Sentencia 2010-00419/46790 de octubre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000 23 26 000 2010 00419 01 (46790)

Actor: J. E. Q. B. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación (Sentencia)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá D.C., veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

«EXTRACTOS: V. Consideraciones

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(11), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes los señores J. E. Q. B.(12) en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar conformado por J. E. Q. P.(13) (hijo), G. Q. L.(14) (padre), M. B. de Q.(15) (madre), P. Q. B.(16) (hermano), B. Q. B. (hermana)(17), G. Q. B.(18) (hermano) y M. Q. B.(19) (hermana), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación(20), frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las fiscalías seccionales a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que las entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(21), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(22). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(23).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(24).

En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 11 de abril de 2008(25) y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 25 de junio de 2010. Sin embargo, se tiene que el día 9 de abril de 2010(26) el apoderado de la parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial ante el Procuraduría 136 Judicial II Administrativa, llevándose a cabo audiencia de conciliación el día 24 de junio de 2010(27), la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes. Por ende, se observa que no operó el fenómeno de la caducidad, teniendo en cuenta que el término para ejercer la acción de reparación directa, de conformidad con el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo, es de dos (2) años contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(28).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(29) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(30).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(31).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(32).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(33)-(34) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(35).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(36).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”, sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C-037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.N., art. 95-7), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa (…)” (resaltado fuera del texto).

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 del Código Civil.

A la sazón, está Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(37).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto.

Con base en el precedente que se acaba de reseñar, de las pruebas existentes sobre las circunstancias que rodearon la imposición de la medida de aseguramiento en el caso concreto, se colige que la privación de la libertad que sufrió el señor J. E. Q. B. se ocasionó como resultado de una actuación imputable a él mismo.

En efecto, se encuentra demostrado que la investigación llevada a cabo en contra del señor J. E. Q. B. tuvo origen en las denuncias realizadas de forma independiente los días 27 de julio 18 y 24 de agosto de 2004 por las señora B. L. T. M., M. E. M. V. y C. M. S. B., por la desaparición de O. I. A. M., J. A. M. T., R. P., L. H. M. M., C. A. T. y J. J. M. P., quienes partieron a una finca arrocera en los llanos orientales debido a la oferta laboral realizada por el señor J. E. Q. B., actividad en la cual obtendrían un salario mensual de $ 600.000 por recoger arroz.

Los jóvenes se marcharon entre los días 27 y 29 de julio de 2004, sin que se tuviera noticias de su paradero, conociéndose luego por las labores de investigación, que fueron llevados mediante engaños a un sitio ubicado en los llanos orientales de Colombia para hacer parte del grupo paramilitar autodefensas campesinas del Casanare(38).

Por otra parte, está acreditado que el señor A. N. B. fue capturado el día 30 de septiembre de 2004(39) sindicado del punible de reclutamiento ilícito y desaparición forzada, igualmente que contra él, la Fiscalía Seccional 247 de la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual y Otras Garantías profirió medida de aseguramiento el día 14 de octubre de 2004(40) consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por los delitos de desaparición forzada en concurso homogéneo sucesivo, y el de concierto para delinquir en la modalidad de desaparición forzada de personas, ordenando mantener detenido al demandante.

Igualmente, se encuentra demostrado que la Fiscalía 19 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá, profirió el día 3 de junio de 2005(41) resolución de acusación en contra del señor J. E. Q. B., como coautor del punible de concierto para delinquir agravado en concurso con desaparición forzada y reclutamiento ilegal.

En el mismo sentido, se probó que el día 23 de noviembre de 2006(42) el Juzgado Sexto Penal Especializado del Circuito de Bogotá profirió sentencia absolutoria a favor del señor J. E. Q. B. Dicha decisión fue confirmada por la Sala Penal de Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 29 de febrero de 2008(43). A favor del actor se profirió boleta de libertad el 24 de noviembre de 2006(44).

No obstante lo anterior, la Sala precisa que existen suficientes elementos de juicio como para predicar la ausencia de imputación del daño a las entidades demandadas por configurarse un evento de culpa exclusiva de la víctima.

Al respecto hay que recapitular los motivos originarios de la imposición de la medida de aseguramiento, empezando por reseñar los señalamientos realizados por los familiares de los jóvenes reclutados, al demandante J. E. Q. B., extraídas de la resolución de acusación proferida el 3 de junio de 2005, así:

Está demostrado que la señora C. M. S. B., se hizo presente ante la policía judicial el día 24 de agosto de 2004, para denunciar la desaparición de su yerno L. H. M. y de su hijo R. A. P. S., quienes se habían ido a trabajar a una finca en los llanos orientales, “porque un señor de nombre J. E. Q. B. les ofreció trabajo para recoger arroz y tenían un sueldo de 600.000 mensuales, tenía la comida libre (…). Agrega que piensa que su hijo y su yerno fueron engañados y entregados a las autodefensas. Sobre las personas que tienen que ver con estos hechos refiere son el señor J. E. Q. B. y un señor de nombre G. que como función (sic) es la de llevar a estos jóvenes debido a que conocía a su hijo y los demás muchachos y les ofreció el trabajo, que iban a ganar buen dinero (…)”(45).

Por su parte, se encuentra acreditado que la señora B. L. T., madre de la víctima de reclutamiento J. A. M. T., señaló que luego de varias indagaciones, conversó con el señor J. E. Q. B., quien le manifestó que un señor de nombre G., le pidió el favor de conseguir unos cien muchachos que quisieran ir a trabajar en una finca cerca de Villavicencio - Meta(46).

Así mismo, está probado que la señora Y. A. P. S. esposa del joven víctima de reclutamiento L. H. M. y hermana de la otra víctima R. A. P., manifestando que no había tenido nuevas noticias de ellos, después que fueron contactados por el señor J. E. E. Q. B. el seis de agosto de 2004, fecha en la que se fueron para Villavicencio a trabajar en una finca a recoger arroz(47).

Del mismo modo, el joven R. A. P. S., una de las personas que había sido reportada como desaparecida, en declaración rendida el día 5 de octubre de 2004 ante la Fiscalía 247, manifestó sobre los hechos que(48):

“(…) Preguntado: Cuéntenos, en forma clara y precisa todo lo relacionado con su desaparición el pasado 6 de agosto del año en curso. Contesto: Yo conocí a J. E. desde hace año y medio, él nos arreglaba los televisores y todo, entones el 6 de agosto como a las 12 del día me fui para la casa de mi hermana Y. A. que queda en el barrio xxx, llegó mi cuñado L. H. M. como a las 2 y media de la tarde y nos fuimos para donde J. E. eso es como Valparaíso, para ver si me llevaba a trabajar a las arroceras que él decía, y me dijo que si, que nos veíamos a las 3 de la tarde en la casa de él, llegamos mi cuñado L. H. M., C. A. T. y yo, y nos fuimos para la B., en una tienda ahí el hizo una llamada, supuestamente al hijo del dueño de la finca y llegó posteriormente como por ahí a los cinco minutos, dijo que se llamaba G. y J. le dijo que necesitaba plata, y este le dio veinte mil pesos, y nos gastaron de una cerveza a cada uno (…)”.

En el mismo sentido, declaró el joven reportado como desaparecido F. N. M. M., el día 6 de agosto de 2004(49) ante la Fiscalía 247, quien sostuvo:

“(…) Preguntado: Cuéntenos, en forma clara y precisa todo lo relacionado con su desaparición el pasado 29 de julio del año en curso en curso. Contesto: Conocí a J. E. el 28 de julio, el arreglaba los televisores a mi abuelita, entonces al ver que nosotros, mi primo J. M. P., mi primo A. M. T. y yo no teníamos trabajo, nos dijo que nos fuéramos a trabajar a una arrocera en Villavicencio y que nos pagaban cuatrocientos cincuenta mil pesos mensuales y que podíamos venir cada 8 o 15 días a la casa (…). Al otro día el 29 de julio fue que nos presentaron con G. N. (…) nos dijo lo mismo que nos había dicho J. que era para trabajar en una arrocera, que tenían una máquina para recoger arroz y que podíamos manejar, y nos dijo que si no teníamos más muchachos para que nos fuéramos, que necesitaba más y nos preguntó que si teníamos problemas con la ley que si la teníamos que era mejor que no nos llevaba, y ahí salimos para J. R. y luego para Y. (…)”.

Igualmente, se encuentra demostrado que L. H. M. M.(50), otro de los jóvenes reportado como desaparecido, manifestó en su declaración rendida en la misma fecha ante la Fiscalía 247 que:

(…) Preguntado: Cuéntenos, en forma clara y precisa todo lo relacionado con su desaparición el pasado 6 de agosto de 2004 en curso en curso. Contesto: Yo con el señor J. E. Q. me conocí por medio de un primo que le mandó a arreglar un televisor hace como tres años, él vive en el mismo barrio que yo vivo, entonces el me encontré (sic) una vez con él y me dijo que si no tenía trabajo pues yo le dije que no, él me dijo que tenía a un amigo que tenía una finca y que tenía una arrocera, entonces le dije que hablara con el amigo y que si necesitaba más gente que si me llamara, que como estaba sin trabajo que si yo me iba a trabajar. Me dijo que la finca quedaba entre Acacias y Villavicencio y que nos pagaban trescientos mil pesos quincenales, entonces que allá nos daban permiso para venir a Bogotá cuando uno quincenales (…)”.

Por otro lado, el joven O. I. A. M., quien fue igualmente, víctima de desaparición, señaló en declaración el 6 de octubre de 2004(51) ante la Fiscalía 247 que:

“(…) Preguntado: Cuéntenos, en forma clara y precisa de los hechos y de la manera como llegó usted a los llanos orientales, en compañía de quien y a donde estuvo. Contesto: El día 6 de agosto de este año, yo estaba en el barrio xxx y ahí llegó un señor conocido como J. y me dijo que había salido un trabajo para una finca a coger arroz, me dijo que era en Villao, que pegaba (sic) seiscientos mil pesos libres, y que si uno quería se podía venir cada 8 o 15 días, después me dijo que nos viéramos a las tres y media con el señor que nos llevaría a la finca en el paradero de la xxx, yo estaba con R. A. P., C. T. y L. H. M., nosotros bajamos al paradero y nos encontramos con el señor G. R., ahí J. nos lo presentó y nos dijo que muchachos el trabajo es así, que les van a pagar seiscientos mensuales y pueden venir cada ocho o quince días (…).

(…) Entonces ya después llegó un muchacho y nos dijo que fuéramos allá abajito que estaba el patrón que nos estaba esperando, entonces fuimos con él y andamos como diez minutos por el carreteable de piedra y de ahí cogimos un poquito hacia el monte como cinco metros entonces el muchacho guía sacó un radio que se usaba en la finca para comunicarse, entonces después nos dijo desocupen todo lo que tengan en los bolsillos y entréguenme las billeteras y nos quitó los papeles, los anillos, las manillas, y ahí fue cuando se me perdió la cédula, y nos dijo muchachos les voy a decir la verdad, ustedes no vienen a trabajar a ninguna finca a coger arroz, que estábamos era en un grupo armado ilegal que se llamaba las autodefensas campesinas del Casanare (…)”.

Ratificaron lo anteriormente citado los señores J. J. M. P. y J. A. M. T., quienes manifestaron que el señor J. E. Q. B. les ofreció, en compañía del señor G., un trabajo en una finca arrocera de los llanos orientales, y que, estando allá, se dieron cuenta que habían sido reclutados de forma ilegal por las autodefensas campesinas del Casanare(52).

De otra parte, el señor J. E. Q. B. rindió diligencia de indagatoria(53) el día 7 de octubre de 2004(54), la Fiscalía Seccional Doscientos Cuarenta y Siete de la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual y Otras Garantías, en la que manifestó:

