Sentencia 2010-00435 de abril 26 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-02-04-000-2010-00435-01

Magistrado Ponente:

Dr. William Namén Vargas

Discutida y aprobada en sesión de veintiuno (21) de abril de dos mil diez (2010).

Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La jurisprudencia ha reiterado que el amparo constitucional invocado contra providencias judiciales, solo procede de manera excepcional, es decir contra aquellas decisiones en las que esté presente una vía de hecho ostensible e inobjetable, siempre que esta no haya sido posible remover a través de los medios ordinarios de defensa previstos en la ley; se trata entonces, como un mecanismo de naturaleza excepcional, subsidiario y residual que por tanto le impide al juez constitucional sustituir en las funciones y autonomía asignada al juez natural.

2. Así, la acción de tutela solo es procedente contra providencias judiciales cuando estas sean el resultado de una actuación subjetiva, arbitraria y caprichosa del juzgador, contraria a la normatividad jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, en especial de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

3. Bajo el contexto planteado, comparte esta Sala los argumentos y la normatividad en que el juez constitucional de primera instancia fundó y apoyó la concesión del amparo, pues, si la accionante fue privada del derecho de propiedad por una decisión adoptada en un trámite dentro del cual no fue vinculada, es claro que se le vulneró el derecho a la defensa y contradicción y, por tanto, le asiste razón para reclamar la protección constitucional que aquí demanda.

4. Si bien es cierto que el artículo 66 de la Ley 600 de 2000, faculta al funcionario judicial para cancelar los registros obtenidos fraudulentamente “(…) en cualquier momento de la actuación, cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos…, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite incidental…”, también lo es, que para que la debida protección de esos terceros, en términos de garantías constitucionales, comienza por no ser privados de su propiedad sin haber sido oídos previamente.

5. Sobre este particular “la Corte al resolver acciones de tutela similares a la que ahora es objeto de estudio, ha dicho, analizando el punto que:

(…) Con el fin de adoptar la decisión que en el plano constitucional resulte procedente, obligada se impone la referencia a las preceptivas de la Ley 600 de 2000 que se ocupan de regular el trámite que debe agotarse cuando una persona natural o jurídica, que sin estar obligada a responder penalmente por la conducta punible, tenga un interés patrimonial comprometido dentro del diligenciamiento correspondiente. En esto se tiene lo siguiente:

Tercero Incidental. Artículo 138. Definición, incidentes procesales y facultades.Es toda persona natural o jurídica, que sin estar obligada a responder penalmente por razón de la conducta punible, tenga un derecho económico afectado dentro de la actuación procesal.

El tercero incidental podrá personalmente o por intermedio de abogado, ejercer las pretensiones que le correspondan dentro de la actuación. Podrá solicitar la práctica de pruebas relacionadas con su pretensión, intervenir en la realización de las mismas, interponer recursos contra la providencia que decida el incidente y contra las demás que se profieran en su trámite, así como formular alegaciones de conclusión cuando sea el caso. Su actuación queda limitada al trámite del incidente.

A su vez, el artículo 139 establece la oportunidad, trámite y decisión de los incidentes promovidos dentro del diligenciamiento penal, en el cual se establecen las facultades de quienes ostenten tal condición.

Precisado lo anterior, observa la Sala que, contrario a lo expuesto por el a quo, no hay duda que si se hubiera enterado a la accionante, tanto del trámite de la actuación dentro de la cual estaba afectado el inmueble sobre el cual posee el porcentaje ya indicado, como de la declaratoria de nulidad de la escritura pública 821 del 22 de noviembre de 2004 y su correspondiente registro en el folio de matrícula del inmueble, ordenada por la Fiscalía Segunda Seccional de Pamplona mediante resolución del 17 de enero del presente año, habría estado en condición de oponerse a la decisión a través de un trámite incidental, respetándose así el derecho a la publicidad de las decisiones judiciales, el cual, como ya se advirtió, hace parte de la más amplia noción de derecho al debido proceso y a partir de ello, se habría garantizado que pudiera ejercer realmente su derecho de acceso a la administración de justicia, concurriendo al proceso penal en procura de solicitar la protección del derecho comprometido en dicho trámite.

Sobre el particular observa la Sala que si en el inciso 4º del artículo 66 de la Ley 600 de 2000 se dispone que los funcionarios judiciales están facultados para cancelar registros obtenidos fraudulentamente, ‘sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer mediante trámite incidental’, de una tal posibilidad de intervención fue privada la actora dentro del proceso penal en el cual se dispuso la nulidad de la escritura y registro del bien inmueble que adquirió...” (sent. de mayo 2/2006, exp. T. Nº 25200, reiterada en fallo de nov. 21/2007, exp. 02896).

La Corte Constitucional sobre el mismo tema puntualizó que:

“(...) Ahora bien, el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 600 de 2000 determina que, dentro de procesos como el que aquí se examina, los terceros de buena fe podrán hacer valer sus derechos en un trámite incidental. Pero para que esos terceros de buena fe puedan intervenir en el proceso es necesario que ellos conozcan sobre su existencia. Y si en el certificado de tradición y libertad no consta ninguna anotación vigente que permita alertar a los posibles adquirentes de un inmueble, por lo general, los terceros solamente podrán conocer sobre la existencia del proceso a través de la notificación que les haga la autoridad judicial que lo adelanta.

De igual manera, regularmente, en las circunstancias anotadas, la autoridad judicial únicamente podrá conocer acerca de la existencia de posibles terceros de buena fe que pueden ser afectados por su decisión a través de un certificado de tradición y libertad actualizado. Este certificado puede bien ser aportado por el apoderado de la parte civil o por el denunciante o, en caso de que ello no sea así, deberá ser procurado por el mismo juez, para poder garantizar el derecho de los posibles terceros de buena fe… (Sent. T-259 de mar. 30/2006).

Puestas así las cosas, resulta claro que con la resolución cuestionada que decidió anular la mencionada escritura, sin que en el curso de la investigación se le hubiera garantizado a la actora la posibilidad de intervenir de manera efectiva para alegar sus derechos, pedir pruebas y contradecir los elementos de convicción que se hacen valer en su contra, se le vulneró, como ya se advirtiera, el derecho fundamental al debido proceso, pues no contó con oportunidad alguna para defender el derecho que, según dice, le asiste sobre el inmueble”. Sentencia 14 de abril de 2008, expediente 2007-03494-02.

6. En consecuencia, por lo someramente consignado se impone confirmar el fallo objeto de impugnación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia impugnada.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión».