Sentencia 2010-00382 de julio 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Radicación: 200012331000201000382 01 (42749)

Actores: Luis Enrique Dagovet Núñez y otros

Demandados: La Nación – Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Acción de reparación directa (apelación de sentencia)

Bogotá, D.C., trece de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS. «IV. Consideraciones de la Sala

1. Inexistencia del supuesto de nulidad invocado

Comoquiera que dentro de los argumentos bajo los cuales la parte actora edificó el recurso de apelación, se esgrimen vicios procesales trascedentes presuntamente constitutivos de una nulidad, la Sala de manera antelada se ocupará de este aspecto, sin perjuicio de lo ya referido en el auto del 12 de mayo de 2017 (fls. 209-212, c. ppal.), mediante el cual el Despacho conductor del proceso se pronunció respecto a la prueba proveniente del proceso penal y el presunto extravío de la historia clínica aportada.

Respecto de la prueba dejada de practicar en la primera instancia (traslado del expediente penal), bajo el entendido que el apelante estaba reiterando la solicitud de la prueba dejada de practicar en primera instancia, el despacho al revisar el proceso encontró que efectivamente la prueba había sido solicitada por la parte actora, había sido decretada por el tribunal a quo (fl.70, c. 1), quien libró el oficio correspondiente (fl. 82, c. 1), así como también, previo a correr traslado para alegar se puso de manifiesto que encontrándose en periodo probatorio vencido no se habían contestado los oficios 0033 (solicitud a la Fiscalía del expediente penal)y 0034 (requerimiento de la historia clínica), sin que en dicha oportunidad la parte actora se hubiera manifestado para hacer uso de la solicitud de prórroga prevista en el art. 184 del C.P.C.(3) Por esta razón y, teniendo en cuenta que las posibilidades de práctica de pruebas en segunda instancia son excepcionales y regladas, se negó la solicitud, dejando a salvo que si al momento de decidir, tales pruebas se consideraban necesarias para el esclarecimiento de la verdad, se podrían decretar de oficio.

En el mismo sentido, frente a la alegación de extravío de la supuesta historia clínica allegada, no encontró razones el despacho para ordenar la reconstrucción del expediente, ya que nada llevaba a pensar que la mentada prueba se hubiera incorporado al proceso, primero, porque la foliatura en su consecutividad se encontraba inalterada y, segundo, porque justo antes de correr traslado para alegar se puso en evidencia que dicha prueba no había sido contestada (oficio 034).

Ahora bien, entiende la Sala que, más allá de lo expuesto en el auto que se viene comentando, los supuestos alegados por apelante no son constitutivos de nulidad, tal como lo ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil:

a) En primer lugar, el hecho de no practicarse una prueba que fue decretada, bien a petición de parte o por actividad oficiosa del funcionario judicial, no tiene la entidad suficiente para configurar la nulidad a la que expresamente hace mención el numeral 6° del artículo referido, por cuanto lo que la norma establece como motivo invalidante de la actuación es la circunstancia de que se haya pretermitido, omitido o ignorado en su integridad la oportunidad procesal que asiste a las partes para pedir pruebas y para que las decretadas se practiquen.

b) En segundo lugar, la parte ahora recurrente consintió y avaló en su momento procesal la decisión del magistrado ponente de no practicar la prueba pericial decretada de oficio, en cuanto a que guardó silencio en relación con el auto que así lo dispuso, y frente al cual no opuso ningún reparo, habiendo sido posible aducir allí los argumentos que ahora exhibe en casación para insistir en que esa prueba debía culminar, para lo cual el citado funcionario estaba en la obligación de hacer uso de los poderes que para el efecto le otorga dicho estatuto; comportamiento que fue letal para sus pretensiones, ya que, en el supuesto de que la invocada situación fuese constitutiva de nulidad, la misma aparece entonces convalidada o saneada con su propio abandono y omisión(4).

En este punto, por las consideraciones que más adelante se hará, la Sala encuentra inocuo el análisis sobre la posibilidad oficiosa de procurar la prueba faltante que venía decretada desde la primera instancia (expediente de la investigación penal), posibilidad que, en todo caso, no está instituida para suplir la incuria de las partes ni para liberarlas de su carga probatoria primigenia(5).

2. Presupuestos procesales

2.2. Jurisdicción, competencia y acción procedente. La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 82 y 129 del C.C.A., en asocio con los arts. 65,68 y 73 de la Ley 270 de 1996. Además, por tratarse de un caso donde se debate la responsabilidad del Estado derivada de la administración de justicia, la competencia de esta colegiatura procede sin limitaciones de cuantía(6) y, en consideración a la naturaleza del asunto, el horizonte procesal se rige por el art. 86 del C.C.A., bajo el trámite de reparación directa.

2.2. La legitimación en la causa - Por activa: Comoquiera que quienes concurren en demanda derivan su interés de la calidad de familiares de Carlos Antonio Dagovet Miraval, persona de quien se dice fue vinculado a una investigación penal que le deparó la muerte; es menester señalar que tal calidad está debidamente acreditada con los respectivos registro civiles que se allegaron al expediente(7).

Por pasiva: De conformidad con las actuaciones de las cuales se predica el daño antijurídico se encuentra legitimada la Nación-Fiscalía General de la Nación, tal como desde un inicio se dispuso en el auto admisorio de la demanda.

1.3. La caducidad. Como acontecimiento procesal, necesariamente constituye uno de los requisitos mínimos para aperturar la relación jurídico-procesal entre las partes. Sin duda, el condicionamiento del derecho de acción a la existencia de un plazo fatal encuentra su razón de ser en el principio de la seguridad jurídica, como lo advierte el siguiente concepto:

La caducidad es una institución jurídico procesal a través del (sic) cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya (sic) en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.

La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general.(8)

En efecto, “el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho puede ser últimamente ejercido”(9), de manera que se instituyó en consideración al interés abstracto de cerrar los ciclos de incertidumbre y disciplinar temporariamente el plexo de actuaciones que un hecho pueda incubar en el ámbito jurídico. De ahí su carácter irrenunciable, “pues transcurrido el tiempo automáticamente genera todos su efectos (sic)”. Más aún, si “el posible favorecido con la eficacia de la caducidad quisiera no tenerla en cuenta, el juez de todas maneras la declarará oficiosamente”(10), pues lo que es de interés público, escapa al arbitrio de las partes.

Ahora bien, para efectos de verificar la caducidad en el caso concreto, por tratarse de una reparación directa, la regla general se encuentra prevista en el art.136 nº 8 del C.C.A. y, determinada allí en dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho generador del daño.

En este punto, observa la Sala que las pretensiones están fijadas sobre la base de un supuesto de daño originado en el hecho de la muerte de Carlos Antonio Dagovet a causa de la perturbaciones emocionales y psicológicas que le provocó la investigación penal que se seguía en su contra, luego entonces, se trata de un evento diferente al de la privación de la libertad, en cuyo caso, la fecha a partir de la cual corre el término de caducidad es el día siguiente al trágico suceso, que como se sabe ocurrió el 1º de febrero de 2008, tal como consta en el registro civil de defunción (fl. 6, c.1).

Siendo así, conforme a las pretensiones que se encaminan en la demanda, la acción caducaba el 2 de febrero del 2010 y, comoquiera que la demanda se interpuso el 27 de septiembre de 2010 (fl. 46, c. 1), es evidente que lo fue en destiempo, es decir, cuando ya se habían superado los dos años de que se disponía para hacerlo, sin que el hecho de haber propiciado conciliación extra judicial enerve la consecuencia anterior, pues cuando se intentó el requisito (26 de mayo de 2010) ya la acción estaba caduca.

Con todo, si la lectura que se hiciera de las pretensiones llevara a entender que el daño alegado es la privación injusta, en tal caso, ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación que la certeza del daño aparece cuando la providencia que absuelve o precluye adquiere ejecutoria(11); esto es, a partir de la firmeza de la providencia que determina la inexistencia del fundamento jurídico para proseguir o continuar con la actuación judicial(12), por lo que los dos (2) años empezarán a correr a partir del día siguiente de aquél suceso procesal.