“(…) Preguntado: Díganos si sabe el motivo por el cual está rindiendo esta indagatoria libre de todo apremio y sin juramento y asistido por su defensor, en caso tal háganos un relato claro, preciso y detallado de lo acontecido. Contesto: Si se el motivo, un amigo de don M. B. M. mi patrón, llamado G. no sé el apellido, él me lo presentó como amigo, y G. nos dijo a mí y don M. que necesitaba unos muchachos para trabajar en las arroceras, don M. le dijo que no tenía que no conocía a nadie y yo le dije que si yo le conseguía los muchachos, unos muchachos que estaban en el barrio sin hacer nada yo les comenté a ellos que si querían trabajar y dijeron que si, entonces yo les dije que los iba a llevar a la casa del hombre G. según me dijo a mí que esa era la casa, yo no sabía nada, entonces llevé a uno de ellos que conociera a G., yo le llevé a J. no se el apellido y J. le dijo a G. que si podía llevar unos primos que estaban sin trabajo y G. le contestó que sí había unos diez o veinte o más que necesitaba 100 personas para las arroceras, entonces el día que lleve a J. a hablar con G., llevó dos primos no les sé el nombre, entonces G. se los llevó para Villao, o sea a cuatro horas de acá, una hora y media de Villao y de ahí dos horas y media a llegar a una ascienda (sic) que era muy grande a coger arroz, que él les pagaba el viaje de aquí para allá y les pegaba veinte mil pesos diarios, desayuno, almuerzo y comida y hospedaje, que si se querían venir cada 8 o 15 días lo podían hacer y llamar a los familiares, y entonces él se llevó a esos tres y volvió a buscarme a mí que necesitaba los otros muchachos que necesitaba cien, yo le dije que por el momento había sino otro no más, pero G. dijo que esperara otros días haber (sic) si le conseguía otros diez aunque sea, el muchacho que conseguí se llama C. no le ese (sic) el apellido, entonces C. cuando yo le dije que necesitaba lo que más pudiera en decirle a los amigos porque estaban indecisos, entonces C. fue a mi casa y me dijo que había tres más que si podían ir yo le dije que ellos verán, entonces yo hablé por teléfono con G. y le dije que había cuatro más y llevé a estos cuatro muchachos para que hablaran con G. para que supieran como les iba a pagar y todo eso, los cuatro muchachos eran: R., O., C. y L. y otros primos de J., yo no les sé el nombre en total fueron siete, aclaro, en el primer viaje se fueron tres y en el segundo viaje se fueron cuatro, pero resulta que pasaron ocho o quince días y no se sabía nada de los muchachos y la mamá de estos muchachos llegaron a mi casa que qué había pasado con ellos (…) yo les dije que tocaba esperar porque pues yo tampoco sabía nada, que G. no había aparecido ni había llamado pero que yo les avisaba tan pronto tuviera noticias del hombre, entonces en el mes de julio-agosto me llamó G. de Villao (…) que los muchachos estaban bien y que estaban contentos (…), yo le dije que por favor me trajera a esos muchachos y esta es la hora que desde que me llamó, que esperara la llamada no me ha vuelto a llamar (…)”.

Preguntado: Díganos cuanto tiempo hace que usted conoce a G., y desde hace cuánto tiempo lo conoce. Contesto: Hace un año más o menos, hombre a él me lo presentaron en Villao y necesitaba gente para que trabajara allá en las arroceras, entonces yo le dije que yo iba a hablar con unos muchachos que estaban para arriba y para abajo sin hacer nada (…).

Preguntado: Sabe usted si G. tiene finca en el llano, es empleado, u obrero. Contesto: Pues no sé nada. Según lo que me contó él es que la finca era del papá y un tío, y que él era el que trabajaba allá y le pagaba a la gente, no más (…). En Villao no sé el nombre de la hacienda, ni teléfono, me dijo que quedaba a cuatro horas del barrio xxx (…).

(…) Preguntado: Con los muchachos que usted consiguió se fueron unos menores de edad. Usted les preguntó la edad a ellos. Contesto: Sí, pero en ningún momento me mostraron la cédula, me dijeron que tenían 18 en adelante, y que ellos ya no eran ningunos cagones para estar allí, ellos se bandeaban por ellos mismos (…).

(…) Preguntado: Cuando las señoras fueron a preguntar por sus hijos, usted les dijo que no sabía de G., pero que los que sabían era M. y D., quienes viajaban en forma constante a la finca de G., díganos porque usted les dijo esto a las señoras. Contesto: Pues yo les dije eso, para quitármelas de encima, porque a todas horas las tenía ahí en la casa, por la noche, por la tarde, preguntándome por los muchachos y como G. me dijo que era cuñado de don M., don M. les decía que era sólo un amigo (…).

(…) Preguntado: Se dice en las diligencias que usted, al preguntarle uno de los papás de los muchachos que cuanta plata se estaba ganando por reclutar a los muchachos, ya que no creía que fuera gratis y a costillas del sufrimiento de estos, usted ni confirmó ni negó cuanto se estaba ganando. Diga por qué no le contestó al padre de familia esa respuesta. Contesto: No le contesté porque yo sinceramente no me estaba ganando nada ni me estaban dando nada (…).

(…) Preguntado: Después de haber salido esta noticia usted habló con las madres de los muchachos. Contesto: No. Preguntado: Qué reacción tuvo usted al ver esta noticia por televisión sobre a desaparición estos muchachos. Contesto: Yo reaccioné muy mal, pero no fui a hablar con las mamás (…)”.

(…) Preguntado: Díganos en qué sentido quiere usted ampliar su indagatoria, haga un recuento sobre su versión que nos va a dar. Contesto: Quiero aclarar que don M. B. M. y la hermana M. me dijeron que el tal G. era un inquilino pero eso no es cierto, porque él si fue esposo de M. y cuñado de M., el hermano, pues a mí me lo presentó en la casa donde tenía el taller M., en el barrio de xxx, no tengo la dirección, esto hace como dos años, pues a mi (sic) me dijo que dijera que era solamente inquilino, el mismo M. me dijo que G. había comprado esa casa en compañía de su hermana M. se la compraron a la mamá, que le correspondió poner la mitad a cada uno, estoy hablando de la casa donde vive M. actualmente y que es la misma a que me refiere que existía el taller, yo lo conocí como G. y cuñado de don M. y me dijo que era el esposo de M., me dijeron que dijera eso que era un inquilino y que el abogado de él me ayudaba a salir de la SIJIN, quince días antes de traernos a la SIJIN M. me dijo que le diera cincuenta mil pesos y me llevaba a la propia hacienda donde estaban los muchachos y el tal G., pero yo le dije que no tenía esa plata en esos momentos que tocaba después y ahí fue cuando ya nos trajeron para la SIJIN (…)”.

Ahora bien, con base en todo el acervo probatorio reseñado, cuestiona la Sala los comportamientos desplegados por el actor ante la situación objeto de estudio; en primera medida, rechaza la falta de diligencia que tuvo con su conducta, por cuanto sin previsión alguna, procedió a recomendar a varios jóvenes para que ejercieran una labor de la cual no tenía pleno conocimiento en qué consistía, y tampoco, una total identificación del sujeto a quien, sin la más mínima precaución, procedió a colaborarle con la búsqueda de jóvenes para que ejercieran la supuesta actividad de recolectar arroz.

Era tal el desconocimiento del actor acerca de la identidad del señor llamado “Gabriel”, quien resultó siendo un reclutador de las autodefensas campesinas del Casanare, que él mismo admitió en la diligencia de indagatoria(55), tal y como fue señalado arriba, que pese a tratarlo desde, aproximadamente un año, no conocía su apellido, ni el nombre de la hacienda en donde presuntamente se sembraba y recolectaba arroz, ni el número de teléfono mediante el cual podía comunicarse, ni su dirección o ubicación, situación que deviene a concluir, necesariamente, que entre los dos no existía una amistad o lazo estrecho, sino que se trataba de un simple conocido.

Considera la Sala que dicha actitud fue negligente, pues el señor J. E. Q. B., sin precaución alguna e inobservando cualquier sentido de cautela, accedió a buscar y luego participar en la comunicación de las propuestas que el señor “G.” tenía para los jóvenes, sin que se interesara en indagar con mayor profundidad acerca de la identidad del sujeto y sobre el paradero de la hacienda y de las supuestas condiciones de trabajo, en este sentido exigibles por cuanto al fin y al cabo, fue él quien contactó a los muchachos y los puso en contacto con “G.”.

Sumado a esto, se tiene el hecho de que entre los jóvenes reportados como desaparecidos se encontraban menores de edad, sin que se percatara el demandante acerca de esta condición, pues como él mismo admitió, no tuvo la precaución de verificar sus edades, sino que se conformó con la afirmación que ellos mismos le dijeron(56) de ser personas “(…) que se bandeaban por ellos mismos (…)”.

Por otra parte, cuestiona la Sala que frente a la situación tan delicada que se estaba presentando para el señor J. E. Q. B., pues había sido abordado en diferentes ocasiones por los familiares de los jóvenes reportados como desaparecidos, éste no procediera a poner en conocimiento de las autoridades respectivas los hechos ocurridos, sino que esperó a ser denunciado por las madres de las víctimas y posteriormente, ser privado de su libertad para manifestar que un tal señor “G.” se encontraba detrás de todo lo que estaba pasando, omitiendo el deber de denuncia exigido por la ley penal vigente para la época de los hechos, pues si hubiera actuado prontamente ante las autoridades, posiblemente con su ayuda hubiesen podido encontrar al responsable de los hechos, dando con el paradero del señor “G.”.

“Ley 600 de 2000, ART. 27. —Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad las conductas punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.

El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.

Todas estas situaciones se constituyeron en una suma de circunstancias que fácilmente llevaron a presumir sus participaciones en la desaparición y posterior reclutamiento de los jóvenes que apenas acababa de suceder, sin que el demandante pudiera justificar o desvirtuar su vinculación, por lo menos no antes de que se le impusiera la medida de aseguramiento.

Por lo tanto, en este sentido, para la Sala todo el acervo probatorio referido arriba, al analizarlo de forma objetiva, lleva necesariamente a concluir que la conducta desplegada por el señor J. E. Q. B. condujo a que le fuera impuesta medida de aseguramiento de forma justa, puesto que, su negligencia y falta de previsión de servir como intermediario en las actividades de quien, prácticamente era para él un desconocido, sumado al hecho de que evitó denunciar a tiempo las irregularidades que se estaban presentando respecto al paradero de los jóvenes por él recomendados, comprometió gravemente su responsabilidad y en consecuencia dio lugar a la investigación penal adelantada en su contra y a que se le impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva.

De otro lado, si bien la investigación realizada en contra de J. E. Q. B. fue finalizada por sentencia absolutoria, cabe decir que la privación de la libertad del actor se dio por los indicios graves que existían en la participación de las conductas punibles que se le acusaban, máxime cuando subsistían tantos testimonios en su contra.

Por ende, es evidente que la conducta desplegada por el demandante fue determinante en la investigación que se inició en su contra y en la consecuente imposición de la medida de aseguramiento; verificándose así, lo que jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha denominado culpa exclusiva de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad del Estado, aplicable en los casos de privación injusta de la libertad, pese al régimen objetivo que opera en estos eventos.

A juicio de la Sala está plenamente acreditado que la privación de la libertad del señor A. N. B. no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de las entidades accionadas sino en su propia conducta, con independencia de que ésta hubiese sido suficiente para proferir un fallo condenatorio en su contra, pues la función del juez contencioso administrativo es independiente de la del juez penal.

La reprochable conducta de la víctima directa, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos que colisionan en el caso concreto: Efectividad de las decisiones a adoptar por la Administración de Justicia, de un lado; y esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro(57).

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”.

Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

Así las cosas, para la Sala es claro que la detención de que fue objeto el demandante no es imputable al Estado, por cuanto fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

En suma, la Sala resalta que como se dijo en la parte conceptual de estas consideraciones, aunque el demandante fue absuelto por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no puede pasarse por alto la culpa del penalmente investigado, ya que si bien su actuación no tuvo la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí exonera patrimonialmente a la entidad demandada. 

En este sentido también se dijo que sí el actuar irregular y negligente de la parte actora no fue suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria, en sede de responsabilidad sí lo es para encontrar acreditada la culpa grave y exclusiva de la víctima en los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad de la que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Hechas las anteriores precisiones la Sala confirmará la sentencia proferida el día 15 de junio de 2012 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y negará las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en ésta providencia.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día el día 15 de junio de 2012, por los motivos expuestos en esta providencia.

2. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(11) Corte Constitucional, Sentencia C- 965 de 2003.

(12) Copia auténtica del registro civil de nacimiento (fl 1, cdno. 1).

(13) Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la víctima directa en el que se verifica que el señor Gustavo Quintero Linares, es su padre (fl. 1, cdno. 1).

(14) Copia auténtica del registro civil de nacimiento en el que se verifica que su padre es la víctima directa (fl. 40, cdno. 1).

(15) Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la víctima directa en el que se verifica que la señora Marina Bonilla de Quintero, es su madre (fl. 1, cdno. 2).

(16) Certificado del registro civil de nacimiento otorgado por el Notario Quinto del Circuito de Medellín, en el que se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (fl. 5, cdno. 2).

(17) Certificado del registro civil de nacimiento otorgado por el Notario Quinto del Circuito de Medellín, en el que se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (fl. 3, cdno. 2).

(18) Certificado del registro civil de nacimiento otorgado por el Notario Quinto del Circuito de Medellín, en el que se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (fl. 4, cdno. 2).

(19) Copia auténtica del registro civil de nacimiento en el que se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (fl. 2, cdno. 2).

(20) Admitida que fue la demanda mediante auto del 29 de julio de 2010, únicamente respecto de la demandada Nación - Fiscalía General de la Nación pues consideró el a quo que las actuaciones desplegadas por la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se derivaron en la absolución del demandante (fls. 25-26, cdno. 1).

(21) ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (resaltado fuera de texto).

(22) Consejo de Estado, auto de fecha 2 de marzo de 2001, rad. 10909.

(23) Consejo de Estado, auto de fecha 26 de marzo de 2007, rad. 33372.

(24) Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, rad. 40.324.

(25) Según constancia de ejecutoria certificada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 13 de marzo de 2009 (fl. 6, cdno. 2).

(26) Folio 34, cdno. 2.

(27) Folios 37-38, cdno. 2. Se expidió constancia el día 24 de junio de 2010 (fl. 39, cdno. 2).

(28) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(29) “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 1992, exp. 10923.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 200, exp. 15989.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 1994, exp. 8666.

(33) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(34) Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056.

(36) Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de enero de 2014, exp. 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de abril de 2017, exp. 41.326.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, rad. 27.577.

(38) Informe de investigación realizado por la Fiscalía General de la Nación el 23 de septiembre de 2004 (fls. 6-14, cdno. 4).

(39) Acta de derechos del capturado visible a folio 66, cdno. 4.

(40) Folios 58-67, cdno. 2.

(41) Folios 69-96, cdno. 2.

(42) Folios 23-33, cdno. 2.

(43) Folios 15-21, cdno. 2.

(44) Según certificación expedida el 7 de febrero de 2012 por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC (fl. 2, cdno. 6).

(45) Extraído de la resolución de acusación proferida el 3 de junio de 2005 por la Fiscalía 19 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá (fl. 77, cdno. 2).

(46) Extraído de la resolución de acusación proferida el 3 de junio de 2005 por la Fiscalía 19 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá (fl. 77, cdno. 2).

(47) Extraído de la resolución de acusación proferida el 3 de junio de 2005 por la Fiscalía 19 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá (fl. 79, cdno. 2).

(48) Folios 91-95, cdno. 2.

(49) Folios 101-104, cdno. 2.

(50) Folios 108-111, cdno. 2.

(51) Folios 112-117, cdno. 2.

(52) Extraído de la resolución de acusación proferida el 3 de junio de 2005 por la Fiscalía 19 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá (fls. 85-86, cdno. 2).

(53) En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta Corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 Constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp. 36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016, exp. 44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.

(54) Folios 208-214, cdno. 2.

(55) “(…) Preguntado: Sabe usted si G. tiene finca en el llano, es empleado, u obrero. Contesto: Pues no sé nada. Según lo que me contó él es que la finca era del papá y un tío, y que él era el que trabajaba allá y le pagaba a la gente, no más (…). En Villao no sé el nombre de la hacienda, ni teléfono, me dijo que quedaba a cuatro horas del barrio xxx (…). Folios 208-214, cdno. 2.

(56) Folios 208-214, cdno. 2.

(57) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463.