Sentencia 2010-00403 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 730012331000201000403 01 (19178)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Paula Juliett González Ávila

Demandado: Municipio de Dolores - Tolima

Asunto: Acción de nulidad

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el municipio demandado, corresponde a la Sala determinar la legalidad de los apartes demandados del Acuerdo 6 del 5 de marzo de 2008, por el cual el Concejo Municipal de Dolores, Tolima, adoptó el reglamento del impuesto de alumbrado público y dictó otras disposiciones.

Concretamente, atendiendo el texto del recurso de apelación, la Sala debe determinar si se encuentra probada la excepción de inepta demanda propuesta por el municipio.

Indicó el municipio de Dolores, Tolima, que se configura la excepción mencionada por la deficiencia del concepto de violación, aduciendo, en síntesis, que la actora no indicó causales de nulidad, no expuso las razones de derecho por las que cree que el acuerdo demandado es inconstitucional o ilegal, ni consignó las razones por las que cree que ello es así.

Advierte la Sala que el municipio de Dolores no propuso razones de oposición respecto de la nulidad del literal A del parágrafo segundo del artículo sexto del Acuerdo 006 del 05 de marzo de 2008. El apoderado centró su impugnación en que la actora no indicó la causal de nulidad, ni expuso las razones de derecho por las que cree que el acto administrativo es inconstitucional o ilegal.

Cuando se conoce en segunda instancia de las sentencias de los tribunales, la competencia de esta corporación se circunscribe exclusivamente a los puntos sometidos a debate en el escrito de apelación de las partes, por lo que no le está permitido pronunciarse sobre aspectos no sometidos a su consideración, al no haber sido materia de cuestionamiento; no le es posible inferir inconformidad alguna con lo decidido por el a quo, toda vez que su labor se reduce a examinar la providencia apelada, con fundamento en los motivos de inconformidad esgrimidos por el recurrente.

Es de anotar que así como la demanda señala el marco de juzgamiento de la legitimidad del acto cuya nulidad se pretende, la apelación, al aducir y sustentar las razones de inconformidad frente a la sentencia apelada, delimita los aspectos a los que debe circunscribirse el superior, en ejercicio del control de legalidad, para revocar, modificar o confirmar la providencia impugnada.

En ese orden, la Sala analizará lo planteado por el municipio apelante.

El artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispuso que toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de las decisiones de la administración cuando (...) infrinjan las normas en que deberían fundarse, cuando hayan sido expedidas por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

Por su parte, el artículo 137 del mismo Código(7), dispone:

“ART. 137.—Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.

2. Lo que se demanda.

3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia”.

De conformidad con la norma transcrita, la exigencia procesal contemplada en el numeral 4º, se cumple cuando en la demanda se determina la invocación normativa y la sustentación de los cargos, sin que exista un modelo estricto de técnica jurídica para ello. Únicamente en ausencia total de este requisito o cuando adolezca de la enunciación normativa, sin la correspondiente sustentación, se entenderá defectuosa la demanda por carencia de uno de sus presupuestos(8).

El mencionado requisito fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-197 de 1999, con base en los siguientes argumentos:

“... Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de los actos administrativos, más aun cuando dicha búsqueda no solo es dispendiosa sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto de la violación. Podría agregarse, que con el establecimiento de dichos requisitos el legislador desarrolló el deber previsto en el artículo 95-7 de la Constitución para que quienes demandan actos administrativos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contribuyan al buen funcionamiento de la administración de justicia.

(...)”.

Así pues, le corresponde a la parte demandante precisar las razones por las cuales debe accederse a la pretensión invocada, expresando, en consecuencia, las normas violadas y el concepto de violación, de conformidad con lo previsto por el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo.

Evidencia la Sala que la parte actora se amparó en la Constitución Política, en la Ley 97 de 1913, en el Decreto Reglamentario 2424 de 2006 y en la Resolución CREG 043 de1995, en aras de obtener la declaratoria nulidad de los apartes del artículo 4º; del literal d) del parágrafo primero y del literal b) del parágrafo segundo del artículo 6º del Acuerdo 006 de 2008, e indicó los motivos por los cuales consideraba que los mismos contrariaban el ordenamiento jurídico.

En efecto, indicó que los apartes del acuerdo acusado no gravaron con el impuesto de alumbrado público la prestación del servicio, sino la actividad comercial, industrial o de servicios desarrollada por el contribuyente; quien, por las mencionadas actividades debe pagar dos impuestos: el de alumbrado público y el de industria y comercio.

Así mismo, aludió a que el Concejo Municipal de Dolores, Tolima excedió y desconoció los límites de la facultad impositiva al establecer, como base para el cálculo del impuesto de alumbrado público, aspectos que no guardan relación con el hecho generador establecido por el legislador.

De lo anterior, es claro, para la Sala, que la actora sustentó, debidamente, la petición de nulidad del acto administrativo proferido por el Concejo Municipal de Dolores, Tolima.

Por lo tanto, confirmará la sentencia apelada en cuanto declaró no probada la excepción de inepta demanda, porque, como lo señaló el a quo, la actora cumplió con la carga procesal que le asistía de precisar las razones por las cuales debía accederse a la pretensión invocada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 6º de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro de la acción de nulidad instaurada por la señora Paula Juliett González Ávila contra el Municipio de Dolores, Tolima.

2. RECONÓCESE personería a la doctora Mirby Andrea Torres Giraldo como apoderada del Municipio de Dolores, Tolima, según poder visible en el folio 99 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la Sección de la fecha».

(7) Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012.

(8) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 7 de diciembre de 2011, Exp. 2069-09, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.