Sentencia 2010-00390 de marzo 4 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLIARIA

Rad. 470011102000 2010 00390 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Ref.: Apelación fallo sancionatorio

Bogotá, D.C., cuatro de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala.

2.1. Competencia.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en segunda instancia, de la apelación de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

2.2. Fundamentos de la Decisión.

Establece el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, que no puede proferirse fallo sancionatorio, sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.

El concepto de falta, está íntimamente ligado con el concepto de tipicidad y legalidad, entendido este como la adecuación de la conducta humana en una descripción consagrada en la ley como delito o falta.

Tradicionalmente la tipicidad, desde la dogmática del derecho penal, comprende una parte subjetiva y otra objetiva, la primera referida a los aspectos intelectual y volitivo del dolo, mientras que la segunda implica la inmersión de la conducta del sujeto activo en la acción u omisión típica y la descripción del resultado, es decir, que la conducta es objetivamente típica, cuando la conducta se encuadra en la descripción legal, atendiendo en todo caso, los elementos normativos y descriptivos del tipo.

En cuanto el principio de legalidad y tipicidad en materia disciplinaría, la Corte Constitucional en Sentencia C-030 de 2012 precisó:

“El principio de tipicidad en materia disciplinaria exige que la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras. La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción; y (ii) la precisión que se emplee en esta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse; aspecto este que se orienta a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio”.

En la misma sentencia se dijo:

“La naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita —en principio— cierta flexibilidad, siendo, la razón fundamental de esta característica del derecho disciplinario originada en la naturaleza misma de las normas disciplinarias, toda vez que estas suelen carecer de completud y autonomía, ya que es necesario remitirse a otras preceptivas en donde se encuentren regulados en concreto los deberes, funciones, obligaciones o prohibiciones para los diferentes servidores públicos, teniendo en cuenta los cargos y ramas del poder público a los que pertenezcan”.

En materia de derecho disciplinario, las faltas graves y leves están conformadas por tipos disciplinarios en blanco, por el contrario, las faltas gravísimas están desarrolladas en tipos disciplinarios que describen inequívocamente una conducta. De allí que en las faltas gravísimas se hace de mayor rigurosidad el cumplimiento de los principios de legalidad y tipicidad.

El principio de tipicidad se realiza a través de la descripción completa, clara e inequívoca del precepto (praeceptum legis) y de la sanción (sanctio legis). El precepto es la orden de observar un determinado comportamiento, es decir de no realizar algo o de cumplir determinada acción; la sanción es la consecuencia jurídica que debe seguir a la infracción del precepto.

La tipicidad desarrolla el principio fundamental “nullum crimen, nulla poena sine lege” y busca que las personas a quienes las normas van dirigidas, conozcan hasta dónde va la protección jurídica de sus actos. La descripción que efectúe el legislador debe ser de tal claridad que permita que sus destinatarios conozcan exactamente las conductas reprochables. Por consiguiente, se debe evitar la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria.

Las faltas disciplinarias enunciadas en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, fueron catalogadas como gravísimas por el legislador, entonces, en ellas se hace más exigente los principios de tipicidad y legalidad.

El tipo consagrado en el numeral 46 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, impone al servidor público la obligación de declararse impedido oportunamente, ello siempre que esté en la obligación de hacerlo.

Sobre el particular, es necesario precisar que la filosofía de los impedimentos y recusaciones es la de asegurar que las decisiones se tomen dentro de la más absoluta imparcialidad, de evitar circunstancias externas al proceso que puedan perturbar el ánimo del funcionario y distorsionar la realidad procesal, material o jurídica, movido por sentimientos humanos en favor o en contra de quien o quienes en un momento dado se encuentran sometidos a su decisión en razón del cargo que ejercen.

El impedimento es un hecho legalmente previstos por el cual un funcionario está imposibilitado para conocer de una actuación administrativa o de un proceso judicial. El funcionario en quien concurre una causal de impedimento, está obligado a declararse impedido tan pronto como advierta la existencia de ella. Tales causales son taxativas y deben por lo tanto, interpretarse restrictivamente.

