Sentencia 2010-00423 de mayo 15 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 66001-23-31-000-2010-00423-01(19710)

Consejero Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Juan Manuel Gómez Vallejo

Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Fallo

Bogotá, D. C., quince de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar la legalidad de la actuación demandada, por medio de la cual fueron negadas las excepciones propuestas por el actor contra el mandamiento de pago 900055 del 24 de marzo de 2010.

En concreto, se trata de decidir si era procedente que la administración notificara al actor mandamiento de pago por haberse declarado sin vigencia la facilidad de pago concedida a la sociedad Gómez Vallejo Hermanos y Cía. Ltda., para la cual aceptó ser garante respecto a las deudas que por impuestos de renta, ventas y retención en la fuente de diferentes períodos tenía la sociedad con la demandada.

El demandante ha sostenido, tanto en la demanda como en el recurso de apelación, que “no existe título ejecutivo” que contenga una obligación clara, expresa y exigible, por las siguientes razones:

— La demandada no expidió un acto previo al mandamiento de pago en el que se haya aceptado su condición de deudor solidario (garante), se indicara si se aceptaba la garantía y si ésta era suficiente para cubrir las deudas de pago.

— Tampoco existe un acto previo en el que haya sido vinculado el demandante y en el que se haya individualizado su calidad de deudor, la proporción en la participación en el inmueble objeto de garantía, los periodos gravables que corresponden a las deudas objeto de garantía y su cuantía.

Pues bien, el artículo 814 del estatuto tributario, en lo pertinente al caso, establece:

ART. 814.—Facilidades para el pago. El subdirector de cobranzas y los administradores de impuestos nacionales, podrán mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos de timbre, de renta y complementarios, sobre las ventas y la retención en la fuente, o de cualquier otro impuesto administrado por la Dirección General de Impuestos Nacionales, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la administración. Se podrán aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior a 3.000 UVT.

(…) (Negrillas fuera de texto).

Como se advierte, la norma transcrita prevé la posibilidad de que los contribuyentes que tengan deudas pendientes por concepto de los impuestos de renta, timbre, ventas y retención en la fuente, así como de los intereses moratorios y sanciones a que haya lugar, soliciten ante la DIAN, el otorgamiento de facilidades de pago para que dentro de un plazo de 5 años(9) el deudor o un tercero a nombre de aquel pague las deudas tributarias.

La norma en mención dispone que el deudor o el tercero a su nombre deberá ofrecer como garantía de pago, la constitución de un fideicomiso de garantía, bienes para su embargo y secuestro, garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros y, en general, cualquier garantía que respalde suficientemente la deuda tributaria con la administración tributaria.

De otra parte, el artículo 814-3 del estatuto tributario señala las actuaciones que el administrador de impuestos o el subdirector de cobranzas están facultados para llevar a cabo ante el incumplimiento de las facilidades de pago por parte del deudor, al dejar de pagar las cuotas pactadas o se incumpliere alguna obligación tributaria a su cargo. El citado artículo señala lo siguiente:

ART. 814-3.—Incumplimiento de las facilidades. Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación de la misma, el administrador de impuestos o el subdirector de cobranzas, según el caso, mediante resolución, podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminación de los contratos, si fuere del caso.

“Inciso 2º derogado por el artículo 21 de la Ley 1066 de 2006”

Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, quien deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma.

Del texto transcrito se colige que cuando el beneficiario de una facilidad de pago incumpla con el pago de las cuotas pactadas o de las obligaciones surgidas con posterioridad, la administración tributaria, mediante resolución, podrá dejar sin efecto la facilidad, declarando sin vigencia el plazo concedido. Adicionalmente, la división de cobranzas ordenará hacer efectiva la garantía ofrecida por el contribuyente o un tercero, hasta el monto de la cuantía adeudada a la fecha y ordenar la práctica de las medidas cautelares de embargo, secuestro y remate de bienes.

Ahora bien, dentro de los documentos y actos administrativos que prestan mérito ejecutivo, el numeral 4º del artículo 828 del estatuto tributario prevé:

ART. 828.—Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo:

1. (…)

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

(…)

De acuerdo con lo anterior, la ejecutoria del acto administrativo que declara sin vigencia la facilidad de pago es el momento a partir del cual se convierten en título ejecutivo, las garantías ofrecidas por el propio contribuyente o por los socios o terceros en el caso de las personas jurídicas.

