Sentencia 2010-00447/43377 de junio 1º de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Proceso: 7300123310002010044701 (43377)

Actora: Erik Alí Ramos y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Acción: Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá D.C., primero de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Previo a resolver el presente asunto, se hará un análisis de los presupuestos procesales (i), se formulará el problema jurídico (ii), se determinarán los hechos probados (iii) a fin de establecer si hay lugar a imputar responsabilidad a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la muerte del joven Rosemberg Ramos Rodríguez (iv).

I. Presupuestos procesales.

1. Jurisdicción y competencia.

De conformidad con el artículo 82 del C.C.A., modificado por la Ley 1107 de 2006, para que la jurisdicción administrativa conozca de un asunto debe verificarse que una de las partes del litigio o controversia sea de naturaleza pública. En este caso, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, entidad demandada, es una entidad estatal.

2. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación, puesto que el numeral 1º del artículo 129 del C.C.A., con las modificaciones del artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 1º de la Ley 954 de 2005, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos.

Finalmente, cuando se presentó la demanda —22 de julio de 2010— para que un proceso como el que nos ocupa fuera de doble instancia, la sumatoria de las pretensiones debía exceder, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1395 de 2009, de 500 salarios mínimos. En el caso bajo estudio resulta claro que la exigencia citada se cumple pues las pretensiones ascienden a la suma de $ 2.942.107.657.45, valor que corresponde a 5712,8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2010.

3. Caducidad.

La demanda se presentó en el término exigido en el artículo 136 del C.C.A., es decir, dentro de los dos años siguientes al hecho que generó el daño alegado. Lo anterior pues el 30 de septiembre de 2008 se determinó que Rosemberg Ramos, de quien se desconocía su paradero, había sido víctima de homicidio y la acción se interpuso el 22 de julio de 2010.

4. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa por activa aparece demostrada en el plenario, toda vez que los integrantes de la parte señalan todos tener parentesco con Rosemberg Ramos y otorgaron poder para demandar la reparación del daño causado con su muerte. Esto, conforme al siguiente cuadro.

Nombre  Poder Registro civil
Erik Alí Ramos MorenoPadreFl. 2Fl. 4
Dany Arnulfo Ramos FigueredoHermanoMenor de edad Fl. 5
Yerly Karina Ramos Figueredo HermanaMenor de edadFl. 6
Jhonatan Shamir Ramos RomeroHermanoMenor de edadFl. 7
Juan Sebastián Ramos RomeroHermanoMenor de edadFl. 8
Doris RodríguezMadreFl. 9 Fl. 11
Hemberson Hamir Ramos RodríguezHermano Fl. 14Fl. 16
Mayerly Ramos RodríguezHermanaFl. 14Fl. 18
Erika Lizeth Ramos MorenoHermanaFl. 19Fl. 20
Yuri Viviana Ramos Jaimes XFl. 22
Maria del Carmen Rodríguez PedrozaAbuela-MFl. 24Partida de bautizmo (Fl. 26)
Alicia Ramos vda. de PavaTíaFl. 28Fl. 31
Jair Ramos MorenoTío Fl. 32Fl. 34
Daniel Ramos MorenoTíoFl. 35Fl. 37
Ramiro Ramos Moreno TíoFl. 35Fl. 39
Argenis Ramos de CarvajalinoTíaFl. 40Fl. 42
Luis Alfonso RodríguezTíoFl. 43Fl. 47
Wilson Medina RodríguezTíoFl. 43Fl. 49
Hermes Medina RodríguezTíoFl. 43Fl. 48
Luis Vicente RamosTíoFl. 50Fl. 51
Luz Mirian Ramos MorenoTía Fl. 53Fl. 54
Jeferson Calderon RodríguezHermanoFl. 13 
Angie Carolina Calderon RodríguezHermanaFl. 12 

La accionada está legitimada en la causa por pasiva pues a ella se endilga haber causado el daño padecido por la parte actora, es decir, la muerte de Rosemberg Ramos.

II. Problema jurídico

Es imputable el daño alegado por la parte actora, a saber la muerte de Rosemberg Ramos, a la entidad demandada?

III. Hechos probados

1.1. Cuestión previa. Del mérito probatorio de ciertas evidencias allegadas a la actuación.

La decisión de los recursos de apelación impone las siguientes precisiones en cuanto al mérito probatorio de algunas evidencias allegadas a la actuación:

1.1.1. Prueba trasladada.

Como cuestión previa a acometer el estudio de las evidencias aportadas, es preciso indicar que aquellas que fueron trasladadas y que corresponden al proceso penal adelantado con ocasión de los hechos, serán valoradas por cuanto fueron practicadas por la Nación a través de la Fiscalía General de la Nación, esto es con audiencia de la persona jurídica en cuya representación comparecen las demandadas.

En reciente pronunciamiento, la Sección Tercera de esta corporación unificó su interpretación en cuanto al valor de las pruebas trasladadas, en el sentido de considerar que cuando han sido practicadas en el proceso primigenio por la Nación, por intermedio de cualquiera de los entes públicos que la representan, debe entenderse que lo fueron con audiencia de la referida persona jurídica y, en consecuencia, pueden tenerse válidamente como pruebas. Señaló la corporación en esa oportunidad(1):

[E]n los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y además se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada —la Nación— es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas sólo es necesaria “… cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior…”.

12.2.19. La anterior regla cobra aún mayor fuerza si se tiene en cuenta que, en razón del deber de colaboración que les asiste a las diferentes entidades del Estado(2), a éstas les es exigible que las actuaciones que adelanten sean conocidas por aquellas otras que puedan tener un interés directo o indirecto en su resultado, máxime si se trata de organismos estatales que pertenecen al mismo orden, de tal manera que las consecuencias de una eventual descoordinación en las actividades de los estamentos del Estado, no puede hacerse recaer sobre los administrados, quienes en muchas ocasiones encuentran serias dificultades para lograr repetir nuevamente dentro del proceso judicial contencioso administrativo, aquellas declaraciones juramentadas que ya reposan en los trámites administrativos que han sido adelantados por las entidades correspondientes.

De acuerdo con lo expuesto, las pruebas recaudadas por la Fiscalía General de la Nación son admisibles en cuanto se pretenden hacer valer en contra de la misma persona jurídica a la que esta representó al practicarlas, la Nación.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala tendrá como legamente incorporadas y controvertidas las evidencias trasladadas allegadas y, en consecuencia, las valorará al decidir el fondo del asunto, como lo advirtió en auto del 20 de agosto de 2014 en el que de manera oficiosa decretó como prueba documental la “aportada por la parte demandante el 2 de diciembre de 2013, consistente en un (1) CD y copia simple de la decisión adoptada por el juzgado segundo municipal con función de control de garantía (sic) en audiencia pública del 2 de octubre de 2013 (…) (folio 389 verso cuaderno principal). En esta audiencia, la Fiscalía General de la Nación da cuenta de las pruebas recaudadas dentro de la investigación penal por la muerte de Rosemberg Ramos.

1.1.2. Valor probatorio de las copias informales.

La Sección Tercera de esta corporación en reciente fallo de unificación de jurisprudencia(3), decidió otorgar mérito probatorio a las copias informales, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiera sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría la afectación del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y desconocería la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. En consecuencia, se dará mérito a las documentales aportadas en copia informal.

1.1.3. Valor probatorio de los informes de prensa.

El material probatorio allegado al proceso está constituido, entre otros medios de prueba, por algunas publicaciones de prensa escrita.

Estos medios probatorios, de conformidad con la decisión de la Sala Plena de la corporación del 29 de mayo de 2012(4) no tienen, por sí mismos, la suficiente entidad para probar la veracidad del contenido de la información divulgada, por lo que su eficacia probatoria descansa en el vínculo de conexidad que se acredite con otros elementos probatorios obrantes en el plenario. En consecuencia, “(…) cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”.

De acuerdo con el precedente jurisprudencial, la Sala procederá a valorar probatoriamente los recortes de prensa. Sobre su mérito se pronunciará al realizar el análisis crítico de tales evidencias.

a. Los hechos acreditados.

Conforme a las pruebas allegadas al proceso, se tienen acreditados los siguientes hechos:

1. El joven Rosemberg Ramos Rodríguez, conforme a la historia clínica emitida por el Hospital Militar Central (que da cuenta de su situación médica desde el año 2003), fue diagnosticado de la enfermedad de Lennox Gastout. Tenía antecedentes de epilepsia, sufría de crisis de convulsión y presentaba retardo mental leve desde los 8 años de edad (fls. 70 a 174, c. 1).

2. De igual forma, según la historia clínica emitida por el Hospital San Juan Bautista, se tiene que Rosemberg ingresó el 4 de abril de 2007 por status convulsivo tónico clónico generalizado con crisis parciales cada dos minutos. Sin embargo, el reporte de su evolución fue satisfactorio. Así, se le dio de alta el día 6 de abril de 2007, bajo el insumo de medicamentos (fls. 67 a 69, c. 1).

3. Según informe de inspección técnica a cadáver —FPJ-10—, con número 730016000450200780377 y de fecha 09 de abril de 2007, se tiene que el occiso identificado con NN, de género masculino —cuya muerte se produjo ese mismo día—, fue encontrado entre las veredas Tres Esquinas y Valencia, zona rural de la jurisdicción de Cunday. En la descripción del cadáver se lee:

…con prenda de uso militar tipo camuflado pantalón chaqueta botas de caucho color negro, camiseta en verde oliva, interior marca “Dryons” color gris.

7. Según informe pericial de necropsia 2007010173001000141, al cadáver se le realizó necropsia el día 10 de abril de 2007. En este documento se reporta el resumen de los hallazgos, así:

Heridas múltiples por proyectil de arma de fuego en la región dorsal, el abdomen y en la cara lateral del brazo izquierdo, heridas que pentran (sic) al tórax donde generan extensas heridas pulmonares y vasculares; heridas intraabdominales que generan hemoperitoneo y grandes desgarros viscerales.

Y el perito encargado consignó la siguiente opinión:

Corresponde a un hombre joven de aproximadamente 20 a 25 años de edad, no identificado de, aspecto cuidado, vestido con prendas de uso militar, quien de acuerdo con la escasa información aportada al momento de iniciar la necropsia, se pudo establecer que sufre heridas por el impacto de cinco proyectiles de arma de fuego, los cuales a su paso por el cuerpo le generan importantes lesiones vasculares, pulmonares y de las vísceras intestinales, lo que le produce la muerte prácticamente de forma instantánea. Llama la atención en las prendas que estas muestran numeración poco legible debido a que estos fueron tachados con tinta de color negro, en la parte interna del bolsillo del pantalón de forma poco clara parece corresponder al número 03729032, la del interior de la camisa no es posible definir, sin embargo se toman los recortes de las prendas para posible cotejo en caso de que la investigación lo requiera. CAUSA DE MUERTE: HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO. MANERA DE MUERTE: HOMICIDIO.

8. El día 10 de octubre de 2008, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - seccional Tolima emitió informe técnico médico legal, dirigido al juez ochenta de instrucción penal militar, en donde le informa que, conforme a informe de dactiloscopia, el cuerpo identificado en un principio como NN correspondía al de Rosemberg Ramos Rodríguez. Se expresa en este documento lo siguiente:

Con el presente le estoy enviando copia de informe de dactiloscopia, aportado por el laboratorio de lofoscopia de la ciudad de Bogotá, en el que se identifica fehacientemente el cadáver correspondiente al NUNC:730016000450200780377, a quien se le practico necropsia médico legal el día 12 de abril de 2007, quien ingreso como NN y se identificó fehacientemente como Rosemberg Ramos Rodríguez que se encuentra inhumado en el pantion (sic) de NN’s del cementerio central “San Bonifacio”.

Es de anotar, que se realizó cruce mediante el sistema SIRDEC, encontrándose nombre de contacto, por lo que localizó a los familiares, y el señor Erik Alí Ramos Moreno, con cedula 5886450, asistió a nuestras oficinas, identificándose como el padre del occiso.

Esto con el fin de que se realicen los trámites correspondientes para poder proceder a la entrega del cadáver.

6. Según lo establecido en el certificado de defunción, el señor Rosemberg Ramos Rodríguez falleció el 9 de abril de 2007, sin haberse establecido la hora del deceso pero reportando violencia, como probable manera de muerte (fls. 175 a 176, c. 1).

7. Y conforme al registro civil de defunción Nº 08232125, Rosemberg Ramos Rodríguez se confirma que falleció el 9 de abril de 2007. En la casilla correspondiente al “nombre y cargo del funcionario” se inscribió “juez 80 instrucción penal mil” (fl. 174 c. 1).

8. La investigación por el homicidio de Rosemberg Ramos Rodríguez se adelantó en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario - fiscalía 77 especializada. (fls. 241, 244 a 248 y 255 a 258).

9. En documento emitido por el señor José Luis Ortiz del Valle Valdivieso, procurador delegado disciplinario para la defensa de los derechos humanos, el día 10 de agosto de 2010, se ordenó remitir el expediente del caso sobre la desaparición y asesinato del joven Rosemberg Ramos, al batallón de contraguerrillas Nº 6 “Pijaos” de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, con sede en Ibagué Tolima. Ello, con el objetivo de que la investigación sobre el asesinato de Rosemberg Ramos, fuese acumulada a la investigación 019 de 2008, para que así fuesen adelantadas por la misma cuerda procedimental.

10. Un documento emitido por Lilian Roció Segura Martínez, miembro del grupo de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nacional, el 5 de abril de 2011, se informó al señor Erik Alí Ramos Moreno que la investigación por la desaparición y muerte de su hijo presuntamente, a manos del Ejército Nacional, había sido trasladada a la jefatura de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.

11. El juzgado segundo penal con funciones de control de garantías de Ibagué-Tolima mediante providencia del 2 de octubre de 2013 dentro del proceso adelantado contra algunos miembros de la fuerzas militares implicados en el homicidio de Rosemberg Ramos Rodríguez formuló en el desarrollo de audiencia preliminar imputación de cargos por homicidio agravado a los señores Alez Alberto Iseda Salazar, José Horacio Ortegón Segura, Otoniel Ruiz Yara, José Sandalio Alba Díaz y Florentino Rivera Moreno y les impuso medida se aseguramiento en centro carcelario (fls. 379 a 380, c. principal).

12. En dicha audiencia la Fiscalía General de la Nación da cuenta del informe de patrullaje —cuya existencia y contenido referenciado no fueron desvirtuados por la entidad accionada— en el que se describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que falleció Rosemberg (minutos 9:50 a 13:10 del audio).

Tenemos que los hechos se presentaron el día 9 de abril del año 2007, a eso de las 4:50 horas, entre las veredas Gaberales y San Isidro del corregimiento de Tres Esquinas, en el municipio de Cunday Tolima, donde fue muerto con proyectil de arma de fuego quien en vida respondía los nombres de Rosemberg Ramos Rodríguez, por un grupo de militares de una sección de la compañía Escorpión, del batallón de contraguerrillas nº 6 de los Pijabos de la Sexta Brigada del Ejército Nacional con sede en Ibagué Tolima y que estaba al mando del sargento viceprimero Alex Alberto Izeda Salazar, en donde según estos y tal como dice en el informe de patrullaje de fecha abril 9 de 2007, cuando se encontraban en movimiento táctico nocturno, desde corregimiento de Tres Esquinas, a las veredas Gaberales y San Isidro, en desarrollo a la misión táctica - Antártica 2, y con el objetivo de asegurar la vida por donde iban a ingresar los víveres y las tropas con la instalación de un puesto de observación y escucha a unos 800 metros de distancia, dice que en ese trayecto fueron sorprendidos por tres detonaciones fuertes, se escucharon disparos y reaccionaron disparando sus armas al sitio donde les disparaban, posteriormente, hicieron un registro y encontraron un supuesto se dice textualmente en el informe un supuesto terrorista y explosivista de la cuadrilla 15 de las FARC, dado de baja por uniforme camuflado y material de guerra. Como material de guerra indica el informe de patrullaje una pistola 9 milímetros marca Hitli Cord, con número 78709 y dos proveedores, un radio de comunicaciones scanner marca Kenwood, una granada de mano americana, un cable para detonación americano, dos estopines eléctricos, una mecha lenta, un cuarto de dinamita Hindugel y un cuarto de dinamita Pentonita, la patrulla militar al mando del sargento Alex Alberto Izeda Salazar, estaba integrada por los soldados profesionales José Sandalio Alba Díaz, Otoniel Ruiz Yara, Florentino Rivera Moreno y José Horacio Ortegón Segura, todos estos según la investigación adelantada por la justicia penal militar, en las cuales se les recibieron declaración bajo la gravedad de juramento hicieron uso de sus armas de dotación disparando al sitio donde supuestamente les disparaban, la relación del personal que participó en los hechos aparece de igual forma en el informe, en este informe de patrullaje señalados como testigos y entre otros documentos en el Oficio 977 de fecha noviembre 13 de 2008 del Batallón Pijabos, de lo que se tiene entonces, que se presentó un supuesto cruce de disparos o combate en su sentido amplio en donde se enfrentan un grupo de 5 militares con un hombre armado que al parecer pretendía instalar unos artefactos explosivos por la vía donde iban a pasar unos camiones con provisiones y tropas del ejército.

Análisis de la Sala.

Corresponde a la Sala analizar si las particulares circunstancias en las que el joven Rosemberg Ramos desapareció y fue posteriormente asesinado guardan relación con cualquier tipo de actuación antijurídica de las Fuerzas Militares de Colombia, esto es, si es posible endilgar responsabilidad administrativa a la entidad accionada por la desaparición y muerte de Rosemberg Ramos, concretamente bajo la comisión de una ejecución extrajudicial.

Con el objetivo de desarrollar un análisis completo sobre las pruebas aportadas al proceso, de cara a los estándares probatorios fijados por la jurisprudencia de esta corporación para los casos de ejecuciones extrajudiciales, se observarán las particularidades del régimen probatorio en la jurisprudencia del Consejo de Estado en casos de graves violaciones a derechos humanos (i), se describirá la condición médica del joven Rosemberg Ramos (ii), para pasar a determinar se puede endilgarse responsabilidad a las Fuerzas Militares con la desaparición y muerte de Rosemberg Ramos (iii).

(i) Especificidades del análisis probatorio en casos de graves violaciones a derechos humanos en la jurisprudencia del Consejo de Estado y el control de convencionalidad. 

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha afirmado que cuando se está frente a casos que dan cuenta de graves violaciones de derechos humanos, el análisis probatorio debe flexibilizarse considerablemente, haciéndose más elástico y favorable para la víctima.

En efecto, en sentencia de unificación con fecha del 28 de agosto de 2014, se indicó lo siguiente:

…Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia.

Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas.

Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios…(5).

Con base en las líneas anteriores, se pone de presente que cuando se está frente a casos que comportan una clara violación al DIDH y al DIH, el juez contencioso administrativo está llamado a realizar un análisis probatorio flexible.

Así mismo, también resulta de imperativo análisis la lectura que la Corte Interamericana de Derechos Humanos —en adelante CIDH— ha dado a este asunto. Esto, en virtud del control de convencionalidad que debe adelantar el juez nacional. Antes de ahondar en las especificidades señaladas por la CIDH, vale la pena hacer mención de algunas de las características de este control, que se erige como una ampliación del llamado “bloque de constitucionalidad”, a través del cual ingresan en el ordenamiento interno normas internacionales en materia de derechos humanos, que deben ser usadas para realizar un examen de compatibilidad con las disposiciones y actos internos(6). Según la doctrina, el control de convencionalidad se define como:

“el término que se acuñó en la jurisprudencia para identificar el control que ejercen los jueces nacionales, cuando frente a normas nacionales que deban aplicar a casos concretos de los cuales conozcan, dan prelación a las previsiones de la Convención Americana cuando aquellas normas nacionales le sean contrarias. Este control ocurre, igualmente, cuando los jueces nacionales aplican en el ámbito interno las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana…(7).

Así mismo, la Corte Interamericana ha afirmado que el control de convencionalidad corresponde a la obligación de los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, de ejercer ex oficio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana y la jurisprudencia de la CIDH, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes(8).

En ese sentido, y en aras de cumplir fielmente con el llamado control de convencionalidad, resulta pertinente remitirse a lo considerado por la CIDH. Su jurisprudencia ha señalado también con claridad que en aquellos casos en los que se esté frente a responsabilidad estatal por violación de derechos humanos, el juez goza de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba(9).

En la sentencia de Velásquez Rodríguez vs Honduras, la CIDH afirmó lo siguiente:

…La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados…(10).

Esta postura ha sido reiterada en diferentes ocasiones, resultando de particular interés el informe 11/15 del 23 de marzo de 2015, emitido por la CIDH, en donde señaló que:

…En relación con el estándar de valoración de la prueba en casos de derechos humanos, a la luz de los objetivos del derecho internacional de los derechos humanos, la CIDH recuerda que en el proceso interamericano la valoración de la prueba reviste mayor flexibilidad que en los sistemas legales nacionales. Ello, pues el objeto del análisis no es la determinación de la responsabilidad penal de los autores de las violaciones de derechos humanos sino la responsabilidad internacional del Estado derivada de acciones y omisiones de sus autoridades. Precisamente debido a la naturaleza de ciertas violaciones de derechos humanos, la Comisión evalúa el conjunto de la prueba a su disposición, tomando en consideración reglas sobre carga de la prueba según las circunstancias del caso y acudiendo en no pocas ocasiones a inferencias lógicas, a presunciones, y a la determinación de hechos a partir de un conjunto de indicios y con referencia a contextos más generales…(11).

En ese sentido, y siguiendo la línea argumentativa expuesta, es claro que los hechos relacionados con la desaparición y posterior asesinato de Rosemberg Ramos Rodríguez deben ser analizados teniendo como base los estándares probatorios aplicables a las graves violaciones de Derechos Humanos.

(ii) Sobre la condición médica de Rosemberg Ramos. 

Rosemberg Ramos Rodríguez padecía de epilepsia refractaria o síndrome de Lennox desde que tenía 8 años de edad. Esta enfermedad le producía constantes crisis convulsivas, por las cuales él debía ser internado constantemente en centros de salud, particularmente en el Hospital Militar Central. En esta institución reposa toda su historia clínica pues la patología de Rosemberg era tratada por la Dirección General de Sanidad Militar.

Conforme a su historia clínica —la cual consta de más de 100 folios— aparecen consignados los constantes ataques epilépticos que padecía y las reiteradas ocasiones en que tuvo que ser internado. Ella evidencia los conceptos emitidos por enfermeros, médicos generales, médicos neurólogos, médicos internistas, entre otros profesionales de la salud, y da cuenta de la evolución del joven Rosemberg desde el año 2003 hasta el año 2007.

Para la Sala resulta de especial interés analizar con mayor detalle la sintomatología de la enfermedad que padecía Rosemberg, pues este punto resulta ser clave para determinar cuan viable era la posibilidad de que Rosemberg hiciera parte de un grupo guerrillero.

Según la Asociación Colombiana de Neurología, el síndrome de Lennox-Gastaut es una condición neurológica crónica (prolongada en el tiempo) que se ha definido como una disfunción producida por diferentes desórdenes como por ejemplo meningoencefalitis, malformaciones corticales, tumores, y/o cromosomopatías entre muchas otras causas(12), la cual, es de extraña ocurrencia pues se presenta en tan solo 10 de cada 100.000 nacidos(13).

El inicio de esta enfermedad tiene su principal incidencia entre los 3 y los 8 años de vida(14) y conlleva a quien la padezca a sufrir múltiples crisis epilépticas a lo largo de su vida. Uno de los principales problemas de esta enfermedad es que es resistente a un gran número de medicamentos, por lo que su manejo es difícil y prologado, con complejas expectativas en la calidad de vida del paciente(15), según lo afirma un estudio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos.

Así mismo, vale la pena destacar que existen tres principales signos de la enfermedad, que, en caso de presentarse en un paciente con sospecha de padecer este síndrome, resultan ser confirmatorios. Dentro de estos signos se encuentran las crisis epilépticas(16), presentándose hasta en un 92% crisis tónicas y entre un 26%-56% crisis atónicas(17). Ambas implican pérdida del conocimiento, pero la primera de ellas perdura más en el tiempo y se caracteriza por rigidez muscular en todo el cuerpo, aunado a posteriores movimientos rítmicos de duración variable. Así mismo, los pacientes con síndrome de Lennox se caracterizan por tener una actividad cerebral claramente alterada, sumado a un notorio deterioro mental, el cual se presenta hasta en un 95% de los casos, poniendo en peligro la vida del paciente y ocasionando una clara disminución de su calidad de vida(18).

Con base en la descripción de la patología padecida Rosemberg Ramos, la Sala buscar poner de presente la imposibilidad de que el perteneciese a un grupo guerrillero, descartándose con ello la hipótesis de que su muerte se haya dado en el marco de un combate pues es evidente que su condición médica en ningún escenario le hubiese permitido participar activamente en un enfrentamiento.

En ese sentido, a la luz de la información expuesta, es claro que la enfermedad de Rosemberg generaba que él se viese afectado de manera constante por ataques epilépticos, que aminoraban su calidad de vida y su posibilidad de ser independiente; posibilidad que, por demás, ni siquiera podía ser tratada de manera efectiva con medicamentos, pues según los estudios referenciados la posibilidad de que la enfermedad reaccione de manera positiva con los medicamentos es muy reducida. En el caso de Rosemberg esto era claro pues desde sus 8 años padecía la enfermedad y aún a sus 22 años — edad en la que fue asesinado—, esta le generaba constantes crisis epilépticas que lo obligaban a acudir constantemente al Hospital, como da cuenta su historia clínica.

Con base en lo expuesto hasta este punto, la Sala se pregunta si es posible que una persona que padecía del síndrome de Lennox y que se sufría constantes ataques epilépticos de una altísima gravedad, cuya enfermedad no tenía un pronóstico evolutivo favorable, y que además tenía un deterioro mental, podría participar activamente como miembro activo de un grupo guerrillero. Naturalmente, la respuesta es a todas luces negativa, con lo que se debe descartar la hipótesis de que Rosemberg era un miembro de la guerrilla.

(iii) Sobre la responsabilidad de la entidad demandada en la desaparición y muerte de Rosemberg Ramos. 

Las circunstancias que rodean la desaparición y posterior muerte de Rosemberg Ramos abren la puerta a una serie de interrogantes. Ello se afirma en razón a que, al realizar un análisis de las pruebas aportadas, se ponen de presente una serie de incongruencias que hacen plausible afirmar que la muerte de Rosemberg encuadra dentro de una ejecución extrajudicial a manos del Ejército Nacional, tal como lo concluyó el tribunal a quo.

Según se encuentra afirmado en el escrito de la demanda, por motivos de su enfermedad, Rosemberg se trasladó con su padre al Hospital Militar Central de la Ciudad de Bogotá, el 3 de abril de 2007. Una vez recibió la valoración médica, él y su padre viajaron a casa de unos familiares en el municipio de Chaparral-Tolima, para pasar el puente festivo de semana santa. Sin embargo, estando allí, el día 4 de abril de 2007, Rosemberg Ramos ingresó al Centro Hospitalario San Juan Bautista de Chaparral Tolima, como consecuencia de una crisis epiléptica que había sufrido. De ello se da cuenta en la copia de la historia clínica emitida por el Hospital San Juan Bautista.

Igualmente, en dicha historia clínica se expone que los ataques epilépticos de Rosemberg llegaron a tan punto de generarle un status tónico convulsivo generalizado, que generaba que tuviese crisis parciales cada dos minutos. En dicho informe, se expresa que el egreso de Rosemberg se dio el 6 de abril de 2007.

Así, no es de recibo la hipótesis de que Rosemberg era un miembro y combatiente activo de la guerrilla, pues al menos dos días antes de su muerte, acaecida el 9 de abril de 2007, él se encontraba internado en la Unidad de Urgencias del Hospital San Juan Bautista de Chaparral Tolima, con motivo en unos fuertes ataques epilépticos; ataques de los cuales no era posible que se recuperase tan rápido, como para estar empuñando un arma, en el contexto de un ataque entre Fuerzas Militares y Guerrilla, tan solo uno o dos días después.

En este orden, se reitera, no resulta creíble que Rosemberg hiciera parte de un grupo guerrillero y menos que hubiera participado en un combate armado.

Lo que sí aparece plausible es que hubo intención de ocultar la identidad de Rosemberg pues, conforme al reseñado informe Nº 2007010173001000141 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la seccional Tolima, emitido el 12 de abril de 2007, su cuerpo se encontraba vestido con un camuflado, cuyo número de serie estaba tachado con marcador negro, y con unas botas de dotación que estaban completamente nuevas. Solo una vez realizado el examen dactiloscópico se logró determinar su identidad.

Estos últimos hechos fueron resaltados por los propios profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la seccional Tolima y dan cuenta de lo que se afirma. Para la Sala no se puede considerar como una simple casualidad que el número de serie del uniforme camuflado se encontrase tachado; tampoco encuentra una explicación para que el cuerpo del joven Rosemberg se hubiese encontrado en un territorio tan distante —el municipio de Cunday— respecto del último lugar en el que se le vio por últimas vez, a saber el municipio de Chaparral Tolima; ni mucho menos, se entiende cómo las botas que portaba estuviesen completamente nuevas, pues si se supone que Rosemberg murió en combate, habría de esperarse que sus botas tuviesen uso.

Estas inconsistencias ponen de relieve que la muerte de Rosemberg pareciera encuadrarse dentro de una ejecución extrajudicial a manos del Ejército Nacional, bajo la conocida figura de los llamados “falsos positivos”, pues claramente la patología que sufría Rosemberg, aunado a las extrañas circunstancias en que fue encontrado su cuerpo, dan cuenta de la intervención de un tercero en su desaparición y en su asesinato, como se expondrá en las líneas siguientes.

Según la declaración rendida por el señor Erik Alí Ramos Moreno, —el 23 de febrero de 2011 en Ibagué Chaparral Tolima, ante la magistrada Susana Nelly Acosta Prada—, el 30 de septiembre de 2008, él recibió información por parte del Cuerpo Técnico de Medicina Forense de la ciudad de Ibagué, sobre la aparición de un cuerpo que aparecía enterrado como N.N. y que coincidía con las características y huellas dactilares de su hijo, Rosemberg Ramos. En dicha declaración, el señor Erik Alí Ramos también afirmó haber sido informado de que según versiones del juez penal militar 80, su hijo había sido abatido en combates con la guerrilla por tropas del Ejército el día 9 de abril de 2007, en la Vereda San Isidro del corregimiento de “Tres esquinas” del municipio de Cunday, Tolima. Debe anotar la Sala que lo declarado por la parte está consignado en el hecho cuarto de la demanda el cual fue dado por cierto por la demandada en la contestación de la demanda (fl. 226 cuaderno primera instancia). Pero adquiere relevancia probatoria en cuanto el informe técnico de Medicina Legal donde se identifica el cuerpo de Rosemberg está dirigido al juez 80 penal militar, es decir, que por la muerte de Rosemberg miembros del Ejército estaban siendo investigados.

La Sala observa que en el expediente obra una serie de artículos de prensa que exponen las extrañas circunstancias en las que Rosemberg Ramos murió(19). En estos artículos de prensa que van desde el año 2008 hasta el año 2011, se narra el momento en que Rosemberg fue encontrado, las particulares características que tenía su cuerpo al momento de la exhumación, y se hacen afirmaciones que relacionan la muerte de Rosemberg con la figura de los “falsos positivos”, en tanto se expone que, pese a que el nunca perteneció a un grupo guerrillero, fue supuestamente asesinado en combate.

Sobre esta prueba vale la pena destacar la jurisprudencia de esta corporación, como la sentencia de 22 de junio de 2011, expediente 19980, de la Subsección C en donde se señaló lo siguiente:

…Si bien no puede considerarse a la información de prensa con la entidad de la prueba testimonial, sino con el valor que puede tener la prueba documental, no puede reputarse su inconducencia, o su inutilidad, concluyéndose por la Sala que la información de prensa puede constituirse en un indicio contingente…(20).

Así mismo, sobre este punto, en decisión del 25 de febrero de 2016, la Subsección C, de la Sección tercera afirmó lo siguiente:

“…los documentos de prensa, artículos y noticias pueden aportar elementos de juicio para determinar, dilucidar y establecer vulneraciones a los derechos humanos, violaciones al derecho internacional humanitario o infracciones a reglas y principios de ius cogens el juez administrativo interno, como juez de convencionalidad, por virtud de los artículos 1.1, 2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 2º, 29, 93 y 229 de la Constitución Nacional, está obligado a considerar su valoración(21)…”

Es menester indicar que si bien las noticias de prensa afirman que la muerte de Rosemberg Ramos guarda relación con actuaciones antijurídicas de las Fuerzas Militares estas no tienen para la Sala plena vocación probatoria pues los recortes dan cuenta de versiones del mismo padre de Rosemberg, no son el resultado de investigaciones periodísticas y datan de más de un año después del homicidio de Rosemberg. Sin embargo, esta prueba será valorada conforme a la jurisprudencia indicada y son tenidas como indicios.

Vale la pena señalar la manera en que la jurisprudencia de este tribunal ha entendido el indicio. Para ello se trae a colación la sentencia de la Sección Tercera del 10 de junio de 2009, la cual menciona lo siguiente:

…El indicio o también llamada prueba circunstancial o indirecta, busca la acreditación a través de un proceso crítico y lógico del juzgador de un hecho del cual, razonadamente, y, según las reglas de la experiencia, se infiere la existencia de otro desconocido que interesa al objeto del proceso; su importancia deviene de la conexión que existe entre éste con otros acontecimientos fácticos, dentro de determinadas circunstancias, que permiten establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo acontecido. La doctrina ha sostenido al respecto: “¿Qué es un indicio? Es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia, y, en general, todo hecho conocido, o mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos, por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido(22)

La prueba indiciaria y la importancia de acudir a esta en los casos de ejecuciones extrajudiciales ha sido puesta de presente de manera reiterada por esta corporación(23), indicándose que cuando se está en presencia de estos casos, resulta completamente acertado acudir a este tipo de prueba, pues por lo general las circunstancias que rodean la comisión de este tipo de delitos son confusas y contradictorias ya que sus perpetuadores se encargan de borrar o esconder cualquier tipo de evidencia.

Para el caso concreto, con base en el estudio de las pruebas aportadas se pone de relieve que es imposible que un joven como Rosemberg, que padecía de una patología tan compleja como el síndrome de Lennox, participase como miembro activo de la Guerrilla; así mismo, a través del informe de Medicina Legal sobre el cadáver de Rosemberg —dirigido a la justicia penal militar—, y conforme a su registro de defunción, es posible determinar la existencia de una serie de incongruencias, que a través de un análisis de prueba indiciaria, dan cuenta de que Rosemberg no murió en combate, sino que fue víctima de una ejecución extrajudicial además de que su identidad trató de ser ocultada con el objetivo de que su muerte quedara en la impunidad.

En ese sentido, esta Sala señala que los medios de prueba expuestos conllevan, por vía indiciaria, a la conclusión a la que llegó el tribunal a quo según la cual el joven Rosemberg Ramos fue víctima de una ejecución extrajudicial por parte de miembros del Ejército Nacional, denominada por la prensa y la opinión pública como un “falso positivo”.

Ahora bien, pese a que en las líneas anteriores se consideró que la prueba indiciaria llevaba a concluir sobre la responsabilidad de la demandada en la desaparición y muerte de Rosemberg, es menester indicar que existe una prueba para la Sala es determinante.

Se trata de la copia del CD de la audiencia de imputación de cargos celebrada en el marco del proceso penal en donde se discute la responsabilidad de miembros de las Fuerzas Militares por la muerte de Rosemberg Ramos el municipio de Cunday Tolima, el día 9 de abril de 2007.

Vale la pena reiterar que esta prueba fue introducida, después de finalizada la oportunidad procesal para solicitar el decreto y practica de pruebas del proceso. Concretamente, en la referida providencia del 20 de febrero de 2014 en la que se realizó el decreto oficioso de la prueba documental aportada por la parte demandante, el 2 de diciembre de 2013, consistente en el citado CD y copia simple de la decisión adoptada por el juzgado segundo municipal de control de garantías en audiencia pública, el 2 de octubre del 2013, respecto del proceso penal adelantado por la muerte de Rosemberg Ramos.

Esta prueba resulta fundamental para develar las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior asesinato de Rosemberg Ramos, pues a través de la misma se logró corroborar la información expuesta por el padre de Rosemberg, —Elkin Alí Ramos— en su declaración de parte, en donde afirmó que la Fiscalía lo había llamado el 30 de septiembre de 2008, para informarle que Rosemberg había muerto el 9 de abril de 2007 en un combate, en donde este aparentemente participó como combatiente activo de un grupo guerrillero.

Con ello, las pruebas indiciarias analizadas anteriormente toman mayor solidez, pues en el expediente no obraba ninguna otra prueba documental directa en donde constase las circunstancias de modo, tiempo y lugar del deceso de Rosemberg, es decir, que su muerte se había dado en un aparente combate de la guerrilla con miembros de las Fuerzas Militares.

En efecto, como se expresó en el acápite de hechos probados, en la audiencia de imputación de cargos se les comunicó a unos miembros de las Fuerzas Militares sobre la existencia de pruebas que los incriminaban en la comisión de una ejecución extrajudicial contra el joven Rosemberg Ramos. En el audio de la audiencia celebrada el 2 de octubre de 2013, concretamente en el minuto número 10, tal como se transcribió fielmente, se hace referencia al informe en el que las Fuerzas Militares indicaron que el día 9 de abril de 2007, en el marco de un ataque contra una patrulla del Ejército, murió un joven que tenía unos explosivos, que sería usados presuntamente para atacar a la patrulla.

Dicha prueba soporta los hechos que fundaron la demanda, pues, como ha sido expuesto en líneas anteriores, pese a que Rosemberg falleció el 9 de abril de 2007, inicialmente su cuerpo fue registrado como un N.N —de lo cual da cuenta el certificado de defunción, expedido por Departamento Administrativo Nacional de Estadística—, y solo una vez después de haber pasado 1 año y 5 meses, a saber el 30 de septiembre de 2008, se tuvo conocimiento, de que el cuerpo del joven supuestamente abatido en combate, correspondía a Rosemberg Ramos Rodríguez.

Es necesario hacer especial énfasis en el hecho de que pese a que esta prueba fue decretada a través de los poderes oficiosos del juez contencioso administrativo, ello no implicó de ninguna manera una vulneración del derecho a la defensa de la parte demandada, la cual contó con la oportunidad de conocer del decreto de la misma, y de oponerse en la oportunidad debida; sin embargo, la parte demandada se abstuvo de ejercer su derecho de contradicción respecto de este prueba, razón por la cual al no presentarse ninguna oposición a la misma, resulta plenamente válida y cierta en el presente proceso.

Este informe es plenamente coincidente con lo descrito en el documento de inspección del cadáver en cuanto a la fecha —09 de abril de 2007— y lugar en que fue hallado sin vida el cuerpo y con impactos de arma de fuego, el cuerpo de Rosemberg - entre las veredas Tres Esquinas y Valencia, zona rural de la jurisdicción de Cunday.

Así, para la Sala se encuentran probadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que para el agente del Ministerio Publico no aparecían acreditadas en el fallo condenatorio proferido por el a quo.

En este orden, la responsabilidad administrativa de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la muerte de Rosemberg Ramos Rodríguez encuadra perfectamente dentro de una falla del servicio, en tanto, con base en las pruebas aportadas al proceso, es claro que Rosemberg fue víctima de una acción contraria a derecho por parte del Ejército Nacional quién, además, falló respecto del control y vigilancia sobre los hombres a su cargo.

Esta modalidad de falla del servicio relacionada con las ejecuciones extrajudiciales ha sido abordada en diferentes decisiones del Consejo de Estado, pero para el caso particular se trae a colación la reciente sentencia de la Sección Tercera, con fecha del 14 de julio de 2016. En dicha providencia se afirmó lo siguiente:

…Todo lo anterior permite a la Sala imputar también tales daños antijurídicos a la demandada a título de falla del servicio por omisión, en consideración a que el Ejército Nacional tenía la obligación de ejercer control sobre el comportamiento y actuar de su personal, todo ello con el fin de evitar que los hombres e instrumentos perviertan el servicio a ellos encomendado, como en este evento aconteció. Preocupa profundamente a la Sala el crecido número de casos en los cuales miembros de la Fuerza Pública encubren bajo la apariencia de muertos en combate, homicidios que obedecen a diversas circunstancias distintas a esa, la de un combate, por lo cual debe decirse que se trata de una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos.

En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha debido condenar en diversas ocasiones a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por víctimas del conflicto armado que, inexplicablemente, perdieron la vida en presuntos operativos militares o en imaginarios combates con grupos organizados al margen de la ley, que al examinarse los hechos, estos muestran otras realidades nacidas de los excesos de la guerra y de una lógica aborrecible que encuentra enemigos en quienes solamente son civiles que habitan en los lugares de conflicto. De estas situaciones fácticas se ha derivado la responsabilidad del Estado bajo el título jurídico de imputación de falla del servicio por las violaciones a deberes funcionales de origen convencional, constitucional y legal…(24).

En aquella ocasión, se llamó la atención sobre el cúmulo de casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales u homicidios en persona protegida, o los mal denominados “falsos positivos”, afirmando lo siguiente:

…ello pone de presente una falla sistemática y estructural relacionada con la comisión de tales violaciones graves a derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado colombiano, aunada a la ausencia de un riguroso control dentro de la institución militar, tanto en el proceso de incorporación a la institución, como en la permanencia y en el funcionamiento o ejercicio de funciones por parte de los miembros de la Fuerza Pública, falencias éstas que debilitan la institución militar y que dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir con el cometido que le es propio, de paso, se pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del Estado y de la sociedad…(25).

En ese sentido, es indudable que la muerte de Rosemberg Ramos lamentablemente corresponde a una ejecución extrajudicial realizada por miembros del Ejército Nacional.

Teniendo en cuenta todo el análisis probatorio y jurídico esbozado hasta este punto, la Sala procede a desestimar por completo la pretensión de la parte demandada, pues como ya fue afirmado y expuesto con suficiencia, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional sí es administrativamente responsable por la desaparición y ejecución extrajudicial de Rosemberg Ramos Rodríguez.

6. Reparación de perjuicios.

Por concepto de perjuicios morales, la parte actora solicitó en su recurso de apelación que se condenara a la demandada a pagar el monto máximo por concepto de perjuicios morales y por concepto de daños a la vida en relación.

Teniendo en cuenta que los lazos familiares y civiles entre los padres, hermanos y abuela de la víctima se encuentran debidamente acreditados en el plenario, pues fueron allegados sus respectivos registros civiles de nacimiento, el acta de matrimonio, se puede inferir que padecieron pena, aflicción o congoja con su muerte, la que de tiempo atrás se ha presumido(26). Dicha presunción permitió establecer en reciente sentencia de unificación, para efectos de indemnización por muerte, cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y quienes demandan en calidad de perjudicados, que determinan el quantum de la indemnización y la intensidad de la prueba exigida, así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno - filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

(…)

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva(27).

Así, en el presente caso es procedente confirmar la decisión del tribunal a quo en cuanto a la indemnización por concepto de daño morales a los padres de Rosemberg pues se reconocieron 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No ocurre lo mismo frente a la indemnización acordada a sus hermanos y abuela pues esta es menor a la establecida en la jurisprudencia de la corporación. Así las cosas, la sentencia apelada se modificará en este punto y se reconocerán 50 Salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los hermanos y para la abuela de Rosemberg.

Ahora bien, en la sentencia impugnada se reconoció indemnización a cada uno de los tíos de Rosemberg. Si bien se acreditó su parentesco con Rosemberg, no se probó el perjuicio moral dentro del proceso pues, a pesar de que se presentaron declaraciones extrajuicio donde se señaló que estos sufrieron aflicción, estos documentos no tienen valor probatorio conforme al artículo 299 del C.P.C. Así, se revocará la condena proferida en favor de los tíos. Al respecto, ha dicho la corporación:

Pues bien, entre familiares no cercanos, ha dicho la corporación que por el sólo hecho de acreditar el parentesco no se puede concluir que sufran un dolor moral susceptible de ser indemnizado. Por ello, en esos eventos, para que prosperen las pretensiones invocadas es preciso que los demandantes acrediten mediante alguno de los medios de prueba directos que prevé la ley la angustia o sufrimiento que sintieron, labor que aquellos no llevaron a cabo en el caso concreto. Así las cosas, la Sala negará los perjuicios solicitados por este rubro(28).

De otro lado, la parte actora, en su recurso de apelación solicitó que le fuera reconocido el perjuicio llamado “daño a la vida de relación”, desestimado por el a quo. Para justificar su solicitud, la actora señaló que en el presente caso se estaba frente a la muerte de un joven, que ocupaba un importante espacio dentro de su familia, pues en razón a su situación de discapacidad, su familia le brindaba más cariño, afecto y atención respecto de la que normalmente se brinda a los hijos; razón por la cual, la muerte del Rosemberg Ramos generó una grave afectación de las condiciones de vida de sus padres y familiares más cercanos, pues estos tuvieron que modificar sus condiciones habituales de vida.

Debe indicar la Sala que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que el daño a la vida en relación y las otras categorías de daño que habían sido extrapoladas o creadas, no tendrían más vigencia, y por lo tanto no podrían volver a ser objeto de indemnización como daños autónomos sino que serían comprendidos dentro del daño a la salud. Así, por ejemplo, en sentencia del 14 de septiembre de 2011, la Sección Tercera consideró que:

…Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro…(29).

Con ello se arribó a un concepto unificado, según el cual la categoría del daño a la salud desplazaría por completo a las demás categorías de daño como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación—, en razón a que “…cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud…(30)”.

Así las cosas, la Sala debe determinar si en el sub lite se encuentra acreditada la afectación del daño a la salud de los miembros de la parte actora es decir, si sufrieron una afectación sico-física como consecuencia de la muerte de Rosemberg Ramos.

Resulta claro que la afectación por la muerte de Rosemberg generó una aflicción mayor para sus padres, hermanos y abuela la cual se presume y se reparará, como se indicó de manera precedente, a título de perjuicios morales. Sin embargo, dentro de las pruebas aportadas al proceso no se acreditó una afectación sico-física que deba ser reparada como un daño autónomo. Así las cosas, la Sala no reconocerá el daño a la salud reclamado por los apelantes.