El proceso judicial soporta su existencia como mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos, en la necesidad de una estructura orgánica que permita la aplicación, a los casos concretos, de la jurisdicción del Estado, de tal forma que se resuelvan aquéllos que se suscitan en el seno de la sociedad, de forma pacífica. El principal instrumento para lograr la aplicación efectiva del derecho, a los asuntos que se someten al estudio y decisión de la jurisdicción, es el juez; encargado este, en palabras del maestro Carnelutti, de hacer entrar en juicio (sensatez) a las partes, es decir, suministrar a los otros lo que necesitan. Dada la gran responsabilidad que ha ostentado y ostenta el juez, en el Estado de derecho, se exige respecto de él una serie de calidades y cualidades no solo de orden académico y profesional si no, también, de naturaleza moral y ética. En otros términos, el juez como agente ponderador de principios y derechos que entran en juego en el entorno social, debe ser caracterizado por su buen juicio, carácter y, por sobre todo, su imparcialidad. En efecto, una de las grandes cualidades que debe identificarse en cabeza del fallador, es su independencia, autonomía, probidad, y buen criterio; facultades todas estas que permiten al juez aplicar —adjudicar en términos del derecho anglosajón— la ley de forma desapasionada y con criterios de absoluta justicia. Como quiera que la función jurisdiccional desempeñada por los jueces, supone una gran responsabilidad en materia del ejercicio del poder público, entonces, la ley consagra una serie de causales que permiten al propio operador judicial o a las partes de un proceso, solicitar la separación del conocimiento del mismo por razones que pueden llegar a afectar la imparcialidad que lo determina. Valga la pena aclarar que las causales de impedimento o recusación son taxativas y, por consiguiente, su aplicación e interpretación debe efectuarse de manera estricta y restrictiva, con respeto de los postulados de independencia y autonomía del funcionario judicial.

En tratándose de impedimentos en el trámite de una acción de tutela, la Corte Constitucional en Sentencia T-800 de 2006, magistrado ponente, doctor Jaime Araújo Rentería, precisó, que la casual consagrada en el numeral 6º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000, tenía aplicabilidad solo cuando la tutela está dirigida en contra de la decisión proferida por el juez ordinario.

Se dijo en la referida sentencia:

“Esta Sentencia T-266/99, citada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, está mal interpretada, pues se refiere a una hipótesis distinta a la ocurrida en este caso concreto. El supuesto de hecho es diverso, ya que se trata de que el mismo juez que ha dictado una sentencia, no debe conocer de la tutela contra su propia sentencia. Ningún pronunciamiento de un juez dentro de un proceso, mediante una providencia judicial, constituye prejuzgamiento, falta de imparcialidad, y no puede dar lugar a recusación o impedimento, ya que implica el cumplimiento del deber de fallar o proferir decisiones judiciales, salvo que se dé el supuesto de que la demanda de tutela se dirija en contra de una sentencia que el mismo juez haya proferido. Además también resulta pertinente resaltar que ni los jueces ni los magistrados escogen los asuntos que ante ellos se demandan, ya que éstos les corresponden por reparto. Aceptar la tesis de una causal de impedimento en esos casos es, a manera de ejemplo, tanto como afirmar que en la Corte Constitucional los magistrados no pudieran tomar decisiones en sede de tutela si una norma, relevante en el caso que se estudia, se encuentra demandada en sede de constitucionalidad. En este sentido debe recordarse que el debate propio de la acción de tutela, es decir su objeto, es la protección de los derechos fundamentales de las personas. Son múltiples las situaciones en las cuales la contravención de normas legales o reglamentarias no da lugar a la violación de derechos fundamentales. Así pues, el pronunciamiento de fondo que hace el juez de tutela —si preserva el mecanismo procesal y no incurre en su abuso— es acerca de tales derechos. En sentido contrario, cuando obra como juzgador de la justicia ordinaria o de la contenciosa administrativa, en principio su juicio es de legalidad (en sentido amplio). De lo que se concluye —y desea reiterarlo la Sala— que entre dos procesos, uno tramitado por procedimientos de otras jurisdicciones y el otro por vía de tutela, por sí solo no constituye motivo para que el juez deba declararse impedido y para que, de no hacerlo, deba sancionársele disciplinariamente tal y como lo prevé el artículo 39 del decreto 2591 de 1991”.