En este punto es preciso anotar, que si bien el artículo 814-2 ib. establece que: “en ningún caso el garante podrá alegar excepción alguna diferente a la de pago efectivo”, la Sección(10) ha señalado que:

“Esta restricción debe ser entendida en concordancia con el parágrafo del artículo 831, adicionado por el artículo 84 de la Ley 6ª de 1992, que determina:

“ART. 84.—Excepciones del deudor solidario:

PAR.—Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederán además, las siguientes excepciones:

1. La calidad de deudor solidario.

2. La indebida tasación del monto de la deuda”.

Adicionalmente, sobre este particular y, previamente a hacer el respectivo análisis, es pertinente mencionar que la corporación ha sostenido que las excepciones que son viables de estudio en el proceso de cobro coactivo, son aquellas que tienden a enervar el título ejecutivo, y no pueden referirse a asuntos de fondo que debieron ser tratados en la vía gubernativa en que se controvirtió el título ejecutivo”.

Para analizar la procedencia de los argumentos del apelante, es pertinente analizar los antecedentes y las pruebas documentales que obran en el expediente.

Se advierte que mediante Resolución 200080811000062 del 10 de septiembre de 2008, la demandada declaró sin vigencia la facilidad de pago que había sido concedida a la sociedad Gómez Vallejo Hermanos y Cía. Ltda., mediante Resolución 20060808000023 del 19 de abril de 2006, por cuanto se habían dejado de pagar obligaciones fiscales surgidas con posterioridad a dicho acuerdo de pago, correspondientes al impuesto sobre la renta de los años gravables 2006 y 2007 e impuesto sobre las ventas periodos 4º y 6º del año gravable 2006, 1º a 6º del 2007 y 1º a 3º del 2008(11).

Sin embargo, la sociedad deudora, a través de su representante legal, tramitó ante la división de gestión de recaudo y cobranzas de la seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira, una solicitud de facilidad de pago por las deudas antes indicadas, para lo cual radicó el 29 de septiembre de 2008, formatos individuales(12) suscritos por los señores Samuel Eduardo Gómez Vallejo, en su calidad de socio y gerente de la sociedad deudora(13), y María Victoria Gómez Vallejo y Juan Manuel Gómez Vallejo(14).

En el formato correspondiente al demandante, se advierte que el señor Juan Manuel Gómez Vallejo manifestó lo siguiente:

“me comprometo solidariamente con las obligaciones de Gómez Vallejo Hermanos y Cía. Ltda., identificado con (…), por los siguientes conceptos y periodos:

ConceptoAño/periodoImpuestoSanción
Ventas2006/0119.081.000 
Ventas2006/044.318.000 
Ventas2006/0644.491.000 
Retención2006/014.276.000 
Ventas2007/0119.087.000 
Ventas2007/0222.056.000 
Ventas2007/0321.324.000 
Ventas2007/0415.349.000 
Ventas2007/054.432.000 
Ventas2007/062.056.000 
Ventas2008/0118.520.000 
Ventas2008/0225.652.000 
Ventas2008/031.466.000 
Ventas2008/0412.449.000 
Renta200719.869.000 
Renta200612.655.000 

 

“Manifiesto que mi patrimonio está representado en:

Tipo de bienDescripciónUbicaciónAvalúo
InmuebleCuota parte M.I. 290-57984La Siria - rural36%

 

“Y autorizo a la DIAN para que se decreten las medidas cautelares pertinentes sobre los bienes que respaldan el cumplimiento de la obligación garantizada, cuando a ello hubiere lugar. (…)”.

Además de los formatos antes indicados, a la solicitud de facilidad de pago se anexaron, entre otros, un avalúo comercial del predio “La Campiña” ubicado en el paraje La Siria, vereda Nuevo Sol de la jurisdicción del municipio de Pereira, en el que se especifica que los propietarios son los señores Samuel Eduardo Gómez Vallejo (36%), Juan Manuel Gómez Vallejo (36%), Mauricio Gómez Vallejo (15%) y María Victoria Gómez Vallejo (13%)(15) y que el valor estimado del predio es de $517.000.000.

Con fundamento en la anterior documentación, la DIAN expidió la Resolución 900016 del 2 de diciembre de 2008, por medio de la cual se incluyen “las obligaciones fiscales que se relacionan a continuación, surgidas con posterioridad a la facilidad de pago Nº 20060808000023 del 19 de abril de 2006”.

