Sentencia 2010-00447 de mayo 15 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 13001-23-31-000-2010-00447-01 (19493)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: María Stella Quintero Espinosa Ltda.

Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

Temas: Suspensión del término de caducidad de la acción. Impuesto predial, trámite administrativo de cambio de tarifa. Vigencias causadas. Intereses y sanciones.

Bogotá, D.C., quince de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sección determinar si ha operado el fenómeno de la caducidad de la acción respecto de la demanda presentada por la sociedad María Stella Quintero Espinosa Ltda.

En caso negativo, se procederá a estudiar el fondo del asunto y, en consecuencia, se estudiará si el trámite administrativo de cambio de tarifa del impuesto predial suspende el cobro y exigibilidad del tributo.

2. Suspensión del término de caducidad de la acción por presentación de solicitud de conciliación prejudicial. Reiteración del precedente.

2.1. Esta Sección ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre los efectos de las solicitudes de conciliación prejudicial presentadas en controversias relativas a asuntos tributarios.

En vista de que se estaba adoptando una posición diferente a la asumida por la Sección Primera de esta corporación, en el auto del 5 de septiembre de 2013, proferido en el proceso radicado 19001-23-31-000-2011-00514 (19643), consejera ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia, se unificó la posición frente a la suspensión del término de caducidad de la acción por la solicitud de conciliación prejudicial en controversias tributarias.

En esas condiciones, en la presente providencia se reitera el precedente sentado.

2.2. Por prohibición expresa del parágrafo 2º del artículo 70 de la Ley 446 de 1998 y el parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 1716 de 2009(2), los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario no son conciliables.

En principio, dichos asuntos son los recomendados por el comité de defensa judicial y conciliación de la DIAN en el acta 111 de 12 de junio de 2009, en la que se concluyó:

“(…) Con base en lo anterior se concluye que los asuntos de carácter tributario comprenden tanto los tributos internos como externos (asuntos aduaneros); así como el incumplimiento a los mecanismos para su adecuado recaudo y control (sanciones).

Desde esta perspectiva y en la práctica, los actos administrativos proferidos por la entidad para hacer liquidaciones oficiales de impuestos y de tributos aduaneros, corresponden a asuntos tributarios.

En ese mismo sentido, los actos administrativos proferidos por la entidad para imponer sanciones originadas en el incumplimiento de obligaciones propias de los mecanismos de recaudo y control, corresponden a asuntos tributarios.

Recomendación

Con fundamento en los anteriores elementos de juicio, la subdirección de gestión de representación externa de la dirección jurídica sugiere que no serán susceptibles de ser conciliadas, las solicitudes que versen sobre los siguientes temas:

• Las liquidaciones oficiales de impuestos nacionales de que trata el estatuto tributario IV capítulo II, es decir:

Artículo 697 y ss. Liquidación de corrección aritmética.

Artículo 702 y ss. Liquidación de revisión.

Artículo 715 y ss. Liquidación de aforo.

• Las sanciones definidas en el título III del estatuto tributario, a saber:

1. Artículo 634 y ss. Sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones.

Artículo 636. Sanción por mora en la consignación de los valores recaudados por entidades autorizadas.

2. Sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias (E.T., art. 641 y ss.)

3. Sanciones relativas a informaciones y expedición de facturas (E.T., art. 651 y ss.)

4. Sanciones relacionadas con la contabilidad y de clausura del establecimiento (E.T., art. 655 y ss.)

5. Sanciones relativas a las certificaciones de contadores públicos (E.T., art. 659 y ss.)

6. Sanciones específicas para cada tributo (E.T., art. 662 y ss.)

7. Sanciones a notarios y a otros funcionarios (E.T., art. 672 y ss.)

• Las liquidaciones oficiales de tributos aduaneros que trata el Decreto 2685 de 1999, “Estatuto aduanero” en el capítulo XIV sección II, a saber:

ART. 513.—Liquidación oficial de corrección.

ART. 514.—Liquidación oficial de revisión de valor.

• Los procesos que versen sobre devoluciones o compensaciones de impuestos nacionales o tributos aduaneros”.

Se dice que en principio, porque es el procurador judicial o el juez, quienes determinarán, en cada caso, con fundamento en la ley aplicable al caso, si el asunto puesto a su consideración es tributario y, por tanto, no es susceptible de conciliación.

2.3. En las controversias que versen sobre asuntos tributarios, la parte demandante no está en la obligación de agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, contenido en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, toda vez que el asunto no es conciliable.

Así pues, cuando se presente una solicitud de conciliación prejudicial en materia tributaria, el procurador no puede admitirla y está en la obligación de expedir la constancia de asunto no conciliable, dentro de los diez días calendario siguientes a la presentación de la solicitud, tal como lo dispone el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 640 de 2001, tiempo en el cual se suspende el término de caducidad.

2.4. Sin embargo, si el procurador admite la solicitud de conciliación y tramita la misma para lo que fija fecha de audiencia o, tarda más de los 10 días otorgados por la ley para expedir la constancia de asunto no conciliable, el término de caducidad se suspende por ese lapso, pues la parte actora, de buena fe, confió en la actuación de la procuraduría y, mal podría atribuírsele al demandante el vencimiento del término de caducidad de la acción si éste se produjo por la desatención del ente conciliador del artículo 2º, numeral 3º, de la Ley 640 de 2001(3).

Dicha conclusión se deduce, también, de la lectura integral de los artículos 2º y 21 de la Ley 640 de 2001 y 3º del Decreto 1716 de 2009, en virtud de los cuales se entiende que el término de caducidad de la acción se suspende cuando se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial, así el asunto no sea conciliable o no sea requisito de procedibilidad para demandar.

2.5. Trayendo las anteriores premisas al caso concreto y analizadas las pruebas que obran en el expediente, se concluye que el objeto de la controversia es un asunto de carácter tributario, no susceptible de conciliación prejudicial, en tanto se está discutiendo el momento en el que el cambio de una tarifa del impuesto predial puede entrar regir, así como la exigibilidad de dicho impuesto sobre vigencias ya causadas, y la exigibilidad del pago de intereses y sanciones por mora.

Así pues, como la Resolución 21 de 2010, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 75 de 2009, fue notificada personalmente al representante legal de la sociedad demandante el 3 de marzo de 2010 (fl. 79), el término para interponer la demanda contra dichos actos administrativos, so pena de la caducidad de la acción, vencía el 4 de julio de 2010, según lo dispone el artículo 136-2 del Código Contencioso Administrativo.

2.6. No obstante no ser un asunto conciliable, el 16 de junio de 2010, el apoderado de la sociedad demandante presentó solicitud ante la Procuraduría Regional de Bolívar con el fin de que se llegara a un acuerdo sobre el momento en el cual se debía aplicar la tarifa del impuesto predial reconocida en el acto demandado (fls. 83-86).

La solicitud fue admitida por la Procuraduría 21 Judicial II para Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, que fijó fecha de audiencia para el 21 de julio de 2010.

2.7. En el trámite de la audiencia de conciliación el apoderado del Distrito de Cartagena manifestó que se estaba en presencia de un asunto tributario no susceptible de conciliación, por lo que el procurador decidió declararla fallida, en los siguientes términos (fls. 96-97):

“…estudiada nuevamente la solicitud de conciliación se advierte que la inconformidad del convocante radica en la aplicación de la tarifa del impuesto predial y no la calificación del predio como inicialmente entendió el despacho. Así las cosas, con fundamento en el parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 1716 que señala que no son susceptibles de conciliación extrajudicial en asunto de lo contencioso administrativo los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario. Por todo lo anterior se declara fallida la presente conciliación y cumplido el requisito de procedibilidad”.

No obstante haber declarado fallida la audiencia, el procurador judicial expidió constancia de asunto no susceptible de conciliación, a los 35 días siguientes de haberse presentado la solicitud (fl. 95).

2.8. De acuerdo con el precedente citado, la presentación de la solicitud de conciliación y su admisión y trámite por la Procuraduría 21 Judicial II para Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, suspendió el término de caducidad de la acción durante los días 16 de junio a 21 de julio de 2010.

