Sentencia 2010-00489/55078 de febrero 15 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 05001-23-31-000-2010-00489-01(55078)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Yeison Estiven Zapata Lara y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Temas: Privación injusta de la libertad / Falla del servicio - se legalizó “captura administrativa”, sin tener fundamento jurídico para ello / Violación de derechos humanos - tratos inhumanos y degradantes al momento de la captura / Perjuicios morales - procede el incremento por vulneración de derechos humanos.

Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la sala pronunciarse sobre los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la parte demandante contra la sentencia del 19 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa.

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación de fallo en los casos de privación injusta de la libertad; 2) verificación del cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa relativos a la competencia, la legitimación en la causa por activa y el ejercicio oportuno de la acción; 3) análisis de responsabilidad en el caso concreto; 4) liquidación de perjuicios y 5) la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que ingresaron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en estricto orden cronológico. No obstante, la Ley 1285 de 2009, artículo 16, permite decidir con prelación, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos que impliquen “solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso, la sala advierte que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor Yeison Estiben Zapata Lara, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y fijar jurisprudencia consolidada y reiterada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver con prelación este asunto.

2. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine.

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso, en razón de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, por cuanto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(18).

2.2. Legitimación en la causa por activa.

Para la sala, el señor Yeison Estiben Zapata Lara se encuentra legitimado para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa, por cuanto, de las pruebas obrantes en el expediente, se desprende que fue privado de la libertad con ocasión del proceso penal adelantado en su contra(19). Es decir, es la víctima directa del daño cuya indemnización se pretende.

Igualmente, se acreditó que los señores Gustavo de Jesús Zapata Ríos y Ana Cecilia Lara Berrio son los padres del señor Yeison Estiben Zapata Lara(20).

Además, se demostró que los señores Carlos Alberto Zapata Lara(21), Gloria Patricia Zapata Lara(22), Gustavo Adolfo Zapata Lara(23), Juan David Zapata Lara(24), Yazmín Alejandra Zapata Lara(25), Isabel Cristina Zapata Lara(26), Paula Andrea Zapata Lara(27) y Omaira del Socorro Zapata Lara(28) son hermanos del señor Yeison Estiben Zapata Lara. Por tanto, los mencionados actores tienen legitimación en la causa para actuar como demandantes dentro de la presente acción de reparación directa.

2.3. El ejercicio oportuno de la acción.

El artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable) establecía que la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Para establecer si la presente acción fue interpuesta dentro de dicho término, se debe precisar que son dos las imputaciones que hace la parte actora: la primera, consiste en la falla en el servicio en la que habría incurrido la Fiscalía General de la Nación con ocasión de “(…) la privación injusta y arbitraria de que fue víctima el señor Yeison Estiben Zapata Lara, durante el período comprendido entre el 28 de febrero de 2005 hasta el 14 de septiembre de 2006” y, la segunda, la falla en el servicio que se habría configurado por “(…) la tortura física y psicológica en el procedimiento de captura, por cuenta del Grupo Sijin de la Policía Nacional”.

Siendo así, en principio, existirían dos momentos distintos para iniciar el cómputo del término de caducidad, en razón a que, como se dijo, a cada una de las entidades demandadas se le hizo una imputación diferente.

No obstante, a juicio de la sala, en el presente asunto se debe tener en cuenta la misma fecha para contabilizar el término de caducidad, esto es, el día en que quedó ejecutoriada la sentencia mediante la cual se absolvió al señor Yeison Estiben Zapata Lara, en razón a que solo hasta ese momento se evidenció el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(29) del mencionado señor y, además, se pudo establecer que eran ciertas las manifestaciones del señor Zapata Lara respecto de los maltratos que recibió al momento de la captura por parte de miembros de la Policía Nacional, al punto de que, como se expondrá más adelante, el mismo juez de conocimiento afirmó que esa aprehensión resultó ser un “falso positivo”.

Entonces, como la providencia del 26 de septiembre de 2008, mediante la cual el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne absolvió al señor Yeison Estiben Zapata Lara quedó ejecutoriada el 9 de octubre de 2008(30), resulta evidente que el término de caducidad inició su cómputo el 10 de octubre de 2008 y venció el 10 de octubre de 2010.

Como la demanda se presentó el 15 de marzo de 2010(31), para la Subsección es claro que se hizo dentro del plazo de dos años que establecía el artículo 136–8 del CCA.

3. El caso concreto.

3.1. Cuestión previa.

La Sala considera importante precisar que en el fallo de primera instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la rama judicial y como este asunto no fue objeto de apelación por las partes, no será estudiado en esta providencia.

3.2. Análisis de responsabilidad en el caso concreto.

De las pruebas obrantes en el expediente, la sala destaca los siguientes hechos probados:

• Por oficio 0106 C.E.I.M. del 21 febrero de 2005, la Policía Nacional le informó a la Fiscalía Seccional de Guarne “(…) las circunstancias en que ocurrieron unos hurtos a varias fincas en la vereda la Mejía del municipio de Guarne, el día 17 02 05 entre las 19:30 y las 05:30 horas del día 18-02-2005”(32).

• El 28 de febrero de 2005, la Policía Nacional capturó, entre otros, al señor Yeison Estiben Zapata Lara, por la posible comisión del delito de hurto. En el acta de derechos del capturado se indicó que se trataba de una “captura administrativa”(33).

• Por oficio Nº 0011 /SIJIN DEANT del 1º de marzo de 2005, la Policía Nacional se dirigió al Fiscal Seccional ante la Sijin de Antioquia, “dejando a disposición cinco personas por captura administrativa”. En ese documento se expuso (se transcribe con posibles errores incluidos):

“De conformidad con lo establecido en el artículo 319 del Código de Procedimiento Penal Colombiano y por existir serios motivos fundados que nos hacen creer o ver que estas personas son integrantes de la banda autodenominada ‘Los del sur’, responsable de los hurtos de las fincas en el oriente antioqueño, me permito dejar a disposición de ese despacho judicial y por competencia, a las personas que más adelante relaciono y que corresponden a la siguiente filiación, así:

“(…) 3. Señor Yeison Estiben Zapata Lara, alias ‘Casca’, (…) es integrante de la banda, participó en los atracos a las seis fincas de Guarne, fue capturado y conducido a la Sijin Rionegro, el día 280205, a eso de las 22:20 p.m., en la vereda Canoas de Rionegro. (…).

“(…) se adelantaron labores previas de verificación en cada uno de los lugares donde cometían los hurtos, se analizó el modus operandi y más luego se pudo esclarecer y verificar todos los datos y labores de inteligencia que habíamos realizado con colaboración de los menores que fueron conducidos a estas instalaciones con objeto producto del hurto en una de las fincas antes relacionadas que conllevaron a confirmar la existencia de esta banda de delincuentes comunes, denominados Los del sur, dedicados solo al atraco de fincas de esta jurisdicción, tomándose como prueba las siguientes diligencias, que conllevan al esclarecimiento de todos estos hurtos antes denunciados en cada uno de los escritos, así: (…).

“En diligencia de entrevista voluntaria realizada la señor Yeison Estiben Zapata Lara (…) expone voluntariamente colaborar con la justicia, en todo lo que sabe acerca de unos hurtos que se han presentado en diferentes fincas (…)”(34).

• El 3 de marzo de 2005, la Fiscalía 26 Destacada ante la SIJIN DEANT abrió la instrucción y vinculó mediante diligencia de indagatoria al señor Zapata Lara, entre otros(35). En esa providencia también se indicó: “(…) dadas las características jurídicas del delito y la modalidad en que el mismo se llevó a cabo se ordenará por el momento su reclusión en un centro penitenciario hasta tanto le sea resuelta la situación jurídica, salvo que en la indagatoria se observa alguna causal que lleva al despacho a ordenar la libertad del mismo”.

Respecto de las capturas, se expuso que aunque no se dieron en flagrancia ni en cumplimiento de una orden judicial, se avalarían por tratarse de unas “capturas administrativas”, que cumplieron los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-204 de 1994.

• En la diligencia de indagatoria, cuando al señor Yeison Estiben Zapata Lara le imputaron los delitos de “hurto calificado y agravado, porte ilegal de arma” manifestó: “(…) el hurto sí lo cometí, lo hice más que todo por quedar bien con ellos y por lo que iba a recibir a cambio plata, de armas no tengo nada que ver, yo sí sabía que ellos llevaban un arma, quiero acogerme a la sentencia anticipada, acepto los cargos”(36).

• Mediante providencia del 10 de marzo de 2005, la Fiscalía Setenta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Guarne, al resolver la situación de los investigados, dispuso: “Primero: Imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Yeison Estiven Zapata Lara (…), como autores responsables del concurso de delitos de hurto calificado - agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal (…)”(37).

• Por Resolución del 18 de mayo de 2005, la Fiscalía 54 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín resolvió (se transcribe con posibles errores incluidos):

“1. REPONER la resolución por medio de la cual se definiera la situación jurídica el día 10 de marzo del año 2005 a los señores Yeison Estiven Zapata Lara alias Casca (…) en el sentido de REVOCAR la imputación frente a las conductas de concierto para delinquir (C.P., art. 340, inc. 1) y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal (C.P., art. 365), de acuerdo a la parte motiva de la presente resolución.

“2. La medida de aseguramiento impuesta a los señores Yeison Estiven Zapata Lara alias Casca (…), de acuerdo a la prueba obrante es por el concurso homogéneo de las conductas de hurto calificado (art. 240, numerales 2 y 3) con la agravación de pena cuando se cometiere con violencia sobre las personas que acarrea sanción de cuatro (4) a diez (10) años de prisión, tal y como se razonó en la parte motiva de esta resolución. (…)”(38).

• En el acta de “diligencia de formulación de cargos con fines de sentencia anticipada” realizada el 29 de noviembre de 2005, consta que la Fiscalía 54 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín enteró al señor Yeison Estiben Zapata, entre otros, de los alcances y consecuencias de la sentencia anticipada y, acto seguido, le preguntó “si es su voluntad que se lleve a cabo la presente diligencia de formulación de cargos”, a lo que el mencionado señor se limitó a contestar que “no quiere la realización de esta diligencia”. Con ocasión de lo anterior, dicha fiscalía dio por terminada la diligencia respecto del señor Zapata Lara(39).

• Mediante decisión del 31 de enero de 2006, la Fiscalía 54 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín acusó al señor Yeison Estiben Zapata Lara, entre otros, “(…) por las conductas punibles de CONCURSO HOMOGÉNEO DE SEIS (6) HURTOS CALIFICADOS Y AGRAVADOS, contempladas en los artículos 239, 240 numeral 2: colocando a la víctima en condición de inferioridad y con la agravación de pena de cuatro (4) a diez (10) años: cuando se cometiere con violencia sobre las personas y 241 numeral 10 (por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto), cometidos el día 17 de febrero de 2005, en su calidad de coautores, por las razones expuestas en este proveído” (se transcribe con posibles errores incluidos).

Además, en esa providencia, se precluyó la investigación a favor del señor Zapata Lara, por los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal(40). En dicha decisión se expuso (se transcribe con posibles errores incluidos):

“(…) esta delegada considera que no solo existen las declaraciones de los menores de edad ya valoradas, sino que desde el inicio este procesado y el señor Yeison Estiven Zapata Lara, en sus diligencias de indagatoria, admitieron haber participado en los hurtos, dichos que a decir verdad con las ampliaciones de indagatoria no fueron desmentidos, porque si bien es cierto, en estas ampliaciones los procesados plantearon que fueron objeto de maltrato verbal y físico por parte de los funcionarios de la policía, ha de tenerse en cuenta que existen piezas procesales tales como firma de acta de buen trato y derechos del capturado y la recepción de las diligencias de indagatoria ante funcionaria Fiscal quien al momento de consagrar la descripción morfológica o física no deja constancia alguna de golpes o moretones de un lado y deja expresa constancia sobre el traro recibido por cada uno de los procesados, lo que se efectúa en presencia de los profesionales del derechoque actuaban en esa diligencia como defensores, lo que en efecto hace que esta delegada fiscal no encuentre recaudo probatorio que confirme los dichos de los señores procesados en sus diligencias de ampliación de indagatoria, no pudiendo pregonarse que en efecto se hayan presentado los maltratos verbales y físicos que se plantean desde la defensa material y la técnica, ante lo cual al valorar los dichos iniciales de los menores de edad, que concatenan u concuerdan con las diligencias de indagatoria de dos de los procesados, hacen posible valorar de credibilidad estos dichos que en efecto explican lo acontecido”.

• Por providencia del 21 de marzo de 2006, la Fiscalía Séptima Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín confirmó la decisión del 31 de enero de 2006(41).

• El proceso se remitió al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro, el que, mediante auto del 28 de agosto de 2006, se declaró incompetente para conocer del proceso.

• Una vez se remitió el proceso al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne, por proveído del 12 de septiembre de 2006, ese despacho judicial declaró la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro y concedió la libertad al señor Zapata Lara, entre otros. En ese proveído se sostuvo (se transcribe con posibles errores incluidos):

“Incompetencia que radica nuestro superior jerárquico en que los cinco hurtos cometidos en jurisdicción de esta municipalidad, no sobrepasaron el quantum de los 50 salarios mínimos legales vigentes al año 2005, por lo que argumento que la competencia estaba y está asignada a los Juzgados Penales Municipales del municipio en donde tuvieron ocurrencia los hurtos a juzgarse.

“(…) Es por lo que teniendo en cuenta lo elucubrado y considerado esta agencia judicial es la competente para adelantar la etapa de juicio en el presente asunto, dispondrá la nulidad de todo lo actuado por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro Antioquia, concretamente toda la actuación adelantada a partir del treinta de marzo de la presente anualidad, reiteramos por la falta de competencia del juzgado que adelantó la actuación y que vicio la misma de nulidad, la misma que es insaneable al tenor de lo previsto en el artículo 306 del C. de P. Penal (L. 600/2000), ordenando en su defecto reponer toda la actuación venida a menos con la decisión anunciada.

“Ahora bien, teniendo en cuenta que el 22 de septiembre de 2006, cumple 6 meses de haberse ejecutoriado la resolución de acusación emitida en este proceso, sin que se hubiese llevado a cabo válidamente la diligencia de la audiencia pública, es menester acudir a las previsiones del artículo 365 numeral 5º del C. de P. Penal, para considerar que se ha presentado una causal objetiva para conceder la libertad de los procesados con ocasión del presente asunto, para lo cual deberá cada uno de ellos prestar caución prendaria por valor de un salario mínimo legal mensual vigente (…)”(42).

• El 14 de septiembre de 2006, se libró la correspondiente boleta de libertad del señor Yeison Estiben Zapata Lara(43). En esa misma fecha —14 de septiembre de 2006— se suscribió acta de compromiso(44).

• El 2 de marzo de 2007, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne realizó la respectiva audiencia preparatoria. En esa diligencia se indicó: “(…) la actuación de la Fiscalía General de la Nación en este evento no riñe con el debido proceso y las posibles irregularidades en que hayan podido incurrir los funcionarios de la SIJIN deben ser investigadas en otras instancias, máximo si se tiene en cuenta que dichas investigaciones ya están en curso (…)”(45).

• En audiencia pública celebrada el 22 de septiembre de 2008 ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal, el Fiscal expuso (se transcribe con posibles errores incluidos):

“En un proceso donde se medio escuchó a las víctimas, quienes brevemente denunciaron hechos ocurridos en este municipio, lo cual ya de por sí es una carencia a la luz de la actualidad jurisprudencial se le suman otras carencias, que resaltan la debilidad probatoria y ponen en entre dicho el actuar policial, tiene la autoridad judicial, entre ellas la fiscalía, el deber de investigar y acusar a quienes transgreden la ley pero debe hacerlo acogiéndose a la misma y de ninguna manera convalidando procedimientos dudosos. Los acusados, o algunos de ellos mejor, pusieron en entre dicho el actuar policial lo que en parte corroboran reconocimientos médicos donde en algunos casos, o mejor en un caso se alude a una incapacidad médico laboral; a los mismos procedimientos policiales se refirió un menor que fue llamado a declarar por parte de la fiscalía en donde refirió malos tratos. Es cierto que podía pensarse en una estrategia defensiva pero ya por ejemplo la declaración rendida por la madre de uno de los acusados, (…), comenta el comportamiento de un oficial y lo ve empujando a OSWALDO ‘este es el (…) que estamos necesitando y lo empujó hacia adentro…’ dentro de este contexto no es extraño que este haya sido el proceder en contra de todos los capturados, explicándose que en la primera versión no denunciaran los maltratos en que el personal policial debía trasladarlos desde Rionegro hacia la sede de la SIJIN. Talsituacióndeviolenciaenpartecorroboradaenreconocimientomédicodesdicedelprocedimientopolicialydesdicedelamismaconfesión, lo que plantea el problema de la divisibilidad de la confesión, en donde no pueden tomarse apartes al criterio del interprete. No puede decirse ahora que cuando algunos de ellos confesaron el ilícito actuaron conforme a la verdad y que cuando niegan la responsabilidad están mintiendo. Dos menores de edad comparecieron a la unidad de policía judicial y rindieron sus versiones, reconociéndose como participes de los ilícitos, le endilgaron responsabilidad a unos alias, lo que llevó a la captura de los hoy acusados. Esa mima violencia que se pregona operó en el caso de los adultos hace dudar de la espontaneidad de estos testigos de cargo para quienes era sumamente fácil amparándose en la inimputabilidad derivar responsabilidad en otras personas (…)”(46) (se destaca).

• Por sentencia del 26 de septiembre de 2008, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne resolvió (se transcribe con posibles errores incluidos):

“1. ABSUÉLVASE A (…) YEISON ESTIVEN ZAPATA LARA de notas civiles y personales consignadas en la parte motiva de esta determinación, de los cargos del concurso homogéneo de los delitos de HURTO CALIFICADO EN CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN, que con ocasión de este proceso le figura, al considerar que no existe prueba de que la comisión de los hechos investigados (hurto a seis fincas de veraneo en la vereda Mejía, comprensión territorial de esta municipalidad), hayan participado de manera intelectual o material, los hoy procesados, de conformidad con lo que viene de explicarse siendo consecuentes entonces con el principio IN DUBIO PRO REO, pues las dudas que hemos puesto de manifiesto y que afloran de la forma en que se llevó a término la investigación, se deben resolver en todo momento a favor de los encartados”.

En esa providencia se señaló (se transcribe con posibles errores incluidos):

“Generó la presente acción, el informe policivo (…) jefe de la comisión especial investigativa de policía judicial del municipio de Marinilla para el 21 de febrero de 2005, quien da cuenta en tal documento de haber sido informado por parte del radio-operador de la base de Distrito unos hechos ocurridos en la vereda la Mejía comprensión territorial de este municipio, en donde varios sujetos asaltaron en un primer término al ciudadano (…) y posteriormente realizaron una ronda en la vereda, ejecutando varios asaltos a propiedades campestres, reuniendo en una sola de estas a los mayordomos de las fincas asaltadas, cargando en un vehículo tipo camión los enseres previamente hurtados.

“Luego de la ocurrencia de estos latrocinios y de conformidad con el informe que viene de comentarse, la Sijin de Rionegro, despliega una serie de actividades investigativas, por así llamarlas, intercepta a un menor que fue avisorado por uno de los lugareños en inmediaciones de una de las propiedades asaltadas y con este menor, comienza toda una labor de búsqueda y vinculación, obteniendo como primer resultado la recuperación de alguno de los enseres hurtados.

“Pero ese menor que inculpa a los procesados, escribedesupuñoyletraundocumentoenelquedetalla,laformaenqueseobtuvodeélmismolasconfesionesquesirvieronparavincularaloshoyenjuiciados,comofuegolpeado,esposado,conducidoaunlugarsolitario,interrogado,comoensucontraseutilizaronmétodosdepresión,cómoelcolocarleunabolsaenjabonadaenlacabeza,amenazarloconlapérdidadelavida,cómoleecharontierraenlaboca,cómofueagredidounayotravez,hastaquefinalmenteéldijoloquequieneslomaltratabanesperabanoír,incurriendoenimprecisionesycontradiccionesquefinalmentedeslucenydesdibujantaldicho.

Igualmentesetienedeesterelato,comootromenorqueconélseencontraba,yyaamenazadoygolpeado, le solicito que dijera todo lo que sabía de los manes de los carros y por miedo, comenzó a darle rienda a su imaginación, y que finalmente dio como resultado la presentación de un trabajo de escudriñamiento que permite presentar ante la autoridad competente la captura ‘administrativa’ de cinco personas a quienes se relaciona con el hurto a las distintas propiedades rurales.

“Una vez vinculados los cinco ciudadanos, estosantelapresiónqueselesejerció,aceptaronlisayllanamentesuparticipaciónenloshechosencomento,aceptaninclusoconoceralosdosmenores,quefueronbientratadosyrespetándolessusderechosfundamentales.

“Pero una vez el derecho de defensa se materializa a favor de cada uno de los cinco indagados, al asignarles defensores o permitirles el nombrar un profesional del derecho que asuma su representación, lahistoriaesdiametralmenteopuesta,puescomienzaadenotarseenlafoliaturacomolapresiónejercidasobrelospresuntosautoresdeloshurtos,seponedemanifiesto,solicitandocomopruebaslaampliacióndelaindagatoriaylarecepcióndevariostestimonios,lasmismasquealserpracticadas,ponendemanifiestoesoqueeldoctorLuisIgnacioOrregollamaelfalsopositivo,quenoesnimásnimenosquelaactividaddelfuncionariopúblico,tendienteacrearlaspruebas,ainculparacualquierpersona,soloconelfindepresentarseantesussuperiorescomounverdaderoybueninvestigador,conresultadosquemostraryresaltarfrenteaunacomunidadávidadejusticia,falsospositivosquedejandeladolabúsquedadelaverdadyelrespetoporlosderechosdelotro, con situaciones extremas como que ante el comentario de que en los hurtos había participado un personaje conocido con el alias de PITUFO, que para más señas era conductor de taxi, se dedicaron los uniformados a buscar un conductor de taxi que respondiera al alias de Pitufo, buscando de parqueadero en parqueadero alguien que se les acomodara al remoquete, y al encontrarlo sin una explicación plausible lo llevaron a las instalaciones de la Sijin del barrio el Porvenir de Rionegro y allí lo recibió un uniformado con un puño en la cara.

“De la lectura de 943 folios, que son los que conforman la presente actuación, podemos afirmar que independientemente de los informes de policía y de sus ratificaciones, noexisteunasolapruebaquepuedaincriminaraloshoyencartados, ya que las denuncias de los afectados patrimonialmente se dirigen a poner en conocimiento de la autoridad correspondiente la ocurrencia de unos hechos delictuales, pero de manera alguna establecen la autoría de los mismos y si los informes aludidos se vienen a menos con el escrito suscrito por uno de los menores y aportado al proceso el 9 de abril de 2005.

“(…).

“De cara a la legislación procedimental que regía para el momento de la comisión del acto que hoy juzgamos, para la emisión de una sentencia condenatoria, es requisito sine quanon que obre en el proceso prueba sumaria que conduzca a la certeza da la conducta punible y de la responsabilidad del procesado o procesados, al tenor de las previsiones del artículo 232 de la Ley 600 de 2000 y como ya lo hemos advertido, no existe prueba alguna que nos infirme la responsabilidad en los hechos de Oswaldo Florez Londoño y sus otros compañeros del infortunio, de lo que si hay constancia es de la manipulación de las versiones de los dos menores quienes son a la postre los personajes y testigos de cargo, reponencias que como ya hemos afirmado se han venido a menos. (…)”(47) (se destaca).

3.2.1. De la responsabilidad de la Policía Nacional.

3.2.1.1. De la “captura administrativa”.

El artículo 28 de la Constitución Política dispone que “[n]adie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido por la ley” (se destaca).

A su vez, el artículo 32 de esa norma señala que el “delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona” (se destaca).

La Corte Constitucional, en Sentencia C-024 de 1994, estableció que la captura administrativa consistía en la posibilidad que tenían las autoridades policiales de aprehender materialmente a un ciudadano sin que mediara orden judicial o se presentara una situación de flagrancia, siempre y cuando con ello se buscara propender por el cumplimiento de la función constitucional de la institución castrense que era mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar que los habitantes del país convivieran en paz.

Además, según la Corte Constitucional, para proceder a este tipo de aprehensión se debían cumplir varias características, a saber: 1) que se basara en razones objetivas y en motivos fundados; 2) que fuera necesaria, es decir, que la autoridad policial no pudiera esperar a que se librara la orden judicial; 3) que tuviera como fin verificar los hechos que podían considerarse delictivos; 4) que durara máximo 36 horas (cumplido este término la persona debía ser liberada o puesta a disposición de la autoridad competente); 5) que fuera proporcionada, se debía verificar si el hecho a investigar justificaba o no la medida; 6) que se permitiera el ejercicio de la acción de habeas corpus como control de la aprehensión; 7) que no transgrediera el principio de igualdad de los ciudadanos - que no se empleara como una forma de hostilidad hacia ciertos grupos sociales; 8) que no se empleara para justificar la realización de un registro domiciliario sin orden judicial y 9) que la persona aprehendida fuera tratada humanamente, se le respetara su dignidad humana y, además, se le informaran las razones de su detención y sus derechos.

No obstante, en la Sentencia C–199 de 1998, la Corte Constitucional concluyó que permitir a las autoridades administrativas restringir la libertad de un ciudadano sin orden judicial vulnera la Constitución Política. Puntualmente, dicha corporación indicó: “la norma demandada atribuye a una autoridad administrativa la función de ordenar la privación de la libertad, sin previo mandamiento judicial, en aquellos casos en que se irrespete, amenace o provoque a los funcionarios uniformados de la Policía, en desarrollo de sus funciones, lo cual resulta atentatorio de la libertad personal y del mandato constitucional que prohíbe la detención sin orden judicial. Por dicha razón, dicha norma será declarada inexequible. Lo anterior, no obsta para que el servidor público uniformado de la policía, sujeto de la agresión pueda acudir ante la autoridad competente para que se investigue la conducta del infractor, por el irrespeto, amenaza o provocación de que ha sido víctima”(48) (se destaca).

Esta exigencia —que la detención solo pueda realizarse cuando exista mandato de la autoridad judicial competente— ha sido reiterada en otras oportunidades por la Corte Constitucional (Sent. C-1024 de 2002 y Sent. C-237 de 2005), lo que deja sin fundamento la realización de las “capturas administrativas”.

Sobre el particular, esta Subsección(49), en sentencia del 23 de noviembre de 2017, señaló:

“(…) la Corte Constitucional en Sentencia C-237 de 2005, al declarar la inexequibilidad del artículo 69 del Decreto-Ley 1355 de 1970 que contemplaba la posibilidad de realizar capturas sin previa orden judicial en ciertas circunstancias particulares, consideró lo siguiente:

‘De lo expuesto, es claro que la Constitución establece una reserva judicial que beneficia al derecho fundamental a la libertad personal, debido a la exigencia de los requisitos ya señalados. Así las cosas, solo las autoridades judiciales cuentan con la competencia para privar de la libertad. En consecuencia, las autoridades administrativas no poseen la facultad, motu propio, de privar de la libertad sea directa o indirectamente, al menos que esta decisión provenga de la autoridad judicial competente.

‘Por ende, dicha reserva judicial, no es sino el resultado de la tridivisión del poder al interior de un Estado Democrático, en el cual se excluye la posibilidad que una autoridad administrativa límite el ejercicio de la libertad personal sin el lleno de los parámetros exigidos por la Constitución. Lo anterior, por cuanto la libertad personal es un derecho fundamental esencial al Estado social de derecho como principio fundante del Estado Colombiano.

‘[…].

‘No obstante, existiendo la reserva judicial mencionada como principio, se presenta la excepción a la exigencia del ‘mandamiento escrito de autoridad judicial competente’: consistente en la captura en flagrancia regulada por el artículo 32 Constitucional.

‘[…].

‘En consecuencia, lo que da sustento a la excepción al principio Constitucional de reserva judicial de la libertad en los casos de flagrancia, es la inmediatez de la conducta delictiva y la premura que debe tener la captura lo cual hace imposible la obtención previa de orden judicial. No obstante, efectuada dicha captura la persona aprehendida deberá ser conducida ante un juez.

En conclusión, se puede afirmar que las autoridades administrativas no tienen competencia, según la Constitución, para privar a las personas de su libertad, con excepción de la captura en flagrancia determinada en el art. 32 Constitucional(50) (resaltado por la sala).

“Ahora bien, en relación con las capturas sin orden judicial, el artículo 3º del Decreto 2002 de 9 de septiembre de 2002 establecía:

‘(…).

“No obstante, este artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de Sentencia C-1024 de 2002, en la que se consideró:

‘Así, la reducción a prisión o arresto o la detención, exigen i) motivo previamente definido en la ley; ii) mandamiento escrito de autoridad judicial competente; y iii) que se realice con la plenitud de las formalidades legales. Analizados estos requisitos, es claro que la privación o restricción de la libertad que materialmente se ejecuta por funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, no queda a la discreción de esta, sino que exige la intervención de las otras dos ramas del poder, pues el legislador define los motivos y el juez emite la orden escrita con sujeción a estos, para que quien la practique lo haga luego con sujeción a las formalidades previamente definidas por el legislador.

‘Que el motivo de la privación de la libertad sea previamente definido por la ley, es realización concreta del principio de legalidad, en virtud del cual no puede haber delito sin ley que lo defina ni pena sin ley que la determine, así como tampoco medidas cautelares no autorizadas por el legislador; que la orden sea dada por escrito y por un juez, es garantía para la persona pues ello exige al funcionario el acatamiento estricto a los motivos definidos por el legislador y no autoriza a nadie distinto de los funcionarios jurisdiccionales la afectación de la libertad individual; y, que se realice luego de cumplido lo anterior la privación de la libertad con la plenitud de las formalidades legales, supone que quien la ejecuta se someta a ellas para respetar, además de la libertad, la dignidad personal.

‘[…].

‘Observa la Corte que conforme al artículo 28 de la Carta, como ya se expresó en esta sentencia, a nadie puede privarse de la libertad ‘sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley’, norma esta respecto de la cual ya se hizo su análisis y, por ello, a él se remite.

‘De entrada, aparece que en el inciso que se analiza no se indica cuál es la autoridad que podrá proceder a la captura, circunstancia esta que deja en la absoluta indeterminación sobre la competencia para realizarla, y ello, por sí solo expone al ciudadano que pueda ser objeto de la misma a ser víctima de una arbitrariedad, pues, ahora se repite, la privación de la libertad no puede realizarse sino por autoridad competente, salvo el caso de la flagrancia por expresa excepción que la propia Constitución establece en el artículo 32 y cuya regulación legal se encuentra en los artículos 345 a 347 del Código de Procedimiento Penal, que no constituyen la hipótesis de la norma bajo examen, o en el caso en que la captura sea públicamente requerida.

‘[…].

‘Adicionalmente, se encuentra por la Corte que el artículo 3º del decreto autoriza prescindir de la autorización judicial para realizar la captura ‘cuando existan circunstancias que imposibiliten su requerimiento’. Sobre el particular surge de la sola lectura de la disposición el interrogante sobre quien establece la existencia de esas circunstancias de imposibilidad para acudir al juez para solicitarle a él la autorización judicial de capturar a un ciudadano. El decreto guarda silencio y ello, por esa indeterminación, torna la norma en contraria a la Carta. No es posible admitir en un Estado de derecho una situación de esa naturaleza pues de esa manera la libertad de los asociados queda a merced no solo de la sospecha de cualquier autoridad, sino de que ella misma califique que no le fue posible acudir al juez para obtener la orden de privación de la libertad.

‘Se agrega por la norma bajo examen que además se requiere la existencia de una ‘urgencia insuperable y la necesidad de proteger un derecho fundamental en grave o inminente peligro’. Aquí, de nuevo la indeterminación de la autoridad se encuentra presente, pero ahora unida a la calificación de la ‘urgencia insuperable’ a su propio juicio, y también a su arbitrio establecer que ello se hace necesario para proteger un derecho fundamental en las circunstancias previstas en la norma, sin siquiera mediar conocimiento, así fuera sumario, por parte de una autoridad judicial.

‘Sentado lo anterior, que es lo esencial en relación con el artículo 3º, el resto del mismo deviene en inconstitucional, pues la subsistencia de las disposiciones contenidas en los tres incisos siguientes tienen como soporte lógico-jurídico necesario la constitucionalidad del primer inciso’(51).

“De lo anterior se extrae que la ‘captura administrativa’, sin previa orden judicial que realizó la Policía Nacional a Norberto Álvarez Herrera carecía de sustento jurídico, pues para la fecha en que se realizó ya había sido declarado inexequible el artículo 3º del Decreto 2002 del año 2002 que autorizaba esa clase de procedimientos, además, en cualquier caso, el citado artículo 3º establecía que la captura sin orden judicial solo procedería en circunstancias que imposibilitaran el requerimiento del capturado y siempre que existiera una ‘urgencia insuperable y la necesidad de proteger un derecho fundamental en grave o inminente peligro’, sin embargo, en el caso en estudio, la Policía nunca justificó ni siquiera sumariamente la existencia de las circunstancias descritas en la norma en mención, las cuales tampoco se encuentran acreditadas dentro del expediente.

“Al respecto cabe señalar que, si bien la Policía Nacional no es parte dentro del presente proceso, lo cierto es que la Fiscalía 37 Seccional, a través de providencia de 29 de septiembre de 2003, consideró que la captura de Norberto Álvarez Herrera se encontraba ajustada a derecho y, como consecuencia, ordenó mantenerlo privado de su libertad, pese a lo abiertamente ilegal del procedimiento, desconociendo así los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso del investigado, así como las normas que rigen sus propios deberes como acusador, especialmente, el parágrafo del artículo 3º del Decreto 261 de 2000, vigente para la fecha en que se produjo la captura del aquí demandante, según el cual esta entidad tenía la obligación de ‘investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y […] respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asistan’ (se destaca).

“En efecto, del anterior recuento normativo y jurisprudencial se desprende que, contrario a lo ocurrido en asunto aquí estudiado, la Fiscalía se encontraba el deber constitucional y legal de advertir y declarar la ilegalidad de la captura de Norberto Álvarez Herrera, la cual era absolutamente evidente, sin embargo, no lo hizo, sino que como se indicó, decidió aprobar dicho procedimiento” (negrilla del original).

Pues bien, del recuento de hechos probados realizado con anterioridad se desprende que, el 28 de febrero de 2005, la Policía Nacional capturó al señor Yeison Estiben Zapata Lara y, según lo establecido en el acta de derechos del capturado, se trató de una captura administrativa.

Al día siguiente, esto es, 1º de marzo de 2005(52), mediante oficio Nº 011 SIJIN DENAT esa institución puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación al señor Zapata Lara, entre otros capturados, por la supuesta comisión del delito de hurto. En ese documento también se indicó que se trataba de una captura administrativa.

Por Resolución del 3 de marzo de 2005 (por la cual se abrió la instrucción), la Fiscalía 26 Destacada ante la SIJIN DEANT avaló la captura administrativa, al considerar que cumplió los requisitos establecidos en la Sentencia C-024 de 1994. Puntualmente, en dicha decisión se indicó (se transcribe con posibles errores incluidos):

“(…) hacen parte de esos requisitos el que la misma debió basarse en motivos fundados, que deberían derivarse de los señalamientos hechos, los cuales también deberán ser claros contestes entre si y motivados por el deseo de aplicar justicia como en este caso lo que podríamos decir se ha superado el primer requisito, está claro que ello resultaba urgente al no contarse con otros medios diferentes para impedir no solo que los elementos de prueba pudieran perderse sino también la única forma de identificar e individualizar plenamente a sus partícipes, pues para nadie es un secreto que ante este tipo de acciones donde se han utilizado por los trasgresores de la norma lo que a su alcance tenían para ocultar su identidad dificulta aún más la situación de esclarecimiento en la que tiene que ver con los autores, a más de todo lo anterior ello era necesario pues la ubicación posterior era casi imposible solo se tenía ese único momento para lograrlo (…)” (negrilla del original).

En primer lugar, precisa la sala que, tal y como lo afirmó la Fiscalía General de la Nación en la providencia transcrita con anterioridad, según la Sentencia C-024 de 1994, la “captura administrativa” procedía cuando estuviera fundamentada en razones objetivas y motivos fundados y, además, cuando se realizara con el objeto de verificar hechos que pudieran considerarse delictivos, entre otras cosas.

Sin embargo, con posterioridad, específicamente en pronunciamiento de 1998 (Sent. C–199), reiterado en 2002 (Sent. C–1024), la Corte Constitucional estimó que la detención de una persona solo podía realizarse cuando existiera la orden de la autoridad judicial competente y siempre que existieran motivos previamente definidos por la ley.

Dicha corporación agregó que la única excepción para efectuar una detención sin orden judicial era que se tratara de una captura en flagrancia, la que, según el artículo 345 de la Ley 600 de 2000 (norma aplicable), se configuraba cuando: a) la persona era sorprendida y capturada al momento de cometer la conducta punible; b) la persona era sorprendida e identificada o individualizada al momento de cometer la conducta punible y aprehendida inmediatamente después o c) la persona era sorprendida y capturada con objetos o instrumentos que evidenciaran su participación en un delito.

Siendo así, la sala considera que para el momento en que se realizó la “captura administrativa” del señor Yeison Estiben Zapata Lara —28 de febrero de 2005— tal procedimiento no podía fundamentarse en la Sentencia C-024 de 1994, por cuanto, como se indicó, a partir de 1998, la Corte Constitucional ha sostenido que el hecho de que un ciudadano sea detenido sin que exista una orden judicial previa, como ocurría con la “captura administrativa”, contraria las disposiciones constitucionales, específicamente, el artículo 28 de la Constitución Política.

Entonces, la captura administrativa del señor Zapata Lara no podía ser considerada ajustada a la ley y menos aun cuando la detención del mencionado señor no se realizó porque existiera una “urgencia insuperable y la necesidad de proteger un derecho fundamental en grave o inminente peligro”, sino para crear un falso positivo.

Así lo indicó el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne, en sentencia del 26 de septiembre de 2008, cuando expuso que la institución encargada de las capturas pretendió mostrar resultados eficientes creando pruebas y testigos para inculpar al señor Zapata Lara, entre otros, de los supuestos hurtos cometidos en diferentes fincas ubicadas en Guarne (Antioquia), situación que, a juicio de la Subsección, evidencia que la “captura administrativa” no tenía razón de ser por cuanto la misma no se hizo para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de la Policía Nacional.

En definitiva, la sala considera que la Policía Nacional incurrió en una falla en el servicio al aprehender al señor Zapata Lara fundamentado en una “captura administrativa”, desconociendo la improcedencia de este tipo de procedimientos. Así mismo, se estima que esa actuación contribuyó eficientemente al daño alegado por la parte actora, porque fue la captura realizada por la Policía Nacional lo que generó que la Fiscalía General de la Nación iniciara la investigación penal contra el mencionado señor y, posteriormente, le impusiera medida de aseguramiento como supuesto autor del delito de hurto calificado y agravado.

Conviene precisar que, en sentencia del 15 de noviembre de 2016, la Sección Tercera de esta corporación, al pronunciarse sobre la privación injusta de la libertad de otro de los procesados dentro del proceso penal adelantado contra el señor Zapata Lara, sostuvo:

“11. La Fiscalía 54 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín impuso medida de aseguramiento y profirió resolución de acusación a José Alexander Holguín Arango con fundamento en un informe de la policía judicial y dos declaraciones de dos menores que lo vinculaban como miembro de un grupo de personas que hurtaron varias propiedades en la vereda Mejía [hecho probado 6.2 y 6.3].

“Sin embargo, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne, Antioquia absolvió a José Alexander Holguín Arango por ausencia de pruebas de cargo. Concluyó que las declaraciones incurrieron en imprecisiones, no especificaron de qué forma participó en los hechos y fueron el resultado de presiones de la policía judicial, que hizo uso de la fuerza para obtener la confesión [hecho probado 6.6]. Así lo puso de relieve la providencia al indicar:

‘(…).

“Así las cosas, como la absolución de José Alexander Holguín Arango se fundamentó en la ausencia de una prueba sólida y en las irregularidades en la investigación derivadas de la manipulación y tratos crueles a los testigos, el título de imputación aplicable es el de falla del servicio, lo que torna en injusta la privación de la libertad.

“12. Ahora, la Nación-Fiscalía General de la Nación propuso como excepción la culpa exclusiva de la víctima, porque no interpuso los recursos de ley contra la providencia que le dictó medida de aseguramiento.

“La presentación de recursos contra la providencia que ordena la medida de aseguramiento no es un requisito para la declaratoria de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 270 de 1996. Por ello, se desestimará la excepción formulada.

“En tal virtud, el daño es imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por imponer la medida de aseguramiento y a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, pues la captura del demandante se produjo sin orden judicial y con fallas en materia del recaudo de la prueba testimonial. Y no le es imputable a la Nación-rama judicial pues el demandante fue absuelto en primera instancia y, por ello, se confirmará la sentencia apelada”(53) (se destaca).

3.2.1.1. De la violación de los derechos humanos del señor Zapata Lara.

En la demanda se alegó que la Policía Nacional ejerció algunos métodos de presión contra los testigos y los investigados —incluido el señor Zapata Lara— para garantizar que se aceptara la participación en los hechos que serían objeto de investigación y que esa situación generó la vulneración de los derechos fundamentales y los derechos humanos en cabeza del mencionado señor.

Pues bien, el artículo 12 de la Constitución Política consagra que “[n]adie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. En los mismos términos lo contempla el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por su parte, el artículo 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”(54) —aprobado por la Ley 16 de 1972—, establece, entre otras cosas, que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (23 de marzo de 1976), ratificado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”, prohíbe cualquier tipo de torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y los experimentos médicos y científicos sin libre consentimiento(55).

Además, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada en Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 —aprobada en Colombia mediante la Ley 70 de 1986— consagra:

“ART. 1º

1. A los efectos de la presente convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentes a estas.

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.

“ART. 2º

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.

2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.

3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura”.

Esta Convención también estableció que “todo Estado parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura” y que “todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad”.

En definitiva, cualquier trato cruel o inhumano ejercido para obtener de una persona determinada información o una confesión se encuentra prohibida por los convenios internacionales ratificados por Colombia. Debe tenerse en consideración que las normas internacionales sobre derechos humanos obligan a todos los Estados y a sus agentes, quienes están encargados de conocerlas y aplicarlas.

Respecto de la vulneración de derechos humanos por parte de agentes del Estado, esta Subsección ha sostenido:

“Para ilustrar el contexto en el que puede concretarse la vulneración de derechos humanos por parte de los agentes estatales, vale hacerse alusión al pronunciamiento dictado el 12 de septiembre de 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual declaró que el Estado Colombiano violó el derecho a la integridad personal consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en un caso en el que un particular fue privado de la libertad y torturado por un agente de la Policía Nacional en las instalaciones de la UNASE en Bogotá.

‘La detención y tortura del señor Wilson Gutiérrez Soler.

‘El 24 de agosto de 1994, en horas de la tarde, el Coronel de la Policía Nacional Luis Gonzaga Enciso Barón, Comandante de una unidad urbana de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional (en adelante ‘la UNASE’), y su primo, el ex Teniente Coronel del Ejército Ricardo Dalel Barón, se apersonaron en la carrera 13 con calle 63 de la ciudad de Bogotá, donde habían citado al señor Wilson Gutiérrez Soler. Los señores Enciso Barón y Dalel Barón lo detuvieron y lo condujeron al sótano de las instalaciones de la UNASE.

‘Una vez en el sótano, el señor Gutiérrez Soler fue esposado a las llaves de un tanque de agua y sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, consistentes en quemaduras en los órganos genitales y otras lesiones graves.

‘La Corte tiene por probados los hechos a que se refiere el párrafo 48 de esta sentencia y, con base en ellos y ponderando las circunstancias del caso, procede a precisar las distintas violaciones encontradas a los artículos alegados.

‘En primer lugar, tal como lo reconoció Colombia, este tribunal considera que el Estado incurrió en responsabilidad internacional por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y 5.4; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6; 8.1, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.g y 8.3 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler’(56).

“Retomando el análisis del caso concreto, la sala concluye que la entidad demandada abandonó por completo su obligación de garantía frente a la seguridad y protección que debía frente a los derechos fundamentales de la detenida y, por el contrario, incurrió en actos censurables desde toda perspectiva, que se concretaron en el maltrato físico del que fue objeto Yamileth Usma Martínez a lo largo de su retención y culminaron con la comisión del hecho punible que el que perdió la vida, acto que, como se anotó en párrafos anteriores, fue cometido por el mismo personal uniformado que fungía como garante de la vida, en ventaja de la situación de especial sujeción en la que aquella se hallaba.

“Esto último permite afirmar que además de evidenciarse de manera preponderante la falla en la prestación del servicio, en el sublite se materializó una grave vulneración de los derechos humanos de la víctima, en cuanto su muerte se produjo por causa directa de la conducta de agentes del Estado que obraron con un abuso ostensible e injustificado de su calidad de autoridad representante de la fuerza pública en desmedro de la dignidad y de la vida de las personas a su cargo.

“En efecto, sacando provecho de la condición de inferioridad en que se encontraba la detenida, circunstancia determinada por el mismo estado de reclusión y por el hecho de ser una mujer que además presentaba cierto grado de embriaguez y, por ende, no gozaba en ese momento del uso pleno de sus facultades, la maltrataron, le propinaron golpes en su rostro con el único móvil aparente de acallar sus constantes y molestas protestas derivadas de su aprehensión y, tras no conseguirlo, optaron por reducirla, sujetarla y ceñir una reata alrededor de su cuello hasta causarle la muerte por asfixia mecánica, al cabo de lo cual pretendieron desfigurar la escena del crimen y pasarlo bajo el velo de un suicidio.

“(…).

“Sin perjuicio de lo expuesto, resulta menester precisar que no obstante que en esta caso surge de bulto una falla del servicio por grave violación de derechos humanos de la víctima por hechos perpetrados en su contra por los mismos miembros del estamento policial demandado encargados de su cuidado, lo cierto es que no procede en este evento la declaratoria de responsabilidad agravada del Estado en razón a que una declaración de esta índole, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(57), procede siempre que se reúnan los siguiente elementos:

• Que las acciones/omisiones que hubieran generado el daño constituyan violaciones graves o flagrantes de normas imperativas del derecho internacional de ius cogens, específicamente, delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra y;

• Que tales violaciones sean atribuibles o imputables según las normas de derecho interno e internacional, al Estado Colombiano.

“Aclarado lo anterior y habiéndose acreditado que la producción del daño cuya reparación se reclama es imputable a la grave vulneración de derechos humanos por parte de la institución estatal demandada, la sala estima que en esa virtud se presenta una situación excepcional que torna viable el aumento de la condena concedida a los demandantes por perjuicios morales”(58).

Ahora, se tiene que el artículo 1º de la Ley 62 de 1993 “Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”, establece:

“ART. 1º—ReglamentadoporelDecretoNacional1028de1994. Finalidad.La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad Policial está regida por la Constitución Política, la ley y los derechos Humanos” (se destaca).

A juicio de la Subsección, la Policía Nacional incumplió con la obligación consagrada en la norma anterior, habida cuenta de que se acreditó que, contrario a garantizar la vida e integridad personal del señor Yeison Estiben Zapata Lara, en el momento de la captura esa institución ejerció presiones y maltratos físicos que hicieron que el mencionado señor “confesara” la supuesta participación en los hechos que serían objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, tal como pasa a explicarse.

Al proceso penal —por solicitud de la titular del juzgado que conoció del mismo— se allegó el “informe técnico médico legal de lesiones no fatales” rendido de 18 de marzo de 2005, esto es, 18 días después de realizada la captura del señor Yeison Estiben Zapata Lara, en el que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló (se transcribe con posibles errores incluidos):

“Examinado hoy 18 de marzo de 2005 a las 15:50 horas en primer reconocimiento médico legal. Fecha de la lesión el 1º de marzo de 2005, hora 16:30 ANAMNESIS: Refiere ‘yo iba por una vaca, los de la SIJIN me cogieron, me tumbaron, no sé porqué’. PRESENTA: cicatrices recientes rosadas, eutróficas en la cara anterior de los hombros. Para emitir concepto médico legal, se requiere fotocopia de la historia clínica donde fue atendido”(59) (se destaca).

Asimismo, se observa que por escrito del 16 de abril de 2005 dirigido a la Procuraduría General de la Nación y radicado ante la Fiscalía General de la Nación, el señor Yeison Estiben Zapata Lara narró que fue golpeado, esposado, que le colocaron una bolsa enjabonada en la cabeza, que lo amenazaron con quitarle la vida y, además, que lo “(…) llevaron a un patio que hay a un lado de esa oficina esposado el piso estaba encharcado y me hicieron acostar boca abajo y que comenzara a rodar dando vueltas así esposado que si me dejaba alcanzar me volteaban de una patada esto se repitió aproximadamente 15 o 20 minutos y después me volvieron a entrar mojado y aporreado a la oficina y dijeron que como no había querido hablar en el patio ni aquí en esta oficina que tenían horas para seguirme terapiando y dijo que me iba a dejar cinco minutos para que descansara y que después volvía a pegarme y salieron todos de la oficina y me dejaron solo esposado aporreado y mojado (…)”(60) (se transcribe con errores incluidos).

Dicha manifestación hizo que se iniciara un proceso ante la Procuraduría Provincial de Rionegro (Antioquia) que, según informe de esa entidad, para el 4 de junio de 2007, se encontraba en indagación preliminar(61).

Además, obra el acta de la audiencia pública realizada el 22 de septiembre de 2008 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne —transcrita con anterioridad—, en la que consta que la Fiscalía en su intervención afirmó que los menores que actuaron como testigos y los incriminados fueron víctimas de maltratos por parte de la Policía Nacional y que “(…) tal situación de violencia en parte corroborada en reconocimiento médico desdice del procedimiento policial y desdice de la misma confesión, lo que plantea el problema de la divisibilidad de la confesión” (se destaca).

En esa diligencia, el ente investigador adujo que si bien en un primer momento pudo considerarse que esas denuncias podían constituir una “estrategia defensiva”, lo cierto fue que, con la declaración de la madre de uno de los acusados, se evidenció el comportamiento violento de los miembros de la Policía Nacional y, por ello, según la Fiscalía, era dable pensar que de esa misma manera fueron tratados los demás acusados.

Igualmente, en fallo absolutorio del 26 de septiembre de 2008, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne sostuvo que fue por la presión ejercida por la Policía Nacional que los sindicados aceptaron su participación en los hurtos investigados y, por ende, no podía aceptarse tal confesión por no constituir una manifestación libre, consiente y voluntaria.

Textualmente en esa decisión se señaló que: “(…) una vez el derecho de defensa se materializa a favor de cada uno de los cinco indagados, al asignarles defensores o permitirles el nombrar un profesional del derecho que asuma su representación, la historia es diametralmente opuesta, pues comienza a denotarse en la foliatura como la presión ejercida sobre los presuntos autores de los hurtos, se pone de manifiesto, solicitando como pruebas la ampliación de la indagatoria y la recepción de varios testimonios, las mismas que al ser practicadas, ponen de manifiesto eso que el doctor Luís Ignacio Orrego llama el falso positivo (…)” (negrilla fuera del texto).

Por otra parte, se tiene que el en el testimonio rendido dentro de la acción de reparación directa, el señor Carlos Enrique Gómez Gaviria, quien manifestó que fue capturado el mismo día en que se capturó al señor Zapata Lara, expuso (se transcribe con posibles errores incluidos):

“(…) a nosotros nos detuvo la SIJIN, yo sentía los golpes de la camioneta a la otra, porque nos cambiaron de una camioneta a la otra, yo no vi que era lo que le hacían a Yeison, pero cuando ya lo pude ver, porque yo estaba en la otra camioneta, vi la cara aporriadisima, y se quejaba del dolor de estómago de los golpes que le metían, lo sé porque yo estaba cerca de él cuando nos detuvieron, y yo siempre escuchaba a Yeison quejándose (…) estaban vestidas de civil, se que eran de la SIJIN, porque la misma noche que nos capturaron, nos llevaron a las instalaciones de la SIJIN en Rionegro y después en la SIJIN de Rionegro siguieron torturando a Yeison, le pusieron cosas eléctricas y yo lo sentía gritar (…) nunca nos dijeron nada, nos cogieron a pata y puño, a mi pues casi no me pegaron, pero a Yeison le dieron pata y puño en el estómago (…) a mí al otro día, como a las medio día me soltaron, no me dijeron nada, solo me dijeron que me fijara en las amistades con las que andaba (…)”(62).

Entonces, aunque las pruebas relacionadas no brindan certeza respecto de la magnitud del maltrato del que fue objeto el señor Yesid Estiben Zapata Lara, lo cierto es que, para la Subsección, sí acreditan que la Policía Nacional incurrió en una serie de irregularidades en el trato físico que le dio al mencionado señor al momento de su captura, al punto que hizo que confesara la participación en unos hechos delictivos de los que, posteriormente, se estableció que fueron ideados por la institución castrense con el fin de mostrar una labor eficiente y adecuada.

Tan es así que cuando se analizó la responsabilidad penal del señor Zapata Lara, entre otros, el Juez Primero Promiscuo Municipal de Guarne advirtió que fuera de los informes de la Policía Nacional y sus ratificaciones —las que evidentemente faltaron a la verdad—, no existía ninguna prueba que pudiera incriminarlo y, por tanto, fue absuelto de los cargos imputados.

En igual sentido lo indicó la Subsección C, de la Sección Tercera de la corporación, al pronunciarse sobre la privación injusta de la libertad de otro de los procesados dentro del proceso penal adelantado contra el señor Zapata Lara, cuando expuso que “(…) la absolución de José Alexander Holguín Arango se fundamentó en la ausencia de una prueba sólida y en las irregularidades en la investigación derivadas de la manipulación y tratos crueles a los testigos, el título de imputación aplicable es el de falla del servicio, lo que torna en injusta la privación de la libertad”(63) (se destaca).

Se debe decir que en el informe de medicina legal se estableció que para el 18 de marzo de 2005, el señor Zapata Lara presentaba “cicatrices recientes rosadas, eutróficas en la cara anterior de los hombros” pero no se indicó que hubieran sido causadas al momento de su captura (28 de febrero de 2005). Sin embargo, a juicio de la sala, no resulta una coincidencia el hecho de que en ese documento se hablara de “cicatrices recientes” justo días después de realizada la captura que fue considerada un falso positivo por las autoridades penales que conocieron de fondo el asunto.

En definitiva, a juicio de la sala, se encuentra demostrado que la Policía Nacional amedrantó y maltrató al señor Yeison Estiben Zapata Lara, entre otros, para que se atribuyera la comisión de los hurtos realizados en algunas fincas del municipio de Guarne.

Siendo así, se debe concluir que además de que la entidad castrense incurrió en una falla del servicio al incumplir con la obligación de proteger la integridad personal, la vida y la honra del señor Zapata Lara, se materializó una grave vulneración de sus derechos humanos, habida cuenta de que el mencionado señor fue objeto de tratos inhumanos y degradantes.

En efecto, se demostró que agentes del Estado, haciendo uso de la autoridad que les asistía como miembros de la fuerza pública y en desmedro de la dignidad que le asiste a todos los ciudadanos, golpearon, maltrataron y amenazaron al señor Zapata Lara para que confesara la participación en unos delitos que no cometió y de esta manera demostrar una labor eficiente, desconociendo tanto las disposiciones de los instrumentos internacionales a los que se hizo referencia con anterioridad como las de las normas de derecho interno que prohíben este tipo de conductas.

Finalmente, conviene precisar que, en el asunto bajo estudio, no procede la declaratoria de responsabilidad agravada del Estado, por cuanto, como se indicó, para ello se requiere que las acciones/omisiones que hubieran generado el daño constituyan violaciones graves o flagrantes de normas imperativas del derecho internacional de ius cogens, específicamente, delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra y que sean atribuibles o imputables según las normas de derecho interno e internacional, al Estado Colombiano, lo que no ocurrió.

No obstante, con ocasión de los tratos crueles que padeció el señor Yeison Estiben Zapata Lara al momento de su captura, para la Subsección, es necesario, adecuado y justificado el incremento de la condena concedida por perjuicios morales por la grave vulneración de los derechos humanos y, por ende, será objeto de pronunciamiento al analizar los aspectos relacionados con la liquidación de perjuicios.

3.2.2. De la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.

Se debe mencionar que si bien podría analizarse la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Yeison Estiben Zapata Lara bajo el régimen de responsabilidad objetiva, lo cierto es que la sala lo estudiará a título de falla en el servicio, habida cuenta de que se avizora que dicha entidad incurrió en algunas actuaciones irregulares, a saber:

El ente investigador declaró legal la “captura administrativa” del señor Yeison Estiben Zapata Lara, cuando esa figura no tenía ningún tipo de fundamento jurídico.

Pues bien, como se indicó en el acápite anterior, para el momento de la aprehensión del mencionado señor —28 de febrero de 2005—, la Corte Constitucional había establecido que, según el artículo 28 de la Constitución Política, la captura de un ciudadano solo podía realizarse cuando existiera orden de la autoridad judicial competente. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución del 3 de marzo de 2005 (relacionada en los hechos probados), explicó que esa medida se basó en motivos fundados, que era urgente y necesaria y, por tanto, la avaló fundamentada en la Sentencia C-024 de 1994, decisión que para la fecha en que se estudió la legalidad de la captura no podía aplicarse.

Con ese pronunciamiento, a juicio de la sala, la Fiscalía desconoció los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso del investigado y los deberes que le asistían como ente acusador, específicamente, el de “investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y […] respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asistan” (D. 261/2000, art. 3º, par.).

En otras palabras, pese a que la Fiscalía General de la Nación tenía la potestad y el deber constitucional y legal de garantizar los derechos de los ciudadanos puestos a su disposición, no declaró la ilegalidad de la captura del señor Yeison Estiben Zapata Lara, como debió hacerlo al tratarse de un procedimiento abiertamente ilegal.

Por el contrario, esa entidad dispuso mantener privado de la libertad al señor Zapata Lara hasta que se le resolviera la situación jurídica, lo que ocurrió el 10 de marzo de 2005, fecha en la que la Fiscalía 70 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Guarne le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, como supuesto autor de los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal (decisión modificada por Resolución del 18 de mayo de 2005, en el sentido de aclarar que dicha medida era solo por el delito de hurto calificado y agravado).

De igual forma, se observa que el 31 de enero de 2006, la Fiscalía General de la Nación calificó el mérito del sumario adelantado contra el señor Zapata Lara, entre otros. En esa decisión, respecto de las manifestaciones de los acusados consistentes en haber sido víctimas de maltrato verbal y físico por parte de la Policía Nacional, el ente investigador indicó que tal maltrato no se podía tener como probado y, menos aún, cuando “(…) existen piezas procesales como tales como la firma de buen trato y derechos del captura, y la recepción de diligencias de indagatoria ante funcionaria fiscal quien al momento de consagrar la descripción morfológica o física no deja constancia sobre el trato recibido por cada uno de los procesados (…)”.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación acusó al señor Yeison Estiben Zapata Lara, como autor del delito de hurto calificado y agravado y, por ende, el mencionado señor tuvo que continuar privado de su libertad.

No obstante, posteriormente, la misma entidad —Fiscalía General de la Nación—, en la audiencia pública celebrada el 22 de septiembre de 2008, expuso que debía absolverse al señor Zapata Lara de los cargos imputados, por cuanto era evidente que la Policía Nacional había ejercido violencia contra el mencionado señor, entre otros, y lo había presionado para que aceptara la comisión de los hechos investigados. Agregó el ente investigador que, incluso, estaba justificado que en la primera versión rendida por los acusados no se denunciaran los maltratos que recibieron por parte de institución castrense, porque fueron los mismos funcionarios los encargados de trasladarlos a la sede de la Sijin.

Pues bien, a juicio de la Subsección, la Fiscalía General de la Nación inobservó el artículo 397 de la Ley 600 de 2000, que establecía que se dictaría resolución de acusación cuando “(…) esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado (…)”.

En efecto, esa entidad acusó al señor Zapata Lara por la comisión del delito de hurto calificado y agravado, sin antes constatar la veracidad de las manifestaciones sobre el maltrato del que habían sido víctimas los testigos que dieron origen a la investigación y los sindicados y, además, sin verificar cuál fue la incidencia de esos ultrajes en sus confesiones, pese a que los informes de Policía y la ratificación de los mismos —elementos probatorios derivados del sujeto activo del posible maltrato— eran las únicas pruebas que existían para fundamentar tal acusación.

Entonces, aun cuando se tenían indicios de que las pruebas recaudadas dentro del proceso penal estaban viciadas por haber sido obtenidas por la presión ejercida por la Policía Nacional contra los testigos y los sindicados, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación, al considerar que esos elementos probatorios eran suficientes para demostrar la responsabilidad del señor Zapata Lara, en contra de lo establecido en la ley penal vigente para la época.

Para la Subsección, el hecho de acusar al señor Yeison Estiben Zapata Lara sin contar con los requisitos señalados en el artículo 397 del CPP trajo como consecuencia que la medida de aseguramiento impuesta en su contra se mantuviera sin existir fundamentos jurídicamente válidos para ello.

Por las razones expuestas, se concluye que la Fiscalía General de la Nación también contribuyó a la configuración del daño antijurídico alegado por la parte actora y, por tanto, dicha entidad debe responder a título de falla en el servicio, por cuanto, como se dijo, declaró ajustada a derecho una captura abiertamente ilegal y violatoria de los derechos fundamentales del procesado y, además, dictó resolución de acusación y mantuvo vigente la medida de aseguramiento durante toda la investigación, aun cuando ya se encontraba totalmente desvirtuada la existencia de los requisitos necesarios para imponerla.

Al estudiar un caso con similares características fácticas al que ahora ocupa la atención de la sala, esta Subsección sostuvo:

“Como se indicó en precedencia, en el caso sub examine se encuentra acreditado que la Fiscalía Quinta Delegada ante el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Florencia (Caquetá), a través de providencia de 2 de junio de 2006, ordenó la libertad inmediata de los aquí actores y ese mismo despacho cuestionó la actuación del Fiscal que conoció del procedimiento en sus inicios, en el siguiente sentido(64):

‘(…)’.

“Nótese cómo la propia entidad rechazó el hecho de que en la legalización de la captura, no se hubiere hecho un mínimo análisis del supuesto estado de flagrancia en que los militares presentaron a los capturados y que, de haberlo hecho, se hubiere podido detectar, prácticamente de entrada, las irregularidades en el procedimiento administrativo, tal como lo indicó el Fiscal de conocimiento al ordenar la libertad de los aquí actores.

“Así pues, en relación con la captura en situación de flagrancia, se tiene que la misma se orienta a que la persona sorprendida al momento de cometer un delito sea puesta a disposición del funcionario judicial competente para que este decida acerca de la legalización o no de la aprehensión, así como sobre la procedencia de iniciar la investigación penal, de conformidad con lo normado en los artículos 345(65), 346(66), 352(67) y 353(68) de la Ley 600 del 2000.

“Para el presente caso, la sala estima que el operativo desplegado por el Ejército Nacional resultó abiertamente irregular, pues carecía de todo sustento y además uno de los capturados se encontraba lesionado, que con un despliegue o análisis mínimo de las condiciones en que fueron presentados los retenidos, el fiscal de conocimiento habría podido determinar, desde el inicio, que la actuación administrativa era indebida y, de esa manera, los capturados ni siquiera habrían sido vinculados a la investigación.

“Al respecto, el artículo 353 de la referida Ley 600 de 2000 prevé “[C]uando la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales, el funcionario a cuya disposición se encuentre el capturado, ordenará inmediatamente su libertad”, lo cual debió disponerse en ese mismo momento, porque las irregularidades eran evidentes, se reitera, ante las lesiones que presentaba uno de los capturado —captura con violación de las garantías constitucionales o legales—; sin embargo, como lo señaló otro fiscal más adelante, se convalidó ese hecho ‘legalizando tácitamente las capturas referidas, sin cuestionar la legalidad o no de ellas’.

“De conformidad con lo anterior, se evidencia que los ahora demandantes vieron afectado su derecho fundamental a la libertad, debido a que la Fiscalía General de la Nación, en la fase de investigación o instrucción del proceso penal, no puso en evidencia que los actores al momento de ser capturados no se encontraban en situación de flagrancia o no mediaba una orden legal de aprehensión, razón por la cual se concluye que dicho ente investigador contribuyó con la producción del daño antijurídico ocasionado a los señores José Joaquín Rosas y Wilson Uribe y, por tanto, deberá responder, a título de falla en el servicio, en la proporción que más adelante se establecerá, pues se estima que esta debe ser menor a aquella que le corresponderá a sumir al Ejército Nacional, pues evidentemente su actuación amerita mayor reproche”(69).

Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia en el sentido de condenar a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación por la privación irregular de la libertad de la que fue objeto el señor Yesion Estiben Zapata Lara y, como se anunció, se condenará a la Policía Nacional por la vulneración de los derechos humanos del mencionado señor.

4. Indemnización de perjuicios.

En primer lugar, se debe aclarar que la indemnización que deben asumir las entidades accionadas (Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional) tendrá como parámetro las actuaciones que cada una de ellas desplegó en relación con el daño antijurídico irrogado al extremo demandante.

Siendo así, a juicio de la Subsección, la Policía Nacional deberá responder por el 70% de la condena y la Fiscalía General de la Nación por el 30% de la misma, habida cuenta de que, tal y como se expuso en precedencia, se encuentra acreditado que la entidad castrense incurrió en graves irregularidades en la captura del señor Yeison Estiben Zapata Lara que generaron la transgresión de sus derechos humanos y, por tanto, le asiste la obligación de asumir en mayor proporción la indemnización.

4.1. Perjuicios morales.

En la sentencia de primera instancia, el a quo reconoció, por concepto de perjuicios morales, “para Yeison Estiben Zapata Lara, Ana Cecilia Lara de Zapata, Gustavo de Jesús Zapata Ríos, Carlos Alberto Zapata Lara, Gloria Patricia Zapata Lara, Gustavo Adolfo Zapata Lara, Juan David Zapata Lara, Yazmín Alejandra Zapata Lara, Isabel Cristina Zapata Lara, y Omaira del Socorro Zapata Lara, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de la ejecutoria de esta sentencia, que para la fecha representan la suma de sesenta y un millones seiscientos mil pesos ($ 61.600.000), para cada uno”.

La parte apelante, en el recurso de apelación, solicitó que se reconociera una indemnización mayor a los demandantes, por cuanto, además de la privación irregular de la libertad del señor Yeison Estiben Zapata Lara, se probó la tortura física y sicológica a la que fue sometida el mencionado señor, la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a las garantías judiciales y “(…) la zozobra a la que se sometió a su familia desde la captura —con la que técnicamente se desapareció a Yeison forzosamente por un par de días— hasta que fue ubicado por la personería de Guarne y por la privación y condiciones irregulares en las que se llevó su proceso”.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que no había lugar al reconocimiento de perjuicios morales para los hermanos del señor Zapata Lara, porque ese perjuicio “(…) solo se presumirá en el caso de los hermanos menores de edad, pues en los hermanos mayores, el perjuicio lo determinará el dolor o la aflicción que se deriva de la colaboración o ayuda mutua que existiera entre ellos”.

Pues bien, en relación con la tasación de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, siguiendo lo reiterado por esta corporación, se tiene que es con apoyo en las máximas de la experiencia que hay lugar a inferir que esa situación le generó dolor moral, angustia y aflicción a la persona que, por esa circunstancia, vio afectada o limitada su libertad, perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos, quienes se afectaron por la situación de zozobra por la que atravesaba su familiar.

Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos según corresponda. Asimismo, respecto del quantum indemnizatorio, se ha establecido que el juez, según su prudente juicio, analizará las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo acudir como guía de la tasación del mismo a los criterios de unificación contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014(70), los cuales, se resumen en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1° de consanguinidadParientes en el 2° de consanguinidadParientes en el 3° de consanguinidadParientes en el 4° de consanguinidad y afines hasta el 2°Terceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531.522.513.5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524.517.510.5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517.512.57.5
      
Superior a 1 e inferior a 33517.512.258.755.25
      
Igual e inferior a 1157.55.253.752.25

En el caso particular, la sala observa que el señor Yeison Estiben Zapata Lara estuvo privado indebidamente de la libertad desde el 28 de febrero de 2005 hasta el 14 de septiembre de 2006(71), es decir, por un período de 1 año, 6 meses y 17 días, por tanto, en aplicación de los criterios de unificación contenidos en el anterior cuadro, por concepto de perjuicios morales, corresponde el reconocimiento de 100 smlmv para cada uno de los integrantes del grupo demandante.

Siendo así, la Subsección estima que, en principio, se debería mantener la condena impuesta por el a quo al señor Zapata Lara y su grupo familiar. Sin embargo, no debe dejarse de lado que, en casos excepcionales, como los de violaciones a los Derechos Humanos, puede otorgarse una indemnización mayor a la señalada en los eventos descritos en la sentencia de unificación antes citada, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, siempre y cuando el monto total de la indemnización no supere el triple de los montos indemnizatorios previstos en dicha providencia. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño(72).

Como en el presente asunto, como se anunció en el acápite anterior, la sala aplicará la excepción establecida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el referido fallo de unificación, habida cuenta de que se demostró la vulneración de los derechos humanos del señor Yeison Estiben Zapata Lara, debido a los tratos inhumanos y degradantes de los que fue objeto al momento de su captura, lo que naturalmente debió causar en grado superlativo una aflicción, angustia y congoja al mencionado señor.

Aunado a lo anterior, como lo ha indicado esta Subsección en anteriores oportunidades, no puede dejarse de lado que “(…) la forma en que ocurrieron los hechos, con descrédito de la institución de Policía y su fin constitucional de protección de los ciudadanos, en sí mismo es un hecho indicador de la mayor aflicción de las víctimas por la pérdida de credibilidad en la autoridad que esa situación debió generar”(73).

Siendo así, por concepto de daño moral, la sala reconocerá a favor del señor Yesid Estiben Zapata Lara el equivalente a 150 smlmv.

Con todo, la sala mantendrá los montos reconocidos, por concepto de daño moral, a los demás integrantes del grupo demandante, por cuanto no se acreditó la afectación que les pudo causar el maltrato que padeció el señor Zapata Lara cuando fue capturado por la Policía Nacional —violación de derechos humanos—.

Además, no se puede desconocer que, según la sentencia de unificación a la que se hizo referencia con anterioridad, por la privación indebida de la libertad del señor Zapata Lara le correspondería a sus hermanos, por perjuicios morales, el equivalente a 50 smlmv y que el a quo les reconoció 100 smlmv. Esto, a juicio de la sala, constituye el incremento solicitado en la demanda, el que, como se anunció, no será objeto de modificación, por no ser de recibo el argumento de la Fiscalía General de la Nación referente a que este perjuicio solo se presume cuando se trata de hermanos menores de edad.

4.2. Perjuicios inmateriales derivados de la vulneración a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

En el fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, reconoció:

“— Por el concepto de dañoalavidaderelación:

“Para Yeison Estiben Zapata Lara, el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, vigentes para el momento de la ejecutoria de esta sentencia, que para la fecha equivalen a la suma de doce millones trescientos veinte mil pesos ($ 12.320.000).

“-Por el concepto de dañoalasalud:

“Para Yeison Estiben Zapata Lara, el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, vigentes para el momento de la ejecutoria de esta sentencia, que para la fecha equivalen a la suma de dieciocho millones cuatrocientos ochenta mil pesos ($ 18.480.000).

En el recurso de apelación, la parte actora solicitó que se indemnizara por “daño a la vida de relación” a todos los demandantes, porque, a su juicio, con los testimonios rendidos dentro del proceso, se acreditó que se causó “(…) un padecimiento que supera ampliamente el perjuicio moral, que evidencian la afectación de la capacidad de goce y disfrute de los demandantes y de la disminución de su calidad de vida”. Así mismo, solicitó que se reconocieran perjuicios por el daño al buen nombre.

Sea lo primero manifestar que la jurisprudencia de esta corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación. En su lugar, reconoció las categorías de daño a la salud(74) (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(75), estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se requiera su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.

En esa forma de reparación se privilegiará la compensación, a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, las cuales, se repite, operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos. Lo anterior, con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición y, las demás definidas por el derecho internacional.

Pues bien, revisado el expediente, se observa que es cierto que en las declaraciones rendidas dentro de la acción de reparación directa a la pregunta sobre los perjuicios causados a la familia Zapata Lara, los testigos coincidieron en afirmar: “(…) muchos como morales y económicos (…) ya no son la misma gente porque se mantienen muy tristes, más que todo el perjudicado Yesion (…) si claro sentimentales, uno al ver un hijo en la cárcel como no se va a sentir sentimental (moral) (…) más que todo psicológicos y económicos también (…) ahora ya son muy apagados, la familia no es la misma que era antes, ya ahora tratan de vivir lo más que se pueda, ya que el daño está hecho (…)”(76).

No obstante, para la sala, estas afirmaciones no son suficientes para acreditar que la familia del señor Yeison Estiben Zapata Lara se vieron enfrentados a efectos negativos en sus vidas, como rechazos, vulneración a su integridad o a su buen nombre, es decir, que existió una afectación a bienes y derechos constitucionalmente protegidos, debido a la privación irregular de que fue objeto el señor Zapata Lara y, por tanto, no hay lugar a reconocer perjuicios por este concepto.

Con todo, en aras de no hacer más gravosa la situación del único apelante respecto de este punto, se mantendrán los valores reconocidos por el Tribunal Administrativo de primera instancia a título de “daño a la salud” y “daño a la vida de relación”, a favor del señor Yeison Estiben Zapata Lara, pero aclarando que este último se reconocerá por concepto de violación a bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos, por las razones expuestas con anterioridad.

Por otra parte, la sala estima que la grave violación a los derechos humanos —como la que se presentó en el sub examine— trasciende la esfera individual y subjetiva del titular de tales derechos, pues se ha reconocido que también contienen un plano axiológico u objetivo que está dirigido o encaminado a impedir que dichas transgresiones se vuelvan a producir, razón por la cual es preciso disponer las medidas de protección dirigidas a mejorar la prestación del servicio estatal respectivo(77), sin que ello implique el desconocimiento de los principios de jurisdicción rogada y de congruencia, por cuanto el Estado y todas las instituciones que lo integran, incluida la Policía Nacional, tienen la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a la protección y reparación de las garantías del individuo.

Siendo así, se le ordenará al Ministerio de Defensa-Policía Judicial establecer un link en su página web con un encabezado en el que se reconozca públicamente su responsabilidad en este caso en lo relacionado con las infracciones a los derechos humanos del señor Yeison Estiben Zapata Lara y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

En el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, la entidad demandada deberá subir a la red el archivo que contenga esta decisión y a su vez deberá mantener el acceso al público del respectivo vínculo durante el período de dos (2) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

4.3. Perjuicios materiales.

4.3.1. Lucro cesante

El tribunal a quo, por lucro cesante, reconoció la suma de $ 14.270.296. La Fiscalía General de la Nación, en el recurso de apelación, alegó que la tasación del lucro cesante se debía realizar con el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha en que el señor Zapata Lara fue privado de la libertad y no al vigente al momento en que se dictó la sentencia de primera instancia, por cuanto ello conllevaría a un detrimento patrimonial injustificado de la entidad.

Pues bien, observa la sala que es cierto que el monto liquidado por este concepto se liquidó con el salario mínimo mensual legal vigente para la fecha del fallo de primera instancia —2014—, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales.

Sin embargo, a juicio de la sala, ello se ajusta a lo establecido por la Jurisprudencia del Consejo de Estado que, al respecto, ha sostenido que cuando el salario mínimo legal vigente al momento de los hechos indexado resulta inferior al de la fecha de la sentencia “(…) resulta procedente actualizar el valor de la condena impuesta por el tribunal, teniendo en cuenta que dicha variación implica para el acreedor de la condena, una depreciación del poder adquisitivo de la indemnización por la inflación creciente. Así las cosas, para menguar el efecto nocivo que genera la situación planteada y atendiendo a los principios de la reparación integral del daño, la equidad y la observancia de los criterios actuariales, a términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, la sala liquidará los perjuicios con base en el salario mínimo legal vigente en la actualidad (…)”(78).

La Sala actualizará la suma reconocida de la siguiente manera:

Índice final - ene/18 (139,72)

Ra = Rh ($ 14.270.296) -------------------------------------------

Índice inicial – mar/14 (115.71)

Por tanto, se modificará la sentencia apelada y se reconocerá a favor del señor Yeison Estiben Zapata Lara la suma de $ 17.231.404 por lucro cesante.

4.3.2. Daño emergente.

El a quo negó el reconocimiento de daño emergente, porque, a su juicio, se evidenció dentro del proceso que quien solicitó el pago de ese prejuicio, es decir, el señor Yeison Estiben Zapata Lara, no fue la persona que lo asumió.

La parte actora alegó que se debía reconocer este perjuicio porque se demostró que se realizó un pago y que el mismo tuvo como finalidad la defensa del mencionado señor dentro del proceso penal y que si bien fue uno de los hermanos del señor Zapata Lara el que realizó la entrega material del dinero para el pago de honorarios de la defensora, lo cierto fue que ello obedeció a la imposibilidad de hacerse ese pago de manera directa por encontrarse privado de la libertad.

Revisado el expediente se tiene que obra un recibo de caja menor en el que consta que se recibió la suma de $ 1.420.000 por concepto de “defensa Yeison Estiben Zapata Lara en la Fiscalía Especializada de Medellín”(79).

Igualmente, se tiene que en diligencia de reconocimiento de documento público del 6 de noviembre de 2012, realizada ante el Tribunal Administrativo de primera instancia, la misma persona que suscribió dicho recibo indicó: “ellos me contrataron a mí para defenderlo a él, era un caso de Guarne, me contrató un hermano que manejaba un taxi. Es mi firma de mi puño y letra y me acuerdo del caso. Es correcto, es mi firma, mi recibo, todo correcto”(80).

Entonces, si bien se demostró que se pagó la suma de $ 1.420.000 por la defensa penal del señor Zapata Lara, lo cierto es que dicho monto no fue asumido por el señor Yeison Estiben Zapata Lara —a favor de quien se solicitó— sino por uno de sus hermanos. Por tanto, en aplicación del principio de congruencia, se debe negar tal reconocimiento, como en efecto lo hizo el Tribunal Administrativo de primera instancia.

5. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 19 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, la cual quedará así:

“1. DECLARAR de oficio probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con la Nación - rama judicial.

“2. Como consecuencia de lo anterior, ABSOLVER de la responsabilidad administrativa imputada a la Nación - rama judicial, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

“3. DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, formulada por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

“4. Como consecuencia, DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por un porcentaje del 30% y a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por un porcentaje del 70%, por el daño antijurídico provocado a los demandantes con ocasión de la privación irregular de la libertad padecida por Yeison Estiben Zapata Lara, por lo razonado en la presente decisión.

“5. DECLARAR responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por grave vulneración de los derechos humanos del señor Yeison Estiben Zapata Lara.

“6. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, a pagar los valores por concepto de los perjuicios causados a los demandantes que se disciernen así:

“— Por el concepto de perjuiciosmorales:

“Para Yeison Estiben Zapata Lara el equivalente a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes y para los señores Ana Cecilia Lara de Zapata, Gustavo de Jesús Zapata Ríos, Carlos Alberto Zapata Lara, Gloria Patricia Zapata Lara, Gustavo Adolfo Zapata Lara, Juan David Zapata Lara, Yazmín Alejandra Zapata Lara, Isabel Cristina Zapata Lara, y Omaira del Socorro Zapata Lara, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de la ejecutoria de esta sentencia, para cada uno.

“— Por la violaciónabienesyderechosconstitucionalyconvencionalmenteprotegidos:

“Para Yeison Estiben Zapata Lara, el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, vigentes para el momento de la ejecutoria de esta sentencia.

“— Por el concepto de dañoalasalud:

“Para Yeison Estiben Zapata Lara, el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, vigentes para el momento de la ejecutoria de esta sentencia.

“— Por concepto de perjuiciosmateriales:

“Para Yeison Estiben Zapata Lara, por el componente de lucrocesante, la suma de $ 17.231.404.

“7. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a la reparación por violación a bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, deberá adoptarse la siguiente medida de reparación no pecuniaria:

“El Ministerio de Defensa - Policía Nacional deberá establecer un link en su página web con un encabezado en el que se reconozca públicamente su responsabilidad en este caso en lo relacionado con las infracciones a los derechos humanos del señor Yeison Estiben Zapata Lara y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

“En el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, la entidad demandada deberá subir a la red el archivo que contenga esta decisión y a su vez deberá mantener el acceso al público del respectivo vínculo durante el período de dos (2) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

“8. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la motivación precedente”.

2. Sin condena en costas.

3. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

4. EXPEDIR al apoderado de la parte actora que ha venido actuando las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

18 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

19 Fls. 85 - 102 c. 1.

20 Fl. 73 c. 1.

21 Fl. 76 c. 1.

22 Fl. 77 c. 1.

23 Fl. 78 c. 1.

24 Fl. 79 c. 1.

25 Fl. 80 c. 1.

26 Fl. 81 c. 1.

27 Fl. 82 c. 1.

28 Fl. 83 c. 1.

29 El Consejo de Estado ha establecido que, en los casos de privación injusta de la libertad, el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde la fecha en que quedó en libertad el procesado, lo último que ocurra, por ser el momento a partir del cual se evidencia el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, Magistrada Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, expediente 21.801, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente 37.410, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

30 Fls. 702 - 703 c. pruebas 2.

31 Fl. 50 c. 1.

32 Fls. 37 - 39 c. pruebas 1.

33 Fl. 15 c. pruebas 1.

34 Fls. 1 - 10 c. pruebas 1.

35 Fls. 43 - 50 c. pruebas 1.

36 Fls. 68 - 74 c. pruebas 2.

37 Fls. 188 - 198 c. pruebas 1.

38 Fls. 30 - 40 c. pruebas 2.

39 Fls. 180 - 185 c. pruebas 2.

40 Fls. 240 - 275 c. pruebas 2.

41 Fls. 300 - 310 c. pruebas 2.

42 Fls. 475 - 486 c. pruebas 2.

43 Fl. 507 c. pruebas 2.

44 Fl. 510 c. pruebas 2.

45 Fls. 910 - 911 c. pruebas.

46 Fls. 671 - 681 c. pruebas 2.

47 Fls. 687 - 700 c. pruebas 2.

48 Sentencia de C-199 del 13 de mayo de 1998, Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.

49 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de noviembre de 2017, Radicación 760012331000200600884 01 (48.808).

50 Cita del original: “Sentencia C-237 de 2005, Corte Constitucional, 15 de marzo de 2005, MP: Jaime Araújo Rentería”.

51 Cita del original: “Sentencia de C-1024 de 26 de noviembre de 2002, Corte Constitucional, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra”.

52 Febrero de 2005 solo tuvo 28 días.

53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Guillermo Sánchez Luque, sentencia del 15 de noviembre de 2016, Radicación 05001-23-31-000-2010-02345-01(48395).

54 Adoptada en San José, Costa Rica, entre el 7 y el 22 de noviembre de 1969.

55 “ART. 7º—Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.

56 Cita del original: “Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gutiérrez Vrs. Colombia, Sentencia del 12 de septiembre de 2005”.

57 Cita del original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A, 27 de abril de 2016, exp. 50.231, C.P. Hernán Andrade Rincón: ‘En línea con el anterior razonamiento, viene a ser claro que en un determinado caso, en el cual se acredite violaciones graves a derechos humanos que impliquen la infracción flagrante y sistemática de normas ius cogens,(delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra), los jueces colombianos pueden y deben, por una parte, llevar a cabo un análisis de convencionalidad sobre la conducta del Estado, de lo cual se podría concluir por un lado, un quebrantamiento normativo internacional, y por otro lado, tienen la posibilidad de declarar en esos eventos —al igual que lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, la configuración de ‘la responsabilidad internacional agravada’”.

58 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2017, Radicación 660012331002200600616 00 (35920).

59 Fls. 1065 c. pruebas.

60 Fls. 255 - 260 c. pruebas 1.

61 Fls. 1068 c. pruebas.

62 Fl. 345 c. principal.

63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Guillermo Sánchez Luque, sentencia del 15 de noviembre de 2016, Radicación 05001-23-31-000-2010-02345-01(48395).

64 Cita del original: “Fls. 81 - 82 del cuaderno de pruebas”.

65 Cita del original: “ART. 345.—Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:

‘1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer una conducta punible.

‘2. La persona es sorprendida e identificada o individualizada al momento de cometer la conducta punible y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho.

‘3. Es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido una conducta punible o participado en ella”.

66 Cita del original: “ART. 346.—Procedimiento en caso de flagrancia. Quien sea capturado por cualquier autoridad será conducido inmediatamente, o a más tardar en el término de la distancia, anteelfuncionariojudicialcompetenteparainiciarlainvestigación, a quien se deberá rendir informe sobre las causas de la captura (…)”. (Se destaca).

67 Cita del original: “ART. 352.—Formalización de la captura. Cuando el capturado, segúnlasprevisioneslegales,debaserrecluido, el funcionario judicial bajo cuyas órdenes se encuentre dispondrá de un plazo máximo de treinta y seis (36) horas paralegalizardichasituación,contadasapartirdelmomentoenquetenganoticiadelacaptura (…)”. (Se destaca).

68 Cita del original: “ART. 353.—Libertad inmediata por captura o prolongación ilegal de privación de la libertad. Cuandolacapturaseproduzcaoprolongueconviolacióndelasgarantíasconstitucionalesolegals,elfuncionarioacuyadisposiciónseencuentreelcapturado,ordenaráinmediatamentesulibertad.

‘Lo dispuesto en el inciso anterior también se aplicará cuando la persona sea aprehendida en flagrancia por conducta punible que exigiere querella y esta no se hubiere formulado (…)”. (Se destaca).

69 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de mayo de 2017 (Nº interno 47040).

70 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente: 36.149, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón (E).

71 En la certificación del INPEC se indicó:

“Fecha de captura: 28/02/2005.

“Estuvo detenido en establecimiento PC de Medellín.

“Fecha de ingreso: 12/05/2005.

“Fecha de libertad provisional el 14/09/2006”. (Fls. 220 c. principal).

72 El Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, C.P.: Ramiro de Jesús Pazos guerrero, Radicación 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).

73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2017, Radicación 660012331002200600616 00 (35920).

74 “(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…) la sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)”. (Se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y expediente 31170. M.P. Enrique Gil Botero.

75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 32988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero y exp. 26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

76 Fls. 339 - 348 c. primera instancia.

77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias de 9 de septiembre de 2015, exp. 31.203, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E) y de 14 de septiembre de 2016, exp. 34.349, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón, entre otros.

78 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. (E): Gladys Agudelo Ordóñez, sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación 760012331000199602874 01(18718).
El Consejo de Estado, Sección Tercera. C.P.: Enrique Gil Botero, en sentencia del 28 de agosto de dos mil catorce (2014), Radicación 05001-23-31-000-1997-01172-01(31170), indicó:

“Para la fecha de los hechos el salario mínimo legal mensual era de $ 172.005 que actualizado da $ 499.691, suma inferior al salario mínimo actual que es de $ 616.000 pesos, por razones de equidad se tendrá este como base para el cálculo de la renta actualizada. A esta suma se le aumentará un 25% ($ 154.000), por concepto de prestaciones sociales, lo que equivale a $ 770.000, a esto se le aplica el 30.17%, para tener que el ingreso base de liquidación será de $ 232.309”.

79 Fl. 103 c. principal.

80 Fl. 208 c. principal.