Sentencia 2010-00451 de abril 9 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente T. Nº 11001 02 03 000 2010 00451 -00

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Octavio Munar Cadena

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil diez.

Discutido y aprobado en Sala de 7-04-2010

Decídese la acción de tutela instaurada por Giovanni Alexander Petrelly, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, integrada por los magistrados Germán Valenzuela Valbuena, Óscar Fernando Yaya Peña y Luis Roberto Suárez González.

EXTRACTOS:«Consideraciones

1. El tribunal en la sentencia censurada consideró que no obstante que, en principio, el ejecutado no estaba en la obligación de probar que “nunca” o “jamás”, estuvo vinculado contractualmente con el ejecutante, pues tales negaciones están exentas de prueba, aunque admiten acreditación en contrario, lo cierto es que el actor “no replicó en modo alguno esa defensa, y en adición no concurrió a absolver el interrogatorio que le formularía su contraparte”.

Enfatizó que la mentada inasistencia, al no haberse presentado cuestionario escrito, tiene por efecto que se presuman ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en el escrito de excepciones de mérito (CPC ,art. 210), concretamente, pues de esto se tuvo por confeso al actor, de que el ejecutado “jamás ha sostenido relación comercial con el señor Giovanni Alexander Petrelli Molano”.

Agregó que no existe contradicción en los fundamentos en que fue sustentada porque el excepcionante no afirmó que el título fue llenado por fuera de las instrucciones, sino que el diligenciamiento se hizo sin mediar autorización de parte suya, en la medida que no tenía vínculos jurídicos con el ejecutante, “lo cual excluye la necesidad de especular en torno a quién se le entregó el documento y con qué objeto, es decir, si fue a un socio o como garantía, que son aspectos que se mencionan en las excepciones, pero luego de afirmarse lo que a la larga quedó demostrado, esto es, que no existe ninguna relación causal establecida con quien aquí fungió como demandante”.

2. Analizada la providencia censurada, considera la Corte que las conclusiones a que arribó ese juzgador constituyen un error susceptible de protección en sede tutelar por las siguientes razones:

a) Fundamentó su decisión, esencialmente, en que por la inasistencia del ejecutante a absolver el interrogatorio de parte se tuvo por cierto uno de los hechos en que el ejecutado sustentó la excepción formulada, esto es, que “jamás ha sostenido relación comercial con el señor Giovanni Alexander Petrelli Molano”, pero pasó por alto y, menos aún analizó, que aquel igualmente afirmó, a reglón seguido, que “la única posibilidad de la cual se deriva la existencia de tal título valor consiste en [que] mi representado la haya firmado en blanco para garantizar obligaciones a cargo de la Sociedad Shinecar S.A.” (resaltado fuera del texto), aseveración que, a no dudarlo, constituye, a su vez, una confesión del demandado relativa a que la emisión del título sí estuvo precedida de una causa, precisamente, la de ofrecer una garantía de unas obligaciones a cargo de la aludida sociedad.

b) Cabe señalar que la causa en la letra de cambio viene a ser la relación subyacente, negocio jurídico originario o fundamental que motiva su creación, que bien puede ser onerosa o de mera liberalidad. Dicho en otras palabras, la base negocial que da origen a esa especie de títulos valores puede obedecer a la idea de una contraprestación económica, ora de un mero animus donandi, o ya, según adelante se verá, en específicas hipótesis como la de la denominada “firma a favor”, de modo que puede imbuirse en conjeturas concernientes a su afectación por cuenta de nulidad, extinción, ineficacia e inexistencia de la relación causal misma, entre otras.

Conforme a lo anterior, cuando sea del caso, ha de buscarse la causa más allá del título valor, lo que comporta, de paso, tanto su oponibilidad interpartes extendida a terceros que no sean de buena fe exentos de culpa, como su inoponibilidad a los sujetos ajenos a dicha relación en tanto son pasibles en su respecto (C. Co., art. 874, num. 12), habida cuenta del carácter abstracto de que goza la letra, pues su naturaleza constitutiva forja que el derecho en ella contenido sea nuevo y distinto, sin que su génesis jurídica devenga incorporada al documento.

c) Adviértase que el mismo ejecutado aceptó que creó la letra de cambio para “garantizar” obligaciones de la mencionada sociedad, hipótesis que conduce a pensar que bien podría tratarse de una firma a favor, en cuyo caso tendría que tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 639 del estatuto comercial, que al tratar las obligaciones derivadas de la suscripción de los títulos valores sin contraprestación cambiaria, señala que “[c]uando una parte, a sabiendas, suscriba un título sin que exista contraprestación cambiaria a las obligaciones que adquiere, las partes en cuyo favor aquella prestó su firma quedarán obligadas para con el suscriptor por lo que este pague y no podrán ejercitar contra él las acciones derivadas del título.

En ningún casoel suscriptor de que trata el inciso anterior, podrá oponer la excepción de falta de causa onerosa contra cualquier tenedor del instrumento que haya dado por este una contraprestación, aunque tal hecho sea conocido por el adquirente al tiempo de recibir el instrumento” (sublineó la Sala).

La referida norma hace alusión a la figura del favor cambiario, que obedece a la circunstancia de que en el título valor de que se trate, se inserta voluntariamente la firma del aceptante, girador o endosante, a fin de constituir una garantía personal a favor del acreedor sin que aquel reciba contraprestación cambiaria estimable económicamente, lo cual no implica en modo alguno que el instrumento sea reprochable o nulo, ni mucho menos que adolezca de causa.

Más bien, el convenio de favor, que se erige en la relación subyacente, es, precisamente, su causa, puesto que surge para el suscriptor la obligación abstracta de pagar, independientemente de su interés pecuniario o del convenio entre partes inmediatas si está frente a un tercero ejecutante, por virtud de la autonomía de la voluntad de esa forma desplegada. Al respecto, doctrinariamente se ha dicho que “a) la relación fundamental, o causa obligandi, radica precisamente en el pacto de favor; b) en la letra de favor es irrelevante la provisión de fondos a efecto de su validez, como de la validez de cualquier letra; [y,] c) el pacto de favor posee una causa propia válida, por consiguiente idónea para justificar en las relaciones internas la obligación cambiaria que asume el favorecedor” (Paz-Ares, cándido. La letra de favor. Editorial Civitas S.A., página 39).

d) Es por lo anteriormente dicho que el complaciente, si bien actúa en interés de otro, quien al fin de cuentas es el verdadero obligado, no puede, so capa de faltar onerosidad en el negocio fundamental de favorecimiento, excusarse de dar solución a la prestación cambiariamente recogida, ya que frente al tenedor del instrumento cartular no puede oponer la excepción de falta de causa o contraprestación conforme al segundo inciso de la norma mencionada, pues con su rúbrica asumió el riesgo de pagar por su favorecido, de no hacerlo este, pues según el artículo 625 ibidem, la obligación cambiaria surge de una firma puesta en el título valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de circulación, la cual se “presumirá” cuando aquel se halle en persona distinta del suscriptor, presunción que, en este caso, no fue desvirtuada y, por el contrario, el mismo ejecutado acepta que la creó para respaldar obligaciones a cargo de la sociedad Shinecar S.A.

En consecuencia, no puede perderse de vista que el compromiso adquirido por quien firma a favor de otro es asegurar el pago del derecho que se incorpora, habida cuenta que su obligación permanente es respecto del tenedor que promueve la acreencia, por razón de estampar su firma en el instrumento, con lo que, por cierto, se deriva toda la eficacia de la obligación cambiaria de manera directa y personal, como quiera que el postulado de la autonomía instrumental así implica.

2. Así las cosas, la Corte amparará el derecho al debido proceso del accionante. En consecuencia, se dejará sin valor y efecto la sentencia de 24 de noviembre de 2010, así como todas las demás decisiones que de ella se desprendan y le ordenará al tribunal acusado que, en el término de diez días contados a partir del recibo del expediente, proceda a resolver nuevamente el recurso de apelación formulado por el ejecutante, observando las precisiones expuestas anteriormente.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

1. Conceder la tutela del derecho al debido proceso, invocado por el accionante, por las razones aquí expuestas.

2. Dejar sin efectos la sentencia de 24 de noviembre de 2009, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ejecutivo objeto de la queja constitucional y todas las demás providencias que de ella se desprendan.

3. Ordenar a la corporación accionada que en el término de diez (10) días, contados a partir de la fecha en que reciba el respectivo expediente, proceda a resolver nuevamente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, de conformidad con lo consignado en las motivaciones de este fallo. Por secretaría, envíesele copia de este.

4. Disponer que la secretaría de la Sala oficie al Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogotá, para que remita al tribunal, de manera inmediata, el referido proceso ejecutivo.

5. Notificar por el medio más expedito lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión».