Sentencia 2010-00498/3177-2013 de febrero 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION B

Consejera ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Velez

Rad.: 25000-23-25-000-2010-00498-01(3177-13)

Actor: Eugenio Alvarado Palacio

Demandado: Instituto de Seguros Sociales - Autoridades Nacionales

Instancia Segunda - C.C.A.

Bogotá D.C., diecinueve de febrero de dos mil quince.

Extractos. «Consideraciones.

Problema Jurídico.

Consiste en determinar si la Resolución 6701 de 28 de diciembre de 2009, proferida por la Presidente (E) del Instituto de Seguros Sociales, que declaró insubsistente el nombramiento del actor en el cargo de Asesor VI, 8 horas, Número Universal 8264, (P)-Secretaría General (SG), Nivel Nacional (Bogotá - Cundinamarca), Seccional Nivel Nacional, se ajustó al ordenamiento jurídico vigente o, si por el contrario, es producto de la desviación de poder, como lo alegó el interesado.

De lo probado en el proceso.

a) Vinculación del actor.

—De conformidad con la certificación expedida por el Jefe del Departamento Nacional de Compensaciones y Beneficios del ISS., el actor prestó sus servicios en dicho instituto así (fls. 4 a 6, cdno. ppal.):

• Desde el 10 de febrero de 1977 hasta el 8 de enero de 1979.

• Desde el 10 de noviembre de 2008 hasta el 28 de diciembre de 2009.

A su vez, durante el último período desempeñó los siguientes cargos:

—Nombrado como Asesor VI, 8 horas, (P) - Secretaría General (SG) * Nivel Nacional, mediante la Resolución No. 4268 de 7 de octubre de 2008.

—Encargado por períodos de 3 meses como Vicepresidente I, 8 horas, (P) - Vicepresidencia Administrativa (VA) * Nivel Nacional, mediante las Resoluciones Números 5431 de 22 de diciembre de 2008, 2288 de 17 de marzo de 2009, 4572 de 23 de junio de 2009, 4983 de 29 de julio de 2009, 6225 de 30 de octubre de 2009.

Así mismo, se le otorgó una licencia no remunerada por el término de 30 días, a través de la Resolución No. 6697 de 24 de diciembre de 2009.

Finalmente, mediante la Resolución 6701 de 28 de diciembre de 2009, la Presidente del ISS. (E) declaró insubsistente el nombramiento del actor en el cargo de Asesor VI.

b) Medios de comunicación(1). 

Periódico El Espectador, 24 de diciembre de 2009 (fl. 27, cdno. ppal.):

“Irregularidad en Contratos Tumba al Presidente del ISS.

Presuntas irregularidades en una licitación por $5.400 millones llevaron al Zar Anticorrupción Óscar Ortiz, a pedir al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, la destitución del presidente del Instituto de Seguros Sociales (ISS), Róger José Carrillo; del vicepresidente administrativo, Eugenio Alvarado; y al Jefe de Compras de esa entidad, Jaime Anaya.

Ortiz había advertido a los funcionarios sobre las inconsistencias en una contratación para el manejo de las historias clínicas y las bases de datos. Aseguró que a pesar de las observaciones, se continuó con la contratación. “Es posible que se trate de beneficiar a uno de los proponentes”, había advertido la oficina del Zar a la Procuraduría General de la Nación.

(…)

El Zar Anticorrupción explicó que la falla que se cometió en la licitación fue la modificación de la adenda número seis, que estipulaba los requisitos en relación con la experiencia. Este cambio se hizo un día antes de que se presentaran las propuestas. “Se publicó a las 6:14 p.m. del 3 de diciembre y la presentación se programó para las 6:00 de la tarde del día siguiente”, argumentó el Zar. Frente a esta situación Carrillo manifestó que se trató de “una precisión en el objeto de la contratación”.

Pero uno de los 16 interesados cumplió la exigencia. “Se deduce, por tanto, un posible direccionamiento a través de un requisito de última hora”, concluye Oscar Ortiz”.

Periódico Portafolio, 24 de diciembre de 2009 (fl. 28, cdno. ppal.):

“Destituyen al director del ISS y a dos funcionarios de la entidad

Irregularidades en el contrato para manejar el archivo de las historias clínicas fueron el detonante para los despidos. (…)”.

Periódico El Tiempo, 24 de diciembre de 2009 (fl. 30):

“Por denuncia del Zar Anticorrupción destituyen al presidente del ISS.

Vicepresidente Administrativo y Jefe de Compras también salen del Seguro. Ellos dicen que no direccionaron contrato de archivo de historias médicas.

(…)”

Noticiero CM&(2) (fl. 26):

“El Presidente del Seguro Social - Roger Carrillo y otros dos funcionarios de la entidad fueron destituidos por las supuestas irregularidades detectadas en una licitación.

(…)

El Zar Anticorrupción anunció hoy que por solicitud suya el Gobierno ordenó reversar la licitación para digitalizar los archivos del instituto de seguros sociales, que provocó el retiro del Presidente, el Vicepresidente y el Jefe de Compras de la entidad estatal en liquidación.

(…)”.

Noticia radial(3) (fl. 26):

“(…)

El Zar Anticorrupción Oscar Ortíz aseguró que por pedido de su oficina el Ministerio de la Protección Social despidió al Presidente del Instituto Social - Roger José Carrillo, al Vicepresidente Administrativo - Eugenio Alvarado y al Jefe de Compras - Jaime Anaya, por un aparente caso de corrupción.

(…)

El Zar Anticorrupción ha explicado la manera como se tomó la decisión de despedir a los tres dirigentes del seguro social:

Anoche concurrieron a la Presidencia de la República a dar unas explicaciones que para nada nos satisficieron y por eso esta mañana le propuse al señor Ministerio de Protección prescindir de los servicios de estas personas.

(…)”.

Noticia televisiva(4):

“El Ministro de la Protección Social Diego Palacio, destituyó hoy al presidente del seguro social - Roger José Carrillo, al Vicepresidente Administrativo - Eugenio Alvarado y al Jefe de Compras - Jaime Anaya, quienes resultaron involucrados en un presunto caso de corrupción, así lo reveló el Zar Anticorrupción Oscar Ortíz al explicar que las 3 destituciones se originaron por las graves irregularidades en la adjudicación de una licitación por 5.400 millones de pesos para la digitalización y administración de archivos de la entidad.

(…)

Hoy fue destapado un nuevo escándalo en el Seguro Social, los 3 altos directivos que fueron declarados insubsistentes por el Gobierno corrieron a firmar un contrato al parecer irregular por más de 5.000 millones de pesos, según el Zar Anticorrupción Oscar Ortiz, lo firmaron cuando se enteraron que iban a ser retirados de la institución.

(…)

Salieron, corrieron, volaron a firmar el contrato para impedir o dificultar mejor, la revocatoria de esa adjudicación en un proceso evidentemente irregular a los ojos del programa presidencial anticorrupción(5).

Por eso pidió a la Procuraduría y la Fiscalía que los investigue por su conducta delictiva.

Y con toda desfachatez, cinismo y descaro, muy determinados a concretar su fechoría, una vez se vieron descubiertos, lo último que realizaron fue suscribir ese contrato(6).

(…).”.

Una vez realizado el anterior recuento, la Sala procederá a desatar la controversia a partir del análisis de la naturaleza del cargo ocupado por el actor, en consonancia con la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción, su control por vía judicial, así como la potestad disciplinaria de la administración.

De la naturaleza del cargo desempeñado por el demandante.

De acuerdo con la certificación expedida por el Jefe del Departamento Nacional de Compensaciones y Beneficios del ISS., se encuentra acreditado que en el período comprendido entre el 10 de noviembre de 2008 y el 28 de diciembre de 2009 el actor desempeñó los cargos de Asesor VI, 8 horas, (P) - Secretaría General (SG) * Nivel Nacional y Vicepresidente I, 8 horas, (P) - Vicepresidencia Administrativa (VA) * Nivel Nacional.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 416 de 20 de febrero de 1997, que aprobó el Acuerdo 145 de 4 de febrero de 1997, expedido por el Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, el cual clasificó los servidores del ISS., se consideran empleados púbicos quienes desempeñen, entre otros, los cargos de Vicepresidente y Asesor, que ejerció el señor Alvarado Palacio durante su última vinculación con la entidad accionada, los cuales tenían asignadas funciones de dirección, manejo y confianza y, por lo tanto, su carácter correspondía a los empleos de libre nombramiento y remoción.

