Sentencia 2010-00478/19399 de agosto 1 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Rad.: 130012331000201000478 01 (19399)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Ref.: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Tubos del Caribe Ltda. y Agencia de Aduanas Hermann Schwyn & Cia S.A. nivel 1

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Temas: Liquidación oficial de corrección por errores en la declaración de importación

Bogotá D.C., Primero de agosto de dos mil dieciséis

EXTRATOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sección determinar si ha operado el fenómeno de la caducidad de la acción respecto de la demanda presentada por las sociedades Tubos del Caribe Ltda. y Agencia de Aduanas Hermann Schwyn & Cia S.A. nivel 1. En caso negativo, se procederá a estudiar la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa por parte de Tubos del Caribe Ltda.

Posteriormente se entrará al fondo del asunto y, en consecuencia, se estudiará si era procedente expedir por parte de la DIAN la liquidación oficial de corrección por errores en la declaración de importación 07085280388543 de 9 de diciembre de 2008, corregida por la declaración 07085300267920 de 2 de abril de 2009.

Se resolverá el asunto así:

2. Suspensión del término de caducidad de la acción por presentación de solicitud de conciliación prejudicial. Reiteración del precedente.

Esta sección ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre los efectos de las solicitudes de conciliación prejudicial presentadas en controversias relativas a asuntos tributarios.

En vista de que se estaba adoptando una posición diferente a la asumida por la sección primera de esta corporación, en el auto del 5 de septiembre de 2013, proferido en el proceso radicado 19001-23-31-000-2011-00514 (19643), Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia, se unificó la posición frente a la suspensión del término de caducidad de la acción por la solicitud de conciliación prejudicial en controversias tributarias, así:

2.1. Por prohibición expresa del parágrafo 2º del artículo 70 de la Ley 446 de 1998 y el parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 1716 de 2009(3), los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario no son conciliables.

2.2. En las controversias que versen sobre asuntos tributarios, la parte demandante no está en la obligación de agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, contenido en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, toda vez que el asunto no es conciliable.

Así pues, cuando se presente una solicitud de conciliación prejudicial en materia tributaria, el procurador no puede admitirla y está en la obligación de expedir la constancia de asunto no conciliable, dentro de los diez días calendario siguientes a la presentación de la solicitud, tal como lo dispone el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 640 de 2001, tiempo en el cual se suspende el término de caducidad.

2.3. Sin embargo, si el procurador admite la solicitud de conciliación y tramita la misma para lo que fija fecha de audiencia o, tarda más de los 10 días otorgados por la ley para expedir la constancia de asunto no conciliable, el término de caducidad se suspende por ese lapso, pues la parte actora, de buena fe, confió en la actuación de la procuraduría y, mal podría atribuírsele al demandante el vencimiento del término de caducidad de la acción si este se produjo por la desatención del ente conciliador del artículo 2º, numeral 3º, de la Ley 640 de 2001(4).

2.4. Dicha conclusión se deduce, también, de la lectura integral de los artículos 2º y 21 de la Ley 640 de 2001 y 3º del Decreto 1716 de 2009, en virtud de los cuales se entiende que el término de caducidad de la acción se suspende cuando se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial, así el asunto no sea conciliable o no sea requisito de procedibilidad para demandar.

2.5. El objeto de la controversia es un asunto de carácter tributario aduanero, no susceptible de conciliación prejudicial, en tanto se está discutiendo la negativa de la administración aduanera en la expedición de la liquidación oficial de corrección por errores en la declaración de importación 07085280388543 de 9 de diciembre de 2008, corregida con la declaración 07085300267920 de 2 de abril de 2009.

2.6. La Resolución 10119 de 30 de marzo de 2010, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 2542 de 11 de diciembre 2009, fue notificada por correo a la Agencia de Aduanas Hermann Schwyn & Cia S.A. nivel 1, el 31 de marzo de 2010 (fl. 76). El término para interponer la demanda contra dichos actos administrativos, so pena de la caducidad de la acción, vencía el 1º de agosto de 2010, según lo dispone el artículo 136-2 del Código Contencioso Administrativo.

2.7. No obstante no ser un asunto conciliable, el 9 de julio de 2010, el apoderado de las sociedades Tubos del Caribe Ltda. y Agencia de Aduanas Hermann Schwyn & Cia S.A. nivel 1, presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Regional de Bolívar con el fin de que la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, profiriera liquidación oficial de Corrección en defensa de los intereses de su representada y en consecuencia se revoque las resoluciones 2542 de 11 de diciembre de 2009 y 10119 de 30 de marzo de 2010, ambas expedidas por la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena (fls. 38-39).

2.8. En el trámite de la audiencia de conciliación celebrada el 4 de agosto de 2010, el procurador advirtió lo siguiente:

“(…) que se está en presencia de un asunto no conciliable, en razón a que los actos acusados se refieren a la solicitud de liquidación oficial de corrección, lo que quiere decir que se trata de un asunto tributario de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 1716 de 2009. Así las cosas el señor procurador ajustado a parámetros legales da por cerrada la etapa de conciliación y ordena que por Secretaria se devuelvan al peticionario los documentos de solicitud y la correspondiente constancia para fines que estime convenientes”(5).

El procurador judicial expidió constancia en los términos de la Ley 640 de 2001, el 4 de agosto de 2010 (fls. 38-39).

2.9. De acuerdo con el precedente citado, la presentación de la solicitud de conciliación y su admisión y trámite por la Procuraduría 21 Judicial II para Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, suspendió el término de caducidad de la acción durante los días 9 de julio a 4 de agosto de 2010.

Así pues, como la solicitud de conciliación fue presentada a los 3 meses y 8 días después de la notificación del acto, esto es, faltando 22 días para que operara el fenómeno de la caducidad, el 5 de agosto de 2010 se reanudó el término para demandar, el cual vencía el 27 de agosto de ese mismo año.

En ese orden de ideas, se concluye que al 23 de agosto de 2010, fecha de la presentación de la demanda, no había operado la caducidad de la acción como lo afirmó el tribunal, por lo que se revocará la sentencia de primera instancia y se procederá a estudiar la siguiente excepción:

3. Indebido agotamiento de la vía gubernativa.

3.1. La parte demandada fundamentó la excepción en el hecho de que la sociedad Tubos del Caribe Ltda. no agotó la vía gubernativa, toda vez que no interpuso los recursos en vía gubernativa. Solo los interpuso el declarante.

3.2. De conformidad con el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, para demandar la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto ante esta jurisdicción, es requisito sine qua non, el agotamiento de la vía gubernativa, como presupuesto procesal de la acción.

3.3. En el caso que nos ocupa, se observa de los antecedentes administrativos que el 9 de diciembre de 2008, la sociedad Hermann Schwyn & Cia S.A. presentó la declaración de importación con sticker 07085280388543, a nombre del importador Tubos del Caribe Ltda(6). El 2 de abril de 2009, la corrigió con la declaración de importación con sticker 07085300267920(7).

El 27 de abril de 2009, la agencia presentó ante la división de gestión de liquidación, solicitud de liquidación oficial por pago en exceso artículo 513 del Decreto 2685 de 1999 – Declaración de corrección con número de aceptación 4820009M00000498 del 2 de abril de 2009 por valor de $ 364.870.000, importador: Tubos del Caribe Ltda. Declarante: Hermann Schwyn y Cia S.A(8).

La jefe de la división de gestión de liquidación aduanera profirió la Resolución 1-48-201-241-661-002542 de 11 de diciembre 2009, mediante la cual negó la solicitud de expedición de Liquidación Oficial de Corrección a la declaración de importación No. 07085300267920 de 2 de abril de 2009, ordenó notificar personalmente o por correo al solicitante Agencia de Aduanas Hermann Schwyn y Cia S.A. al Edificio Chambacú Bussiness Center Piso 6 Cartagena de Indias, y al importador Tubos del Caribe Ltda. al Parque Industrial Carlos Vélez Pombo Km 1 Vía Turbaco Cartagena de Indias, en los términos de los artículos 564 y 567 del Decreto 2685 de 1999(9).

El mencionado acto fue notificado por correo a Tubos del Caribe Ltda. y Hermann Schwyn y Cia SA.(10) esta última interpuso recurso de reconsideración.(11) El 30 de marzo de 2010, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos resolvió el recurso de reconsideración interpuesto, confirmando el acto recurrido(12), y ordenó notificar a la Agencia.

3.4. Conforme con el artículo 10 del Decreto 2685 de 1999 las agencias de aduanas actúan en nombre y por encargo de los importadores y exportadores, y se presume la existencia de un contrato de mandato.

El artículo 2142 del Código Civil define el contrato de mandato como “(…) un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos, por cuenta y riesgo de la primera”.

Por su parte el Código de Comercio en el artículo 1262 define el mandato comercial como “(…) un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. El mandato puede conllevar o no la representación del mandante”.

El mandato con representación(13), es el que corresponde al vínculo que se crea entre la agencia de aduanas y su mandante. La agencia en su carácter de mandatario actúa a nombre y en representación de su mandante, dentro de los límites fijados en el mandato.

3.5. La Agencia de Aduanas Hermann Schwyn & CIA SA. Nivel I, actuaba en virtud del mandato suscrito el 21 de diciembre de 2006 con Tubos del Caribe Ltda(14). En las clausulas 1 y 4 de ese contrato se estipuló: “Primera. Objeto: El mandante encarga al mandatario la celebración o ejecución de los actos de comercio y/o trámites legales, en ejercicio de la Intermediación aduanera que desempeña, esto es ejecutar ante la DIAN y/o depósitos habilitados aduaneros, y/o sociedades portuarias, y/o transportadores, y/o agentes marítimos, y/o autoridades en general, y en nombre y representación del mandante, todos los trámites necesarios para obtener las autorizaciones, licencias, registros de importación o vistos buenos correspondientes ante las autoridades en general (…) Cuarta. Efectos de la gestión: El mandatario para los efectos del presente contrato, actuara en calidad de representante del mandante, es decir, actuara en su nombre y por cuenta y riesgo de este, entendiéndose además; que es el titular de los derechos y obligaciones emanadas de la actividad desempeñada por el mandatario en la prestación del servicio contratado (…)”.

De manera que la administración de Impuestos no puede en esta instancia solicitar al mandante, que agotara la vía gubernativa, desconociendo que la Agencia de Aduanas interpuso los recursos de ley, de acuerdo con el mandato con representación otorgado por Tubos del Caribe Ltda. Todo, porque Hermann Schwyn & Cia SA. Nivel I actuaba en nombre y representación de Tubos del Caribe Ltda., produciendo sus actos directamente efectos en relación con su mandante.

Por esto, no puede decirse que la sociedad Tubos del Caribe Ltda., no agotó la vía gubernativa.

En consecuencia, no prospera la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa.

4. Procedencia de la expedición de liquidación oficial de corrección, por errores en la declaración de importación.

4.1. Alega la parte demandante que la administración centra su negativa de no proferir la liquidación oficial de corrección, en un tema probatorio formal aduanero sobre el certificado de origen y la factura con el proveedor en el exterior, cuando lo que se discute no es ese aspecto sino la aplicación de un acuerdo internacional, de un compromiso adquirido con los representantes gubernamentales en el exterior, que debe ser atendido por todos los funcionarios del poder público.

4.2. La administración, por el contrario, considera que el certificado de origen y los demás documentos fueron aportados en copia simple, careciendo de valor probatorio, lo que llevó a que se entienda que los tributos aduaneros pagados con la declaración de importación identificada con autoadhesivo 07085280388543 de 9 de diciembre de 2008, son los que legalmente corresponden.

4.3. El artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, señala en qué casos la autoridad aduanera puede expedir de oficio una liquidación oficial de corrección, así:

“Artículo 513.—Liquidación oficial de corrección. La autoridad aduanera podrá expedir Liquidación Oficial de Corrección cuando se presenten los siguientes errores en las declaraciones de importación: subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad o tratamientos preferenciales.

(…)” (destacado fuera de texto).

Por su parte el artículo 438 de la Resolución 4240 de 2000, reglamentario del artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, precisa:

“Artículo 438.—Liquidación oficial de corrección. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, la liquidación oficial de corrección, procederá a solicitud de parte, dirigida a la división de liquidación, o a la dependencia que haga sus veces, cuando:

a) Se presenten diferencias en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección aduanera. En estos casos, se deberá anexar a la solicitud, copia de la declaración de importación y del acta de Inspección, donde conste la observación efectuada por el funcionario aduanero competente, sobre la avería o el faltante, reconocidos en la inspección;

b) Cuando se trate de establecer el monto real de los tributos aduaneros, en los casos en que se aduzca pago en exceso.

(…)”

4.4. De acuerdo con las normas transcritas, la DIAN puede formular liquidación oficial de corrección por errores en las declaraciones de importación entre otros, por los tratamientos preferenciales arancelarios derivados de un acuerdo comercial, o a petición de parte para establecer el monto real de los tributos aduaneros, en los que se alegue pago en exceso.

