Sentencia 2010-00503 de abril 19 de 2010

 

Sentencia 2010-00503 de abril 19 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 1100102030002010-00503-00

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., diecinueve de abril de dos mil diez.

Decide la Corte la acción de tutela promovida por el señor Jaime Zamora Durán contra la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, integrada por los Magistrados Omar José Amado Ariza y Ramón Alberto Figueroa Acosta.

Antecedentes

1. El promotor de la solicitud de amparo constitucional interpuso la referida acción contra los funcionarios judiciales anteriormente señalados, por considerar que en el trámite de la acción popular que instauró contra el Hotel Dann Carlton de Bucaramanga, le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

2. Como fundamentos fácticos de la mencionada solicitud, señala que impetró el aludido proceso ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, con el fin de que se protegieran “los derechos a la seguridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública, el goce el espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso públicos, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes” (fl. 8, cdno. 1).

Afirma que la acción antes descrita se entabló en consideración a que el hotel demandado “no cuenta con la accesibilidad, para discapacitados, siendo que en la actualidad existe una barrera arquitectónica que le impide a un minusválido (silla de ruedas) el acceso al servicio que presta (…) al público”, de manera que dicho establecimiento desconoce la normatividad vigente relacionada con “velar por el bienestar” de las personas con dificultades físicas “colocando a su disposición los medios necesarios para lograr su fácil y seguro desplazamiento”, en “el plazo de cuatro años a partir de la publicación de la Ley 361 de 1997, los cuales se vencieron el 11 de febrero de 2001, y así lo ha sentado en las [ú]ltimas jurisprudencias el Consejo de Estado” (fls. 8 y 9).

El actor constitucional manifiesta que el juez de primer grado, el 26 de junio de 2009, dictó sentencia en la que le ordenó al citado hotel que hiciera “las adecuaciones necesarias para que se permita el acceso de los minusválidos a ese establecimiento de conformidad con el Decreto 1538 de 2005 y la Ley 361 de 1997”. El tribunal resolvió el recurso de apelación interpuesto en el sentido de revocar dicho fallo con apoyo en que “según el honorable Consejo de Estado, el término de cuatro años se cuenta a partir de la vigencia del Decreto 1538 del 17 de mayo de 2005, que reglamentó la Ley 361 de 1997 porque en dicho decreto se expidieron las normas técnicas pertinentes para hacer las respectivas adecuaciones a las edificaciones”, cuestión que, en su concepto, imponía denegar las pretensiones del caso concreto, pues, para la fecha en la que se presentó la pertinente demanda —9 de julio de 2007—, “aun no había[n] transcurrido los 4 años concedidos para la adecuación de las estructuras, según el Decreto 1538 de 2005” (fl. 10).

Agrega que el proveído acusado también lo cimentó el tribunal, en que el demandado en la acción popular “siempre ha contado con un acceso alterno a sus instalaciones, para personas con movilidad reducida, y además cuenta con habitaciones adecuadas para este tipo de personas”, razonamiento que considera parcializado, toda vez que “las pruebas que existen (…) demuestran en grado de certeza que el accionado no cuenta con la respectiva accesibilidad para discapacitados…” (fls. 10 y 11).

Precisa el accionante que la línea jurisprudencial que aplicó el tribunal accionado en su sentencia ya no podía ser tenida en cuenta, porque tal criterio cambió como se puede apreciar de lo expuesto en las sentencias dictadas “el 8 de noviembre de 2007, el 21 de febrero y 12 de junio de 2008”, decisiones que ponen de relieve que “los cuatro años vencían el 11 de febrero de 2001…”, como arriba se refirió (fls. 12 y 13). Añade que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en los fallos de 21 de abril y 18 de diciembre de 2009, mediante los cuales decidió acciones de tutela sobre este mismo tema, acogió la última postura del Consejo de Estado.

Concluye el accionante que en esas condiciones la autoridad acusada incurrió en una actitud “caprichosa y arbitraria”, dado que no reconoce el cambio jurisprudencial anotado y pretende “imponer y reconocer una sentencia la cual a ellos les parece correcta y apartan de su entender las posteriores”, proceder que genera una vía de hecho “y posible prevaricato por acción al desacatamiento del precedente jurisprudencial vertical” (fl. 26).

3. Solicita, por tanto, que se conceda la protección constitucional incoada y que, en consecuencia, se deje sin efecto la sentencia de 12 de noviembre de 2009, para que el acusado “la vuelva a proferir como en derecho corresponda” (fl. 28).

4. Se admitió a trámite la queja presentada y se ordenaron las notificaciones necesarias a los funcionarios acusados, así como a los demás interesados.

Consideraciones

1. Es pertinente recordar, en primer término, que la acción de tutela es un mecanismo procesal establecido por la Constitución Política de 1991, para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, precisándose que no puede constituirse en una vía sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma Carta y el ordenamiento jurídico, en general, consagran para la salvaguarda de la mencionada clase de prerrogativas.

Reiteradamente se ha señalado que, en línea de principio, la acción de tutela no procede contra actuaciones o providencias judiciales, pues estas no pueden ser modificadas o sustituidas por un juez ajeno al competente para conocer del proceso, criterio derivado de la naturaleza de la función pública de administrar justicia ya que, conforme a los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, se trata de una atribución que se cumple en forma independiente, desconcentrada y autónoma, en cuanto sólo está sometida al imperio del ordenamiento jurídico aplicable, con lo que se busca proteger y garantizar la seguridad jurídica.

No obstante, si se advierte un proceder del funcionario judicial alejado de lo razonable, fruto exclusivo de su ánimo subjetivo, o desconectado del ordenamiento aplicable, es pertinente que el juez constitucional actúe, con el propósito de conjurar el agravio que con la actuación censurada se haya podido causar a las partes o intervinientes en el proceso.

2. La demanda constitucional entablada por el señor Jaime Zamora Durán contra la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, enderezada a obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, tiene vocación de prosperidad, en cuanto que el acusado mediante la sentencia de 12 de noviembre de 2009 denegó las pretensiones formuladas en la acción popular arriba reseñada, con apoyo en que el término de cuatro (4) años previsto en la ley para realizar las adecuaciones necesarias a la edificación de que se trata, comenzaba a correr a partir de la expedición del Decreto 1538 de 2005, sin tener presente que ese puntual tema ya había sido objeto de la pertinente precisión doctrinal por esta Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, a través de providencia judicial en la que se indicaron los motivos por los cuales era de rigor considerar que el aludido lapso debía empezar a contarse a partir de la vigencia de la Ley 361 de 1997 y no del mencionado decreto reglamentario.

La corporación sostuvo, en efecto, que “[e]n relación con el punto que propone el accionante encuentra la Corte, que no le asiste razón a la Sala de Decisión accionada, en tanto que, contrario a lo afirmado en el fallo atacado, el Consejo de Estado, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, tiene de manera unificada la siguiente jurisprudencia en torno al tema que de aquí se trata: ‘(…) [t]érmino para adecuar edificaciones que permitan accesibilidad: Ley 361 de 1997/Rectificación Jurisprudencial -Término para adecuar edificaciones para accesibilidad de discapacitados. En relación con el cómputo del término de cuatro años concedido por la ley a los particulares para adecuar sus instalaciones frente a la expedición del reglamento que contiene las condiciones mínimas a observar por dichas edificaciones, esta Sección se ha pronunciado en la siguiente forma: Inicialmente, consideró que si bien el artículo 52 de la Ley 361 de 1997 concedió a los particulares un término de cuatro años para realizar las adecuaciones necesarias a sus edificaciones con el propósito de cumplir las previsiones del título IV de la Ley 361 de 1998 y sus disposiciones reglamentarias, ante la tardía expedición por el Gobierno Nacional del reglamento contentivo de las normas técnicas mínimas sobre barreras arquitectónicas (art. 47 ibíd.), ocurrida el 17 de mayo de 2005 a través del Decreto 1538, resultaba razonable concluir, que ese término de cuatro años debía empezar a contarse a partir de la fecha de expedición de la aludida reglamentación mas no de la fecha de entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, en sentencia del 8 de noviembre de 2007 varió su criterio y precisó que: ‘la observancia del artículo 47 de la Ley 361 de 1997 no se supeditaba a la expedición de norma reglamentaria, pues su contenido normativo es directamente ejecutable. No se necesitan mayores disquisiciones para hacer inteligible su texto, pues es concluyente y claro al disponer que los propietarios de edificaciones abiertas al público realizar las construcciones, ampliaciones y reformas tendientes a permitir la accesibilidad de las personas con movilidad reducida” (sent. de abr. 17/2008, exp. 25000-23-27-000-2005 0057701, tesis reiterada en sent. de mayo 8/2008, exp. 25000-23-25-000-2004 02408-01).

“3. Puestas así las cosas y al estar acreditada la vía de hecho, es claro que la Sala demandada vulneró al accionante, el derecho fundamental al debido proceso y, por ende, emerge próspera la pretensión tutelar, como efectivamente se dispondrá, en virtud de lo cual queda sin efecto la sentencia de 13 de agosto de 2009 y las determinaciones consecuencialmente adoptadas, para que la corporación accionada, en el término no superior a diez días contados a partir de la notificación del presente proveído o del momento en que reciba el expediente de la acción popular del Juzgado de conocimiento en el evento de que este actualmente no se encuentre en esa instancia, falle el asunto conforme a derecho...” (sent. de dic.18/2009, exp. 0288).

En virtud de las precedentes consideraciones, se impone conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante. Por tanto, se ordena que el acusado proceda a dejar sin valor ni efecto la sentencia de 12 de noviembre de 2009 con el fin de que, en el término de diez días contados a partir de la fecha en que reciba del Juzgado Séptimo Civil de Circuito de Bucaramanga el respectivo expediente, proceda a resolver el mencionado recurso de apelación formulado por el Hotel Dann Carlton de dicha ciudad, teniendo en consideración las reflexiones anteriormente señaladas.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONCEDE la protección incoada por el señor Jaime Zamora Durán a través de la acción de tutela arriba referenciada.

ORDENA, en consecuencia, que tras dejar sin efectos la sentencia de 12 de noviembre de 2009, proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acción popular objeto de la demanda de tutela y todas las demás providencias que de ella se desprendan, los señores magistrados Ómar José Amado Ariza y Ramón Alberto Figueroa Acosta, en el término de diez (10) días, contados a partir de la fecha en que reciban el respectivo expediente del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, procedan a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta lo consignado en las motivaciones de este fallo. Por Secretaría, envíesele copia de este.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, en caso de no ser impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

Magistrados: César Julio Valencia Copete—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.