CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

Sentencia 2010-00402 de junio 21 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-22-15-000-2010-00402-01

Magistrado Ponente:

Dr. William Namen Vargas

Bogotá, D.C., veintiuno de junio de dos mil diez.

Discutido y aprobado en sesión de dieciséis de junio de dos mil diez.

Se decide la impugnación formulada frente al fallo proferido el 26 de mayo de 2010 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en la acción de tutela promovida por Lady Andrea Beltrán Cárdenas contra la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Antecedentes

1. La actora demandó la protección a sus derechos fundamentales a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, a elegir y ser elegida y a tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación ciudadana, presuntamente vulnerados con ocasión de la exigencia, por parte de la entidad accionada, de exhibir la cédula de ciudadanía para votar en las elecciones.

2. Manifiesta haber sido víctima de un hurto el 11 de mayo de 2010, tal como lo denunció ante las autoridades de policía al día siguiente, y que entre los documentos que le sustrajeron se encontraba su cédula de ciudadanía. Expresa que por lo anterior no se le permitió participar en las elecciones del 30 de mayo de 2010. Solicita que el juez de tutela ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil permitir la participación de la actora en los mencionados comicios, y en subsidio ordenarle que adelante en forma sumaria los trámites para obtener el mencionado documento.

3. El Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

4. La accionada contestó oponiéndose a la acción de tutela. Explicó que el proceso de cedulación requiere de un cierto tiempo, pues debe estar precedido de un control sobre las huellas digitales y un control de calidad sobre el plástico que se debe entregar. Afirmó que la registraduría ya expidió una contraseña a la accionante, con la cual puede ejercer algunas prerrogativas. Manifestó que de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 960 de 1970 la cédula de ciudadanía no es el único documento que sirve para identificar a los ciudadanos colombianos, y que por ello no se le vulnera su derecho a la personalidad jurídica.

5. La solicitante presentó un memorial adicional afirmando que ya había realizado los trámites ante la registraduría para obtener el duplicado de su cédula de ciudadanía, y aportó una copia de su contraseña.

La sentencia impugnada

El Tribunal Superior de Bogotá denegó la protección solicitada, por considerar que el Código Electoral impone la exhibición de la cédula de ciudadanía como requisito para el ejercicio del derecho al voto. Además, consideró que la Registraduría no ha excedido el término razonable de un (1) año para expedir el nuevo documento, y no hay lugar a proferir órdenes por vía de tutela.

La impugnación

La actora impugnó el fallo sin exponer argumentos adicionales.

Consideraciones

1. La acción de tutela ha sido concebida como un remedio de carácter excepcional para proteger derechos fundamentales. Cuando se encuentre probado que una autoridad pública o un particular ha violado o amenazado la efectividad de un derecho fundamental, el juez de tutela puede ordenar al accionado que actúe o deje de actuar.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, así como del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela se dirigirá contra la autoridad o la persona “que violó o amenazó el derecho fundamental”. De lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el amparo únicamente puede proceder cuando el sujeto accionado ha actuado o dejado de actuar, y como consecuencia de ello se ha afectado un derecho fundamental. Si la supuesta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales del actor no se deriva como consecuencia directa de una actuación u omisión del demandado en tutela, la acción se torna improcedente(1).

3. En el presente caso, la promotora del amparo constitucional solicita la protección de su derecho al voto y a utilizar los distintos mecanismos de participación ciudadana; acude a la acción de tutela ante la inminencia de las elecciones presidenciales, y ante la imposibilidad de presentar su documento de identificación ante los jurados de votación.

4. Sin embargo, se advierte al rompe la improcedencia de la presente tutela. En efecto, no se encuentra en el material probatorio que haya existido una acción u omisión por parte de la autoridad accionada que traiga como consecuencia la violación o amenaza de los derechos fundamentales de la quejosa.

5. Por otro lado, tal como lo advirtió el tribunal, el ejercicio del derecho al voto está reglamentado por los procedimientos previstos en el Código Electoral, que en su artículo 114 exige la presentación de la cédula de ciudadanía como documento idóneo para identificar al ciudadano en el proceso de votación.

Resalta esta Sala que la cédula de ciudadanía reviste gran importancia para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, tal como lo ha admitido la jurisprudencia constitucional al hablar de la función y los alcances de este documento: “la cédula de ciudadanía constituye también un medio idóneo para acreditar la ‘mayoría de edad’, o sea, el estado en que se alcanza la capacidad civil total, circunstancia en que se asume por el legislador que la persona ha logrado la plenitud física y mental que lo habilita para ejercitar válidamente sus derechos y asumir o contraer obligaciones civiles. En resumen, la cédula de ciudadanía representa en nuestra organización jurídica, un instrumento de vastos alcances en el orden social, en la medida en la que se considera idónea para identificar cabalmente a las personas, acreditar la ciudadanía y viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos”(2).

6. En fin, la causa por la cual la actora no cuenta en estos momentos con su cédula de ciudadanía es ajena al ámbito de competencia de la entidad accionada; por el contrario, se observa que en la actualidad la Registraduría se encuentra dentro de los términos razonables para expedir el nuevo documento que permitirá en el futuro a la actora ejercer correctamente sus derechos políticos.

7. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que denegó la protección constitucional.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia impugnada.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

Magistrados: César Julio Valencia Copete—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.

(1) Al respecto, ver las sentencias de la Corte Constitucional T-278 de 1998 y T-1001 de 2006, entre otras.

(2) Corte Constitucional, sentencia C-511 de 1999.

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