ConceptoAño/periodoImpuesto
Ventas2006/044.318.000
Ventas2006/0644.491.000
Ventas2007/0119.087.000
Ventas2007/0222.056.000
Ventas2007/0321.324.000
Ventas2007/0415.349.000
Ventas2007/054.432.000
Ventas2007/062.056.000
Ventas2008/0118.520.000
Ventas2008/0225.652.000
Ventas2008/031.466.000
Ventas2008/0412.449.000
Renta200719.869.000
Renta200612.655.000

 

En el numeral 2º de la parte considerativa de la resolución en mención se indica lo siguiente: “Que el bien ofrecido en garantía para el pago de las obligaciones en dicha resolución es:

Tipo DescripciónIdentificaciónAvalúo
Inmueble36% propiedad de Samuel Eduardo Gómez VallejoPredio rural, vereda San Joaquín, Matrícula Inmobiliaria 290-57984$439.450.000
36% propiedad de Iván (sic) Manuel Gómez Vallejo
13% propiedad de María Victoria Gómez Vallejo

 

En el numeral 3º de la parte resolutiva de la resolución que concedió una nueva facilidad de pago, por las obligaciones antes relacionadas, se señala: “3. Aceptar la garantía otorgada y descrita en el numeral 2º de la parte motiva de la presenta resolución”.

La resolución que concedió la facilidad de pago fue notificada a la solicitante de la facilidad de pago, esto es, a la sociedad Gómez Vallejo Hnos. y Cía Ltda., el 4 de diciembre de 2008 y obra a folio 471 vto. del cuaderno de antecedentes administrativos, el acuse de recibo de la empresa de mensajería Servientrega.

Con lo anterior se demuestra que el demandante ofreció como garantía real por las obligaciones tributarias de la citada sociedad, el inmueble con Matrícula Inmobiliaria 290-57984. Además se observa que la garantía aceptada corresponde a la cuota parte del bien inmueble que fue ofrecido por Samuel Eduardo Gómez Vallejo, María Victoria Gómez Vallejo así como por el demandante.

En ese contexto, se advierte que contrario a lo afirmado por el demandante, la garantía ofrecida fue aceptada por la administración en la Resolución 900016 del 2 de diciembre de 2008 y en el mismo acto quedaron cuantificadas las deudas que se respaldaron con la garantía y el porcentaje de su participación en el inmueble ofrecido.

Ahora bien, teniendo en cuenta la normativa que ya fue analizada, se advierte que en el artículo 814 del estatuto tributario no está previsto requisito adicional alguno que determine la obligación de la DIAN de expedir un acto previo, en el que se acepte la garantía ofrecida y la calidad de garante del tercero que interviene en la solicitud de facilidad de pago de un deudor de obligaciones tributarias.

Sobre esta exigencia alegada por el demandante, la Sección se pronunció en la sentencia del 4 de abril de 2013, Expediente 18970, M. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez(16), así:

Se observa que la norma en mención exige, para la concesión de la facilidad de pago, en lo atinente a la garantía con bienes, simplemente que el deudor o un tercero “… ofrezca bienes para su embargo y secuestro…” a satisfacción de la administración.

Estos bienes pueden ser embargados y secuestrados antes o simultáneamente con el mandamiento de pago, según lo dictan los artículos 837 del estatuto tributario, o, específicamente para el incumplimiento del acuerdo de pago, se podrá igualmente practicar el embargo, secuestro y remate de los bienes, con el acto administrativo mediante el cual se deja sin efecto la facilidad de pago, de acuerdo con el artículo 814-3 ib.

Las normas legales referidas no exigen requisito adicional o diferencial cuando se trata de bienes inmuebles, como erróneamente lo plantea el excepcionante. (…)

En este orden de ideas, no es viable adicionar requisitos a los expresa y restrictivamente consagrados en las normas tributarias que regulan el cobro coactivo, a fin de hacer más gravosa la constitución de garantías a favor del fisco.

De acuerdo con esto, el escrito del 10 de abril de 1997, a través del cual la sociedad (…) ofreció como garantía de la deuda de la sociedad (…), varios bienes inmuebles de su propiedad, es suficiente para el efecto y para que pudieran ser embargados, secuestrados y rematados con miras a de satisfacer la obligación.

Este hecho hace viable la constitución de la garantía y por ende otorga la calidad de garante de la deuda a la sociedad (…), condición que lo configura como deudor solidario en los términos del literal f) del artículo 793 que señala:

“Responsabilidad solidaria. Responden con el contribuyente por el pago del tributo: (…) f) Los terceros que se comprometan a cancelar las obligaciones del deudor”” (negrillas fuera de texto).

Como se advierte, la administración no estaba obligada legalmente para expedir un acto previo e independiente en las condiciones alegadas por el actor, pues el ofrecimiento de la garantía es suficiente para entender que el otorgante adquiere la calidad de garante de la deuda.

La Sala observa que el 14 de julio de 2009 y el 21 de agosto de 2009, la DIAN expidió requerimientos de facilidad incumplida dirigidos al demandante en su calidad de garante, que fueron notificados por correo según sello impreso en los actos de fechas 16 de julio de 2009(17) y de 25 de agosto de 2009(18), respectivamente.

Posteriormente, la administración profirió la Resolución 20090811000079 del 3 de septiembre de 2009, por medio de la cual declaró sin vigencia la facilidad de pago otorgada en la Resolución 900016 del 2 de diciembre de 2008 a la sociedad Gómez Vallejo Hnos. y Cía. Ltda., en la que se deja constancia de que el interesado no pagó las cuotas 7, 8 y 9 correspondientes al impuesto a las ventas del 6º periodo de 2006 y las surgidas con posterioridad, decisión que fue notificada por correo al demandante el 19 de octubre de 2009, según guía de Servientrega 1016555979, que contiene el acuse de recibo(19) y, luego, mediante aviso publicado en el diario El Tiempo del 6 de noviembre de 2009(20).

En esas condiciones, al quedar ejecutoriada la Resolución 20090811000079 del 3 de septiembre de 2009(21) expedida por la jefe de división de gestión de recaudo y cobranzas de la DIAN seccional de Pereira, la garantía ofrecida por el actor se convirtió en título ejecutivo conforme con el numeral 4º del artículo 828 del estatuto tributario.

La Sala observa que frente a la indebida tasación de la deuda, en la demanda se sustentó esta alegación en que la DIAN “no determinó el porcentaje de participación del garante en el bien inmueble objeto de garantía y por ende la tasación de la obligación que le correspondería”, argumentó que quedó desvirtuado en las consideraciones expuestas en cuanto a que en el acto que aceptó la garantía ofrecida se determinó el porcentaje del inmueble que corresponde al demandante en un 36%.

Adicionalmente, en cuanto al hecho de que la administración está cobrando varias veces la misma cantidad dineraria a los deudores, se observa que tal aspecto no fue alegado en sede administrativa ni en la demanda sino con ocasión del recurso de apelación. Sin embargo, se advierte que la responsabilidad como garante a que alude el artículo 814-2 del estatuto tributario, referida a los socios o terceros que voluntariamente hayan ofrecido garantías al suscribir la facilidad de pago, está circunscrita a la participación ofrecida y aceptada en los bienes objeto de la garantía.

Por las consideraciones anteriores, la Sala confirmará la sentencia apelada que negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada del 10 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Se reconoce personería para actuar a la doctora Sandra Liliana Cadavid Ortiz, en representación de la entidad demandada.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(9) En casos especiales se pueden conceder plazos de dos años (E.T., art. 814).

(10) Sentencia del 4 de abril de 2013, Expediente 18970, M. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(11) Folios 396 y 397 c. a.

(12) Folios 406 a 412 c. a.

(13) Según certificado de existencia y representación legal aportado con los documentos que hicieron parte de la solicitud de facilidad de pago en mención. (fls. 417 a 419 c. a.). No figuran como socios ni el actor ni la señora María Victoria Gómez Vallejo.

(14) El demandante actuó a través de su apoderada general, la señora María Victoria Gómez Vallejo, para lo cual aportó Escritura Pública Nº 2.303 del 27 de diciembre de 1999 de la Notaría Sexta del Círculo de Pereira (fls. 459 a 463 c. a.).

(15) También se aportó certificado de tradición del predio identificado con Nº de Matrícula 290-57984 del círculo registral de Pereira, en el que figuran los mismos porcentajes (fl. 421 c. a.).

(16) En esa oportunidad la Sala analizó lo siguiente: “el debate gira en torno a si el escrito de ofrecimiento de garantía de la deuda de Hotel Torre de Cali & Cía Ltda., suscrito por el representante legal de la sociedad J. Inversiones S. A., era suficiente para vincular los mencionados bienes en garantía de la obligación tributaria. Si lo era, tendría la condición de garante de la obligación y, por ende, sería considerado deudor solidario de las obligaciones de la sociedad Hotel Torre de Cali & Cía. Ltda. y viceversa, si no lo es, no sería garante y por tanto, tampoco deudor solidario”.

(17) Folio 487 c. a.

(18) Folio 494 c. a.

(19) Folio 508 c. a.

(20) Folio 514 c. a.

(21) Folios 498 y 499 c. a.