Sentencia 2010-00394/21844 de abril 5 de 2018

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 760012331000-2010-00394-01 (21844)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Bodegas Santa Lucía Ltda

Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Bogotá D.C., abril cinco de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. El problema jurídico.

Conforme con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿el Departamento del Valle del Cauca notificó en forma extemporánea la liquidación oficial de revisión 226 de 3 de marzo de 2009, mediante la cual modificó las liquidaciones privadas del impuesto al consumo y/o participación de vinos, aperitivos y similares de producción nacional, presentadas por las primeras y segundas quincenas de los meses de enero a julio del año 2007? y (ii) ¿la liquidación privada, por el impuesto y periodo en discusión, se encuentra en firme?

2. Oportunidad para notificar la liquidación oficial de revisión. La pretermisión del término previsto en el artículo 710 del E.T. conduce a la nulidad de dicho acto administrativo, conforme con lo previsto en el numeral 3º del artículo 730 del Ib., y a la firmeza de la declaración privada como lo dispone el artículo 714 del mismo ordenamiento.

2.1. El artículo 710 del E.T. señala que “[d]entro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, según el caso, la administración deberá notificar la liquidación de revisión, si hay mérito para ello”.

2.2. Este término inicial, previsto en el artículo 710 del E. T., se puede suspender en los siguientes eventos: (i) cuando se practique inspección tributaria de oficio, por tres (3) meses contados a partir de la notificación del auto que decrete la inspección o (ii) cuando se practique inspección contable a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, caso en el cual, se suspenderá mientras dure la inspección, pero, cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo expediente, el término se suspenderá durante dos (2) meses.

2.3. La inobservancia de esta norma y, por ende, la pretermisión del término señalado en la misma, conduce a la nulidad de la liquidación oficial de revisión en los términos del numeral 3º del artículo 730 del E. T., según el cual: “[l]os actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos, proferidos por la Administración Tributaria, son nulos” cuando “no se notifiquen dentro del término legal”.

2.4. En el caso concreto, está probado que el 8 de mayo de 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Departamento del Valle del Cauca profirió el requerimiento especial HSIRF - 1588, en contra de la sociedad demandante y por concepto del impuesto al consumo y/o participación de vinos, aperitivos y similares de producción nacional, correspondiente a las primeras y segundas quincenas de los meses de enero a julio del año 2007.

Dicho requerimiento especial se notificó por correo el 7 de junio de 2008 —hecho no controvertido—(4), por ende, conforme con el artículo 707 del E. T.(5), la sociedad contribuyente, en principio, tenía hasta el domingo 7 de septiembre de 2008 para dar respuesta al requerimiento, pero, como el plazo de los tres (3) meses vencía un día inhábil, este se extendió hasta el día hábil siguiente, es decir, hasta el lunes 8 de septiembre de 2008(6).

2.5. Como en este asunto no se presentó alguno de los supuestos que dan lugar a la suspensión del término de los seis (6) meses previsto en el artículo 710 del E. T., la Administración tenía hasta el día domingo 8 de marzo de 2009 para expedir y notificar la liquidación oficial de revisión 226 de 3 de marzo de 2009.

2.6. Lo anterior, porque el hecho que la fecha límite para que la Administración notificara el acto de determinación oficial del tributo fuera un día inhábil (domingo), en nada afecta el conteo del término de los seis (6) meses a los que se refiere el citado artículo 710 del E. T., plazo que conforme con el artículo 59 de la Ley 4 de 1913, “se entenderá[n] que terminan a la medianoche del último día del plazo”, en concordancia con el artículo 60 del mismo ordenamiento, según el cual, “[c]uando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche en que termina el último día del plazo”.

2.7. Ahora bien, respecto de la aplicación del artículo 62 de la Ley 4 de 1913 (sobre régimen político y municipal)(7), en beneficio de la Administración, en reciente jurisprudencia se reiteró(8) que esta norma “establece una garantía a favor de los administrados, consistente en que “nunca se recorte el plazo que la norma contempla para el ejercicio de algún derecho” y que, por tal razón, consagra, de una parte, que en los términos de dc días no se cuentan los inhábiles y de otra, que cuando el último día de un plazo de meses o de años caiga en día inhábil se extenderá hasta el día hábil siguiente[14]”(9) (negrilla de la Sala).