4.5. Dentro de las facultades de fiscalización y control con que cuenta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, está la de practicar pruebas y la de “Verificar la exactitud de las declaraciones, documentos soporte u otros informes, cuando lo considere necesario para establecer la ocurrencia de hechos que impliquen un menor monto de la obligación tributaria aduanera o la inobservancia de los procedimientos aduaneros”, conforme al artículo 470 del Estatuto aduanero.

4.6. La agencia de aduanas en la solicitud de liquidación oficial de corrección por pago en exceso, allegó como pruebas las siguientes:

• Fotocopia de la declaración de importación con aceptación 482008000020819-5 de 9 de diciembre de 2008.

• Fotocopia del recibo oficial de pago de tributos aduaneros 482009030000158-1 de fecha 6 de enero de 2009.

• Fotocopia del certificado de origen 000715 expedido el día 23 de diciembre de 2008, el cual anula y sustituye el certificado de origen 003889 con fecha 1º de diciembre de 2008.

• Fotocopia de la declaración de corrección con aceptación 482009M00000498 del 02 de abril de 2009(15).

Con ocasión de la interposición del recurso de reconsideración allegó las siguientes pruebas:

1. Copia de la factura comercial 0360008110 de 27/11/09 (sic)

2. Copia de la declaración de cambio 11320 del 15/01/09

3. Copia del BI Nº 02

4. Copia de reporte del giro realizado a través de CitiDirect Online Banking(16)

4.7. La agencia aduanera no aportó los documentos originales soportes de la declaración de importación, en especial el certificado de origen 000715 de 23 de diciembre de 2008, expedido por la República de Venezuela(17) y la factura comercial 0360008110 de 27 de noviembre de 2008, expedida por el proveedor en el exterior SIDOR(18), sino copias simples.

4.8. Al momento de la presentación de la demanda la Agencia de Aduanas allegó copia autenticada del certificado de origen 000715 de 23 de diciembre de 2008, expedido por la República de Venezuela(19) y la factura comercial 0360008110 de 27 de noviembre de 2008, expedida por el proveedor en el exterior SIDOR CA(20), por lo que se debe analizar si los documentos cumplen las condiciones establecidas en la ley para tenerse como prueba en el presente proceso.

4.9. El artículo 254 del Código de Procedimiento Civil establece que las copias tendrán el mismo valor del original cuando hubieren sido autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente así se ha pronunciado la Sala(21).

Es importante señalar que por autenticidad se entiende la ausencia de duda acerca de la persona que creó el documento o aceptó lo en él expresado, como bien lo resalta el artículo 252 ibídem, al indicar que es “la certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado”(22). La autenticidad es un requisito que debe estar cumplido para que el documento pueda ser apreciado y valorado en lo que intrínsecamente contenga(23).

4.10. Estima la Sala que las fotocopias autenticadas del certificado de origen 000715 de 23 de diciembre de 2008, y la factura comercial 0360008110 de 27 de noviembre de 2008, reúnen las condiciones de autenticidad que exige el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil(24), puesto que en las mismas constan sellos de la Notaría Tercera del Circulo de Cartagena que certifica “que la presente es Copia del Original que tuvo a la vista” de fecha 20 de agosto de 2010.

4.11. La Sala ha precisado que cuando las razones del rechazo obedecen a la falta de certificación en la vía gubernativa, los administrados al acudir a la jurisdicción para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos, pueden aportar nuevas pruebas o mejorar las que se presentaron en sede administrativa, pues, con base en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen(25).

4.12. Si bien no se adjuntaron a la solicitud de liquidación oficial de corrección, las copias autenticadas o los originales, esta circunstancia, por sí misma, no implica la existencia de una irregularidad en las copias simples allegadas, pues no se puede desconocer que el certificado de origen y la factura comercial, fueron reconocidas por un notario que dio fe pública de que esos documentos son fiel copia de su original que tuvo a la vista, y que corresponden a las aportadas.

4.13. En cuanto a que el documento no cuenta con el sello de apostilla, la Sala precisa que la “Apostilla”(26), consagrada en la convención sobre la abolición del requisito de legalización de documentos públicos extranjeros suscrito en la Haya el 5 de octubre de 1961 y aprobado por Colombia a través de la Ley 455 de 1998, que entró en vigencia el 30 de enero de 2001, en el artículo 1 se señala que el Convenio sobre apostilla no se aplica a los documentos emitidos por agentes diplomáticos o consulares, o a documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera, de manera que no era necesaria esta exigencia.

4.14. La agencia de aduanas con la presentación de la declaración de importación obtuvo el levante automático(27), y con la corrección de la declaración se llevó a cabo inspección previa de levante de mercancía como se observa en el acta de inspección de 3 de abril de 2009(28).

Además, debe recordarse que cuando se practica una inspección aduanera, el declarante deberá poner a disposición los originales de los documentos soportes de la declaración de importación de que trata el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999, luego es válido afirmar que al momento del levante de la mercancía se exhibieron los documentos originales a la administración, lo que constituye prueba de su verificación, por parte de un funcionario de la DIAN.

Adicional a lo anterior obra el Oficio 48-245-01824 de 11 de agosto de 2009, del Jefe Grupo de Laboratorio de la Dirección Seccional de la Aduana de Cartagena(29), dando respuesta al Oficio 708 de 3 de agosto de 2009 de la Jefe de División de Liquidación, respecto a “verificar si los documentos de Origen cumplen con los requisitos de la Comunidad Andina de Naciones (Venezuela). Además si son auténticos y veraces” a lo que respondió: “Según el análisis efectuado al certificado de origen 000715 de 23-12-2008 y las normas relacionadas con el tema, incluyendo los memorandos 00199 de abril 7 de 2008 y 294/572 de septiembre 28 de 2008, cuyo asunto se refiere a la extemporaneidad en la presentación de los certificados de origen expedidos por la República Bolivariana de Venezuela se concluye que el importador no pierde la preferencia arancelaria establecida en el acuerdo CAN”.

4.15. Así las cosas, como obran las pruebas que echa de menos la administración para proferir la liquidación oficial de corrección, y al hecho que las mercancías importadas provenían de Venezuela y gozaban de trato preferencial arancelario de 0% según la Comunidad Andina Decisión 416 Capítulo 2, artículo 2º literal E, como se lee en el certificado de origen, la Sala anulará los actos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, se liquidará, así:

Reliquidación tributos aduaneros de la declaración de importacion Nº 07085300267920 (fl 65)
RenglónLiquidación privadaLiquidación de corrección
Subpartida arancelaria72253000007225300000
Valor en aduana US3.140.990.453.140.990.45

Tarifa arancel5%0%
Base gravable arancel7.297.400.293.007.297.400.293.00
Total arancel364.870.0000
Tarifa del IVA16%16%
Base gravable IVA7.662.270.2937.297.400.293.00
Total IVA1.225.963.0001.167.584.047
Diferencia a favor del importador por arancel e IVA $423.248.953
Recibo de pago Nº 09004061337031 del 6 de enero de 2009 (fl 56-64)

La modificación en la liquidación del arancel repercute en la del IVA, en consideración a lo previsto en el artículo 459 del estatuto tributario que dispone: “[I]a base gravable, sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas en el caso de las mercancías importadas, será la misma que se tiene en cuenta para liquidar los derechos de aduana, adicionados con el valor de ese gravamen” (entiéndase gravamen arancelario).

En cuanto a la devolución de las sumas pagadas, se observa que la sociedad actora también pidió que, a título de restablecimiento del derecho, se reconozca el pago en exceso.

La Sala precisa que como el derecho que se deriva de los actos anulados que negaron la corrección de la declaración de importación se restablece mediante la formulación de la liquidación oficial, en las que se observa el saldo pagado en exceso por la sociedad demandante, y teniendo en cuenta que la administración le impidió la posibilidad de solicitar la devolución de las sumas pagadas, por economía procesal, se ordenará su devolución.

En consecuencia se ordenará la devolución del pago en exceso, junto con los intereses corrientes de que trata el artículo 863 del estatuto tributario, a la tarifa prevista en el artículo 864 ídem, desde la notificación del acto que negó la liquidación oficial de corrección (Resolución 2542 de 11 de diciembre de 2009) – 15 de diciembre de 2009(30), hasta la fecha de notificación de esta providencia. Y los intereses moratorios, a partir del día siguiente de la ejecutoria de esta providencia y hasta la fecha de pago.

Respecto a la solicitud del reintegro de erogaciones realizadas por la sociedad, y los perjuicios patrimoniales causados, la Sala no encuentra prueba alguna en el expediente.

La parte demandante en la demanda solicitó que se condene en costas a la parte contraria, petición a la que no se accederá por no encontrarse probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 7 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

2. DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.

3. ANÚLANSE las resoluciones 2542 de 11 de diciembre de 2009 y 10119 de 30 de marzo de 2010, proferidas por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena y la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, respectivamente, mediante las cuales se negó la solicitud de Liquidación Oficial de Corrección a la declaración de importación 07085280388543 de 9 de diciembre de 2008, corregida por la declaración 07085300267920 de 2 de abril de 2009.

4. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho:

“TÉNGANSE como liquidación oficial de corrección a la declaración de importación 07085280388543 de 9 de diciembre de 2008, corregida por la declaración 07085300267920 de 2 de abril de 2009 la insertada en la parte considerativa de esta sentencia.

ORDÉNASE a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Devolver a la sociedad Agencia de Aduanas Hermann Schwyn & Cia S.A. la suma de cuatrocientos veintitrés millones doscientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos ($ 423.248.953.00) m/cte., por concepto de tributos aduaneros pagados en la declaración de importación relacionada en la liquidación de corrección antes mencionada, junto con los intereses corrientes de que trata el artículo 863 del estatuto tributario, a la tarifa prevista en el artículo 864 ídem, desde la notificación del acto que negó la liquidación oficial de corrección, hasta la fecha de notificación de esta providencia.

Y los intereses moratorios, a partir del día siguiente de la ejecutoria de esta providencia y hasta la fecha de pago.

NIEGÁNSE las demás pretensiones de la demanda por no encontrarse probadas”.

5. RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Tatiana Orozco Cuervo, como apoderada de la parte demandada, en los términos y para los fines del memorial poder conferido, visible en el folio 328 del expediente.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

3 Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y el Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

4 Al respecto, pueden consultarse las siguientes providencias: Sección Cuarta, auto del 1º de agosto de 2013, radicación: 25000-23-27-000-2012-00383-01 (19734), Consejero Ponente: Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez (E), Sección Primera, auto del 4 de octubre de 2012, rad.: 05001-23-31-000-2011-01243-01, Consejera ponente: María Elizabeth García González.

5 Fls. 40-41

6 Fl. 130

7 Fl 142

8 Fls. 125-129

9 Fls. 176-179

10 Fls. 174 y 175

11 Fls. 180-184

12 Fls. 195-202

13 Artículo 833 del Código de Comercio.—“Efectos jurídicos de la representación. Los negocios jurídicos propuestos o concluidos por el representante en nombre del representado, dentro del límite de sus poderes, producirán directamente efectos en relación con este. La regla anterior no se aplicará a los negocios propuestos o celebrados por intermediario que carezca de facultad para representar”.

14 Fls. 144-149.

15 Fl. 128

16 Fl. 184

17 Fl. 141

18 Fl. 188

19 Fl. 67 cdno. 2

20 Fl. 68 cdno. 2

21 Cfr. Sentencia del Consejo de Estado Sección Cuarta, de 5 de junio de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, exp. 18627.

22 Hernando Fabio López Blanco, Procedimiento Civil Tomo 3 Pruebas, Prueba documental, Segunda Edición, Dupré Editores, pág. 337.

23 Ibídem, pág. 338

24 Artículo 252.—Documento auténtico. Artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad.
El documento privado es auténtico en los siguientes casos:

25 Sentencias del 6 de octubre de 2005, exp. 14635 C.P. Ligia López Díaz; de 23 de septiembre de 2010, exp. 17425 C.P. William Giraldo Giraldo; de 10 de marzo de 2011, exp. 16966; de 21 de agosto de 2014, exp. 19412 C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

26 Según la Cancillería. La apostilla es la legalización de la firma de un funcionario público en ejercicio de sus funciones cuya firma deberá estar registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se apostilla la firma del funcionario público impuesta en el documento mas no se certifica ni revisa su contenido. Un documento se debe apostillar cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros de la Haya de 1961.
La apostilla también podrá imponerse sobre documento privado. La firma del documento privado deberá ser reconocida por notario público, la firma de éste último deberá estar registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

27 Fls 54 y 65 c.p.

28 Fl 66 c.p.

29 Fls 167-169

30 Fl. 174, c.p.