Sentencia 2010-00416 de octubre 1 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 660011102000201000416 01

Registro proyecto: 14 de julio de 2014

Aprobado según Acta de Sala 81 del 1º de octubre de 2014

Magistrado Ponente:

Dr. Néstor Iván Javier Osuna Patiño

Referencia: Juez de paz - apelación

Enunciado: Luis Aldemar Castro Contreras- Juez de Paz de Dos Quebradas, Genaro Jaramillo Corrales- Juez de Paz de Dos Quebradas y Edgar Evelio Calvo Montoya- Juez de Paz de Reconsideración

Denunciante: Gilberto Antonio Montoya Noreña

Primera instancia:

Sanciona con suspensión de 2 meses

Decisión: Confirma

Prescripción: 17 de octubre de 2016

Bogotá, D.C., primero 1º de octubre de 2014

EXTRACTOS: « VI. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esta corporación tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de las decisiones emitidas por los consejos seccionales de la judicatura, de acuerdo con lo establecido por los artículos 112.4 de la Ley 270 de 1996 y 207 de la Ley 734 de 2002. Dicha competencia, en casos de apelante único como el presente, se constriñe al análisis de los argumentos señalados en el recurso de apelación.

2. Identificación de los investigados:

En este proceso se investiga a los señores Genaro Jaramillo Corrales, identificado con cédula de ciudadanía 10.133.512, quien no registra sanciones disciplinarias(23), Luis Aldemar Castro Contreras, identificado con cédula de ciudadanía 10.093.863, quien registra una sanción de destitución como juez de paz impuesta mediante fallo de esta Sala el 6 de octubre de 2010(24), y Edgar Evelio Calvo Montoya, identificado con cédula de ciudadanía 18.501.436 y quien no registra antecedentes disciplinarios(25). A los dos primeros se les investiga en su condición de jueces de paz, y al tercero como juez de paz de reconsideración.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en realidad los jueces de paz y reconsideración respectivamente, incurrieron o no en una extralimitación de sus funciones al haber emitido un fallo que presuntamente no correspondió con los hechos puestos en su conocimiento.

4. Del caso en particular.

Entrando al estudio de fondo del asunto, encuentra la Sala que efectivamente el señor Gilberto Antonio Montoya Noreña fue llamado por el Juez de Paz de conocimiento Aldemar Castro Contreras, en aras de que él hiciera la devolución de los bienes y libros que mantenía en su poder a pesar de que ya no era el presidente de la junta directiva del barrio la Graciela; lo anterior por solicitud hecha por los nuevos miembros de dicha asociación, ya que no contaban con varios registros que eran necesarios para el óptimo desarrollo de la misma.

Así las cosas y luego de surtido el correspondiente trámite y que hubieran fracasado las dos audiencias de conciliación que se intentaron entre las partes involucradas, el juez de paz de conocimiento Aldemar Castro en cumplimiento de la Ley 497 de 1999 procedió a dictar el fallo en equidad respectivo, en el cual concluyó que de acuerdo con lo demostrado el señor Montoya Noreña no había hecho entrega de todos los documentos y bienes que tuvo a su cargo, mientras fue presidente de la junta de acción comunal del barrio la Graciela.

Por lo anterior, dicho Juez de Paz de conocimiento ordenó al señor Montoya Noreña que restituyera todos los bienes y libros que tenía bajo su poder, ya que no ostentaba más la calidad de presidente de la junta de acción comunal. Adicionalmente ordenó que lo desafiliaran del libro de socios por el término de dos años y que además fuera excluido de la lista de aspirantes a jueces de paz.

Conocido el fallo, el quejoso interpuso el respectivo recurso de reconsideración el cual fue resuelto por el juez de paz Genaro Jaramillo Corrales, juez de reconsideración Edgar Evelio Calvo Montoya y juez de paz de conocimiento Luis Aldemar Castro Contreras, quienes luego de valorado el material probatorio confirmaron parcialmente el fallo del juez Castro Contreras pues suprimieron la decisión de excluirlo de la lista de aspirantes a juez de paz, ya que dicha competencia estaba radicada en cabeza de una autoridad diferente.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior es importante mencionar que el artículo 9º de la Ley 497 de 1999, sobre la competencia de los jueces de paz, señala que ellos conocerán de los “conflictos que las personas o la comunidad, en forma voluntaria y de común acuerdo, sometan a su conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley, en cuantía no superior a los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”.

De igual manera, el artículo 23 de la mencionada ley dice que la competencia del juez de paz “para conocer de un asunto en particular iniciará con la solicitud que de común acuerdo le formulen, de manera oral o por escrito, las partes comprometidas en un conflicto. (...)”.

Así las cosas y con fundamento en lo dicho, es claro para la Sala que la competencia de los jueces de paz se ciñe estrictamente al asunto que se le pone en conocimiento, es decir que sus decisiones deben estar relacionadas directamente con el objeto de la petición, por lo cual no les es permitido ordenar el cumplimiento de situaciones que van más allá de lo pedido por la parte solicitante, por lo que en ese orden de ideas, lo único que debía esperarse de los disciplinados en su condición de administradores temporales de justicia era la adopción de una decisión para dirimir la controversia, que estaba circunscrita a que el señor Gilberto Antonio Montoya devolviera los bienes y libros que mantenía en su poder, a pesar de que ya no era el presidente de la junta de acción comunal.

Esto es suficiente para considerar que la conducta probada desatiende el deber señalado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en virtud del cual quien administra justicia está obligado a respetar, cumplir y hacer cumplir, en ejercicio de su competencia, la Constitución, las leyes y los reglamentos.

De otra parte, la Sala encuentra que, respecto del argumento esgrimido por la defensora de oficio en cuanto que de acuerdo con la Ley 743 de 2002 artículo 26 le es permitido al juez de paz en este caso, ordenar la desafiliación de un miembro de una organización comunal cuando se demuestre que el mismo ha incurrido en “Apropiación, retención o uso indebido de los bienes, fondos, documentos, libros o sellos de la organización (...)”, es claro que dicha interpretación no es la correcta para esta permisión, pues en realidad lo que manifiesta la norma que regula todo lo referente a los organismos de acción comunal, es que el fallo mediante el cual se sancione con exclusión a un miembro de la asociación debe ser emitido por la autoridad competente, que para el caso debe ser alguno de los órganos de dirección de la junta de que se trate, pues para ello es que se les obliga a tener estatutos donde además del funcionamiento y objeto, se les conmina a que determinen su propio procedimiento disciplinario.

Funciones que bajo ningún argumento pueden ser usurpadas por autoridad judicial alguna, pues es claro que todos los organismos de acción comunal tienen obligaciones y funciones determinadas en la propia ley.

En cuanto al juicio de responsabilidad y la proporcionalidad de la sanción impuesta, la Sala considera que cuando se trata de jueces de paz, ha de tenerse en cuenta el perfil de este tipo de particulares que ejercen transitoriamente función pública, la naturaleza especialísima de esta función y la gratuidad del servicio prestado.

Ciertamente, los jueces de paz fallan en equidad, no deben ser necesariamente conocedores del derecho y del ordenamiento jurídico aplicable a los conflictos que dirimen, pero sí tienen la carga mínima de conocer y aplicar la Ley 497 de 1999 en concordancia con la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, el Código Disciplinario Único y los principios y derechos fundamentales constitucionales.

En ese orden de ideas, para el caso en concreto se observa que el a quo si bien consideró que la conducta era grave, por los bienes jurídicos tutelados que estaban en juego, consideró adecuadamente que no necesariamente se trataba de una conducta dolosa o deliberadamente dañina, pues lo que se reprocha es la negligencia o la grave falta de diligencia y cuidado en el ejercicio de su función.

Dentro de este contexto fáctico y normativo, la sanción impuesta a los señores Luis Aldemar Castro Contreras, Genaro Jaramillo Corrales y Edgar Evelio Calvo Montoya, consistente en dos (2) meses de suspensión en el ejercicio del cargo, resulta necesaria, adecuada, proporcionada y acorde a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 63 de la ley 734 de 2012. Se procederá en consecuencia a confirmar la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de agosto de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda , mediante la cual sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses a los señores Luis Aldemar Castro Contreras y Genaro Jaramillo Corrales juez de Paz de Dos Quebradas, y Edgar Evelio Calvo Montoya juez de paz de reconsideración, tras encontrarlos responsables disciplinariamente de inobservar, a título culposo, el deber funcional descrito en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 196 de la Ley 734 de 2002 y 2º de la Ley 497 de 1999, respectivamente, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. Devuélvase al expediente al consejo seccional de origen para que notifique a todas las partes del proceso y cumpla lo dispuesto por la Sala.

Notifíquese y cúmplase».

(23) Folio 9 del c.o.

(24) Folios 233 a 234 del c.o.

(25) Folio 10 del c.o.

 

Salvamento de voto

De manera comedida me permito manifestar que salvo voto en el asunto la referencia, toda vez que no comparto la decisión adoptada por la Sala en la sesión del día 1º de octubre de 2014 —Acta 81—, en el sentido de: “Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 15 de agosto de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda , mediante la cual sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses a los señores Luis Aldemar Castro Contreras y Genaro Jaramillo Corrales juez de paz de Dos Quebradas, y Edgar Evello Calvo Montoya juez de paz de reconsideración, tras encontrarlos responsables disciplinariamente de inobservar a título culposo, el deber funcional descrito en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 196 de la Ley 734 de 2002 y 20 de la Ley 497 de 1999, respectivamente, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído” (sic), pues conforme a la lectura del infolio y la decisión bajo estudio, considero que contrario a lo aprobado, debió declararse la nulidad de la decisión de instancia, a partir del auto de formulación de cargos, habida cuenta que los jueces de paz, vienen sancionados con 2 meses de suspensión en el ejercicio del cargo, con base en la presunto incumplimiento del deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo normado en el artículo 2º de la Ley 497 de 1999 y el artículo 196 de la Ley 7324 de 2002.

