Sentencia 2010-00458 de abril 9 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-02-03-000-2010-00458-00

Magistrado Ponente:

Dra. William Namén Vargas

Discutido y aprobado en sesión de siete de abril de dos mil diez.

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Conviene recordar que la acción de tutela es un mecanismo especial establecido en la Constitución Política, para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que estos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o, en determinados eventos, de los particulares.

Igualmente, según decantada jurisprudencia constitucional, en línea de principio, esta acción pública, no actúa frente a actuaciones o decisiones judiciales, salvo que se esté en presencia de un evento excepcional de pertinencia, esto es “cuando se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador” (sent. jul. 16/99, exp. 6621), en cuyo caso es posible acudir al juez constitucional en procura de obtener protección de los derechos fundamentales comprometidos, siempre que no sea posible remover la presunta afectación a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial o que aún existiendo se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el asunto que ocupa la Sala la accionante acusa la sentencia de segunda instancia de diecisiete (17) de febrero de 2010 dictada en el proceso ejecutivo promovido, a continuación del ordinario, por Proinpetrol S.A. y otros contra Esso Colombia Ltda., tras estimar que el Tribunal accionado incurrió en vía de hecho al excluirla como demandante de la ejecución, no obstante haber sido reconocida como cesionaria, en forma parcial de los derechos litigiosos en el proceso ordinario que precedió al ejecutivo, acorde con documento allegado a  aquella actuación junto con memorial presentado el veinticuatro (24) de junio de 1994.

Para efectos de resolver lo pertinente, precisa destacar los siguientes elementos de convicción:

a. Comunicación dirigida por el gerente de Proinpetrol a su apoderado en el proceso ordinario en la que le informa que esa sociedad llegó “(...) a un acuerdo con la doctora [Elizabeth Marcelo], a quien se le adeuda una parte considerable de la ejecución de la zanja y el derecho de vía en el oleoducto Yaguará - Tenay. El acuerdo a que se llegó consiste en que esta empresa le reconocerá una suma equivalente al 60% del valor que se obtenga por concepto del item ‘[d]erecho de [v]ía’ y el 30% de la suma que se obtenga por el ítem ‘[a]pertura de [z]anja’, en el proceso que se adelanta por la citada compañía contra la sociedad Esso Colombiana Ltd.”, documento en virtud del cual, según la accionante, Proinpetrol cedió a su favor parte de los derechos litigiosos objeto del proceso ordinario.

b. Memorial del apoderado judicial de Proinpetrol S.A. en el proceso ordinario, adjuntando el documento atrás referido y auto de veintinueve (29) de junio de 1994 mediante el cual el juez del proceso dispuso que “[l]a anterior manifestación se agrega al proceso y se tendrá en cuenta en su debido momento procesal”.

c. Sentencia de veinte (20) de octubre de 2003 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C., dentro del precitado proceso ordinario en la que se condenó a Esso Colombiana Limited a pagar a favor de Proinpetrol S.A. la suma de $773.100.872,25 reajustada desde el trece (13) de septiembre de 1991 y hasta cuando se produzca el pago con base en la certificación que expida el Banco de la República sobre la depreciación del valor del peso, más intereses legales sobre dicha suma nominal.

d. Fallo de catorce (14) de agosto de 2007 en el que la Sala de Casación Civil de esta corporación resolvió no casar la sentencia del juzgador ad quem de veinte (20) de octubre de 2003.

e. Auto de once (11) de diciembre de 2007 por cuya virtud el juzgado dispuso “[aceptar] la cesión parcial de derechos de crédito que la sociedad Proyectos de Ingeniería y Petróleos S.A. Proinpetrol S.A. efectuó a las sociedades Business Internacional Ometasas S.A., Panamafrut Internacional S.A., Fundación Gosisaral S.A. y Administración y Supervisión de Obras Civiles S.A., en proporción del 20%, 25% y, 20%, respectivamente” (fl. 315).

f. A instancia del apoderado de Elizabeth Marcelo, dicha oficina judicial emitió el auto de veintisiete (27) de marzo de 2008 del siguiente tenor:  “[c]omo de la revisión efectuada al expediente se desprende que con anterioridad a dictarse el respectivo fallo, la sociedad Proinpetrol S.A., llegó a un acuerdo con la doctora Elizabeth Marcelo en el cual se le reconoció el pago de la deuda a su favor por concepto de la ejecución de la zanja y el derecho de vía en el oleoducto Yaguará - Tenay, se concluye que el documento obrante a folio 646 y 647 hace relación a un acuerdo de pago, el cual por estar vinculado a un contrato que formó parte de la decisión, se tiene como una cesión de un crédito, dado que en ese momento era un derecho litigioso, pero a partir de la ejecutoria de la sentencia, se convirtió en crédito.

“En consecuencia, se dispone que la cesión específica a favor de la señora Elizabeth Marcelo, que se reconoció con anterioridad, debe ser cancelada en el porcentaje acordado, las demás cesiones a favor de las entidades (...), se cancelarán atendiendo los porcentajes reconocidos en el expediente” (fl. 327).

g. Memorial presentado por el apoderado de Proinpetrol S.A. en el que manifiesta que de conformidad con el documento que obra a folio 646, de diecinueve (19) de enero de 1994, la sociedad que representa reconoce deber una suma equivalente al 60% del valor que se obtenga por concepto del ítem “derecho de vía” y 30% de la suma que se obtenga por el ítem “apertura de zanja” y concluye que la cantidad que corresponde a la ingeniera Marcelo es de $50.517.533, suma que será reajustada y devengará intereses de conformidad con la sentencia.

h. Solicitud de mandamiento ejecutivo formulada por el apoderado judicial de Proinpetrol; auto mandamiento de pago de veinticuatro (24) de abril de 2008 librado a favor de Elizabeth Marcelo, Business Internacional Ometasas S.A., Panamafrut Internacional S.A., Fundación Gosisaral S.A. y Administración y Supervisión de Obras Civiles S.A.; recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial de Proinpetrol contra el citado auto, pretendiendo su revocatoria en lo atinente a la inclusión de Elizabeth Marcelo como codemandante; y, proveído de cinco (5) de junio de 2008 confirmatorio del primero (fls. 323- 325, 332, 336-347, 349-352).

i. Sentencia de segunda instancia de diecisiete (17) de febrero de 2010, decisoria del recurso de apelación interpuesto por Proinpetrol S.A. y Esso Colombiana Ltda. contra el fallo de primer grado dictado en el proceso ejecutivo, en la que la colegiatura accionada dispuso modificar lo resuelto por el juez a quo, señalando al respecto que “(...) la ejecución debe seguir adelante en los términos señalados en el mandamiento de pago, con exclusión de la señora Elizabeth Marcelo (...)”.

Ahora, para adoptar esta última determinación a propósito de la cual la accionante encara el reclamo constitucional, el tribunal consideró, en primer lugar, que no era de recibo el argumento del apoderado judicial en el sentido de que Proinpetrol S.A. carecía de interés jurídico para impugnar la sentencia de primera instancia, porque la restricción impuesta por el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil sólo es aplicable al extremo demandado de la orden ejecutiva y no a la demandante, dado que con dicha restricción se busca evitar el empleo de maniobras dilatorias por parte de aquél y mal podría admitirse una interpretación contraria a los intereses del actor, criterio que apoyó en las sentencias C-650 de 2001 y C-900 de 2003, pues según esta última “al ejecutante se le mantiene la apelación a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa, debido a que la supresión del recurso de alzada entrañaría, en su caso particular, una vez no se reponga el auto que deniega el mandamiento de pago, la terminación del proceso, quitándole la posibilidad de la segunda instancia”; y, agregó que, en todo caso, nada impedía “al tribunal examinar de oficio el punto que hace referencia a si se produjo o no el perfeccionamiento de la cesión de los derechos litigiosos que se discute en el proceso”, si se tiene en cuenta que lo que se combate es precisamente la legitimación en la causa, sin la cual, inevitablemente, la pretensión estaría destinada al fracaso.

