Sentencia 2010-00398 de abril 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUB-SECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodriguez Navas 

Radicación: 2000-12-33-1000-2010-00398-01 (49117)

Actor: Jaidys del Carmen Maestre y otros

Demandado: ESE Hospital San Andrés de Chiriguaná

Referencia: Grado jurisdiccional de consulta

Reparación directa

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

3.1. Sobre los presupuestos materiales de la sentencia de mérito 

La Sala es competente para conocer del proceso en el grado jurisdiccional de consulta, como quiera que la pretensión mayor individualmente considerada asciende a la suma de $51´500,000, valor que supera el legalmente exigido para que un asunto de esta naturaleza tuviera vocación de doble instancia cuando hubiera iniciado en el año 2010; además, la condena de primera instancia fue superior a 300 SMLMV por lo que se cumplen los presupuestos del artículo 184 del C.C.A.

La acción de reparación interpuesta estaba vigente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo que establece que la caducidad de la acción de reparación directa se consolida pasados dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño que se reclama.

En el presente caso, al momento de la presentación de la demanda, el 24 de agosto de 2010, no habían transcurrido los dos años de los que habla la norma para que la acción de reparación directa se encuentre caducada por cuanto los hechos ocurrieron el 12 de julio de 2008, se presentó solicitud de conciliación el 8 de julio de 2010 la cual fue admitida el 15 de julio de 2010 y la audiencia se celebró el 24 de agosto del mismo año declarándola fallida.

En el proceso se encuentra demostrada la legitimación en la causa por activa de Jaidys del Carmen Maestre Trespalacios, Jhon Jairo Monsalve Maestre(11), María Victoria Cadavid Palmera(12), Maira Alejandra Cadavid Maestre(13), Víctor Hugo Cadavid Maestre(14), Laura Maireth Cadavid Maestre(15) y Jairis Damaira Cadavid Maestre(16) con base en los registros civiles que reposan en el plenario.

Con respecto al señor Víctor Hugo Cadavid Restrepo de quien se afirma es el padre del nasciturus, sostuvo el Ministerio Público que su calidad está ausente de prueba pues por una parte, la declaración extra proceso no fue ratificada ni se realizó con citación de la parte demandada, y por la otra, el testimonio de la señora Mariluz Molina Herazo no demuestra “la convivencia para la época en que debió ocurrir la concepción del nasciturus”.

Se sabe que el certificado de registro civil de nacimiento es la prueba idónea para acreditar el parentesco; sin embargo, el artículo 48 de la ley 1260 de 1970 establece que sólo se inscribirá a quien nazca vivo en los términos del artículo 90 del Código Civil(17), razón por la que en el presente asunto se tendrá probada la convivencia de Jaidys del Carmen y Víctor Hugo a través de indicios, para de allí aplicar la presunción legal(18) de acuerdo con la cual de la fecha del nacimiento se colige la de la concepción.

En efecto, el apoderado de la actora pretende demostrar su dicho a través de una declaración extra proceso rendida el 25 de mayo de 2010 ante notario(19), en la que Jaydis del Carmen Maestre Trespalacios y Víctor Hugo Cadavid Restrepo manifestaron, bajo la gravedad de juramento, lo siguiente: “somos compañeros permanentes, vivimos bajo el mismo techo compartiendo como pareja hace trece años. De nuestra unión hay cuatro hijos Maira Alejandra, Víctor Hugo, Jairis Damaira y Laura Maireth Cadavid Maestre. Yo, Víctor Hugo declaro que asisto económicamente por mi hogar [sic] y por el niño John Jairo Monsalve Maestre hijo de mi compañera y por mi hija María Victoria Cadavid Palmera”.

Sobre el valor probatorio de las declaraciones extra proceso esta Sección ha sostenido —a diferencia de lo que argumentó el Ministerio Público—, que “deben ser valorados por el fallador sin necesidad de ratificarlos (…) [pues] no es posible sostener que, en todos los casos, la prueba deba ser objeto de ratificación o que siempre la contraparte deba tener la posibilidad de contrainterrogar en el mismo momento, como tampoco que determinada prueba deja de serlo porque la contraparte no fue citada, pues, en todos los casos, lo esencial tiene que ver con que quien no participó en su formación, tenga acceso, con igualdad probatoria y posibilidad, a oportunidades reales y efectivas de contradicción(20) (subrayado fuera de texto), tal y como sucedió en el sub lite por cuanto la declaración fue aportada con la demanda y reposó en el expediente sin que se haya cuestionado su contenido. Además, lo declarado concuerda con lo indicado en la boleta de entrada al servicio de urgencias del hospital Hernando Quintero Blanco, donde la señora Maestre Trespalacios indicó que su estado civil es de unión libre(21), y se corrobora con los registros civiles que se aportaron al proceso en los que se da cuenta de que el señor Víctor Hugo Cadavid Restrepo es padre de María Alejandra, Víctor Hugo (junior), Laura Maireth y Jairis Damaira, hijos de Jaidys del Carmen Maestre Trespalacios.