Respecto a otras medidas de reparación, la Sala comparte el sentido de las ordenadas en el fallo impugnado y ordenará a la demandada ofrecer disculpas públicas por la muerte de Rosemberg en las que de manera clara deberá expresar que él no era miembro de un grupo guerrillero, que no murió en combate y que fue víctima de una ejecución extrajudicial.

Conforme a lo considerado, al acreditarse la responsabilidad de la demandada, la Sala confirmará el sentido condenatorio de la sentencia apelada, revocará su numeral cuarto y modificará su numeral tercero.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo del Tolima, la cual quedará así:

1. DECLARAR ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE a la Nación Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, por la muerte de Rosemberg Ramos Rodríguez, ocurrida el 9 de abril de 2007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales, el equivalente a CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a Doris Rodríguez, en calidad de madre de la víctima y a Erik Alí Ramos Moreno, en su calidad de Padre, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales, el equivalente a CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, a Dany Arnulfo Ramos Figueredo Yerly Karina Ramos Figueredo, Jhonattan Shamir Ramos Moreno, Juan Sebastián Ramos Moreno, Angie Carolina Calderón Rodríguez, Jefersson Calderón Rodríguez, Hemerson Hair Ramos Rodríguez, Mayerly Ramos Rodríguez, Erika Lizzeth Ramos Moreno, en su calidad de hermanos y Maria Del Carmen Rodríguez Pedraza, en su calidad de abuela, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

4. ORDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional a realizar una audiencia pública en el municipio de Barrancabermeja —Santander— y otra en el municipio de Chaparral-Tolima, en el que se dé a conocer el sentido de esta providencia, se aclare a la comunidad que el joven Rosemberg Ramos Rodríguez no falleció en un combate con un grupo subversivo, sino que fue ejecutado extrajudicialmente y se pidan excusas públicas. Lo anterior, siempre que se cuente con la aquiescencia de los demandantes para el efecto.

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. Devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601.

2 Tal como lo ordena el artículo 113 de la Constitución Política al decir que “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022. M.P. Enrique Gil Botero.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Rad. 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI). M.P. Susana Buitrago Valencia.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de diciembre de 2014, Exp. 35413.

7 BREWER, Allan y SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Control de convencionalidad y responsabilidad del Estado. Universidad Externado de Colombia: Bogotá, 2013. p. 47.

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cartilla sobre el Control de Convencionalidad, 2014.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014.

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135.

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informe 11/15 Caso 12.833 Fondo Félix Rocha Díaz vs. Estados Unidos. 23 de marzo de 2015.

12 Rodríguez, Wolfang Rubio, Torres Zambrano, Martín, Conde Cardona, Giancarlo, Caraballo, Aldo, García Meléndez, Margarita, Polo Verbel, Luis, Gamero Tafur, José Andrés, & Torres Sandoval, Juan. (2016). Asociación Colombiana de Neurología. Epilepsia y síndrome dismórfico asociado a cromosomopatía hereditaria ligada al cromosoma X, tipo micro-duplicación. Acta Neurológica Colombiana, 32(4), 320-324. Consultado en http://www.scielo.org.co/pdf/anco/v32n4/v32n4a09.pdf

13 Mastrangelo, M. (2017). Lennox-Gastaut Syndrome: A State of the Art Review. Neuropediatrics. División de Neurología, Universidad Sapienza de Roma, Italia. Revisado en: https://doi:10.1055/s-0037-1601324

14 Ibíd.

15 Stafstrom, C.E. (2009). Update on the management of Lennox-Gastaut syndrome with a focus on rufinamide. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 5. Natíonal Center for Biotechnology Informatíon of United States. 547-551. Revisado en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2773286/

16 Sociedad Española de Neurología. Capítulo 28: Actitud Terapéutica en el síndrome de Lennox- Gastaut. Guía para el Diagnóstico y Tratamiento de la Epilepsia 2008:219-222. http://epilepsia.sen.es/wp-content/uploads/Guia_SEN_2008.pdf

17 Ibíd.

18 Ibíd. Op cit. Stafstrom C.E.

19 Tales artículos de periódico son los siguientes: (i) página del periódico “Tolima 7 días”, publicada el 18 de octubre de 2008, titulada “Entregaron a Rosemberg”, en la cual se describe como se realizó la exhumación del cadáver de Rosemberg Ramos; (ii) copia de página del periódico “Tolima 7 días”, publicada el 9 de octubre de 2008, titulada “Mi hijo no es un guerrillero - Crónica de un falso positivo”, en donde el señor Erick Ramos cuenta la historia de lo sucedido con su hijo Rosemberg Ramos; (iii) copia del periódico “Lo judicial” del 30 de octubre de 2008, titulada “¿Rosemberg Ramos, víctima de un falso positivo?”, en donde se describe la historia de la desaparición de Rosemberg; (iv) copia de página del periódico “La Vanguardia” de Santander, publicada el 11 de octubre de 2008, titulada “Su padre asegura que es otro falso positivo”, en donde se describe la manera en que fue asesinado Rosemberg Ramos; (v) copia de página del periódico “Tolima 7 días”, con fecha presunta del año 2011, titulada “La muerte no se olvida: tres años después de registrarse falso positivo”, en donde se describe que a la fecha no hay información sobre un proceso judicial en donde se halla culpado a alguien por la muerte de Rosemberg, y (vi) copia de página del periódico “Q’ hubo” con fecha del 9 de abril de 2010, titulada “La muerte no se olvida”. En dicho artículo, se narra la manera en que el joven Rosemberg desapareció y posteriormente fue encontrado muerto, en el contexto de un supuesto combate entre Guerrilla y Ejército, pese a que el nunca participo en grupos al margen de la ley, con lo cual se señala que fue víctima de un “falso positivo”.

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 22 de junio de 2011, Exp. 19980.

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 25 de febrero de 2016, Rad. 52001-23-31-000-1998-00565-01 (34.791).

22 Consejo de Estado. Sección Tercera. M.P. Enrique Gil Botero. 10 de junio de 2009, Rad. 73001-23-31-000-1997-05229-01 (17321).

23 Algunas de las decisiones en las cuales el Consejo de Estado ha acudido a la prueba indiciaria en el marco de casos sobre ejecuciones extrajudiciales, son los siguientes: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B. 29 de octubre de 2012; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B, 26 de octubre de 2011; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C, 30 de abril de 2014; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B, 6 de diciembre de 2013, y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B, 14 de noviembre de 2014.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de julio de 2016, Exp. 35029. M.P. Hernán Andrade Rincón.

25 Ibíd.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 2006, Exp. 14694, C.P. Ramiro Saavedra.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 27709. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de octubre de 2014, Exp. 31516. M.P. Danilo Rojas Betancourth.

29 Ibíd.

30 Ibíd.