Y, en segundo término, al abordar el análisis de la cesión alegada por Elizabeth Marcelo, expuso, entre otras razones, que en tratándose de cesión de derechos litigiosos resultaba evidente la necesidad de la aceptación por parte del deudor en orden a garantizarle la oportunidad a este de interponer el beneficio de retracto; que el documento allegado con tal fin no podía tomarse válidamente “(...) como prueba del contrato de cesión, porque no contiene declaración alguna de voluntad que obligue a las partes que integran la litis (...)”; que al proceso ordinario “(...) jamás se aportó el documento contentivo de la cesión, ni fue ésta aceptada o rechazada por el eventual deudor, ni mucho menos hubo pronunciamiento del juez sobre tal punto a lo largo del proceso ordinario ni en la sentencia (...)”; y “[e]n todo caso, en el documento declarativo a que se viene haciendo alusión (fl. 646), en ninguna parte se señaló que a la señora Marcelo se le reconocieran derechos sobre la tercera parte del total de la obligación, como sin sustento alguno se reclama. A lo sumo, allí se habla concretamente de unos porcentajes sobre dos rubros específicos: ‘60% del valor que se obtenga por concepto del ítem ‘[d]erecho de vía’, y ‘30% de la suma que se obtenga por el ítem ‘[a]pertura de zanja. Y sucede que en la misma sentencia del proceso ordinario se hace referencia a tales aspectos del contrato como lo precisa el apoderado de Proinpetrol en escrito allegado a folio 980. Por lo tanto, si existió entre dicha sociedad y Elizabeth Marcelo alguna relación que se quiso solucionar disponiendo parte del derecho que después se reconocería en el proceso, lo cierto es que con independencia de que ello no se plasmara mediante acuerdo atendible en la actuación, de todos modos no corresponde a la proporción global que se ha estado mencionando”.

Finalmente, respecto al argumento expuesto por el mandatario judicial de quien ahora promueve esta acción pública, tendiente a demostrar la imposibilidad de excluirla del proceso ejecutivo, por haber cobrado firmeza la decisión que en su sentir la reconoció como cesionaria, juzgó que tanto el juez de primera como de segunda instancia le asiste la facultad de revisar al momento de adoptar una decisión de fondo los elementos y condiciones de la acción, en virtud a que las únicas providencias vinculantes para el juez y las partes dentro de un proceso judicial son las sentencias, por lo que acorde con reiterados precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal tenía los mismos poderes para enfrentar el estudio de los hechos y del derecho, valorar las pruebas, “revisar íntegramente el proceso y llegar a conclusiones que pueden coincidir en parte o en todo con las del juez a quo, y en fin revocar la providencia, pues su posición frente a los litigantes es la misma al momento de resolver el recurso que la que tuvo el inferior al tiempo de decidir, entendido todo esto, en la medida en que lo que pretenda el apelante y con la limitación de la reformatio in pejus”.

Puestas de este modo las cosas, la Sala no advierte proceder constitutivo de vía de hecho de la autoridad accionada que torne viable el amparo deprecado, pues para adoptar su determinación expuso un conjunto de reflexiones afianzadas en la normatividad pertinente al caso y en la realidad procesal, en ejercicio de su función jurisdiccional, que impide, por tanto, ser interferida por el juez de tutela, quien en línea de principio, no está habilitado para dispensar una solución diferente a la acogida por el juez del proceso, en el ámbito de su competencia, autonomía e independencia judicial, pues de lo contrario se quebrantaría el principio de la seguridad y certeza jurídica y, de contera, se desnaturalizaría la finalidad de este mecanismo excepcional, cuyo propósito radica en proteger los derechos fundamentales cuando realmente éstos resulten actual o potencialmente vulnerados conforme lo establece el artículo 86 de la Constitución Política.

