Sentencia 2010-00541 de julio 31 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2010 00541 01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 17 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Actora: M. V. Automóviles & CIA. Ltda.

Bogotá, D.C., treinta y uno de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

Corresponde en la presente instancia decidir sobre la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sancionó a la actora con multa equivalente a $ 252.933.765, con fundamento en lo establecido en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.

Los actos acusados.

La parte motiva de los actos acusados descansa en las siguientes premisas:

1. El subdirector de gestión de fiscalización aduanera de la DIAN, Bogotá D.C., a través del Oficio 894 de 31 de diciembre de 2008, informó al jefe de la división de Gestión de Fiscalización de la Seccional de Aduanas de Barranquilla, que al efectuar la comparación entre las facturas enviadas por el proveedor en el exterior, Cedars Motors, con los datos consignados en las declaraciones de importación de M.V. Automóviles & CIA. Ltda., se encontraron que no coinciden en el número de la factura y en el valor.

2. En virtud de lo anterior, se llevó a cabo diligencia de aprehensión de la mercancía amparada bajo la declaración de importación Nº 07487290073824 y la Factura 23637 de 6 de diciembre de 2006, es decir, del automóvil marca Lexus, modelo 2007, VIN JTJB720X070132532, motor 2UZ1187255, color gris plata, que no fue posible realizar, porque no se encontró el vehículo.

3. Por lo anterior, mediante Requerimiento Ordinario 579 de 7 de abril de 2009, se ordenó poner a disposición la mercancía, y en auto de apertura de Expediente 537 de 13 de mayo de 2009, se inició la investigación, por no ser posible la aprehensión. Finalmente, se propuso una sanción a Automóviles & CIA. Ltda., a través del Requerimiento Especial Aduanero 38 de 29 de mayo de 2009, con fundamento en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.

4. Mediante Auto 209 de 14 de julio de 2009 se decretan pruebas y se niegan otras. Se inserta al Expediente la Resolución 20, por la cual se cancela un levante. Y en auto 226, se ordena el cierre del período probatorio.

Con fundamento en lo anterior, mediante Resolución 1-87-201-241-668-102 de 26 de octubre de 2009, la jefe de división de gestión de liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, dispuso lo siguiente:

“ART. 1º—Sancionar a la sociedad M.V. Automóviles & CIA. Ltda., identificada con NIT. 802.016.543, con una multa por valor de doscientos cincuenta y dos millones novecientos treinta y tres mil setecientos noventa y cinco pesos ($ 252’933.795.00), por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto y conforme con lo establecido en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999”.

Al resolver el recurso de reconsideración, la subdirectora de gestión de recursos jurídicos, mediante Resolución 1-00-223-10061 de 1º de marzo de 2010, confirmó la sanción y adujo, en síntesis, que:

“La División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla profirió la Resolución Sanción 1-87-201-241-668-102 de 26 de octubre de 2009, contra el importador M.V. Automóviles & CIA. Ltda. (...). El apoderado especial de la sociedad importadora radicó recurso de reconsideración 298 de 23 de noviembre de 2009, contra la resolución sanción que antecede.

La subdirección de gestión de recursos jurídicos de la dirección de gestión jurídica, envió el Oficio 13 de 12 de enero de 2010 a la subdirección de fiscalización aduanera para que suministrara los exhortos, oficios remisorios al exterior, oficios de envío de los documentos del exterior de manos de proveedor con destino al proceso y que permitieron la legalización de la prueba en territorio colombiano; de esta manera se insiste en el requerimiento adelantado con el Oficio 1038 de 26 de agosto de 2009, en desarrollo del auto de pruebas 186 de 14 de julio de 2009.

(...).

La subdirección de gestión de fiscalización aduanera, con el Oficio 100211231-0082 de 20 de enero de 2010, remitió: ‘Treinta y tres (33) folios con los antecedentes de la investigación iniciada por la subdirección de fiscalización tributaria, con respecto a la importación de vehículos bajo la modalidad ordinaria, amparados con declaraciones de importación soportadas con facturas presuntamente falsas. Es importante señalar que dicha investigación corresponde a importaciones de vehículos cuyo proveedor en el exterior es Cedars Motors y no, exclusivamente a M.V. Automóviles & CIA. Ltda.´

El anexo al oficio referido, está conformado por:

(...).

• Relación de las facturas aportadas por el proveedor.

• Oficio CCN/AJ N. 25082 de 20 de mayo de 2008, por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, coordinación de asuntos consulares, remitió al grupo interno de trabajo RILO e Intercambio de Información de la subdirección de fiscalización aduanera, la respuesta al exhorto 82 de 12 de febrero de 2008(SIC)(1).

(...).

• Exhorto 82 de 12 de febrero de 2007, dirigido al cónsul de Colombia en Miami, Estados Unidos de América, pidiendo que por conducto de dicha dependencia se solicite al servicio de aduanas allegar los documentos de exportación de los vehículos relacionados en el archivo adjunto.

(...).

Contrario a lo afirmado por el libelista, reposa en el expediente la factura que determina la irregularidad en que ha incurrido el importador:

FolioOrigenContenido
Original folio 5 y copia folio 12.Proveedor externo.N. 23637 de 6 de diciembre de 2006, por valor de U.S. $ 55.000, en donde se describe el vehículo que responde a las siguientes características: 2007 LEXUS GX470 4DRS VIN: JTJB720X070132532 Color Silver. Valor FOB U.S. $55.000
Datos declaración de importaciónImportador y declarante autorizado.49054 de 4 de enero de 2007. Valor FOB $29.800.

El cotejo de la factura original suministrada por el proveedor externo, previa solicitud efectuada por la DIAN mediante exhorto y los datos consignados en la declaración de importación, determina que el importador incurrió en una irregularidad de tipo administrativo que afecta la nacionalización de la mercancía...”(2).

El marco normativo

En el caso sub examine, la autoridad aduanera determinó que la operación de comercio exterior realizada por M.V. Automóviles & CIA. Ltda., amparada en la declaración de importación 07487290073824 de 16 de enero de 2007 y la factura 49054 de 4 de enero de 2007, incurrió en dos irregularidades contenidas en los artículos 502, numeral 1.25, y 503 del Decreto 2685 de 1999, a saber:

“ART. 502.—Causales de aprehensión y decomiso de mercancías. Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

(...).

1.25. (Adicionado por el D. 4431/2004) Cuando dentro de los términos a que se refiere el numeral 9º del artículo 128 del presente decreto, o dentro de los procesos de control posterior se determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada o, cuando vencidos los términos señalados en los numerales 6º y 9º del mismo artículo no se presentaron en debida forma los documentos soporte que acreditan que no se encuentra incurso en restricción legal o administrativa”.

“ART. 503.—Sanción a aplicar cuando no sea posible aprehender la mercancía. Cuando no sea posible aprehender la mercancía por haber sido consumida, destruida, transformada o porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera, procederá la aplicación de una sanción equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor en aduana de la misma, que se impondrá al importador o declarante, según sea el caso”.

Argumentó que, en ejercicio del control posterior, se pudo determinar que el importador tramitó la declaración de importación con una factura que no corresponde a la original expedida por el proveedor del exterior, siendo del caso proceder a la aprehensión de la mercancía, la cual no pudo llevarse a cabo, porque no fue puesta a disposición de la DIAN, lo que finalmente condujo a la imposición de la sanción equivalente al 200% del valor en aduana de la misma.

Los cargos de la demanda

De la violación del derecho al debido proceso: explica que la entidad demandada desconoció el debido proceso por i) negar la prueba solicitada en la investigación aduanera, por razones de economía procesal; ii) no ajustarse a los requisitos procesales para la admisibilidad de las pruebas obtenidas en el exterior; y iii) no pronunciarse sobre la totalidad de los argumentos expuestos en la respuesta a un requerimiento aduanero.

i) De la denegación de la práctica de una prueba: arguye la demandante que la prueba solicitada en la actuación administrativa cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a su pertinencia y conducencia; y de ahí que a la DIAN le asistiera el deber de decretarla, pues no existe la causal de economía procesal para denegar la práctica de pruebas y, además, con ello se pretendía desvirtuar la veracidad de la factura presentada por el proveedor, la cual, por lo demás, no cumplió con los requisitos para la validez de la prueba obtenida en el extranjero.