Estas pruebas coinciden con lo dicho en el único testimonio(22) que se trajo al proceso, en el que la señora Mariluz Molina Herazo declaró: “Preguntado: “Para la época de los hechos y en la actualidad quiénes conforman el núcleo familiar de la señora Jaidys del Carmen Maestre Trespalacios, y cuál es su situación económica? Contestó: El esposo el señor Víctor Cadavid, ella, y sus hijos Maira Alejandra, Jaidys Damaira, Víctor (junior) Cadavid Maestre, la mayor también se llama Maira, es decir ellos son seis (6) y un hijo de ella que se llama José de Jesús, no recuerdo el apellido del papa [sic], sé que el segundo es Maestre, en total son siete (7) las personas que componen ese núcleo familiar; en cuanto a la situación económica de ellos, el señor el esposo de ella es mecánico y siempre ha sostenido su familia y ella es ama de casa, siempre ha sido dedicado a su hogar, nunca ha laborado (...). Preguntado: En qué estado emocional encontró a la señora Jaidys, a su esposo y a sus hijos, posterior a la perdida [sic] del bebé? CONTESTÓ: la encontré muy deprimida, los niños muy trist [sic], el papá del bebé siempre lo encontraba llorando sobre la cunita y la ropita del niño, la verdad, es que muy doloroso para ellos. (…)”.

Apreciadas en conjunto, las anteriores pruebas constituyen hechos indicadores de que la relación de Víctor Hugo Cadavid Restrepo y Jaydis del Carmen Maestre Trespalacios era una de convivencia, estabilidad y apoyo mutuo, y ante la ausencia de prueba en contrario —o actuación alguna de la parte demandada—, se tiene que el nasciturus era hijo de ellos, por lo que la Subsección se aparta de la apreciación del Ministerio Público y mantendrá incólume la decisión de primera instancia a este respecto.

De otra parte, la empresa social del estado Hospital San Andrés de Chiriguaná está legitimada en la causa por pasiva debido a que la demanda se interpuso por la supuesta atención desidiosa, descuidada y negligente del personal médico adscrito a ella.

3.2. Sobre la prueba de los hechos 

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a la demandada y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará abordando tanto los hechos relativos al daño, como los hechos relativos a la imputación.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño

El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona lo hace consistir la parte demandante en la muerte del nasciturus hijo de Jaidys del Carmen y Víctor Hugo.

Teniendo en cuenta que el acervo probatorio está integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el A quo, el hecho en el que concretó la parte actora este daño pretende acreditarlo con la copia simple del certificado de defunción A2774099 en el que consta que la muerte fetal del hijo de Jaidys Maestre Trespalacios ocurrió en el Hospital San Andrés de Chiriguaná el 12 de julio de 2008 a las 15:30(23).

Sobre el valor probatorio de las copias simples esta Sección unificó la posición en el sentido de que las mismas serán valoradas teniendo en cuenta que reposaron en el plenario desde el inicio del proceso sin que fueran tachadas de falsas en las etapas procesales pertinentes.

Ha dicho la Sala:

“(…) es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes.

Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así:

“Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte demandante desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso”(24).

Así las cosas, la Sala valorará con libertad probatoria la documentación aportada por el demandado”(25) (subrayado fuera de texto).

Ahora, sobre la prueba de la muerte, el decreto 1260 de 1970 establece que ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas sujetos a registro hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro(26), y dado que el artículo 78 dispone que el fallecimiento de criatura nacida muerta no se inscribirá en el registro de defunciones, para la Sala el certificado de defunción aportado es suficiente para demostrar el daño alegado aun habiendo sido aportado en copia simple tal y como se explicó.

3.2.1.1. Sobre el daño moral 

Las personas naturales tienen derecho a disfrutar de una vida interior o espiritual plácida, sosegada, pacífica. Cuando esta condición se altera para dar paso al dolor, a la angustia, a la aflicción, se configura una modalidad de daño que se conoce con el apelativo de daño moral.

Este daño, como colofón de una elemental regla de experiencia, se traduce en “el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo”(27), lo que incluye el núcleo familiar de la persona fallecida por lo que en el sub lite la Sala lo encuentra probado con basamento en los registros de nacimiento de Jhon Jairo Monsalve Maestre(28), María Victoria Cadavid Palmera(29), Maira Alejandra Cadavid Maestre(30), Víctor Hugo Cadavid Maestre(31), Laura Maireth Cadavid Maestre(32) y Jairis Damaira Cadavid Maestre(33) en los que consta la identidad de sus padres.

3.2.1.2. Sobre lo que el actor llamó “daños a la vida de relación” y “perjuicios por alteración de las condiciones de existencia” 

Recuerda la Sala que en sentencia de unificación, esta Sección sostuvo que:

“(…) la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación. (…) En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta Corporación —siempre que los supuestos de cada caso lo permitan— de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno”(34).

Posteriormente se detalló el contenido del perjuicio inmaterial ocasionado por los daños causados a un bien, derecho o interés legítimo constitucional, así:

“15.4.1. El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características:

i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.

ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.

v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.

vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas”.

En el sub lite, la parte actora pretende acreditar que la “muerte del bebé alteró las condiciones de existencia y vida de relación de los padres señores Jaidys del Carmen Maestre Trespalacios y Víctor Hugo Cadavid Restrepo”, con el testimonio de Mariluz Molina Herazo(35) en el que declaró:

“Preguntado: Sírvase indicar si conoce a la señora Jaidys del Carmen Maestre Trespalacios, en caso afirmativo desde cuándo la conoce, por qué motivos y qué relaciones ha mantenido con la misma? Contestó: Si [sic] la conozco desde hacen [sic] 16 años, fuimos criadas en el mismo barrio, buenas amigas y tenemos buenas relaciones. Preguntado: Sabe o presume los motivos por los cuales se encuentra rindiendo esta declaración bajo la gravedad del juramento, en caso afirmativo, explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos materia de esta Litis? Contestó: Si claro, se trata de hacer justicia porque mi amiga tuvo un embarazo donde se le brindó mucho apoyo para que ella saliera adelante y a la final quedó con las manos vacídas [sic] por lo que pasó con el bebé y de verla en las condiciones en las que ella quedó, es cuando mas [sic] necesitaba el apoyo de sus amistades y estuve con ella en esos momentos, eso fue en el año 2008, el mes no lo preciso, solo se que cuando vine de Valledupar, ya ella tenía un mes de haber salido del procedimiento de la cesarea [sic] del parto donde perdió el bebe [sic] y ella estaba muy mala de salud, y ahí en adelante estuve con ella, acercándonos al hospital de Chiriguaná, a indagarnos [sic] por la historia clínica, para enterarnos como [sic] había sido la muerte del bebé, y porque [sic] ella había quedado en ese estado de salud (…) Preguntado: En esos momentos que la señora Jaidys se encontraba en estado de embarazo cuál era el estado emocional de ella, su esposo, sus hijos durante el periodo de gestación? Contestó: Ellos siempre han sido una familia muy unida esperando a su bebé con mucho anhelo, para todos nosotros que estábamos al lado de ella. (…) Preguntado: Qué relación ha notado usted, de la señora Jaidys, los hijos y sus [sic] esposo, con relación a su entorno social, en consecuencia de la perdida [sic] del bebe [sic]? Contestó: Ellos son unas personas muy queridas en el pueblo con la comunidad, Jaidys ha cambiado bastante, a pesar de haber recibido apoyo de las personas, ellas se encuentra triste, y el anhelo de saber de que [sic] fue lo que sucedió con su bebé, el esposo a pesar de todo, es el que mas [sic] ha estado apoyándola en todo el procedimiento, y los niños han sufrido la muerte de su hermanito, algo muy triste para ellos. Preguntado: Desee [sic] el momento de la pérdida del bebe [sic] de la señora Jaidys, con que [sic] frecuencia usted se ve, habla con ella? CONTESTO: Diariamente, vivimos en el mismo pueblo, ella es muy apegada ami [sic] bastante(36).

Sobre la posibilidad de declarar la responsabilidad estatal cimentada en un testimonio único la Sección Tercera(37) ha sostenido que no hay obstáculo para aplicar la regla de la sana crítica establecida en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(38), sirviéndose de la tesis de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia según la cual:

“No se trata de que inexorablemente deba existir pluralidad de testimonios o de pruebas para poderlas confrontar unas con otras, única manera aparente de llegar a una conclusión fiable por la concordancia de aseveraciones o de hechos suministrados por testigos independientes, salvo el acuerdo dañado para declarar en el mismo sentido. No, en el caso testimonio único lo más importante, desde el punto de vista legal y razonable, es que existan y se pongan a funcionar los referentes empíricos y lógicos dispuestos en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, que no necesariamente emergen de otras pruebas, tales como la naturaleza del objeto percibido, la sanidad de los sentidos por medio de los cuales se captaron los hechos, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado y otras singularidades detectadas en el testimonio, datos que ordinariamente se suministran por el mismo deponente y, por ende, dan lugar a una suerte de control interno y no necesariamente externo de la prueba”(39) (subrayado fuera de texto).

En el sub lite, la declaración de la señora Molina Herazo fue solicitada por su cercanía con los padres del nasciturus nacido sin vida, pues además de vivir en el mismo lugar geográfico (La Loma), la estrecha amistad con la señora Maestre Trespalacios le permitió percibir las consecuencias que el daño alegado tuvo en la cotidianeidad de aquellos. Por tanto, es indiferente que para el momento del parto la testigo se encontrara en Valledupar pues no fue llamada al proceso para dar cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se prestó el servicio médico. En consecuencia esta Sala considera que se trata de un testigo idóneo para rendir la declaración comoquiera que acompañó en su duelo a la familia afectada.

No obstante lo anterior, la amistad íntima entre la señora Maestre Trespalacios y la testigo impone a la Sala un estudio más riguroso del contenido de la declaración por tratarse de un testimonio sospechoso. En efecto, se tiene que la señora Molina Herazo presenció -mediante el uso de sus sentidos- la inmensa tristeza que sufrió la familia del niño nacido sin vida, y si bien podría pensarse que hay interés en las resultas del proceso toda vez que la testigo acudió a rendir su declaración “para hacer justicia”, lo cierto es que no hay otra prueba que permita desvirtuar lo dicho porque haya resultado contradictorio o mentiroso, y ante la ausencia de una descalificación por parte de la demandada, esta Sala otorgará valor probatorio a su contenido.

Sin embargo, dado que de lo que da cuenta la testigo es de la tristeza, dolor y congoja que la pérdida del nasciturus produjo en su familia, esta Sala refuerza la existencia del daño moral pero encuentra ausente de prueba un daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados de tal manera que lo solicitado a ese título será negado pues por mandato del artículo 1757 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta al poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado. Las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria a través de las cuales se establecen los procedimientos para incorporar al proceso -de manera regular y oportuna- la prueba de los hechos, y de controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial; su intención es convencer al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos dañosos, y las respectivas consecuencias(40).

Por ello, al juez se le impone regir sus decisiones de acuerdo con por lo menos, tres principios fundamentales: onus probandi incumbit actori (al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción); reus, in excipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante, reus absolvitur (el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción). Estos principios están recogidos tanto en la legislación sustancial (art. 1757 del CC) como en la procesal civil colombiana (art. 177 del CPC), y responden primordialmente a la exigencia de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad, salvo cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas por no requerir prueba.

3.2.2. Sobre la prueba de los hechos relativos a la imputación  

Se encuentra debidamente probado a través de prueba documental allegada al expediente, que:

1. El 12 de julio de 2008 a la 01h00, ingresó por urgencias la materna Jaidys del Carmen Maestre Trespalacios al Hospital Hernando Quintero Blanco, con dolor abdominal tipo contracción y embarazo a término, siendo trasladada a sala de partos y monitoreada cada hora, hasta que a las 04h00 -con dilatación de 8 cm y borramiento del 80%-, dejó de evolucionar, motivo por el cual, a las 05h00, es remitida al hospital de segundo nivel advirtiendo trabajo de parto prolongado, sufrimiento fetal y meconio grado IV.

De lo anterior da cuenta la historia clínica Nro. 43871510 abierta en el servicio de urgencias del Hospital Hernando Quintero Blanco, así(41):

— A folio 30 se detalla la evolución de la siguiente manera: “02:00 am: paciente con evolución satisfactoria, buena actividad uterina. D: 6 B: 60% cefálico FCF 140 x1; 03 am: D: 7 B: 70% cefálico FCF 139 x1 se decide oxitocina 5 [ilegible]; 04 am: pcte no evoluciona, con D: 8 B: 80% [ilegible] reborde grueso [ilegible] se decide remisión [ilegible] FCF: 128-130 x1 y sufrimiento fetal pcte con meconio [ilegible] grado II”.

— A folio 31 se consignan las siguientes notas de enfermería: “01:00 ingresa paciente al servicio de urgencias de sexo femenino de 31 años de edad consciente orientada multigestante caminando por sus propios medios acompañada de un familiar refiere “dolores de parto” se toman SV: T/A 90/60 mmhg T 37, se traslada a sala de parto se sube a silla ginecológica es valorada por el médico de turno quien refiere que la pte está en 4 cm de dilatación y un 40% de borramiento cefálico FCF: 140 x1, ordenan canalizar se canaliza en msd con solución salina 500cc pmu. 05:00 pte que es remitida a II nivel por orden médica”.

— A folio 32 reposa la epicrisis en la que se lee: “(…) Diagnóstico definitivo: embarazo a término 40.5 sem, trabajo de parto prolongado, sufrimiento fetal, meconio grado IV, remisión a II nivel (…) tratamientos: líquidos, oxitocina (…) ordenamiento: pcte acude con embarazo de 40,5 semanas, según ecografía gran multípara controles prenatales # 7 presenta dolor abdominal tipo contracción, desde hace 12 horas y eliminación del tapón mucoso sin otro síntoma [ilegible] várices miembros [ilegible] físico: estable, [ilegible] consciente, hidratada, buen patrón cardio pulmonar, abdomen [ilegible] gestante FCF 140 x1, buena actividad uterina TU D:8 B:80% al momento de la remisión pcte no evoluciona más con salida de meconio grado IV FCF 139 x1 se decide remisión [ilegible] a las 05:00 am de 12/07/08”.

— A folio 33 se encuentra el formato único de referencia y contra referencia en el que se consignó: “Resumen de anamnesis y examen físico: “pcte con embarazo de 40,5 semanas gran multípara controles prenatales mensuales acude con trabajo de parto en fase activa con evolución de 16 horas al momento con buena actividad uterina pero con líquido meconial [ilegible] grado [ilegible]”.

2. A las 06h30, la materna ingresó al Hospital Regional San Andrés E.S.E. con diagnóstico de embarazo a término, meconio grado II, corioamnionitis y sufrimiento fetal agudo, aunque en las notas realizadas a las 08h00 por el médico general de turno dice que una vez valorada por ginecología, se decide dejar evolucionar el trabajo de parto de manera espontánea. En la hoja de evolución se anota seguimiento a las 09h00 y a las 10h00 por parte de un médico general, y a las 14h00 y a las 15h00 por el ginecólogo quien decide realizar cesárea por sufrimiento fetal agudo con el desenlace conocido en autos. En las cuatro anotaciones se detalla la frecuencia cardiaca fetal, normal en las primeras tres (entre 143 y 130 x1), y baja en la cuarta (100 x1). Las notas de enfermería sólo especifican un chequeo a las 08h30 y el procedimiento de las 15h20 cuando extraen el cuerpo sin vida del hijo de la señora Jaidys del Carmen con doble circular del cordón umbilical.

De lo anterior da cuenta la historia clínica abierta en el Hospital Regional San Andrés E.S.E. así(42):

— A folio 38 consta hoja de evolución en la que se detalla el ingreso de la paciente “08h00: mujer de 31 años remitida del H. De la Loma por presentar cuadro clínico de dos días dado por dolor tipo contracción que aumenta en intensidad y frecuencia en [ilegible] (…) es valorada por ginecólogo quien hospitaliza con tto y evolución espontánea del trabajo de parto. Actualmente pcte en aceptable estado general hemodinámicamente compensada buen patrón [ilegible] MFCH mecánica uterina regular FCF 136 x1 [ilegible] con várices tortuosas en labios mayores [ilegible] plan: igual manejo”. A las 09h00: “FCF 146 x1 MFCH actividad uterina regular TVC no realizado”. A las 10h00: “FCF 130 x1 MFCH actividad uterina regular D:7-8 cm [ilegible]”. A las 14h00: “act uterina 130 x1 FCT 3x10x35 [ilegible] normal D: 8 cm Boto: 80% membranas rotas [ilegible]”. A las 15h00 “actividad uterina regular TCF 100 x1 D: 8 Bto: 80% líquido meconio [ilegible] se decide [ilegible] para [ilegible] x sufrimiento fetal agudo”.

— A folio 39 están las notas de enfermería en las que se consignó: A las 08h30: “ingresa paciente de urgencias estable a sala de trabajo de parto dilatada 7-8 cm con actividad regular + salida de líquido canalizada con SSN 500 CC con Dx embarazo 40 sem + T.P. [ilegible] queda paciente en la unidad estable con salida de líquido abundante claro con FCF 139-142 dilatando 7-8 cm [ilegible] ginecólogo ordena colocar DAn + 2 unidades oxitocina [ilegible]”. Luego se encuentra una anotación que explica lo sucedido en el turno de 6 am a 2 pm, pero es ilegible y no especifican la hora de cada uno de los chequeos por lo que pareciera que no se hicieron de manera constante. La siguiente anotación es a las 15h20 cuando se consigna la intervención, así: “paciente consciente orientada de sexo femenino de 31 años edad multigestante [sic] llegó a sala de cirugía [ilegible] maternidad acompañada de la [ilegible] Dx embarazo de 40 semanas + trabajo de parto canalizada con [ilegible] a chorro sondas [ilegible] eliminación clara se me autorizó registro A120/80 fc 76 fr 22 spoz 99% es atendida por el anestesiólogo sepsia y antisepsia aplicó anestesia raquídea lavando zona preoperatoria comenzó la [ilegible] sacan bebé de sexo masculino muerto lo recibe el pediatra de turno aspiró sangrado por fosas nasal y oral realizó maniobras con oxígeno a la espera de posible respuesta el recién nacido con [ilegible] ligó y cortó el cordón umbilical peso 2700 talla 51 cm pt 29,5 extraen placenta se le aplicó oxitocina 20 unidades 10 [ilegible] con sangrado [ilegible] por orden del ginecólogo se le aplicó anestesia general con [sic] se pasó a sala de recuperación despierta consciente orientada canalizada + sondas”.

— A folio 47 reposa el registro de intervención quirúrgica en la que se anotó: “bajo anestesia se realizó incisión [ilegible] se incide por planes [ilegible] se visualiza útero [ilegible] se extrae RN meconiado doble circular de cordón apretada apgar 0/10 [ilegible]”.

3. El hospital San Andrés de Chiriguaná “no tuvo en cuenta la información sobre el meconio en líquido amniótico descrito por el médico general del primer nivel, no reconoció o no tuvo en cuenta alertas de hipoxemia fetal reflejado en el monitoreo fetal realizado (en monitoreo fetal hay presencia de deceleraciones [sic] tardías y variadas del ritmo cardíaco fetal que podrían indicarle baja reserva fetal o hipoxemia fetal) (…) No se realizó el control de monitoreo fetal en el transcurso de conducción con oxitocina, estado fetal evolusiona [sic] solamente por frecuencia cardíaca fetal (…) A las 2 P.M. al revalorar a la paciente por ginecólogo de turno no se reconoce el trabajo de parto estacionado, que es evidente (en una multípara con trabajo de parto activo dilatación cervical se detuvo en 8CM y no progresó en 6 horas. Este dato pudo indicar al [sic] mal estacionamiento fetal o circular del cordón) y no se cambia la conducta con la paciente con respecto al trabajo de parto”.

De lo anterior da cuenta la prueba técnica(43) solicitada por la actora “con el objeto de que previa revisión de la historia clínica emita un dictamen pericial sobre el fallecimiento del nasciturus de la Sra. Jaidys Del Carmen Maestre Trespalacios”, y decretada en auto de pruebas en el que se especificó que la prueba estaba dirigida a dilucidar las causas del fallecimiento(44).

El dictamen pericial constituye un elemento de prueba que debe ser valorado por el funcionario judicial, inicialmente de acuerdo con los criterios previstos en los artículos 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y luego en conjunto con los demás medios probatorios de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Bajo dichos preceptos legales, se tiene que la prueba pericial es un medio de convicción a través del cual se aportan elementos técnicos, científicos o artísticos al proceso, con miras a dilucidar la controversia. En consecuencia, los peritos deben ofrecer una relación clara, precisa y detallada de los procesos cognitivos realizados y de sus resultados o conclusiones —a través de la descripción de los hallazgos, consignando la memoria del proceso para llegar a ellos—, con arreglo a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada, y respondiendo ordenadamente y en forma concreta y expresa, todos los puntos sometidos a su consideración, especificando las herramientas empleadas, sus alcances y limitaciones, exigencia lógica si se atiende a que con base en dichos detalles, el funcionario judicial tendrá los elementos necesarios para soportar su decisión.

El artículo 241 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez al valorar el dictamen pericial debe tener en cuenta la “firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”. Lo que claramente se traduce en que es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero no es a quien corresponde impartirla.

En el presente caso, el perito médico especialista en ginecología y obstetricia efectivamente rindió concepto con base en las historias clínicas aportadas por la parte demandante y especificó lo que en su concepto constituyeron errores que condujeron a la muerte del niño que estaba por nacer; en consecuencia, y de la misma forma en la que lo consideró el A quo, se dará valor probatorio a la prueba técnica por cuanto las conclusiones descritas tuvieron fundamento en los soportes documentales aportados al plenario y en la experticia que le ofrece su formación como médico especialista.

3.3. El problema jurídico 

Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis, la muerte del hijo de Jaidys del Carmen y Víctor Hugo sobrevino por la inoportuna atención brindada a la paciente y por tanto, constituye una falla del servicio médico asistencial imputable a la parte demandada.

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad 

La Sala pone de presente, que al tratarse de un grado jurisdiccional de consulta, el pronunciamiento se restringe a aquellos aspectos desfavorables a la entidad condenada en primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, que preceptúa:

“Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse ante el superior cuando no fueren apeladas. (…) La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem (…)”.

Pues bien, según la posición jurisprudencial que ha manejado la Corporación, los casos de falla médica son revisados actualmente bajo el régimen de la falla probada del servicio, en el cual no solo debe demostrarse la existencia de un daño, sino también su imputabilidad a la entidad que se demanda(45).

En efecto, a partir de la expedición de la Constitución de 1991 la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. Dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”(46). Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(47).

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(48). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”(49); en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”(50).

La Sección ha sostenido que:

“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”(51).

En el presente caso se encuentra acreditado que una vez ingresada al hospital de segundo nivel San Andrés de Chiriguaná, la señora Maestre Trespalacios fue valorada por ginecólogo quien recomendó dejar avanzar el trabajo de parto de manera espontánea para evitar una intervención quirúrgica que para ese momento podía haber sido considerada innecesaria; sin embargo, las especiales condiciones de salud en las que se encontraba la materna —advertidas tanto por los médicos del hospital que la remitió como por los que la recibieron en el de segundo nivel—, imponían un monitoreo permanente.

Así se puntualizó en el dictamen pericial rendido en el proceso, en el cual se concluyó: “no tuvo en cuenta la información sobre el meconio en líquido amniótico descrito por el médico general del primer nivel, no reconoció o no tuvo en cuenta alertas de hipoxemia fetal reflejado en el monitoreo fetal realizado (en monitoreo fetal hay presencia de deceleraciones [sic] tardías y variadas del ritmo cardíaco fetal que podrían indicarle baja reserva fetal o hipoxemia fetal) (…) No se realizó el control de monitoreo fetal en el transcurso de conducción con oxitocina, estado fetal evolusiona [sic] solamente por frecuencia cardíaca fetal (…) A las 2 P.M. al revalorar a la paciente por ginecólogo de turno no se reconoce el trabajo de parto estacionado, que es evidente (en una multípara con trabajo de parto activo dilatación cervical se detuvo en 8CM y no progresó en 6 horas. Este dato pudo indicar al [sic] mal estacionamiento fetal o circular del cordón) y no se cambia la conducta con la paciente con respecto al trabajo de parto”.