Al respecto, el Consejo de Estado, mediante Sentencia de 28 de octubre de 1999, se pronunció frente a la legalidad de la mencionada disposición, concluyendo que se ajustaba a derecho frente a los cargos de Vicepresidente y Asesor, pues, en consideración a su naturaleza, debían ser de libre nombramiento y remoción, por las siguientes razones(7):

“(…)

Conforme a las anteriores directrices, no cabe duda que el Presidente del Instituto, el Secretario General y Seccional, el Vicepresidente, pertenecen al nivel directivo, pues, ejercen funciones de formulación de políticas y de adopción de planes y programas para su ejecución. Los cometidos de estos empleos, en su desarrollo esencial, implican decisiones políticas, orientaciones generales a nivel de toda la organización y con respecto a los cuales se requiere una confianza plena en quienes los ejercen.

Con respecto a los Asesores, cuyas tareas deben consistir en asistir y aconsejar directamente a los Directivos, se advierte que necesariamente deben gozar de la confianza de quien tiene a su cargo la responsabilidad.

(…).”.

Facultad discrecional de libre nombramiento y remoción.

En relación con los cargos de libre nombramiento y remoción, como los desempeñados por el demandante, el Consejo de Estado ha sostenido que el nominador puede dejar sin efectos el nombramiento realizado, sin necesidad de motivar el acto de desvinculación, en cuanto se presume que fue expedido en aras del buen servicio público, presunción que es susceptible de ser desvirtuada en sede jurisdiccional por el interesado, para lo cual deberá demostrar que el motivo determinante es diferente al buen servicio público y el interés general.

En efecto, la Sala reitera que:

“(…) el acto de retiro del servicio de un empleado de libre nombramiento y remoción, expedido en ejercicio de la facultad discrecional, se presume encaminado al buen servicio público y se puede ejercer en cualquier momento sin necesidad de que se consignen las razones o motivos que determinan la decisión. Ello en razón a que por no estar escalafonada no puede reclamar que su remoción se efectúe con las mismas exigencias, requisitos, procedimientos y recursos que la ley consagra para los empleados de carrera.”(8)

No obstante, el ejercicio de tal facultad discrecional no puede predicarse en términos absolutos hasta el punto de desconocer prerrogativas o beneficios consustanciales al individuo, pues el amplio campo de acción que la Constitución, la Ley y el Reglamento les otorgan a las autoridades para el cumplimiento de sus funciones, encuentra su límite efectivo en el orden objetivo de valores que establecen los principios y derechos fundamentales previstos en la Carta, así como en la finalidad para la cual fue instituida dicha potestad, esto es, la salvaguarda del interés general y del buen servicio público.

En consecuencia, cuando la autoridad ejerce una atribución legal no para obtener el fin que la Ley persigue, sino para buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, la Administración incurre en una desviación de poder que vicia por completo la legalidad del acto administrativo.

A su turno, las afirmaciones que se hagan en la sustentación de este cargo deben cumplir con la carga de la prueba que le corresponde de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por expresa remisión del artículo 267 del Decreto 01 de 1984 y es por ello que a la parte actora le corresponde aportar las pruebas que lleven al juez a la certeza de que los motivos o fines que tuvo la administración son ajenos al interés público en que se funda la facultad que tiene la autoridad nominadora para separar del empleo a los funcionarios que no gozan de fuero de estabilidad.

Confianza como presupuesto para el ejercicio de los empleos de libre nombramiento y remoción.

Resulta oportuno indicar que los empleos de libre nombramiento y remoción reclaman de una especial confianza, más aún cuando éstos corresponden a niveles jerárquicos superiores dentro de la organización estatal. En tal sentido, el Consejo de Estado ha esbozado los siguientes lineamientos(9):

“(…) ha insistido la jurisprudencia que cuando se trate de cargos que implican una especial responsabilidad y dignidad, como era el caso de la demandante, las exigencias para ejercer la potestad discrecional se tornan más amplias.

(…) es sabido que la alta dignidad de un empleo implica compromisos mayores y riesgos de los cuales no pueden sustraerse dichos servidores estatales, debido, precisamente, a que su desempeño se torna de conocimiento público y que cualquier actuación puede dar lugar a situaciones incómodas para el organismo y para el nominador, en este caso el Alcalde, a quien no se le puede pedir una conducta distinta que actuar en aras del interés general.

Detentar la investidura de un alto cargo impone al funcionario ceder su interés particular ante cualquier situación en que se vea comprometido el interés público, ya que la pulcritud en el desempeño de estos empleos debe ser mayor que la que deben acusar los demás funcionarios, como se dijo anteriormente”.

En lo que respecta al caso concreto, se precisa resaltar que la Ley 100 de 1993 estableció que el Instituto de Seguros Sociales sería el encargado de administrar el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, actuaría como una entidad promotora y prestadora de servicios de salud y administradora del Sistema de Riesgos Profesionales(10).

En el presente caso, dentro de las funciones asignadas al actor en los Cargos de Asesor y Vicepresidente del ISS., se resaltan como relevantes por implicar dirección, manejo y confianza, las siguientes (fls. 324 a 320, cdno.4): (i) formular y adoptar políticas, planes, proyectos y programas generales, así como gestionar su eficaz cumplimiento; (ii) dirigir, controlar y velar por la consecución de los fines institucionales, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por los funcionarios u organismos competentes; (iii) organizar el funcionamiento del Instituto y proponer ajustes estructurales, de acuerdo con las necesidades y políticas del Gobierno; (iv) controlar el manejo de los recursos humanos y financieros, para que éstos se ejecuten de conformidad con las normas orgánicas del presupuestos; (v) asesorar a las directivas en la formulación, coordinación y ejecución de los planes del Instituto; (vi) absolver consultas, prestar asistencia técnica y profesional y emitir conceptos en los asuntos encomendados por la administración; (vii) aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, ejecución y control de los programas de la entidad; (viii) asistir y participar en representación del organismo en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial.

Las anteriores funciones asignadas al demandante, evidencian su capacidad de dirección en los asuntos del Instituto de Seguros Sociales, los cuales, en atención a la naturaleza de la entidad precisaban de especiales calidades, así como de confianza respecto del nominador, pues se trataba de actividades que incumbían a la población en general, implicaban el manejo de recursos públicos y concernían a la política del Estado en relación con el régimen de seguridad social integral.

En este orden de ideas, resulta razonable que el legislador haya establecido la facultad discrecional para el nombramiento y remoción de los servidores que desempeñen cargos como los ejercidos por el accionante, teniendo en cuenta la alta responsabilidad ínsita a la labor encomendada, así como su impacto en la comunidad y en el cumplimiento de los fines estatales.

En el presente caso el actor aportó diferentes recortes periodísticos, noticias radiales y televisivas para soportar los supuestos fácticos sobre los cuales se edifican sus pretensiones. Al respecto se precisa resaltar que el Consejo de Estado ha indicado que, de conformidad con el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio, solo representa valor secundario de acreditación del hecho, toda vez que por sí sola únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Es decir, que carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra o describe.

En consecuencia, la eficacia probatoria de la publicación depende de su conexidad y coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por lo tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez, pues aunque se ha admitido el carácter de indicio contingente, tal naturaleza pretende que el fallador no se aparte de un contexto o realidad, pero teniendo en cuenta que debe hacerse una “valoración racional, ponderada y conjunta del acervo probatorio”(11).

Con fundamento en lo anterior, se ha concluido que los recortes de prensa deben ser analizados en conjunto con las demás pruebas que obran en el expediente, con el fin de verificar la información que en ellos consta(12).

Una vez aclarado el anterior aspecto, se observa que los recortes de prensa y los magnéticos de los noticieros aportados al plenario permiten establecer una conexidad temporal entre el retiro del servicio del actor y la fecha en que se emitieron las noticias relacionadas con las presuntas irregularidades advertidas por el Zar Anticorrupción en un proceso de licitación que aparentemente estaba a cargo del demandante y otros funcionarios del Instituto de Seguros Sociales.

En efecto, varios de los recortes de prensa datan del 24 de diciembre de 2009 y la declaratoria de insubsistencia se decretó el 28 siguiente.

Frente a lo anterior se precisa aclarar que la Sala en ningún momento está dando credibilidad al contenido de las noticias periodísticas antes trascritas, pues no son la prueba idónea para demostrar la existencia de una irregularidad en el proceso precontractual a que aluden y tampoco tal situación es objeto de debate en el presente caso, sino el ejercicio de la facultad discrecional de retiro frente a un servidor que ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción.

Ahora bien, pese a la referencia documental de los anteriores acontecimientos, en el Sub lite el actor no logró establecer en forma objetiva y razonable que el nominador actuó con un móvil oscuro o reprochable al disponer su retiro del servicio, por el contrario, la prueba recaudada permite advertir una pérdida de confianza respecto de un servidor que desempeñaba un cargo de dirección, manejo, asesoría y confianza, lo cual hacía viable, legítimo y legal el ejercicio de la facultad discrecional. En tal sentido la Corte Constitucional ha sostenido(13):

“(…)

De esta manera, es claro que la confianza es un criterio subjetivo relevante no solo para establecer si un cargo es de libre nombramiento o remoción, especialmente en aquellos empleos de cualquier nivel jerárquico que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, sino también para determinar el ingreso y la permanencia en el cargo del respectivo servidor público.

(…)

Por lo anterior, la Corte ha indicado que la posibilidad de desvincular libremente en cualquier momento a esta clase de servidores no contraría la Constitución, pues la naturaleza de las labores que desempeñan obedece a una relación subjetiva con el nominador, quien requiere siempre plena confianza de sus colaboradores.

(…)

Con todo, ha dicho la Corte que la toma de una decisión de esta naturaleza por la autoridad administrativa, “no significa arbitrariedad en el ejercicio de la función pública(14): lo arbitrario es aquello que se funda en el capricho individual de quien ejerce el poder, con desmedro de la ley. Las facultades discrecionales, por el contrario, están sometidas a reglas de derecho preexistentes en cabeza del órgano o funcionario competente(15)”, a los deberes del Estado, y las responsabilidades genéricas de las autoridades en cuanto a la protección de la vida, honra y bienes de los asociados (C.P. arts. 2º, 123(16) y 209(17)). En este sentido, el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, prescribe como condición de la expedición de actos administrativos discrecionales, que el contenido de la decisión sea “adecuad[o] a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa”.(18)

(…)

Así las cosas, tal como se ha expuesto en las secciones anteriores, siendo la confianza un factor determinante a la hora de vincular funcionarios en cargos de libre nombramiento y remoción, su pérdida constituye una razón justificada para que la administración de por terminada la relación laboral con el empleado público y de esta forma garantice tanto la prestación del buen servicio como la satisfacción del interés público. En ese entendido, cuando la decisión de insubsistencia es consecuencia de actuaciones del servidor que contribuyeron a que su nominador perdiera la confianza en él, el acto no puede catalogarse como arbitrario o dictado con desviación de poder.

(…).”. (Resalta la Sala).

En este orden de ideas, el nominador ejerció la facultad discrecional de remoción del actor dentro de los límites legalmente establecidos. En efecto, la finalidad que se persigue con la autorización de remover libremente los empleados que ocupan cargos de libre nombraimento y remoción es razonable, pues consiste en asegurar la permanencia de la confianza que supone el ejercicio del cargo(19), en consonancia con la salavaguarda del interés general y la adecuada prestación servicio público, ya que para ello “se requiere que quien tiene a su cargo la dirección del equipo de gobierno, tenga en cada uno de sus colaboradores absoluta confianza y credibilidad en su comportamiento, pues sólo así se puede lograr la armonía necesaria para cumplir los objetivos y cometidos de la administración, cuestión que debe ser prevalente para quienes son responsables de conducir o dirigir los organismos e instituciones oficiales”.(20)

Facultad discrecional - facultad disciplinaria.

El actor afirmó que el acto demandado está viciado de nulidad por desviación de poder, toda vez que se fundó en unas presuntas irregularidades detectadas en un proceso de licitación y que fueron denunciadas por el Zar Anticorrupción de la época, pero no se le dio la posibilidad de controvertir tales acusaciones. Agregó que cuando se advierte la posible comisión de una falta disciplinaria, la administración tiene el deber de adelantar el proceso disciplinario respectivo, en lugar de disponer el retiro en forma discrecional, pues ello vulnera el derecho fundamental al debido proceso.

Ahora bien, las pruebas obrantes en el plenario no permiten arribar a la inferencia esbozada por el actor en el escrito de demanda, esto es, que la autoridad nominadora incurrió en una desviación de poder al expedir el acto enjuiciado, pues no es posible sostener que la declaratoria de insubsistencia se adoptó como una medida sancionatoria para reprochar la conducta del señor Alvarado Palacio y tampoco que debiera adelantarse una investigación disciplinaria previa o que su trámite enervara el ejercicio de la facultad discrecional.

Al respecto, la Sala reitera que frente a los cargos de libre nombramiento y remoción el nominador cuenta con un amplio margen de libertad para adoptar una pluralidad de decisiones en el manejo de su personal, dentro de las cuales se encuentra la de remover a sus colaboradores, sin que ello implique un prejuzgamiento del proceso disciplinario, una violación a la dignidad humana o un desconocimiento del principio de presunción de inocencia.

Así, el Consejo de Estado ha precisado que la facultad discrecional es independiente de la acción disciplinaria, por lo cual se pueden adelantar en forma autónoma, inclusive, el artículo 72 de la Ley 734 de 2002(21), permite investigar y sancionar disciplinariamente a quien esté retirado del servicio por las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones(22).

En consecuencia, no puede establecerse como regla que cuando se advierta la posible comisión de una falta disciplinaria se deba adelantar primero el respectivo proceso y no disponer el retiro en forma discrecional, pues se trataría de una restricción carente de respaldo normativo(23).

En este orden de ideas, no era necesario esperar los resultados de un proceso disciplinario para declarar insubsistente el nombramiento del demandante, pues su ejercicio no significa la imposición de una sanción, ni implicaba el adelantamiento de un procedimiento en tal sentido. Es de resaltar que la facultad discrecional que la ley confiere al nominador no encuentra limitación alguna en la Ley 734 de 2002, precisamente, porque persiguen finalidades distintas.

En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido las diferencias entre el ámbito que comprende la facultad discrecional y el que regula la potestad disciplinaria, advirtiendo que mediante la primera, la Administración cuenta con la libertad de escoger en virtud del atributo de la conveniencia lo mejor para el servicio, siempre y cuando sea adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa, mientras que la potestad disciplinaria tiene por finalidad sancionar las actuaciones de los funcionarios que conlleven el incumplimiento de los deberes, la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, incursión en prohibiciones y violación al régimen de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses.

De otro lado, se observa que la Sala en algunas oportunidades ha sostenido que cuando lo procedente es adelantar una investigación disciplinaria y no se hace, la declaratoria de insubsistencia se torna en una destitución disfrazada de insubsistencia; sin embargo, este no es el caso, pues el actor aportó al plenario el Auto de 20 de noviembre de 2012 (fls. 135 a 159), mediante el cual la Procuradora Delegada para la Moralidad Pública - Procuraduría General de la Nación dispuso el archivo de la actuación disciplinaria adelantada en contra del señor Alvarado Palacio por los hechos narrados anteriormente.

Es decir, que el accionante sí fue investigado disciplinariamente, situación que evidencia una razón adicional para sostener que la facultad discrecional se ejerció en forma autónoma a la potestad disciplinaria y que en su caso se respetó el debido proceso. En efecto, queda desvirtuada la afirmación del demandante, en el sentido de indicar que la declaratoria de insubsistencia ocultó una verdadera sanción disciplinaria, pues ambas actuaciones se surtieron en forma independiente.

Finalmente, el actor argumenta que ejerció sus funciones con eficiencia, idoneidad y responsabilidad; sin embargo, en el expediente no obra prueba documental o testimonial relacionada con su desempeño laboral. Además, tales calidades son condiciones que deben caracterizar a los funcionarios públicos, y por ende, ellas por sí solas no confieren estabilidad laboral, ni otorgan la prerrogativa de permanencia con fuerza suficiente para enervar el ejercicio de la facultad discrecional(24).

Es decir, que una de las obligaciones de todo servidor público es prestar sus servicios en forma óptima y eficiente, pues ello contribuye a la consecución de los fines esenciales del Estado y garantiza a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el acceso a las distintos beneficios previstos para el adecuado desarrollo social.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

CONFÍRMASE la Sentencia de 11 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que negó las súplicas de la demanda incoada por Eugenio Alvarado Palacio contra el Instituto de Seguros Sociales.

RECONÓCESE personería al abogado Carlos Eduardo Linares López, identificado con Cédula de Ciudadanía 19.498.016 y Tarjeta Profesional 51974 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, de conformidad con el poder aportado a folio 150 del expediente.

RECONÓCESE personería al abogado Carlos Arturo Orjuela Góngora, identificado con Cédula de Ciudadanía 17.174.115 y Tarjeta Profesional 6941 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado sustituto de la parte actora, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder visible a folio 162 del expediente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

1. Para fundamentar sus pretensiones el accionante aportó al expediente varios recortes de periódicos, videos y audios de noticieros, de los cuales se destacarán algunos sin que ello desdibuje el análisis integral del acervo probatorio arrimado al plenario.

2. Dentro del video no aparece la fecha en que se emitió la noticia.

3. En el audio no se indica cuál es el medio de comunicación que emite la noticia ni la fecha de la misma.

4. Dentro del video no aparece la fecha en que se emitió la noticia, ni se identifica el canal de televisión.

5. Palabras del Zar Anticorrupción.

6. Palabras del Zar Anticorrupción.

7. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Dr. Silvio Escudero Castro, Sentencia de 28 de octubre de 1999, Radicación 15954.

8. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, Sentencia de 9 de febrero de 2012, Radicación número: 25000-23-25-000-2001-10005-01(0389-09).

9. Sentencia de 7 de julio de 2005, Radicación 2263-04, Accionante Lilia Elvira Sierra Reyes, Consejera Ponente Ana Margarita Olaya Forero.

10. “ARTS. 52, 181, 251 y 275 de la Ley 100 de 1993.

11. Sentencia del 22 de junio de 2011, Expediente 19980, Sentencia del 25 de julio de 2011, Expediente 19434.

12. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P. Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz, Sentencia de 8 de mayo de 2013, Radicación 25000-23-26-000-1998-01036-01(23016), Actor: Socorro de los Ángeles Bohórquez y otros.

13. Sentencia T-317 de 2013, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

14. Sentencia C-429 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

15. Sentencia C-318 de 1995 M.P. En el mismo sentido ver la Sentencia C-918 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

16. El artículo 123 de la Carta establece que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercerán sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento.

17. El artículo 209 define los principios que orientan la función administrativa y señala que ésta se encuentra al servicio de los intereses generales y debe ser ejercida de manera igualitaria e imparcial.

18. Cfr. Sentencia T-377 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

19. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 24 de marzo de 2011, Radicación 2004-00011-01(1587-09), C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

20. Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 27 de febrero de 1997. Radicación 8807, C.P. Dra. Clara Forero de Castro.

21. “ART. 72. Acción Contra Servidor Público Retirado del Servicio. La acción disciplinaria es procedente aunque el servidor público ya no esté ejerciendo funciones públicas.
Cuando la sanción no pudiere cumplirse porque el infractor se encuentra retirado del servicio, se registrará en la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo previsto en este código, y en la hoja de vida del servidor público”.

22. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón, Sentencia de 22 de marzo de 2012, Radicación 41001-23-31-000-2001-00389-01(0161-08), Actor: Jesús Antonio Marín Ramírez.

23. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E), Sentencia de 12 de junio de 2014, Radicación 2010-00544-01 (1132-13), Actor: Mayfren Padilla Téllez.

24. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Sentencia de 8 de marzo de 2012, Expediente 250002325000200801067 01 (2157-2011), Actor: Luis Carlos Bonilla Rico.