Sentencia 2010-00502/42072 de septiembre 14 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Exp.: 42072

Rad.: 47001-23-31-000-2010-000502-01

Actores: Fernando Robert Ferrel Ortega y otros

Demandados: Universidad del Magdalena

Naturaleza: Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá D.C., catorce de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Jurisdicción y competencia

9. Por ser las demandadas entidades estatales, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

10. El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación, en razón del recurso incoado por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia según la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la demanda, fijada por la sumatoria de la totalidad de las pretensiones(1), supera la exigida por la norma para tal efecto(2).

III.(sic) Acción procedente

11. Habida cuenta de que en la sentencia de primera instancia se declararon probadas las excepciones de inepta demanda y pleito pendiente, la parte actora expuso su inconformidad al respecto por considerar que no se reunían en este caso los elementos que respaldaran tal decisión, de manera que corresponde a esta Sala pronunciarse primero en relación al tema de la ineptitud sustantiva de la demanda, así:

11.1. Debido a las múltiples formas en las que se expresa la administración pública, el Código Contencioso Administrativo fijó la extensión del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de suerte que le otorgó la facultad para juzgar actos administrativos, hechos, omisiones, operaciones administrativas, contratos estatales(3) e inclusive actos políticos y de gobierno(4).

11.2. En consonancia con lo anterior, dicha legislación puso a disposición de los administrados mecanismos procesales diversos, con el propósito de plantear ante los jueces los conflictos que se susciten entre ellos y la administración pública; dentro de los que tienen una naturaleza ordinaria(5) se encuentran las acciones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales(6).

11.3. De esta forma, se ha considerado que el adecuado empleo de tales acciones no depende de la libre escogencia de quienes acuden a la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de la forma como la Administración se haya expresado o dado origen al desmedro o daño que el reclamante alega. Así lo ha considerado el Consejo de Estado:

Por otra parte, como reiteradamente lo ha sostenido la Sala, es necesario establecer cuál es el origen del daño que se alega, para determinar así mismo, cuál es la acción correcta; puesto que si aquel procede o se deriva directamente de un acto administrativo que se considera ilegal, éste deberá demandarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo; pero si el daño proviene del incumplimiento de una obligación contractual, o del proferimiento de actos administrativos contractuales, o, en fin, de una relación contractual existente entre el afectado y la entidad estatal, las reclamaciones que pretendan efectuarse con fundamento en la misma, deberán encauzarse por la vía de la acción relativa a controversias contractuales, contemplada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.

Pero si el daño proviene, como lo dice el artículo 86, de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, la acción procedente será la de reparación directa(7).

11.4. Nótese cómo la acción de simple nulidad fue regulada por el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, para el ejercicio del control de legalidad sobre los actos administrativos por cuyo ejercicio se somete a examen la validez de la decisión de la administración, con el único fin de confrontarla con el orden jurídico y establecer si se ajusta a este o no. Esta acción le permite a las partes pedirle al juez la verificación del respeto a las normas superiores en que debía fundarse, la veracidad de sus motivos, la ausencia de vicios en su expedición, la competencia de quien lo ha expedido y que en su ejercicio no se hayan desviado las atribuciones que la ley le confiere.

11.5. Así, el control de legalidad que ejerce el juez en el marco de esta acción está encaminado a la confrontación del acto con el orden jurídico, y tiene como finalidad mantener la legalidad y expulsar del ordenamiento aquella decisión administrativa de carácter general que adolece de vicios que afectan su validez.

11.6. Por su parte, cuando la acción no solo está llamada a ejercer el control de legalidad de la decisión administrativa, sino a obtener el restablecimiento del derecho y/o la reparación del eventual perjuicio, ha de ejercerse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 ibídem.

11.7. De otro lado, en los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios derivados de un hecho, omisión u operación administrativa, imputables a la administración pública, así como por la ocupación temporal o permanente de un inmueble, es la de reparación directa.

11.8. Esta acción ostenta un contenido netamente reparador y es el medio idóneo para juzgar la responsabilidad estatal, cuando el daño cuya indemnización se pretende ha sido generado por la conducta activa u omisiva de la administración, por una operación administrativa u ocupación de bien inmueble; así, cuando se cuestiona una actuación de hecho de la administración pública, es la acción de reparación directa la llamada a servir de mecanismo procesal para la tutela judicial de los derechos de las víctimas.

11.9. De igual manera, se ha considerado que procede la acción para obtener la reparación de perjuicios derivados de la ejecución de un acto administrativo, únicamente cuando no está en cuestión su legalidad(8), en aquellos casos en que la decisión legalmente proferida genera desequilibrio frente a las cargas públicas.

11.10. Sin embargo, cuando se cuestiona la legalidad de un acto administrativo, esto es, se alegan vicios que afectan la validez de una decisión adoptada por la administración con el fin de crear, modificar o extinguir una determinada situación jurídica, la reparación de los eventuales perjuicios derivados de su ilegalidad solo procede previa anulación del acto administrativo que los determinó.

11.11. Los actos adoptados por la administración como expresión patente de su voluntad o deseo en ejercicio de sus competencias, gozan en el ordenamiento jurídico nacional de las prerrogativas de presunción de legalidad y ejecutividad, de acuerdo con las cuales: se presumen ajustados al ordenamiento jurídico(9) y son ejecutables(10) en forma inmediata, por manera que si la administración se ha pronunciado en esos términos, la inconformidad del administrado debe plantearla ante el juez administrativo, para que se pronuncie sobre la legalidad o no de la decisión cuestionada y disponga, de aparecer fundamento para ello, su suspensión o anulación. Mientras ello no ocurra, la decisión así adoptada mantiene su carácter ejecutivo y ejecutorio.

11.12. Lo expuesto encuentra relevancia en la escogencia de la acción procedente para llevar el conflicto ante el juez, por cuanto solo la pretensión de nulidad del acto lo faculta para acometer el estudio de fondo acerca de la validez de la decisión administrativa. Pero cuando el acto administrativo no ha sido cuestionado por virtud de la acción procedente para ello, continúa amparado en su presunción de legalidad, que aunque desvirtuable, sólo puede serlo cuando se ha deprecado del juzgador el análisis sobre su legalidad o no, por medio del mecanismo procesal idóneo. Como está vedado al juez asumir en forma oficiosa el estudio de la legalidad de un acto administrativo, es sólo mediante petición del interesado afectado que ésta procede, mediante el ejercicio de la acción procedente que la ley ha previsto para su ejercicio.

11.13. Por ende, cuando media un acto administrativo, expreso o ficto, como fuente de la causación del daño, el juez de la responsabilidad está atado a la presunción de legalidad que lo reviste, salvo que mediante la acción procedente se cuestione también su legalidad y se le pida en forma expresa al juzgador pronunciarse sobre esta.

12. Esclarecido lo anterior, para el presente asunto se encuentra que los demandantes, por la vía de la reparación directa, pretenden que se declare administrativamente responsable a la Universidad del Magdalena, por cuanto le endilgan a dicha entidad el daño por ellos soportado, “con ocasión de la extralimitación de funciones realizada por agentes del ente universitario, en desarrollo de las potestades disciplinarias encomendadas por la ley”. Según se precisa en el recurso de apelación, esa extralimitación a la que alude se refiere a: (i) la emisión de decisiones por medio de las cuales la Universidad del Magdalena le impuso sanción disciplinaria al docente Fernando Robert Ferrel, con el exclusivo propósito de provocarle daño; (ii) la campaña de difamación elaborada por el ente universitario en su contra y que se reflejó en la publicación, mediante diferentes medios de comunicación escritos, de los contenidos de los actos administrativos por medio de los cuales se le impuso sanción disciplinaria; (iii) las respectivas denuncias hechas por la Universidad del Magdalena que dieron inicio a investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República que trajeron consigo perjuicios morales y económicos a la familia Ferrel Ballestas; y (iv) el hecho de haberle impedido al docente la celebración de un convenio de investigación que le reportaría ingresos, pero que no pudo suscribir al encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado por el término de 10 años, debido a la sanción disciplinaria impuesta por la Universidad del Magdalena. En este orden de ideas, conforme a lo acreditado en el expediente, se tiene que:

12.1. Mediante Resolución 0691 del 12 de julio de 1988 de la Universidad del Magdalena, se dispuso el nombramiento del señor Robert Ferrel Ortega como profesor de tiempo completo (fl. 283, c. 1).

12.2. Mediante Acuerdo 0033 del 18 de diciembre de 2001, el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena le otorgó al profesor Fernando Ferrel Ortega un periodo sabático a partir del 4 de febrero de 2002, para efectos de que se dedicara a la elaboración de un texto en el área de educación sexual(11).

12.3. A raíz de lo anterior, el 4 de febrero de 2002, entre el profesor Fernando Ferrel Ortega y la Universidad del Magdalena, representada por el rector Carlos Eduardo Caicedo Omar, suscribieron un convenio de periodo sabático, donde se estipuló como obligación para el educador la elaboración y entrega de un libro en el área de educación sexual, quien se reincorporaría a la institución al finalizar el año sabático; por su parte, la universidad se obligó a descargar al docente de sus compromisos laborales, a cancelarle el 100% de su salario y prestaciones, y a reincorporarlo una vez finalizara el correspondiente periodo (fl. 316, c. 1).

12.4. No obstante, una certificación expedida por el jefe de personal de la Corporación Universitaria de la Costa - CUC, en la que se hizo constar que el docente Fernando Robert Ferrel Ortega laboró como catedrático en esa institución durante los años 2002 y 2003, periodo en el que se encontraba disfrutando del año sabático, generó que se iniciara una investigación disciplinaria por parte de la Universidad del Magdalena (fl. 118, c. 1).

12.5. Así, el 21 de noviembre de 2006, la oficina asesora de control interno disciplinario de la Universidad del Magdalena emitió acto administrativo, por medio del cual sancionó al docente Fernando Ferrel Ortega con destitución del cargo e inhabilidad por 10 años para ejercer función pública, por cuanto (fls. 118-127, c. 1):

PRIMERO: Que está, debidamente probada, la existencia de la falta disciplinaria imputada al disciplinado, Sr. Ferrel Ortega, por cuanto, valiéndose de su condición como docente de tiempo completo de esta universidad y gozando del periodo sabático, laboró en la Corporación Universitaria de la Costa “C.U.C.” como docente catedrático durante el año 2002 al 2003, tiempo durante el cual se encontraba bajo la exclusividad para su dedicación específicamente a lo que se obligó en el convenio de febrero 4 de 2002 celebrado con la universidad, conforme los presupuestos de hecho y de derecho claramente expuestos conforme auto de formulación de cargos.

SEGUNDO: Que la conducta endilgada al disciplinado Sr. Ferrel Ortega, se califica definitivamente como de naturaleza gravísima, modalidad punitiva dolosa, conforme lo siguiente: (…)

De igual manera, quedó probado, conforme a la adecuación típica de la conducta desplegada por el aquí disciplinado, Sr. Ferrel Ortega, que éste, ejerció la función de docente en otra institución de educación superior y omitió la entrega del libro de texto, con el propósito de defraudar el convenio celebrado el 4 de febrero de 2002, si se tiene en cuenta que conforme lo enseña el Diccionario de la Lengua Española, defraudar es “privar a alguien, con abuso de confianza o con engaño, de lo que le corresponde de derecho”, y que entiende por propósito: “De propósito, con intención determinada, o deliberadamente”; esa fue, precisamente la conducta desplegada por el docente Ferrel Ortega, por cuanto privó a la administración, es decir a la universidad contar con un libro de texto de educación sexual al que podían consultar todos los estudiantes y alimentar sus conocimientos e impulsar una mejor perspectiva en el tema, para un mejor desarrollo regional, entorno en el que tiene su radio de acción esta institución, abusando de sus funciones públicas al incumplir con la exclusividad en la dedicación dentro del año sabático y la entrega del libro de texto que nunca se recibió por la universidad; violación que se da, de manera involuntaria e intencionada, buscando con ello, defraudar el contenido normativo del reglamento en comento, esto es, lo previsto en el convenio del periodo sabático de febrero 4 de 2002 (…)

TERCERO: En firme la decisión sancionatoria, remitir a la división de registro y control de la Procuraduría General de la Nación, los formularios para el registro de la sanción disciplinaria y envíese copia del presente fallo, con su constancia de ejecutoria.

CUARTO: Surtido el trámite anterior remítase copia del presente fallo al representante legal de la Universidad del Magdalena o a quien haga sus veces, para que inicie de inmediato ante la autoridad competente el proceso de levantamiento del proceso sindical que goza actualmente el sancionado Fernando Robert Ferrel Ortega y se ejecute la sanción impuesta.

QUINTO: Remítase copia del presente fallo, al proceso de responsabilidad fiscal 84471-011-791 adelantado por la Contraloría General de la República —Gerencia Departamental del Magdalena—, al igual que la Fiscalía General de la Nación, al proceso penal llevado contra el sancionado Ferrel Ortega.

12.6. Contra la anterior decisión el interesado interpuso recurso de apelación que fue resuelto el 28 de septiembre de 2007 por el despacho del rector de la Universidad del Magdalena, en el sentido de confirmar la providencia recurrida, pues estimó que ninguno de los cargos propuestos en la alzada tenían vocación para prosperar. Adicional a ello, dispuso la iniciación, ante la autoridad competente, del proceso de levantamiento del fuero sindical del que gozaba el profesor Ferrel Ortega; y compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación a fin de que investigara la presunta comisión de los delitos consagrados en los artículos 286 a 291 y 453 del Código Penal (fls. 132-158, c. 1).

12.7. Adicionalmente, el señor Fernando Robert Ferrel Ortega elevó ante el despacho de Procurador General de la Nación, solicitud de revocatoria directa de la sanción disciplinaria antes referida, de suerte que mediante providencia del 27 de junio de 2008 el ente de control se abstuvo de avocar el conocimiento de tal solicitud, debido a que: no encontró una manifiesta infracción a las normas constitucionales, legales o reglamentarias; y el peticionario había agotado la vía gubernativa al haber interpuesto recurso de apelación contra el fallo disciplinario de primera instancia, de manera que no cumplía con lo exigido en los artículos 122 a 125 de la Ley 734 de 2002 para procediera la revocatoria solicitada (fls. 384-397, c. 1).

12.8. Por los hechos denunciados por la Universidad del Magdalena, el señor Fernando Ferrel Ortega fue investigado penalmente, de suerte que la Fiscalía 13 seccional de Santa Marta emitió orden de captura en su contra por el presunto delito de peculado por apropiación, la cual se hizo efectiva 5 de septiembre de 2007(12).

12.9. El señor Ferrel Ortega fue dejado en libertad después de rendir indagatoria(13) y el 23 de julio de 2006, la Fiscalía 13 seccional de Santa Marta precluyó la investigación a su favor, por cuanto estimó que con su actuar no había cometido los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por omisión (fls. 68-82, c. 1).

12.10. De igual manera, la contraloría delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la gerencia departamental del Magdalena, luego de dar trámite a un proceso de responsabilidad fiscal en contra del señor Fernando Robert Ferrel por los hechos denunciados por la Universidad del Magdalena(14), el 1º de marzo de 2010 dictó auto por medio del cual decretó la cesación de la acción fiscal, con sustento en lo siguiente:

En concepto de este despacho, todo el material probatorio antes mencionado contribuye a desvirtuar dentro del presente proceso la existencia del daño fiscal, como uno de los tres elementos integrantes de la figura jurídica de la responsabilidad fiscal, sin el cual no se puede predicar que el señor Fernando Robert Ferrel Ortega, haya menoscabado el patrimonio del Estado y por ende ser responsable fiscal al haber percibido salarios y demás prestaciones del Estado, durante el disfrute del periodo de año sabático concedido por la Universidad del Magdalena durante el lapso comprendido entre el 4 de febrero de 2002 y el 4 de febrero de 2003, quiere decir lo anterior que cumplió a cabalidad como bien lo afirmó en su versión, con los compromisos adquiridos en el convenio por el periodo sabático suscrito el 4 de febrero de 2002 entre él como docente y el rector de la Universidad del Magdalena; Doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar; al hacer entrega al despacho del libro que se comprometió a escribir (…) (fls. 84-95, c. 1).

12.11. El 10 de mayo de 2010, por vía del grado de consulta, el referido pronunciamiento fue confirmado por el director de juicios fiscales de la contraloría delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva (fls. 95-106, c. 1).

12.12. De manera paralela, el 18 de febrero de 2008, el señor Fernando Ferrel Ortega presentó ante los juzgados administrativos de Santa Marta, demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que solicitó se declare la nulidad de los fallos disciplinarios del 21 de noviembre de 2006 y 28 de septiembre de 2007, emitidos por la Universidad del Magdalena; y como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento, se ordene su reintegro al cargo de docente de tiempo completo y se le cancele todos los salarios y prestaciones dejadas del percibir (fls. 1-17, anexo 1).

12.13. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue conocido en primera instancia por el juzgado 7º administrativo de Santa Marta bajo el radicado 47001-23-31-001-2008-0047-00, autoridad que el 14 de septiembre de 2009 dictó fallo de primera instancia, en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y el reintegro del docente Fernando Robert Ferrel Ortega al cargo que desempeñaba, al igual que el reconocimiento y pago los salario y prestaciones dejadas de percibir (fls. 305-315, anexo 2).

12.14. La anterior decisión fue apelada por la Universidad del Magdalena (fls. 322-327, anexo 2) de manera que el 16 de julio de 2012 el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó el fallo impugnado y negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 745-752, c. 6)

12.15. Por otra parte, se advierte que mediante sentencia del 20 de septiembre de 2009, el Juzgado 4º Laboral del circuito de Santa Marta, calificó como justa la causal aducida por la Universidad del Magdalena para la desvinculación del señor Fernando Robert Ferrer Ortega, razón por la que accedió al levantamiento del fuero sindical de dicha persona y concedió permiso para que fuera separado del servicio (fls. 356-361, c. 1).

12.16. El referido fallo de levantamiento del fuero sindical fue confirmado en segunda instancia el 16 de julio de 2010 por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta (fls. 349-355, c. 1).

12.17. Al margen del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que planteara el demandante contra los actos administrativos que le impusieron sanción disciplinaria, el señor Fernando Robert Ferrel Ortega presentó demanda en acción de tutela en contra de la Universidad del Magdalena en la que planteó la vulneración de los derechos al trabajo, de defensa y contradicción, para que en consecuencia se dejara sin efecto la Resolución 282 del 11 de abril de 2012, por medio de la cual se hizo efectiva la sanción disciplinaria impuesta por el ente universitario mediante decisiones del 21 de noviembre de 2006 y 28 de septiembre de 2007(15) (fls. 1-9, anexo 5).

12.18. De esta forma, la demanda de tutela le correspondió por reparto al juzgado 1º de ejecución de penas y medidas de seguridad en proceso identificado bajo el radicado 2012 - 00390, que en sentencia del 13 de junio de 2012 decidió tutelar los derechos alegados por el profesor Fernando Robert Ferrel Ortega y dejar sin efecto la actuación disciplinaria adelantada en su contra a partir del auto de apertura de fecha 27 de enero de 2006. Igualmente ordenó el reintegro de dicho docente al cargo que antes desempeñaba (fls. 98-125, anexo 3).

12.19. La decisión antes referida fue apelada por la Universidad del Magdalena (fls. 150-172, anexo 3) y resuelta en segunda instancia por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, que en fallo del 17 de septiembre de 2012 revocó la sentencia del 13 de agosto del 2012 del juzgado 1º de ejecución de penas y medidas de seguridad, por cuanto (fls. 24-35, anexo 4):

De las pruebas que reposan en el plenario puede concluirse que ni al juez a quo ni a esta colegiatura le asiste competencia para dilucidar el tema expuesto por el señor Ferrel.

Sin duda alguna el juez natural del caso es el juez administrativo y así parece reconocerlo el actor quien acudió a la Jurisdicción Contenciosa a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en cuyo trámite se verificó la legalidad del procedimiento efectuado por la institución de educación demandada (…)

En el trámite constitucional adelantado por el Consejo de Estado, la acción estuvo dirigida principalmente contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y a atacar su sentencia, sin embargo, esta corporación vinculó a la Universidad del Magdalena para que se hiciera parte y presentara los informes pertinentes atendiendo que podía verse afectada con las resultas del proceso situación que nos lleva a colegir que sí existe identidad de sujetos activos y pasivos (…)

Es preciso recordar que el Consejo de Estado al desatar la acción de tutela en aras de verificar o no la presencia de una vía de hecho del trámite del proceso administrativo, no se limitó a indicar la simple procedencia de la acción de tutela como mecanismo subsidiario sino que realizó un juicio de legalidad sobre la sentencia de segunda instancia concluyendo que la misma se profirió acorde con el material probatorio (…). (Se destaca).

12.20. La anterior providencia fue seleccionada para revisión por parte de la Corte Constitucional mediante auto del 30 de enero de 2013 (fls. 1-5, anexo 6), de manera que la alta corporación se pronunció mediante Sentencia T-277 del 14 de mayo de 2013 en la que decidió revocar el fallo del 17 de septiembre de 2012 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, y en su lugar declarar improcedente la acción de tutela por lo siguiente (fls. 21-26, anexo 6):

La acción de tutela es improcedente, al no cumplirse el requisito de subsidiariedad, cuando el accionante no la utiliza para controvertir la constitucionalidad de un proceso administrativo que ya fue analizado por el juez natural del asunto y su decisión fue considerada como ajustada al ordenamiento superior por un juez constitucional. El transcurso de un lapso de tiempo muy extenso entre la ocurrencia del presunto hecho vulnerador del derecho fundamental al debido proceso y la interposición de la acción de tutela hace improcedente el amparo de tutela. Y, la existencia de un perjuicio irremediable no puede derivarse del grado de adversidad que soporte el sujeto pasivo de una decisión administrativa que establezca una sanción disciplinaria o la haga efectiva, sino de la contrariedad de esta con el orden jurídico constitucional.

12.21. Adicionalmente, tal como lo relató la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta en la sentencia del 17 de septiembre de 2012 (v. párr. 12.19), al expediente de tutela con radicado 2012-00390 se aportaron copias de otro proceso de tutela formulado por la parte actora; se trata del expediente 2012-00589, en donde el señor Fernando Robert Ferrel Ortega presentó demanda ante el Consejo de Estado, con la finalidad de que fuera dejada sin efecto la sentencia del 29 de febrero de 2012 emitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena (v. párr. 12.14) dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada en contra de los actos administrativos que le impusieron sanción disciplinaria (fls. 26-40, anexo 5).

12.22. Así, se tiene que dentro del señalado proceso de tutela 2012-00589, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en sentencia del 7 de junio de 2012 negó la protección constitucional incoada por el profesor Ferrel Ortega, por cuanto (fls. 47-65, anexo 4):

En el caso fuente de reclamo constitucional, lo primero que debe resaltarse en que no es claro si la exclusión de las referencias del Decreto Ley 80 de 1980 o del Acuerdo Superior 016 de 1989 lleven o modifiquen la consideración del tribunal según la cual el accionante incurrió objetivamente en las conductas que determinaron la iniciación de un proceso disciplinario en su contra y su posterior sanción, pues en algunos apartes del fallo se afirma que las disposiciones allí referidas tienen un equivalente en la Ley 30 de 1992 y en el mismo reglamento de la universidad, por lo que, en consecuencia, por este aspecto no es viable acceder a las pretensiones de la demanda, máxime cuando, en consideración del tribunal, independientemente de la naturaleza de la vinculación del accionante exista una cláusula de exclusividad que suscribió al momento en que se le concedió el año sabático.

Por otra parte, a pesar de que es válido que el interesado intente mostrar una mejor visión de los hechos acaecidos alrededor de su sanción disciplinaria, lo cierto es que, tal como se refirió con anterioridad, no le es dado al juez constitucional asumir el conocimiento del presente amparo como de si de una tercera instancia se tratara, por lo que, al no evidenciarse en el análisis probatorio del tribunal yerro alguno o contra evidencia alguna, carga que tampoco acreditó el interesado dentro de este trámite, se impone negar las súplicas de la demanda.

12.23. La providencia antes relacionada fue confirmada en sede de apelación por la Sección cuarta del Consejo de Estado, a través de fallo del 11 de octubre de 2012, en razón a que(16):

De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que el demandante incurrió en una actuación temeraria por las siguientes razones:

Abusó de la acción de tutela, pues pretendió lograr el mismo efecto jurídico mediante el ejercicio de dos acciones de tutela presentadas ante 2 jurisdicciones. Si bien en una tutela controvierte el proceso disciplinario y, en la otra, la providencia que denegó la nulidad de los actos administrativos que pusieron fin al mismo, lo cierto es que lo pretendido en ambos casos era la revocatoria de la sanción disciplinaria. Es decir, hay identidad de pretensiones en las dos demandas de tutela, toda vez que, en últimas, el actor discute la sanción disciplinaria que la impuso la Universidad del Magdalena (…).

Por lo demás, en el presente trámite de tutela, el demandante no expuso las razones para justificar la interposición de las dos tutelas. El hecho de que la tutela presentada ante la jurisdicción ordinaria no cuestione directamente la providencia judicial del 18 de abril de 2012 del Tribunal Administrativo del Magdalena, no desvirtúa la actuación temeraria, pues lo cierto es que, se repite, la finalidad es la misma: que el juez de tutela revise los actos administrativos sancionatorios, cuya legalidad ya examinó la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La tutela, en este caso, es abiertamente improcedente, por cuanto el demandante pretendió convertirla en un mecanismo alterno a los medios judiciales ordinarios y la empleó indiscriminadamente para que 2 jueces de tutela resolvieran paralelamente sobre pretensiones fundadas en los mismos hechos.

13. El anterior recuento probatorio esclarece lo aquí discutido y conforme a ello no cabe duda que la responsabilidad que se le pretende endilgar a la Universidad del Magdalena deviene de la emisión una sanción disciplinaria tomada mediante la expedición de sendos actos administrativos

13.1. Igualmente se encuentra que según lo alegado por los demandantes en el escrito introductorio y en el recurso de apelación, el daño que se pretende reparar deviene de comportamientos desplegados por los funcionarios de la Universidad del Magdalena, quienes bajo la excusa de “ejercer autoridad interna disciplinaria desbordaron sus competencias con el único propósito de lesionar la honra de mi representado” (v. párr. 6.1).

13.2. A partir de lo anterior, es del caso poner de presente que es claro que dicha potestad disciplinaria a la que alude la parte demandante, justamente, se vio reflejada en la adopción de la decisión del 21 de noviembre de 2006 de la oficina asesora de control interno disciplinario de la Universidad del Magdalena (v. párr. 12.5) y la del 28 de noviembre de 2007 emitida por el despacho del rector de dicha institución en segunda instancia (v. párr. 12. 6), las cuales resolvieron sancionar al docente Fernando Robert Ferrel Ortega con destitución del cargo e inhabilidad por 10 años para ejercer función pública. Las presuntas conductas atribuidas a los funcionarios de la entidad no son otra cosa que el reflejo de cargos de ilegalidad en contra de dichos actos, pues se manifiesta que obraron sin competencia, con fines desviados, asuntos del resorte exclusivo del juez de la legalidad y en contravía del orden jurídico.

13.3. En efecto, aunque el recurrente en la impugnación intenta explicar que mediante el presente proceso iniciado en acción de reparación directa no busca enervar la presunción de legalidad de los actos administrativos que le impusieron sanción disciplinaria, de manera contradictoria asevera que en este caso, la responsabilidad extracontractual de la administración deviene de la actuación del jefe de la oficina asesora control interno disciplinario y del rector de la Universidad del Magdalena, por cuanto el primero “apartándose de la realidad fáctica, de las normas de derecho y con el único fin de infligir daño al docente Ferrel, emite fallo de primera instancia sancionándolo”; y el segundo, pese a los descargos y las apelaciones contra el Fallo de Primera Instancia, los soportes testimoniales y documentales allegados” decidió confirmar el acto sancionatorio.

13.4. Luego, la parte demandante trata de justificar la demanda de reparación directa bajo argumentos que, de manera paradójica, no hacen otra cosa que ratificar que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues al final de sus aseveraciones, termina por remitirse a aquellas actuaciones presuntamente desviadas que se materializaron a través de la emisión de actos administrativos sancionatorios.

13.5. Así, el libelista alude a falencias que ameritan un estudio de legalidad de las decisiones emitidas por la Universidad del Magdalena que se reflejaron en actos administrativos y no en meras acciones u omisiones de la administración, pues nótese que al afirmar que los funcionarios de dicha institución emitieron “fallos de primera instancia”(17), apartados de la realidad fáctica y de las normas de derecho, ello bien puede obedecer a una falsa motivación del acto que impuso sanción disciplinaria; o cuando asevera que la sanción disciplinaria se produjo con el “único fin de infligir daño”, aquella falencia se encuadra en una eventual desviación de poder; todas, causales de nulidad que prevé el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo para la nulidad de un acto administrativo, la cual procede “no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió”.

13.6. El ejercicio hecho anteriormente puede adelantarse también con las aseveraciones contenidas en el escrito de apelación, según las cuales el profesor presuntamente fue víctima de una persecución laboral y campaña de desprestigio, pues acorde con lo dicho por el censor, ello se desprende de la supuesta utilización de un proceso disciplinario con el objeto de ejercer “una maniobra de retaliación ejecutada por la administración de la universidad bajo el ropaje de facultades institucionales, con la única finalidad de desvincular del ente educativo” al docente universitario y la “mediatización” de dicho proceso a través de diferentes publicaciones en medios escritos (v. párr. 6.3 y 6.5), cuestionamientos, que una vez más, aluden como fuente del daño a la ilegalidad de los actos administrativos disciplinarios, motivados por presuntos propósitos obscuros de las directivas de la administración, contrarios a su deber funcional que se traducen, nuevamente, en una supuesta desviación de poder, que igualmente podía y debía plantearse como causal de anulación en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

13.7. Si bien dichas causales de nulidad están descritas en la norma atiente a la acción de simple nulidad, se tiene que también aplican cuando la acción adecuada es la de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, mediante la cual, además de la de la anulación del acto que se demanda puede solicitarse “que se le repare el daño”, de modo que las pretensiones indemnizatorias derivadas de la alegada ilegalidad de los actos que lo sancionaron también podían elevarse a través de la acción procedente, esto es, el hecho de que se pidan indemnizaciones más allá del simple restablecimiento del derecho no muta en procedente la acción de reparación directa, pues la de nulidad y restablecimiento del derecho lleva ínsita dicha posibilidad.

13.8. De esta forma, es preciso insistir en que esta corporación ha expresado que es labor del juez verificar cuál es la fuente del desmedro que se alega y cuya indemnización se persigue, a efectos de determinar la pretensión y en consecuencia la acción o medio de control que procede, comprobación que no debe limitarse a lo expresado en los hechos de la demanda, sino que debe surgir a la luz del material probatorio anexado al plenario(18).

13.9. Luego, es palmario que la conveniencia de quien demanda no puede determinar el medio de control, toda vez que la idoneidad del mismo está previamente determinado en la ley procesal, pues dependiendo de la manifestación de la administración que se pretenda enervar, un acto, un hecho, una omisión o un contrato, el legislador ha previsto la vía adecuada para poder atacarlo o mitigar sus efectos cuando el administrado lo considere desfavorable a sus derechos(19).

13.10. Así, cuando se pretende la reparación de un daño y este proviene de un acto administrativo particular y concreto que se considera contrario a derecho, es imprescindible que se declare primero la nulidad del mismo para efectos de desvirtuar su presunción de legalidad, mediante el mecanismo previsto para ello, que no es otro que el de nulidad y restablecimiento del derecho, situación que se presenta distinta a la labor que se desarrolla en vía de reparación directa y que tiene una finalidad meramente resarcitoria.

13.11. En este orden de ideas, y retomando lo visto en este proceso, se reitera que la fuente del daño en este caso provino de los actos administrativos emitidos por la Universidad del Magdalena, es decir, las decisiones del 21 de noviembre de 2006 de la oficina asesora de control interno disciplinario (v. párr. 12.5) y del 28 de septiembre de 2007 del despacho del rector de la mencionada institución (v. párr. 12.6) por medio de las cuales se sancionó al demandante, cuya validez solo es susceptible de ser atacada ante el juez de su legalidad, único competente para establecer si se presentó la desviación de poder, ilegalidad o falta de competencia alegada.

13.12. El hecho de que la parte actora arguya que mediante la presente acción solo busca la reparación de daños materiales y morales, tanto para el profesor Ferrel Ortega como para sus esposa e hijos, no es un argumento suficiente para predicar que la acción reparación directa es la adecuada, pues aparte que el desmedro alegado sí proviene de actos administrativos, se insiste en que por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la parte actora pudo perseguir, no solo la nulidad de los actos que le impusieron sanción disciplinaria, sino también la reparación de los posibles daños provocados por la decisión de la administración, lo que incluye tanto los materiales y morales en caso de aparecer probados, la alegada perdida de la oportunidad a la que alude por no poder celebrar contratos al encontrarse inhabilitado por virtud de la sanción disciplinaria y, en general, todos los perjuicios derivados de la sanción (v. párr. 6.4 y 6.6), ya que como se dijo en líneas anteriores, dicho medio de control así lo permite (v. párr. 13.7).

13.13. En esas condiciones, la Sala no puede desconocer la presunción de legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Universidad del Magdalena impuso sanción disciplinaria y eventualmente ordenar la reparación exigida por la parte demandante, sin antes ejercer sobre ellos un control de legalidad y declarar su nulidad, siendo que tal solicitud no fue expuesta de manera expresa en las pretensiones de la demanda, donde tampoco se esgrimió el respectivo concepto de violación que exige el numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo(20), lo que significa que no se escogió la vía adecuada para ello, la cual era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa.

13.14. Tan evidente es que el asunto en cuestión debía discutirse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que la parte actora, en efecto, ejerció dicho medio de control, a través de demanda interpuesta el 18 de febrero de 2008 ante el juzgado 7º administrativo de Santa Marta (v. párr. 12.12 y 12.13), autoridad judicial que se pronunció de fondo mediante fallo del 14 de septiembre de 2009, en el sentido de acceder a la nulidad de los actos administrativos emitidos por la Universidad del Magdalena (v. párr. 12.13), solo que la decisión fue revocada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta el 16 de julio de 2012 (v. párr. 12.14), proceso en el que la parte accionante ventiló todos los posibles vicios que consideró adolecían los pronunciamientos de la administración.

13.15. De igual manera, se avizora que no conforme con lo allí expuesto, el señor Robert Fernando Ferrel Ortega interpuso acción de tutela contra la sentencia emitida el 29 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo del Magdalena con el propósito de dejarla sin efecto (v. párr. 12.21); acción constitucional identificada con el radicado 2012-00589 y que fue negada por improcedente a través de sendas pronunciamientos emitidos en primera y segunda instancia por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 7 de junio de 2012 (v. párr. 12.22) y por la Sección cuarta de esta corporación el 11 de octubre de 2012 (v. párr. 12.23), respectivamente, proceso en el que incluso se consideró que el aquí demandante había incurrido en un comportamiento temerario por abuso de la acción de tutela.

13.16. Por si fuera poco, aparece acreditado que el profesor Robert Fernando Ferrel interpuso otra acción de tutela contra la Universidad del Magdalena, específicamente por la expedición de la Resolución 282 del 11 de abril de 2012, por medio de la cual se hizo efectiva la sanción disciplinaria (v. párr. 12.17), demanda que fue conocida por el juzgado 1º de ejecución de penas y medidas de seguridad en proceso identificado con radicado 2012-00390, autoridad que por medio de sentencia del 13 de junio de 2012 decidió tutelar los derechos alegados por dicho docente (v. párr. 12.8), no obstante, fue revocada en sede apelación mediante fallo del 17 de septiembre de ese año por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta (v. párr. 12.19).

13.17. Dicho asunto incluso fue analizado por la Corte Constitucional mediante el mecanismo de revisión, y de tal suerte se pronunció en Sentencia T-277 de 2013, donde declaró improcedente la acción de tutela (v. párr. 12.20).

13.18. Nótese como la parte actora, a través del ejercicio de múltiples acciones, una de nulidad y restablecimiento del derecho, una de reparación directa y dos de tutela, ha pretendido, sin éxito, buscar la abolición e inaplicación de los actos administrativos que le impusieron sanción disciplinaria, provocando de contera un inusitado desgaste del aparato judicial, siendo que la única acción adecuada era la primera de las mencionadas.

13.19. De este modo, comoquiera que la acción de reparación directa no pude servir de mecanismo para cuestionar la legalidad de los referidos actos administrativos, ni en su decisión corresponde al juez verificar asuntos de estricta legalidad como lo sería lo relativo al régimen disciplinario aplicable al demandante o las motivaciones que tuvieron los funcionarios de la Universidad del Magdalena para expedirlos, la forma en que la demanda fue promovida impide un pronunciamiento de fondo, tratándose, sin duda, de un asunto que debía tramitarse por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como lo hizo el actor a través de otra demanda, de tal suerte que le asistió al Tribunal Administrativo del Magdalena que en la sentencia del 27 de julio de 2011, objeto de impugnación, declaró probada la excepción de inepta demanda.

14. Ahora, debe recordarse que el a quo también declaró probada la excepción de pleito pendiente, pues conforme se dijo supra, halló que el señor Fernando Robert Ferrel Ortega formuló acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad del Magdalena con la finalidad de que se anularan los actos administrativos por medio de los cuales se le impuso sanción disciplinaria. De esta suerte, la primera instancia estimó la existencia de identidad de partes, de objeto y de causa en los términos del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil (v. párr. 5.4 y 5.5).

14.1. Al respecto, la Sala señala que le asiste razón a la parte que apela, en cuanto a que no puede predicarse la existencia de la excepción de pleito pendiente, ya que, ciertamente, en las pretensiones de la demanda del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2008-0047 (v. párr. 12.13) se planteó un objetivo diferente, en la medida que perseguía la nulidad de los actos administrativos emitidos por la Universidad del Magdalena, el reintegro del señor Ferrel Ortega al cargo que desempeñaba y el pago de los emolumentos dejados de percibir, pretensiones que difieren de lo aquí pedido, concerniente al reconocimiento de otros tipo de perjuicios de carácter moral y material(21); adicionalmente puede decirse que tampoco hay identidad de partes pues en dicho proceso solo demanda el profesor Fernando Robert Ferrer Ortega, en cambio, en este también acuden su esposa y sus hijos; siendo entonces el único elemento coincidente la identidad de causa, ya que como se ha dicho de manera insistente, el origen del litigio y del daño que se pretende resarcir deviene de la expedición de los actos administrativos proferidos por la institución educativa.

14.2. A lo anterior, cabe agregar que a esta altura del proceso no podría hablarse estricto sensu de pleito pendiente, pues bien se conoce que el mencionado proceso de nulidad y restablecimiento del derecho llegó a su término con la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 16 de julio de 2012 (v. párr. 12.14), de ahí que lo correcto sería eventualmente predicar la existencia de cosa juzgada, sin que ello signifique que esta aparezca demostrada por las mismas razones por las que se desechó la existencia de pleito pendiente, esto es, por la falta de identidad de objeto y de partes como lo exige el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil.

14.3. En ese sentido, si bien no aparece probada la excepción de pleito pendiente, subsiste la de indebida escogencia de la acción de reparación directa, que igualmente impide un pronunciamiento de fondo, pues aunque conforme al derecho de acceso a la administración de justicia es deber de los jueces evitar las decisiones inhibitorias y otorgarle a una demanda el trámite que legalmente corresponda, conforme lo prevé el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil(22), en el presente caso no se avizora una alternativa que pueda llevar consigo a un pronunciamiento de fondo.

14.5. De este modo, este caso, no es materialmente posible la adecuación de la acción de reparación directa a la de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto dicha acción ya fue ejercida por parte del aquí demandante y debidamente tramitada y decidida por la jurisdicción contenciosa administrativa, con la cual se garantizó el acceso de administración de justicia del demandante y la decisión definitiva de la controversia.

14.6. De esta forma, será modificada el fallo del 27 de julio de 2011, emitido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, pues la Sala considera que se encuentra demostrada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción, más no así la de pleito pendiente, lo que igual conduce a una decisión inhibitoria.

IV. Costas

15. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente asunto, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes en el presente trámite, de manera que se abstendrá de condenar por ese concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por Tribunal Administrativo del Magdalena, el 27 de julio de 2011. En su lugar se dispone:

1. DECLARAR probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción y, en consecuencia, INHIBIRSE para decidir sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.

2. Sin costas en la instancia.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

1 En vista de que el recurso de apelación se presentó en vigencia del artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, esto es, el 19 de agosto de 2011, para efectos de la determinación de la cuantía se tiene en cuenta “el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda”.

2 La demanda fue presentada el 6 de octubre de 2010, cuando ya se encontraba en operación los juzgados administrativos, e igualmente vigentes las disposiciones del artículo 40 de la Ley 446 de 1998 que modificó el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, que en su numeral 6 atribuía a los tribunales administrativos el conocimiento en primera instancia de las acciones de reparación directa cuando la cuantía excediera de 500 salarios mínimos. Así, debido a que para la fecha de la presentación de la demanda, año 2010, 500 smlmv correspondían a $ 257.500.000, y la sumatoria de las pretensiones de la demanda arrojan $ 556.440.000, es claro que la primera instancia debía ser tramitada por el Tribunal Administrativo del Magdalena y la segunda instancia por el Consejo de Estado.

3 El texto del artículo 83 del Código Contencioso Administrativo refiere al control sobre “los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad”, no obstante, debe aclararse que con la expedición de la Ley 80 de 1993, el estatuto de la contratación estatal eliminó la clasificación de contratos administrativos y los denominó contratos estatales.

4 Así lo previó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo: “(…) Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de gobierno”.

5 Vale aclarar que existe otros mecanismos de control de orden constitucional, como lo son la acción popular y la acción de grupo, regulados por la Ley 472 de 1998.

6 El código contencioso administrativo, en el artículo 88, preveía la acción de definición de competencias administrativas, pero dicha disposición fue derogada por la Ley 954 de 2005.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 1997, Exp. 1232, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

8 Al respecto se ha pronunciado en forma reiterada la corporación. Ver: Consejo de Estado, sentencia de 8 de marzo de 2007, Rad. 16.42, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

9 Código Contencioso Administrativo, artículo 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

10 Ibídem, artículo 64. Salvo norma expresa legal en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento.

11 Textualmente, en el artículo segundo del Acuerdo Superior 033, se dispuso: “Durante el período sabático, el docente se dedicará exclusivamente a la elaboración de un libro de texto en el área de educación sexual” (fls. 405-406, c. 1).

12 Acta de derechos del capturado del 5 de septiembre de 2007, suscrita por el señor Fernando Robert Ferrel Ortega (fl. 50, c. 1). Informe rendido el 5 de septiembre de 2007, dirigido a la Fiscalía 13 seccional de Santa Marta y suscrito por el investigador de campo de la Policía Judicial, en donde se lee: “En cumplimiento de la orden de captura en cuestión, se realiza el presente informe con el objeto de dar a conocer al despacho comitente que el señor Fernando Robert Ferrer(sic) Ortega, identificado con la C.C. 201288 Bogotá, fue capturado en la ciudad de Santa Marta a las 8:50 de la mañana, quien se notificó de su orden de captura”. (fls. 50-51, c. 1).

13 Certificación del 18 de mayo de 2010, emitida por la asistente de fiscal II de la secretaría de delitos contra la administración pública y patrimonio económico de las fiscalías delegadas ante los juzgados penales del circuito de Santa Marta (fl. 83, c. 1).

14 Según se cita en la respectiva providencia, el proceso de responsabilidad fiscal inició a raíz de una comunicación enviada por la oficina asesora de control disciplinario de la Universidad del Magdalena mediante oficio del 6 de junio de 2006, a través del cual remitió copia del proceso disciplinario 001006, donde para esa fecha, ya se había emitido pliego de cargo en contra del docente Fernando Robert Ferrel Ortega (fl. 85, c. 1).

15 Es del caso aclarar que encontrándose el presente proceso en segunda instancia, mediante memoriales presentados el 4 y 10 de septiembre de 2012, la parte demandante aportó algunos documentos relativos a la acción de tutela adelantada por el juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Santa Marta dentro del proceso con radicado 2012-00390 (fls. 622-657, 659-690, c. 6). De igual forma, la Universidad del Magdalena, a través de memorial del 20 de septiembre de 2012 allegó copia de las sentencias del 17 de septiembre de 2012 emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa - Marta dentro del referido proceso de tutela 2012-00390 (fls. 745-786 y 725-730, c. 6). Frente a lo anterior, en auto del 29 de agosto de 2013, esta Sala consideró que los mencionados documentos no cumplían los requisitos exigidos por el artículo 214 del CCA para solicitar pruebas en segunda instancia, pues fueron aportados de manera extemporánea, sin embargo, por considerarlo necesario para el esclarecimiento de la verdad, de conformidad con el artículo 169 ibídem, la Sala, de oficio, ordenó al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de Santa Marta y a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta que remitieran copia auténtica de la totalidad del proceso de tutela con radicado 2012-00390 (fls. 787 y 788, c. 6). De esta suerte, al presente proceso fue allegada la copia auténtica del mencionado expediente 2012-00390 (fls. 791 y 816, c. 6), de cuyo contenido se corrió traslado a las partes por el término de 5 días (fl. 820, c. 6). Así, los documentos que antes reseñados y a los que se aludirá en adelante hacen parte del aludido proceso de tutela que se incorporó debidamente a este expediente como prueba trasladada y del que participaron las mismas partes que conforman la presente litis.

16 El texto de la providencia del 11 de octubre de 2012 de la Sección cuarta del Consejo de Estado fue verificado en línea en el sistema de consulta de proceso de la Rama Judicial, en el siguiente link: http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/. Sistema que es de fácil acceso a cualquier ciudadano y de público conocimiento.

17 Entiéndase actos administrativos.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 2007, Exp. 16474, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

19 “Para dotar de eficacia al derecho de acción, el legislador ha consagrado diferentes tipos de acciones que podrán ser impetradas ante la jurisdicción por los interesados en impulsar un litigio, sin que esto signifique que su escogencia queda al arbitrio del actor sino que dependerá de los fines, móviles y motivos que lleven a su ejercicio, los cuales deben coincidir con aquellos que permite la acción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, Exp. 19846, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

20 El artículo 137, del Código Contencioso Administrativo, dispone: “Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: (…) 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación”.

21 Cosa distinta es que la prosperidad de las segundas esté atada indefectiblemente a la eventual anulación de los actos administrativos de sanción.

22 El artículo 88 del Código de Procedimiento Civil reza: “Admisión de la demanda y adecuación del trámite. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada”.