Así pues, como la solicitud de conciliación fue presentada a los 3 meses y 12 días después de la notificación del acto, esto es, faltando 18 días para que operara el fenómeno de la caducidad, el 22 de julio de 2010 se reanudó el término para demandar, el cual vencía el 9 de agosto de ese mismo año.

En ese orden de ideas, se concluye que al 6 de agosto de 2010, momento de la presentación de la demanda, no había operado el fenómeno de la caducidad de la acción como lo afirmó el tribunal, por lo que se revocará la sentencia de primera instancia y se procederá a estudiar el fondo de la controversia planteada en la demanda.

3. Hechos probados en el proceso.

3.1. El 9 de noviembre de 2005, la sociedad María Stella Quintero Espinosa Ltda. solicitó una visita técnica al Instituto Geográfico Agustín Codazzi —IGAC—, con el fin de que fuera identificada e incorporada una construcción al bien con ficha catastral 01-09-0292-0001-000, ya que por estar clasificado como lote se “está cobrando una tasa en impuestos catastrales que no corresponde a la realidad de la (sic) construido y de la utilización económica de dicho inmueble” (fl. 10).

En el expediente no obra respuesta de esta petición, ni prueba que demuestre que la visita técnica fue realizada por el IGAC y que, efectivamente, como se afirma en la demanda, desde esa fecha se haya establecido que el inmueble se encontraba construido y que se le estaba dando un uso comercial.

3.2. El 21 de septiembre de 2007, casi dos años después de la primera petición, la sociedad demandante elevó una nueva solicitud al IGAC (fls. 12-13), que también fue presentada al Distrito de Cartagena (fls. 17-18), para que le fueran aclaradas las razones por las que el bien de referencia catastral 01-09-0292-0001-000 se encontraba clasificado como lote urbanizable no urbanizado.

Se dijo en la solicitud presentada al distrito:

“En mi condición de representante legal de la sociedad María Stella Quintero Espinosa Ltda., propietaria del inmueble catastral 01=09=0292=0001=000 de manera respetuosa solicito que, dentro de los términos el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución política (sic), se me aclaren las razones por las cuales este se encuentra clasificado como lote urbanizable no urbanizado cuando, siguiendo los lineamientos de toda la legislación relacionada con catastro —que ordena clasificar de acuerdo con la estratificación socioeconómica y el uso del suelo— este debería estar, por su ubicación urbana, por la adecuación de sus instalaciones y por su destinación económica, clasificada como comercial.

Este predio, como puede constatar en sus registros, se encuentra ubicado en el sector urbano de la ciudad de Cartagena, sector El Bosque, cuenta con todos los servicios públicos domiciliarios, tiene las calles y vías de acceso adecuadas, tiene las construcciones necesarias para la explotación de la actividad económica servicios, específicamente almacenamiento de contenedores, en el (sic) funciona hace más de siete años el patio de contenedores de la firma CY de Colombia, lo que lo excluye de la clasificación que ostenta pues ha sido clara la doctrina y la jurisprudencia en afirmar que tal clasificación solo se aplica a los lotes ociosos, llamados vulgarmente “lotes de engorde”.

Con la clasificación mencionada, no solo se esta (sic) violando en (sic) principio de no confiscatoriedad mencionado en el estatuto tributario de esta ciudad sino que violan claramente el derecho fundamental a la igualdad, pues los demás predios que desarrollan tal actividad, en el mismo sector urbano y con igual actividad económica, si (sic) están clasificados de acuerdo con su destinación económica sea comercial, industrial o portuaria”.

3.3. El IGAC dio respuesta a la petición el 26 de noviembre de 2007, informándole que el establecimiento de tarifas y clasificación de predios para el pago del impuesto predial era competencia exclusiva de los municipios, por lo que le sugirió dirigir su petición a la Secretaría de Hacienda Distrital (fl. 11).

3.4. El Distrito de Cartagena, por su parte, mediante oficio del 20 de noviembre de 2007, adujo que, conforme lo dispone el artículo 7º del estatuto tributario distrital, para efectos de la liquidación del impuesto predial unificado se entiende por predio urbano edificado los lotes construidos en más del 15% de su área total.

En ese orden de ideas, indicó (fls. 27-28):

“En cumplimiento de la norma antes transcrita y de conformidad con la información catastral solicitada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el inmueble identificado catastralmente con el número 01-09-0292-0001-000, registra un área de terreno de 12.045 m2 y solo 64 m2 de área construida, lo que quiere decir que para efectos de la liquidación del impuesto predial unificado se encuentra considerado como lote.

Pese a lo anterior, el destino de los inmuebles es asignado por el IGAC y no por la Secretaría de Hacienda Distrital; en la división de impuestos simplemente se liquida el impuesto predial de acuerdo con la información catastral aportada por el Agustín Codazzi y con las tarifas contempladas en el estatuto tributario distrital.

Entonces usted debe solicitar el cambio de destino o incorporación de construcción que modifique el área de terreno construida en al menos el 15% establecido para ser considerado como predio urbano edificado, mientras tanto, el destino del inmueble de referencia catastral 01-09-0292-0001-000 sigue siendo el de lote y la tarifa para liquidar el impuesto predial unificado es el de 25.5 por mil”.

3.5. En virtud de la respuesta del distrito, el 16 de enero de 2008 la sociedad demandante elevó una petición al IGAC con el fin de que se “aclare que el inmueble de la referencia tiene la destinación económica comercial-servicios”, con el fin de “tramitar ante la Secretaría de Hacienda Distrital la corrección de la clasificación y las tarifas erróneamente aplicadas” (fls. 31-32).

Dentro del expediente no obra prueba de la respuesta del IGAC frente a dicha solicitud.

3.6. El 25 de abril y el 7 de mayo de 2008, la sociedad demandante se dirigió a la Secretaría de Hacienda Distrital para informarle que estaba a la espera de la respuesta del IGAC respecto a la solicitud de re-estratificación socioeconómica del bien de su propiedad, por lo que le solicitó un tiempo de espera para cumplir con la obligación de cancelar el impuesto predial, una vez fuera “correctamente clasificado” el bien (fls. 34 y 35).

Mediante oficio del 29 de mayo de 2008, el distrito le informó a la sociedad que como era el IGAC quien actualizaba la información de los inmuebles, el cambio de tarifa solo se podía efectuar una vez proferido el acto administrativo por el IGAC, lo que se reflejaba en la factura de pago de la vigencia correspondiente (fl. 36).

En ese sentido, trasladó la solicitud de la sociedad al IGAC, “por ser la autoridad competente para adelantar los trámites pertinentes al esclarecimiento y corrección de ser procedente de la estratificación del inmueble” (fls. 36 y 37).

3.7. El 4 de junio de 2008, la sociedad demandante se dirigió nuevamente al IGAC con el fin de obtener una respuesta a la solicitud de cambio de actividad del inmueble de su propiedad (fls. 39-46).

Ante la ausencia de respuesta del IGAC, el 9 de septiembre de 2008 presentó solicitud ante dicha entidad para que le fuera certificada la configuración del silencio administrativo positivo (fls. 45-46), circunstancia que puso en conocimiento del distrito el 11 de septiembre de ese año (fl. 47).

3.8. En vista de que no pudo obtener respuesta por parte del IGAC a la solicitud de cambio de clasificación del inmueble por comercial y a la incorporación en la ficha catastral de la construcción existente en el predio de su propiedad, la sociedad demandante, el 15 de octubre de 2008, radicó ante la Secretaría de Hacienda Distrital una solicitud para que se efectuara el cambio de la tarifa aplicada para calcular el impuesto predial.

Dijo en la petición (fls. 50-51):

“El día nueve (9) de octubre de 2008, nos dirigimos a las instalaciones de división de impuestos en busca de información, respuesta y/o solución a nuestra solicitud que data desde mucho tiempo. Allí fue atendida amablemente por la Dra. Ledy del Carmen Vitola Reyno - Profesional universitario SHD y la Dra. Norys Coley - Profesional especializado SHD.

Nuestra solicitud, como es de su conocimiento, se presentó en las instalaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Cartagena, solicitud “Derecho de petición ref. 01-09-0292-0001-000” de la corroboración de avaluó (sic) catastral del predio que viene desarrollando actividad comercial, y a la fecha no he recibido solución alguna por parte de esta institución, pese que se ha venido pidiendo desde el nueve de noviembre del 2005 y como así mismo se ha venido solicitando ante la Secretaría de Hacienda Distrital. Cabe recordar que la Dra. Carolina Padilla, la Sra. Nelly Jiménez y funcionarios asignados por la Secretaría de Planeación distrital ha (sic) realizado visitas al inmueble para constatar la actividad comercial que se realiza dentro del predio. Asimismo solicitamos (sic) estudio del suelo a la Secretaría de Planeación Distrital ante la Dra. Zaida Salas Franco que emite que el predio se encuentra dentro del área indicada y delimitada gráficamente en el plano del uso del suelo PFU 5A/5 como actividad mixta 4 (M4) y se aplican las normas contenidas en el Decreto 977 de noviembre 20 de 2001 (anexo copia).

Cabe anotar, por ser Portuario 1 - 2 un uso compatible, en el cual se puede cargar y descargar mercancías excepto combustible e hidrocarburos. Se puede almacenar contenedores que contienen mercancías; estos contenedores son Bodegas Móviles y por lo tanto no necesitan tener una cubierta para ser almacenadas, sino por lo contrario necesitan espacio libre en altura, ya que los contenedores se ubican uno encima de otro y así sucesivamente hasta una altura indeterminada, por lo tanto el área debe ser descendiente y libre para su (sic) maniobrabilidad de las maquinas (sic), de los contenedores y las respectivas mulas, lo cual puedo (sic) constatarse de acuerdo a la visita realizada, como hice mención en párrafo anterior. Asimismo puede observarse la analogía con otros establecimientos portuarios como Contecar, la Sociedad Portuaria, Muelle el Bosque, etc.

Es por ello que la actividad económica que vengo desarrollando, no puede cubrir un área obligada del 15%, ya que la actividad que se ejecuta no admite este tipo de cubierta, porque perjudica la actividad comercial que se realiza en el respectivo predio. Cabe resaltar que el inmueble tiene un área construida de 64 m2 destino oficinas y un área accesoria que está siendo utilizada.

Considerando este aporte de gran ayuda a una pronta solución en la certificación sobre el uso del inmueble como predio comercial por su destinación económica, por su servicio y así poder cumplir con la obligación del impuesto predial de (sic) acorde a la estratificación socioeconómico (sic) del bien inmueble como clasificación comercial ante la Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena.

Agradezco a ustedes una pronta solución de este impase que se nos está presentado con la Secretaría de Hacienda Distrital en relación al impuesto predial”.

3.9. Mediante Resolución 75 del 24 de marzo de 2009, la Secretaría de Hacienda Distrital negó la solicitud de cambio de tarifa con la cual se estaba liquidando el impuesto predial unificado del inmueble con referencia catastral 01-09-0292-0001-000 de la sociedad demandante (fls. 68-69).

No obstante, en virtud del recurso de reconsideración interpuesto (fls. 60-64), mediante Resolución 21 del 3 de marzo de 2010, luego de la práctica de pruebas y visitas técnicas en compañía de funcionarios del IGAC, el Secretario de Hacienda revocó la Resolución 75 de 2009 y concedió el cambio de la tarifa a aplicar sobre el inmueble de propiedad de la sociedad demandante —9.5 por mil correspondiente a inmuebles comerciales—, a partir de la vigencia 2009.

En cuanto a la solicitud realizada en el recurso de reconsideración, sobre la suspensión del cobro de intereses de mora por el no pago oportuno del impuesto predial unificado, el acto demandando expresó:

“3. Solicita el recurrente entonces, la suspensión de acciones respecto del cobro de interés de mora por el no pago oportuno del impuesto predial unificado, a lo cual esta administración le hace la siguiente observación: Que si bien se encuentra en curso la reclamación respecto de la solicitud de cambio de tarifa sobre el predio en mención, está (sic) en tanto se resuelve es una simple expectativa por cuanto es el contribuyente quien debe solicitarla y aportar las pruebas necesarias para que esta sea otorgada, previo el cumplimiento del trámite y los requisitos que han sido objeto de estudio a lo largo del presente proceso, por lo cual no es dable suponer que dicha solicitud será resuelta favorablemente al contribuyente, por lo tanto mal haría esta administración en adelantarse a un hecho incierto para poder determinar el impuesto predial unificado y liquidar los respectivos intereses por mora si los hubiere, en caso de incumplimiento.

Adicionalmente, de esta inconformidad se observa que revisada la base de datos de la división de impuesto predial, se encuentra que el ultimo (sic) pago efectuado respecto del impuesto predial unificado del predio de referencia se dio el día 28 de julio de 2005, relacionado con las vigencias 2003, 2004, y 2005; y al presentar la solicitud en el año 2008 lo correspondiente a las vigencias 2006 y 2007 se encuentran incumplidas y la vigencia 2008 ya se había causado, por lo que si pueden ser objeto de cobro coactivo”.

4. Análisis del caso concreto.

4.1. Con los documentos aportados al proceso se comprueba que, pese a que desde el mes de noviembre del año 2005 la sociedad actora le solicitó al IGAC visitas técnicas con el fin de que se constatara la construcción que se encontraba en el inmueble de su propiedad, identificado con ficha catastral 01-09-0292-0001-000, y el uso comercial del predio, dicha entidad nunca dio respuesta a las solicitudes, a pesar de ser la competente para realizar los procesos de formación, conservación o actualización catastral, conforme lo dispone la Ley 14 de 1983 y el Decreto 3496 del mismo año.

No obstante, la responsabilidad que por tal omisión tenga el IGAC no es susceptible de ser estudiada en el presente proceso, toda vez que la controversia gira en torno a establecer la legalidad de los actos administrativos demandados, proferidos por el Distrito de Cartagena de Indias.

4.2. Respecto a la actuación adelantada por la sociedad demandante en el Distrito de Cartagena, se probó que si bien durante los años 2007 y 2008 la sociedad elevó algunas peticiones a la Secretaría de Hacienda, éstas estaban encaminadas a obtener información sobre las razones por las cuales al predio de su propiedad se le aplicaba la tarifa del 25 por mil para efectos del impuesto predial, y a solicitar la suspensión del cobro de ese impuesto, por estar pendiente el trámite de actualización catastral ante el IGAC.

Las otras comunicaciones radicadas en el ente territorial, como se vio, estaban dirigidas a informar, únicamente, las solicitudes elevadas ante el IGAC.

4.3. Solo hasta el 15 de octubre de 2008 la sociedad actora elevó solicitud de cambio de tarifa del impuesto predial, la que fue resuelta en los actos demandados en el presente proceso, luego de surtirse el trámite administrativo pertinente y practicadas las pruebas necesarias para establecer el uso del inmueble.

Por tal razón no es posible afirmar, como lo hace la sociedad actora en la demanda, que desde el año 2005 la solicitud de cambio de tarifa por la modificación de la destinación y uso del bien, estaba pendiente de trámite y solución por parte del distrito y que, debido a la “demora” en la respuesta, se le debió aplicar, desde la vigencia de 2005, la tarifa del 9.5 por mil sobre el avalúo catastral, correspondiente a inmuebles comerciales.

No puede perderse de vista que la obligación tributaria nace desde el momento en el que se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación(4), esto es, para el caso concreto, la existencia del bien inmueble dentro de la jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, según lo dispone el artículo 42 del estatuto tributario distrital vigente para la época —Acuerdo 41 de 2006—, mas no desde que se clasifique o reclasifique el uso del bien para efectos de calcular la tarifa a aplicar.

4.4. Debe tenerse en cuenta, además, que conforme lo dispone el artículo 60 del estatuto tributario distrital, el impuesto predial unificado se causa y es exigible por la administración tributaria el 1º de enero de cada año y su vigencia está comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre.

En consecuencia, las modificaciones que se efectúen en la tarifa y/o clasificación del inmueble, solo podrían afectar las vigencias no causadas, como en efecto sucedió en el caso concreto, esto es, a partir de la vigencia fiscal 2009, dado que la solicitud de cambio de tarifa se realizó en octubre de 2008.

4.5. Tampoco es posible afirmar que el trámite administrativo de cambio de tarifa suspendió la causación y cobro del impuesto predial, así como los intereses moratorios y sanciones a cargo de la sociedad demandante, como se plantea en la demanda, ya que los procedimientos administrativos tributarios que se adelantan en virtud de una solicitud de parte o, incluso, de oficio, no tienen efectos suspensivos sobre la causación de los impuestos y, mucho menos, sobre la acción de cobro, pues ello no fue expresamente establecido por el legislador.

Al respecto, cabe mencionar, a manera de ejemplo, que el artículo 829-1 del estatuto tributario, expresamente prohíbe la suspensión del cobro de los tributos por la solicitud de revocatoria directa de los actos proferidos por la administración tributaria.

De acuerdo con el artículo 841 del estatuto tributario, el procedimiento de cobro de un impuesto se suspende únicamente por celebración de acuerdo de pago, por lo que, se insiste, la solicitud de cambio de tarifa a aplicar, para efectos de cobrar el impuesto predial unificado sobre un bien específico, no tiene la virtualidad de suspender la causación y la acción de cobro del monto del impuesto y de los intereses y sanciones a que haya lugar por el incumplimiento en el pago.

4.6. Para la Sección es claro que durante los años 2005 a 2008 el Distrito de Cartagena liquidó el impuesto predial atendiendo la tarifa aplicable al bien, según la clasificación catastral que estaba vigente en cada período fiscal, esto es, “predio urbano no edificado”, por lo que la obligación del pago del tributo le era exigible a la sociedad demandante, como propietaria del bien.

En ese orden de ideas, el incumplimiento de la obligación de cancelar el monto del impuesto predial unificado antes de la fecha establecida por el distrito, generó la obligación a cargo de la sociedad María Stella Quintero Espinosa Ltda. de cancelar los intereses y sanciones moratorias establecidas en los artículos 61 y 304 del estatuto tributario distrital.

No es jurídicamente posible que dicha sociedad, so pretexto de haber realizado solicitudes de actualización catastral ante el IGAC y ponerlas en conocimiento del Distrito de Cartagena, se exima del pago del impuesto predial y no pueda ser sujeto de las acciones de cobro pertinentes, así como de la aplicación de las sanciones e intereses a que haya lugar, en tanto el hecho generador del impuesto predial unificado se ha presentado en cada vigencia fiscal.

En esas condiciones, la Secretaría de Hacienda Distrital estaba en la facultad de liquidar y cobrar el impuesto conforme a la información catastral vigente, por gozar ésta de presunción de legalidad, por lo que no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Se REVOCA el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 7 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

2. Se CONFIRMA en lo demás la sentencia impugnada, en tanto negó las pretensiones de la demanda, pero por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

3. Se RECONOCE personería para actuar a la abogada Yadira Martínez Campo, como apoderada judicial del Distrito de Cartagena, en los términos del poder conferido, que obra a folio 299 del expediente.

3.(sic) DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(2) Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y el capítulo V de la Ley 640 de 2001.

(3) Al respecto, pueden consultarse las siguientes providencias: Sección Cuarta, auto del 1º de agosto de 2013, radicación 25000-23-27-000-2012-00383-01 (19734), Consejero Ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E), Sección Primera, auto del 4 de octubre de 2012, radicado: 05001-23-31-000-2011-01243-01, Consejera Ponente: María Elizabeth García González

(4) Conforme lo dispone el artículo 1º del estatuto tributario nacional, “La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo”.