Sentencia 2010-00481 de junio 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 25000232500020100048101

Ref.: 2476-2011

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Elisa Estrada de Rincón

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., veintisiete de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.

Problema jurídico por resolver

El problema jurídico se contrae en determinar, si sobre las diferencias resultantes del reajuste ordenado a favor de la asignación de retiro que viene percibiendo la demandante debe aplicarse el término cuatrienal de prescripción previsto en los decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990 o, si por el contrario, el término prescriptivo a aplicar es el previsto en el Decreto 4433 de 2004.

Cuestión previa

Observa la Sala que, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, le impone a los jueces la obligación de proferir sentencias en el orden en que cada uno de los procesos que han venido tramitando hayan pasado al despacho para tal efecto, sin que hubiere lugar a alterarse dicho orden. Así se observa en la citada norma:

“(...) ART. 18.—Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social (...)”.

No obstante lo anterior, el legislador mediante la Ley 1285 de 22 de enero de 2009, por la cual se reformó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, en su artículo 16 estableció la posibilidad de que el Consejo de Estado, en sus salas o secciones, sometieran a estudio y aprobación los proyectos de sentencia con carácter preferente, esto es, sin atender el estricto orden de entrada al despacho, cuando la decisión adoptada entrañe únicamente reiteración de su jurisprudencia.

Para mayor ilustración, se transcriben los apartes pertinentes del artículo 16 de la Ley 1285 de 2009:

“(...).

Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso-administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio.

(...)”.

Así las cosas, teniendo en cuenta que este despacho mediante sentencias de 15 de noviembre de 2012. Radicado 0907-2011; 10 de marzo de 2011. Radicado 1601-2010 y 23 de septiembre de 2010. Radicado 0660-2010 ya ha resuelto asuntos cuyo problema jurídico guarda identidad con el que hoy formula la parte demandante, la Sala en el caso concreto, entrará a desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 5 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin atender el orden y fecha en que el presente asunto entró para fallo al despacho que sustancia esta causa.

De la jurisprudencia de la Sala en relación con el reajuste de las asignaciones de retiro con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC.

Estima la Sala que el método de reajuste tradicionalmente utilizado para las asignaciones de retiro de los oficiales y suboficiales tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional lo constituye el principio de oscilación, según el cual las asignaciones de retiro tendrán en cuenta la totalidad de las variaciones que en todo tiempo se introduzcan a las asignaciones que se devengan en actividad, esto con el fin de garantizar la igualdad de remuneración a quienes han cesado en la prestación de sus servicios.

En efecto, el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, mediante el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, establecía el referido principio de oscilación en los siguientes términos:

“ART. 169.—Oscilación de asignación de retiro y pensión. Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente decreto se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de este decreto. En ningún caso aquellas serán inferiores al salario mínimo legal.

Los oficiales y suboficiales o sus beneficiarios, no podrán acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley.

PAR.—Para la oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones de oficiales generales y de insignia, coroneles y capitanes de navío, se tendrá en cuenta como sueldo básico, el porcentaje que como tal determinen las disposiciones legales vigentes que regulen esta materia, más las partidas señaladas en el artículo 158 de este decreto”.

Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, en cuyo artículo 13 se ordenó al Gobierno Nacional establecer una escala gradual porcentual con el fin de nivelar la remuneración que perciben tanto el personal activo como el retirado de la Fuerza Pública.

Para mayor ilustración se transcribe el artículo 13 ibídem:

“ART. 13.—En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2º.

PAR.—La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996”.

Sin embargo, el legislador mediante la Ley 238 de 26 de diciembre de 1995 adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que los beneficios previstos en los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993, esto es, el reajuste pensional conforme la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, y de la mesada adicional del mes de junio, se harían extensivos a los sectores previstos en el artículo 279 ibídem, entre ellos, los miembros de la Fuerza Pública.

Teniendo en cuenta lo anterior, el personal retirado de la Fuerza Pública comenzó a solicitar el reajuste de las asignaciones de retiro que venían devengando, con el fin de obtener en la práctica, el pago de las diferencias existentes entre los reajustes anuales efectuados con fundamento en el principio de oscilación y los que debían hacerse con aplicación de la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, toda vez que este último, a su juicio, representaba un mayor valor y, en consecuencia, resultaba más favorable a sus intereses.

En este sentido, advierte la Sala que fue con ocasión de estos reclamos, en sede judicial, que la Sección Segunda de esta Corporación en pleno, mediante sentencia de 17 de mayo de 2007, radicado 8464-2005, M.P. Jaime Moreno García, abordó el problema jurídico en ese caso concreto, desde la perspectiva de la competencia del legislador para expedir la Ley 238 de 1995, en contraposición a la prevalencia y mandato expreso de la Ley 4ª de 1992, en cuanto señala que es al Presidente de la República a quien le está dada la competencia para regular el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública.

Sostuvo en esa oportunidad la Sala Plena de Sección, que si bien el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992 preceptúa que cualquier régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones previstas en la Ley 4ª de 1992 o los decretos expedidos en desarrollo de la misma carecerán de todo efecto, tal previsión no hacía alusión a la expedición de una ley posterior, pues la sanción prevista en la citada Ley 4ª de 1992 es la de nulidad la cual, está reservada para otro tipo de actos jurídicos, distintos a la ley.

Bajo este supuesto, consideró la Sala de Sección en la citada providencia que la Ley 238 de 1995 no podía ser inaplicada al caso concreto, toda vez que ella se traducía en un reajuste más favorable para las asignaciones de retiro del personal de la Fuerza Pública en retiro que el previsto anualmente por el Presidente de la República en desarrollo de la Ley 4ª de 1992 y los decretos 1211 y 1212 de 1990, en cuanto resultaban ser cuantitativamente superiores.

Lo anterior, afirmó el referido pronunciamiento de sección, encontraba sustento adicional en el hecho de que la Corte Constitucional en Sentencia C-432 de 2004 rectificó su criterio en relación con las asignaciones de retiro, al reconocer que estas se asimilaban a las pensiones de vejez o de jubilación, según fuera el caso.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la sentencia de 17 de mayo de 2007. Radicado 8464-2005, la Sala de Sección accedió a las súplicas de la demanda, ordenando el reajuste de la asignación de retiro con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, sin perjuicio de la prescripción sobre las diferencias a que hubiera lugar, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1212 de 1990.

Y de manera expresa se precisó en relación con el “limite del derecho” que el reajuste reconocido debía “liquidarse hasta el reajuste dispuesto por el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, debido a que esta norma volvió a establecer el mismo sistema que existió bajo la vigencia del Decreto 1212 de 1990, o sea es decir teniendo en cuenta la oscilación de las asignaciones del personal en actividad”.

Con posterioridad a la sentencia de Sala Plena de Sección de 17 de mayo de 2007, las subsecciones A y B, se han pronunciado en reiteradas ocasiones, de manera consistente y uniforme, sobre la solicitud del personal en retiro de la Fuerza Pública, tendiente a obtener el reajuste de la asignación de retiro con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC.

En efecto, son varias las providencias que en esta oportunidad esta subsección trae a consideración, en relación con la solicitud de reajuste de las asignaciones de retiro del personal de la Fuerza Pública, que ha dejado de prestar sus servicios, con fundamento en el índice de precios al consumidor, IPC.

1. Al respecto, en sentencia de 16 de abril de 2009. Radicado 2048-2008. M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, la Subsección B, de la Sección Segunda de esta Corporación, reiteró que el reajuste a que tenían derecho el personal en retiro de la Fuerza Pública contaba con un límite temporal, esto es, hasta la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, norma mediante la cual se adoptó nuevamente el principio de oscilación para efectos de actualizar las referidas prestaciones.

Así se observa la tesis expuesta en esta providencia:

“Se concluye entonces que la Ley 238 de 1995 es la norma expresa que exigen los decretos 1211 y 1212 de 1990 para aplicar, en materia de reajuste pensional, el mecanismo adoptado por la Ley 100 de 1993 y no el de oscilación consagrado en estas normas.

Sin embargo, en la precitada sentencia de 17 de mayo de 2007, proferida por la Sección Segunda de esta corporación, se determinó como límite al derecho de reajuste, con base en el índice de precios al consumidor, de las asignaciones de retiro y pensiones sujetas al régimen especial de la Fuerza Pública, la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, el cual, en su artículo 42, estableció nuevamente el principio de oscilación para efectos de actualizar las referidas prestaciones, por lo que así habrá de decidirse (...)”.

2. Por su parte, en sentencia de 27 de enero de 2011. Radicado 1479-2009. M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, la Subsección A de esta sección, en consonancia con lo expuesto en la providencia antes reseñada, precisó la tesis de que “una cosa es que se haga un incremento con fundamento en el índice de precios al consumidor, IPC, a la base de liquidación de la mesada pensional y otra muy distinta que se aplique el principio de oscilación para realizar los incrementos anuales”.

En efecto, se sostuvo en esa oportunidad que teniendo claro el carácter de prestación periódica de que goza la asignación de retiro, no había duda que el hecho de que se haya ordenado reliquidar la base de la asignación de retiro hace que su monto se vaya incrementando de manera cíclica y a futuro de manera ininterrumpida.

3. Así mismo, mediante sentencia de 27 de octubre de 2011. Radicado 2167-2009. M.P. Alfonso Vargas Rincón, la Subsección A, de la Sección Segunda de esta Corporación, al haber accedido a las súplicas del demandante reiteró que efectuada la liquidación de las diferencias resultantes del reajuste de la asignación de retiro, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, las mismas, en ese caso, no podían ser pagadas por encontrarse prescritas pero que, no obstante ello, si debían utilizarse como base para la liquidación de las mesadas posteriores, esto es, a futuro.

Para mayor ilustración se transcribe la tesis expuesta en la providencia en cita:

“(...) La entidad deberá efectuar la liquidación por dichos años, aplicando el IPC vigente para tales fechas y sobre esas sumas, aplicará los porcentajes anuales correspondientes, conforme al cuadro que aparece a folio 17, por cuanto si bien dichas diferencias no pueden ser canceladas por encontrarse prescritas, sí deben ser utilizadas como base para la liquidación de las mesadas posteriores.

Se aclara igualmente que el ajuste de las asignaciones de retiro con base en el índice de precios al consumidor, debe hacerse hasta el 31 de diciembre de 2004, teniendo en cuenta que el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990, que consagró el sistema de oscilación y que fue retomado por el legislador mediante la Ley 923 de 2004 y reglamentado a su vez por el Decreto 4433 del mismo año, manteniendo vigente este sistema de reajuste (...)”.

Bajo las consideraciones que anteceden, debe decirse, que la tesis expuesta por esta sección en sus subsecciones A y B, en relación con el reajuste de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, ha estado orientada en un solo sentido, esto es, a que el referido reajuste incide directamente en la base de la respectiva asignación de retiro, con una clara proyección hacia el futuro, lo que supone que a partir del 1º de enero de 2005, el reajuste efectuado con fundamento en el principio de oscilación, en virtud del Decreto 4433 de 2004, en todo caso parte del aumento que ha debido experimentar la base de la asignación de retiro, durante los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Así las cosas, a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004, el reajuste ya no se haría más de conformidad con el índice de precios al consumidor, IPC, sino con aplicación del principio de oscilación, previsto en el artículo 42 del citado decreto, pero en todo caso, la base de la asignación de retiro a 31 de diciembre de 2004 debe contemplar el reajuste que en el pasado se ordenó con fundamento en fundamento la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004

En otras palabras, los incrementos que se efectúen sobre la asignación de retiro de un oficial o suboficial de la Fuerza Pública en retiro a partir de la entrar en vigencia el Decreto 4433 de 2004, esto es el 31 de diciembre de 2004, no pueden desconocer que dicha asignación de retiro, en su base, experimentó un incremento en virtud del reajuste que en sede judicial se haya ordenado, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, sobre el cual en todo caso deberá incrementarse a futuro, en virtud del principio de oscilación. Una interpretación en contrario desconocería el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada, consagrado en dos enunciados normativos distintos de la Constitución Política, esto es, en el inciso sexto del artículo 48(1) y en el inciso tercero del artículo 53(2), derecho que a juico de la Sala constituye una expresión del principio de Estado social de derecho, de la protección especial que establece la carta política a las personas de la tercera edad y de los derechos a la igualdad y al mínimo vital y móvil.

II. Del caso concreto

Advierte la Sala, en primer lugar, que según copia de la Resolución 94 de 14 de febrero de 1977, suscrita por el gerente de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, visible a folio 11 del expediente, al señor Federico Rincón Puentes le fue reconocida asignación de retiro, a partir del 1 de abril de 1977, en su condición de general retirado de la Fuerza Aérea.

No obstante lo anterior, al fallecimiento del General Federico Rincón Puentes, 24 de octubre de 1980, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ordenó la sustitución de su asignación de retiro a favor de la señora Elisa Estrada de Rincón, en su condición de cónyuge supérstite, mediante Resolución 941 de 30 de octubre de 1980 (fls. 13 a 15).

El 14 de octubre de 2009, la actora solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerza Militares, el reajuste de la asignación de retiro, que venía percibiendo, con base en el índice de precios al consumidor.

Para mayor ilustración se transcriben los apartes de la referida solicitud (fls. 3 a 4):

“(...) Solicito se ordene a quien corresponda la reliquidación y reajuste de mi pensión, reconocida mediante resolución expedida por dicha entidad, adicionándole los porcentajes correspondientes a la diferencia existente entre el porcentaje en que fue aumentada la pensión, en aplicación de la escala gradual salarial porcentual y el índice de precios al consumidor IPC que se aplicó para los reajustes pensionales con fundamento en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004.

El reajuste de la pensión, año por año, a partir de 1997 a la fecha, con los nuevos valores que arroje la reliquidación solicitada en el literal anterior.

Ordenar el pago efectivo e indexado de los dineros correspondientes a la diferencia que resulte entre la liquidación solicitada y las sumas canceladas por concepto de pensión desde el año 1997 en adelante hasta la fecha en que sea reconocido el derecho precitado.

De negarse por parte de ese despacho las pretensiones antes solicitadas, se cite la norma en la que se sustenta la decisión”.

El 23 de octubre de 2009, mediante el oficio 55695, el subdirector de prestaciones sociales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares negó el reajuste deprecado, por la actora, argumentando que: “para efectos de reajuste de las asignaciones de retiro, el régimen prestacional especial de los miembros de las Fuerzas Militares desde 1945, y aún en la normatividad vigente, contempla el principio de oscilación (...)” razón por la cual estos no pueden acogerse a normas que regulan ajustes en otros sectores de la administración pública (fl. 6).

Bajo las consideraciones que anteceden y teniendo en cuenta que la demandante viene percibiendo una asignación de retiro, la Sala estima acertada la decisión del tribunal en cuanto ordenó el reajuste de la referida prestación pensional con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 lo que, cabe advertir, tal y como quedó visto en el acápite que antecede incide hacia futuro en la base que se tuvo en cuenta para liquidar la aludida prestación, incluso pese a que las diferencias originadas en la referida variación porcentual en la práctica estén prescritas.

Lo anterior significa que a partir del 1º de enero de 2005, fecha en la que se retoma el principio de oscilación como método para actualizar las asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el reajuste de la asignación de retiro que viene percibiendo la actora parte de una base reajustada con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, en relación con las diferencias a que hubo lugar el período comprendido entre 1997 y el 2004.

Lo expuesto sin perjuicio, como ya se anunció, de que sobre las diferencias a que haya lugar producto del reajuste de la asignación de retiro que viene percibiendo la demandante se aplique el término prescriptivo. Precisamente en este punto, y teniendo en cuenta lo argumentado por la parte demandante en el recurso de apelación, dirá la Sala que no comparte la proposición del tribunal en cuanto declaró sobre las aludidas diferencias el término trienal de prescripción. Lo anterior por las siguientes razones:

La demandante reclama mediante al presente acción contenciosa el reajuste de la asignación de retiro, que ha venido percibiendo, por los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004. Para el inicio de dichas anualidades la norma vigente en materia de términos de prescripción era el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, el cual estableció un período de 4 años contados a partir de la fecha en que se hizo exigible el derecho.

A partir del 31 de diciembre de 2004, mediante el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004 el Gobierno Nacional modificó el término prescriptivo de 4 años, disminuyéndolo a un período de 3 años, de la siguiente forma:

“Las mesadas de la asignación de retiro y de las pensiones en el presente decreto prescriben en tres (3) años contados a partir de la fecha en que se hicieron exigibles” (...).

Para la Sala es claro que, en principio, las normas no tienen efectos retroactivos, es decir, que su eficacia en el tiempo opera hacia el futuro, salvo que en ellas mismas se disponga su aplicabilidad sobre hechos acaecidos con anterioridad a su puesta en vigencia.

Nótese que de la lectura de la norma transcrita, el ejecutivo no se refirió a la prescripción de las asignaciones de retiro o pensiones causadas con anterioridad a su vigencia; circunstancia que permite afirmar que la prescripción trienal solo es aplicable a los derechos prestacionales que se causen a partir del año 2004.

Con el mismo propósito, la Sala precisa que conforme al artículo 41 de la Ley 153 de 1887, “la prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún el tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera...”, regla aplicable al presente asunto.

Las consideraciones que anteceden le permiten a la Sala concluir que, para el caso concreto, la totalidad de las diferencias causadas con el reajuste de la asignación de retiro que percibe la demandante incluso en aplicación del término cuatrienal de prescripción se encuentran prescritas toda vez que, esta interrumpió el referido término prescriptivo el 14 de octubre de 2009, con la interposición del derecho de petición ante la caja demandada (fls. 3 a 4).

En otras palabras, en aplicación del término cuatrienal de prescripción las diferencias acusadas en el reajuste de la asignación de retiro de la demandante con anterioridad al 14 de octubre de 2005, esto es, respecto de los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, se encuentran prescritas sin que ello, reitera la Sala, implique que en la práctica la base que se tuvo en cuenta para la liquidación de dicha prestación pensional no experimente una variación hacia el futuro.

Por consiguiente, la Sala revocará la sentencia apelada con el fin de precisar que si bien las diferencias causadas sobre la asignación de retiro que viene percibiendo la demandante se encuentran prescritas, en aplicación del término previsto en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, ello no implica que, en la práctica, la base que se tuvo en cuenta para efectos de liquidar la referida prestación pensional no experimente una variación positiva hacía el futuro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 5 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió a las pretensiones de la demanda promovida por Elisa Estrada de Rincón contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. En su lugar,

DECLÁRESE probada la excepción de prescripción frente a las diferencias causadas sobre la asignación de retiro que viene percibiendo la demandante.

DECLÁRESE que, no obstante encontrar probada la excepción de prescripción, las diferencias originadas entre la asignación de retiro y el reajuste con fundamento en el índice de precios al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, incidirá en la base que se debió tener en cuenta para la liquidación de dicha prestación pensional hacia el futuro.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase».

(1) “La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”.

(2) “El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.