Sentencia 2010-00432 de septiembre 3 de 2014 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 23001110200022010004304

Magistrado Ponente:

Dr. Néstor Iván Javier Osuna Patiño 

Ref.: Funcionario en apelación

Denunciado: Rita del Carmen Muentes Lafont – Fiscal 24 Seccional de Montelíbano (Córdoba)

Denunciante: Juan Alberto Libreros Morales y Procurador 134 Judicial

Primera instancia: Destitución e inhabilidad por 10 años

Decisión: Confirma

Prescripción: 9 de febrero de 2015

Registro proyecto: 1 de septiembre de 2014

Aprobado según Acta N° 69 de 3 de septiembre de 2014

Bogotá D. C., tres de septiembre de dos mil catorce

I. Objeto de la decisión.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 18 de julio de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba(1), por medio de la cual se declaró disciplinariamente responsable a la doctora Rita del Carmen Muentes Lafont, en su condición de Fiscal 24 Seccional de Montelíbano (Córdoba), imponiéndole la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por espacio de 10 años, tras hallarla responsable de incumplir el deber consagrado en artículo 153.1 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 250.3 de la Constitución Política; 114.4, 216, 254, 255, 258, 261, 263 de la ley 906 de 2004; 196 y 48.1 de la Ley 734 de 2002 y 397 del Código Penal, modificado por el artículo 33 de la ley 1474 de 2011.

II. Antecedentes y actuación de primera instancia 

1. Las presentes diligencias se originaron en la denuncia presentada por el Teniente Coronel Juan Alberto Libreros Morales el 22 de noviembre de 2010 (Oficio No. 56821 /DECOR-SIJIN.29) ante el comandante del Departamento de Policía de Córdoba. Dicha comunicación fue trasladada primero a la Procuraduría General de la Nación y luego a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, el 1º de diciembre de 2010.

Según el funcionario de policía mencionado, el 2 de noviembre de 2009 la Fuerza Aérea Colombiana persiguió y obligó a aterrizar a una avioneta “sospechosa” proveniente de Honduras, en la “pista aeroportuaria del municipio de Ayapel”, Córdoba. Una vez se detuvo, sus tripulantes emprendieron la huida y abandonaron la aeronave junto con “una maleta en lona negra, la cual contenía en su interior la suma de dos millones cien dólares (2.000.100) Americanos, representados en billetes de 100”.

A continuación, la Policía Judicial del municipio de Ayapel realizó los actos de incautación de los elementos encontrados y pusieron a disposición de la Fiscal 24 Seccional de Montelíbano dra. Rita del Carmen Muentes Lafont, quien después de verificar la autenticidad de los billetes, el 4 de noviembre de 2009 dispuso su custodia en la sede de Montería del Banco de la República, “por intermedio del señor mayor Wilson Barreto Roa”.

El día 10 de febrero de 2010, la Fiscal Muentes Lafont retiró el dinero del banco con el argumento que “debía someterlo a nuevos análisis periciales referentes a documentología”. Sin embargo, el 26 de abril de 2010 el investigador criminalístico del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Montería, Antonio Fernández Morillo intentó volverlo a depositar en el Banco de la República, pero sus funcionarios se abstuvieron de recibirlo, al encontrar que en su mayoría correspondían afotocopias”. Ante estas circunstancias, el señor Ciro Campos Collazos, gerente del Banco de la República sede Montería, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación.

2. El 1º de febrero de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba avocó conocimiento de la queja y abrió indagación preliminar. En consecuencia, ordenó notificar personalmente a la fiscal Muentes Lafont de esta decisión, le solicitó rendir informe escrito sobre los hechos denunciados en su contra en el término de 10 días hábiles, decretó como pruebas el testimonio del señor Ciro Campos Collazos —gerente del Banco de la República sede Montería—, y compulsó copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación, con respecto de dos funcionarios del CTI mencionados en la queja (a saber, Antonio Fernández Morillo y Claudia Navarro Argumedo).

3. El 25 de febrero de 2011 se recibió el testimonio del señor Ciro Campos Collazos, gerente del Banco de la República sede Montería(2). En su declaración, describió el proceso de entrega de sumas de dinero dejadas en custodia al banco. Así, según el funcionario el proceso de constitución y cancelación de custodias se encuentra reglamentado y comienza con la verificación de los bienes, en este caso, billetes, su empaque en bolsas transparentes y luego “se le adhieren unos sellos de características especiales que garantizan la inviolabilidad de la custodia”. Con respecto a la cancelación, indicó que primero se valida la orden de la autoridad judicial que la expide, lo cual implica constatar su ejercicio actual del cargo y reconocer sus respectivas firmas. Una vez comprobada la validez de la orden de cancelación, se cita al funcionario, “se le pone de presente el empaque original, los sellos intactos y tratándose de dinero se le solicita a la persona que reclama la custodia la verificación de la cantidad y autenticidad del dinero. Surtido este proceso se firma un acta de recibo a satisfacción de los bienes custodiados, momento en el que termina para el Banco de la República la responsabilidad de la custodia”.

Con respecto a la entrega puntual de las dos bolsas de dinero que contenían los dos millones de dólares a la fiscal Muentes, el señor Campos Collazos manifestó que fueron puestas a disposición de aquella “en presencia de funcionarios del banco y monitoreado por el circuito cerrado de televisión”. De igual forma, señaló que le facilitaron a la funcionaria “máquinas recontadoras de dinero”, frente a lo cual aquella se negó a utilizarlas argumentando que “tenía plena confianza en el Banco de la República” y que “estaba de prisa”.

Al respecto, el gerente en cuestión informó que el dinero entregado era el mismo recibido en el mes de noviembre de 2009 y que “cajeros” de esta institución validaron su “autenticidad” y “cantidad”. Adicionalmente, indicó que una vez depositado el dinero en las arcas de “alta seguridad con acceso restringido” del banco, se efectuó mensualmente un “arqueo” que implicaba constatar la existencia de los “paquetes”, pero no incluía su manipulación o la verificación de su contenido.

Ahora bien, el día en el cual el técnico del CTI asignado por la doctora Muentes intentó constituir una nueva custodia del dinero incautado, los funcionarios del Banco de la República encontraron que las bolsas contenía, además de dinero auténtico…fajos de fotocopias burdas”. En consecuencia, se abstuvieron de recibirle tales elementos y levantaron un acta de lo sucedido.

No obstante, ante la noticia de la fallida diligencia de entrega del dinero, la fiscal Muentes se acercó a las instalaciones del Banco con el fin de conocer los motivos de aquel rechazo e indagando sobre la posibilidad de que el Banco hubiese verificado parcialmente la autenticidad de los dólares la primera vez que los recibió en noviembre de 2009, ante lo cual, el señor Campos Collazos le informó que “en el Banco de la República se da certeza sobre el 100% de los dineros que custodia, es decir, que los veinte un mil billetes fueron palpados por cajeros…y de acuerdo con su experiencia se trataba de billetes auténticos de 100 dólares de los Estados Unidos”.

4. En escrito recibido el 22 de marzo de 2011 la funcionaria rindió informe escrito sobre los hechos objeto de controversia. Al respecto, indicó que el lunes 2 de noviembre de 2009 el director de la Fiscalía Seccional de Montería le encargó las diligencias relativas a la incautación de unos billetes encontrados en una avioneta ubicada en el municipio de Ayapel. Entre las 8 y las 9 de la noche se le informó que la Policía local había trasladado el dinero al “comando de la 29” de Montería. Un vez arribó a dicha dependencia, les solicitó trasportar los billetes a la “URI de Montería” para su custodia. De igual forma, les solicitó determinar la cantidad exacta de dólares encontrada. En virtud de esta labor, los miembros de la policía precisaron que en total eran 20 mil un billetes de cien dólares de los Estados Unidos.

Al día siguiente, volvió a reiterar su petición de trasladar el dinero a la fiscalía, con el fin de someterlos a “cadena de custodia”, ante lo cual los funcionarios de la Policía le manifestaron que primero debía llevarlo a la Sijín ante un “técnico documentólogo” para que le realizara una inspección urgente a los billetes. Entonces, procedió a elaborar la orden para efectuar dicho trámite, consistente “en la inspección a todos y cada uno de los billetes, determinando cantidad de billetes, denominación, valor y la serie de cada uno”.

Asegura que la mencionada diligencia se realizó de forma parcial, pues los funcionarios de la Sijín se limitaron a “contar los dólares”, “sin determinar la legitimidad de todos los 20.001 billetes” ni su número de serie. A continuación, sostiene que “de muy buena fe” suscribió el acta levanta en tal oportunidad “sin leer su contenido”, con el fin de poder entregar el dinero prontamente al Banco de la República.

Una vez llegaron al citado Banco, les informaron que debían regresar al día siguiente (nov. 4/2009), pues solo los miércoles se abrían sus “arcas”. Por consiguiente, le encargó su depósito al Mayor Wilson Barreto Roa, “Jefe de la Seccional de investigación criminal de Córdoba”, puesto que debía dirigirse al municipio de Ayapel a realizar la audiencia de trámite de la incautación de los dineros y demás bienes decomisados.

El 4 de noviembre de 2009, antes de llevar el dinero al Banco de la República, el Mayor Barreto efectuó una “rueda de prensa” en la cual exhibió el dinero públicamente, sin contar con su autorización respetiva, afectando con ello la “cadena de custodia” de los bienes. “Días después”, el gerente del Banco se comunicó con ella para entregarle los “títulos judiciales” de los dólares incautados.

Ahora bien, advierte que en enero de 2010 encontró que “la inspección judicial realizada por el documentólogo de la Sijín en los actos urgentes a los 20.001 billetes de 100 dólares cada uno, no la había realizado conforme se le había ordenado ya que no se inspeccionó billete por billete”.

Teniendo en cuenta lo anterior, le solicitó a dicho técnico que le explicara por escrito los motivos por los cuales no “hizo fijación fotográfica de cada uno de los billetes”, ni registró sus números de serie o la autenticidad de los mismos.

En respuesta, dicho funcionario le aclaró que la premura de tiempo le impidió llevar a cabo tales procedimientos, y que la inspección se practicó seleccionando de forma aleatoria “un billete de dólar de un paquete y otro de otro”. Sin embargo, destacó que “por su experiencia” “le parecía que todos podían ser auténticos”.

“Debido a este mal procedimiento”, ordenó adelantar “otra inspección” sobre el dinero incautado, pero decidió no delegarla en la Sijín, pues para la época “se encontraban trasladando personal…para todas partes y esa unidad se encontraba revolucionada”, situación que la condujo a oficiarle a la Directora del CTI de la Fiscalía General de la Nación, para que designara un perito documentólogo que realizara aquella actuación.

Más adelante, le notificaron que el señor Antonio Fernández Morillo estaría encargado de inspeccionar los billetes, por lo cual, procedió a solicitarle al gerente local del Banco de la República su colaboración al respecto. No obstante, con “sorpresa” le indicaron que al interior de las instalaciones del referido Banco no podía adelantarse la inspección, situación que la obligó a trasladar el dinero al CTI de la Fiscalía de Montería.

Así las cosas, autorizó por escrito al señor Antonio Fernández Morillo para retirar el dinero en custodia, pues demás “no quería contaminar[s]e con dichos dólares”. Sin embargo, se llevó otra “sorpresa” cuando los voceros del Banco le informaron que solamente podían entregarle el dinero a ella, pues “tenía que previamente firmarles la cancelación de los títulos o depósitos judiciales”.

Por este motivo, le “tocó - obligadamente” acercarse al banco a retirar el dinero, en donde se dio inicio a la correspondiente “traumatología interna” (sic) para la cancelación de los títulos originales y la devolución de los dólares. Así, le exhibieron los dos paquetes contentivos del dinero, cuyos números de referencia eran 004555 y 004556, y en el cual “cada fajo de billete estaba envuelto con papel del Banco de la República”. Como se percató que el dinero no estaba en la maleta negra con la cual se depositó en la institución bancaria, le preguntó al gerente si le iban a entregar “esos paquetes así pelaos…entonces el gerente se echó a reír y dijo: No doctora los vamos a entregar empacados y buscaron una caja de cartón que en letras negras decía Banco de la República”.

Seguidamente, se dispuso a retirarse del banco “sin contar los billetes”, en su vehículo particular, pues aquel no dispuso un vehículo oficial para su trasporte. Con todo, los funcionarios del banco le informaron que ordinariamente el traslado de dinero se realizaba con la asistencia de personal de policía, a lo cual se negó, pues le “dio cierto recelo y mucho miedo, ya que muchos policías se prestan para muchas cosas malas”, y prefirió llamar a su esposo para que la llevara hasta el CTI de Montería.

Una vez abandonó la sede del Banco, a las 11:45 de la mañana, se demoró 15 minutos en llegar a las oficinas del CTI y no encontró un funcionario que la atendiera. Por consiguiente, esperó sentada en el pasillo hasta aproximadamente la 1:45 p.m., cuando finalmente llegó la señora Nur Lacharme, secretaria de la Unidad de Criminalística del CTI. Posteriormente, a las 2 p.m. llegó el técnico documentólogo Antonio Fernández Murillo quien con la ayuda de otros funcionarios abrió las cajas donde estaba el dinero, tomaron fotos de las mismas, ante lo cual la señora Montes decidió salir de la oficina con el fin de evitar “viciar la diligencia”.

Después de esta entrega, asegura que “supo que existió demora” en la finalización de la inspección sobre los billetes, que requirió verbalmente al técnico para que le informara sobre los resultados del dictamen, y que se desentendió del asunto por cuanto el 12 de abril de 2010 la trasladaron a la Fiscalía 9º local de Montería. Pasado el tiempo, se enteró de que el dinero resultó ser falso según el concepto de “un funcionario que habían enviado de Bogotá” y que el 26 de abril de 2010 el Banco de la República se abstuvo de volver a custodiar los billetes al constatar que eran en realidad fotocopias.

Efectuada la anterior narración, la señora Montes solicitó numerosas pruebas, entre otras, la noticia de prensa publicada en el Diario El Universal el 3 de noviembre de 2009, en donde consta una fotografía de la maleta en cuyo interior estaba los 20.001 billetes de 100 dólares; el expediente penal abierto con ocasión de la incautación de aquel dinero; y el acta de entrega del mismo al Banco de la República el 4 de noviembre de 2009.

5. En providencia del 30 de marzo de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaira del Consejo Seccional de Córdoba decidió abrir investigación en contra de la Fiscal Rita Muentes, por su posible incursión en la falta disciplinaria descrita en el artículo 48.3 de la Ley 734 de 2002, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 48.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

[…] 3. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.

De igual forma, solicitó varias pruebas y ordenó aportar las respectivas certificaciones laborales, de tiempo de servicios, salarios devengados y antecedentes de la funcionaria.

6. El 23 de mayo de 2011 el Banco de la República seccional Montería, remitió copia de los registros en video de las actuaciones relacionadas con la “constitución y cancelación de un depósito en custodia de moneda extranjera, realizados el 4 de noviembre de 2009 y 10 de febrero de 2011” (sic)(3).

7. El 2 de agosto de 2011 la Fiscalía General de la Nación envió a la Sala de primera instancia, copia de las fotografías tomadas en “el momento de la entrega el día 10 de febrero de 2010 por parte de la Doctora Rita del Carmen Muentes Lafont al CTI de Montería” del dinero incautado(4).

8. El 15 de septiembre de 2011 se declaró cerrada la etapa de investigación(5).

9. En oficio del 5 de octubre de 2011, el Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le comunicó a su homólogo de la Seccional Córdoba, que en ejercicio del poder preferente dispuesto en la ley 1474 de 2011, esta colegiatura asumiría el trámite del presente expediente disciplinario(6).

10. El 6 de octubre de 2011, el magistrado instructor Miguel Alfonso Mercado Vergara, ordenó remitir a esta Sala el proceso disciplinario en cuestión(7).

11. El 20 de octubre de 2011 la Sala Dual compuesta por los Magistrados José Ovidio Claros Polanco y Henry Villarraga Oliveros decretó como medida cautelar la suspensión provisional en el ejercicio del cargo por el término de 3 meses de la Fiscal Rita Muentes, al encontrar que su permanencia en dicha actividad podría facilitar la repetición de las conductas ilícitas por las cuales se le investiga(8).

12. El 7 de marzo de 2012 la Sala Dual señalada formuló pliego de cargos contra la investigada, al considerar que incurrió dolosamente en la falta gravísima prevista en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, complementado con la descripción objetiva del delito de peculado por apropiación, contenida en el artículo 397 del Código Penal(9). En su concepto, la fiscal Muentes incumplió con su deber de adoptar los protocolos establecidos por la Ley 906 de 2004 “para asegurar la cadena de custodia de los dineros incautados a efectos de evitar lo que a la postre ocurrió”. De este modo, desconoció los deberes previstos en el artículo 153.1 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 250.3 de la Constitución Política, y los artículos 114.4(10), 216(11), 254(12), 255(13), 258(14), 261(15) y 263(16) de la Ley 906 de 2004(17).

13. El 14 de marzo de 2012 la Sala Dual decidió extender por tres meses más la medida cautelar de suspensión provisional en el ejercicio del cargo decretada en contra de la Fiscal Muentes, al encontrar que su permanencia en la función pública podía representar un riesgo a la transparencia e imparcialidad con la cual debe operar la administración de justicia(18).

14. En escrito recibido el 17 de abril de 2012 el defensor de confianza de la funcionaria investigada rindió descargos(19). Al respecto, efectuó una narración detallada de los hechos que antecedieron a la entrega del dinero incautado al Banco de la República, para concluir que nunca hubo una verdadera “cadena de custodia” sobre los mismos y que el citado banco nunca verificó su autenticidad, a pesar de lo cual los recibió a satisfacción y los resguardó en sus bóvedas de seguridad.

De igual forma, discutió que el documentólogo Bairon Mena Mena hubiese inspeccionado todos los billetes incautados antes de su entrega al Banco el 4 de noviembre de 2009, por cuanto, a su juicio, solamente revisó un fajo de 500 billetes, aleatoriamente. También aseguró que el Banco debió manipular los billetes recibidos, por cuanto fueron entregados en una maleta negra, y devueltos por aquel en dos cajas de cartón rotuladas. Adicionalmente, sugirió que mientras el 4 de noviembre de 2009 en la caja fuerte de aquella entidad reposaban cinco registros de custodia más dos de los dólares incautados (es decir, 7 registros en total), en el acta de arqueo del 30 de noviembre de 2009 no se incluyeron los dos números de identificación con los cuales fueron depositadas las cajas contentivas de los dólares en cuestión.

Por otro lado, afirmó que la falta de voluntad delictiva de la Fiscal Muentes puede inferirse de su intención de realizar la segunda inspección sobre los billetes al interior del Banco de la República, pero recordó que tal diligencia no pudo realizarse en dicho lugar por políticas internas de la institución financiera.

También advierte que resulta imposible fotocopiar los 20.001 billetes de dólares en el lapso de tiempo que trascurrió entre recibió del dinero en la mañana del 10 de febrero de 2009, y su entrega en la oficina local del CTI, el mismo día a las 2 p.m., lo cual se comprueba con el ejercicio que realizó al interior del proceso penal abierto por los mismos hechos, en donde contrató a una “investigadora privada” y a tres ayudantes, para que fotocopiaran esa cantidad de billetes, lo cual les tomó en total 57 horas y 30 minutos.

15. En auto del 18 de mayo de 2012 el magistrado ponente decretó más pruebas, entre ellas, las solicitadas en el escrito de descargos de la funcionaria investigada(20).

16. El 4 de junio de 2012 la investigada volvió a pronunciarse sobre los hechos objeto de controversia(21). Al respecto, reiteró que el 3 de noviembre de 2009 el documentólogo Bairon Mena Mena le dio a entender que había realizado la inspección de todos y cada uno de los billetes incautados, y que de “muy buena fe” ella suscribió el acta de recibo de los mismos, “sin leer su contenido, por la premura o apuro de que era objeto por parte del comandante del Departamento de Córdoba que argumentaba que se tenía que trasladar inmediatamente esos dineros al Banco de la República”. Por lo cual, para el mes de enero de 2010 se percató de la verificación incompleta de la autenticidad de los billetes encontrados, situación que la llevó a ordenar una nueva diligencia sobre los mismos.

El resto de su narración coincide con lo aseverado previamente en su escrito del 22 de marzo de 2011. Con respecto a su negativa de contar y verificar el dinero recibido por el Banco de la República el 10 de febrero de 2010, la funcionaria no ofreció explicaciones y frente a su rechazo de recibir escolta policial para trasladar los billetes de aquel a la sede del CTI en Montería, la funcionaria aseguró que la “idea” que “de inmediato se [l]e vino a la cabeza” es que corría mayor riesgo si los transportaba con ayuda de la policía, pues muchos casos de “fleteo” en la región fueron cometidos con la participación de miembros de la Fuerza Pública, por lo cual, prefirió pedirle asistencia a su esposo, quien la llevó con los billetes a la mencionada dependencia oficial.

Finalmente, efectuó una narración de las etapas procesales que a la fecha se habían surtido al interior del proceso penal abierto en su contra por los mismos hechos.

17. En oficio recibido el 15 de junio de 2012, la Unidad de Seguridad Electrónica del Banco de la República envió “copia original de los registros fílmicos” del circuito cerrado de televisión del área de tesorería del Banco de la República de Montería, de los días 4 de noviembre de 2009, 10 de febrero de 2010 y 26 de abril del mismo año(22).

18. El 8 de agosto de 2012 se recibió la declaración del Edwin Moreno Mena, miembro de la Sijín de Montería. En su relato, describió los hechos que rodearon la incautación del dinero en cuestión el 2 de noviembre de 2009 y su puesta a disposición de la Fiscal Rita Muentes al día siguiente.

19. Por petición de la defensa, el 9 de agosto de 2012 se efectúo una ampliación del testimonio rendido por el señor Ciro Antonio Campos Collazos, gerente de la sucursal Montería del Banco de la República. En la misma, reiteró el procedimiento de constitución y entrega de depósitos a favor de instancias judiciales. Con respecto al día 4 de noviembre de 2009, aseguró que se recibió el dinero incautado por parte de la Policía Nacional, previo recuento y verificación de los billetes. Posteriormente, el papel moneda se empacó en bolsas trasparentes con un sello llamado “cáscara de huevo”, el cual garantizó que el dinero no fue manipulado por funcionarios del Banco.

Por otro lado, señaló que el día de entrega del dinero (10 de febrero de 2010), la Fiscal Muentes se negó a realizar su necesaria verificación y conteo de los billetes, con el argumento de que “estaba de afán” y que “confiaba plenamente en los funcionarios del Banco” de la República.

20. El mismo 9 de agosto se recaudó el testimonio del señor Edilberto Rivera Rivera, empleado del Banco de la República. Este funcionario manifestó que el día 4 de noviembre de 2009, cuando se constituyó el depósito de los dineros incautados al interior del Banco y con registro fílmico, se llevó a cabo el proceso de conteo y verificación de cada uno de los billetes de 100 dólares entregados por órdenes de la Fiscal Rita Muentes.

21. El 15 de agosto de 2012 el magistrado instructor Henry Villarraga Oliveros ordenó devolver las diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de la Seccional de Córdoba, por cuanto la Corte Constitucional profirió la sentencia C-619 de 2012, mediante la cual declaró inexequible el artículo 42 de la Ley 1474 de 2011, que creó el poder preferente a favor de esta colegiatura(23). En virtud de tal sentencia, los expedientes de aquella naturaleza debían retornar a las Salas Seccionales competentes.

22. El 7 de septiembre de 2012, el magistrado Miguel Alfonso Mercado Vergara de la Sala Seccional de Córdoba avocó el conocimiento del presente asunto y ordenó recibir el testimonio del documentólogo Bairon Mena Mena, adscrito a la Sijín(24).

23. El 14 de enero de 2013 se corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión, de acuerdo con el artículo 55 de la Ley 734 de 2002(25).

24. El 24 de abril de 2013 la Sala de primera instancia declaró la nulidad de lo actuado a partir del 14 de enero de 2013, por cuanto la providencia adoptada en esa fecha no fue notificada al defensor de la funcionaria investigada, situación que lo privó de presentar sus alegatos finales(26).

25. El 17 de junio de 2013, el abogado de confianza de la disciplinada radicó sus alegatos de conclusión ante la Sala de primera instancia(27). Con el fin de solicitar el archivo de las diligencias a favor de su defendida, reiteró su versión de los hechos y, en particular, puso en tela de juicio la existencia de una verdadera “cadena de custodia” sobre los dólares incautados, dada la forma en la cual fueron manipulados por los miembros de la Policía que los encontraron; insistió en la falta de verificación sobre la autenticidad de los billetes antes de depositarse en el Banco de la República el 4 de noviembre de 2009; cuestionó que en las bóvedas de dicha institución no se hubiesen manipulado; argumentó que la doctora Muentes obró legítimamente cuando decidió no contar ni verificar el dinero recibido por parte del Banco el 10 de febrero de 2010; justificó su negativa a ser trasladada a la sede del CTI con escolta policial en el riesgo para su seguridad que ello representaba; y retomó su teoría sobre la imposibilidad fáctica que durante el lapso de dos horas la Fiscal hubiese podido copiar los 20 mil un billetes de cien dólares objeto de controversia.

III. Decisión de primera instancia 

El 18 de julio de 2013 se dictó sentencia condenatoria en contra de la fiscal Rita del Carmen Muentes Lafont. En sus consideraciones, la Sala de primera instancia señaló que los elementos de prueba recaudados permitían inferir con certeza la comisión de la falta disciplinaria imputada.

Según el a quo, la Fiscal Muentes fue la encargada de tramitar la cancelación, el retiro y la devolución de los billetes incautados en una operación que lideró la Fuerza Aérea Colombiana. Así mismo, se comprobó que aquel dinero fue contado y verificada su autenticidad tanto por miembros de la Policía Nacional como por los funcionarios del Banco de la República que lo recibieron el 4 de noviembre de 2009.

También quedó plenamente acreditado que la disciplinada solicitó por escrito al Banco la cancelación de la custodia con el argumento que debía someter los billetes a una nueva verificación de autenticidad, labor que no se pudo llevar a cabo en las oficinas de aquella institución y frente a lo cual, la señora Muentes decidió recibir el dinero sin efectuar su conteo y verificación y luego, trasladarlo a la sede del CTI sin escolta policial, en un vehículo conducido por su esposo.

Esta conducta irregular de la imputada, trasgredió sus deberes funcionales y en especial, las normas procesales en materia penal, que le imponen el deber de “adelantar las tareas pertinentes para asegurar los elementos materiales probatorios garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”. En palabras de la Sala Seccional:

No admite discusión alguna que la justiciable cuando retiró los caudales de autos de la entidad bancaria donde estaban depositados debió observar esos protocolos pues sabía plenamente los riesgos que implica sacarlos de ahí sin adoptar ninguna medida protectora para evitar que contra esos valores se cometiera alguna ilicitud.

Su proceder antijurídico se hace más patente cuando se sabe que se negó a recibir tanto el servicio de trasportadora para el acarreo de los dólares desde el Banco de la República hasta el CTI, así como el acompañamiento policial de rigor, donde dice haberlos entregado al técnico Antonio Fernández Morillo, lugar en el que se mantuvo sin vigilancia alguna hasta las dos de la tarde cuando éste llego procediendo a la entrega sin ordenar medida de amparo alguna para proteger la billetería mencionada, dejándolos en esas condiciones para la pericia que había ordenado, produciéndose entonces la falsificación que se conoce en autos”.

Por otro lado, descartó los argumentos defensivos invocados por la funcionaria, pues, en especial, consideró probado el hecho de que los billetes fueron verificados y contados de forma previa a su entrega al Banco de la República, en especial, teniendo en cuenta el protocolo general que se aplica en tales eventos por dicha institución, el registro fílmico de tal procedimiento y los testimonios de los trabajadores de aquella entidad financiera y de los agentes de Policía, obrantes en el expediente. En tal sentido, señaló que las autoridades del Banco son “personas con idoneidad” para determinar si el dinero era falso, situación que hubiesen advertido al momento de contarlo y que les hubiese llevado a rechazar su consignación.

También rechazó la supuesta manipulación interna de los dineros en custodia del Banco, teniendo en cuenta que los diferentes fajos disponían de sellos de seguridad que se destruían con cualquier intento de modificación y, además, por cuanto a diferencia de lo aludido por la defensa, sí existe evidencia de la presencia del dinero en el arqueo realizado el 30 de noviembre de 2009, según el “reporte de custodia” obrante a folio 139 del expediente(28). Así, para el a quo: “lo explicado indica que los dineros depositados por la disciplinada sí estaban en el lugar destinado por el Banco de la República para su custodia el día 30 de noviembre de 2009 cuando se hizo el arqueo referenciado”.

Por otro lado, la Sala de primera instancia aclaró que no censura la posible validez de la orden dirigida a someter por segunda vez los billetes a una inspección sobre su autenticidad. Dicha decisión pudo tener asidero en las necesidades de la investigación penal emprendida por la Fiscal Muentes. Sin embargo, reprocha la forma en la cual se llevó a cabo tal diligencia, pues inexplicablemente y sin tener en cuenta el elevado monto de dinero que estaba en juego, la funcionaria desatendió los protocolos exigidos en materia penal para conservar la cadena de custodia, y se rehusó a contar y verificar el dinero recibido el 10 de febrero de 2010, así como a obtener escolta policial o transporte de seguridad por parte de la gerencia del Banco de la República.

Frente al argumento de que resultaba imposible fotocopiar todos los billetes en el lapso de dos horas que se empleó la funcionaria para trasladar los dólares al CTI, la Sala de primera instancia advirtió que dicho alegato para nada favorece a la justiciable, dado que el énfasis del reproche disciplinario está en su incumplimiento de los deberes de custodia y control sobre los elementos probatorios, los cuales en ese caso consistían en uno billetes equivalentes a una elevada suma de dinero.

La modalidad dolosa de la conducta se fundamentó en que la doctora Muentes tuvo la ocasión y el conocimiento necesario para adoptar “todas las medidas de rigor con el fin de proteger los caudales que le fueron entregados en el Banco de la República”. Sin embargo, omitió desplegar cualquier conducta en tal sentido, “procediendo a dejar los dólares en las oficinas del CTI completamente desprotegidos”, lo cual devino en el resultado “desastroso” ya conocido.

En virtud de las anteriores consideraciones, decretó la destitución e inhabilidad general por el término de diez años en contra de la funcionaria Rita Muentes, al declararla responsable por desconocer el deber consagrado en el artículo 153.1 de la Ley 270 de 1996, al violar el artículo 250.3 de la Constitución, en concordancia con los artículos 114.4, 216, 254, 255, 258, 261 y 263 de la Ley 906 de 2004, 196 y 48.1 de la Ley 734 de 2002 y 397 del Código Penal, modificado por la Ley 1474 de 2011.

IV. Recurso de apelación 

El 31 de julio de 2013 la funcionaria sancionada interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia(29). Su principal motivo de descontento radicó en la falta de valoración de numerosos elementos de prueba relativos a la manera en la cual se incautaron los billetes por agentes de la Policía Nacional, y el tratamiento que se les dio de forma previa a su depósito en las arcas del Banco de la República. Además, rechazó la autenticidad de los dólares en cuestión, con base en su supuesta falta de verificación integral y en su traslado y constante manipulación por diversos miembros de la Fuerza Pública.

Adicionalmente, insistió en la aparente inexistencia de las cajas contentivas de los dólares incautados en el acta de arqueo a la caja fuerte del Banco elevada el 30 de noviembre de 2009, y en la imposibilidad fáctica de fotocopiar 20.001 billetes en un lapso de dos horas (que fue el tiempo durante el cual tuvo en su poder el dinero el día 10 de febrero de 2010).

Por otro lado, indicó que no le son exigibles los deberes de custodia del material probatorio recaudado, pues dichas labores le correspondían a la Sijín o a los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI); y agrega que no se demostró o se obtuvo evidencia relacionada con el momento y el lugar en el cual pudo fotocopiar el dinero perdido. De lo anterior, coligió la inviabilidad de imputarle la comisión del delito de peculado previsto en el artículo 397 del Código Penal, máxime si se tiene en cuenta que a la fecha no ha sido condenada al respecto por un juez competente.

El 5 de agosto de 2013, la doctora Rita Muentes sustentó por su cuenta el recurso de apelación interpuesto. Al respectó, consideró que se le sancionó por su “relación objetiva” con los billetes incautados. En tal sentido, alegó que su intervención en los hechos del caso se limitó a ordenar la entrega en custodia de los mismos al Banco de la República y luego a ponerlos a disposición del CTI de Montería. En estos dos actos, señaló, ninguna de las dos autoridades referenciadas objetó o rechazó la autenticidad de la suma de dinero en cuestión, por lo cual, no puede entonces ahora reprochársele su pérdida.

En su opinión, ningún nexo físico posterior a dos momentos (entrega al Banco y entrega al CTI) puede endilgársele. De ahí que no sea posible atribuirle el llamado “cambiazo” de los billetes. En realidad, tal conducta únicamente pudo provenir ya sea de los funcionarios del banco que “los reempacaron en cajas de cartón” o de los miembros del CTI que efectuaron su inspección.

Así las cosas, consideró que no puede ser declarada responsable por un delito que no cometió y con relación al cual no existe evidencia contundente sobre su participación. De lo contrario, afirmó, se le estaría castigando a partir de una forma de responsabilidad objetiva, proscrita por nuestro ordenamiento jurídico.

V. Consideraciones de la Sala 

1. Competencia. 

Conforme las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución y 112.4 de la ley 270 de 1996, esta Sala del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver los recursos de apelación contra las sentencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura del país.

La competencia de la Sala se limita a lo inescindible del recurso de apelación y sobre su contenido habrá de resolverse.

2. Identificación de la investigada. 

En este proceso se investiga a la señora Rita del Carmen Muentes Lafont (C.C. 34.976.593) quien para la época de los hechos se desempeñaba como Fiscal Seccional Nº 24 de Montelíbano (Córdoba). Según el certificado obrante en el expediente, la funcionaria investigada no registraba antecedentes disciplinarios

3. Análisis del caso concreto. 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 21 de julio de 2013 por la Seccional de Córdoba, para lo cual encuentra necesario determinar de manera preliminar los hechos probados en el presente expediente.

El día 2 de noviembre de 2013 la Fuerza Área Colombiana obligó a aterrizar en la “pista aeroportuaria del municipio de Ayapel”, a una avioneta proveniente de Honduras. Luego de aquella operación, agentes de la Policía Nacional incautaron una maleta con 20.001 billetes de cien dólares.

Esta suma de dinero fue exhibida ante los medios de comunicación y puesta a disposición de la Fiscal 24 Seccional de Montelíbano, dra. Rita Muentes. El 3 de noviembre de 2009 esta funcionaria ordenó su conteo y verificación de autenticidad al técnico documentólogo Bairon Mena Mena, quien certificó la cantidad y validez de aquel papel moneda, en acta que suscribió la Fiscal Muentes “sin leerla”.

A continuación, la funcionaria sancionada le encargó al mayor Wilson Barreto Roa el depósito de los billetes en la seccional Montería del Banco de la República. Esta diligencia se efectuó el 4 de noviembre de 2009 y de su recibo, conteo y verificación a satisfacción, se elevó la correspondiente acta(30).

Posteriormente, el día 10 de febrero de 2010 la Fiscal Muentes Lafont se acercó a las instalaciones del Banco de la República a retirar el dinero objeto de controversia, con el argumento de practicarle una nueva inspección técnica dirigida a verificar su autenticidad y cantidad.

La cancelación de aquella custodia se llevó a cabo en presencia del gerente de la sucursal bancaria y otros funcionarios, los cuales le pidieron a la Fiscal Muentes contar el dinero y utilizar el transporte oficial de la institución o recibir la escolta de miembros de la policía para su traslado a la sede del CTI de Montería.

Sin embargo, la funcionaria sancionada rechazó dichos ofrecimientos por cuanto: no disponía de tiempo; confiaba “plenamente” en el Banco de la República y le daba “miedo” recibir la asistencia de la Policía, dado el riesgo de ser víctima de un hurto bajo la modalidad llamada de “fleteo”.

En consecuencia, retiró sola el dinero del Banco en cuestión, aproximadamente a las 11:45 a.m. del 10 de febrero de 2010, y lo llevó personalmente a las oficinas del CTI, en las cuales debió esperar hasta las 2 p.m. para que fuera recibido por el técnico documentólogo Antonio Fernández Morillo.

Posteriormente, cuando se intentó volver a constituir el depósito del dinero en el Banco de la República el día 26 de abril de 2010, los funcionarios de esa entidad se abstuvieron de aceptarlo, al descubrir que se trataba de “burdas fotocopias”.

Por estos hechos, el señor Ciro Campos Collazos, gerente del Banco de la República sede Montería, presentó denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación y la Policía dio traslado para lo correspondiente a la Procuraduría General de la Nación, institución que remitió la queja por competencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.

Luego del correspondiente trámite, dicha corporación judicial castigó a la Fiscal Rita Muentes con sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, al encontrarla responsable de vulnerar el deber previsto en el artículo 153.1 de la Ley 270 de 1996, en armonía con los artículos 114.4, 216, 254, 255, 258, 261 y 263 de la Ley 906 de 2004, 196 y 48.1 de la Ley 734 de 2002 y 397 del Código Penal, modificado por la Ley 1474 de 2011.

Ahora bien, la apelante solicita la revocatoria de aquella providencia, con base en los siguientes argumentos:

1. No se valoraron diversos elementos de prueba relativos al desarrollo que tuvo el trámite de incautación de los 20.001 billetes por parte de la Policía Nacional, y la manipulación que dicha entidad les dio antes de su depósito en el Banco de la República.

2. Nunca se demostró la autenticidad de todos los dólares incautados.

3. Se omitió estudiar la aparente pérdida del dinero en la caja fuerte del Banco de la República, según el “acta de arqueo” realizada el 30 de noviembre de 2009.

4. Resultaba imposible fotocopiar 20.001 billetes en el término de dos horas, que fue el lapso de tiempo que trascurrió entre el retiro del dinero del Banco de la República y su entrega al perito documentólogo del CTI Montería, el 10 de febrero de 2010.

5. Carecía de deberes de custodia sobre el material probatorio recaudado, o, dicha responsabilidad recaía de manera conjunta entre ella y los agentes de la Sijín y el CTI.

6. No es legítimo imputarle la comisión del delito de peculado, por ausencia de prueba directa sobre su apropiación del dinero, falta de demostración del dolo en su conducta e incompetencia de la justicia disciplinaria para declarar la configuración de aquel ilícito.

7. La sanción se funda en un modelo de responsabilidad objetiva, proscrito en el ordenamiento jurídico, por cuanto su actuación se circunscribió a ordenar el depósito de los dólares en el Banco de la República y entregarlos luego al funcionario del CTI de Montería.

Estos argumentos resultan infértiles para generar la revocatoria de la sentencia apelada, por las siguientes razones:

1) La Sala de primera instancia efectivamente se abstuvo de efectuar alguna consideración en torno a las diferentes bitácoras y reportes de operaciones suscritos por agentes de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana durante el tiempo que trascurrió entre el decomiso de los 20.001 billetes y su puesta a disposición a nombre de la doctora Rita Muentes. Según la apelante, el estudio de tales documentos permitiría inferir que nunca se efectúo correctamente la “cadena de custodia” sobre el dinero incautado, y asegura que de allí es posible deducir que nunca se tuvo certeza sobre la autenticidad y la “mismisidad” de los billetes entregados al Banco de la República el 4 de noviembre de 2009.

No obstante, la anterior omisión se justifica en la impertinencia de estudiar los hechos que rodearon el decomiso del dinero y su entrega a la doctora Muentes, teniendo en cuenta el marco fáctico a partir del cual se investigó y decretó su responsabilidad disciplinaria.

Es decir, las acciones y omisiones imputables a la fiscal sancionada no abarcan el tratamiento que tuvo el dinero incautado por parte de agentes de policía u otros funcionaros públicos con antelación al 3 de noviembre de 2009, ni su responsabilidad se derivó de conductas desplegadas por los custodios iniciales de los billetes en cuestión.

El marco fáctico de su imputación y castigo disciplinario en realidad aludió al recibo a satisfacción de manos del documentólogo Bairon Mena Mena de aquel dinero el 3 de noviembre de 2009, y su aceptación del acta elaborada por aquel técnico certificando la cantidad y autenticidad del papel moneda. Adicionalmente, se le reprochó recibir el dinero el 10 de febrero de 2010 sin verificar su cantidad e identidad con el depositado en el Banco de la República; omitir actos mínimos de seguridad que garantizaran la “cadena de custodia” del papel moneda confiscado (tales como su transporte con escolta policial o en vehículos especializados en manejo de valores); así como se entrega al técnico Antonio Fernández Morillo sin verificar, de nuevo, su identidad y sin desplegar actos posteriores de veeduría o control para impedir su pérdida.

En efecto, debe destacarse que la propia Fiscal Muentes reconoció que entregó el dinero al señor Fernández el 10 de febrero de 2010 y luego se desentendió de su custodia, al punto que con sorpresa se enteró de su pérdida, casi que accidentalmente, luego del 26 de abril siguiente, esto es, más de dos meses después de haber omitido su control y custodia sin justificación aparente.

En atención del anterior marco fáctico empleado por el a quo para evaluar la legalidad de la conducta llevada a cabo por la Fiscal Muentes, resultaba abiertamente impertinente adentrarse en el estudio de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la aprehensión de los 20.001 billetes por parte de agentes de la Fuerza Pública el día anterior al 3 de noviembre de 2009.

2) En criterio de la apelante, la Sala de primera instancia nunca contó con elementos de juicio que le permitieran afirmar con certeza la autenticidad de todos los billetes incautados. En consecuencia, no podía castigársele por incumplir sus deberes de custodia como funcionaria pública frente a posibles documentos espurios.

Al respecto, es necesario señalar que toda la argumentación elaborada por la Fiscal Muentes en sus diferentes intervenciones, alegatos y recursos, encaminada a sembrar dudas con respecto a la autenticidad de los billetes decomisados, adolece de insuperables contradicciones que impiden dotarla de veracidad.

En efecto, debe recordarse que el 26 de abril de 2010, tanto los funcionarios del Banco de la República Seccional Montería, como los agentes de la Policía Nacional que intentaron depositar el dinero en sus arcas y los posteriores dictámenes periciales, coincidieron en afirmar que las cajas con el dinero incautado en realidad estaban llenas de “burdas fotocopias”.

Ahora bien, existe una diferencia sustancial y palmaria entre una “burda fotocopia” de papel moneda y dinero “falso” o falsificado. Así, mientras en el primer caso cualquier individuo del común, sin experticia en el área documental, está en capacidad de detectar o reconocer el carácter apócrifo de un “billete fotocopiado”; en el segundo caso, el documento con apariencia de papel moneda reviste unas características físicas especiales que justamente buscan, y a veces logran, engañar al ciudadano inexperto en la materia.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta inconcebible sostener que antes del 4 de noviembre de 2009, y luego del 10 de febrero de 2010, ninguna de las personas que entró en contacto con los billetes incautados, incluyendo a la Fiscal Muentes, percibió la ostensible diferencia que existe entre una “burda fotocopia” y papel moneda auténtico o falso; al punto que hasta dos técnicos documentólogos (Bairon Mena Mena y Antonio Fernández Morillo) estuvieron en incapacidad absoluta de detectar a primera vista aquella situación y que más de tres funcionarios del Banco de la República (entre ellos, varios cajeros y el Tesorero de la Seccional Montería, quienes cotidianamente manipulan papel moneda) tampoco pudieron distinguir a primera vista entre una fotocopia de un billete y uno original, y, en consecuencia, aceptaron recibir en custodia 20.001 “burdas” copias de billetes, equivalentes a dos millones de dólares.

El anterior razonamiento propuesto por la apelante se cae de su peso y choca contra todas las reglas de la experiencia y el principio de la sana lógica con los cuales deben valorarse los argumentos y el material probatorio obrante en cualquier proceso judicial.

Sostener con tanto ahínco, como lo hace la Fiscal Muentes, que nunca se demostró la autenticidad de los billetes incautados y que, por consiguiente, no es posible sancionarla por haber incurrido en la descripción objetiva del tipo penal de peculado, no sería un argumento tan descabellado si los elementos incautados hubiesen sido billetes “falsos” o falsificados. Lo anterior, por cuanto frente a ese tipo de documentos es necesario disponer de un grado de pericia (para identificar su validez) directamente proporcional al nivel de semejanza y destreza con el cual fueron elaboradas las réplicas de los billetes.

No obstante, esa no fue la situación en el caso bajo examen. Se insiste, en esta oportunidad el fraude se cometió empleando simples y llanas fotocopias de billetes de cien dólares, lo cual le resta todo fundamento al alegato propuesto por la apelante en este punto. Así las cosas, el presente cargo resulta infértil y no conduce a la revocatoria de la sentencia apelada.

3) Según la fiscal sancionada, la Sala de primera instancia omitió valorar la aparente pérdida de los dólares incautados en la caja fuerte del Banco de la República, de acuerdo con el “acta de arqueo” realizada el 30 de noviembre de 2009 por trabajadores de aquella entidad. Con fundamento en tal circunstancia, concluye que la institución financiera manipuló internamente el material confiscado, no garantizó su custodia y, por ende, no puede certificar que el 10 de febrero de 2010 le entregó los mismos papeles que guardó el 4 de noviembre de 2009 en sus bóvedas.

En este punto, la Sala hace propias las explicaciones ofrecidas por la Sala de primera instancia frente a la supuesta inexistencia o manipulación de las dos cajas contentivas del dinero almacenado en el banco citado.

Así, el 30 de noviembre de 2009 se realizó el arqueo de la bóveda Nº 3 del Banco (donde se ubicaron las cajas objeto de controversia), y la información concerniente a las custodias existentes para esa época se consignó en dos actas: una obrante a folio 138 (C.O.2) que identificó cinco cajas en el estante Nº 1 con su “número de registro”, y otra obrante a folio 139 (C.O.2) que certificó la presencia de las dos cajas depositadas por la Fiscal Muentes el 4 de noviembre de 2009, con su número de “reporte de custodia” (a saber, “60-09-000002” y “60-09-000003”).

Teniendo en cuenta lo anterior, el argumento propuesto por la apelante en el sentido de que el Banco de la República no garantizó la adecuada guarda del dinero incautado también carece de evidencia empírica que lo sustente.

4) Por otro lado, la funcionaria sancionada considera que la sentencia de primera instancia debe revocarse, por cuanto es imposible fotocopiar 20.001 billetes en el término de dos horas, tiempo durante el cual lo tuvo en su poder el día 10 de febrero de 2010.

La anterior aseveración se escapa del objeto de análisis del juicio de responsabilidad disciplinaria seguido en contra de la Fiscal Rita Muentes. Es decir, a efectos de comprobar la corrección o ilicitud de su obrar a la luz de los deberes funcionales que le eran exigibles en su calidad de funcionaria pública, resulta impertinente invocar la aparente imposibilidad fáctica efectuar rápidamente el “fotocopiado” de los dólares confiscados.

Al respecto, es menester recordar que, por un lado, el Consejo Seccional no la sancionó por considerar probada la realización de tales “copias”, sino por las numerosas irregularidades que cometió con ocasión de la custodia del papel moneda incautado, como se relató previamente.

De las acciones y omisiones dolosas cometidas por la Fiscal Muentes y nunca desmentidas por aquella, resultaba legítimo atribuirle el desconocimiento de los deberes procesales impuestos por la ley 906 de 2004 frente al materia probatorio decomisado por agentes de la Policía Nacional.

Así las cosas, el hecho que para el 26 de abril de 2010 se constatara por parte de funcionarios del Banco de la República que los billetes incautados habían sido cambiados “por burdas fotocopias” no implica automáticamente que la declaración de responsabilidad disciplinaria de la Fiscal Rita Muentes únicamente podía derivarse de comprobar que durante el lapso de dos horas “pudo” imprimir las copias correspondientes a 20.001 billetes de cien dólares.

Este nexo propuesto entre el fundamento de la responsabilidad de aquella y una hipótesis fáctica en particular, carece de corrección, pues se insiste, las conductas en virtud de las cuales se le atribuyó la comisión de varias faltas disciplinarias no aluden a la labor de “copiar” los dólares en cuestión.

5) La recurrente añade que la custodia del dinero decomisado recaía conjuntamente entre ella y los agentes de la Sijín y el CTI que lo manipularon.

Este argumento exculpatorio también contradice la versión de los hechos ofrecida por la doctora Muentes y, en todo caso, desconoce las normas constitucionales y legales que delegan en los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación los deberes de custodia y control de los elementos probatorios recaudados a raíz de la posible ocurrencia de un delito.

Por una parte, la Fiscal sancionada reconoció en sus diferentes intervenciones durante el trámite disciplinario de primera instancia, que los billetes objeto de controversia estaban bajo su entera responsabilidad. En otras palabras, ella fue consciente de su rol y deberes frente a la conservación de los mismos, teniendo en cuenta que habían sido aprehendidos con ocasión de una operación de la Fuerza Pública.

Esta conciencia de su deber de custodia sobre los bienes incautados se infiere en hechos tales como las numerosas órdenes dispositivas que emitió a los funcionarios de Policía en el sentido de que “debían trasladar el dinero a la URI de Montería a disposición de la Fiscalía” (fl. 55 C.O.1), practicarle una inspección sobre su autenticidad (fl. 56 ibíd.), o entregarlo el 4 de noviembre de 2009 al Banco de la República; junto con el reclamo que le formuló al Mayor Wilson Barreto Roa por realizar varias ruedas de prensa para dar a conocer el dinero confiscado, “sin su autorización” (ibíd.).

Como se observa, la fiscal Rita Muentes siempre tuvo presente su papel de responsable del dinero incautado por la Policía Nacional y aprovechándose de tal situación fue que dispuso irregularmente del mismo. Por consiguiente, resulta contradictorio que ahora asegure que aquel no estaba bajo su control o custodia y que en realidad eran los agentes policiales quienes debían asegurar su protección.

Por otro lado, las normas aplicables al momento de los hechos en el ámbito procesal penal sí le atribuían la competencia y obligación de velar por la conservación de los elementos confiscados por la Fuerza Pública a propósito de una operación al parecer de lucha contra el narcotráfico.

Así, la destitución e inhabilidad decretada contra la Fiscal Muentes se fundó en las siguientes normas procesales penales que establecen claramente los deberes específicos en cabeza de los funcionarios adscritos al ente investigador en ese ámbito. Veamos:

Ley 906 de 2004 

ART. 114.—Atribuciones. La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones: […] 4. Asegurar los elementos materiales probatorios y evidencia física, garantizando su cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción.

ART. 216.—Aseguramiento y custodia. Cada elemento material probatorio y evidencia física recogidos en alguna de las inspecciones reguladas en los artículos anteriores, será asegurado, embalado y custodiado para evitar la suplantación o la alteración del mismo. Ello se hará observando las reglas de cadena de custodia.

ART. 254.—Aplicación. Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad competente […]

ART. 255.—Responsabilidad. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los elementos materiales probatorios y evidencia física. Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimento de las funciones propias de su cargo, en especial el personal de los servicios de salud que entren en contacto con elementos materiales probatorios y evidencia física, son responsables por su recolección, preservación y entrega a la autoridad correspondiente.

ART. 258.—Traslado de contenedor. El funcionario de policía judicial o el servidor público que hubiere recogido, embalado y rotulado el elemento material probatorio y evidencia física, lo trasladará al laboratorio correspondiente, donde lo entregará en la oficina de correspondencia o la que haga sus veces, bajo el recibo que figura en el formato de cadena de custodia.

ART. 261.—Responsabilidad de cada custodio. Cada servidor público de los mencionados en los artículos anteriores, será responsable de la custodia del contenedor y del elemento material durante el tiempo que esté en su poder, de modo que no pueda ser destruido, suplantado, alterado o deteriorado.

ART. 263.—Examen previo al recibo. Toda persona que deba recibir un elemento material probatorio y evidencia física, antes de hacerlo, revisará el recipiente que lo contiene y dejará constancia del estado en que se encuentre” (énfasis agregado por la Sala).

Emerge con claridad de la normativa trascrita, que la Fiscal Muentes no sólo debió desplegar todas las previsiones conducentes a garantizar la preservación de la evidencia encontrada por la Fuerza Pública en el lugar donde fue aterrizó la aeronave “sospechosa” (es decir, preservar los billetes encontrados), sino que además debió dejar constancia del estado en el cual recibía y entregaba tales elementos a las demás autoridades involucradas en la cadena de custodia.

No obstante el carácter imperativo de tales obligaciones, sin presentar excusas plausibles, la Fiscal Muentes se abstuvo de sentar constancia del estado en el cual recibió los billetes el día 10 de febrero de 2010, y luego, varios meses después pretendió justificar sus omisiones con argumentos inverosímiles como “el afán” que tenía en esa fecha o su “plena confianza” en los funcionarios del Banco de la República y del CTI.

En conclusión, el presente alegato también deviene improcedente para acceder a la petición de revocatoria elevada por la doctora Rita Muentes.

6) Adicionalmente, la apelante sostiene que no es legítimo imputarle la comisión del delito de peculado, por ausencia de prueba directa sobre su apropiación del dinero, falta de demostración del dolo en su conducta e incompetencia de la jurisdicción disciplinaria para declarar la configuración de aquel ilícito.

Al respecto, basta recordar que la alusión realizada por la Sala Seccional de Córdoba sobre el delito de peculado no implica que dicha autoridad se haya atribuido la competencia para declarar la responsabilidad penal de la Fiscal Muentes.

Por el contrario, aquella mención se justifica en la medida en que es la propia norma disciplinaria, en este caso el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la que explícitamente prevé que constituyen faltas gravísimas imputables a los servidores públicos, entre otras, la comisión de conductas encuadrables objetivamente en un delito penal:

“ART. 48.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.

Con respecto a esta norma, la Corte Constitucional aclaró en la Sentencia C-720 de 2006 que su aplicación no está condicionada a la verificación por parte de un juez penal de la existencia del delito empleado por la justicia disciplinaria para complementar aquel tipo disciplinario abierto (es decir, el artículo 48.1 recién trascrito). Veamos:

“2.1. Para la demandante la aplicación del numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, requiere la participación de una autoridad judicial quien calificaría si la conducta por la cual se ha iniciado el proceso corresponde a un delito. Esta forma de interpretar el precepto demandado no corresponde a lo establecido por el legislador, pues en él quedó previsto que se consideran faltas gravísimas aquellas que atiendan a los siguientes supuestos: i) Que se trate de una conducta objetivamente descrita por la ley como delito; ii) Que la misma conducta punible sea sancionable a título de dolo; y iii) Que la misma conducta se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

Para la Sala es evidente que el Congreso de la República no condicionó la aplicación de la norma sub examine al trámite de un proceso penal y menos aún a la calificación que una autoridad judicial hiciera respecto del comportamiento causante del proceso disciplinario. La disposición atacada obliga al "juez disciplinario" a verificar en la legislación penal si la conducta que ha dado lugar al proceso está descrita objetivamente o tipificada, para posteriormente establecer dentro del proceso a su cargo si la misma conducta fue cometida con dolo o culpa, con el propósito de imponer la respectiva sanción atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 —Código Disciplinario Único—” (resaltado agregado).

Teniendo en cuenta lo anterior, carece de mérito el alegato sobre la falta de competencia de la Sala a quo para referirse al tipo penal de peculado en su sentencia del 18 de julio de 2013, pues, como se demostró, la ley disciplinaria expresamente la autoriza a evaluar la responsabilidad de los servidores públicos a la luz de las descripciones típicas consignadas en el Código Penal vigente y, de acuerdo con las pruebas recabadas en el expediente de marras, era válido inferir que todas las irregularidades cometidas por la doctora Muentes facilitaron la apropiación por ella o por terceros de bienes “cuya administración, tenencia o custodia se le ha[bía] confiado por razón o con ocasión de sus funciones” (L. 599/2000, art. 397).

7) Por último, la apelante considera que fue sancionada con base en un juicio de responsabilidad objetiva, proscrito en el ordenamiento jurídico, por cuanto su actuación se circunscribió a ordenar el depósito de los dólares en el Banco de la República y entregarlos luego al funcionario del CTI de Montería.

Sobre este punto, vale la pena recordar que la conducta de la Fiscal Muentes fue mucho más allá de proferir las dos órdenes señaladas, pues abarcó especialmente una serie de omisiones, abiertamente injustificadas, que facilitaron la pérdida definitiva de una elevada suma de dinero incautada, al parecer, a sujetos vinculados con el negocio del narcotráfico.

Por consiguiente, la Sala de primera instancia imputó en la modalidad dolosa la falta endilgada, teniendo en cuenta no sólo su conciencia de ilicitud y su larga trayectoria al servicio de la administración de justicia, sino especialmente, en virtud de que tuvo la ocasión y el conocimiento operacional necesario para adoptar “todas las medidas de rigor con el fin de proteger los caudales que le fueron entregados en el Banco de la República” y, sin embargo, omitió desplegar cualquier labor idónea con ese propósito, dejando “los dólares en las oficinas del CTI completamente desprotegidos”, lo cual condujo a su desaparición.

Con base en los anteriores razonamientos, esta Colegiatura concluye que ninguno de los alegatos expuestos por la doctora Rita del Carmen Muentes Lafont en sus escritos de apelación, reviste el mérito necesario para suscitar la revocatoria de la sentencia proferida por la Sala Seccional de Córdoba el 18 de julio de 2013.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 18 de julio de 2013 adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba por medio de la cual declaró disciplinariamente responsable a la doctora Rita del Carmen Muentes Lafont, en sus condición de Fiscal 24 Seccional de Montelíbano (Córdoba), imponiéndole la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por espacio de 10 años, tras hallarla responsable de incumplir el deber consagrado en artículo 153.1 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 250.3 de la Constitución Política; 114.4, 216, 254, 255, 258, 261, 263 de la Ley 906 de 2004; 196 y 48.1 de la Ley 734 de 2002 y 397 del Código Penal, modificado por el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011.

2. por Secretaría Judicial comuníquese a todas las partes la adopción de la presente providencia, advirtiendo que contra esta decisión no procede recurso alguno.

3. Háganse las anotaciones del caso y ejecútese la sanción conforme a lo previsto en los artículos 220 y 221 de la Ley 734 de 2002.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Mercedes López Mora.—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.—José Ovidio Claros Polanco.—Angelino Lizcano Rivera.—Néstor Iván Javier Osuna Patiño.—Wilson Ruiz Orejuela.

Secretaria Judicial: Yira Lucía Olarte Ávila.

 

 

1 En Sala conformada por los magistrados Miguel Alfonso Mercado Vergara (ponente) y Ramón de Jesús Jaller Dumar.

2 Folios 36 a 40 cuaderno original No. 1 (C.O.1.)

3 Folio 188 C.O.1.

4 Folios 147 a 172 ibíd.

5 Folio 174 ibíd.

6 Folio 179 C.O.1.

7 Folio 181 C.O.1.

8 Folios 6 a 21 C.O.2.

9 “ART. 397.—Peculado por apropiación. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena será de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado”.

10 “ART. 114.—Atribuciones. La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones: […] 4. Asegurar los elementos materiales probatorios y evidencia física, garantizando su cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”.

11 “ART. 216.—Aseguramiento y custodia. Cada elemento material probatorio y evidencia física recogidos en alguna de las inspecciones reguladas en los artículos anteriores, será asegurado, embalado y custodiado para evitar la suplantación o la alteración del mismo. Ello se hará observando las reglas de cadena de custodia”.

12 “ART. 254.—Aplicación. Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad competente […]”.

13 “ART. 255.—Responsabilidad. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los elementos materiales probatorios y evidencia física. Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimento de las funciones propias de su cargo, en especial el personal de los servicios de salud que entren en contacto con elementos materiales probatorios y evidencia física, son responsables por su recolección, preservación y entrega a la autoridad correspondiente”.

14 “ART. 258.—Traslado de contenedor. El funcionario de policía judicial o el servidor público que hubiere recogido, embalado y rotulado el elemento material probatorio y evidencia física, lo trasladará al laboratorio correspondiente, donde lo entregará en la oficina de correspondencia o la que haga sus veces, bajo el recibo que figura en el formato de cadena de custodia”.

15 “ART. 261.—Responsabilidad de cada custodio. Cada servidor público de los mencionados en los artículos anteriores, será responsable de la custodia del contenedor y del elemento material durante el tiempo que esté en su poder, de modo que no pueda ser destruido, suplantado, alterado o deteriorado”.

16 “ART. 263.—Examen previo al recibo. Toda persona que deba recibir un elemento material probatorio y evidencia física, antes de hacerlo, revisará el recipiente que lo contiene y dejará constancia del estado en que se encuentre”.

17 Folios 36 a 59 C.O.2.

18 Folios 60 a 74 C.O.2.

19 Folios 101 a 110 C.O.2.

20 Folios 183 a 185 C.O.2.

21 Folios 225 a 241 C.O.2.

22 Folio 249 C.O.2.

23 Folio 300 C.O.2.

24 Folio 305 C.O.2.

25 Folio 188 C.O.1.

26 Folios 193 a 195 C.O.1.

27 Folios 207 a 236 C.O.1.

28 C.O.2.

29 Folios 298 a 309 C.O.1.

30 Folio 83 C.O.1.