Sentencia 2010-00489 de agosto 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 73001-3110-002-2010-00489-01

Magistrada Ponente

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Bogotá D.C., dos de agosto de dos mil trece.

(Aprobada en sesión de catorce de mayo de dos mil trece).

EXTRACTOS: «Consideraciones.

1. Se rememora que en las pretensiones, Eduvina Pérez de Sánchez, en su condición de progenitora de la fallecida Elvinia Sánchez Pérez, planteó la “impugnación de la maternidad” por esta reconocida con relación a la menor de edad XXXXXXXXX.

2. El juzgador de segundo grado, declaró probada la “caducidad” de la señalada acción, tomando como pauta el vencimiento del término de 140 días fijado en el artículo 248 del Código Civil, con la modificación introducida por el precepto 11 de la Ley 1060 de 2006, el cual contabilizó a partir de indicar que “la demandante se enteró desde hace varios lustros de la manifestación voluntaria que hizo Elvinia Sánchez Pérez al reconocer como su hija a la menor XXXXXXXXX”, época que estableció con base en la prueba testimonial.

3. La censura esencialmente reprocha la falta de aplicación del canon 337 del ordenamiento sustancial civil, reformado por el 13 de la citada ley, de donde infiere que “tanto a los herederos como a los descendientes de los supuestos padres, se les concede la oportunidad de impugnación en no más de ciento cuarenta (140) días desde el fallecimiento de estos”.

4. Los hechos establecidos que tienen trascendencia para la decisión que se está adoptando, los que valga acotar no es admisible discutirlos dado que se ha invocado la violación directa de la ley sustancial como sustento de la impugnación, se concretan a los que a continuación se relacionan:

a) Consta en el respectivo “registro civil” que XXXXXXXXX, nació en Ibagué el 18 de julio de 1997 y que es hija de Elvinia Sánchez Pérez, quien suscribió ese acto el 16 de febrero de 1998 (cdno.1, fl.5).

b) La progenitora de la menor, según su “registro civil de nacimiento”, fue procreada por “José Ignacio Sánchez y Eduvina Pérez”, y conforme a la partida de defunción falleció el 11 de junio de 2010 (cdno.1, fls.3-4).

c) La actora “Eduvina Pérez de Sánchez”, otorgó poder especial a abogado inscrito, a fin de promover “proceso ordinario de impugnación de maternidad extramatrimonial contra los herederos de la causante Elvinia Sánchez Pérez, representada por su hija XXXXXXXXX, quien fue registrada como hija biológica sin tener esta calidad” (cdno.1, fl.1).

d) Con apoyo en el citado mandato judicial, la demanda se presentó el “15 de octubre de 2010” (cdno.1, fl.10) y su admisión se concretó en proveído del 22 de ese mismo mes y año, notificado personalmente al procurador judicial de la actora el “27 de octubre de 2010” y, al curador ad litem de los herederos indeterminados de Elvinia Sánchez Pérez, el “9 de diciembre de 2010” (cdno.1, fl.54), en tanto que al “guardador o curador” de la menor XXXXXXXXX , por conducta concluyente, situación esta precisada en auto de “7 de febrero de 2011” (cdno.1, fl. 60), para lo cual se tuvo en cuenta que había allegado la réplica del escrito introductorio del proceso, el “29 de noviembre de 2010” (cdno.1, fls. 46-51).

e) El ad quem dedujo de los testimonios de Héctor Sánchez Pérez, William Sánchez Pulido, María Nelfi Jiménez Cubillos e Israel Cuesta Martínez, que “(…) tanto la demandante, en su calidad de progenitora de Elvinia Sánchez Pérez como sus hermanas, fueron partícipes de reuniones familiares donde conocieron recién nacida a la niña XXXXXXXXX y por lo mismo, se enteraron que desde entonces esta menor de edad, quien cuenta con trece años de edad, fue reconocida como hija de Elvinia (…)”.

5. El canon 335 del Código Civil, contempla que “[l]a maternidad, esto es, el hecho de ser una mujer la verdadera madre del hijo que pasa por suyo, podrá ser impugnada probándose falso parto, o suplantación del pretendido hijo al verdadero”.

La citada disposición permite precisar, que la “acción de impugnación de la maternidad”, tiene por objeto buscar la declaración judicial, en torno a que un individuo de la especie humana a quien se le discute el estado atinente a la “maternidad”, no nació de la mujer que aparece como su madre, ya sea porque hubo suposición de parto, al no haber existido ese hecho, de tal manera que es falsa la declaración realizada ante el funcionario del estado civil donde se registró el nacimiento, o porque la persona a quien se parió o dio a luz es diferente de aquella amparada o beneficiada con la “maternidad”.

Esta corporación, tiene dicho de tiempo atrás que “[l]a acción de impugnación de la maternidad se contrae a obtener judicialmente, (…), la declaración de que un individuo cuyo estado se discute no nació de la mujer que se señala como su madre. Y para establecerla se necesita demostrar, como lo reclama el artículo 335 citado, que ‘hubo falso parto, o suplantación del pretendido hijo al verdadero’.

“Si los elementos esenciales de la maternidad son el parto y la identidad del producto de éste, es lógico pensar que ella pueda impugnarse probando uno de estos dos extremos, o los dos a la vez: a) que hubo suposición de parto, es decir, que muy a pesar de la declaración hecha ante el respectivo funcionario del registro del estado civil, no existió el parto que se le atribuye a determinada mujer; b) que el ser humano nacido en determinado parto es diferente del que actualmente protege esa maternidad aparente. Basta pues con que se destruya uno cualquiera de tales dos presupuestos constitutivos de la maternidad para que el acta de registro del nacimiento, que por ser en tal supuesto el resultado de una falacia y que por tanto contiene una declaración mendaz, deje de servir de medio de prueba a quien pretende prevalerse de ella” (sent. cas. mar. 28/84, G.J. tomo CLXXVI, Nº 2415, pág. 120, citada y reproducida en lo pertinente en fallo de 25 de agosto de 2000, Exp. 5215).

6. En lo atinente a la legitimación para deprecar la acción en comento, del aludido canon 335 del estatuto sustancial civil y los preceptos 217, 219, 222 y 337 ibídem, modificados en su orden por los artículos 5º, 7º, 8º y 13 de la Ley 1060 de 2006, se deduce que están investidos de la reseñada prerrogativa, las personas naturales a que se refieren los siguientes supuestos:

a) “(…) El marido de la supuesta madre y la misma madre supuesta, para desconocer la legitimidad del hijo”;

b) “(…) Los verdaderos padre y madre legítimos del hijo para conferirle a él, o a sus descendientes legítimos, los derechos de familia en la suya”;

c) “(…) La verdadera madre para exigir alimentos al hijo”;

d) El propio hijo, en cualquier tiempo;

e) Los herederos “desde el momento en que conocieron del fallecimiento del padre o madre o con posterioridad a esta; o desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo, de lo contrario el término para impugnar será de 140 días. Pero cesará este derecho si el padre o la madre hubieren reconocido expresamente al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público”;

f) “Los ascendientes del padre o la madre tendrán derecho para impugnar la paternidad o la maternidad, aunque no tengan parte alguna en la sucesión de sus hijos, pero únicamente podrán intentar la acción con posterioridad a la muerte de estos y a más tardar dentro de los 140 días al conocimiento de la muerte” y,

g) “(…) toda otra persona a quien la maternidad putativa perjudique actualmente en sus derechos sobre sucesión testamentaria o abintestato de los supuestos padre o madre”.

7. En virtud de que la acusación está cimentada en la “violación directa de la ley sustancial”, cabe recordar que en la formulación del reproche se deben señalar las disposiciones de tal naturaleza que el recurrente estime transgredidas con el fallo, que correspondan a las que válidamente permitan subsumir el litigio, además plantear de manera clara y precisa los argumentos que evidencien los errores jurídicos que comportan el quebranto de las normas que regulan el caso, ya sea por haberlas ignorado, o por aplicarlas de manera indebida, o darles un alcance que no tienen, fruto del entendimiento equivocado.

Ese ha sido el criterio reiterado y uniforme de la doctrina jurisprudencial de esta corporación, el cual recordó recientemente, entre otras, en la sentencia de 7 de diciembre de 2012, Exp. 2005-00327 y al respecto comentó que “[e]l ataque por la vía directa se caracteriza, (…), porque el ‘(…) juez quebranta derechamente la ley, esto es, que realiza un juicio reglamentario completamente equivocado y alejado de lo que las normas reconocen, mandan o prohíben, por cuanto esta clase de violación del ordenamiento jurídico ‘se da independientemente de todo yerro en la estimación de los hechos, o sea, sin consideración de la convicción que haya tenido en cuenta el sentenciador en su juicio’ (…). ‘Como se sabe, las acusaciones propuestas por la vía directa de la causal primera de casación se encuentran encaminadas a establecer que el sentenciador infringió una norma de derecho sustancial, sin que hayan mediado errores en la contemplación material de los hechos y pruebas, por lo que se trata de un reproche que se desarrolla en un campo estrictamente jurídico, cuya prosperidad depende de que el impugnador consiga demostrar la falta de aplicación de los preceptos llamados a gobernar el caso, la actuación de los que no resultan pertinentes, o la incorrecta interpretación de aquellos (…). Sobre ese particular, de antiguo tiene dicho la Sala que, cuando es seleccionada la vía directa, (…) la actividad dialéctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados; pero en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas (…)”.

8. En el sub lite, como se indicara anteriormente, el Tribunal interpretó que al haber promovido la demanda “la madre de quien se señala en el libelo como supuesta progenitora de la menor demandada, esto es, quien aparece como ascendiente en primer grado de consanguinidad, lo que ubica la cuestión debatida en lo preceptuado en el numeral 2º del artículo 248 citado, pues se pretende aniquilar el reconocimiento que se hizo bajo la manifestación voluntaria de quien aceptó ser madre” y que dicho precepto “lleva inmerso el plazo para la impugnación que pueden hacer los ascendientes del tildado supuesto padre o madre, cuyo término se modificó con la reforma introducida por el artículo 11 de la Ley 1060 de 2006, pues se amplió de 60 a 140 días, desde que tuvieron conocimiento de la maternidad”.

Por su lado, la censura le enrostra que incurrió en error porque “la norma que debió aplicar en forma debida el juzgador de segunda instancia para darle regencia jurídica al caso debatido, lo era el artículo 337 del Código Civil, modificado por el artículo 13 de la Ley 1060 de 2006”, el cual al no contemplar el término para promover la aludida acción, debió remitirse a las reglas que “tanto a los herederos como a los descendientes de los supuestos padres, (…) les concede la oportunidad de impugnación en no más de ciento cuarenta (140) días desde el fallecimiento de éstos, por lo que consider[a] debe ser éste el plazo máximo para interponer la correspondiente acción”.

9. Lo anterior evidencia la insuficiencia argumentativa de la acusación, pues es notoria la ausencia de planteamientos en orden a desvirtuar las inferencias jurídicas plasmadas por el juzgador para motivar su decisión, apartándose así de la técnica, la cual en el evento de orientarse el ataque por la vía directa, impone al casasionista decir o exponer el fundamento jurídico de la discrepancia con el fallo del tribunal; además se torna necesario cumplir esa labor, porque en virtud de la naturaleza jurídica del “recurso de casación”, la Corte únicamente puede realizar el examen de los embates dentro de los estrictos límites demarcados por la censura, pues no es el litigio mismo el objeto de la opugnación, sino que lo es la providencia de segundo grado; así mismo, cabe acotar que por tratarse de un “medio de impugnación” regido por el principio dispositivo, repudia la actuación oficiosa de la corporación, lo cual enfatiza que son los discernimientos del recurrente los que deben poner al descubierto la situación de ilegalidad que se considera está contaminando el fallo cuestionado.

Es evidente que el impugnante opta por esbozar su personal criterio en torno al precepto que estima gobierna el “litigio”, sin que se ocupe puntualmente de exponer las ideas que exterioricen la impertinencia de la norma en que el Tribunal subsumió la “controversia” y en la que halló el fundamento axial para sustentar la respuesta al fenómeno de la “caducidad de la acción”, al igual que omitió explicitar las razones jurídicas para apoyar el argumento atinente a que el asunto debatido lo gobierna “el artículo 337 del Código Civil, modificado por el artículo 13 de la Ley 1060 de 2006”.

Obsérvese, que aunque el censor da a conocer algunos supuestos relativos a la legitimación para demandar la “impugnación de la maternidad” y la oportunidad para promover la respectiva acción, no especifica a la luz de las pautas legales, jurisprudenciales, doctrinarias, o aun de las ideas fruto de su propio discernimiento técnico jurídico, los planteamientos que pongan al descubierto el desatino del juzgador en la escogencia de la “norma sustancial” para darle respuesta a la problemática examinada al resolver la apelación, al igual que los argumentos que soportar la validez o admisibilidad de la tesis por él esbozada.

En ese sentido, se constata que a pesar de aludir la censura a los artículos 4º, 5º y 13 de la Ley 1060 de 2006 y, los preceptos del Código Civil que fueron modificados por aquellos, se limita a manifestar que de conformidad con tales normas “tanto a los herederos como a los descendientes de los supuestos padres, se les concede la oportunidad de impugnación en no más de ciento cuarenta (140) días desde el fallecimiento de éstos, por lo que consideramos debe ser este el plazo máximo para interponer la correspondiente acción”, concluyendo que el Tribunal “debió aplicar (…) para darle regencia jurídica al caso debatido, (…) el artículo 337 del Código Civil, modificado por el artículo 13 de la Ley 1060 de 2006”.

No obstante las deficiencias reseñadas, en cuanto a la fundamentación del reproche por la vía directa, cabe señalar que la interpretación hecha por el Tribunal, no riñe con el ordenamiento jurídico, pues debido a que la actora adujo en el escrito introductorio del proceso ser “la madre de la señora Elvinia Sánchez Pérez”, es decir, su “ascendiente materna”, la idea de aplicar el numeral 2º del precepto 248 del Código Civil, per se no se torna errática o desfasada, toda vez que erige como causal de “impugnación de la maternidad” la circunstancia de cuando “el hijo no ha tenido por madre a la que pasa por tal”, indicando expresamente que para su alegación deben aplicarse las reglas de la “maternidad disputada” previstas en el título XVIII, el cual comprende los artículos 335 a 338 ídem, por lo que guarda coherencia con la situación debatida; mientras que por el contrario, el canon 337 ejusdem, que pide tomar en cuenta el “recurrente extraordinario”, no resulta aplicable, porque otorga la facultad de accionar es a quienes ostentan la condición de “terceros”, al decir que “[s]e concederá también esta acción a toda persona a quien la maternidad putativa [le estuviere perjudicando] actualmente en sus derechos sobre la sucesión testamentaria o abintestato de los supuestos padre o madre”.

10. Corolario de lo analizado, es el fracaso del reproche y, consecuentemente de la “impugnación extraordinaria”, por lo que al tenor del último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el precepto 19 de la Ley 1395 de 2010, se “condenará en costas” a la recurrente, procediendo en esta misma providencia a fijar las “agencias en derecho”, para lo cual se tomará en cuenta que la parte contraria replicó oportunamente la “demanda de casación”.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR la sentencia anticipada de 27 de enero de 2012, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso ordinario promovido por Eduvina Pérez de Sánchez contra la menor XXXXXXXXX, representada por el guardador o curador dativo Néstor Raúl Caro Espitia, al que se citó también a los herederos indeterminados de Elvinia Sánchez Pérez y al Defensor de Familia.

2. Condenar en costas a la parte recurrente, a favor de la opositora. Para que sean incluidas en la respectiva liquidación, se fija la suma de $6’000.000, por concepto de agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y devuélvase».