En el presente caso, junto con la demanda se allegó copia de la providencia del 28 de mayo de 2008(13), mediante la cual se precluyó la investigación en contra de Carlos Antonio Dagovet Miraval, por haberse presentado el fenómeno de extinción de la acción penal por muerte del investigado.

Si bien, no se aportó la constancia de ejecutoria de dicha decisión para efectos de determinar el conteo de la caducidad, tal suceso procesal se puede inferir de la aplicación de los términos que por ley(14) estaban previstos, de acuerdo con lo estipulado en los arts. 178 y 179 del C.P.P. aplicable al caso, en los que se establecía:

ART. 178.—Personal. Las notificaciones al sindicado que se encuentre privado de la libertad, al Fiscal General de la Nación o su delegado cuando actúen como sujetos procesales y al Ministerio Público se harán en forma personal(15).

Las notificaciones al sindicado que no estuviere detenido y a los demás sujetos procesales se harán personalmente si se presentaren en la secretaría dentro de los tres (3) días siguientes al de la fecha de la providencia, pasado ese término se notificará por estado a los sujetos procesales que no fueron enterados en forma personal(16). (se resalta)

La notificación personal se hará por secretaría leyendo íntegramente la providencia a la persona a quien se notifique, o permitiendo que ésta lo haga.

ART. 179.—Por estado. Cuando no fuere posible la notificación personal a los sujetos procesales, se hará la notificación por estado que se fijará tres (3) días después, contados a partir de la fecha en que se haya realizado la diligencia de citación efectuada por el medio más eficaz o mediante telegrama dirigido a la dirección que aparezca registrada en el expediente, citación que deberá realizarse a más tardar el día siguiente hábil a la fecha de la providencia que deba ser notificada. El estado se fijará por el término de un (1) día en secretaría y se dejará constancia de la fijación y desfijación. (se resalta).

De esta forma, habiéndose proferido la providencia el 28 de mayo de 2008, estuvo disponible para notificación personal los días 29, 30 de mayo y 3 de junio de 2008, el 4 se fijó el estado y a partir de allí empezaban a contar los tres días de ejecutoria(17), los cuales vencían el 9 de junio de 2008.

Cabe indicar, que en el folio final de la mentada providencia aparece un sello con anotación (ilegible) de la Secretaría de la Fiscalía, cuya fecha corresponde al 9 de junio de 2008, lo que en principio coincide con los términos de ley. No obstante, como no se aprecia si la anotación es de constancia de ejecutoria o de notificación, en aras de ser garantistas, a partir de dicha fecha se contarán de nuevo los tres días de ejecutoria, lo que viene a indicar que para el 12 de junio de 2008, la providencia cobró ejecutoria y, por ende, la acción caducaba el 13 de junio de 2010.

Por otro lado, se sabe que la parte actora el 26 de mayo de 2010 presentó solicitud de conciliación extrajudicial, esto es, faltando 17 días para el vencimiento del término de caducidad, por lo que de acuerdo con el art. 21 de la Ley 640 de 2001 la caducidad se suspendió hasta por un máximo de tres (3) meses, con lo cual, el término de caducidad se extendió hasta el 26 de agosto de 2010 y, a partir del día siguiente (27 de agosto de 2010) se reanudó el conteo de los 17 días faltantes, los cuales vencieron el 13 de septiembre de 2010. Asimismo, se sabe que la demanda fue interpuesta el 27 de septiembre de 2010 (fl. 46, c. 1), de lo cual se colige, que cuando se presentó la demanda ya había operado la caducidad.

Ahora bien, es cierto que la constancia de no conciliación se expidió el 15 de septiembre de 2010 (fl.30, c.1), con lo cual la parte actora podría suponer que a partir de tal fecha se reanudaba el término de ejecutoria. No obstante, la duración de la suspensión de la caducidad en materia de reparación directa es un asunto del que se ha ocupado el legislador, precisando un término máximo aplicable al evento en que se deba agotar el requisito de procedibilidad como ocurre en el presente caso.