Al efecto, si como se advirtió en la providencia objeto de censura, en el proceso ordinario no se produjo decisión, antes del proferimiento de la sentencia, ni en ésta, sobre reconocimiento de la cesión de derechos litigiosos alegada por la ahora accionante, pues a propósito de la comunicación allegada a ese proceso en junio de 1994 el juzgado de conocimiento simplemente dispuso que se tendría en cuenta en su debido momento procesal, según auto de veintinueve (29) de junio siguiente, no puede tildarse, entonces, de caprichosa o antojadiza la comprensión del tribunal en referencia a ese particular tópico, en cuanto consideró que no hubo pronunciamiento del juez en ese punto; tanto más cuando apreció que al proceso ordinario jamás se aportó documento contentivo de la alegada cesión y concluyó que el aducido como fuente de la cesión de derechos litigiosos no contenía reconocimiento a favor de la peticionaria sobre la tercera parte del total de la obligación, ya que allí sólo se hizo mención a unos porcentajes relativos a dos rubros específicos.

Y aunque antes de iniciarse la ejecución el juzgado de conocimiento mediante proveído de veintisiete (27) de marzo de 2008 reconoció a Elizabeth Marcelo como cesionaria del crédito, tal circunstancia no impedía al ad quem revisar los presupuestos formales y sustanciales de la pretensión, como en efecto ocurrió, pues como en múltiples ocasiones lo ha señalado esta Sala de la Corte, en los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los términos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el título ejecutivo, a fin de garantizar el principio de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 228 superior y 4º del Código de Procedimiento Civil.

A este respecto, tiene dicho la Corte que “la orden de impulsar la ejecución, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario análisis de las condiciones que le dan eficacia al título ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuación procesal; por lo tanto, no funda la falta de competencia la discrepancia que pueda surgir entre la preliminar orden de pago y la sentencia que, con posterioridad, decida no llevar adelante la ejecución por reputar que en el título aportado no militan las condiciones pedidas por el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil” (G. J., tomo CXCII, pág. 134).

De ese modo, la problemática planteada por la quejosa no constituye razón suficiente para proponer con éxito este mecanismo excepcional, debido a que no se trata de un recurso más para controvertir las decisiones judiciales, ni para que el juez de tutela entre a precisar el alcance de las normas que rigen la materia y el acervo probatorio, desde luego que acorde con reiterada jurisprudencia constitucional no es posible acudir a ella “(...) para obtener un pronunciamiento diferente del que avalaron los jueces de conocimiento en sus diferentes instancias, menos aún si la determinación cuestionada obedece a una interpretación racional, la cual, con independencia de su valor doctrinal o de su peso dialéctico y con prescidencia(sic) de que ciertamente se comparta, no puede ser enjuiciada por el juez constitucional, quien de hacerlo, se estaría inmiscuyendo —de manera inconsulta— en el ámbito propio de otra jurisdicción” (Sent. mayo 11/2001, Exp. 0183).

En idéntico sentido, la competencia del juez de tutela no permite involucrarse en una labor minuciosa orientada a efectuar un nuevo examen de los temas objeto de la controversia ya decidida, cuyas conclusiones en el específico asunto deben mantenerse al no advertirse vía de hecho, dado que, como quedó visto, lo resuelto es propio de la interpretación y valoración respetable realizada por el operador judicial, de la que si bien puede eventualmente disentirse, o con independencia de que la Corte, desde un enfoque estrictamente legal, comparta o no, no entraña desafuero, desmesura o desatino para que sea objeto en sede tutelar.

Baste lo anterior para denegar el amparo deprecado.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo solicitado.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, y si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Por secretaría, devuélvase el expediente adjunto al Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá».