema que usted conoce, también tengo bien claro que le (sic) monopolio de las armas le pertenece al Estado y que la seguridad e integridad de sus ciudadanos le corresponde a las autoridades legítimamente constituidas como es su caso.

“He sido un excelente colaborador de las autoridades como la Sipol, Digin, Sigin, y a la misma Policía Nacional de Planeta Rica, al Ejército Colombiano porque que tengo entendido que éstas instituciones progresan y se alimentan a través de la información.

“En razón de todo esto, señor coronel, de la manera más respetuosa y amable, le imploro me devuelva las referidas armas mediante un permiso especial, hasta tanto el ejército me expida los salvo conducto del caso, para de ésta manera no estar desprotegido ante las amenazas que le he narrado” (fls. 41 y 42 cdno. 2).

7. Copia auténtica del acta 162 de 3 de marzo de 2008, “que trata de la reunión efectuada por parte de la señora IJ. Yosmary Guerrero Correa comandante estación Planeta Rica, con el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, con el fin de dar a conocer las medidas de seguridad personal”. En este documento se consignó (se trascribe literal):

“En Planeta Rica, a los tres (3) días del mes de marzo de 2008, siendo las 16:30 horas, se reunieron en las instalaciones de la estación de policía Planeta Rica, la señora intendente jefe Yosmary Guerrero Correa y el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez (…) quien actualmente se encuentra amenazado, con el fin de impartir instrucción, y dar a conocer recomendaciones a seguir para la autoprotección y mejoramiento de las medidas de seguridad personales, por lo anterior se procedió de la siguiente manera:

“(…)

“Se le hizo entrega e impartió recomendaciones generales e integrales a tener en cuenta permanentemente y que están contenidas en el manual de autoprotección para funcionarios públicos o personas amenazadas, recomendaciones a tener en la casa, en desplazamientos, con las comunicaciones, y se recalcó la importancia de poner en práctica los procedimientos a seguir ante amenazas telefónicas.

“Se le hizo saber la importancia de mantener acompañado por más de una persona, informando oportunamente sobre personas ajenas a su entorno familiar, social, o desconocidas que lleguen sin motivo alguno a la misma, no atender a esta clase de personas personalmente debe dejar que lo haga el empleado, en horas de la noche evitar estar hasta altas horas en la parte exterior de la finca, se impartió instrucción sobre la autoprotección contra paquetes extraños contemplado en el manual y se dieron a conocer los diferentes teléfonos fijos (…).

Se recalcó al señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez de que, si va a realizar desplazamientos fuera del municipio, debe informar oportunamente al comando de la estación, para coordinar en lo posible con el grupo de reacción del distrito o personal de la subestación Arenoso, para prestarle seguridad hacia el lugar donde se vaya a desplazar.

“Por su seguridad personal en calidad de amenazada, se le hizo saber la Policía Nacional especialmente a la estación de Planeta Rica, esta presta a velar por su seguridad y tranquilidad en el momento que lo necesite y atender sus requerimientos que necesarios que conlleven a velar por los derechos contemplados en la Constitución y las leyes.

“Finalmente se les hizo saber que existe un libro de revista a personas amenazadas que se lleva en esta estación, y el cual deben firmar al igual que las planillas cada vez que el personal policial pase revista” (fls. 111 y 112, cdno. 2) (resalta la Sala).

8. Oficio 2547 SIPOL-DECOR de 9 de noviembre de 2010, en el que el jefe seccional de inteligencia policial de Córdoba informó al subcomandante del departamento de policía de ese departamento lo siguiente (se transcribe tal como obra en el expediente, inclusive los errores)

“Por parte de la Fiscalía II seccional Montería, mediante número ESPOA 230016001015200801022, solicitó al comandante del departamento de policía Córdoba, brindar protección policiva al antes mencionado, oficio en mención fue remitido a esta seccional.

“El día 25 de septiembre de 2008, personal de esta seccional realizó estudio de nivel de riesgo al antes mencionado, el cual fue conceptuado mediante Acta 008 del día 24/09/2008 con un nivel ordinario.

“En la entrevista se le dieron a conocer mediante oficio las medidas de seguridad y autoprotección, y por orden del comando del departamento de policía Córdoba se le nombraron revistas de seguridad al lugar de residencia mediante Oficio 1991 del 17/09/2008” (fl. 108, cdno. 2).

9. Copia de los folios 175, 178, 180 y 181 del libro “minuta revista personas amenazadas, en los que se observa las visitas realizadas por la policía a la residencia del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez (fls. 113 a 116, cdno. 2).

10. Copia auténtica de la providencia de 29 de septiembre de 2010, mediante la cual la Fiscalía Seccional 25 archivó la investigación, toda vez que, a pesar de las averiguaciones respectivas, no se pudo determinar o individualizar el sujeto que asesinó al señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez (fls. 205 y 206, cdno. 2).

4. Valoración probatoria y conclusiones.

Es menester señalar que la Sala dará valor probatorio a los documentos mencionados, toda vez que, por una parte, algunos vienen en copia auténtica y, por otra parte, la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación(7), con el objeto de garantizar la seguridad jurídica que debe imperar en las actuaciones judiciales, avaló la posibilidad de dar valor probatorio a las copias simples que obren en los procesos, siempre que éstas no hayan sido cuestionadas en su veracidad por la contraparte o frente a las cuales no se haya promovido incidente de tacha de falsedad(8)

Así, pues, de las pruebas que obran en el proceso surge que: i) el 3 de marzo de 2008, la comandante de la estación de policía de Plantea Rica y el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez suscribieron el acta 162, en la cual consta que se le impartieron a este último algunas indicaciones en materia de seguridad personal, ii) mediante oficio SPOA 260016001015200801022 de 26 de marzo de 2008, la Sala de Denuncias de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía II solicitó al comandante de policía de Córdoba brindar protección policial al señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, por cuanto éste era objeto de amenazas por parte de desconocidos, iii) el 3 de septiembre de 2008, el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez informó al comandante de policía de Córdoba que, el 3 de marzo anterior, miembros de un grupo al margen de la ley atentaron contra su vida en frente de su residencia, que por este hecho contrató un servicio de escolta particular y, debido a que el 2 de septiembre de 2008 agentes de la policía le incautaron dos armas de fuego que tenían los salvoconductos vencidos, le solicitó que le devolviera dichas armas, ya que éstas le servían para protegerse de las amenazas que existían en su contra, pues consideraba que estaba desprotegido por parte de las autoridades, iv) el 24 de septiembre de 2008, el departamento de policía de Córdoba conceptuó que el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez tenía un nivel de riesgo ordinario, v) el 7 de octubre de 2008, la Fiscalía archivó la investigación por las amenazas que existían en contra del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, vi) el 9 de mayo de 2009, el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez fue asesinado en el municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba) y vii) mediante resolución de 29 de septiembre de 2010, la Fiscalía Seccional 25 archivó la investigación por el homicidio del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, por cuanto no se pudo determinar quiénes fueron los responsables de esa conducta punible.

Constatada la existencia del daño antijurídico consistente en la muerte del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, la Sala abordará el análisis de imputación, con miras a determinar si aquél es atribuible a la demandada o si, por el contrario, es producto del hecho determinante y exclusivo de terceros o del hecho de la propia víctima. 

Respecto de los daños ocasionados a las víctimas por hechos violentos cometidos por terceros, la Sala ha señalado en diferentes oportunidades que ellos sólo son imputables al Estado cuando en su producción interviene la administración, a través de una acción o de una omisión constitutiva de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron o porque, en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección(9)

Según lo previsto en el artículo 2º de la Constitución, la razón de ser de las autoridades públicas es la de defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino, además, responsabilidad institucional; por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las autoridades públicas y de los particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos(10)

Al respecto, la Sala, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley, b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona, c) no se solicita expresamente dicha protección, pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones(11).

No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que, a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de ellas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas(12), en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”(13), aunque se destaca que esta misma Corporación, en providencias posteriores, ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si, en efecto, fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían(14).

De conformidad con lo anterior, se observa que la falla del servicio no puede ser analizada desde una perspectiva ideal, crítica o abstracta del funcionamiento del servicio, sino que debe ser estudiada desde un ámbito real, que consulte las circunstancias de tiempo, modo y lugar y la capacidad operativa o funcional de la administración pública al momento de la producción del daño. Es así como, en eventos donde la falla del servicio se origina en la omisión de la administración en la prestación de un servicio o en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado, no solo que se pidió protección, sino que tal auxilio no se prestó.

En el sub lite, está demostrado que, mediante el Acta 162 de 3 de marzo de 2008 —atrás transcrita—, el comandado de la estación de policía de Planeta Rica le informó al señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez las medidas de protección que debía seguir y específicamente le insistió en que, cuando fuera a salir de ese municipio, debía informarle oportunamente para que, con el grupo de reacción del distrito o el personal de la subestación Arenoso, le prestaran seguridad. 

Asimismo, con el registro civil de defunción y el acta de inspección técnica de cadáver del señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez se probó que éste falleció en el municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba), como consecuencia de los múltiples disparos que recibió en instantes en que se desplazaba en su vehículo por una de las calles de dicho municipio.

Ahora, no está probado, en cambio, que antes de su desplazamiento de Planeta Rica a Pueblo Nuevo el señor Pablo Antonio Jiménez Sánchez hubiera informado del mismo al comando de policía del primero de los mencionados municipios, tal como se le había instruido o advertido en el Acta 162 de 3 de marzo de 2008, a fin de que le prestaran las medidas de seguridad y protección correspondientes. 

En estas circunstancias, la Sala considera que se configura la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, por cuanto se demostró que el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, de manera imprudente y negligente, desatendió las medidas o instrucciones de seguridad impartidas por la comandante de la estación de policía de Planeta Rica, pues, a pesar de que en el acta mencionada se le “recalcó” que cuando se fuera a desplazar fuera del municipio debía informarle oportunamente, para coordinar con otras unidades policiales las acciones necesarias para brindarle protección en el lugar al que se fuera a trasladar, no se demostró que el mencionado señor informara al comando de policía de Planeta Rica sobre su desplazamiento hacia Pueblo Nuevo; en cambio, las pruebas que obran en el proceso evidencian que, en el momento de su asesinato, el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez se movilizaba solo en su vehículo por una de las vías del mencionado municipio(15).

Así las cosas, para la Sala no hay duda de que el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez adoptó un comportamiento imprudente e irresponsable al omitir la mencionada información al comando de policía de Planeta Rica, proceder que incidió de manera determinante en la concreción del riesgo que se materializó en el ataque que le causó su deceso.

Por lo anterior, es claro que —se insiste— se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, la cual permite liberar de responsabilidad a la demandada por los hechos y acciones que se les imputan.

6. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 31 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba; en su lugar, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 “ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente: ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional o en el caso de graves violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, Las (sic) Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas, secciones o subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, (sic) señalarán la clase de procesos que deberían ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación”.

2 Fl. 74, cdno. 2.

3 Fl. 324, cdno. 1.

4 Fl. 331, cdno. 1.

(5) En la demanda se observa que los demandantes solicitaron pretensiones de orden material e inmaterial, que sumadas ascienden a $ 1.809.000.000, equivalentes a 3.512,62 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de presentación de la demanda —2010—, razón por la que se impone concluir que este proceso tiene vocación de segunda instancia.

(6) Fecha en la que falleció el señor Pascual Antonio Jiménez Sánchez, según se observa en el registro civil de defunción que obra en el folio 18, cdno. 2.

(7) Sala Plena, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022.

(8) Criterio mayoritario que el ponente de esta decisión no comparte, pero acata.

(9) En sentencia de 11 de octubre de 1990, Exp. 5737, dijo la Sala: “Cuando se trata de la falla del servicio originada en la omisión por la administración en la prestación de un servicio o en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado no sólo (sic) que se pidió concretamente la protección o la vigilancia de la autoridad ante determinado hecho ilícito que puede causar o está causando daño o que las circunstancias que rodeaban el hecho o las personas en él involucradas imponían una especial protección o vigilancia y que tal protección no se prestó”. Con fundamento en ese título de imputación, se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sala Plena de 16 de julio de 1996 (Exp. 422) y de la Sección de 11 de diciembre de 1990 (Exp. 5417), de 21 de marzo de 1991 (Exp. 5595), de 19 de agosto de 1994 (Exps. 9276 y 8222), de 16 de febrero de 1995 (Exp. 9040), de 30 de marzo de 1995 (Exp. 9459), de 27 de julio de 1995, de 14 de marzo de 1996 (Exp. 10.949), de 11 de julio de 1996 (Exp. 10.822) y de 30 de octubre de 1997 (Exp. 10.958), entre muchas otras.

(10) “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance” (sentencia de esta Sección, del 15 de febrero de 1996, Exp. 9940).

(11) Ver, entre otras, sentencias de 11 de octubre de 1990 (Exp. 5737), de 15 de febrero de 1996 (Exp. 9940), de 19 de junio de 1997 (Exp. 11.875), de 30 de octubre de 1997 (Exp. 10.958) y de 5 de marzo de 1998 (Exp. 10.303).

(12) Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000 (Exp. 11.585).

(13) Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990 (Exp. 5737), dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente (sic) la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que “nadie es obligado a lo imposible”. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1977 en donde señaló: “Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio” (Exp. 1564, Actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre 1977).

(14) Al respecto, ver sentencia de 14 de mayo de 1998, Exp. 12.175.

(15) Según se indicó en el acta de inspección a lugares elaborada por la policía judicial que obra en el folio 177, cdno. 2.