Para establecer exactamente cuánto tiempo abarca ese periodo de suspensión, es menester acudir a las normas que rigen el trámite de conciliación, esto es, la Ley 640 de 2001, que en los artículos 20, 21 (disposiciones generales para la conciliación extrajudicial en derecho) y 25 (norma específica para la conciliación extrajudicial en materia contenciosa) dispuso:

ART. 20.—Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. Si de conformidad con la ley el asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse en el menor tiempo posible, y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las partes por mutuo acuerdo podrán prolongar este término. (se resalta).

(...).

ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable. (se resalta).

(...).

ART. 25.—Pruebas en la conciliación extrajudicial. Durante la celebración de la audiencia de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo los interesados podrán aportar las pruebas que estimen pertinentes. Con todo, el conciliador podrá solicitar que se alleguen nuevas pruebas o se complementen las presentadas por las partes con el fin de establecer los presupuestos de hecho y de derecho para la conformación del acuerdo conciliatorio.

Las pruebas tendrán que aportarse dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a su solicitud. Este trámite no dará lugar a la ampliación del término de suspensión de la caducidad de la acción previsto en la ley. (se resalta).

Si agotada la oportunidad para aportar las pruebas según lo previsto en el inciso anterior, la parte requerida no ha aportado las solicitadas, se entenderá que no se logró el acuerdo.

Con fundamento en lo anterior, es posible concluir que: (i) el tiempo máximo que puede durar suspendida la caducidad por cuenta del trámite de conciliación prejudicial, está fijado de forma clara y precisa por la ley; (ii) mientras que el trámite de conciliación admite la posibilidad de prórroga a solicitud de las partes, el término para la suspensión de la caducidad es improrrogable, (iii) de acuerdo con la ley 640 de 2001, la suspensión de la caducidad se inicia con la solicitud de conciliación y, a partir de allí no puede exceder tres (3) meses. En este punto, conviene tener claro que, uno es el trámite de conciliación y otro el tiempo que por dicho trámite pueda durar suspendida la caducidad.

En efecto, el espíritu de la conciliación es obtener la solución consensuada de una controversia, por ello, es apenas entendible que en el art. 20 ejusdem, se hubiera previsto que las partes de mutuo acuerdo podían prorrogar el término de tres meses allí previsto. Que esto sea así, no implica que la misma posibilidad de prórroga se traslade u opere respecto de la suspensión de la caducidad, cuya finalidad, como ya se dijo, es impedir que los conflictos se prolonguen indefinidamente.

Tan cierto es lo que se acaba de decir que, precisamente, la ley especificó que el tiempo de caducidad no era susceptible de prórroga (art. 21 ejusdem), como tampoco, de ampliación por práctica de pruebas (art. 25 ejusdem). En síntesis, a la luz del pluricitado art. 21, las posibilidades allí descritas se supeditan todas a un plazo máximo de tres meses.

Adicionalmente, para disipar cualquier duda, basta recurrir al artículo 35 de la precitada Ley 640 de 2001, que en su inciso tercero, dispuso: “El requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo, o cuando vencido el término previsto en el inciso 1º del artículo 20 de esta ley la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación”. (se resalta). Lo anterior viene a corroborar que el hecho de que no se contara con la constancia de la Procuraduría no era óbice para que, llegados los tres meses, luego de la solicitud, se acudiera en demanda.

En síntesis, el art. 21 tantas veces mencionado, disponía que si llegados tres meses y no se había obtenido la constancia prevista en el art. 2 de la Ley 640 de 2001, en todo caso, el término de suspensión culminaba en el transcurso de dicho plazo (tres meses) ratificado, por demás, en el art. 35 ejusdem, disposiciones que debía conocer y tener muy presente la parte actora, precisamente para evitar que una vez reanudada la caducidad se le fuera a pasar el tiempo legalmente previsto para demandar, como efectivamente sucedió.

Pese a la claridad normativa con la que la Ley 640 de 2001 solventó el trámite de conciliación prejudicial, la Sala agrega que en el sublite tampoco observa un comportamiento negligente y dilatorio atribuible a la Procuraduría que haga suponer un entorpecimiento al acceso efectivo a la administración de justicia(18), comoquiera que dicha entidad fijó como fecha de la audiencia el 26 de julio de 2010 (fl. 30, c. 1) a la cual comparecieron los apoderados. Se sabe que en tal oportunidad, la parte convocada con anuencia de la convocante solicitó se fijara una nueva fecha, la cual se programó para el 15 de septiembre de 2010.

Desde luego, no desconoce la Sala que en casos donde el trámite de conciliación se entorpece por cuestiones claramente atribuibles a la Procuraduría, se ha hecho un análisis favorecedor del acceso efectivo a la administración de justicia(19). Con todo, en el presente caso mal puede achacarse un comportamiento semejante al Ministerio Público si se tiene en cuenta que dicha entidad agendó la audiencia en tiempo, y si se dispuso una nueva fecha lo fue por solicitud de una de las partes con aquiescencia tácita de la otra.

Ahora bien, como ya se dijo y como lo dispone la ley, el hecho que se hubiera convenido un aplazamiento de la diligencia no era óbice para que la parte demandante no hubiera acudido en demanda dentro del término establecido, a efectos de lo cual se bastaba con la presentación de la solicitud de conciliación, en los términos del precitado art. 35 de la Ley 640 de 2001.

Todo lo anterior, por demás, sin que se evidencie circunstancia alguna que indique que al caso se le pueda aplicar una excepción a la regla de contabilización, como sucede cuando se debe acudir a criterios de convencionalidad y constitucionalidad que ameriten un tratamiento diverso o diferenciado. Hasta el momento actual de la jurisprudencia, esas excepciones están dadas con fundamento en la protección de bienes constitucionalmente relevantes, como sucede, por ejemplo, con los sujetos de especial protección y vulnerabilidad manifiesta, o con casos que provengan de desplazamiento(20), desaparición forzada(21) o afectación de bienes y personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y, las afectaciones consideradas de lesa humanidad, que gozan del alcance de la regla de imprescriptibilidad derivada del meta-principio conocido internacionalmente como “ius cogens(22). En todo lo demás, se aplicarán las reglas comunes de contabilización, previstas para la generalidad de los casos.

En virtud de la naturaleza de la caducidad como norma de orden público, cuando se ha descartado que por vía de convencionalidad el caso sea tributario de un tratamiento especial, o cuando no resulta necesario, como en este caso, tener en cuenta el momento en que el daño fue conocido por el afectado(23), si a la parte actora se le puede enrostrar inequívocamente el acaecimiento de la caducidad, mal puede considerarse aquello como una frustración arbitraria al efectivo acceso a la administración de justicia, antes bien, se trata del respeto y sujeción a las reglas del debido proceso, dentro de las cuales, la caducidad cobra una importancia significativa en razón al interés general que envuelve.

Por lo anteriormente expuesto resulta evidente que en el presente caso, cualquiera que sea el entendimiento del daño invocado, las pretensiones se invocaron por fuera del tiempo, ante lo cual, de oficio, la Sala modificará la decisión apelada y, en su lugar declarará oficiosamente la caducidad.

3. Costas procesales

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 prevé la condena en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria, lo cual no ocurre en el presente caso y, por tanto, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia del 27 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda y, en su lugar:

Primero: DECLARAR oficiosamente la caducidad de la acción interpuesta por Luis Enrique Dagovet Núñez y otros en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

Segundo: NEGAR las pretensiones de la demanda.

Tercero: Sin condena en costas.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 Norma que se aplica conforme a la remisión prevista en el art. 168 del C.C.A.

4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de junio de 2006, exp. 1100131030101998-17323-01, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno.

5 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: [A]llí donde tales hechos forman parte del litigio, la decisión respecto del uso de la facultad inquisitiva requiere del juez ponderar la tensión que en este caso se plantea entre el imperativo de dar prevalencia al derecho sustantivo (art. 228 CP) y, de otro lado, el de no alterar el equilibrio procesal entre las partes a fin de garantizar su derecho a recibir un trato igual en lo que respecta a la exigencia del cumplimiento de sus deberes y cargas procesales (art. 13 y 229 CP). En este escenario, el decreto y práctica oficiosa de la prueba que, en principio, le correspondería aportar a una de las partes se encuentra justificada siempre que ésta se encuentre en situación de indefensión o en condiciones de debilidad manifiesta, o cuando enfrente obstáculos demostrables para cumplir con su carga probatoria, pero haya demostrado una actitud diligente dentro del proceso. Bajo estas circunstancias, la intervención del juez, antes que alterar el equilibrio procesal entre las partes, consigue garantizarlo; en cambio, su actitud omisiva puede implicar el sacrificio no sólo de la justicia material sino de su deber constitucional de remover los obstáculos para que la igualdad entre las partes sea real y efectiva (art. 13 CP). Corte Constitucional, sentencia su-636 del 7 de octubre de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.

6 Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 34.985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

7 De Carlos Antonio Dagovet Miraval se allegó registro civil de nacimiento (fl. 7, c.1) y de defunción (fl. 6, c. 1). A partir del registro civil de nacimiento de este, se acredita el parentesco con los demás demandantes, que igualmente allegaron sus respectivos registros así: Luis Enrique Dagovet Núñez y Merly Tomasa Miraval Guerrero (fl. 8, c. 1), Adriana Milena Perea Ustariz (R.C. de matrimonio fl. 9, c. 1), Samuel David Dagovet Perea (fl. 10, c. 1), Adrian Antonio Dagovet Perea (fl. 11, c. 1) Yoleth Patricia Dagovet Flórez (fl. 12, c. 1), Luis Eduardo Dagovet Flórez (fl. 13, c. 1), Carmen Josefina Dagovet Miraval (fl. 14, c. 1) Luis Enrique Dagovet Miraval (fl. 15, c. 1), Víctor Alexander Dagovet Guerra (fl. 16, c. 1)

8 Corte Constitucional, sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

9 Salvat, Raimundo. Cit. López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil – Parte General, 2002, Bogotá, Dupré Editores, 2002, p. 508.

10 Íbid. p. 507.

11 “Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad —y por ende, declaró la ilegalidad de la medida— no haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias”. Consejo de Estado, Auto de 19 de julio de 2007, exp. 33.918, C. P. Enrique Gil Botero.

12 Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2004, Exp. 18273, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

13 Si bien dicha providencia se allegó en copia simple, de conformidad con lo expuesto en la sentencia de Unificación del Consejo de Estado – Sección Tercera – Sala Plena, Exp. 25.022 del 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, es procedente su valoración.

14 Ley 600 de 2000.

15 No era el caso, si se tiene en cuenta, de un lado, que en la demanda se dijo que el señor Dagovet Miraval estuvo privado del 7 al 23 de septiembre de 2005 y, por otro, era improbable, habida cuenta que su muerte se produjo el 1º de febrero de 2008.

16 Este inciso es el aplicable al sublite.

17 ART. 187.—Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. (…).

18 No desconoce la Sala que en casos donde el trámite de conciliación se entorpece por cuestiones claramente atribuibles a la Procuraduría, se ha hecho un análisis favorecedor del acceso efectivo a la administración de justicia, como puede verse en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Auto del 27 de abril de 2012, exp. 42804, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Con todo, en el presente caso mal puede achacarse un comportamiento semejante al Ministerio Público si se tiene en cuenta que dicha entidad programó la audiencia en tiempo y que si se dispuso una nueva fecha lo fue por solicitud de una de las partes con anuencia de la otra. Si bien, los efectos de la caducidad terminan beneficiando a la parte demandada, lo cierto es que corresponde a la parte demandante prima facie tener precisos los términos de caducidad.

19 como puede verse en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Auto del 27 de abril de 2012, exp. 42804, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

20 Al respecto puede verse los lineamientos dados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 del 24 de abril de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

21 En este evento, teniendo en cuenta, además, lo previsto en la Ley 589 de 2000.

22 En tal sentido, recientemente se dijo: “la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma del ius cogens que no se deriva de un tratado o una convención, sino que es un principio imperativo del derecho internacional que se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Auto del 29 de marzo de 2017, exp. 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG). C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

23 Ver al respecto, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2015, exp. 28758, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, en la que se enuncian algunos ejemplos en los cuales es menester, para efectos del conteo de la caducidad, contemplar el momento a partir del cual el afectado tuvo conocimiento del daño o de su irreversibilidad.