Sentencia 2010-00501/50155 julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 20001-23-31-000-2010-00501-01(50.155)

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Mxxxxx Cxxxxx Vxxxxx Gxxxx y otros

Demandado: Nación —Rama Judicial— Fiscalía General de la Nación y otros

Ref: Acción de Reparación Directa

Temas: Privación Injusta de la Libertad / Niega responsabilidad por configuración del hecho del exclusivo de la víctima.

Bogotá D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete

“(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia)”.

Extractos« II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) las pruebas aportadas al proceso; 5) hecho exclusivo de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del Estado; 6) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los Expedientes al Despacho de la Magistrada Conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad de la señora Mxxxxx Cxxxxx Vxxxxx Gxxxx, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto sobre el que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia reside en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo que último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(17).

En el presente caso la demanda se originó por los perjuicios que habrían sufrido los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto la señora Mxxxxx Cxxxxx Vxxxxx Gxxxx dentro de una investigación penal adelantada en su contra.

En el Expediente reposa copia de la sentencia absolutoria de la señora Vxxxxx Gxxxx, proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Vxxxxxxxxx.

Ahora, si bien no obra prueba de la ejecutoria de la decisión en mención, tal situación no es óbice para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda.

En efecto, la sentencia absolutoria fue proferida el xx de sxxxxxxx de xxxx(18), de tal suerte que sin perjuicio del término de ejecutoria de la providencia, la acción de reparación directa se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista, por cuanto se presentó el xx de nxxxxxxxxx de xxxx(19).

4. Las pruebas recaudadas en el Expediente y su respectivo valor probatorio.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron los siguientes elementos de convicción:

— Acta fechada el 1º de dxxxxxxxx de xxxx de las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, en el proceso adelantado en contra de la señora Mxxxxx Cxxxxx Vxxxxx Gxxxx.

En esta providencia, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Axxxxxx: i) impartió la legalidad del procedimiento de captura, por cuanto cumplió los requisitos establecidos en el artículo 297 de la Ley 906 del 2004, ii) formuló imputación por el delito de secuestro extorsivo agravado, consagrado en el artículo 169 de la Ley 599 del 2000 e iii) impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, a la hoy demandante, ordenando su traslado a la Cárcel Judicial de Oxxxx(20).

— Escrito de formulación de acusación proferido por la Fiscalía Primera Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Vxxxxxxxx en contra de la señora Vxxxxx Gxxxx(21).

— Boleta de libertad de la señora Mxxxxx Cxxxxx Vxxxxx Gxxxx, fechada el x de axxxx de xxxx(22).

— Sentencia del xx de sxxxxxxxx de xxxx, a través del cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Valledupar absolvió a la hoy demandante de la conducta punible a ella endilgada, con base en lo siguiente

(se transcribe literal, incluidos posibles errores)(23):

“Analizando estos diálogos de manera aislada llegamos a la conclusión a la que llegó la Fiscalía, que Mxxxxx Cxxxxx Vxxxxx Gxxxx le daba información a Ixxxxx en relación al secuestro.

“Pero analizando la prueba en conjunto con el artículo 380 de la Ley 906 del 2004 y el dialogo en todo su contexto no se llega a la certeza, más allá de toda duda razonable, de la responsabilidad de la procesada, pues si bien es evidente que le informa a Ixxxxx el número de integrantes de la banda, le pregunta que si estaba metido, le informa que la gente otra vez está llamando a su papá, que la plata ya la van a llevar, que esta angustiada que le hagan una cosa a su papa por ese dinero y es allí donde Ixxxxx le informa que sí está metido, se aprecia que es un dialogo que transcurre en llanto.

“De ese mismo dialogo aunado al testimonio de Ixxxxx Nxxxxxxx y Mxxxxx Cxxxxx se prueba que son amantes, que ella está casada y convive con su esposo Exxxxx Bxxxxxxx Oxxxx, quien solo se enteró de la relación sentimental que ellos tenían cuando los investigadores del Gaula le pusieron el diálogo para que lo escuchara.

“Si ello es así, como efectivamente lo es, acorde con el Ministerio Público y dado que el dialogo transcurrió en llantos es evidente que estamos frente a una amante angustiada que le contaba a su compañero sentimental clandestino la situación que estaba pasando ella y su familia con el secuestro de su hermana y la incomodidad que tenía con la posición indiferente de su esposo frente al caso y este, como lo apunta la defensa, se aprovecha y le sacaba información de manera soterrada, pues revela claramente la conversación que es allí donde Ixxxxx le confiesa que él está metido, y si seguidamente le informa lo asombrada que esta con la inteligencia investigativa; que ya conocen los nombres de los autores, y luego le ordena a su empleada doméstica que le diga que bote el celular porque estaba intervenido, es claro que empieza a encubrirlo para que salga bien del problema y así continuar la relación sentimental con su amante secreto.

“(…).

Lo anterior no nos puede llevar a establecer más allá de toda duda que Mxxxxx Cxxxxx Vxxxxx Gxxxx participó como coautora cómplice del secuestro de su hermana, sino como encubridora cuando Ixxxxx le confesó posteriormente y no puso el hecho en conocimiento de las autoridades, pero como a la luz del artículo 448 de la Ley 906 de 2004 no se puede condenar por un hecho que no conste en la acusación o por delitos de los que no se haya solicitado condena, acorde con el defensor y el Ministerio Público y contrario a la posición de la Fiscalía se le absuelve por el delito de secuestro extorsivo por el que fue llamada a juicio” (se resalta).

— Oficio 238 expedido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Vxxxxxxxx, por medio del cual se informaron las fechas en las cuales la hoy actora estuvo recluida en centro carcelario, así (se trascribe literal, incluidos posibles errores)(24):

“Ingresa al EPMSC - Oxxxx N.S el día xx-xx-xxxx, salió en libertad el día xx-xx-xxxx. Aparece registrada en el EPMSC - Vxxxxxxxxx, ingresa el día xx-xxxx y salió en libertad el día xx-xx-xxxx, sin más datos”.

5. El hecho exclusivo de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del Estado.(25) 

Previo a hacer el análisis que corresponde en este asunto, resulta oportuno advertir que la demanda fue dirigida contra la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y el DAS; sin embargo, estas dos últimas entidades no fueron vinculadas al proceso, razón por la cual la Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de su posible responsabilidad, toda vez que la litis se trabó únicamente frente a la Rama Judicial y la Fiscalía y, además, porque el proceso se desarrolló sin que ninguna de las partes advirtiera esa situación.

Ahora, de conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, advierte la Sala que, en principio, estaríamos ante un evento de privación injusta de la libertad, toda vez que se absolvió a la aquí demandante del delito de secuestro extorsivo, en tanto que no se desvirtuó la presunción de inocencia que la cobijaba antes, durante y después del proceso penal adelantado en su contra.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta las particularidades del caso, la Sala entrará a analizar si en el presente asunto se configuró o no la causal de exoneración consistente en el hecho exclusivo de la víctima.

La jurisprudencia reiterada de la Sala ha sostenido que, para efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquel tuvo o no injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Así lo ha entendido esta Corporación(26):

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

“(…).

“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.

“De igual forma, se ha dicho:

‘… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos: Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil`”(27) (se resalta).

En lo que toca con la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—, dispone que la culpa exclusiva de la víctima se configura “cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley”, mientras que el artículo 67 de la misma normativa prevé que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

En consonancia con lo anterior, para caracterizar los mencionados conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia(28) ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil(29), de los cuales se extrae que el primero se corresponde con un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

Del estudio de las piezas procesales correspondientes a la actuación penal, se desprende que en el municipio de Lx Gxxxx (Cxxxx), el xx de axxxxx de xxxx, fue secuestrada la señora Bxxxx Cxxxxx Vxxxxx Gxxxx por cuatro sujetos, quienes la trasladaron a una casa abandonada con la finalidad de obtener una recompensa de treinta millones de pesos.

Adicionalmente, se acreditó que, como consecuencia de lo narrado, un anónimo denunció ante la Fiscalía General de la Nación que el señor Ixxxxx Nxxxxxxx estaba involucrado en los hechos, por lo cual se ordenó el registro de sus llamadas telefónicas, interceptación que dio cuenta que sostenía conversaciones con la hoy demandante, Mxxxxx Cxxxxx Vxxxxx Gxxxx, hermana de la víctima del delito de secuestro extorsivo.

Asimismo, se probó que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Axxxxxxx dispuso la privación de la libertad de la hoy demandante por el delito de secuestro extorsivo.

Posteriormente, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Vxxxxxxxx, mediante sentencia fechada el xx de sxxxxxxx de 2xxx, absolvió a la señora Mxxxxx Cxxxxx Vxxxxx Gxxxx, pues aunque se estableció que le suministró información acerca del secuestro de su hermana al señor Ixxxxx Nxxxxxxx, ello lo hizo antes de que este le confesara su participación en el hecho punible, luego, no actuó como su cómplice.

No obstante lo anterior, se estimó que la hoy demandante había cometido otra conducta punible, pues actuó “como encubridora cuando Ixxxxx le confesó todo y no puso el hecho en conocimiento de las autoridades”(30), en otras palabras, la cinta magnetofónica obrante en el proceso dio cuenta de que una vez la señora Vxxxxxx Gxxxx tuvo conocimiento de la comisión del delito de secuestro en cabeza del señor Ixxxxx Nxxxxxxx no dio aviso a las autoridades y, de esta forma, le ayudó a eludir la justicia penal.

Es más, dentro de la propia sentencia absolutoria se puso de presente que si bien la señora Vxxxxxx Gxxxxx incurrió en el delito de encubrimiento por favorecimiento, sólo podía ser declarada culpable por la conducta punible formulada en la acusación —secuestro extorsivo—, de conformidad con lo establecido en el artículo 448 de la Ley 906 de 2004.

En efecto, el encubrimiento por favorecimiento constituye un delito, tal como lo estipula el artículo 446 de la Ley 599 del 2000 —Código Penal vigente—(31).

Valorado en conjunto el material probatorio que antecede, resulta claro que el comportamiento de la señora Mxxxxx Cxxxxx Vxxxxx Gxxxx fue doloso, conducta que, para la Sala, resulta censurable y reprochable en el campo de la responsabilidad extracontractual del Estado; de ahí que fue su actuación igualmente irregular la que ocasionó su vinculación a un proceso penal.

Al respecto, frente a un caso similar, esta Subsección consideró(32):

“El Juzgado 1º Penal de Bxxxxxxx, mediante sentencia de xx de dxxxxxxxx de xxxx, resolvió declarar la responsabilidad de los aquí demandantes del delito de secuestro simple agravado, decisión que fue apelada ante el Tribunal Superior del Distrito de Bxxxxxxxx, el cual, en proveído de 31 de marzo de 1995, revocó la sentencia de primera instancia porque consideró que la intención de los procesados no era secuestrar a las menores; sin embargo, en contraste con ello, dejó abierta la posibilidad de que los condenados en primera instancia hubieran podido incurrir en otra conducta punible, al considerar que, “por lo menos” el secuestro no había existido. Y es que precisamente la prostitución de menores de edad constituye un delito, tal como lo prevé el artículo 312 de la Ley 100 de 1980 (…).

“Así pues, los ahora demandantes tenían la obligación de soportar las actuaciones que se surtieron a lo largo del proceso penal, en tanto es indiscutible que su comportamiento, irregular y reprochable, produjo su vinculación al proceso penal”. (Se resalta).

Las anteriores circunstancias, de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales, permiten concluir, sin dubitación alguna, que la actuación absolutamente reprochable de la señora Mxxxxx Cxxxxx Vxxxxx Gxxxx fue la causa eficiente en la producción del daño, pues, a pesar de que la referida actora fue exonerada de responsabilidad penal, las decisiones que adoptó la Rama Judicial —que condujeron a la privación de su libertad— se encuentran justificadas por su comportamiento irregular. Ello quiere decir que las medidas restrictivas de la libertad impuestas a la demandante resultan imputables a su propia actuación, circunstancia que exonera de responsabilidad al Estado.

Así las cosas, hechas las anteriores precisiones, forzoso resulta concluir que el proceder activo de la víctima determinó que la misma debiera asumir la privación de la libertad de la que fue objeto, por lo cual la Sala revocará la decisión de primera instancia.

6. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. Revocar, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cxxxx.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devolver el Expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, Expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, Expediente 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, Expediente 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(18) Folios 17 a 42 del cuaderno de primera instancia.

(19) Folio 130 del cuaderno de primera instancia.

(20) “ART. 169.—Secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de dieciocho (18) a veintiocho (28) años y multa de dos mil (2.000) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

(21) Folios 22 a 27 del cuaderno de primera instancia.

(22) Folio 29 del cuaderno de primera instancia.

(23) Folios 17 a 42 del cuaderno de primera instancia.

(24) Folio 299 del cuaderno de primera instancia.

(25) En similares términos, consultar la sentencia del 9 de julio de 2014, Expediente 38.438, M.P. Hernán Andrade Rincón y la sentencia de 11 de abril de 2012, Expediente 23.513, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014, Expediente 38.438, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005, Expediente 15784, M.P. Ramiro Saavedra Berrera.

(28) En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, Expediente 17933; Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, Expediente 27414; Subsección C, sentencia de 2 de mayo de 2016, Expediente 32126B; Subsección C, sentencia de 25 de mayo de 2016, Expediente 35033; Subsección A, sentencia de 27 de enero de 2016, Expediente 39311.

(29) “ART. 63.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. // Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. // Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. // El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. // Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.// El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

(30) Folio 38 del cuaderno de primera instancia.

(31) “ART. 446.—Favorecimiento. El que tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible, y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años.

Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la pena será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión”.

Si se tratare de contravención se impondrá multa”.

(32) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2016, Expediente 37.802, acumulado con 38.666.