Sentencia 2010-00539 de octubre 2 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 200011102000201000539 02

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según acta 076 de la fecha

Ref.: funcionario en apelación

Investigado: Camilo Vence Luque, Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar, Cesar

Quejoso: Felipe Galeski Argote Pérez

Primera instancia: suspensión de un (1) mes en el ejercicio del cargo, al hallarlo responsable de incurrir en la falta disciplinaria descrita en el numeral 1º del artículo 153 del Código de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002

Decisión: confirma

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, “Conocer de los recursos de apelación... en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura”; en concordancia con el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política.

Los artículos 4º, 27, 42, 193 y 196 del Código Disciplinario Único, contemplan que los funcionarios judiciales son destinatarios de la ley disciplinaria, cuando en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurren en falta disciplinaria, por acción u omisión, en forma dolosa o culposa, en orden al incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses, comportamientos que, por las circunstancias anotadas, pueden ser gravísimos, o calificados como graves o leves, tal como expresa el artículo 50 del mismo código.

Ahora, acorde con los artículos 115 y 207 del Código Único Disciplinario, es competente esta corporación para conocer del recurso de apelación de la decisión proferida por el a quo, que dispuso sancionar al doctor Camilo Vence de Luque, en su condición de Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar, con un (1) mes de suspensión en el ejercicio de cargo, al hallarlo responsable de transgredir lo previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por inaplicación de los artículos 29 de la Carta Política, 510 del Código de Procedimiento Civil y los principios de acceso a la justicia.

Del asunto en concreto: Se investiga la actuación del doctor Camilo Vence de Luque, en su condición de Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar, toda vez que en el trámite del proceso ejecutivo radicado 2005-01030 instaurado por la Cooperativa Multiactiva Nacional de Bienestar Familiar contra Evis Esther Peña Córdoba y Heiler José Jiménez Peña, los ejecutados le confieren poder al abogado Felipe Galesky Argote para que los representara, pero que al momento de la presentación del poder ante el juzgado este carecía de la presentación personal de la señora Peña Córdoba, motivo por el cual el despacho no podía continuar con el trámite del proceso hasta lograr su notificación, y que aun así el juzgado continúo el trámite a tal punto que dictó sentencia ordenando seguir adelante con la ejecución, incurriendo al entender del quejoso en yerro, por cuanto se hacía necesaria la notificación de la demandada, incurriendo igualmente en prevaricato por acción y omisión, violando el derecho al debido proceso y la defensa de la señora Peña Córdoba.

Establecida la calidad de funcionario del doctor Camilo Vence de Luque, en su condición de Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar, procede esta Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponda, en relación con el recurso de apelación incoado por el disciplinado, no evidenciándose irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad la presente actuación disciplinaria.

El Código Disciplinario Único, consagra que los funcionarios judiciales son destinatarios de la Ley disciplinaria, cuando en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurran en falta disciplinaria, por acción u omisión, en forma dolosa o culposa, en orden al incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses, comportamientos que por las circunstancias anotadas, pueden ser gravísimos, o calificados como graves o leves.

El investigado como funcionario judicial, conforme al fallo sancionatorio, incurrió en las faltas disciplinarias contenidas en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002 al haber omitido dar aplicación del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, las cuales señalan:

Artículo 153, numeral 1º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.

(...).

Artículo 196 del Código Disciplinario Único (L. 734/2002):

ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.

Código de Procedimiento Civil:

ART. 330.—Notificación por conducta concluyente. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6º del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 33 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda constancia en el acta, se considerará notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la audiencia o diligencia.

Cuando una parte retire el expediente de la secretaría en los casos autorizados por la ley, se entenderá notificada desde el vencimiento del término para su devolución, de todas las providencias que aparezcan en aquel y que por cualquier motivo no le hayan sido notificadas.

Cuando el escrito en que se otorgue poder a un abogado se presente en el juzgado de conocimiento se entenderá surtida la notificación por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado, inclusive el auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el día en que se notifique el auto que reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad.

Cuando se decrete la nulidad por indebida notificación de una providencia, esta se entenderá surtida por conducta concluyente al día siguiente de la ejecutoria del auto que la decretó o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.

ART. 510.—Trámite de las excepciones. De las excepciones se dará traslado al ejecutante por diez días, mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas, adjunte y pida las pruebas que pretenda hacer valer.

Surtido el traslado se tramitaran así:

El juez decretará las pruebas pedidas por las partes que fueren precedentes y las que de oficio estime necesarias, y fijará el término de treinta días para practicarlas;

Vencido el término del traslado o el probatorio en su caso, se concederá a las partes uno común de cinco días para que presenten sus alegaciones;

c) Expirado el término para alegar, el juez dictará sentencia, y si prospera alguna excepción contra la totalidad del mandamiento ejecutivo, se abstendrá de fallar sobre las demás, pero en este caso el superior deberá cumplir lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 306”.

Del análisis al material probatorio, esta Sala logró establecer que efectivamente en el trámite del proceso ejecutivo seguido contra la señora Evis Esther Peña Córdoba y Heiler José Jiménez Peña, radicado bajo el número 2005-1030, se omitieron por parte del juez aquí disciplinado, actuaciones que el procedimiento civil exige, consistentes en no haber despachado en forma adecuada el reconocimiento de la personería que a través de memorial poder le conferían al abogado Felipe Galesky Argote Pérez, pues ese trato diligente que se echa de menos, habría permitido al juzgador percatarse que tal documento de mandato no aparecía autenticado para legitimar al mandatario para ejercer el poder otorgado por la demandada.

Esa falta de cuidado en el funcionario de conocimiento de la acción ejecutiva, permitió el desenlace de una serie de irregularidades, como son el haber reconocido al quejoso como apoderado sustituto de la parte ejecutante, cuando sus poderdantes constituyen la parte demandada; no haberse pronunciado expresamente sobre la notificación del mandamiento de pago al apoderado del ejecutado Heiler José Jiménez Peña o haber tenido a este por notificado por conducta concluyente, tomando en cuenta que sí autenticó el documento y el poder confería esa facultad; simultáneamente, haber requerido la autenticación del memorial poder por parte de la ejecutada, por ser una exigencia legal como lo informan los artículos concordantes 65 y 84 de la Codificación Procesal Civil.

También dio lugar esa incuria, a que el abogado del ejecutado impetrara una solicitud de nulidad cuestionando esa irregularidad en el reconocimiento de la personería y con ello, que se generara la actuación discutida sobre la notificación por conducta concluyente, que conllevó a tener por extemporánea la excepción de prescripción formulada por los ejecutados.

Todas esas situaciones son el resultado de no haber obrado el juez disciplinado con la diligencia y el cuidado que debe observar el funcionario al desarrollar su labor de administrar justicia, y que lógicamente conllevan consecuencias de las que establece la ley disciplinaria para el servidor público que incurrió en tales acciones y omisiones, pues se evidenció que con ocasión al incumplimiento de las normas descritas con anterioridad el funcionario disciplinado profirió sentencia del 22 de junio de 2010 en la cual ordenó continuar adelante con la ejecución, la liquidación del crédito entre otras, absteniéndose de pronunciarse sobre la excepción propuesta al considerarla extemporánea.

Ahora bien, en cuanto a la discrepancia que expone el apelante con relación a que el a quo se centró en el memorial poder carente de presentación personal para de allí derivar la sanción impuesta, para esta Sala es claro que, a través del mandato que confirieron los demandados, estos otorgaron las facultades para que el profesional del derecho abogara por sus intereses dentro del mentado proceso ejecutivo. Sin embargo, el Código de Procedimiento Civil establece la forma como las personas deben comparecer al proceso, esto es, con poder general o especial.

Entonces, siendo una norma de orden público y obligatorio cumplimiento como lo establece el artículo 6º Ibídem, debe darse aplicación a la misma, ya que le está prohibido a los funcionarios derogarlas, modificarlas o sustituirlas, de lo que se sigue que, correspondía al funcionario exigir la presentación personal o autenticación del referido poder, a fin de que el abogado ejerciera el encargo en debida forma.

Al continuar con los argumentos que motivan al juez recurrente, encontramos que su apoyo normativo lo constituye el artículo 330 ejusdem, al esbozar que tuvo por notificado por conducta concluyente a los demandados, el día 1º de marzo de 2010, con la notificación del auto que resolvió la nulidad deprecada por el quejoso, y que al haber realizado la notificación de los ejecutados a través de ese mecanismo, obró en derecho y por lo mismo, esa actuación corresponde al legítimo ejercicio de una labor interpretativa enmarcada en los parámetros de la autonomía funcional cuyo raigambre es de orden constitucional, lo cual según, su criterio no constituye falta disciplinaria cuyo fundamento lo respalda en las providencias citadas de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

Este argumento defensivo del funcionario disciplinado, no es de aceptación de esta Sala, toda vez que si hubiese dado aplicación a dicha norma, de acuerdo a su criterio, había tenido por notificado a los ejecutados a partir de la fecha en que fue radicado el memorial poder, esto es 1º de noviembre de 2007; pero fueron las circunstancias sobrevinientes las que llevaron al juzgador a realizar la notificación por conducta concluyente, en la fecha arriba mencionada, de lo que se desprende que no se estructura la interpretación a que alude el recurrente, pues es criterio de esta Sala, que la jurisdicción disciplinaria no puede desbordar su límite de competencia e inmiscuirse en las decisiones de quienes administran justicia, porque se estaría dando lugar a una instancia judicial adicional a las ya consagradas constitucional y legalmente.

No obstante lo anterior, esta colegiatura reiteradamente ha señalado que el examen disciplinario de la conducta de los funcionarios judiciales, frente a determinaciones para las cuales están investidos de jurisdicción y competencia, es viable cuando aparezca manifiesta desviación de la realidad procesal o desconocimiento ostensible de la Constitución o la ley; y, por el contrario, toda posición jurídica que razonadamente resulte admisible, o con un adecuado respaldo jurisprudencial o doctrinario, no puede ser objeto de reproche disciplinario, situación esta que no encaja con el estudio probatorio.

En este orden de ideas, considera la Sala que, la omisión del juez disciplinado no tiene justificación y por tanto, la excepción planteada por la demandada Evis Esther Peña Córdoba debió haber recibido el tratamiento que el procedimiento civil consagra, toda vez que su vinculación al proceso se surtió al notificarse personalmente del mandamiento de pago el día 27 de mayo de 2010, y el 1º de junio se presentó por su abogado el memorial contentivo de la excepción, garantizando de esta forma su derecho de defensa y por ende, el debido proceso de que trata el artículo 29 de la Constitución Nacional, y cumpliéndose así la etapa procesal que impone el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señalara el fallador de instancia en la providencia que le profirió pliego de cargos (fl. 88, c.o.).

Por tanto esta colegiatura reitera que en eventos como el que aquí se estudia, no pueden ser aceptados como causal excluyente de responsabilidad el principio de la autonomía judicial bajo las circunstancias aquí analizadas, y como bien se sabe, tal argumento no es aceptable para justificar el obrar desbordado del operador judicial.

Se probó que con su obrar de manera culposa vulneró el debido proceso de la demandada al no aplicar las normas señaladas como vulneradas contenidas en la Constitución Nacional en su artículo 29, a los principios de la administración de Justicia 2º, 3º, 9º de la Ley 270 de 1996, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 510, por cuanto como Juez de la República era conocedor de las normas que regulan el procedimiento ejecutivo de menor cuantía y, no obstante dicho conocimiento, de manera consiente decidió inaplicarlas, generando con su obrar un desbordamiento de su autonomía judicial en la aplicación de las normas que regían el asunto sometido a su consideración.

Así las cosas, el artículo 13 del Código Disciplinario Único, establece dos formas de responsabilidad, es decir, a título de dolo o culpa, y en lo relativo a la culpabilidad esta norma rechaza la responsabilidad objetiva, por consiguiente en el presente caso fue atribuida a título de culpa, correspondiente esta conducta al desconocimiento del precepto legal referido en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002 por violación directa de las precitadas normas(3).

Por consiguiente, está probado que el funcionario inculpado incurrió en las faltas disciplinarias en mención, lo que conlleva a esta Sala a confirmar el fallo sancionatorio proferido contra el doctor Camilo Vence de Luque, en su calidad de Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar, por incumplir a título de culpa grave el numeral 1º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; por haber omitido darle aplicación a lo previsto en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, lo cual constituyen falta disciplinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 196 del Código Disciplinario Único - Ley 734 de 2002.

En consecuencia, para la Sala se encuentra demostrada la constatación material y objetiva del hecho disciplinable con las diferentes pruebas documentales aportadas, comoquiera que es evidente que desde el punto de vista objetivo, el cuestionamiento disciplinario y la formulación de cargos elevada contra el investigado, tiene fundamento jurídico, pues desconoció el numeral 1º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002.

En este orden de ideas, al analizar la providencia motivo de inconformidad a la luz de los lineamientos jurisprudenciales, concluye esta colegiatura que la decisión dictada por la instancia, mediante la cual halló responsable al doctor Camilo Vence de Luque, en su calidad de Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar, de las imputaciones realizadas en el pliego de cargos, está ajustada a derecho y amerita su confirmación en esta instancia pues se encuentra probado que la conducta del disciplinado comportan un quebrantamiento del orden jurídico, en especial de las normas que le fueron enrostradas.

De la sanción

Por último, sobre la graduación de la sanción impuesta por la Sala a quo, al investigado, esta Sala considera que es necesario apoyarse en las especificidades del derecho disciplinario para imponer la sanción, la cual debe ser consecuente con la falta imputada; entonces la dosimetría disciplinaria tiene sus propios cánones, derivados de la tipicidad, de la calidad del funcionario investigado y la transgresión de los deberes funcionales, esto es la antijuricidad sustancial.

De tal forma, que esta Sala, teniendo en cuenta lo analizado, se trata en el presente caso de una falta cometida a título de culpa, que en virtud de lo dispuesto en los parámetros referidos en el artículo 47 de la Ley 734 del 2002, sopesados con lo probado en desarrollo de la investigación, la grave afectación social y el desconocimiento de los postulados que rigen la función pública, se considera que la sanción impuesta por el fallador de instancia, está acorde con el reproche disciplinario efectuado habida consideración de que los extremos del quantum de la sanción disciplinaria de suspensión establecidos legalmente, es de uno a doce meses. Y la misma consulta los principios de racionalidad y proporcionalidad previstos por el legislador.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de febrero de 2013, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, impuso sanción de suspensión de un (1) mes en el ejercicio del cargo, al doctor Camilo Vence de Luque en su calidad de Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar - Cesar, teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo.

2. Por la secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

3. Comunicar lo aquí resuelto a al Tribunal Superior de Valledupar y a la Dirección de Carrera Judicial para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase».

(3) en concordancia con artículos 510 del Código de Procedimiento Civil.