Sentencia 2010-00493 de febrero 2 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 170011102000201000493 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Referencia: Tutela contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales y otros.

Aprobada según Acta de Sala 06 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., dos de febrero de dos mil once.

Asunto a tratar

Se ocupa la Sala en resolver la impugnación interpuesta contra el fallo del 6 de diciembre de 2010, por cuyo medio la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas(1), dentro de la acción de tutela instaurada por la doctora Gloria Inés Tamayo Misas contra la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Manizales, y las direcciones ejecutivas Nacional de Administración Judicial y Seccional de Caldas, mediante la cual se concedió a la actora el amparo de su derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas.

Antecedentes

1. El día 19 de noviembre de 2010, la doctora Gloria Inés Tamayo Misas presentó acción de tutela en contra de: la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Caldas y las direcciones ejecutivas Nacional de Administración Judicial y Seccional de Caldas, con arreglo a los siguientes hechos:

• La actora fue trasladada de la Fiscalía General de la Nación al Consejo Superior de la Judicatura para facilitar la implementación del sistema penal acusatorio, mediante Resolución 01-06645 del 30 de diciembre de 2004.

• Fue incorporada a la planta de personal ordinaria del Distrito Judicial de Manizales según Resolución 2646 de la misma fecha, proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la cual dispone en su artículo 3º, que el régimen salarial y prestacional de los funcionarios incorporados de la Fiscalía General de la Nación a la jurisdicción ordinaria, corresponderá a régimen optativo establecido en el Decreto 057 de 1993 y normas posteriores para los servidores de la rama judicial, al paso que el artículo 5º estableció que “... los salarios y prestaciones de los funcionarios incorporados a la jurisdicción ordinaria, serían asumidos con las transferencias de las apropiaciones presupuestales para gastos del personal asignado a la Fiscalía General de la Nación para la vigencia del año 2005 con destino al presupuesto de la rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura, autorizada por el ministerio. Para los años subsiguientes, las partidas correspondientes a los gastos de personal de los cargos trasladados, se incorporarán en el presupuesto de la rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura”.

• Tomó posesión del cargo de jueza tercera penal municipal con funciones de conocimiento, el 6 de enero de 2005, el cual ha venido desempeñando de manera continua e ininterrumpida.

• El 5 de octubre de 2010 solicitó al Tribunal Superior de Manizales autorización para disfrutar de vacaciones a partir del 20 de diciembre de 2010, dado que cuenta con un periodo causado entre el 8 de septiembre de 2009 y el 7 de septiembre de 2010, para acceder a dicha prestación, tal como lo constata la Certificación 1970 de la jefe del área de talento humano”.

• Fue notificada mediante Oficio 2482 del 16 de noviembre de 2010 suscrito por la secretaría general del tribunal superior, que en Sala de Gobierno del 10 de noviembre de 2009 (sic), acordó aplazar la decisión sobre su solicitud, por no existir persona en el despacho que legalmente pueda ocupar el cargo de juez y la dirección seccional de administración judicial no autorizó la disponibilidad presupuestal para encargar a un profesional idóneo.

• Adujo que la decisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Manizales, está forzada por las disposiciones económicas de la Dirección Ejecutiva Nacional y Seccional de Administración Judicial, situación por la cual se le desconoce el derecho a la igualdad, pues se fundamenta en argumentos que a la postre resultan ser una discriminación negativa que no resiste juicios de proporcionalidad teniéndose en cuenta que los demás homólogos sí han disfrutado de vacaciones en anteriores oportunidades, sin que haya sido óbice para ello la disponibilidad presupuestal que necesariamente debe expedir la administración judicial.

• Sostuvo que igualmente el oficial mayor del despacho —Juan Pablo Castellanos Parra— es estudiante de último año de derecho, designado en provisionalidad a partir del 1º de febrero de 2010, y tiene propiedad en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá, lo cual permitiría que fuera encargado, como sí ha ocurrido con el señor Luis Henry Vinasco González, quien no es abogado ni adelanta estudios en derecho y sin embargo, ha sido nombrado en encargo de las vacaciones del juez 1º penal municipal de conocimiento.

Pretende el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas y justas.

A su solicitud acompañó copias de todos los actos administrativos y comunicaciones referidas a lo largo del escrito(2).

2. A dicha petición se dio curso mediante auto del 23 de noviembre de 2010, mediante el cual, se dispuso la notificación de todas las entidades accionadas, como en efecto ocurrió.

3. A la actuación concurrieron las autoridades que se relacionan a continuación:

3.1. El presidente del Tribunal Superior de Manizales, sostuvo no haber amenazado o vulnerado derechos fundamentales de la actora, dado que no ha denegado la solicitud de vacaciones, sino que la aplazó hasta tanto la autoridad competente provea los recursos necesarios para proveer el cargo vacante transitoriamente en caso de concederse las vacaciones.

Precisó que en las mismas circunstancias habían sido aplazadas las vacaciones de Ángela María Cortázar Giraldo, jueza promiscuo (sic) del circuito de Anserma, José del Carmen Villanueva Espinosa, juez penal del circuito de La Dorada. Agregó que el artículo 132 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia dispone que la provisión en encargo solo es posible con funcionarios en propiedad y no en provisionalidad.

Añadió, que conforme a la Circular 44 del 12 de mayo de 2005 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y a lo consagrado en el artículo 44 de la Ley 906 de 2004, no es posible asignar recursos presupuestales para designar reemplazos por vacaciones de funcionarios del sistema penal acusatorio.

Señaló no obstante el presidente del tribunal, que en los casos de los doctores Ruby Del Carmen Riascos Vallejo, jueza promiscuo (sic) municipal de Salamina y Manuel Quiroga Medina juez promiscuo de familia de La Dorada, les fueron concedidas las vacaciones a finales de 2009(3), toda vez que fueron realizadas las apropiaciones presupuestales pertinentes, de lo cual se infiere que sí es posible apropiar recursos, situación por la cual dicho tribunal ha pretendido “un trato igualitario que, además, garantice proveer los reemplazos, en ejercicio de la responsabilidad nominadora que le asiste”.

Resaltó a manera de precedente, sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas del 22 de febrero de 2010, que en el caso particular de la doctora Cristina Uchima Bohórquez, jueza segunda penal municipal con función de conocimiento de Manizales, le concedió el amparo del derecho al trabajo en condiciones dignas y ordenó a la dirección seccional ejecutiva de administración judicial solicitar a la Dirección Nacional Ejecutiva de Administración Judicial o a la dependencia que corresponda, efectuar las provisiones presupuestales a fin de permitir la salida a vacaciones de la actora(4).

3.2. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, negó haber vulnerado los derechos fundamentales de la actora, al considerar que ha obrado con base en los lineamientos trazados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre programación de vacaciones individuales del sistema penal acusatorio, situación por la cual afirma que las vacaciones solicitadas por la doctora Tamayo Misas deben ser concedidas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Manizales, para lo cual podría “verificar qué servidores de otros despachos judiciales, podrían ser encargados de las funciones de juez tercero penal municipal con funciones de conocimiento de esta ciudad, por ostentar derechos de carrera y acreditar el estudio profesional de derecho, si es que la concurrencia de estos dos requisitos se considera indispensable para proceder a adoptar la figura del encargo en el caso particular(5).

Acotó que el nominador pudo suplir las vacaciones con funcionarios de carrera de otros despachos judiciales que tengan la calidad de abogados, y recordó concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado según el cual, puede realizarse el encargo cuando no sea por más de un mes. Recordó además, que el Tribunal Superior de Manizales sí ha designado en encargo en otros eventos como jueces a servidores judiciales de carrera, sin la exigencia de ser profesionales del derecho(6).