Conforme a lo anterior, se tiene que a la paciente se le dejó sin atención durante cuatro horas (desde las 10h00 y hasta las 14h00), tiempo decisivo para la salud tanto de la paciente como de su hijo, pues si bien en el seguimiento de las 14h00 la frecuencia cardiaca fetal se encontraba aún en 130 pulsaciones por minuto, las membranas del saco amniótico ya se encontraban rotas y era cuestión de minutos para que el sufrimiento fetal agudo terminará sólo con su muerte, razón por la cual se accederá a las súplicas de la demanda por encontrar que la atención prestada fue desidiosa, descuidada y negligente.

3.5. Análisis de la Sala sobre los perjuicios 

3.5.1. De los perjuicios morales 

Sobre los perjuicios morales la jurisprudencia tiene decantado que serán resarcibles aquellos ciertos, personales y antijurídicos, y la tasación depende entonces, de su intensidad, la cual deberá estar probada en cada caso y liquidada en salarios mínimos.

De ahí que esta Sección en sentencia de unificación(52), estableciera unos criterios “a fin de que en lo sucesivo se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso (…) a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas”, así:

 

Reparación del daño moral en caso de muerte
Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla
general
en el caso
de muerte
Relación
afectiva
conyugal
y paterno filial
Relación
afectiva del 2º de consanguinidad
o civil
Relación afectiva
del 3er de consanguinidad
o civil
Relación
afectiva del 4°
de
consanguinidad
o civil
Relación afectiva
no familiar
(terceros damnificados)
Equivalencia
en salarios mínimos
10050352515

 

De acuerdo con el análisis realizado ad supra sobre la legitimación en la causa por activa, esta Subsección confirmará el reconocimiento que hizo el A quo en favor de cada uno de los padres del niño nacido sin vida lo correspondiente a 100 smlmv, y de cada uno de los hermanos lo equivalente a 50 smlmv.

3.6. La condena en costas 

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del C.C.A., y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

3.7. Compulsa de copias 

Toda vez que la entidad demandada no ejerció ningún tipo de defensa judicial, se ordenará por Secretaría remitir copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia consultada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 7 de marzo de 2013.

Segundo: Sin costas.

Tercero: Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del C.P.C.

Cuarto: Por Secretaría, remitir copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación para lo de su cargo.

Quinto: Por Secretaría, desglosar el expediente en los folios 322 a 327 del cuaderno principal, por tratarse de un memorial que no corresponde al presente proceso.

Sexto: En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

11 Folio 10 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento de Jhon Jairo Monsalve Maestre, nacido el 15 de septiembre de 1993, hijo de Jairys Maestre Trespalacios y Albeiro Monsalve Guarín.

12 Folio 11 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento de María Victoria Cadavid Palmera, nacida el 10 de septiembre de 1996, hija de Mereith Palmera Pérez y Víctor Hugo Cadavid Restrepo.

13 Folio 6 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento de María Alejandra Cadavid Maestre, nacida el 23 de enero de 1998, hija de Jaidys del Carmen Maestre Trespalacios y Víctor Hugo Cadavid Restrepo.

14 Folio 7 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento de Víctor Hugo Cadavid Maestre, nacido el 20 de agosto de 2000, hijo de Jaidys del Carmen Maestre Trespalacios y Víctor Hugo Cadavid Restrepo.

15 Folio 8 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento de Laura Maireth Cadavid Maestre, nacida el 14 de julio de 2005, hija de Jaidys del Carmen Maestre Trespalacios y Víctor Hugo Cadavid Restrepo.

16 Folio 9 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento de Jairis Damaira Cadavid Maestre, nacida el 24 de diciembre de 2002, hija de Jaidys del Carmen Maestre Trespalacios y Víctor Hugo Cadavid Restrepo.

17 Artículo 90. “Existencia legal de las personas. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre”.

18 Admite prueba en contrario de acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia C-004-98.

19 Con posterioridad a los hechos en los que se basó la demanda.

20 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia de 29 de agosto de 2013; Exp. 27521.

21 Folio 29 del cuaderno principal.

22 Sobre el valor probatorio del testimonio único ir al capítulo 3.2.1.2. de la presente providencia.

23 Folio 3 del cuaderno principal.

24 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 7 de marzo de 2011; Exp. 20171. Valga la pena advertir que el artículo 16 del Decreto 1736 que corrigió la ley 1564 de 2012 -por medio de la cual se expidió el Código General del Proceso y se dictaron otras disposiciones-, derogó el inciso primero del artículo 215 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, al que hace mención esta referencia, luego las normas que continuaron rigiendo las condiciones del valor probatorio de las copias simples fueron los artículos 252 y siguientes del CPC, que finalmente perdieron vigencia desde el primero de enero de 2014 de acuerdo con las indicaciones contenidas en el artículo 627 de dicho compendio normativo (Código General del Proceso).

25 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de mayo de 2011; Exp. 36912.

26 Artículo 106.

27 Consejo de Estado. Unificación Jurisprudencial Perjuicios Inmateriales. Documento ordenado mediante Acta No. 23 de 25 de septiembre de 2013 con el fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados para la reparación de perjuicios inmateriales. Bogotá, 2014.

28 Folio 10 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento de Jhon Jairo Monsalve Maestre, nacido el 15 de septiembre de 1993, hijo de Jairys Maestre Trespalacios y Albeiro Monsalve Guarín.

29 Folio 11 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento de María Victoria Cadavid Palmera, nacida el 10 de septiembre de 1996, hija de Mereith Palmera Pérez y Víctor Hugo Cadavid Restrepo.

30 Folio 6 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento de María Alejandra Cadavid Maestre, nacida el 23 de enero de 1998, hija de Jaidys del Carmen Maestre Trespalacios y Víctor Hugo Cadavid Restrepo.

31 Folio 7 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento de Víctor Hugo Cadavid Maestre, nacido el 20 de agosto de 2000, hijo de Jaidys del Carmen Maestre Trespalacios y Víctor Hugo Cadavid Restrepo.

32 Folio 8 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento de Laura Maireth Cadavid Maestre, hija de Jaidys del Carmen Maestre Trespalacios y Víctor Hugo Cadavid Restrepo.

33 Folio 9 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento de Jairis Damaira Cadavid Maestre, nacida el 24 de diciembre de 2002, hija de Jaidys del Carmen Maestre Trespalacios y Víctor Hugo Cadavid Restrepo.

34 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 28 de agosto de 2014; Exp. 31170.

35 Si bien solicitó como prueba el testimonio de la señora Omaira Yohana Tita Castro, el juez de instancia no lo decretó por no haberse indicado el domicilio de la testigo, decisión de no fue objetada por la parte interesada en la prueba.

36 Folio 240 del cuaderno principal.

37 Consejo de Estado; Sección Tercera: Sentencia del 11 de marzo de 2004 Exp. 14135; Sentencia del 19 de 2004 Exp. 15791; Sentencia del 7 de marzo de 2007 Exp. 16341; Sentencia del 28 de enero de 2009 Exp. 15250; Sentencia del 4 de febrero de 2010 Exp. 18371; Sentencia del 30 de enero de 2013; Exp. 24631.

38 Artículo 187. “Apreciación de las Pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

39 Corte Suprema de Justicia; Sala de Casación Penal; Sentencia de 15 de diciembre de 2000; Rad. 13119.

40 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 20 de marzo de 2013; Exp. 25953.

41 Folio 29 del cuaderno principal.

42 Folio 37 del cuaderno principal.

43 Folio 259 del cuaderno principal.

44 Folio 149 del cuaderno principal.

45 “(…) Por eso, de manera reciente la Sala ha recogido las reglas jurisprudenciales anteriores, es decir, las de presunción de falla médica, o de la distribución de las cargas probatorias de acuerdo con el juicio sobre la mejor posibilidad de su aporte, para acoger la regla general que señala que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos que la configuran, para lo cual se puede echar mano de todos los medios probatorios legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria que pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso, en especial para la demostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño. Se acoge dicho criterio porque además de ajustarse a la normatividad vigente (art. 90 de la Constitución y 177 del Código de Procedimiento Civil), resulta más equitativa. La presunción de la falla del servicio margina del debate probatorio asuntos muy relevantes, como el de la distinción entre los hechos que pueden calificarse como omisiones, retardos o deficiencias y los que constituyen efectos de la misma enfermedad que sufra el paciente. La presunción traslada al Estado la carga de desvirtuar una presunción que falló, en una materia tan compleja, donde el alea constituye un factor inevitable y donde el paso del tiempo y las condiciones de masa (impersonales) en las que se presta el servicio en las instituciones públicas hacen muy compleja la demostración de todos los actos en los que este se materializa. En efecto, no debe perderse de vista que el sólo transcurso del tiempo entre el momento en que se presta el servicio y aquél en el que la entidad debe ejercer su defensa, aunado además a la imposibilidad de establecer una relación más estrecha entre los médicos y sus pacientes, hace a veces más difícil para la entidad que para el paciente acreditar las circunstancias en las cuales se prestó el servicio. Por eso, el énfasis debe centrarse en la exigencia institucional de llevar las historias clínicas de manera tan completa y clara que su solo estudio permita al juez, con la ayuda de peritos idóneos si es necesario, establecer si hubo o no responsabilidad estatal en los daños que aduzcan sufrir los pacientes como consecuencia de la prestación del servicio médico” (subrayado fuera de texto). Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp. 15772.

46 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.

47 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

48 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042.

49 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.

50 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de 12 de julio de 1993; Exp. 7622.

51 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569.

52 Consejo de Estado; Sala Plena de Sección Tercera; Sentencia del 28 de agosto de 2014; Exp. 27709.