Así las cosas, la presente actuación disciplinaria se encuentra afectada por una irregularidad sustancial con incidencia en el debido proceso, en razón a que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, al proferir la sentencia objeto de apelación incurrió en una irregularidad generadora de una nulidad, como quiera que al imponer como sanción no tuvo en cuenta que la única sanción legalmente establecida en la normatividad especial para dichos Jueces de Paz, es la remoción del cargo, no la destitución , desconociendo el principio de legalidad y por ende el debido proceso.

Pero además, la Sala a quo, le imputó al investigado el catálogo de deberes consagrado en la Ley 270 de 1996, en forma particular el numeral 1 del artículo 153, violando lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 497 de 1999 que establece: “En todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Concejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo”, no estableciendo la violación a los deberes —artículo 153 de la Ley 270 de 1996— estatutaria de la administración de justicia, endilgados en el pliegos de cargos y el fallo sancionatorio.

Evidentemente, las preceptivas referidas, relativas al principio de legalidad, aplicable a esta actuación disciplinaria, hacen referencia a un todo denominado debido proceso, que incluye la observancia de las causales de nulidad y la declaratoria oficiosa, normas cuyo texto disponen:

“Ley 734 de 2002.

(...).

ART. 4º—Legalidad. El servidor público y el particular en los casos previstos en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente abogado sólo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descrito como faltas en la ley vigente al momento de su realización.

(...).

ART. 6º—Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinan la ritualidad del proceso, en los términos de éste código y de la ley...”.

(...).

ART. 143.—Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes:

1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo

2. La violación del derecho de defensa del investigado.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”.

(Destacado fuera de texto).

(...).

ART. 144.—Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado.

(...).

ART. 145.—Efectos de la declaratoria de nulidad. La declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presenta la causal. Así lo señalará el funcionario competente y ordenará que se reponga la actuación que dependa de la decisión declarada nula. La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas allegadas y practicadas legalmente”.

Entonces, acorde con las citadas normas rectoras, correspondía a esta superioridad auscultar con detenimiento si dentro de este diligenciamiento disciplinario se observaron las normas anotadas que hacen en su conjunto lo que se denomina el principio al debido proceso, por lo que debió nulitarse la actuación.

Angelino Lizcano Rivera 

Salvamento de voto

Con el debido respeto me permito manifestar que salvo el voto con respecto a la decisión asumida por la Sala, por cuanto considero que en este evento se debió declarar la nulidad de lo actuado desde el auto de cargos del 7 de diciembre de 2011.

Lo anterior, por cuanto pues considero que la adecuación de la conducta de los señores Luis Aldemar Castro Contreras Y Genaro Jaramillo Corrales en su calidad de Juez de Paz de Dos Quebradas respectivamente y Edgar Evelio Calvo Montoya juez de paz de reconsideración, en su condición de juez de paz de la comuna cinco de Armenia, en normas de la Ley 270 de 1996 y Ley 734 de 2002 vulnera el principio de legalidad, dificulta el derecho a la defensa y afecta el debido proceso, se itera, al considerar que debe recurrirse en asuntos contra jueces de paz, a normatividad distinta a la contenida en la Ley 497 de 1999, haciendo propias normativas ajenas por completo a esta jurisdicción especial.

Estimo que una indebida adecuación típica, genera la nulidad de la actuación conforme al contenido del artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto, el debido proceso se debe aplicar a todas las actuaciones judiciales, el cual comprende una serie de contenidos materiales y formales entre los cuales se encuentran el principio de legalidad, el principio de tipicidad, el principio del juez natural, el principio de favorabilidad y el principio de presunción de inocencia.

Sobre el principio de tipicidad en materia disciplinaria, la Corte Constitucional en la Sentencia C-030 de 2012, Magistrado Ponente Doctor Luis Ernesto Vargas Silva, enunció:

“(...).

5.4 Adicionalmente, en el derecho disciplinario resulta exigible el principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso disciplinario. De acuerdo con este principio, “la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras”.

En relación con este principio, la jurisprudencia constitucional ha precisado que hace parte esencial del principio ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, de manera que se exige que “la abstracta descripción que tipifica el legislador con su correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria”. Así mismo, ha expresado que con base en este principio “el legislador no solo está obligado a describir las conductas que califica como hechos punibles o infracciones disciplinarias, sino además a hacerlo de forma completa, clara e inequívoca, de manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o certeza sobre los comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta donde llega la protección jurídica de sus propios actos o actuaciones”. (Rfdt).

De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que “exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción” y (ii) “la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse”. Este último aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio.

De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, el concepto de precisión mencionado, ligado analíticamente al principio de tipicidad, implica que son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento). Si el precepto que contiene la conducta jurídicamente reprochable no permite definir tales aspectos, el mismo resulta contrario al principio de tipicidad y proporcionalidad y, por tanto, resulta inconstitucional”.

Por consiguiente, cuando no se concrete adecuadamente el supuesto fáctico de la conducta al momento de tipificarse la misma, en respeto por los principios constitucionales de legalidad y tipicidad, lo procedente es decretarse la nulidad de la actuación.

Se remite a la Secretaría Judicial un expediente en 6 cuadernos con 36-36-282-(283-419)- 96-97 folios y 1 Cassette.

Atentamente,

Julia Emma Garzón de Gómez