3.3. La Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial a su turno, considera que debe declararse improcedente la acción de tutela examinada, dada la subsidiariedad de este especial mecanismo y por no haber demostrado la existencia de un perjuicio irremediable la accionante —en los términos puntualizados por la Corte Constitucional(7)—, debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 340 del 10 de noviembre de 2010 proferida por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Manizales por medio de la cual le fueron negadas las vacaciones.

Agregó que en todo caso, la concesión depende de la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y no puede asumir ningún gasto sin autorización normativa, como acontece en el caso materia de decisión en cuanto no existe dispositivo normativo que permita el reemplazo por vacaciones del personal al servicio del sistema penal acusatorio, y por ende la inexistencia de rubro disponible para llevar a cabo dicha erogación, descartando entonces además, la vulneración del derecho fundamental a la igualdad, frente a la necesidad de que continúe la prestación del servicio de la administración de justicia(8).

La sentencia impugnada

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, en fallo del 6 de diciembre de 2010, consideró que por no existir acto administrativo definitivo sobre las vacaciones de la actora(9), toda vez que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de ese distrito a través de Oficio 2482 del 16 de noviembre de 2010 le comunicó a la doctora Tamayo Misas que se había acordado aplazar la decisión sobre la solicitud de vacaciones, es decir, que se “encuentra en trámite administrativo y el mismo no ha finalizado con el proferimiento de la decisión que las conceda o las niegue”, no puede formular demanda contenciosa alguna, o lo que es lo mismo, no cuenta con mecanismo ordinario de defensa judicial.

Con apoyo en la Sentencia C-019 de 2004, recordó el carácter de derecho fundamental de las vacaciones, las cuales deben ser reconocidas por todo empleador una vez se cumpla el tiempo establecido por la ley para su disfrute. Recordó así mismo, fallo de tutela similar decidido por esta superioridad por quien aquí funge como ponente, en el cual se concedió la pretensión invocada por la misma accionante(10).

En el anterior orden de ideas, por cuanto “la peticionaria doctora Gloria Inés Tamayo Misas, no debe ser la llamada a sufrir las consecuencias de los problemas administrativos presupuestales, que presentan los órganos encargos (sic) de proveer los recursos necesarios para que la Sala de Gobierno del honorable Tribunal Superior de este distrito judicial, proceda a conceder las vacaciones a la solicitante y designar en su reemplazo a una persona idónea, ajena al despacho para que supla su ausencia durante el disfrute de aquel derecho a la tutelante, situación que lleva a este juez constitucional a ampararle su derecho al trabajo en condiciones dignas...”.

Como consecuencia de lo anterior, desvinculó de la presente acción a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Caldas, y ordenó a la Dirección Seccional Ejecutiva de Administración Judicial de Manizales, “que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial unidad de planeación o la dependencia que corresponda, la provisión de los recursos que solicita la Sala de Gobierno del honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, para proceder a conceder las vacaciones a que tiene derecho la doctora Gloria Inés Tamayo Misas como titular del Juzgado Tercero Penal Municipal de Manizales con Función de Conocimiento. Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, tendrá treinta (30) días calendario, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional de Administración Judicial de Manizales, para proveer y situar los dineros necesarios, para el pago del encargo por vacaciones, en el mencionado despacho...”(11).

La impugnación

La directora seccional de Administración Judicial de Manizales no estuvo de acuerdo con lo fallado por la primera instancia, impugnando dentro del término legal. Reitera lo argumentado al pronunciarse dentro del trámite de la tutela en el sentido de que esa entidad no ha desconocido el derecho al disfrute a las vacaciones de la accionante, habida cuenta que es la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales la que ha negado la concesión de ese derecho, por encontrarse facultada para designar en encargo conforme a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 270 de 1996.

Insiste igualmente, en que para la programación de vacaciones individuales del sistema penal acusatorio sigue los lineamientos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a tono con lo dispuesto en las circulares 44 y PSAC 0589 del 12 de mayo y 18 de noviembre de 2005, sobre las cuales no puede discutirse su legalidad. La revocatoria del fallo recurrido solicita a esta superioridad.

Consideraciones

En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, y en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, esta corporación es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país.

Siendo así, procede esta superioridad a resolver la impugnación formulada contra el fallo de tutela proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas.

Problema jurídico

Se trata de verificar si efectivamente las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de la accionante, y en consecuencia, debe confirmarse el amparo concedido por la Sala de instancia y las órdenes de proceder a realizar las apropiaciones presupuestales que permitan que la actora disfrute de sus vacaciones.

Solución del caso

Así planteado el problema jurídico, la Sala considera que la solución del mismo, resulta acorde con lo considerado en asunto similar por esta corporación con ponencia de quien aquí funge en igual condición. Al respecto, así fue amparado el derecho fundamental al reconocimiento y disfrute de las vacaciones a la accionante, razonamientos que siguen cobrando validez en la presente tutela —mutatis mutandis—:

“... De la mano de la Corte Constitucional en su Fallo C-019 de 2004(12), diremos que el derecho al descanso debe entenderse como la oportunidad que se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.

Así mismo, que el derecho al descanso es un derecho fundamental, y se impone en cabeza del Estado proveer a su realización práctica a través de sus políticas, de su legislación, de la ejecución de esta, y por supuesto, al tenor de la función controladora. Y dentro de las finalidades de aquel las vacaciones se erigen como el derecho a un descanso remunerado por las labores desarrolladas al servicio del empleador, quien a su vez, tiene el deber de causarlas contablemente, al igual que la obligación de pagarlas al empleado dentro de los términos de ley.

Es decir, el empleado tiene derecho al disfrute de un tiempo libre a título de vacaciones, durante el lapso legalmente causado y con el pago previo de ese derecho, pues no sería justo ni razonable el que un trabajador saliera a “disfrutar” sus vacaciones desprovisto del correspondiente ingreso económico. Claro es que unas vacaciones carentes de recursos se tornarían en un hecho contraproducente a los intereses y derechos del titular y su familia, ante la permanencia del gasto que implica su existencia y desarrollo.

Finalmente, que el derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado social de derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: ... el trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa, necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y debe reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues de lo contrario se agota, envejece o muere prematuramente.

Es tarea fundamental del Estado en general, y del legislador en particular, promover las condiciones jurídicas y fácticas necesarias a la reivindicación del trabajo, en el entendido de que la libertad de empresa con criterio rentable implica a su vez una función social en cabeza de los empleadores, función esta que en términos constitucionales tiene como primeros destinatarios a los trabajadores de la empresa y, subsiguientemente, a los clientes de sus bienes y servicios. Por donde el trabajador, quien de suyo le aporta día a día sustanciales fuerzas al empleador para la generación de utilidades y crecimiento patrimonial, bien merece el reconocimiento y pago de un salario justo, el derecho al descanso diario y de fin de semana, y por supuesto, el derecho a vacaciones remuneradas o a su compensación en dinero por año laborado y, proporcionalmente, por fracción de año.

Sentadas tales premisas y descendiendo al caso concreto, para la Sala es claro que en el evento de ocupación frente a la alegación de la actora, referida a que la inoperancia de las autoridades administrativas de la rama judicial afecta su derecho fundamental al descanso remunerado, se opone por las entidades accionadas razones de carácter normativo y presupuestal, de naturaleza legal que, evidentemente, no pueden darse al traste con las justas pretensiones de la juez accionante.

La verdad es que no pueden aceptarse las excusas de las direcciones ejecutivas nacional y seccional accionadas, referidas a las “razones del servicio”, pues conforme a la clara exposición del propio presidente del Tribunal Superior de Manizales reseñada en el antecedente 3.1., en ningún momento tales razones influyeron en el aplazamiento de las vacaciones, siendo el único fundamento para ello, el de la no disponibilidad de la apropiación presupuestal.