2.3. Caso concreto.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, halló responsable de haber incurrido en falta disciplinaria al doctor Orlando Antonio Salas Villa, en su condición de juez promiscuo del Circuito de Pivijay (Magdalena), al desconocer el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la ley 270 de 1996, en consonancia con el artículo 39 del decreto 2591 de 1991, el numeral 6º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000, y el numeral 46 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000, lo que generó la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres meses e inhabilidad especial por el mismo tiempo.

Se le reprochó al funcionario, el hecho de no haberse declarado impedido para conocer la acción de tutela promovida por el presidente del Concejo Municipal Cerro de San Antonio contra el juzgado promiscuo municipal de la misma municipalidad, por cuanto tenía relación con la decisión que este había proferido dentro de la acción de tutela tramitada bajo el radicado 2009-0457 01.

La Sala con fundamentó en lo dicho por el disciplinado en el recurso de alzada, procederá a verificar si el funcionario estaba en la obligación de declararse impedido para conocer la acción de tutela tramitada bajo el radicado 2010 -0042-00, porque de no estar en la obligación, lo procedente será revocar el fallo de instancia.

El artículo 39 del Decreto-Ley 2591 de 1991 dispone:

“Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso.” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Por su parte, el artículo 99 de la Ley 600 establece como casuales de impedimento, las siguientes:

“1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, tenga interés en la actuación procesal.

2. Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguno de los sujetos procesales, del denunciante o del perjudicado, de su cónyuge o compañero permanente, o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

3. Que el funcionario judicial, o su cónyuge o compañero permanente, sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales.

4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.

5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguno de los sujetos procesales, denunciante o perjudicado y el funcionario judicial.

6. Que el funcionario haya dictado la providencia cuya revisión se trata o hubiere participado dentro del proceso o sea cónyuge o compañero permanente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del inferior que dictó la providencia que se va a revisar.

7. Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada.

8. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, sea socio de alguno de los sujetos procesales, del denunciante o perjudicado en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple o de hecho.

9. Que el funcionario judicial sea heredero o legatario de alguno de los sujetos procesales, del denunciante o perjudicado, o lo sea su cónyuge o compañero permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

10. Que el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que se le hayan formulado cargos, por denuncia instaurada, antes de que se inicie el proceso, por alguno de los sujetos procesales.

Si la denuncia fuere formulada con posterioridad a la iniciación del proceso procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial.

11. Que el juez haya actuado como fiscal dentro del proceso”.

En lo que respecta a la causal consagrada en el numeral 6º, en sentir de esta corporación y con fundamento en lo precisado por la Corte Constitucional en Sentencia T-800 de 2006, la misma se configura, cuando al juez constitucional se le asigna el conocimiento de una acción de tutela promovida en contra de una decisión proferida por él dentro de la función ordinara de administrar justicia. Y es que no es posible en el universo jurídico instaurar una demanda de amparo constitucional en contra de un fallo de tutela, pues es a todas luces improcedente.

En el presente asunto, el doctor Orlando Antonio Salas Villa, en su condición de juez promiscuo del Circuito de Pivijay (Magdalena), conoció en segunda instancia la tutela promovida por el presidente del Concejo Municipal de Cerro de San Antonio en contra del alcalde de la misma localidad, la que se tramitó bajo el radicado 2009-00457 01. En esta oportunidad, el encartado dispuso:

“Revocar el fallo de tutela de fecha 27 de noviembre de 2009, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cerro de San Antonio, dentro de la acción de tutela incoada por el señor Luís Alberto Gutiérrez Peñaranda, contra la alcaldía municipal de Cerro de San Antonio Magdalena, y en su defecto, concédase, en forma transitoria, hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo resuelva sobre la acción de nulidad impetrada (…)”.

En consecuencia ordenó:

“2. Ordénese al alcalde municipal de Cerro de San Antonio Magdalena, doctor Dolmedes Ortíz Pacheco, o quien haga sus veces al momento de la notificación a que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, proceda a suspender la aplicación del decreto número 2009-10-30-02 proferido por la entidad territorial que representa, contentivo en el nombramiento del señor Oswaldo Riquett Cervera como personero municipal, so pena de incurrir en desacato”.

El objeto de la demanda de amparo constitucional tramitada bajo el radicado 2009-00457-01 tenía como fundamento la salvaguarda del ordenamiento jurídico, transgredido con la expedición del Decreto 2009-10-30-02, mediante el cual se nombró al señor Oswaldo Riquett Cervera como personero municipal de Cerro de San Antonio, por cuanto había sido designado por la alcaldesa de la citada localidad, a pesar que legalmente dicha atribución fue atribuida al Concejo Municipal.

Luego, conoció de la acción de tutela promovida por el presidente del Concejo Municipal de Cerro de San Antonio en contra del juez promiscuo municipal del mismo lugar. La que tenía como finalidad el amparo constitucional al debido proceso, desconocido por el funcionario judicial que tramitó irregularmente el incidente de desacato promovido ante el incumplimiento del fallo de tutela por parte del señor alcalde municipal de Cerro de San Antonio.

En esta oportunidad el funcionario encartado, dispuso:

“1. CONCEDER el amparo constitucional de tutela al (sic) fundamental al debido proceso reclamado por el señor Álvaro Antonio Verdoren Llano, frente al juzgado promiscuo municipal de Cerro Antonio Magdalena, conforme a las razones expuestas en la parte de esta providencia.

2. CONCÉDASE a la agencia judicial accionada el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, a efectos que se declare la nulidad de lo actuado en el trámite incidental deprecado en la acción de tutela seguida por Luís Gutíerrez Peñaranda, contra la alcaldía municipal de Cerro de San Antonio, a partir de la providencia de fecha 26 de marzo de 2010, so pena de incurrir en desacato”.

El citado fallo se profirió el 19 de abril de 2010 en la acción de tutela radicada bajo el 2010 -00042-00.

A simple vista se advierte, que la solicitud de amparo radicada bajo el número 2010-0042 – 00 no tenía como finalidad la revisión del proferido por el disciplinado en la acción promovida dentro del radicado 2009-00457-01. Y es que de haber sido así, la misma se tornaba improcedente, por cuanto, la acción de tutela no puede promoverse en contra de un fallo de amparo constitucional.

Esta superioridad considera que la hipótesis consagrada en el numeral 6º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000, no se ajusta al presente caso, toda vez, que la acción de tutela tramitada bajo el radicado 2010 -00042 no estaba encaminada atacar una decisión proferida por el doctor Orlando Antonio Salas Villa, en su condición de juez ordinario, sino que se trataba de verificar si la decisión proferida por el juez promiscuo del municipio de Cerro de San Antonio en el incidente de desacato, comportaba o no, una violación al debido proceso.

Y si lo anterior es así, el funcionario no estaba en la obligación de declararse impedido para tramitar la acción de tutela radicada bajo número 2010 -00042, pues no debe olvidarse que las normas contenedoras de casuales de impedimento son taxativas y deben ser interpretadas restrictivamente.

En efecto, las causas que dan lugar a separar del conocimiento de los asuntos que competen a jueces y magistrados no pueden deducirse por analogía, ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, dado su carácter de reglas de orden público, fundadas en el convencimiento del legislador de que son estas y no otras las circunstancias fácticas que impiden que un juez siga conociendo de un asunto, porque de continuar vinculado a la decisión compromete la independencia de la administración de justicia y quebranta el derecho fundamental de los asociados a obtener un fallo proferido por un tribunal imparcial.

La decisión proferida por el encartado dentro del radicado 2010 -00042 fue impugnada por el Juez accionado, y en tal sentido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta confirmó la misma, al considerar que se encontraba ajustada a derecho, es decir, que el disciplinado actuó preservando la naturaleza de la acción constitucional y además no incurrió en un abuso.

Dijo la Corte Constitucional en la Sentencia T-800 de 2006:

“La aplicación del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 sin consultar las reglas técnicas de taxatividad e interpretación restrictiva, fundadas en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, dan lugar a que el juez disciplinario pueda incurrir en una violación del derecho al debido proceso por defecto sustantivo, por aplicación de una norma inexistente. Ello porque claramente hay una aplicación abruptamente indebida de una disposición legal. Es decir que si se aplica una sanción sin consultar los parámetros anteriormente anotados respecto del objeto que es propio de la acción de tutela, se estaría sancionado por fuera de los patrones legales a quien no se debe”.

Itera esta corporación, la acción de tutela promovida por el presidente del Concejo Municipal de Cerro de San Antonio (Magdalena) en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de Cerro de San Antonio, no tenía, en estricto derecho, la finalidad de revisar una providencia proferida por el disciplinado, de allí que se insiste, el funcionario no estaba en la obligación de declararse impedido y por tanto su conducta se torna atípica.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo de primera instancia proferido por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, el 21 de agosto de 2014, en el que se sancionó al doctor Orlando Antonio Salas Villa, en su condición de juez promiscuo del Circuito de Pivijay (Magdalena), para en su lugar ABSOLVERLO de los cargos enrostrados en el auto del 12 de febrero de 2014, por las razones expuestas en este proveído.

2. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

Discutido y aprobado en Sala 16 de la misma fecha».

Salvamento de voto

Con el respeto de siempre, la suscrita ve la necesidad de salvar el voto en el asunto de la referencia, toda vez que se debió confirmar el fallo sancionatorio dictado en primera instancia, ante la incursión en falta disciplinaria por parte del funcionario investigado.

En efecto, se tiene que el juez investigado conoció y falló una acción de tutela promovida contra otra acción constitucional, en la que él había participado de forma activa, por lo que actuó estando impedido, veamos:

El señor Luis Alberto Gutiérrez Peñaranda impetró acción de tutela contra el alcalde de Cerro de San Antonio, la cual fue conocida en primera instancia por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de ese municipio y apelado el fallo de primera instancia, el investigado dictó sentencia el 22 de enero de 2010, concediendo el amparo deprecado.

Posteriormente, el actor promovió incidente de desacato pero el juez único promiscuo municipal de Cerro de San Antonio, declarado cumplido el fallo.

Contra esa decisión, se interpuso acción de tutela, la cual fue conocida por el juez investigado, que concedió el amparo y anuló la actuación surtida en el incidente de desacato.

Por lo tanto, es sabido que el legislador con el propósito de buscar la imparcialidad de los Jueces en sus decisiones ha erigido varias causales, que de concurrir, los obliga a separarse del conocimiento de un proceso.

Recusación e impedimento son, pues, nociones que guardan íntima conexión y que buscan el mismo fin, asegurar la transparencia de las determinaciones que adoptan los funcionarios.

Así las cosas, no cabe duda que en el presente caso, debido a la situación referida, el juez investigado estaba incurso en causal de impedimento, pues, tal y como se advierte, participó en el trámite de la acción de tutela primigenia y que fue objeto de la nueva acción presentada. Por lo tanto, se debió emitir fallo sancionatorio en su contra.

De los honorables magistrados,

María Mercedes López Mora