2.7. (sic) De esta manera, resulta irrelevante si los seis (6) meses a los que se refiere el artículo 710 del ET vencen en un día inhábil, como sucede en este asunto, porque esta clase de circunstancias no afectan el límite temporal fijado por el legislador en la norma en cita, que no es otro que “dentro de”(10) los seis (6) meses a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, según el caso, se expida y notifique el acto de determinación oficial del tributo.

2.8. Al respecto, la Sala ha dicho que:

“(…) tratándose de un término “dentro” del cual la Administración debe hacer algo, si se aplicara ese mismo criterio [se refiere al establecido en el artículo 62 de la Ley 4 de 1913] en algunos casos terminaría perjudicando al administrado, puesto que ampliaría el plazo fijado en la ley para la actuación de la administración, lo que sería ajeno al propósito de la norma.

(…)

El plazo que la ley estableció para que la administración profiriera la liquidación de revisión no puede entenderse prorrogado o extendido cuando el último día es un día inhábil o de vacancia, pues de extenderlo al día hábil siguiente implicaría ampliar el término señalado por el legislador, en desmedro de las garantías del administrado.

Por lo anterior, se reitera que la administración está obligada a notificar la liquidación de revisión dentro del término señalado en el ordenamiento tributario, sin que pueda válidamente extenderse el término por el hecho de que el último día del plazo fue inhábil”(11).

2.9. Conforme con lo anterior, si el Departamento del Valle del Cauca tenía hasta el 8 de marzo de 2009 para expedir y notificar la liquidación oficial de revisión 226 de 3 de marzo de 2009, diligencia de notificación que se llevó a cabo el 9 de marzo de 2009 —hecho no controvertido—(12), es claro que en este caso, la administración excedió el término previsto en el artículo 710 del E. T. y, por ende, la liquidación privada, objeto de revisión oficial, adquirió firmeza en los términos previstos en el artículo 714 del E. T.(13)

2.10. En este orden de ideas, se concluye que la actuación administrativa demandada está viciada de nulidad, y, por ende, se impone revocar la sentencia de primera instancia.

En su lugar, se anularán los actos administrativos demandados y como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho, se declarará que las liquidaciones privadas del impuesto al consumo y/o participación de vinos, aperitivos y similares de producción nacional, presentadas por la sociedad Bodegas Santa Lucía Ltda., por las primeras y segundas quincenas de los meses de enero a julio del año 2007, se encuentran en firme.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCASE la sentencia de diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar:

SE DECLARA LA NULIDAD de la liquidación oficial de revisión 226 de 3 de marzo de 2009, por la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Departamento del Valle del Cauca modificó las liquidaciones privadas del impuesto al consumo y/o participación de vinos, aperitivos y similares de producción nacional, presentadas por la sociedad Bodegas Santa Lucía Ltda., por las primeras y segundas quincenas de los meses de enero a julio del año 2007, y de la Resolución 1660 de 19 de octubre de 2009, que la confirmó.

A título de restablecimiento del derecho, SE DECLARA LA FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES PRIVADAS, presentadas por la sociedad actora por el impuesto y periodo en discusión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

4 Fls. 28 - 59, cdno. p.

5 “ART. 707.—Respuesta al requerimiento especial. Dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la Administración se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual, éstas deben ser atendidas”.

6 La sociedad contribuyente no dio respuesta al requerimiento especial.

7 “ART. 62.—En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.

8 Sentencia de 30 de agosto de 2016, radicado 05001-23-31-000-2011- 01829-01 [22028], C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

9 “[14] Sentencia del 18 de junio de 2014, Exp. 08001-23-31-000-2009-00565- 01(18820), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en sentencia del 12 de noviembre de 2015, Exp. 20976, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia”.

10 Según la RAE, se trata de una locución preposicional utilizada para “indicar el término de un período de tiempo visto desde la perspectiva del presente”. En http://dle.rae.es/?id=CDuZpeI.

11 Sentencia de 30 de agosto de 2016, radicado 05001-23-31-000-2011- 01829-01 [22028], C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

12 Así se expuso en la demanda (hecho 7), consta en el folio 16 del cdno. p. y lo tuvo por probado el tribunal.

13 “ART. 714.—Firmeza de la liquidación privada. La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma.
La declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, quedará en firme si dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial.
También quedará en firme la declaración tributaria, si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó” (subraya la Sala).