Considera la Sala que los órganos de administración de la rama judicial se encuentran en mora, después de 6 años de funcionamiento del sistema penal acusatorio, de reglamentar el tema atinente a las vacaciones de sus servidores judiciales, de modo que a cualquiera de sus servidores se les garantice que cuando hayan cumplido los requisitos de ley se les designe con celeridad otro servidor de la rama, o un tercero que reúna los requisitos de idoneidad pertinentes, sin que tenga que someterse al trabajador a trámites dispendiosos que afecten el derecho fundamental al descanso o vacaciones, en los términos inicialmente definidos en estas consideraciones.

Por supuesto que dicha reglamentación debe conllevar los mecanismos que permitan subvenir situaciones como la aquí estudiada, pues ciertamente no es conforme al principio de la equitativa distribución de las cargas públicas, que los trabajadores de la rama judicial deban postergar indefinidamente sus vacaciones por el hecho de no preverse procedimientos expeditos que permitan suplir su ausencia por razones eminentemente presupuestales, para una situación perfectamente previsible como lo es el disfrute anual de tal derecho.

Indudablemente que no es del resorte de los tribunales, el entrar a solventar tal tipo de situaciones, sin contar con una reglamentación clara, que con grado de certeza o seguridad jurídica les permita responder de manera más oportuna frente a peticiones como la de autos.

Precedentes como este o como el aludido por el propio presidente del tribunal inicialmente accionado, a cargo de otro juez constitucional, deberían conducir a las autoridades administrativas de la rama judicial, de manera previsiva procedieran (sic) a reglamentar la forma en que este tipo de situaciones deben tramitarse, de modo que los servidores judiciales tengan certeza a la hora de programar sus vacaciones, que con frecuencia vinculan a todo su núcleo familiar, que igualmente puede verse perjudicado por razones puramente administrativas, que en ningún caso justifican la afectación de sus derechos fundamentales...”(13).

En el anterior orden de ideas, como la accionante acude de nuevo a la acción de tutela para hacer valer el derecho que le asiste de que le sean concedidas las vacaciones por el periodo causado entre el 8 de septiembre de 2009 y el 7 de septiembre de 2010, sin que pueda soportar cargas atinentes a la existencia de disponibilidad presupuestal, cuando se trata de trámite administrativo que debe ser superado con el debido tiempo por parte de las autoridades encargadas de planificar las vacaciones de los funcionarios judiciales, de manera que cumplido dicho derecho fundamental no se presenten traumas ni para quien pretende su disfrute ni para el funcionamiento de la administración de justicia.

Se impondrá entonces la confirmación del fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo impugnado, mediante el cual fue concedido el amparo del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas a la doctora Gloria Inés Tamayo Misas, juez tercera penal municipal con funciones de conocimiento de Manizales.

REMITIR las presentes diligencias a la Corte Constitucional, a efecto de tramitarse su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Henry Villarraga Oliveros—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Jorge Armando Otálora Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

(1) Conformaron la Sala dual de instancia los honorables magistrados Jose Ricardo Romero Camargo (ponente) y Fabio Holguín Zuluaga.

(2) Folios 3 a 35.

(3) Cfr. resoluciones visibles en los folios 55 a 58.

(4) Folios 52 a 53.

(5) Trae a colación jurisprudencia del Consejo de Estado alusiva a la forma de provisión de los empleos en la rama judicial (sent. de mar. 9/ 2006. M.P. Dr. Tarcisio Cáceres Toro).

(6) Folios 60 a 70. Adjuntó documentación que sustenta lo expuesto (fls. 71 a 106).

(7) Sentencias T-100 de 1994 y T-449 de 1998.

(8) Folios 107 a 118.

(9) Derecho indiscutible por encontrarse demostrado.

(10) Radicado 17001110200201000111 01.

(11) Folios 120 a 145.

(12) Sentencia del 20 de enero de 2004, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería.

(13) Sentencia de tutela del 10 de julio de 2010, Radicado 1700111020020100011101.