Sentencia 2010-00502 de agosto 11 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 170011102000 2010 00502 01

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Bogotá D.C., once de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Según lo previsto por el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política y el artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para revisar en apelación la sentencia de fecha 21 de febrero de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas(14), mediante la cual sancionó con exclusión del ejercicio de la profesión a la doctora Alba Mery Alzate Valencia, por incurrir en la falta consagrada en el artículo 33.9 de la Ley 1123 de 2007.

Consideraciones preliminares: El derecho a recurrir el fallo de primera instancia.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos(15), el derecho a recurrir el fallo conforme al derecho internacional de los derechos humanos implica varios elementos.

En primer lugar, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su comentario general número 13, señaló que en los casos de apelación a tribunales de segunda instancia, es importante observar el procedimiento llevado a cabo por el tribunal a fin de otorgar las garantías judiciales previstas en el artículo 14 numeral 1º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. En segundo lugar, este derecho previsto en el artículo 8.2.h de la Convención americana, implica también la determinación de qué se va a examinar o revisar por el tribunal de segunda instancia, pues debe haber una revisión plena tanto del derecho como de los hechos(16).

El derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior consagrado en el artículo 8º de la Convención americana, es el derecho a que se revise íntegramente el fallo en el ámbito de los hechos, en el ámbito del derecho y, particularmente, en el ámbito de la pena(17).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha considerado el derecho de recurrir el fallo, como una garantía primordial en el marco del debido proceso legal. De la misma manera, ha indicado que el derecho de recurrir un fallo, consagrado por la convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior, pues, para una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la convención, se requiere del tribunal superior unas características mínimas jurisdiccionales y de legitimidad para conocer del caso concreto(18).

El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar la firmeza de una decisión adoptada con vicios(19).

De acuerdo al objeto y fin de la Convención americana, cual es la protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso contemplado en el artículo 8.2.h. de dicho tratado, debe ser un recurso ordinario eficaz, mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el fallo. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que estos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos(20).

Este derecho pretende entonces salvaguardar el derecho a la libertad individual y su finalidad es precisamente impedir que una decisión, sea adoptada exclusivamente con base en la mirada jurídica de un solo juez. La posibilidad de impugnar el fallo condenatorio simplemente garantiza una segunda oportunidad para revisar decisiones adoptadas, más no la obligación de revocarlas.

Adicionalmente, el derecho referido se fundamenta en el principio de la “doble conformidad”, el cual surge precisamente del interés superior del Estado de evitar errores judiciales que sacrifiquen no solo la libertad del ser humano, sino también importantes recursos públicos debido a fallos de la jurisdicción contenciosa que condenan al Estado bajo la doctrina del error jurisdiccional(21).

Caso concreto

Desde ya anuncia esta Sala que confirmara la sentencia de primera instancia, a través de la cual se sancionó a la profesional del derecho Alba Mery Alzate Valencia, por incurrir en la falta consagrada en el artículo 33.9 de la Ley 1123 de 2007, para lo cual se procede a analizar el cargo único del cual se le encontró responsable a la togada:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

[...].

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad”.

Según el pliego de cargos y la sentencia de primera instancia, la profesional del derecho procesada, incurrió en la falta anteriormente transcrita, por cuanto solicitó y recibió del quejoso y su familia, la suma de tres millones de pesos para entregarle parte del dinero al señor Hernán Bermúdez, empleado de la rama judicial y quien le ayudaría a recobrar la libertad.

Se tiene que en la queja presentada por el señor Rogelio López Galvis, se indica claramente que su intención era que le regresaran los dineros cancelados a la profesional del derecho, pues no logró la libertad a que ella se había comprometido.

En la continuación de la audiencia de pruebas y calificación provisional, llevada a cabo el 11 de agosto de 2011, se escuchó en declaración a la señora Roselia Tapias, quien expresó que el 27 de noviembre de 2007, la profesional del derecho investigada le había solicitado la suma de tres millones de pesos “que ella iba a sacarlo de la cárcel junto con un señor Hernán, que la iba a ayudar. Le dije que para hoy me quedaba muy difícil conseguir ese dinero, y ella contestó que debía ser para hoy mismo a las cinco de la tarde, ese día bajó ella donde Rogelio y a él le daba mucho miedo soltar esa plata, entonces la garantía que ella nos dio era que si no lo sacaba ella devolvía la plata y hasta estas alturas ella no ha devuelto plata” (Sic a lo transcrito).

En la misma diligencia, se escuchó a la señora Anatilde López Galvis, quien expresó que la togada le solicitó a su familia la suma de tres millones de pesos para sacar de la cárcel a su hermano Rogelio y, que si no lo lograba, les devolvía el dinero. Precisó que la suma requerida, era para, en conjunto con el señor “Hernán”, sacar de la cárcel a su hermano.

Por su parte, el 23 de septiembre de 2011, se escuchó en declaración al señor Rogelio López Galvis, quejoso en estas diligencias, quien indicó que el viernes 27 de noviembre de 2009, la profesional del derecho fue a la cárcel donde estaba recluido y le solicitó la suma de tres millones de pesos para sacarlo antes del 20 de diciembre del mismo año, indicándole la togada que necesitaba ese dinero para entregarle parte al señor “Hernán”. Al preguntarle el magistrado si tenía conocimiento quien era el señor “Hernán”, contestó que un empleado de los juzgados y que en varias ocasiones habló con él.

En la misma diligencia se escuchó al señor Javier López Galvis, quien indicó que por la representación de su hermano en el proceso penal adelantado en su contra, la profesional del derecho investigada había cobrado la suma de dos millones de pesos, de los cuales tan solo le lograron entregar, un millón ochocientos mil. Agregó que con posterioridad, exactamente el 27 de noviembre de 2009, la abogada solicitó la suma de tres millones de pesos, para sacar de la cárcel a Rogelio, con la ayuda del señor “Hernán”. Precisó que la profesional del derecho se había comprometido a que en el evento de no lograr la libertad, les regresaría el dinero, sin embargo no lo hizo. Señaló que el señor “Hernán”, quien labora en los juzgados, le devolvió directamente a él, la suma de seiscientos mil pesos y que iba a hacer todo lo posible por devolver el dinero que él recibió.

El 4 de junio de 2012, en la continuación de la audiencia de juzgamiento, se escuchó nuevamente al quejoso en declaración, quien fue enfático en indicar que el 27 de noviembre de 2009, la profesional del derecho fue a la cárcel donde él se encontraba recluido y le solicitó la suma de tres millones de pesos, porque necesitaba entregarle parte del dinero al señor Hernán, quien le ayudaría a sacarlo. Precisó que ese mismo día, una hermana y una cuñada, fueron a la oficina de la abogada Alba Mery Alzate y le entregaron el dinero, delante del señor Hernán y que ambos, la togada y el empleado de la rama judicial, le quedaron mal, pues no obstante que se solicitó tal beneficio, no recobró la libertad.

Indicó el señor López Galvis, que tiempo después, cuando salió de la cárcel, fue a los juzgados donde el señor Hernán Bermúdez, a intentar la devolución del dinero, pero siempre le decía que un día o que otro. Precisó que la última vez que fue al juzgado a buscarlo, este le manifestó que llevaba más de 30 años laborando allí, por lo que le solicitó no lo fuera a perjudicar. Finalmente, reiteró el señor López Galvis, que su intención es que tanto el empleado de la rama judicial como la profesional del derecho, le devuelvan el dinero, pues fue un préstamo que hizo y que aún lo debe.

De todo lo anterior, se tiene que los cuatro testigos son unánimes, coherentes y reiterativos, al indicar que la doctora Alba Mery Alzate Valencia, les solicitó y le entregaron una suma de dinero equivalente a tres millones de pesos el día 27 de noviembre de 2009, para entregarle parte del mismo al señor Hernán Bermúdez, como de hechos sucedió, empleado de la rama judicial en Manizales y quien ayudaría como contraprestación del dinero recibido, a que le otorgaran la libertad al condenado, quejoso en estas diligencias.

Como acertadamente lo indicó el Seccional, se itera, los testigos señores Rogelio López Galvis, Javier López Galvis, Anatilde López Galvis y Roselia Tapias, son unánimes, coherentes en sus relatos, escuetos en incriminar a la doctora Alba Mery Alzate Valencia, quien adujo tener los contactos para de forma rápida y positiva, obtener la prisión domiciliaria en favor del señor Rogelio, y que para esa labor se serviría precisamente del señor Hernán Bermúdez Grisales, empleado de la rama judicial, quien también se reunió junto con la abogada, con los familiares del cliente Anatilde y Roselia, a quienes se les aseguró por la profesional que obtendría la prisión domiciliaria. No puede advertirse de forma alguna que estas personas quisieran perjudicar a la abogada, en medio de su ignorancia lo que hicieron fue requerirla a ella para que les devolviese el dinero, quien los mantuvo ilusionados por espacio de un año, por lo que también acudieron directamente al empleado judicial, quien les entregó la suma de seiscientos mil pesos.

Es acertada la conclusión del seccional, el que al analizar estos testigos conforme a las reglas de la experiencia, advirtió que nadie inventaría tamaña historia con el fin de perjudicar a la abogada, ni llegaría en grupo a faltar a la verdad; por el contrario estas personas humildes, son dignas de crédito, quienes fueron esquilmadas por la profesional. Se puede apreciar además que si la abogada por el proceso solo cobró la suma de un millón ochocientos mil pesos ($1.800.000), según lo confirmó Rogelio y Javier López Galvis, cómo cobraría por presentar un memorial, la suma de tres millones de pesos.

La doctora Alba Mery Alzate Valencia, en su defensa, en la versión libre que rindió el 4 de junio de 2012, señaló ser falso lo expresado por el quejoso, toda vez que no fue a la cárcel el día 27 de noviembre de 2009.

Ante lo anterior, debe decir la Sala que en el folio 296 del cuaderno principal del expediente, se encuentra la ficha de ingreso de abogados, de la cárcel La Blanca de Manizales, en la que se indica que la profesional del derecho el 27 de noviembre de 2009, sí ingresó al centro carcelario a las 15:14 horas y se retiró a las 16:15.

Otro de los argumentos de la doctora Alba Mery Alzate Valencia, es que el seccional no tuvo en cuenta el testimonio del señor Orlando González Sánchez. Frente a esto, debe decir la Sala que a este testigo el seccional lo escuchó bajo la gravedad del juramento el 17 de febrero de 2012, quien indicó que la investigada era la madre de su hija y que comparte la oficina con ella desde hacía más de quince años. Al preguntarle el Magistrado Instructor si él tenía alguna intervención en los procesos que llevaba la profesional, contestó que en nada interviene.

Así las cosas, si el mismo señor González Sánchez, señaló que comparte la oficina con la investigada, pero en nada intervine en los asuntos o procesos que ella adelanta, es entonces natural que no conozca lo sucedido en el proceso del señor Rogelio López Galvis y por ende, su testimonio no aporte a este proceso.

Un argumento más, tanto de la defensa como de la propia procesada, es que el quejoso, Rogelio López Galvis, es un mentiroso y en el proceso penal adelantado en su contra, no le dijo a la togada que lo representaba que tenía antecedentes, además de que es una persona que ha sido condenada desde el punto de vista penal, por lo que no se le puede dar credibilidad a su testimonio.

Frente a esto, debe decir la Sala que el simple hecho de que una persona haya sido condenada, no por eso se pierde su credibilidad como testigo. Al respecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, providencia del 11 de abril de 2002, proceso Radicado 11356, señaló que “Es el juez quien decide acerca de su capacidad para percibir los hechos y comunicarlos, pues la ley no exige ninguna calidad especial que sea determinante en la aptitud para declarar. Es el juez quien debe sopesar todas esas situaciones, atendiendo a la forma como se narraron los hechos, las expresiones utilizadas por los deponentes, conforme a lo cual determinará si merecen credibilidad o no”.

En una providencia más reciente, del 7 de julio de 2010, proceso Radicado 33558, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, indicó que la condición de desmovilizados de unos testigos y los delitos que cometieron no les restaba credibilidad:

“no le resta credibilidad a sus atestaciones por cuanto justamente esa calidad es la que les permite dar a conocer el grupo armado al que pertenecían, las fechas de ingreso y de deserción, los lugares de operación, las personas que los auxiliaban, la forma de cautivar a la población civil y de intercomunicarse en clave, el manejo de la organización y las reuniones a las que asistieron”.

En otro pronunciamiento, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, indicó que la valoración de la prueba testimonial debe soportarla el juzgador en múltiples variables, como son la ausencia del interés en mentir del declarante, sus condiciones subjetivas, intención en la comparecencia procesal, coherencia de su discurso y sobre todo la correspondencia con datos objetivos comprobables, amén de sopesar tópicos relacionados con la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido que intervino para la percepción, las circunstancias espaciales, modales y temporales en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma de expresión y lenguaje empleados en la narración y demás singularidades que permitan dar crédito a la misma(22).

Por lo anterior, esta Sala no comparte lo indicado por la defensa de la procesada, en el sentido de que el declarante es una persona que es mentirosa o fue condenada por la justicia y por lo tanto carece de credibilidad.

Se reitera, la defensa indicó en la apelación, que la procesada no acudió a la cárcel el día 27 de noviembre de 2009, hecho que fue desvirtuado en la diligencia de inspección judicial de fecha 13 de noviembre de 2012, donde luego de revisar los archivos se pudo constatar que efectivamente sí ingresó al penal.

Ahora, en relación con el testimonio del señor Hernán Bermúdez Grisales, empleado judicial, es apenas natural que su declaración girara entorno a la no ocurrencia de los hechos o guardara silencio de los mismos, pues en el evento de aceptar la materialización de la falta de la abogada, se estaría autoincriminando, toda vez que, estaría aceptando que recibió dineros para actuaciones fraudulentas o ilegales. Por lo anterior, se reitera, es natural que el empleado judicial, Bermúdez Grisales, no informara lo realmente sucedido.

Otro de los puntos señalado por la defensa, es que el seccional no tuvo en cuenta el peritazgo realizado en el proceso. Esta Superioridad frente a esto, debe indicar que tal elemento material probatorio, no tiene fuerza en este proceso disciplinario, pues lo que allí se indica, es que no se suscribió contrato de prestación de servicios profesionales y, para un proceso de estupefacientes como el adelantado en contra del señor López Galvis, al acudir a las tarifas del Colegio Nacional de Abogados, se tiene que por el mismo lo usualmente cobrado asciende a más de diez millones de pesos. Esta conclusión a la que arriba el perito en nada influye en la materialización o no de la profesional del derecho en la falta imputada, pues con ella no se corrobora o se desvirtúa que la togada haya recibido tres millones de pesos para entregarle parte de ese dinero a un empleado judicial, quien se encargaría de gestionar la libertad del señor Rogelio López Galvis.

Por último, se señaló en la apelación, tanto de la defensa de confianza como de la propia investigada, que no se debía dar credibilidad a los testigos, pues tenían como fin, que se les regresaran los tres millones de pesos. Frente a esto, siguiendo las reglas ya indicadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se debe decir que no se puede descalificar a los testigos porque pretendan que se les devuelva el dinero en cuantía de dos millones cuatrocientos mil pesos, si se tiene en cuenta que el señor Hernán Bermúdez ya reintegró la suma de seiscientos mil pesos, pues para este tipo de personas que carecen de recursos económicos, es natural que ellos quieran recuperar lo que se obtuvo de forma ilícita, pues para ellos es una suma considerable; y como la abogada les prometió que si las gestiones resultaban fallidas les devolvería los mismo, pues procedieron a reclamarlo y además afirmaron que se les había devuelto la suma de seiscientos mil pesos. Así, no se puede descalificar el testimonio de estas personas, de origen humilde, que en ningún momento buscaron perjudicar a la procesada, sino recuperar su dinero, creyendo que presentando una solicitud ante esta jurisdicción eso sucedería.

Para esta superioridad está demostrada la falta disciplinaria en sus verbos rectores como aconsejar, patrocinar e intervenir en actos fraudulentos, cuando le propuso a la familia del quejoso que ella contaba con un empleado de la Rama judicial quien la apoyaría en la obtención de la prisión domiciliaria, como lo afirman la señora Anatilde López Galvis y Roselia Tapias; el día 27 de noviembre de 2009, en la oficina de la doctora Alba Mery Alzate Valencia se reunieron con Hernán Bermúdez Grisales; es decir, claramente se avizora que lo pretendido era obtener un beneficio contrario a derecho y para tal fin se solicitó la suma de tres millones de pesos ($3.000.000) y que en el caso de que no se obtuviera el resultado, se les devolvería el dinero, el cual se entregó en parte por el señor Bermúdez Grisales, como lo afirman al unísono los cuatro testigos de cargo.

Así, la profesional del derecho solicitó tres millones de pesos para entregárselo a un empleado judicial, en aras de que le concedieran la libertad al señor Rogelio, dinero que fue entregado el 27 de noviembre de 2009, después de que la togada fuera a visitar a la cárcel al señor López Galvis, prometiéndole a este que en el evento que su amigo Hernán Bermúdez, empleado judicial, no le consiguiera la libertad, le regresaría el dinero. Es así como a través de un crédito, la familia del quejoso logra recaudar la cantidad de dinero y entregárselo a la profesional, quien solicitó la libertad, pero fue negada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas. Ante esto, como fue acordado, el quejoso y su familia solicitaron la devolución de lo cancelado, sin embargo, tan solo el empleado judicial, devolvió la suma de seiscientos mil pesos.

Por lo anterior, está claramente establecida la materialidad de la falta disciplinaria establecida en el artículo 33.9 de la Ley 1123 de 2007.

Respecto a la culpabilidad, como acertadamente lo señaló el seccional, el actuar de la procesada fue doloso, en relación a la gravedad de la falta, pues no solo esquilmó a su cliente sino a sus familiares, puso en tela de juicio la probidad de la administración de justicia, se confabuló con un empleado de la rama judicial para obtener un resultado ilegal, es decir, defraudó a la sociedad colombiana y rompió la confianza que tienen los ciudadanos sobre los abogados y la justicia, por lo tanto, no solo le causó un daño a su cliente, sino también a la sociedad y al ejercicio mismo de la profesión de abogado; por lo anterior, encuentra esta Sala ajustado la decisión del seccional de imponerle la sanción de exclusión de la profesión, además porque no se trata de una infractora primaria en la comisión de faltas disciplinarias, por el contrario ha sido recurrente en la violación del Código Disciplinario del Abogado. Así, esta sanción se confirmará por resultar necesaria, pertinente y proporcional, en tanto permite y cumple con la función de corrección y prevención.

Otras consideraciones.

De lo efectivamente probado en el expediente disciplinario, se desprende la presunta comisión de algún ilícito por parte del señor Hernán Bermúdez Grisales y la procesada, Alba Mery Alzate Valencia, por lo que se ordenará la expedición de copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a ambos.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha 21 de febrero de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas(23), mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN del ejercicio de la profesión a la doctora Alba Mery Alzate Valencia, por incurrir en la falta consagrada en el artículo 33.9 de la Ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. ANÓTESE LA SANCIÓN en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. EXPÍDANSE LAS COPIAS con destino a la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en el acápite de otras consideraciones de esta providencia.

4. Remítase el expediente a la colegiatura de instancia.

Notifíquese y cúmplase.

(Aprobado en Sala Nº 60 de la misma fecha)».

(14) M.P. José Ricardo Romero Camargo.

(15) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica, sentencia del 2 de julio de 2004.

(16) Ibídem.

(17) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Maqueda Vs. Argentina, resolución de 17 de enero 1995 (excepciones preliminares).

(18) Ibídem.

(19) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mohamed vs. Argentina, sentencia de 23 de noviembre de 2012.

(20) Ibídem.

(21) Corte Constitucional, Sentencia C-254A de 2012.

(22) Providencia del 29 de enero de 2009, proceso Rad. 26925.

(23) M.P. José Ricardo Romero Camargo.