Sentencia 2010-00419/55671 de marzo 14 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., catorce de marzo de dos mil dieciocho.

Rad. 130012331000201000419 01 (55.671)

Actor: Anpala SAS y otro

Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Referencia: Acción contractual

EXTRACTOS: «2. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) competencia del Consejo de Estado; 2) presupuestos procesales: 2.1) procedencia y oportunidad de la acción; 2.2) legitimación en la causa; 3) análisis de la apelación: 3.1) de la demanda en forma en relación con un contrato que ha sido objeto del acto de liquidación unilateral y 4) de las costas.

1. Competencia del Consejo de Estado.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación en virtud de lo dispuesto por el artículo 75(1) de la Ley 80, expedida en el año de 1993, el cual prescribe, expresamente, que la competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Por su parte, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue reformado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, normas vigentes para la época de presentación de la demanda, consagraron que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas.

En esta oportunidad se encuentran en controversia circunstancias atinentes al presunto incumplimiento del contrato 072 del 24 de agosto de 2006, celebrado entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares(2) y la unión temporal Seanco.

Así las cosas, se precisa que la entidad contratante, Agencia Logística de las Fuerzas Militares, de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del numeral uno del artículo 2º de la Ley 80 de 1993(3), es un establecimiento público del orden nacional y, por tanto, tiene el carácter de entidad estatal.

Hechas las anteriores precisiones, se concluye que es esta jurisdicción la competente para conocer de la presente controversia.

También le asiste competencia a la Sala para conocer de la presente causa en segunda instancia, toda vez que la mayor de las pretensiones de contenido económico se estimó en la suma de $ 461.448.000(4), monto que resulta superior a la suma equivalente a 500 smlmv ($ 257.500.000)(5), exigida en la Ley 954, promulgada el 28 de abril de 2005, para que el proceso tuviera vocación de doble instancia.

2. Presupuestos procesales.

2.1. Procedencia y oportunidad de la acción.

El presente debate versa sobre el supuesto incumplimiento del contrato 072 de 2006, celebrado entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, aspecto que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del C.C.A., corresponde ventilarse a través del cauce de la acción contractual impetrada.

En lo que atañe a la oportunidad de la acción, se precisa que el negocio jurídico bajo examen se gobernó por las normas de la Ley 80 de 1993(6) y fue de tracto sucesivo, cuestión que determina su sujeción a la regla prevista en la letra d) el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(7).

Según lo informó el demandante, el contrato 072 de 2005 fue liquidado unilateralmente por el(sic) la agencia a través de la Resolución 003 del 14 de abril de 2008, complementada mediante Resolución 009 del 28 de abril de 2008, cuya copia reposa en el expediente(8).

Ahora, aun cuando no reposa en el plenario(9) la constancia de ejecutoria de la resolución por la cual se complementó la liquidación unilateralmente del contrato 072, lo cierto es que ello no obsta para concluir que la demanda se interpuso dentro del término legal.

En efecto, el 26 de noviembre de 2009, faltando cinco meses y dos días para cumplir dos años contados desde la expedición de la última de las resoluciones mencionadas (28 de abril del 2008), la parte actora radicó solicitud de conciliación extrajudicial ante la procuraduría 21 judicial II para asuntos administrativos, trámite en cuya virtud, no obstante que la audiencia en que se declaró fallida la conciliación se llevó a cabo el 7 de abril de 2010, suspendió el término de caducidad únicamente hasta por tres meses(10), esto es, hasta el 26 de febrero de 2010. A partir del día siguiente (27 de febrero de 2010) se reanudó el término restante para cumplir los dos años —cinco meses y dos días—, los cuales habrían de vencerse el 29 de julio de 2010.

Así pues, al formularse la acción el 26 de julio de 2010 se deduce que su interposición se llevó a cabo dentro de los dos años consagrados por la legislación en referencia.

2.2. Legitimación en la causa.

La Sala encuentra que le asiste legitimación en la causa por activa a las sociedades Anpala S.A.S. y Servicios y suministros tecnológicos S.A.S. para conformar el extremo demandante, en su condición de miembros de la unión temporal Seanco, contratista dentro del negocio jurídico 072 de 2006, en cuyo desarrollo acaeció el incumplimiento que sirve de base a la controversia.

Igualmente, halla la Sala legitimada en la causa por pasiva a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, dada su condición de entidad contratante del acuerdo en el que se originó la litis.

3. Análisis de la apelación.

El argumento central de la apelación apuntó a señalar que a través de la acción contractual resultaba procedente pretender autónomamente tanto la declaratoria de incumplimiento como la condena de los perjuicios originados en tal circunstancia, sin que fuera indispensable demandar simultáneamente el acto de liquidación unilateral del contrato.

Para resolver este cargo de inconformidad se toma indispensable abordar el siguiente estudio:

3.1. De la demanda en forma en relación con un contrato que ha sido objeto del acto de liquidación unilateral.

La jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado ha concebido que se presenta la ineptitud de la demanda en aquellos casos en los cuales el contratista solicita declarar el incumplimiento de la entidad contratante o la ruptura de la ecuación contractual del negocio por circunstancias imprevisibles acaecidas durante su ejecución y reclama los consecuentes perjuicios sin incluir en la demanda la pretensión de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato, cuando el mismo ha sido conocido por dicho contratista con anterioridad a la demanda o a la oportunidad procesal para reformarla y en su contenido se condensan aspectos concernientes al cruce final de cuentas relacionadas con las reclamaciones que constituyen el centro del litigio(11).

En esa línea se ha considerado desacertado que el contratista demandante pretenda escindir la realidad negocial cuando reclama perjuicios por la inobservancia del contenido obligacional del contrato por parte de la entidad estatal o derivados de la fractura del equilibrio prestacional, sin llevar al debate procesal el acto de liquidación unilateral del contrato, postura usualmente advertida como mecanismo del contratista para evitar que se apliquen las compensaciones realizadas en el acto de liquidación y eludir el efecto financiero de su propio incumplimiento(12).

No puede perderse de vista que el acto de liquidación unilateral contiene el balance final que compendia las cifras de ejecución del contrato y que determina, con la fuerza y vigor propios del acto administrativo, quién debe a quién, cuánto se debe y los conceptos que originan y componen la obligación resultante, de lo cual se puede concluir que en el caso del incumplimiento o de desequilibrio económico, al término del convenio, el contenido del acto de liquidación unilateral del mismo se constituye en soporte idóneo para la definición del monto exigible recíprocamente entre las partes por cualquiera de los conceptos allí señalados.

Siguiendo este esquema, se tiene presente que cuando el acto de liquidación unilateral del contrato no es objeto de demanda de nulidad, su contenido resulta amparado por la presunción de legalidad y, por ello, la decisión que allí consta no puede modificarse a través de un proceso judicial en el que el demandante haya omitido impugnarlo.

En este orden de ideas, en supuestos fácticos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, el requisito de la demanda en forma no es un capricho de la jurisprudencia, ni una denegación de justicia, sino que se erige como un mecanismo de protección a la congruencia e integridad de la decisión que debe ser adoptada con fundamento en la real ejecución y liquidación del contrato.

Desde la perspectiva de la obligatoriedad que impone la naturaleza del acto administrativo, con fundamento en las facultades que se pueden desplegar en dicho acto de liquidación y de conformidad con el contenido descrito en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 61. de la misma ley, la administración tiene las potestades para establecer unilateralmente las partidas de la liquidación, lo cual comporta la definición de su valor, se reitera, con las prerrogativas propias del acto administrativo.

Por tanto, el acto de liquidación unilateral del contrato comprende la postura de la administración —con la fuerza legal de esa decisión unilateral— acerca del valor de aquellos asuntos en los cuales existieron las diferencias que impidieron un acuerdo de liquidación bilateral.

Descendiendo lo dicho al examen del sublite, la Sala parte de recordar que las pretensiones formuladas en la demanda se enmarcaron bajo la invocación del incumplimiento del contrato 072 de 2006 por parte del ente público demandado. Al respecto, se recuerda que los supuestos fácticos que le sirvieron de sustento aludieron a los siguientes hechos puntuales:

i) El contrato fue prorrogado en cinco ocasiones debido a que las obras civiles que debía ejecutar otro particular en el inmueble en que se cumpliría su objeto y que constituían un presupuesto indispensable para la instalación del cableado y de los equipos contratados en virtud del convenio 072 no fueron terminadas oportunamente, cuestión que llevó a que al contratista asumiera mayores costos que no se encontraban contemplados inicialmente.

ii) La entidad estatal incurrió en incumplimiento contractual, en razón a que no desembolsó el valor del anticipo y el 20% del precio del contrato en la fecha estipulada, por lo que debían reconocerse los intereses moratorios ocasionados por la tardanza.

iii) La agencia no adelantó oportunamente el trámite de exención del IVA sobre los equipos importados para nacionalizarlos y retirarlos de la DIAN, omisión que generó perjuicios al contratista, de cara a los retrasos presentados en relación con su instalación.

iv) La demandada se negó al reconocimiento y pago de obras adicionales que se habrían ejecutado como consecuencia del cambio de planos y diseños de las obras civiles del edificio en donde se debían instalar el cableado y los equipos que conformarían el sistema de software.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que las partes del contrato 072 de 2006, cuyo objeto se dirigió a “contratar el sistema de información geográfico y operacional del centro de seguridad, comando y control de la Fuerza Naval del Caribe descritos en el anexo técnico 001...”, una vez finalizado el plazo acordado para su ejecución, intentaron realizar su liquidación bilateral; no obstante, ante la ausencia de consenso frente al estado conclusivo del balance económico del contrato, elevaron el acta 006 del 3 de marzo de 2008. En el contenido de dicho documento se lee lo siguiente (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Así mismo, el representante legal de la UT Seanco presenta un documento de dos páginas como la relación de equipos, costos de instalación, costos y gastos adicionales del contrato 072 de 2006 por un valor de $ 1.300.584.986 pesos.

“(…).

“El contratista manifiesta que:

“1. No está de acuerdo en suscribir el proyecto de acta presentada ya que se encuentra pendiente una reclamación presentada ante la agencia logística el día 14 de diciembre de 2007 radicado bajo el número 011622, razón por la cual se abstiene de declarar a paz y salvo a la Agencia Logística de las FFMM como consecuencia de la ejecución del contrato 072 de 2006, agregamos que la UT realizó el pago de las obligaciones referentes al pago de salud, pensión, riesgos profesionales, de conformidad con las Leyes 789 de 2.003 art. 50 y 828 de 2003 art. 1º, también se pagaron todos los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores y funcionarios que participaron en la UT para la ejecución del contrato, por lo cual insistimos en la reclamación.

“Una vez la Agencia Logística de las FFMM revisó y estudió la solicitud de la UT Seanco solicitó los informes pertinentes al supervisor del contrato, así mismo practicó inspección al sitio de ejecución y con fundamento en estos antecedentes ha considerado no aceptar la reclamación por cuanto la demora en la ejecución del contrato y los equipos y software que la UT Seanco reclama tiene justificación en el cuerpo mismo del pliego de condiciones, el contrato y demás documentos que hacen parte del objeto contractual, y como estos dos ítems son el fundamento de la reclamación, todos los demás no tienen fundamento que justifique su validez.

“Está demostrado que los documentos en el retardo inició con la no validación de uno de los miembros de la UT, entonces mal estaríamos nosotros asumiendo costos que son responsabilidad del contratista, con relación a los puntos adicionales y software adicional no está demostrado que la AL haya solicitado elementos adicionales teniendo en cuenta que se trataba de una solución integral que como tal fue ofertada y adjudicada en esa forma, se repite solución integral”, se hace claridad que en la etapa de ejecución y garantías no puede haber otros requerimientos adicionales a lo contratado porque la agencia logística nunca solicitó nada adicional y el contratista ha manifestado en repetidas ocasiones que el acompañamiento, soporte y solución a las fallas presentadas a través del tiempo; primero no generan gastos adicionales y segundo son de su responsabilidad. Todo lo desarrollado ha sido con miras a satisfacer las necesidades públicas de la Fuerza Naval del Caribe”.

Como consecuencia de la falta de arreglo y aceptación en torno a las reclamaciones elevadas por el demandante con ocasión de la ejecución del Contrato 072, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, mediante Resolución 003 del 14 de abril de 200(sic), decidió liquidarlo unilateralmente.

En el contenido de esa decisión la entidad dejó constancia de que a la misma se integraba el acta 006 del 3 de marzo de 2008, a la que se hizo anterior mención y a la cual se refirió en los siguientes términos (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“Que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, mediante oficio 0869 de 31 de marzo de 2008, como se acordó en la reunión celebrada el 03 de marzo de 2008, dio respuesta a todas y cada una de las reclamaciones presentadas por el contratista relacionadas con presuntos sobrecostos en la ejecución del objeto contractual.

“Que de acuerdo a lo analizado por la agencia logística, luego de estudiar de nuevo y detenidamente los aspectos técnicos y administrativos y conforme a lo expresado en el citado oficio de respuesta, la entidad contratante mantiene la posición de no reconocer ningún tipo de cobrecosto (sic) a favor del contratista en la ejecución y en las demás etapas del contrato 072 de 2006”.

Dicho lo anterior, en la parte resolutiva del acto fue liquidado unilateralmente el contrato 072 de 2003 y al efecto se indicó que los valores pagados al contratista por la dirección financiera de la agencia se representaban en el cuadro que se grafica a continuación (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

Comprobante de pagoConceptoValor facturado por el contratistaValor cancelado
1648Factura 0192  
 Factura 0193 $ 805'090.266,56
2199Factura A 1005 $ 206'160.038,64
2215Factura 1648Devolución del RETEICA-$ 11'571.860.00

Igualmente, luego de realizar la respectiva relación de las bases específicas de la liquidación de conformidad con el anexo técnico y las actas de recepción 01, 02, 03, 04, 05 y 06 del contrato, concluyó que el valor total pagado al contratista ascendía a la suma de $ 1,444'643.306,00.

Dos semanas después, el 28 de abril de 2008, la agencia logística expidió la Resolución 0009, por medio de la cual se complementó la información relacionada con los pagos efectuados al contratista, descritos en la parte resolutiva del acto que liquidó unilateralmente el acuerdo y en ese orden resolvió:

“ART. 1º—Entiéndase incorporada a la parte resolutiva de la liquidación unilateral del contrato 072 de 2006, en la parte pagos efectuados al contratista, el traslado presupuestal indicado en el oficio citado en la parte motiva de esta providencia:

“Pagos efectuados:

“Relación en cuadro anexo se presentan los valores, pagados al contratista por la dirección financiera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares:

“Traslado de cuatrocientos treinta y tres millones trescientos noventa y dos mil novecientos noventa y dos pesos ($ 433'392.992) m/cte, de la cuenta corriente Nº 310-00491.6 ganadero depósitos especiales a la cuenta conjunta Nº 310-00563.2ª nombre de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - unión temporal Seanco (Contrato 072/2006)”.

Así pues, del recorrido fáctico que viene de plasmarse, surge con nitidez que en la etapa de liquidación las partes intentaron un acercamiento con el fin de convenir los términos en que se elaboraría el cruce final de cuentas del negocio. En esa oportunidad, se discutieron los temas relativos a la reclamación elevada por el contratista en lo atinente a los sobrecostos presentados durante la ejecución del contrato y que ahora se identifican con el petitum de la presente causa.

De tal hallazgo da cuenta no solo el contenido del acta 006 del 3 de marzo de 2008, sino el oficio 869 del 31 de marzo de 2008, suscrito por la agencia en repuesta(13) a la petición presentada el 14 de diciembre de 2007 por el contratista, en el cual esta entidad se pronunció frente a la solicitud consistente en el reconocimiento de los sobrecostos por equipos y software adicionales al contrato, servicios técnicos y gastos de personal adicionales al negocio, honorarios jurídicos adicionales al contrato, gastos de legalización de las prórrogas al acuerdo, gastos por intereses del anticipo, costo de oportunidad del K residual e intereses por prepago del IVA, reclamaciones que una vez más fueron rechazadas.

Cabe advertir que en esta misma comunicación la entidad mantuvo su negativa a reconocer el pago de algún costo adicional en la ejecución del contrato, según lo registró la agencia, “en concordancia con lo expresado en acta 006 de 2008 que trata la reunión efectuada el 03 de marzo de 2008”.

De la revisión del acto de liquidación se evidencia que todas las circunstancias anotadas quedaron recogidas en dicha decisión, al punto que el móvil que condujo a la entidad a adoptarla de forma unilateral estribó precisamente en que no existió acuerdo respecto del pago deprecado, producto de lo cual finalmente la entidad se negó a su reconocimiento. Esta negativa, contrario a lo sostenido por el censor, quedó condensada en la resolución liquidatoria por vía de la incorporación que a ella se hizo del acta 0006 del 3 de marzo de 2008, en cuyo texto se sentó el rechazo a las aspiraciones económicas de la unión temporal Seanco.

En el orden expuesto, es indubitable que el acto de liquidación unilateral en referencia contuvo una negativa al reconocimiento de los mismos perjuicios cuyo pago es pretendido dentro de este debate.

De cuanto viene de explicarse debe concluirse que le asiste la razón al tribunal de primera instancia en sostener que en el caso se configuró una ineptitud de la demanda originada en el hecho de que el pluricitado acto de liquidación unilateral no fue atacado cuando ha debido serlo, lo que convierte en improcedente cualquier análisis en relación con la supuesta ocurrencia del incumplimiento del contrato 072 de 2006 como causa generadora de los perjuicios que dicha decisión se ocupó de negar.

Las consideraciones que anteceden conducen igualmente a que deba proferirse un fallo inhibitorio como el que constituye el objeto de la apelación. Como consecuencia, la sentencia impugnada será confirmada íntegramente en cuanto se declaró la ineptitud de la demanda y se inhibió para fallar de fondo las pretensiones.

4. Costas.

De conformidad con lo previsto en la Ley 446 de 1998, en este asunto no hay lugar a la imposición de costas, por cuanto no se evidencia en el sub examine que alguna de las partes hubiere actuado temerariamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el doce (12) de diciembre de dos mil catorce (2014) por el Tribunal Administrativo de Bolívar Subsección Especial de Descongestión.

2. Sin condena en costas por la segunda instancia.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(1) Artículo 75, Ley 80 de 1993. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contenciosos administrativa”.

(2) Establecimiento público del orden nacional creado mediante Decreto 2353 de 1971, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial.

(3) Según el artículo 32 del Estatuto de Contratación Estatal, son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:
“Para los solos efectos de esta ley:
“1º. Se denominan entidades estatales:
“a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.
“(…)”.

(4) Fl. 73 c. 1. “Valor de la indemnización del K de contratación del años 2007…”.

(5) El salario mínimo legal para la fecha de presentación de la demanda, 26 de julio de 2010, correspondió a $ 515.000.

(6) El contrato 072 se rigió por las normas de la Ley 80 de 1993, debido a que se fue celebrado entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, establecimiento público cuyas relaciones negociales se encuentra sometidas al rigor de dicho estatuto como ente contratante y una unión temporal integrada por sociedades, a lo cual se suma que en este asunto no concurre ningún supuesto que lo sitúe en un evento que se encuentre exceptuado de su cobertura.

(7) “10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.
“En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:
“(…).
“d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar; (…)”.

(8) Fls. 246-267 c. 1.

(9) Fl. 4309 c. 1.

(10) De conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 “la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
Cabe agregar que este artículo fue reglamentado posteriormente por el artículo 3º del Decreto 1719 de 2009, según el cual término de caducidad de la acción se suspendería desde el recibo de la solicitud de conciliación prejudicial en la procuraduría, sin que dicha suspensión pudiera exceder de tres (3) meses, atendiendo a las siguientes reglas:
“ART. 3º—Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta:
“a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o
“b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, o
“c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.
“En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente.
“La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada.
“PAR. ÚNICO—Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) meses consagrado para el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará la suspensión del término de caducidad o prescripción”.

(11) Pueden citarse, entre otras: 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2010, Rad. 16941, C.P. Enrique Gil Botero; 2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 7 de noviembre de 2012, Rad. 25915, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; 3. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 2 de mayo de 2013, Rad. 3949, C.P. Hernán Andrade Rincón; 4. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 13 de abril de 2016, Rad. 33792, C.P. Hernán Andrade Rincón; 5. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 30 de agosto de 2017, Rad. 52.510.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Sentencia del 7 de noviembre de 2012, Rad. 440012331000200000293 01 (25915), actor: Laureano Quintero Gómez, demandado: Instituto Nacional de Vías —INVIAS—.
“De esta manera, si el tribunal estimara apta la demanda presentada sobre el incumplimiento contractual sin incluir el acto de liquidación del contrato, y diera curso a una decisión, tendría que limitarse a la causa petendi planteada por el accionante, caso en el cual escindirá la realidad financiera del contrato de obra cuya controversia evalúa y llegaría a administrar justicia prevaleciendo la pretensión del accionante, que con su acción, limitaría al juzgador para conocer y pronunciarse sobre la situación contractual en forma integral. Por ello, no debe permitirse la autonomía de la acción contractual de incumplimiento cuando existe un acto administrativo de liquidación unilateral del contrato”.

(13) FIs. 374-383 c. 1.