Sentencia 2010-00432 de octubre 20 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 230011102000201000432 01

Magistrado ponente:

Dr. Henry Villarraga Oliveros

Aprobado en Sala Dual según Acta 22 de la misma fecha

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala de Primera Instancia Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política y el artículo 42 de la Ley 1474 de 2011(2), tiene competencia a través del poder preferente otorgado por esta última disposición, para conocer de los procesos disciplinarios que en principio serían de competencia de sus seccionales.

Por ello, mediante Acuerdo 075 del 28 de julio de 2011, se modificó y adoptó el reglamento interno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a través del cual se crearon las respectivas salas duales a efectos de garantizar el debido proceso y la doble instancia.

Y es así como, en el sub examine, mediante sesión de Sala Ordinaria 094 celebrada el día cinco (5) de octubre de 2011, se decidió dar trámite preferente al proceso disciplinario adelantado en contra de la doctora Rita del Carmen Muentes Lafont en su condición de fiscal 24 (e) delegada ante los juzgados penales del circuito de Montelibano (Córdoba).

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala Dual a emitir el presente pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

2. Problema jurídico y caso concreto.

El problema jurídico en esta oportunidad, será determinar si se reúnen o no los presupuestos para disponer dentro de las presentes diligencias, la suspensión provisional de la doctora Rita del Carmen Muentes Lafont en su condición de fiscal 24 (e) delegada ante los jueces penales del circuito de Montelibano (Córdoba), hoy fiscal 10 local de Lorica.

Para ello, será necesario advertir que la figura de la suspensión provisional aparece regulada en el Código Disciplinario Único, como una medida de carácter temporal que busca evitar que durante el trámite de la actuación, la permanencia del disciplinado en el cargo, interfiera en la investigación o permita que continúe cometiendo la falta o la reitere. Para ello baste citar la norma que contiene dicha medida:

“ART. 157.—Suspensión provisional. Trámite. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.

El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia...”.

De la norma transcrita surgen evidentes varios presupuestos en orden a que opere tal medida, entre ellos, i) que la actuación se encuentre en etapa de investigación disciplinaria o de juzgamiento, ii) que se trate de faltas calificadas como graves o gravísimas, iii) que se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia del disciplinado en el cargo, función o servicio público posibilite su interferencia en el trámite de la investigación, que continúe cometiendo la conducta reprochada o que la reitere; y por supuesto iv) que dicha decisión preventiva se emita de manera motivada.

Pues bien, en el caso concreto tenemos que contra la aquí disciplinada se dispuso mediante auto del 30 de marzo de 2011, la apertura formal de la investigación disciplinaria por las irregularidades que se presentaron respecto a los actos urgentes relacionados con la incautación de los dineros que habían sido obtenidos dentro del operativo realizado por la Fuerza Aérea en el municipio de Ayapel, en la suma de dos millones cien dólares y la devolución alterada de la misma cantidad al Banco de la República, luego de la cancelación de los comprobantes de custodia, lo cual, a no dudarlo, podría configurar la incursión en faltas disciplinarias graves o gravísimas que dieron lugar incluso a una investigación de tipo penal adelantada por la Fiscalía 338 Seccional por el delito de peculado por apropiación en contra de la doctora Muentes Lafont y dos funcionarios del CTI, diligencias dentro de las cuales se realizo audiencia de formulación de acusación, dentro de la cual se solicito medida de aseguramiento en contra de los acusado, petición a la que no se accedió por considerar el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento que no constituían un peligro para la sociedad, circunstancia que aunada con el material probatorio recaudado, nos permite afirmar la presunta actuación contraria a la ley, al posiblemente encontrarse incurso en la falta calificada por el legislador como gravísima y consagrada en el numeral primero del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el artículo 397 del Código Penal, todo ello en armonía con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002(3).

En efecto, está demostrado hasta este momento procesal, que a la doctora Rita del Carmen Muentes Lafont en su condición de fiscal 24 seccional de Montelibano - Córdoba, le fue asignada la noticia criminis que se generó por el operativo desplegado por la Fuerza Aérea, el tres (3) de noviembre de 2009, cuando fue obligada a aterrizar una avioneta sospechosa proveniente de Honduras, huyendo su tripulación, pero dejando abandonada una maleta contentiva de dos millones cien dólares americanos, representados en billetes de 100, dinero que fue puesto en custodia en el Banco de la República de Montería, lugar de donde fue sacado por la funcionaria presuntamente para la práctica de experticio y que al ser devuelto, los funcionarios del banco se percataron que gran cantidad de los billetes correspondían a fotocopias, por lo que rechazaron el depósito, en donde se observa que la conducta desplegada por la funcionaria judicial no estuvo acorde, teniendo en cuenta que los dineros retirados representaban una cuantiosa cifra y por tal motivo debió adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier actividad ilícitas sobre ese monto, sobretodo cuando tuvo conocimiento que dentro de las instalaciones del banco no se podía realizar el dictamen, cuando traslado sin ningún tipo de seguridad el dinero, en su carro particular, desconociendo los servicios policiales o el carro brindado que le fue ofrecido, según se menciona en la declaración del gerente del Banco de la República de Montería y luego entregarlos al perito sin tomar ninguna medida que impidiera que los dólares fueran objeto de alguna actividad delictual, en donde el riesgo era evidente.

Dentro de las diligencias se estableció que el diez (10) de febrero de 2010 le fue entregado el dinero a la fiscal investigada, de conformidad al contenido del depósito en custodia y registro fílmico, y que el veintiséis (26) de abril del mismo año, cuando se pretendió realizar el acta de entrega y recibo de los veinte mil un billetes de 100 dólares americanos, para constituir a ordenes de la Fiscalía 24 Seccional de Montelibano, se pudo determinar que una buena parte de los dineros presentado son al parecer falsos, pues se tratan de fotocopias comunes y corrientes, lo anterior, pese a que los bienes se encontraban bajo la vigilancia y su custodia, de la funcionaria judicial, de acuerdo con el informe de policía, la declaración del gerente del Banco de la República, quedando plenamente establecido que el dinero entregado a la Fiscalía para la realización de un nuevo experticio, no fue el que se pretendió devolver.

Es así como, en el caso particular, para la Sala por ahora es claro que la investigada tenía bajo su custodia esos elementos materiales de prueba o evidencia física, en donde al parecer se incumplió el programa metodológico ordenado y por ello tener que proceder a realizar una nueva inspección judicial por parte del documentólogo a fin de que se examinara billete por billete, hecho que solo percibió tres meses después del operativo y propiciar que se cancelara la custodia, para luego dos meses después, determinarse que lo que se pretendía devolver al Banco de la República, eran fotocopias en blanco y negro, afectando presuntamente con este comportamiento la credibilidad de la administración de justicia y el patrimonio del Estado.

En este orden de ideas, encuentra esta Sala Dual que, la conducta de la doctora Rita del Carmen Muentes Lafont como fiscal 24 Seccional (e) de Montelibano - Córdoba, pone en peligro la imparcialidad y transparencia de la administración de justicia, situación por la cual se considera que una funcionaria que al parecer se apartó del sendero de la legalidad que deben revestir sus actuaciones judiciales, no puede permanecer en su cargo, pues resulta evidente que su permanencia allí podría constituir una reiteración de la conducta que va en contravía de los fines del Estado en materia del servicio de la administración de justicia, porque como fiscal, según las pruebas allegadas, seguiría conociendo de procesos en los cuales se realicen incautaciones y decomisos, con lo cual podría continuar obrando de manera contraria a sus deberes, pasando por alto los protocolos, la normatividad vigente y las medidas que se consideren procedentes para la salvaguardia, de lo que se encontraba bajo su recaudo, haciendo un severo llamado de atención al magistrado de conocimiento de instancia, porque en hechos como el que nos ocupa en el presente caso, se omita el tomar decisiones que pueden afectar la administración de justicia y que han requerido que en virtud al cumplimiento de los mandatos de la Ley 1474 del pasado 12 de julio de 2011, para la lucha contra todos los actos de corrupción, esta sala dual haga uso del poder preferente dentro de esta actuación.

De esta manera, la Sala Dual considera reunidos los requisitos de la Ley 734 de 2002, para suspender provisionalmente a la doctora Rita del Carmen Muentes Lafont, del cargo de fiscal 10 local de Lorica - Córdoba.

Por lo demás, dígase que la presente decisión tiene un carácter eminentemente preventivo, no sancionatorio, que se hace necesario en el sub judice, para defender los intereses de la sociedad y en el caso particular del Estado, como se ha sostenido reiteradamente, sin que per se implique, una definición o análisis de la responsabilidad de la aquí disciplinada.

Por lo expuesto, la Sala Dual Séptima de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales,

RESUELVE:

1. Decretar medida de suspensión provisional por el término de tres (3) meses en contra de la doctora Rita del Carmen Muentes Lafont, identificado con la cédula de ciudadanía 34.976.593 de Montería, como fiscal 10 local de Lorica - Córdoba, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión interlocutoria.

2. Comuníquese de manera inmediata la presente decisión, a la funcionaria disciplinada, a la Dirección Seccional de Fiscalías de Córdoba y a la pagaduría respectiva.

3. Remitir de manera inmediata, el expediente a la Sala de Segunda Instancia de las salas duales de decisión conforme capítulo IV del Acuerdo 075 del 28 de julio de 2011, a efectos de que se trámite el grado de consulta de la presente decisión, de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 157 de la Ley 734 de 2002.

Notifíquese, y cúmplase».

(2) Poder preferente creado por el estatuto anticorrupción.

(3) 1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

ART. 397.—C.P. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ochenta (180) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado.