Sentencia 2010-00406 de diciembre 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Exp.: 44382

Rad.: 76001-23-31-000-2010-00406-01

Actores: Jorge Eliecer Cruz Avendaño y Elena Gómez Marín

Demandados: Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Naturaleza:Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá D.C., cinco de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

I. Competencia.

7. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en concordancia con la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(3).

7.1. Cabe advertir que en lo que tiene que ver con la apelación de la parte demandante se resolverá sin limitación, en lo que a esta le hubiera sido desfavorable la sentencia de primera instancia, en el entendido que al tratarse de una apelación adhesiva resulta aplicable lo previsto en el artículo del Código de Procedimiento Civil, que reza:

“ART. 353. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el vencimiento del término para alegar”.

II. Hechos probados.

8. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

8.1. El 25 de diciembre de 2002 el señor Óscar Basurdo presentó, ante la Fiscalía Seccional 105 de Cali, denuncia penal contra persona indeterminada por el hurto de un bus urbano, marca Chevrolet, de placas VBB-531, que habría sido sacado del lugar en el que se encontraba parqueado en aquel municipio (copia simple de la denuncia penal recibida por la Fiscalía Seccional 105 de Cali al señor Óscar Basurdo el 25 de diciembre del 2002 —fl. 45 cdno. 1—).

8.2. El mismo día, en el municipio de Jumbo, fue capturada por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali una persona que se encontraba en tenencia del vehículo denunciado como hurtado. Esta persona se identificó como Jorge Eliecer Cruz Avendaño. El oficio mediante el que se puso a disposición de la Fiscalía a tal individuo dejó constancia de que se trataba de una persona residente en el Barrio Decepaz, de 33 años, sin porte de ningún tipo de documento. Por otra parte, el acta de derechos del capturado de esta persona sólo indica el nombre de Jorge Eliecer, sin enunciar ningún apellido, con la constancia de tratarse de alguien indocumentado. El documento no tiene firma del capturado (copia simple del oficio mediante el que la Policía Metropolitana de Cali puso a disposición de la Fiscalía a la persona identificada como Jorge Eliecer Cruz Avendaño —fl. 46 cdno. 1—; acta de derechos del capturado del 25 de diciembre del 2002 —fl. 48 cdno. 1—).

8.3. Por orden de la Fiscalía Seccional 17 de Cali se escuchó a la persona capturada en diligencia de indagatoria. En la diligencia, este se identificó como Jorge Eliecer Cruz Avendaño, con cédula de ciudadanía 7 554 519, natural de Armenia, Quindío, nacido el 19 de octubre de 1969, hijo de Dioselina Avendaño y Miguel Cruz, de profesión conductor y con un hijo menor de edad llamado Luis María Cruz Bedoya. Se dejó constancia por parte de la Fiscalía que se trataba de un individuo de 33 años de edad, de 1,75 mts. de estatura, tez trigueña clara, cabello crespo corto, frente ancha, ojos grandes de color castaño oscuro, nariz recta con dorso recto, boca grande y un lunar en la frente como marca particular (copia simple de la indagatoria hecha a la persona capturada el 25 de diciembre del 2002 —fls. 62-64 cdno. 1—).

8.4. La persona identificada como Jorge Eliecer Cruz Avendaño fue liberada provisionalmente el 26 de diciembre del 2002 con la suscripción de un acta de compromiso de presentación ante la autoridad judicial. Cabe resaltar que el acta señala que es suscrita por “quien dijo llamarse Jorge Eliecer Cruz Avendaño” (copia simple del acta de compromiso suscrita por la persona capturada el 25 de diciembre del 2002 —fl. 65 cdno. 1—).

8.5. El 3 de marzo del 2003 se dejó constancia de que al haber sido requerido, quien se identificó como Jorge Eliecer Cruz Avendaño no concurrió al proceso, así como que la dirección que dio en el acta de compromiso en la ciudad de Cali no existía (copia simple del oficio 61820-0/SVAC.GOPE.AIPJ del 3 de marzo del 2003 del DAS dirigido a la Fiscalía Seccional 63 de Cali —fl. 62 cdno. 1—).

8.6. El 14 de abril del 2003 la Fiscalía Seccional 63 de Cali formuló resolución de acusación en contra de Jorge Eliecer Cruz Avendaño como responsable del delito de hurto calificado y agravado (copia simple de la resolución de acusación contra Jorge Eliecer Cruz Avendaño —fls. 62-67 cdno. 1—).

8.7. El 9 de octubre del 2006 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali profirió sentencia en la que condenó al señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño a la pena principal de 48 meses de prisión como autor del delito de hurto calificado agravado, decisión que quedó en firme el 23 de octubre del 2006 al no haberse interpuesto recurso de apelación en su contra. En la providencia, en el aparte correspondiente a la identificación del procesado, simplemente se reiteró de manera exacta lo que fue afirmado por el mismo capturado el 25 de diciembre del 2002 en la diligencia de indagatoria (copia simple de la sentencia del 9 de octubre del 2006 del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali —fls. 117-132 cdno. 1—; constancia de notificación por edicto de la anterior decisión —fl. 136 cdno. 1—; copia auténtica de constancia de ejecutoria de la sentencia del 9 de octubre del 2007 —fl. 335 cdno. 3—; copia simple del formato de sentencia condenatoria del Sistema sobre Antecedentes y Anotaciones SIAN —fl. 146 cdno. 1—).

8.8. A continuación, se expidió la correspondiente orden de captura en contra del señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño. En ella se especificó que esta se debía a la sentencia dictada en su contra el 9 de octubre del 2006. También se dejó constancia de las características físicas más notorias del procesado, tales como sus 37 años de edad, su contextura gruesa y su lunar en la frente (copia simple de la orden de captura en contra del señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño fl. 148 cdno. 1).

8.9. El 3 de abril del 2008, aproximadamente a las 7:00 a.m., el aquí demandante, Jorge Eliecer Cruz Avendaño, fue capturado en la terminal de transportes de la ciudad de Bogotá luego de que le fuera solicitada su cédula por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá y se encontrara la sentencia condenatoria en su contra. En la misma fecha se le puso a disposición del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali (copia auténtica del oficio del 3 de abril del 2008 mediante el que se deja a disposición del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Cali al señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño —fl. 737 cdno. 3—; copia auténtica del acta de derechos del capturado del 3 de abril del 2008 del señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño —fl. 738 cdno. 3—; copia auténtica de la boleta de encarcelación Nº 17 del 3 de abril del 2008 del señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño en la Cárcel La Picota de Bogotá —fl. 742 cdno. 3—).

8.10. Por el lugar de la privación del demandante, le correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Noveno de Ejecución de Penas de Bogotá, ante quien el defensor de oficio del señor Cruz Avendaño presentó en el mes de mayo del 2008 una solicitud para que se recaudaran pruebas que permitieran la plena identidad de su defendido con la persona capturada en el Valle del Cauca en el año 2002. El 10 de junio se ordenó traer el diligenciamiento original de la causa en el 2002 y se ordenó realizar el cotejo identificatorio con comprobación decadactilar, aunque se advirtió que sobre la sentencia condenatoria existía cosa juzgada intangible y por tanto, aunque eventualmente tuviese que otorgarse la libertad, la decisión judicial de condena tendría que ser atacada en acción de revisión (copia auténtica del poder conferido por el demandante al abogado de oficio —fl. 571 cdno. 3—; copia auténtica de la solicitud del defensor de oficio para la debida identificación de la persona detenida respecto de la capturada en el 2002 —fls. 573-574 cdno. 3—; copia auténtica del auto del 10 de junio del 2008 del Juzgado Noveno de Ejecución de Penas de Bogotá —fls. 607-608 cdno. 1—).

8.11. En cuanto se hizo evidente que en el diligenciamiento de la causa hecho en el 2002, momento de la captura de quien se identificó como Jorge Eliecer Cruz, no contenía ficha decadactilar, el 5 de noviembre del 2008 se ordenó oficiar al DAS para que este asignase a un perito forense experto en morfología humana para determinar, conforme a los datos físicos consignados en ese entonces, si el señor Jorge Eliezer Cruz Avendaño era la misma persona que aquel (copia auténtica del auto del 5 de noviembre del 2008 del Juzgado Noveno de Ejecución de Penas de Bogotá —fls. 639-640 cdno. 1—).

8.12. El 11 de noviembre del 2008 el DAS rindió el dictamen, revelando incontrovertiblemente que el aquí demandante, Jorge Eliecer Cruz Avendaño, no era la misma persona que fue capturada en el municipio de Jamundí el 25 de diciembre del 2002. En efecto, las características morfológicas distaban de forma absoluta, comenzando por tratarse de una persona de 1,55 m de estatura, contextura delgada y más edad. Se resaltan los siguientes apartes del dictamen (copia auténtica del dictamen pericial morfológico realizado a la persona del señor Jorge Eliécer Cruz Avendaño —fls. 654-670 cdno. 3—):

En el análisis morfológico de las imágenes, obtenidas durante la diligencia en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad Carcelaria “La Picota” de Bogotá, al señor: Jorge Eliécer Cruz Avendaño, identificado con c.c. 75.545.51 permitieron describir características a nivel facial y corporal, las cuales corresponden a un individuo adulto medio, sexo masculino de apariencia cuidada y rasgos acordes con la población mestiza colombiana, contextura delgada, piel trigueña clara, como señales particulares presenta: Forma del Rostro ovalada, Frente ancha, con pliegues, presencia de cicatriz en la línea de inserción del cabello, región izquierda, dos lunares en la porción superior derecha e inferior izquierda de la frente, cabello negro, corto y ondulado, ojos medianos de color oscuro, con presencia de asimetría en ojo izquierdo y presencia de pliegue epicántico desarrollado, en el párpado superior del ojo derecho (párpado caído), cejas arqueadas y escasas, nariz ancha y alomada con punta nasal descendente, boca pequeña, labios delgados, dentadura natural, presencia de espacios interdentales, dada la ausencia de incisivo inferior derecho, demás piezas dentales en la cara anterior completas, cicatriz en la región media del muslo derecho (…).

— Al comparar los rasgos descritos en la copia de la diligencia de indagatoria, con las fotografías obtenidas durante la diligencia en el centro penitenciario y carcelario La Picota, no se encontraron características concordantes a nivel corporal, en cuanto a que la descripción de la persona de la diligencia de indagatoria es de contextura gruesa y los rasgos observados a la persona a quien se le toma el registro fotográfico es delgada, así mismo de acuerdo a esta misma observación se trata de un individuo con edad cronológica que supera los cuarenta años; de la misma manera los rasgos observados durante esta misma diligencia (forma del rostro ovalada, frente ancha, con pliegues, presencia de cicatriz en la línea de inserción del cabello, región izquierda, dos lunares en la porción superior derecha e inferior izquierda de la frente, cabello negro, corto y ondulado, ojos medianos de color oscuro, con presencia de asimetría en ojo izquierdo y presencia de pliegue epicántico desarrollado en el párpado del ojo derecho (párpado caído), cejas arqueadas y escasas, nariz ancha y alomada con punta nasal descendente, boca pequeña, dentadura natural, presencia de espacios interdentales, dada la ausencia de incisivo inferior derecho, demás piezas dentales en la región anterior completas, cicatriz en la región media del muslo derecho, no fueron los descritos dentro de la audiencia de indagatoria allegada.

(…)

8. Conclusión

Con base en el registro fotográfico obtenido en diligencia en el Centro Penitenciario y carcelario La Picota de Bogotá, se analizaron los rasgos morfológicos generales y particulares del individuo que se identificó como Jorge Eliécer Cruz Avendaño, identificado con c.c. 75.545.51, permitiendo establecer que este individuo no presenta características similares o concordantes con las relatadas dentro del escrito de audiencia del indagatoria que se allega a este laboratorio, por lo cual se descarta que se trate del mismo individuo.

8.13. Mediante auto del 14 de noviembre del 2008, el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas de Bogotá ordenó la libertad inmediata del señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño, ante la evidencia de “que la persona capturada el pasado 3 de abril no resulta ser la persona que cometió el delito de Hurto Calificado y Agravado y contra la cual se profirió sentencia”. Esta se hizo efectiva el mismo día (copia auténtica del auto del 14 de noviembre del 2008 del Juzgado Noveno de Ejecución Penas de Bogotá —fls. 679-681 cdno. 3—; copia auténtica de la boleta de libertad Nº 238 del 14 de noviembre del 2008 —fl. 682 cdno. 3—).

8.14. El 10 de noviembre del 2009, el señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de revisión contra la sentencia condenatoria del 9 de octubre del 2006 del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali que lo condenó por el delito de hurto agravado y calificado (copia auténtica de la demanda en acción de revisión contra la sentencia del 9 de octubre del 2006 del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali —fls. 1-10 cdno. 3—).

8.15. La demanda de revisión prosperó y el 11 de abril del 2011 el Tribunal Superior del Distrito de Cali, Sala Penal, profirió sentencia mediante la que declaró configurada la causal 3 del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, correspondiente al hallazgo de nuevas pruebas, en esta ocasión relativas a la ocurrencia de una suplantación de persona y la comprobación de que el autor del delito del hurto fue otra persona. En consecuencia, se declaró inocente al señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño. La parte resolutiva de la decisión, en concreto, señala lo siguiente copia auténtica de la sentencia en acción de revisión del 11 de abril del 2011 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali —fls. 429-471 cdno. 1—):

1. Declarar fundada la causal de revisión a cuyo amparo se demandó la sentencia proferida en contra de Jorge Eliecer Cruz Avendaño identificado con la cédula de ciudadanía 75.545.519 de Armenia, Quindío, artículo 220, numeral 3º de la Ley 600 de 2000, pruebas nuevas, al comprobar que otra persona utilizó su nombre, es decir, hubo suplantación de persona, tal como quedó explicado en el cuerpo de este proveído, por lo tanto otra persona distinta al demandante fue el autor del delito de hurto calificado y agravado por el cual se dictó sentencia condenatoria en su contra.

2. Como consecuencia de lo anterior, invalidar la sentencia No. 0128 de 9 de octubre de 2006, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali, en la que se condena al señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño, identificado con cédula de ciudadanía 75545519 del Armenia Quindío, por el delito de Hurto Calificado y Agravado, declarándose en consecuencia que el mencionado ciudadano es inocente de los cargos por los cuales fuera condenado en las circunstancias tantas veces narradas.

3. El señor Jorge Eliécer Cruz Avendaño, debe continuar en libertad tal como lo ha venido haciendo desde el 14 de noviembre de 2008, cuando el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas de Bogotá se la concedió en forma inmediata, al establecer que no se trataba de la persona requerida, sino que éste había sido víctima de una suplantación de su nombre.

4. Cúmplase lo ordenado en el acápite de “Otras decisiones”.

5. Líbrense por secretaría las comunicaciones a las autoridades respectivas.

8.16. Cabe advertir que conforme a lo previsto en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, la anterior providencia quedó ejecutoriada el mismo 11 de abril del 2011(4). Téngase en cuenta, además, que el carácter extraordinario de la revisión —se trata de una acción contra sentencia ejecutoriada por causales taxativas y excepcionales— hace improcedente cualquier tipo de recurso en su contra, tanto de carácter ordinario como extraordinario.

8.17. Los demandantes Jorge Eliécer Cruz Avendaño y Elena Gómez Marín son cónyuges (copia auténtica del registro civil de matrimonio de los demandantes —fl. 377 cdno. 1—).

III. Problema jurídico.

9. De acuerdo con los hechos y las pretensiones de la demanda, así como con las consideraciones hechas por el a quo y los argumentos expuestos en los recursos de apelación, la Sala debe determinar si en el presente caso se reúnen los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño. Para el efecto será de especial relevancia el hecho de que el demandante fue declarado inocente en sede de revisión por haberse producido una suplantación en el proceso penal que terminó con una condena en su contra por el delito de hurto.

IV. Análisis de la Sala.

10. La Sala deberá resolver la procedencia de la declaración de responsabilidad de las entidades demandadas por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño en desarrollo de una investigación penal por el delito de hurto.

11. La responsabilidad extracontractual del Estado encuentra su principal fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política que indica que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

12. Esto implica que en todos aquellos casos en los que se pretenda que se declare la responsabilidad del Estado, ya sea por una acción, omisión, hecho u operación que le sea imputable en cualquiera de las formas que la jurisprudencia de esta corporación ha desarrollado, resulta fundamental que se encuentre probado que de hecho existió el daño cuya reparación se pretende, so pena de que deban desestimarse las pretensiones de la demanda. Así lo indicó ésta sección(5):

Como resulta imposible adelantar un análisis respecto de los restantes elementos para acreditar la responsabilidad, debido a que se está en presencia de una falta absoluta de la prueba del hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado, lo cual releva al juzgador de cualquier otro tipo de consideraciones, la Sala confirmará la sentencia impugnada, con fundamento en las razones expuestas. A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone la norma legal en cita, toda vez que —se reitera—, no allegó al proceso prueba alguna que permita demostrar el acaecimiento del hecho dañoso que fundamentó la presente acción indemnizatoria.

13. En este orden de ideas, como de la demanda se desprende que la conducta imputable a la administración es la captura presuntamente injustificada del señor Cruz Avendaño por pesar en su contra una sentencia condenatoria debida a un caso de suplantación de identidad, es la privación de su libertad la que configura el hecho dañoso que sería del caso reparar, daño respecto del cual, ha dicho la jurisprudencia de la Sala(6):

El artículo 28 de la Constitución Política, siguiendo las directrices de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia(7), consagra el derecho a la libertad como un derecho fundamental de las personas, razón por la cual sólo puede ser limitado “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”, ya que tal afectación de un bien tan preciado para las personas, sólo se justifica en la medida en que sea necesario para garantizar un bien mayor, de interés general, como es la debida aplicación de la ley penal, la cual establecerá los requisitos para que sean procedentes las medidas privativas de la libertad, bien sea en forma preventiva o como mecanismo sancionatorio.

14. Tal y como se indicó en los hechos probados, quedó plenamente acreditado que el señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño fue capturado el 3 de abril del 2008 en la ciudad de Bogotá en cuanto al ser verificados sus antecedentes por la Policía Nacional se encontró vigente en su contra una sentencia del 9 de octubre del 2006, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali (ver supra párr. 8.7 y 8.8.).

15. También se logró acreditar que el demandante estuvo privado de la libertad desde esa fecha hasta el 14 de noviembre del 2008, cuando se ordenó su liberación inmediata por parte del Juzgado Noveno de Ejecución de Penas de Bogotá, luego de que se verificara que el demandante no era la misma persona que fue capturada en flagrancia en el año 2002 mediante examen morfológico realizado por el DAS a solicitud del defensor del señor Cruz Avendaño (ver supra párr. 8.11. a 8.13.).

16. Finalmente, se declaró la inocencia del señor Cruz Avendaño el 11 de abril del 2011, cuando el Tribunal Superior del Distrito de Cali, Sala Penal, encontró configurada una de las causales de revisión previstas en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, al estar demostrada la suplantación personal de la que fue víctima el actor, concluyendo que este no cometió el delito que se le endilgó (ver supra párr. 8.15).

17. En cuanto a la imputación de este daño, se advierte que el régimen de responsabilidad aplicado a los casos de privación injusta de la libertad se encuentra constituido, generalmente, por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que disponía:

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

18. En interpretación de dicho artículo, el criterio de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es que al damnificado no le es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla para que se origine dicho deber de reparar, sino que le basta con acreditar que se le generó un daño derivado de que contra él se hubiese impuesto una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial que finalmente hubiese culminado con una decisión favorable a su inocencia, porque el hecho no existió, no se constituye en delito, o el privado de la libertad no fue el autor del mismo, eventos de responsabilidad objetiva a los que de forma relativamente reciente se agregaron los casos en que se exonere de responsabilidad penal por aplicación del principio in dubio pro reo(8), incluso en casos en que hubiesen entrado en vigencia la Ley 270 de 1996 y la Ley 600 del 2000(9), como ocurre en este caso.

19. De acuerdo con lo expuesto, dado que en este caso se dio una absolución del demandante con claridad respecto a que este no cometió el delito que se le endilgaba, es diáfano que la privación de la libertad sufrida por Jorge Eliecer Cruz Avendaño le sería atribuible al Estado de manera objetiva.

20. Ahora, la cantidad de irregularidades que se presentaron en todo el proceso penal que terminó en la expedición de una sentencia penal en contra del demandante y que determinó su privación de la libertad, ameritan que esta Sala realice un examen a la conducta de las entidades demandadas para establecer la ocurrencia de una falla en el servicio que sirva como elemento de imputación del daño de la detención al Estado.

21. En este sentido, cabe recordar que la Sección ha señalado en repetidas oportunidades que si bien es cierto que el operador judicial tiene plena libertad para acudir a cualquiera de los títulos de imputación decantados por la jurisprudencia vigente, no se puede perder de vista que, ante la posibilidad de que frente a un mismo evento le pueda surgir al Estado la obligación de resarcir los perjuicios causados tanto en aplicación del título subjetivo de responsabilidad consistente en la falla en la prestación del servicio como del uso de títulos objetivos de responsabilidad, el encontrarse demostrada la configuración de una falencia por parte del organismo estatal a la cual le sea atribuible el detrimento demandado, impone que el juez aborde el juicio de responsabilidad que corresponda en utilización del fundamento subjetivo señalado, desplazándose así los cimientos de responsabilidad de carácter objetivo que se hubiesen advertido aplicables.

22. Esto, con el fin de, por una parte, dejar en evidencia el error cometido en la prestación del servicio púbico pertinente, haciéndose palpable la función preventiva del instituto de la responsabilidad(10), de tal forma que el yerro que produjo el daño no vuelva a repetirse y por ende, el fallo judicial se constituya en una herramienta que propenda para que en un futuro no se produzca la consecuencia perjudicial respectiva, y de otro lado, para advertir la posible repetición que pueda intentar el Estado contra el funcionario o empleado público que en el cumplimiento de las funciones o tareas estatales ocasionó el daño con culpa grave o dolo(11). Sobre este punto, se ha señalado por esta corporación(12):

En la actualidad, cuando se debate la responsabilidad del Estado por daños causados accidentalmente con el uso de armas de fuego, por regla general se aplica la teoría del riesgo excepcional(13); en efecto, la Administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de la misma naturaleza, como lo es la manipulación de las armas de fuego de las cuales están dotadas algunas autoridades por razón de las funciones a ellas encomendadas, tales como la Policía Nacional, el DAS., o el Ejército Nacional, pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales artefactos peligrosos.

Sin embargo, cuando se advierte que el daño no se produjo accidentalmente sino por un mal funcionamiento de la Administración, ello se debe poner de presente y el título de imputación bajo el cual se definirá el litigio será el de falla del servicio(14), en aras del cumplimiento del deber de diagnóstico y pedagogía que tiene el juez al definir la responsabilidad del Estado y con el fin de que éste pueda repetir contra el agente que dolosa o culposamente hubiere producido el daño, en caso de ser condenado a la correspondiente reparación.

En términos generales, la falla del servicio probada surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación —conducta activa u omisiva— del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, lo cual resulta de la labor de diagnóstico que adelanta el juez en relación con las falencias en las cuales incurrió la Administración y se constituye en un juicio de reproche.

23. Establecido esto, la Sala debe hacer referencia, precisamente, a las múltiples y ostensibles irregularidades que se presentaron en todo el proceso, desde la captura de quien se identificó como el demandante, hasta la ejecución de la sentencia condenatoria en su contra.

24. Debe iniciarse por la captura y resolución de la situación jurídica de la persona que se identificó como Jorge Eliecer Cruz Avendaño. Como se señaló en el aparte de hechos probados la Policía Nacional aprehendió en flagrancia a esta persona el 25 de diciembre del 2002, la cual conducía un vehículo de servicio público de propiedad del denunciante Óscar Basurdo.

25. Debe tenerse en cuenta que en tal ocasión la persona que, sin serlo, se identificó como el demandante no contaba con documento de identidad, de lo cual se dejó constancia expresa tanto en el acta de derechos de capturado como en el oficio mediante el que se le dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Aún más, el acta de derechos de capturado no solo señalaba que la persona se hallaba indocumentada, sino que sólo se diligenció con el nombre Jorge Eliecer, sin especificar apellido y sin firma del capturado (ver supra párr. 8.2.).

26. A pesar de lo anterior, esto no fue impedimento para que la Fiscalía 17 de Cali resolviera la situación del capturado y ordenara oírlo en indagatoria, momento en el que se identificó incluso con el número de la cédula del aquí demandante. Aun así, ningún esfuerzo o actividad adelantó el ente acusador para verificar si tal persona era quien afirmaba ser. No se ofició a la Registraduría del estado Civil o se llevó a cabo una toma decadactiloscópica. Ni siquiera hay prueba de que el capturado hubiese enseñado algún documento en algún momento del procedimiento (ver supra párr. 8.3).

27. Por el contrario, se le dio plena credibilidad a su dicho, y en tal contexto se tomó la inentendible decisión de dejarle en libertad al día siguiente, con la firma de un acta de compromiso en la que se llegó al increíble despropósito de dejar constancia que era suscrita por “quien dijo llamarse Jorge Eliecer Cruz Avendaño”, lo que hace innegable que tampoco para tal momento se había hecho algún tipo de recaudación probatoria sobre la verdadera identidad de esa persona (ver supra párr. 8.4.).

28. Tampoco se puede pasar por alto que en tal oportunidad el capturado suministró datos de contacto, como dirección en la ciudad de Cali y dos teléfonos fijos que, no tan sorprendentemente, resultaron ser falsos, según señaló el DAS el 3 de marzo del 2003 —incluso la dirección dada simplemente no existía en la ciudad de Cali— (ver supra párr. 8.5.). Tampoco levantó sospechas en los agentes estatales que ejecutaron el trámite el hecho de que la persona indocumentada firmara el acta como “Jorge Eliecer Crus”, desconociendo la ortografía de su propio nombre.

29. Todas estas palmarias anormalidades en el trámite del proceso debieron haber llamado la atención de la Fiscalía Seccional 63 de Cali, que contando con los documentos descritos que daban cuenta de una captura sin el lleno de requisitos, la indocumentación del detenido y la ausencia de individualización e identificación de aquel, no encontró inconveniente en formular acusación en contra de Jorge Eliecer Cruz el 14 de abril del 2003, cerrando la nefasta actuación de la Fiscalía General de la Nación.

30. Todas estas circunstancias, sin duda, son violatorias de los deberes y funciones generales que están previstas por la Constitución en su artículo 250 en cabeza de la Fiscalía(15), en cuanto indudablemente estas imponen su obligación de hacer comparecer a los presuntos infractores de la Ley, pero obviamente con la certeza de estarlo haciendo respecto de personas que razonablemente puedan ser señaladas como trasgresoras de aquella, requiriéndose para ello que se agoten por lo menos las más mínimas labores de identificación de quienes se pretende presentar ante los jueces(16).

31. Pero más allá de ello, también se violó el deber previsto en el artículo 322 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal aplicable a los hechos, que establece como obligación de la Fiscalía la identificación de los posibles autores de una conducta típica y lo describe incluso como una de las finalidades de su labor investigativa previa a la apertura de la instrucción(17).

32. Por su parte, la Rama Judicial, mediante sus jueces, tampoco actuó de forma más diligente. Así, contando con el expediente en el que constaban tantas irregularidades, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali profirió sentencia de primera instancia en la que el 9 de octubre del 2006 declaró a Jorge Eliecer Cruz Avendaño. Respecto de la identificación e individualización de la persona contra la que imponía sanción penal, se limitó a reiterar de manera literal y exacta lo afirmado por el mismo capturado el 25 de diciembre del 2002 en la diligencia de indagatoria que rindió (ver supra párr. 8.7.). De esta forma, en cuanto esta providencia quedó ejecutoriada el 23 de octubre del 2006 ante la no presentación de recursos en su contra, se perfeccionó la situación jurídica que eventualmente causó la privación de la libertad del actor, en cuanto fue detenido en virtud de la orden de captura que se emitió con ocasión de la firmeza de la condena.

33. Esto, claramente, constituyó una violación a la garantía del debido proceso prevista constitucionalmente y en el artículo 10 de la Ley 600 de 2000(18) en cabeza de todas las personas. Adicionalmente, las palmarias irregularidades establecían la necesidad de que el fallador declarara la configuración de una causal de nulidad prevista en el artículo 306 de esta última norma(19).

34. De igual forma, la conducta del Juzgado Noveno de Ejecución de Penas de Bogotá fue, por lo menos, descuidada. Esto se afirma en cuanto está plenamente probado que el señor Cruz Avendaño le fue puesto a disposición y se limitó a dejarle privado de la libertad, sin siquiera hacer una presentación del mismo ante el Juez de conocimiento para verificar la identidad de quien se capturó.

35. No se puede perder de vista que ya no solo se trataba de las irregularidades consignadas notoriamente en el proceso, sino que el mismo acto que debía ejecutar, la orden de captura expedida con ocasión de la condena del 9 de octubre del 2008, consignó las características físicas generales más relevantes de quien fue capturado en el 2002. De haberse hecho al menos una entrevista probablemente el juez podía haber percibido que el señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño medía 20 centímetros menos que la persona que lo suplantó, de una contextura delgada en contraste con aquel, y sin un lunar en la frente, sólo por enunciar lo más evidente.

36. Por el contrario, fue necesario que la defensa solicitara en mayo del 2008 la plena identificación e identidad del señor Cruz y el capturado en el 2002, petición que se tramitó de una forma que difícilmente puede calificarse como expedita, a pesar de su gravedad, realizándose el correspondiente examen morfológico sólo hasta el 11 de noviembre del 2008, más de seis meses después (ver supra párr. 8.10 a 8.12).

37. Cabe recordar también que el resultado de esta prueba fue simplemente concluyente. Tanto, que refuerza la percepción de que una simple entrevista hubiese bastado para notar las diferencias, principalmente las indicadas de contextura, lunar y estatura.

38. Es de esta forma y por la suma de todas estas equivocaciones, que rayan con la total desidia, descuido y negligencia de parte de varios operadores judiciales, que el señor Cruz Avendaño sólo recuperó su libertad el 14 de noviembre del 2008, estando recluido en el centro carcelario La Picota de Bogotá desde el 3 de abril del mismo año, para un total de 7 meses y 11 días.

39. Los errores enunciados fueron tan notorios, que fueron evidenciados de forma meridiana por el Tribunal Superior de Cali, Sala Penal, en su sentencia del 11 de abril del 2011, en la que declaró extinguida la acción contra el aquí demandante y declaró su inocencia, en cuanto no se trataba de la misma persona que fue capturada en flagrancia, mal identificada e inexplicablemente liberada en tales condiciones.

40. Es así, que tal privación de la libertad es abiertamente injusta y el daño que por ella se causó al señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño de carácter antijurídico, en cuanto no se hallaba en ningún tipo de deber razonable de aceptarlo, en cuanto fue víctima no sólo de una suplantación por parte de una persona indeterminada, sino de la misma desidia del aparato estatal, que permitió que la acción indebida del impostor pudiese fructificar con su prácticamente nula actividad probatoria, de identificación e individualización de quien se capturó en flagrancia.

41. Ahora bien, la Rama Judicial ha pretendido endilgar la producción del daño, desde su contestación, al hecho de un tercero como eximente de responsabilidad, e incluso en algún aparte alude al hecho de la víctima. Ante las evidencias estas razones de defensa resultan inaceptables.

42. Por una parte, respecto del hecho de un tercero constituido supuestamente por la suplantación de una persona indeterminada de la identidad del demandante, baste con señalar que esta tuvo los efectos que deseaba aquella persona precisamente por la inaceptable inoperancia de la Fiscalía y la Rama Judicial, quienes no realizaron la debida individualización y fallaron estando en evidencia dicha irregularidad.

43. Finalmente, respecto del hecho de la víctima, valga anotar que el demandante no desplegó ninguna conducta que pudiese ser calificada como dolo o culpa grave y fue una víctima inocente del actuar del sujeto que le suplantó y, se reitera, la ineficacia de los funcionarios públicos que tuvieron en sus manos el caso.

44. Como consecuencia de lo expuesto, resulta procedente declarar la responsabilidad en el caso concreto de la Nación-Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, así como condenarlas al pago de la indemnización de los perjuicios efectivamente causados a la parte actora con la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Cruz Avendaño, por lo que en tal sentido se confirma la decisión de primera instancia.

V. Liquidación de perjuicios.

45. Cabe aclarar que la condena correspondiente a los perjuicios derivados de la declaratoria de responsabilidad del Estado en este caso serán asumidos en partes iguales por la Nación-Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, en cuanto, según arriba se explicó, es claro que ambos entes tuvieron una ostensible y significativa contribución en la causación del daño. Sin embargo, según se dejará explícito en la parte considerativa de esta providencia, estará la parte demandante en libertad de acudir al cobro de lo debido ante cualquiera de las entidades por la totalidad del crédito, sin perjuicio de las repeticiones posteriores que entre las mismas pudiesen darse conforme a las reglas previstas por el derecho privado para el efecto.

Perjuicios morales.

46. La Sala observa que es clara la existencia del perjuicio moral que para el señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño se derivó, tal y como lo ha deducido la jurisprudencia en casos similares, (…) por haber sido la persona que estuvo injustamente privada de la libertad, con todas las incomodidades y sufrimientos que la restricción al mencionado derecho fundamental conlleva, sin que sea necesario aportar pruebas adicionales para acreditarlo, pues así lo enseñan las reglas de la experiencia (…)”(20).

47. Teniendo en cuenta que el señor Cruz Avendaño estuvo privado de la libertad 7 meses y 11 días —del 3 de abril del 2008 hasta el 14 de noviembre del 2008—, y que en materia de perjuicios morales la Sección Tercera unificó su posición en sentencia del 28 de agosto del 2014(21), la Sala otorgará a cada uno de los demandantes, en su condición de víctima y cónyuge suya (ver supra párr. 8.17.), la suma de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta decisión.

Perjuicios materiales.

48. En la demanda se pidió la indemnización de los perjuicios materiales sufridos por Cruz Avendaño a título de lucro cesante.

49. Al respecto, la Sala encuentra que existen varios documentos que sugieren que este se dedicaba a actividades de agricultura, tanto así que pertenecía como socio a una Empresa de Trabajo Asociado denominada Productora Agrícola de Génova, de lo que dio fe su gerente en certificación visible en el folio 175 del cuaderno 1. Además, aparece su nombre como fundador en el acta de constitución de la empresa (fl. 176 cdno. 1) y los estatutos correspondientes (fl. 179 cdno. 1).

50. También consta que la empresa asociativa se encontraba registrada en la Cámara de Comercio de Armenia (fl. 183 cdno. 1), contaba con RUT (fl. 184 cdno. 1) e incluso estaba autorizada por la DIAN para expedir facturas (fl. 180 cdno. 1), todo lo cual sirve como evidencia del carácter productivo de la asociación.

51. Por otra parte, varios testigos también son contestes en cuanto a la ocupación agrícola del demandante, como Ricardo de Jesús Restrepo Osorio (fl. 8-11 cdno. 2), Julio César Salcedo Marín (fls. 12-15 cdno. 2) y Darío Amadeo Basante Pascumal (fls. 15-17 cdno. 2).

52. Ahora bien, aunque consta la ocupación del demandante en una actividad productiva, la verdad es que de ninguno de los documentos y declaraciones aportados puede desprenderse el valor de los ingresos que para el señor Cruz Avendaño representaba esta. Sin embargo, aunque no se conoce la cuantía recibida por esta actividad, se puede suponer razonablemente que el dinero recibido por esta no podría ser inferior a un salario mínimo. Por cuestiones de equidad se hará la liquidación con el SMMLV actual.

53. También resulta razonable concluir que el demandante no pudo ejercer su actividad económica durante el tiempo de su reclusión, por lo que se otorgará una indemnización de lucro cesante por el tiempo de la privación de la libertad (7,3 meses).

54. La Sala en oportunidades anteriores (sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez), con fundamento en la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, ha concluido que el tiempo que tarda en conseguir trabajo una persona en edad económicamente activa es de 8,75 meses, lapso que, para efectos indemnizatorios, se adiciona a aquel por el que la víctima estuvo material y efectivamente privada de la libertad.

55. En este caso, la presunción en comento no resulta del todo aplicable, ya que el señor Cruz Avendaño no era una persona que se encontrara empleada, sino que hacía parte de una asociación campesina, por lo que en principio se trataba de una actividad que, como la agricultura, podría ser ejercida tan pronto se produjere la liberación. Sin embargo, dado que su actividad se derivaba también de la aquiescencia que para el efecto pudieran manifestar otros asociados, tampoco puede afirmarse con certeza que se encontraba enteramente en sus manos retomar su actividad económica.

56. Así las cosas, recurriendo a motivos de justicia y equidad, con el objeto de no desconocer que el demandante no era un dependiente de otras personas, pero también con el fin de tomar debidamente en consideración que el reinicio de su actividad productiva no dependía únicamente de su decisión unilateral, se aumentará el periodo a liquidar en 3 meses a partir de la recuperación efectiva de la libertad del señor Cruz Avendaño. La liquidación de la indemnización será la siguiente:

Salario Mínimo = $689.454

— Se le sumará el 25% correspondiente a las prestaciones sociales.

$689.454 + 25% = $861.817

— Sobre esta suma se liquidará el lucro cesante, según la siguiente fórmula.

2010-00406
 

S = $ 9.080.338

57. En conclusión, se condenará a favor del señor Jorge Eliecer Cruz Avedaño por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, la suma de $9.080.338.

58. Ahora, en la demanda también se solicitó indemnizar a la demandante Helena Gómez Marín por la cesación en su actividad económica que, según se afirma en la demanda, estaba constituida por una tienda que habría dejado de funcionar. Sin embargo, no hay pruebas de la ocurrencia de este hecho.

59. Aunque algunos de los testigos hablan sobre la difícil situación económica que atravesó la demandante con ocasión de la detención de su cónyuge (Mélida Palacio Londoño y Marco Antonio Ángel Arias —fls. 20-25 cdno. 2—), ninguno hizo referencia a la pérdida o dejación de funcionamiento de una tienda u otro establecimiento de comercio. De hecho, la señora Mélida Palacio afirma que la tienda, aunque precaria, se encontraba en funcionamiento para el momento de su declaración —16 de febrero del 2011—.

60. Por otra parte, el testimonio de la señora María Rosalba Duque —fls. 26-27 cdno. 2— sí afirma que la demandante tenía una tienda, pero nada dice sobre su cesación productiva. De hecho, ante la pregunta del despacho que adelantó la diligencia declarativa sobre si le constaba que la detención del señor Cruz Avendaño hubiese podido afectar a la señora Gómez Marín económicamente, esta respondió no saber nada al respecto.

61. Finalmente, el testimonio del señor Leonardo Soto —fls. 41-42 cdno. 2— da cuenta de la existencia de una tienda antes de la detención del señor Cruz Avendaño, pero afirma que la misma se encontraba en el municipio de Circasia, Quindío, lugar donde de hecho él era distribuidor de mercancía. Sin embargo, también señala que la pareja de cónyuges, para el momento de los hechos en el 2008, había cambiado ya su domicilio a Génova, volviendo a dar razón de la demandante cuando esta, de forma posterior a la privación, regresó a Circasia. Esto quiere decir que el declarante se encontraba en imposibilidad material, por hallarse en otra ubicación geográfica, de dar cuenta de la pérdida del negocio, su relación directa con la detención sufrida por Cruz Avendaño o si quiera que este hubiese continuado existiendo en Génova.

62. Por tales razones, en cuanto los testimonios no son concluyentes respecto de la fuente invocada del perjuicio material de lucro cesante a favor de la señora Gómez Marín, y ante la ausencia de cualquier otro tipo de material probatorio que la evidencien, la indemnización por este concepto será negada.

Otros perjuicios inmateriales.

63. Los demandantes solicitaron por daño a la vida de relación que se le reconociera el valor equivalente a 500 salarios mínimos para cada uno. Cabe señalar que dicha tipología de perjuicio ha sido remplazada recientemente por la jurisprudencia de esta corporación, que ha previsto para estos casos la categoría de afectación o vulneración de derechos o bienes protegidos convencional o constitucionalmente.

64. Sobre el particular, recientemente el Consejo de Estado ha precisado que la afectación de dichos bienes, como lo son los derechos a tener una familia, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, cuando se trata de alteraciones que perjudican la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—, les da derecho a su reparación integral, preferentemente mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, en casos en que la lesión sea de extrema gravedad, al reconocimiento de una indemnización pecuniaria de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(22).

65. Ahora bien, la naturaleza de las circunstancias alegadas como constitutivas de la afectación son relativas a dos circunstancias: i) las tribulaciones emocionales derivadas de la detención injustificada de la víctima y los resultados negativos en su personalidad que incluso llevaron a problemas maritales y ii) las consecuencias indeseadas desde el punto de vista económico, como la imposibilidad de seguir explotando una tienda y la obligación de la señora Gómez Marín de asentarse en un lugar no deseado y presuntamente de invasión en Circasia.

66. Lo anterior implica que, en el fondo, lo que se alega como factores de cambio de proyecto vital realmente son consecuencias de los perjuicios morales y materiales que ya se ordenaron resarcir en apartes precedentes de esta sentencia, por lo que acceder a la una nueva indemnización resulta improcedente.

67. Por otro lado, la Sala encuentra que la parte demandante no solicitó ni aportó ninguna prueba que dé cuenta de otras alteraciones afectaciones a derechos fundamentales a las que se vio sometido con ocasión a la privación injusta de la libertad que sufrió y, mucho menos, la forma en la cual estas modificaron su plan de vida, cuando dicha actividad era una carga que se encontraba en cabeza suya.

68. Así, por ejemplo, aunque en la demanda se hace referencia a una afectación al buen nombre del señor Cruz Avendaño porque luego de su liberación su situación no era clara para la comunidad en que habitaba, ello no se acreditó fehacientemente, y por el contrario, los testimonios traídos para demostrar la afectación económica de la pareja, rendidos precisamente por miembros de la comunidad de Circasia y Génova, parecen sugerir, por el contrario, que el señor Cruz Avendaño es percibido como una persona honesta y trabajadora, víctima de circunstancias injustas ajenas a su voluntad.

69. En este sentido se expresó el testigo Ricardo de Jesús Restrepo Osorio (fls. 8-9 cdno. 2), cuando señaló se me hizo muy extraño verlo a él en la cárcel sabiendo que era una persona honrada y trabajadora y sin deber nada porque ese muchacho nunca ha debido nada a nadie (…) el señor Jorge Eliecer Cruz es tan humilde que no creo que él haya cometido ningún delito…”. Por su parte, Julio César Salcedo Marín comparte dicha apreciación al señalar que el demandante “siempre era una persona responsable, trabajadora, honesta, de sanas costumbres…” (fl. 14 cdno. 2).

70. En consecuencia, le corresponde a la Sala negar el perjuicio solicitado.

VI. Costas.

71. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. MODIFICAR la sentencia del 16 de diciembre de 2011 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, cuya parte resolutiva quedará de la siguiente forma:

— 1. DECLARAR extracontractual y patrimonialmente responsables a la NACIÓN–RAMA JUDICIAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño.

2. CONDENAR en consecuencia a la NACIÓN–RAMA JUDICIAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al pago de las siguientes sumas de dinero:

A. Por concepto de perjuicios morales:

— En favor del señor Jorge Eliecer Cruz Avendaño, la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia, en su calidad de víctima directa del hecho.

— En favor de la señora Elena Gómez Marín, la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia, en su calidad de cónyuge de la víctima directa del hecho.

B. Por concepto de perjuicios materiales:

— En la modalidad de lucro cesante, la suma de nueve millones ochenta mil trecientos treinta y ocho pesos ($9.080.338), a favor de Jorge Eliecer Cruz Avendaño.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. La imposición de esta condena se hace en la forma y proporción explicada en el aparte considerativo de esta sentencia. Sin embargo, estará la parte demandante en libertad de acudir al cobro de lo debido ante cualquiera de las entidades por la totalidad del crédito, sin perjuicio de las repeticiones posteriores que entre las mismas pudiesen darse conforme a las reglas previstas por el derecho privado para el efecto.

5. La NACIÓN–RAMA JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, darán cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del CCA.

6. Sin costas.

2. Por secretaría expídanse las copias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, una vez en firme la decisión.

En firme este proveído, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 El 25 de enero del 2010 se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial previsto en la Ley 1285 del 2009 (fls. 27-30 cdno. 1).

2 Cabe señalar que la sentencia adujo que la calidad de cónyuges de los demandantes no se encontraba probada al no haberse aportado el registro civil de matrimonio –aunque en realidad sí se aportó, como se evidenciará más adelante-, por lo que indicó que no se otorgaría ninguna indemnización a la señora Elena Gómez Marín, sin resolver específicamente sobre ninguno de los rubros solicitados a su favor.

3 Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

4 “ART. 187. Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.
La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente. Subrayado Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 641 de 2002
Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión”.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de junio del 2012, expediente 23811, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de julio de 2008, expediente 16388, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

7 [8] “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, exp. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354), actor: Luis Carlos Orozco Osorio, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Con fundamento en ese criterio, esta Subsección ha señalado:
15.3. Lo anterior también resulta extensible a aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sujeto privado de la libertad se sustentó en la aplicación del principio in dubio pro reo, más aún si se tiene en cuenta, que en la mayoría de estos casos, las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal respectivo, estuvieron estrictamente ajustadas a la normatividad correspondiente. Así mismo, es menester dejar claro, que la injusticia que reviste la privación de la libertad en éstos eventos, no deriva de la ilicitud en el proceder de los funcionarios judiciales, sino en que la víctima no se encontraba en el deber jurídico de soportar los daños ocasionados como consecuencia de habérsele impuesto una detención “preventiva” mientras se le adelantaba un proceso penal, el cual culminó con una decisión absolutoria, evidenciándose así que el Estado, quien fue el que ordenó esa detención, fue incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia de la que siempre gozó el afectado: antes, durante y después de la actuación penal desplegada en su contra.
15.4. En suma, también se le habrá causado un daño especial a la persona privada de su libertad de forma preventiva y que posteriormente fue absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño fue con la finalidad de alcanzar un beneficio para la colectividad, interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias, y que con todo esto, únicamente se afectó de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, se ocasiona con esto una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, lo que indica que esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en armonía con el artículo 90 constitucional. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2014, exp. 25000-23-26-000-2003-02376-01(29890), actor: Juan Sebastián Fajardo Bonell y otro, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 19 de octubre 2011, exp. 1994-02193 (19151), C.P. Enrique Gil Botero.

10 Sobre la referida función, la doctrina jurídica ha sostenido: “Sin embargo, la responsabilidad no es un término que se pueda confundir con resarcimiento, pues las reglas de la responsabilidad civil pueden cumplir otras funciones diferentes a la de la compensación de los daños; así, se habla de una función preventiva, según la cual la responsabilidad puede servir de mecanismo para evitar que se produzcan daños, función que se traduce en la influencia que las reglas de la materia pueden tener sobre la forma en que una persona despliega determinada actividad que podría dar lugar a la producción de un daño. La función preventiva se inscribe como una función social (…)y teniendo en cuenta que en el centro del análisis de la responsabilidad se encuentra el sujeto que ha sufrido el daño, la prevención se manifiesta también con un importante contenido económico, toda vez que la forma del resarcimiento que reciba la víctima de un daño tendrá la capacidad de señalar modelos de comportamiento para los potenciales causantes de daños, pues estos podrán traer indicaciones claras sobre costos y sobre incentivos, según la forma en que el daño haya sido liquidado”. Édgar Cortés, Responsabilidad Civil y Daños a la Persona. El daño a la Salud en la Experiencia Italiana, ¿Un Momento para América Latina? Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2012, pp. 62-63.

11 Al respecto, la Sala ha dicho: “Ahora bien, es evidente que cuando las autoridades que tienen a su cargo el cuidado, custodia y vigilancia de los reclusos incurren en acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio, la responsabilidad patrimonial del Estado tendrá que ser declarada con base en este título jurídico de imputación. Dicho en otros términos, en cualquier caso, será necesario determinar si las autoridades actuaron dentro del marco de sus obligaciones legales y constitucionales, más aún, con el fin de que la administración adopte los correctivos que sean del caso para evitar situaciones vulneradoras que comprometan su responsabilidad nuevamente (nota N° 12 de la sentencia en cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, exp. 25000-23-26-000-1997-03365-01(18271), actor: Myriam Roa Duarte y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez”.)”. Consejo de Estado, sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2012, exp. 25000-23-26-000-2000-02130-01(24071), actor: Rosa Elena Herrera Carrillo y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, exp. 05001-23-24-000-1994-02073-01(17927), actor: Elizabeth Pérez Sosa y otros, C.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez.

13 [2] Hasta 1989, la jurisprudencia del Consejo de Estado resolvió los casos relacionados con daños causados por armas de dotación oficial a través de la falla del servicio probada -sentencia de octubre 21 de 1982- con alguna incursión en la presunción de culpa -sentencia de octubre 24 de 1975, Exp. 1631-. Pero en sentencia del 20 de febrero de ese año, Exp. 4655, el Consejo de Estado habló de falla del servicio presunta. En tal sentencia se dijo que el actor sólo debía acreditar que ha sufrido un perjuicio indemnizable y la existencia de una relación causal con el servicio y, por su parte, la Administración sólo podía exonerarse de toda responsabilidad si probaba que aunque el daño fue causado por un hecho a ella imputable, obró de tal manera prudente y diligente, que su actuación no puede calificarse como omisiva, imprudente o negligente, que dé lugar a comprometer su responsabilidad. Posteriormente se consideró que los daños producidos por cosas o actividades peligrosas, como el uso de armas de fuego de dotación oficial, debían analizarse bajo el régimen de presunción de responsabilidad -sentencias de agosto 24 de 1992, Exp. 6.754 y, de septiembre 16 de 1999, Exp. 10922- en el entendido de que la falla sólo habrá de presumirse en los eventos de responsabilidad médico hospitalaria. Más adelante, la Sala señaló que el régimen aplicable es el de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo, posición que se mantiene en la actualidad -sentencias de julio 14 de 2004, Exp. 14308; de febrero 24 de 2005, Exp. 13967 y; de marzo 30 de 2006, Exp. 15441.

14 [3] Al respecto existen abundantes antecedentes jurisprudenciales, ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de agosto 19 de 2004, Exp. 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; marzo 10 de 2005, Exp. 14808, C.P. Germán Rodríguez y; abril 26 de 2006, Exp. 15427, C.P. Ruth Stella Correa.

15 “Artículo 250 Constitución Política de Colombia
Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá:
1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.
2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas.
3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.
5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.
El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.
La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten”.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio del 2014, expediente 27900, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

17 “Art. 322. En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, la investigación previa tendrá como finalidad determinar si ha tenido ocurrencia la conducta que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades, si está descrita en la ley penal como punible, si se ha actuado al amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, si cumple el requisito de procesabilidad para iniciar la acción penal y para recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible”.

18 “Art. 10. Acceso a la administración de justicia. El Estado garantizará a todas las personas el acceso efectivo a la administración de justicia en los términos del debido proceso”.

19 “Artículo 306. Causales de nulidad. Son causales de nulidad:
1. La falta de competencia del funcionario judicial.
Durante la investigación no habrá lugar a nulidad por razón del factor territorial.
2. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
3. La violación del derecho a la defensa”.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, expediente 18370, CP. Mauricio Fajardo Gómez.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente 26251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.