Sentencia 2010-00489/43418 de febrero 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Rad.: 470012331000201000489 01 (43.418)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: L. M. D. y otros.

Demandado: Nación - Ministerio del Interior y de Justicia - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial.

Proceso: Acción de reparación directa.

Asunto: Recurso de apelación.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá D.C., veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

La Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por la parte actora, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1. Aspectos procesales; 1.1. Legitimación en la causa; 1.2. Caducidad de la acción de reparación directa en los casos de privación injusta de la libertad; 2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado; 3. El derecho a la libertad individual 4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad; y 5. Caso concreto.

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso(22)”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes L. M. D. quien actual como víctima directa y su núcleo familiar conformado por N. J. B. R.(23) (esposa), Y. M. B.(24), L. M. B.(25), M. M. B.(26), Y. C. M. B.(27), A. M. B.(28) y Al. M. B.(29) (hijos), quienes se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las Fiscalías Especializadas y los Juzgados Penales en las etapas de instrucción y juzgamiento a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

Por último, en lo que respecta al Ministerio de Justicia como miembro del extremo pasivo de la relación procesal, debe preverse que, como quiera que el centro de imputación contra quien se dirige la demanda es la Nación, de la cual hace parte tanto la Rama Judicial como la Fiscalía General de la Nación, y estas cuentan con autonomía presupuestal y administrativa, en consecuencia debe considerarse la falta de representación por pasiva en cabeza del Ministerio de Justicia.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa en los casos de privación injusta de la libertad.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del CCA, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(30), y solo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(31). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de senoficio por el juez(32).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(33).

En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 29 de julio de 2008(34) lo que en principio indica que el término de caducidad vencería el 30 de julio de 2010.

Sin embargo, antes del vencimiento del término de caducidad, esto es, el 29 de julio de 2010 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2010 y se declaró fracasada por inasistencia de la Fiscalía General de la Nación, según se observa en el acta suscrita ese mismo día(35).

Así las cosas, el cómputo de la caducidad se suspendió durante 2 meses (60 días) de manera que su vencimiento se corrió hasta el 30 de septiembre de 2010 y la demanda fue presentada en esta fecha (30 de septiembre de 2010), es decir, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del CCA.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “Constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(36).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(37) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(38).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(39).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan estas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(40).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(41)-(42), eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(43).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad solo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P., debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(44).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C -037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), puesnosolosetratadeguardareldebidorespetohacialosfuncionariosjudiciales,sinoquetambiénsereclamadelosparticularesunmínimodeinterésydecompromisoenlaatenciónoportunaydiligentedelosasuntosquesometenaconsideracióndelaramajudicial.Granpartedelaresponsabilidaddelasfallasyelretardoenelfuncionamientodelaadministracióndejusticia,recaeenlosciudadanosquecolmanlosdespachosjudicialescondemandas,memorialesypeticionesque,obiencarecendevaloroimportanciajurídicaalguna,obienpermaneceninactivosantelapasividaddelospropiosinteresados.Porlodemás,lanormabajoexamenesuncorolariodelprincipiogeneraldelderecho,segúnelcual“nadiepuedesacarprovechodesupropiaculpa.

(…)” (Subraya fuera del texto).

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, está Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del C. Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(45).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto.

De conformidad con los lineamientos teóricos antes expuestos y los medios probatorios que obran en el plenario, la Sala procede a analizar si en el caso de autos las entidades demandadas son administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad de la que fue víctima L. M. D. o, por el contrario, si se configura el eximente de responsabilidad - culpa y grave de la víctima.

Con el Informe Nº 2764/DIV01-BR2-BINAR – S2 – 252 del 4 de julio de 2004 suscrito por el Comandante del Batallón de Infantería Nº 4 General Antonio(46), la Sala encuentra demostrado que la investigación penal adelantada en contra de L. M. D. tuvo su génesis en los hechos ocurridos el día 3 de julio de 2004 cuando fue capturado junto con 16 personas más en “flagrante comisión del delito de concierto para delinquir en la modalidad de conformación de grupos armados al margen de la ley (paramilitarismo)” por miembros del Ejército Nacional en desarrollo de la operación militar “Jeremías Nº 4” en la que se encontró:

“(…) Particulares, documentos, armamento, material de comunicaciones e intendencia que a continuación se relacionan, quienes fueron retenidos por tropas del Batallón Nariño en desarrollo de la misión táctica Jeremías 4 al mando del señor Subteniente J. C. F. A., el día 3 de julio del presente año a las 12:00 horas en la finca Camperucho jurisdiccióndelmunicipioSanSebastián(Mag),loscualesalparecerpertenecenalasautodefensasilegalesquedelinquenentrelosmunicipiosdeElBanco(Mag),Guamal(Mag),Astrea(Ces),SanSebastián(Mag).Entreloscualesseencuentraelsujeto(a.R.)quiendijollamarseeidentificarsecomoJ. R. B. R. (…),presuntocabecilladeestegrupoterroristaenlossectoresantesmencionados.EstamisióntácticasedesarrollógraciasalaslaboresdeinteligenciaqueseveníanadelantandoeneláreageneraldelmunicipiodeSanSebastián,asícomolaayudadelpersonaldelaregiónquienesmanifestaronqueenlafincaCamperucho,enjurisdiccióndelmunicipiodeSanSebastiánseencuentraubicadalacentraldecomunicacionesdelasautodefensasilegalesquedelinquenenelsurdelCesaryMagdalena, así mismo se obtuvo la información que a la finca en mención hace presencia el sujeto a. R. en compañía de 10 sujetos más. Por lo anterior se decidió adelantar las labores de verificación con la ayuda del personal de la región corroborándose lo anteriormente expuesto y procediéndose al desarrollo de la misión táctica Jeremías 4 el día 3 - julio - 4 de la siguiente manera:

La tropa llega a la vereda Camperucho, donde se tenía la información de la presencia del sujeto (a. R.), se rodeó la finca y se empezó a cerrar un cerco a la vivienda, cuando se estaba cerca de la casa las tropas fueron recibidas con disparos de armas de largo y corto alcance, reaccionando de inmediato y procediendo a ingresar a la vivienda para registrar y verificar que (sic) personal se encontraba allí, debido a que algunos de los que dispararon en contra de la Fuerza Pública huyeron y otros se quedaron quietos pero tiraron sus armas antes de ser retenidos, este personal se encontraba vestido de civil y en el momento de requisar la vivienda se encontró el siguiente material y las siguientes personas:

— Particulares

(…).

L. M. D. (…)”.

En virtud de lo anterior, el 5 de julio de 2004 la Fiscalía Octava Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Santa Marta ordenó la apertura de la instrucción penal en contra de L. M. D. por la posible comisión de los delitos de “paramilitarismo, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas”(47).

Acto seguido, mediante auto del 6 de julio de 2004 el ente investigador legalizó la captura de L. M. D. realizada el día 3 de julio de ese mismo año por miembros del Ejército Nacional; y ordenó recibir la indagatoria del demandante(48).

El día 8 de julio de 2004 el demandante rindió diligencia de indagatoria(49) en la que sostuvo(50):

“PREGUNTADO: A qué horas los capturaron a usted, donde estaba y qué hacía. CONTESTÓ: A las cinco de la mañana, yo estaba con los trabajadores y un señor que llegó allí a comprar un ganado, no lo conocía yo le mostraba un ganado al señor él tenía interés de comprarlo. Él que iba a negociar el ganado conmigo se llamaba J. R. B. R. no sé nada más. PREGUNTADO: Qué actividad realiza ud (sic) en la finca Camperucho y desde cuándo labora allí. CONTESTÓ: Soyelencargadodelafinca,tengoseismesesdeestarallí,eldueñoeselseñorG. S. T. P.,quiensepuedelocalizarenAestra-Cesar,conlamismaempresadeeseseñortengoveinteañosdetrabajar. (…) PREGUNTADO: En la finca Camperucho encontraron material bélico, elementos de campaña, radios de comunicaciones y varios automotores, el Despacho se permite leerle la relación, sírvase decir si usted sabe porque (sic) se encontraban esos elementos allí y de quienes son. CONTESTÓ: No conozco de eso, no sé dónde lo encontraron, desconozco eso, tampoco conozco lo de los carros, uno de ellos sé que es de L. que llegó hacer un viaje para llevar a una señora que iba a ver un ganado, llegó a la una de la mañana y me llamó para que le prestara un foco porque el carro no le quería prender, era un carro gris, no se la marca, era estilo Toyota cerrado, yo le dije que se quedara hasta que amaneciera, no sé nada de los radios, yo oí diciendo que los paracos pasaban por ahí. Los radios no sé. PREGUNTADO:Sehadichoenelinformedecaptura,quelosmiembrosdelEjércitofueronnoticiadosqueenlafincaCamperuchohabíaunacentraldecomunicacionesdelasAUCquedelinquenenelsurdelCesaryelMagdalena,lepreguntamosustedquéinformaciónpuededarlealDespachoalrespecto.CONTESTÓ:Nohaynadasobreeso,ellosdiránesoparaalargarlascosasmás,comoloqueagarraronfueronpuroscampesinos,gentehumilde,comoallílleganavecesunosparacos(51),avecesestánaquíhoyymañanaestánenotraparte,ydalacasualidadqueesedíaquesemetióelEjércitolosencontraronahí,cuandoentróelEjércitodisparandoellossalieronhuyendoydejaronvariasarmastiradasenlacarreraquerecogióelEjércitoynosotrosestábamosordeñando(sic)llegóelEjércitodiciendoqueéramosdelincuentes,nosotrosnostiramosenlatierrayyolesdecíaamiscompañerosnocorranahí(sic)demoramoscomohoraymediatiradosenlatierra.PREGUNTADO:ElDespachocuentaconunálbumfotográfico(sic)todaslaspersonasquefueroncapturadaseneseoperativo,yenlaimagenunoycuatroaparecenlasfotografíasdelosseñoresJ. R. B. R.yF. R. P. M. respectivamentedelprimerosehadichoquerespondealaliasdeR. yqueeselcabecilladelasautodefensasquedelinquenenlosmunicipiosde ElBanco,Guamal,AstreaySanSebastiányelotroesAliasT.,guardaespaldasdealiasR.,lepreguntamosquenospuededecirustedsobreesasanotacionesdelinformedecaptura(…)CONTESTÓ:Noloconozco,nonadadeellos. PREGUNTADO: Dentro de las personas capturadas se encuentran personas que sean de las Autodefensas. CONTESTÓ: Desconozco de eso, no conozco a nadie. PREGUNTADO: Cuando ud (sic) en anterior respuesta nos dijo que no sabía nada de las personas que se le enseñó en el álbum fotográfico, nos quiere dar a entender que antes no los había visto en el sector. CONTESTÓ: Nuncaloshabíavisto,yolosviporprimeravezcuandopasaronporahí,J. R. B. R.llegóahíaverelganado,llegóconelotroqueapareceenlafoto,yonoviamásninguno(sic)conél,élllegoenuncarro,elcarrosefueylodejoahí;teníacomodiezminutosquehabíallegadocuandollegóelEjércitoyempezóadispararelEjércitoperonadierespondiódelafinca,porquelosparacossalieronhuyendoydejaronlasarmastiradas.Elloshabíanllegadoelviernesenlanocheysequedaronenunkioskodelafinca,yoviquesalieronvariosperonosupecuantos,esoocurriócuandoelejércitoestabaacatando.(…)” (subrayado fuera de texto).

Adicional a lo anterior, el 21 de julio de 2004 el demandante en ampliación de indagatoria sostuvo(52):

“(…) PREGUNTADO:QueconocimientotieneeldueñodelafincaseñorG. S. T. P.sobrelapresenciadeparamilitaresensufincaylaoperanciadeunabasedecomunicacionesenella.CONTESTÓ:EldueñodelafincaG. S. T. P.noestámetidoennadadeesonitampococonocedeesabase,porqueélllegasiempreentemporadaalafinca,enlafincanopasaestable.PREGUNTADO: Le informó ud (sic) a G. S. T. P. de la presencia o el incursionar de las AUC en su finca. CONTESTÓ: Yo le dije una vez a él que a veces llegaban los paracos ahí a la finca, se entrenaban ahí y se iban para otra finca. PREGUNTADO: Se enteró ud (sic) quien comandaba a los miembros de las AUC que llegaban a la finca. CONTESTÓ: No sé porque yo nunca tuve relaciones con ellos.PREGUNTADO:Diceud(sic)quehapermanecido6mesesenlaadministracióndeesafinca,duranteesetiempoencuantasocasioneshanincursionadolasAUCenlafincaparainstalarseenella.CONTESTÓ:Entodoeltiempoqueheestadoahíhanllegadotresveces,avecesdurabanundíayseibanenlatardeyaveces(sic)demorabandosdíasyseibanparaotrafinca.(…)”(Subrayado fuera de texto).

No obstante la versión del sindicado, el 26 de julio de 2004 la Fiscalía 5ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Santa Marta resolvió imponer medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en contra de L. M. D., como presunto coautor del delito de concierto para delinquir con fundamento en los siguientes motivos(53):

“(…) El compromiso de estos señores (A. Q. A., J. R. B. R. y F. R. P. M.) con las autodefensas constituyen un indicio grave de responsabilidad en contra del señor L. M. D., administrador de la finca Camperucho; toda vez que a lo largo de su indagatoria ha sostenido e insistido que la presencia de estos personajes en la finca han sido por razones completamente diferentes (negocios y consecución de trabajo) a la realidad de lo acontencido; negativa en la que insiste, no obstante a que se le previene en la ampliación de su indagatoria sobre la calidad de militantes, reconocidos documentalmente de las autodefensas.

Igualmente se levanta en contra del señor L. M. D. la circunstancia de que en la finca Camperucho, que está bajo su custodia y cuidado, se encontraba instalada una base de comunicaciones; hecho que se pone de manifiesto con las declaraciones del Subteniente J. C. F. A.y del soldado G. S. T. P. quienes dan cuenta de la existencia de los equipos de comunicaciones debidamente instalados. — hecho que ha pretendido desconocer el administrador (…).

Finalmente afirma no conocer la existencia de los libros incautados por el Ejército, salvo tres agendas - libros que tienen que ver con la nómina de las autodefensas del 2004; de las armas y elementos de campaña con la que son dotados sus miembros; de los aportes de los municipios de aquella zona y de los ingresos o recaudos de las fincas de la región, los que fueron encontrados de acuerdo con la información del Subteniente J. C. F. A.en el interior de la vivienda (folios 183 - 192). LibrosqueseencuentranenestaUnidadFiscaladisposicióndelaspartesyquesonnueve(9)entotal;quecomoeslógicopensarnopuedensermaterialqueseincluyadentrodeloselementospropiosdeungrupoqueandaenunamisiónocampaña;sinoque,porelcontrario,permitendeducirconunaaltaprobabilidadqueeraeselugarelasentamientodelgrupoo,porlomenosqueallíteníanunaciertaestabilidad. (…)”.

A continuación, el 13 de abril de 2005 la Procuraduría General de la Nación a través del concepto precalificatorio Rdo. 63.263 intervino dentro del proceso penal en cita y solicitó la preclusión de la investigación a favor de L. M. D. por cuanto consideró(54):

“SeencuentraprobadoqueenCamperuche(sic)hacíanpresencialosparamilitares,yafuerademaneratransitoriaoconalgodepermanencia,estádemostraciónsurgedelasindagatoriasdeloscampesinosydelaevidenciadelictivahallada,talycomoseconsignósupra. Sin embargo nuestra preocupación surge en sede de culpabilidad y la pregunta es si era exigible otro tipo de comportamiento al proceso, quien ha acreditado ser un campesino y dedicarse a esas tareas por más de 20 años? La imposibilidad de responder asertivamente esta pregunta da lugar a la duda razonada que obliga la preclusión.

La duda planteada surge de la re-lectura de las versiones de los trabajadores de la finca, quienes refieren que es cierto que los paramilitares pasaban, se asentaban y cualquier día marchaban, que todos optaron por mantenerse al margen, así lo dijeron A. M., J. M. y las mujeres capturadas. Es que la regla de la experiencia indica con fluidez que esa es la realidad de nuestros campesinos, el heroísmo no es un deber ciudadano, cuando se pone en conflicto su vida y eso es lo que ocurre. Como repeler un grupo armado desde esa humilde condición? Imposible.

Las explicaciones del señor L. M. D. acerca de la presencia de J. R. B. R., F. R. P. M. y A. Q. A. lo comprometen porque evidencia una coartada proteccionista hacia aquellos, también lo compromete la evidencia delictiva hallada en la finca que él administraba, pero al mismo tiempo las versiones de los trabajadores y la regla de la experiencia atenúan o mejor ponen en duda si su colaboración o coadyuvancia era libre y voluntaria o quizá simplemente indiscutible”.

Pese a la solicitud elevada por el Ministerio Público, el 22 de abril de 2005 el ente investigador calificó el mérito del sumario y resolvió proferir resolución de acusación en contra del demandante como presunto responsable del delito de concierto para delinquir agravado, por cuanto encontró demostrado que el señor L. M. D. permitió la estancia de paramilitares en la finca “Camperucho” la cual estaba a su cargo en diferentes oportunidades(55).

Ahora bien, una vez cerrada la instrucción penal, le correspondió por competencia conocer del sumario al Juzgado Penal del Circuito de El Banco - Magdalena, quien mediante sentencia del 16 de julio de 2008 resolvió absolver al señor L. M. D. de los cargos endilgados en su contra como autor del delito de concierto para delinquir agravado, por los siguientes motivos(56):

“(…) No hay referencia por parte de los uniformados que declararon que este ciudadano hubiese alzado armas al notar la presencia de la tropa ni que estuviera luciendo prendas militares.

Al revisar el libro de cuentas que llevaban los miembros de las autodefensas no aparece relacionado como uno de sus integrantes.

ObjetivamenteloúnicoquemilitaensucontraeselhechodequeestuvieraenlafincaCamperuchoalmomentodeloperativomilitar. 

(…).

ObjetivamenteaL. M. D.seleimputaríaelpermitirqueenlafincaqueadministratomaranasientolasautodefensasparateneralgúnsector,concretamenteeláreadondeestálaviviendaprincipal,comositiodecomunicacioneseinclusodeacuerdoaloslibrosincautadoseracentrodemando. 

Podía resistir ese ciudadano la presencia de los miembros de las autodefensas?

Se allegó copia de la decisión del Fiscal 23 especializado #23 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos donde se define la situación jurídica de J. R. B. R. (alías R.) en relación al homicidio del representante a la cámara F. P. V., ocurrido el 9 de diciembre de 2003 (folios 97 y siguientes del cuaderno #4) de la cual se puede inferir en la relación de pruebas testimoniales como los miembros de las autodefensas precisamente al mando del comandante R. que no es otro que el procesado que se acogió a sentencia anticipada en este negocio, citaban a políticos prestigiosos de la región a sus campamentos donde debieron asistir para ser maltratos (sic) físicamente y ser objeto de constreñimientos indebidos como el caso del doctor A. J. P. R., actual alcalde de El Banco (Magdalena). Esa providencia refleja el estado de cosas que se vivía en la región del sur del Magdalena donde la presencia de grupos de autodefensas al mando de J. R. B. R. era notoria.

Enelterrenodondesucedieronloshechos,enestecasolaregiónquecorrespondealcircuitojudicialdeElBancoquecomprendeelmunicipiodeSanSebastián,fueliteralmentesometidaporlasautodefensasalmandodeR. deunamaneratalquepretenderqueunsimpleadministradordelafincapodíaenfrentarseoalmenosdenunciarleesunautopía.Simplementesilohacíaenfrentaunamuertecasisegura.

(…).

L. M. D.noestabaencondicionesderesistirnifísicamentenibuscandoauxilio,quelosmiembrosdelasautodefensasseaposentaranenlafincaqueadministraba.Enestascondicionesvaadarseunacausaldeausenciaderesponsabilidadcomoeslaprevistaenelartículo32numeral7ºdelCódigoPenal(57). 

Al respecto, la Sala anota que la anterior providencia quedó ejecutoriada el día 29 de julio de 2008(58).

Por último, con el certificado emitido el 29 de julio de 2010 por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario(59), la Sala encuentra demostrado que el señor L. M. D. estuvo efectivamente privado de la libertad desde el 3 de julio de 2004, fecha en la que fue capturado, hasta el 3 de mayo de 2006, fecha en la que recobró la libertad, esto es, por el término de 22 meses.

Conforme con lo anterior, la Sala determinará si la conducta del actor se enmarca dentro de una causal eximente de responsabilidad, como lo es el hecho de la víctima, tal y como lo señaló el A quo, o si por el contrario, la parte demandada está llamada a responder por la privación de su libertad.

Al respecto, la Sala encuentra que existían contra el demandante pluralidad de circunstancias que, propiciaron su inevitable vinculación al proceso penal dentro del cual se dio la privación de la libertad, como se procede a explicar.

En primer lugar, la Sala encuentra demostrado el grupo armado ilegal de los paramilitares se asentaba constante y permanente en la finca administrada por el actor, llamada “Camperucho”, lugar en el que además tenían ubicado una central de comunicaciones y en donde fue encontrado diferente material bélico y 4 libros en los que constaban las diferentes actuaciones a seguir por parte del grupo armado ilegal.

En este sentido, el actor en la ampliación de la diligencia de indagatoria manifestó que los miembros del grupo paramilitar llegaban unas “tres veces” a la finca y que por lo general “duraban un día y se iban en la tarde”; y además que para el día de los hechos los señores que “le dicen PARACOS que andan por esa región, ellos llegaron en la nochecita ahí, se instalaron en un kiosko y del kiosko está la casa a cuatro metros, ellos se meten ahí y nadie les puede decir nada”.

Adicionalmente, de conformidad con el informe Nº DIVl01-BR2-BINAR-S2-252 suscrito el 4 de julio de 2004 por el Comandante del Batallón de Infantería Nº 4 y as declaraciones rendidas por el Subteniente J. C. F. A.y el soldado G. S. T. P., quienes participaron en la operación en la que capturaron al demandante junto con 15 personas en la finca “Camperucho”, la Sala encuentra demostrado que en dicho lugar, el grupo armado ilegal tenía armamento, diferentes tipos de radios de comunicaciones y prendas distintivas de los grupos armados ilegales.

No obstante, la Sala encuentra que dicha permanencia del grupo armado ilegal en la finca “Camperucha”, se realizaba con laaquiescencia del actor, quien en ejercicio de sus funciones como administrador y por voluntad propia permitía el ingreso de estas personas a la finca, pues no está demostrado en el plenario que el permiso de permanecer en la finca se haya dado bajo un constreñimiento o amenaza.

Y es que con relación a un posible constreñimiento ejercido por miembros del grupo armado ilegal en contra del actor, la Sala quiere resaltar lo manifestado por L. M. D. en su ampliación de la diligencia de indagatoria en la que a la pregunta “¿ud (sic) se encuentra presionado, amenazado o siente algún temor por la seguridad personal o la de su familia?, contestó “notengomiedodenada,noestoyamenazadodenada” (Subrayado fuera de texto).

Nótese entonces que el actor contrario a sentir algún temor por su vida o sentirse constreñido por la acción de los paramilitares, él mismo afirmó no tener miedo ni sentirse amenazado en razón del actuar del grupo armado ilegal en cita, de lo cual se colige razonablemente que el actor bajo su propia voluntad, sin que se haya mediado el uso de la fuerza, permitió el asentamiento de estas personas en la finca “Camperucho”.

Lo anterior sumado al hecho de que el actor haya afirmado en su diligencia de indagatoria, primero, no conocer a J. R. B. R., jefe de los paramilitares y, más adelante y contradictoriamente aceptó conocerlo, porque J. R. B. R. iba a la finca “Camperucho” a ver su ganado, de lo cual se desprende que el demandante se relacionaba y conocía de vista y trato a miembros del grupo paramilitar, razón de más que lleva a la Sala a concluir que el ente investigador tuvo motivos para investigar al demandante, entre otras, en razón a la permanencia de los miembros del grupo ilegal en la finca por él administrada, se itera, la cual se llevaba a cabo sin ningún tipo de amenaza o constreñimiento.

Entonces, tal y como lo advierte el ente juzgador en la decisión que absolvió al actor del delito endilgado en su contra “objetivamenteaL. M. D.seleimputaríaelpermitirqueenlafincaqueadministratomaranasientolasautodefensasparateneralgúnsector,concretamenteeláreadondeestálaviviendaprincipal,comositiodecomunicacioneseinclusodeacuerdoaloslibrosincautadoseracentrodemando”.

De modo que para la Sala es claro que la permanencia de los miembros del grupo armado ilegal, se dio bajo laaquiescenciadel actor, quien por voluntad propia permitió su ingreso, estancia en dicho lugar así como la instalación de una base de comunicaciones, material de guerra, intendencia y libros en los que consta la acción de los paramilitares, además, bajo el ocultamiento de los hechos al dueño del inmueble, pues como el mismo demandante lo manifestó en la ampliación de la indagatoria “el dueño de la finca G. S. T. P. no está metido en nada de eso ni tampoco conoce de esa base, porque él llega siempre en temporada a la finca, en la finca no pasa nada estable”.

Y es que si bien, en la misma providencia, el Juzgado Penal del Circuito de El Banco - Magdalena advierte que dicha imputación no se podría hacer por cuanto la zona en la que se encontraba ubicada la finca “Camperucho” se encontraba “sometida literalmente por las autodefensas” y que en consecuencia el actor “no estaba en condiciones de resistir” la acción de los paramilitares, lo cierto es que él en ningún momento se vio constreñido ni amenazado por parte facinerosos, y en el evento en que así fuera, el demandante habría tenido la oportunidad de razonar sobre los riesgos que su decisión conllevaría, esto es, si permitía el asentamiento del grupo armado al margen de la ley, lograría congraciarse con sus miembros y cabecillas pero estaría actuando en contra del ordenamiento legal, lo cual generaría la consecuencia lógica de convertirse en el objeto de una investigación penal con la consecuente privación de la libertad. Por otro lado, si el demandante decidía no colaborar con los insurgentes, posiblemente perdería su trabajo como administrador de la finca y podría convertirse en objetivo del grupo paramilitar, pero estaría en paz frente al ordenamiento jurídico de quien, además podría obtener su protección.

A la sazón debe preverse que el artículo 27 de la Ley 600 de 2000 señala que toda persona “debe denunciar a la autoridad las conductas punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigar de oficio”; así pues, pese a que el actor tenía conocimiento no solo de la presencia de los paramilitares en la zona, sino de su actuar, pues en la finca por él administraba, se tenía una base de comunicaciones, intendencia y armamento bélico, omitió poner estos hechos en conocimiento de las autoridades, y si bien, el juzgador penal consideró que el actor se encontraba en imposibilidad de denunciar los hechos debido a que la “la zona fue literalmente sometida por las autodefensas al mando de R. de una manera tal que pretender que un simple administrador de la finca podía enfrentarse o al menosdenunciarlees una utopía”, lo cierto es que el actor dijo que no se vio constreñido por parte de los miembros del grupo armado ilegal.

En otras palabras, a pesar de ser relevado del deber de denunciar debido a que la zona en la que se encontraba “fue literalmente sometida por las autodefensas al mando de R.” como lo considero la justicia penal, este hecho lo hizo objeto de la justicia, pues el demandante debió medir los riesgos de su actuación y sabría que tendría que asumir las consecuencias de la misma, es decir, someterse a los facinerosos o someterse al sistema penal, del cual saldría absuelto, luego de la correspondiente investigación, pero aunque no hubo una responsabilidad penal en su actuar, tampoco hay una responsabilidad administrativa de las autoridades cuando el sujeto mismo se ha sometido a las consecuencias de sus actuaciones.

En este sentido, la Sala concuerda con el A quo al sostener que “el actor tenía la carga de soportar las investigaciones penales adelantadas en su contra, así como la detención preventiva de su libertad, en razón a las actividades desempeñadas por el mismo en el cargo de administrador de la finca “Camperucho”, permitir la instalación de una base de comunicación de las Autodefensas, material de guerra, intendencia y la guardia de libros que contenían información del grupo al margen de la ley durante mucho tiempo en la propiedad; todo lo cual permitió a la Fiscalía inferir la configuración del delito de concierto para delinquir agravado”.

En conclusión, dadas las particularidades del presente caso y los elementos de prueba a los cuales se hizo alusión, está demostrada en el expediente la culpa grave de la víctima —L. M. D. en el acaecimiento del daño— privación injusta de la libertad, consistente en permitir la estancia de los miembros paramilitares y la instalación de su base de comunicación, así como elementos de intendencia y armamento en la finca “Camperucho” por él administrada bajo su propia voluntad y sin que haya mediado coacción, miedo insuperable o amenaza alguna por parte de los facinerosos o de propietario del lugar.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo”.

Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en el delito investigado, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

Así las cosas, para la Sala es claro que la detención de que fue objeto el demandante no es imputable al Estado, por cuanto fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

Lo anterior, no riñe con el hecho de que el Juez Penal del Circuito de El Banco - Magdalena en ejercicio de sus funciones ordenara la absolución del actor, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.

Ensuma,laSalaresaltaquecomosedijoenlaparteconceptualdeestasconsideraciones,aunqueabsolviódelainvestigaciónpenalaldemandante,ellonoquieredecir,perse,queseconfigurelaresponsabilidadpatrimonialdelaadministración,puesnopuedepasarseporaltolaculpadelpenalmenteinvestigado,yaque,sibiensuactuaciónnotuvolamagnitudparaconfigurareldelitoendilgadoensucontra,exonerapatrimonialmentealaentidaddemandada. 

Enestesentidotambiénsedijoqueelactuarirregularynegligentedelaparteactoranofuesuficienteantelajusticiapenalparaproferirunasentenciacondenatoria,ensedederesponsabilidadloesparaencontraracreditadalaculpagraveyexclusivadelavíctimaenloshechosquedieronlugaralainvestigaciónpenaly,porsupuesto,alaprivacióndelalibertaddelaquefueobjetolapartedemandante,yexonerarderesponsabilidadalaentidaddemandada. 

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, por las razones aquí expuestas, esto es, por encontrarse configurado el eximente de responsabilidad - culpa grave y exclusiva de la víctima.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2011 por el Tribunal Administrativo del Magdalena y en su lugar:

1. DECLARAR la falta de representación por pasiva en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia.

2. NEGAR las pretensiones de la demanda.

3. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

22 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

23 Obra registro civil de matrimonio en el que consta que el día 12 de septiembre de 1970 la demandante contrajo nupcias con el actor. Fls. 21 C. 1

24 Al respecto, obra el registro civil de nacimiento que da cuenta que Y. M. B. es hija de L. M. D. (Fls. 23 C. 1).

25 Al respecto, obra el registro civil de nacimiento que da cuenta que L. M. M. B. es hija de L. M. D. (Fls. 22 C. 1).

26 Al respecto, obra el registro civil de nacimiento que da cuenta que M. P. M. B. es hija de L. M. D. (Fls. 27 C. 1).

27 Al respecto, obra el registro civil de nacimiento que da cuenta que Y. C. M. B. es hijo de L. M. D. (Fls. 25 C. 1).

28 Al respecto, obra el registro civil de nacimiento que da cuenta que A. M. B. es hijo de L. M. D. (Fls. 24 C. 1).

29 Al respecto, obra el registro civil de nacimiento que da cuenta que Al. M. B. es hija de L. M. D. (Fls. 26 C. 1).

30 ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (subrayado fuera de texto).

31 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.

32 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.

33 Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324.

34 Fls. 204 C. 1 (respaldo).

35 Fls. 218 C. 1.

36 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

37 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.

38 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1º de octubre de 1992, expediente: 10923.

39 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, Expediente: 15989.

40 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.

41 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

42 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

43 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

44 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp.: 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp.: 41.326

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577.

46 Fls. 29-32 C. 1 y 2-5 C. 2.

47 Fls. 62 C. 2

48 Fls. 36 -37 C. 1 y 64 C. 2

49 En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta Corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” — Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp. 36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016. Exp. 44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.

50 Fls. 106-109 C. 2.

51 En los mismos términos, el demandante sostuvo en la ampliación de la indagatoria que la noche anterior a los hechos los “paracos” llegaron y se instalaron en un kiosko ubicado a 4 mts de la casa principal de la finca “Camperucho”. (Fls.211-214 C.2).

52 Fls. 211-214 C. 2.

53 Fls. 66-87 C. 1 y 222-243 C. 2.

54 Fls. 92-105 C. 1.

55 Fls. 130-186 C. 1 y 241-297 C. 2.

56 Fls. 187-206 C. 1.

57 Artículo 32. Numeral 7º. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar.

58 Fls. 204 C. 1 (respaldo).

59 Fls. 215 C. 1.