Al respecto, se observa que, en respuesta al Requerimiento Especial Aduanero 0038 de 29 de mayo de 2009, el apoderado de la sociedad M. V. Automóviles & CIA. Ltda., solicitó:

“Se oficie a la Empresa Cedars Motors, para que certifique si realizó la venta del vehículo indicado en la declaración de importación 07487290073824 de 16 de enero de 2007 y si expidió la factura 49054 de 4 de enero de 2007”(3).

La prueba fue denegada mediante Auto 209 de 14 de julio de 2009, bajo la siguiente consideración:

“[D]icha prueba ya fue realizada por la subdirección de fiscalización tributaria (hoy subdirección de gestión de fiscalización tributaria) y es precisamente ese el soporte probatorio de la presente investigación, en consecuencia, oficiar nuevamente al proveedor en el exterior para que certifique la factura mencionada y demás documentos soportes de la declaración de importación objeto de investigación es un desgaste económico y administrativo que no aportará nada nuevo al proceso. Por lo anterior, este Despacho negará la práctica de esa prueba, por considerarse que la misma es impertinente, inconducente e innecesaria en la investigación que cursa”(4). (Resaltado fuera del texto).

En la misma decisión se ordenó:

“a) Oficiar a la subdirección de gestión de fiscalización tributaria para que remita copia certificada del Oficio 58-001-1389 de 31 de octubre de 2008, adjuntando los antecedentes de la investigación adelantada a la sociedad M.V. Automóviles & CIA. Ltda., especialmente para que remita copia de los exhortos dirigidos al proveedor en Miami – E.U., Cedars Motors, y las respuestas dadas a los mismos por dicha empresa con relación a la presunta falsedad de la Factura 49054 de 4 de enero de 2007, documento soporte de la declaración de importación con sticker N. 07487290073824”.

Posteriormente, la jefe de división de gestión de liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, en la resolución que impone la sanción cuestionada, destacó, respecto de las pruebas, que:

“Con Oficio 100-211-231-0894 de diciembre 31 de 2008, el subdirector de gestión de fiscalización aduanera informa al jefe de la división de gestión de fiscalización de esta Dirección Seccional que con Oficio 58-001-1389 de octubre 31 de 2008, el subdirector de fiscalización tributaria le remitió un listado de vehículos importados bajo la modalidad ordinaria, amparados con declaraciones de importación soportadas con facturas presuntamente falsas. La anterior presunción se suscitó al efectuar la comparación entre las facturas enviadas por el proveedor en el exterior Cedars Motors, con los datos consignados en las declaraciones de importación, encontrándose que estas difieren en el número de la factura y valor”(5). (Resaltado fuera del texto).

Obra a folios 146 a 148 del expediente, el citado Oficio 1389 de 31 de octubre de 2008, suscrito por el subdirector de fiscalización tributaria, en el que expresa:

“(...).

Doctor...

Subdirector de fiscalización aduanera.

Cordial saludo:

El G.I.T. Control y prevención de lavado de activos, efectuó seguimiento a la denuncia anónima relacionada con la presunta falsedad de facturas soporte de declaraciones de importación que amparan vehículos cuyo proveedor en el exterior es la sociedad Cedars Motors. Del seguimiento efectuado por el grupo en mención, se obtuvo lo siguiente:

Se detectaron 137 vehículos importados bajo la modalidad ordinaria, amparados con declaraciones de importación soportadas con facturas presuntamente falsas, debido a que al efectuar la comparación entre las facturas enviadas por el proveedor((6)) con los datos consignados en las declaraciones de importación, estos difieren en el número de la factura y el valor.

(...).

Se envían las facturas allegadas en respuesta al exhorto, las cuales contienen en la mayoría de los casos el documento de transporte y la declaración de exportación de Estados Unidos, con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes e instaurar las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, por la presunta falsedad en las mismas” (Resaltado fuera del texto).

De lo hasta ahora reseñado se puede colegir que los documentos que soportan la investigación cuestionada, esto es, los exhortos dirigidos al Consulado de Colombia en Miami, los oficios remisorios y las facturas remitidas por el proveedor Cedars Motors, fueron allegadas a la investigación con el oficio 1389 de 31 de octubre de 2008, transcrito, lo que sirvió de fundamento para que la DIAN formulara requerimiento ordinario a M.V. Automóviles & CIA. Ltda., ordenando poner a disposición la mercancía importada, descrita en la declaración de importación 07487290073824 de 16 de enero de 2007 y la factura 49054 de 4 de enero de 2007, debido a que no coincidían con las facturas enviadas por el proveedor, y, posteriormente, aplicara la sanción por imposibilidad de aprehender la mercancía.

No obstante lo anterior, los citados documentos soporte de la investigación, en especial, el Exhorto 82 de 12 de febrero de 2007 o 2008(7), dirigido al Cónsul de Colombia en Miami, y las facturas expedidas por Cedars Motors, en respuesta al requerimiento del Consulado, no obran en el expediente administrativo allegado por la demandada, ni tampoco fueron aportados al presente proceso.

Llama la atención de la Sala que la DIAN haya denegado la prueba documental consistente en oficiar a Cedars Motors, para que remitiera certificación de la factura expedida para la mercancía objeto de controversia, porque la misma “ya fue realizada”, cuando consta en el plenario que luego de expedida la Resolución de la sanción y con miras a resolver el recurso de reconsideración presentado por la importadora, fue necesario que la subdirección de gestión de recursos jurídicos, mediante Oficio 13 de 12 de enero de 2010, dirigido a la subdirección de fiscalización aduanera, solicitara: “(...) suministrar los exhortos, oficios remisorios al exterior, oficios de envío de los documentos del exterior en manos del proveedor con destino al proceso y que permitieron la legalización de la prueba en territorio colombiano”(8). (Resaltado fuera del texto).

Esto evidencia que la prueba que sirvió de base a la investigación, no se aportó oportuna y regularmente al expediente administrativo, amén de que en el auto de pruebas 209 se había solicitado “copia certificada del Oficio 58-001-1389 de 31 de octubre de 2008, adjuntando los antecedentes de la investigación adelantada a la sociedad M.V. Automóviles & CIA. Ltda., especialmente copia de los exhortos dirigidos al proveedor en Miami” (fl. 127), y, sin embargo, los antecedentes de la investigación se solicitaron de nuevo, con la finalidad de resolver la impugnación de la sanción.

Constata la Sala que en el expediente únicamente se visualiza, a folio 73, un documento en idioma inglés, en el que aparece el nombre del proveedor Cedars Motors y de la importadora M.V. Automóviles & CIA. Ltda.; el núm. 23267,-que coincide con el número que la DIAN reportó como la factura remitida por el proveedor(9)- la descripción de la mercancía “2007. Lexus GX470 4DRS. VIN: JTJBT20X070132532. Color: Silver”; y el precio expresado en cifra de “55,000.00”.

Es esta prueba documental, el único sustento de la presunta falsedad alegada por la demandada, que dio lugar a la aprehensión de la mercancía por la causal del artículo 502, numeral 1.25, del Decreto 2685 de 1999 y, a la sanción del artículo 503 ídem, ante la imposibilidad de aprehenderla.

Lo anteriormente expuesto, permite a la Sala elaborar las siguientes conclusiones, que servirán de fundamento a la decisión final que habrá de adoptarse:

La sanción que se discute procede cuando no es posible aprehender la mercancía por haber sido consumida, destruida, transformada o porque no se ha puesto a disposición de la Autoridad Aduanera (D. 2685/99, art. 503).

La Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla solicitó a la sociedad actora poner a disposición la mercancía amparada bajo la declaración de importación con autoadhesivo 07487290073824 de 16 de enero de 2007, porque de conformidad con el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, determinó que los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada.

No fue posible la aprehensión de la mercancía, por no encontrarse en poder del declarante.

En el desarrollo de la investigación, por infracción aduanera, la importadora solicitó que se practicara la prueba que, en su criterio, demostraría la legal introducción de la mercancía en territorio aduanero.

La prueba se denegó porque, a juicio de la entidad demandada, ya obraba en el expediente.

No obstante, observa la Sala que la prueba no fue allegada ni en vía administrativa ni en esta instancia, lo que evidencia la violación del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, según se enunció en el concepto de violación de la demanda(10), pues era necesario que la administración fundara su decisión en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, en desarrollo de los principios que desarrollan la actuación administrativa, especialmente el del debido proceso.

Aunado a lo anterior, se observa que el documento que fue aducido por la entidad demandada como el soporte de la investigación y posterior sanción, no podía ser apreciado como medio probatorio, debido a que se trata de un documento apócrifo, o del que no se tiene certeza sobre su elaboración y suscripción.

En efecto, como ya se indicó, se trata de un documento extendido en idioma distinto del castellano, en el que aparecen los siguientes datos: Cedars Motors; M.V. Automóviles & CIA. Ltda.; núm. 23267; 2007. Lexus GX470 4DRS. VIN: JTJBT20X070132532. Color: Silver; 55,000.00 (fl. 73, cdno. Ppal.). Pero no se visualizan los datos esenciales para la descripción de esta clase de mercancías, por ejemplo, el número que identifica al motor y al chasis(11). Y más grave aún, no se tiene certeza de quién lo expidió, porque no obran los soportes respectivos.

Es de resaltar que conforme al artículo 260 del Código de Procedimiento Civil “para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un interprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente”.

En consecuencia, para la Sala, la prueba que recaudó la DIAN en la investigación aduanera, específicamente, la factura que no fue traducida al idioma castellano, no acredita suficientemente la presunta falsedad en la que fundamentó la causal de aprehensión, que, a su vez, dio origen a la sanción impuesta.

Así las cosas, advierte la Sala que se configuró el cargo de violación expuesto en la demanda, en relación con el desconocimiento del debido proceso, en la aplicación de la sanción por parte de la DIAN, que desvirtúa la legalidad de los actos acusados -lo que además sirve para anunciar que se releva de examinar los cargos restantes.

Cabe señalar que la jurisprudencia Constitucional se ha pronunciado de manera amplia y reiterada sobre el contenido, elementos y características del derecho al debido proceso, tanto en las actuaciones judiciales como en las administrativas. Específicamente, en materia administrativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados.

En la Sentencia C- 089 de 2011(12), esa corporación expuso:

“Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de derecho((13) ) En este mismo sentido, esta corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares((14) )” (Resaltado fuera del texto).

Dentro del examen del artículo 29 Constitucional(15), posee especial relevancia el principio de la contradicción, que le impone a las autoridades públicas la obligación de admitir la controversia de todas las situaciones que surgen en la actuación administrativa, principalmente las que tiene que ver con los medios de prueba(16).

Al respecto, la jurisprudencia de la corporación ha indicado que para adoptar una decisión administrativa, la autoridad respectiva debe brindar las garantías necesarias y pertinentes a los interesados, de conformidad con lo consagrado en el artículo 35 del Decreto 1º de 1984 (CCA)(17), lo que implica una motivación no solo jurídica de las razones de la decisión, sino fáctica, en relación con las pruebas que le sirvieron de sustento(18).

Y, en tratándose de la potestad sancionatoria de la administración, la jurisprudencia de la corporación ha destacado su importancia para el cumplimiento de los fines estatales, así como su necesidad de ajustarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso. En tal sentido, se refirió la Sección Tercera al señalar que:

“En este sentido, la Sala resalta la importancia histórica de la potestad sancionadora de la administración (...), pues en ella se sustenta la imposición de las multas (...) que el legislador ha estimado necesarias para alcanzar los objetivos del Estado. Pero, de igual forma, se recuerda que su correcto ejercicio exige observar el derecho al debido proceso, según se ha dicho en otras ocasiones. Asimismo hay que agregar, que se debe observar el principio de proporcionalidad((19)), en el cual se debe apoyar el servidor público, y eventualmente el juez, para imponer una sanción”(20). (Resaltado fuera del texto).

Sobre este asunto en particular, también la Corte Constitucional ha expresado que la potestad sancionatoria de la administración: (i) persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso(21).

En este orden de ideas, es claro para la Sala que la actuación adelantada por la DIAN no se rigió por los postulados del debido proceso, pues para imponer la sanción discutida no contó con los medios probatorios adecuados que sustentaran la decisión, valoró inadecuadamente los recaudados (factura en inglés) y no le brindó la oportunidad al interesado para controvertir dichos medios de cara con la prueba que solicitó en su momento y que le fue denegada, pretextando que la misma ya existía, lo cual también quedó desvirtuado en esta instancia, en la que pese a arribarse los antecedentes administrativos que dieron lugar a la expedición de los actos acusados, se echaron de menos los documentos que allí se enunciaron como sustento de la decisión.

Por último, es preciso destacar que la entidad demandada, en el recurso de alzada, alegó que si la inconformidad de la actora radicaba en la denegación del decreto de pruebas en la vía administrativa, la prosperidad de dicho cargo está condicionada a que en la instancia jurisdiccional se soliciten esas mismas pruebas.

Tal afirmación no resulta acertada, en el caso bajo examen, en el que sobresale la violación de los principios de la administración pública, en especial, los que rigen la recaudación y valoración probatoria, que conllevó la imposición de una sanción sin observancia del debido proceso, no sólo porque se dejó de practicar una prueba relevante, pertinente y conducente, sino porque la aducida por la autoridad aduanera, a la postre resultó inexistente.

Las conclusiones expuestas imponen declarar la nulidad de los actos acusados pues, tal y como se señaló anteriormente, la potestad sancionatoria de la administración está sujeta a la observancia de todas las garantías que informan el debido proceso, especialmente, a que la decisión por medio de la cual se sanciona al presunto infractor se base en las pruebas oportuna y regularmente allegadas al proceso, lo que no fue demostrado en el caso particular, en el que ante la inexistencia de la prueba que acreditara que los documentos soporte presentados por la sociedad declarante no correspondían con la operación de comercio exterior declarada, no había lugar al requerimiento consistente en poner a disposición la mercancía y, por ende, a la sanción por no haberlo acatado.

Por estas razones, se confirmará la sentencia impugnada, en cuanto declaró la nulidad de los actos demandados, y se revocará el numeral segundo de la parte resolutiva que ordenó “retrotraer al período probatorio la actuación administrativa” y “oficiar a la empresa Cedars Motors para que certifique si realizó la venta del vehículo indicado en la declaración de importación 07487290073824 de 16 de enero de 2007; asimismo, certifique si expidió la factura 49054 de 4 de enero de 2007, para lo cual deberá remitir copia autenticada. Una vez practicada dicha prueba, la entidad demandada continuará con el trámite del procedimiento administrativo”.

Ello, por cuanto no es del resorte de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, por lo mismo, resulta ajeno a la sentencia estimatoria de las pretensiones, que se fijen los efectos de la declaratoria de nulidad, pues sabido es que, por regla general, tratándose de actos de contenido particular, estos son ex tunc, es decir, de restablecimiento al estado anterior a la expedición del acto, en este caso, a la situación en la que se encontraba la demandante antes de que la Administración la declarara infractora aduanera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, en cuanto declaró la nulidad de los actos acusados y denegó las demás pretensiones de la demanda.

2. REVÓCASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Tiénese a la doctora Clara Inés González Ramírez, como apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de conformidad con el poder y los documentos visibles de folios 38 a 54 del cuaderno del recurso.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de julio de 2014.

Magistrada: Guillermo Vargas Ayala— María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Marco Antonio Velilla Moreno, ausente con permiso.

(1) En algunas partes del expediente administrativo se dice que el exhorto es de febrero de 2007 y en otras, de febrero de 2008.

(2) Folios 185, 186 y 188.

(3) Folio 115 del cuaderno principal.

(4) Folio 131 del cuaderno principal.

(5) Folio 157 del cuaderno principal.

[(6)] “Ver Anexo 1: Relación Facturas y Facturas enviadas por la Sociedad Cedars Motors, Exhorto 82 de 12 de febrero de 2008 [SIC], Originales de los oficios núms. CCN/AL N. 25082 de 19 de mayo de 2008 y el N. C.G. 784 de 6 de mayo de 2008, suscrito por el coordinador de asuntos consulares y el cónsul general de Colombia en Miami y del Oficio 63-00-144-961 de 21 de mayo de 2008”. (Resaltado fuera del texto).

(7) En algunas partes del expediente administrativo se dice que el exhorto es de febrero de 2007 y en otras, de febrero de 2008.

(8) Según consta en la Resolución 10061 (fl. 185 del cdno. Ppal.).

(9) Ver folio 136 del cuaderno principal.

(10) Folio 5 del cuaderno principal.

(11) Sobre la importancia de la verificación de los datos que identifican a los vehículos en las operaciones aduaneras, véase la providencia de 11 de diciembre de 2006 (Exp. 1999-00036-01, Consejero ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(12) Magistrado ponente: doctor Luis Ernesto Vargas Silva.

“((13)) Sobre estos temas consultar, entre otras, las sentencias T-442 de 1992, T-120 de 1993, T-020 y T-386 de 1998, T-1013 de 1999, T-009 y T-1739 de 2000, T-165 de 2001, T-772 de 2003, T-746 de 2005 y C-1189 de 2005”.

“((14)) Ver sentencias T-391 de 1997 y T-196 de 2003, entre otras”.

(15) “ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

(16) Sobre este principio, Santofimio Gamboa Jaime Orlando (2003). Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Universidad Externado de Colombia, expuso: “Quiso el constituyente colombiano que toda decisión tendiente a producir efectos jurídicos debía contener los fundamentos probatorios suficientes que le permitan válidamente nacer a la vida jurídica. Este principio garante de los derechos de los ciudadanos tiene su consagración en el artículo 29 de la Constitución Política...y desarrollo legal, desde el punto de vista de las actuaciones administrativas, en los artículos 3º, 35 y 36 del Código Contencioso Administrativo (...). El principio de contradicción, por su parte, le reitera a las autoridades públicas la obligación que tienen de admitir la controversia de todas aquellas situaciones fácticas en que se encuentran vinculados los particulares. Es decir, el principio de contradicción resulta de la esencia misma del proceso administrativo, la evaluación y opinión de las partes sobre el alcance de los medios de prueba, significa que todas aquellas pruebas que en consideración de una de las partes interesadas resulten valiosas para su defensa, no pueden ser rechazadas unilateralmente”.

(17) Norma aplicable al caso concreto y derogada por la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

(18) Ver providencia de 26 de marzo de 2009, Expediente 2001-01273-, Consejera ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia.

“((19)) El ejercicio de la potestad sancionadora de la administración —así como el ejercicio del ius puniendi del Estado en cualquier materia y por cualquier entidad—, exige la obligatoria observancia y aplicación de diversos principios, entre los cuales se encuentra el principio de legalidad, el de tipicidad de la conducta y el de proporcionalidad, entre otros. Al respecto, la Corte Constitucional ha expuesto: ‘5.1.2. En la doctrina se postula, así mismo, sin discusión que la administración o las autoridades titulares de funciones administrativas lo sean de potestad sancionadora y que ésta en cuanto manifestación del ius puniendi del Estado está sometida a claros principios generalmente aceptados, y en la mayoría de los casos proclamados de manera explícita en los textos constitucionales. Así, a los principios de configuración del sistema sancionador como los de legalidad (toda sanción debe tener fundamento en la ley), tipicidad (exigencia de descripción específica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras) y de prescripción (los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta en marcha de los instrumentos sancionatorios), se suman los propios de aplicación del sistema sancionador, como los de culpabilidad o responsabilidad según el caso —régimen disciplinario o régimen de sanciones administrativas no disciplinarias— (juicio personal de reprochabilidad dirigido al autor de un delito o falta), de proporcionalidad o el denominado non bis in ídem.’ (Corte Constitucional. Sentencia C-827 DE 2001 M. P. Álvaro Tafur Galvis)”.

(20) Sentencia de 13 de noviembre de 2008, Expediente 1996-02081-01, Consejero Ponente: doctor Enrique Gil Botero.

(21) Ver Sentencia C-506 de 2002, Magistrado Ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.