Sentencia 2010-00545 de julio 28 de 2010

 

Sentencia 2010-00545 de julio 28 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-22-03-000-2010-00545-01

Magistrado Ponente:

Dr. William Namén Vargas

Bogotá, D.C., veintiocho de julio de dos mil diez.

Discutido y aprobado en sesión de la fecha

Se decide la solicitud de aclaración presentada por Pedro José Bautista Moller, Olympo Morales Benítez y Juan Pablo Medrano Supelano, árbitros del tribunal de arbitramento integrado para dirimir controversias entre las sociedades Centro de Telefonía Móvil S.A. - CTM S.A. y Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., a la sentencia proferida el 12 de julio de 2010.

Antecedentes

1. La Corte, para amparar el derecho al debido proceso de la última persona jurídica citada, dispuso en la referida sentencia:

“Segundo: Ordenar al tribunal de arbitramento accionado que, dentro del término de cinco (5) días contados a partir del conocimiento de lo aquí resuelto, y tras dejar sin valor ni efecto el Auto 1 proferido el 9 de abril de 2010 en cuanto respecta a la fijación de los honorarios de árbitros, secretario y gastos, así como toda la actuación que dependa de esta, incluidos los autos de 4 y 24 de mayo de 2010, proceda a adoptar las decisiones que correspondan, en un todo de acuerdo con los lineamientos expuestos en esta providencia”.

2. Los árbitros, en oportunidad piden aclarar el precedente numeral resolutivo, por cuanto los autos de 4 y 24 de mayo de 2010, no contienen decisión relativa a la fijación de gastos y honorarios, ni actuación dependiente de esta.

3. Fundamentan su petición, en compendio, así:

a) En audiencia de 4 de mayo de 2010, por Auto 3 el tribunal definió su competencia, se declaró competente para conocer y resolver las diferencias contenidas en la demanda arbitral sustituida y ordenó continuar el trámite conforme al reglamento del centro; según el número 4, confirmó el anterior al decidir la reposición interpuesta en su contra, y con el número 5, admitió el libelo, ordenó notificar el auto admisorio, correr su traslado y el de las excepciones perentorias que llegaren a presentarse, fijando fecha para la siguiente audiencia.

b) En audiencia de 24 de mayo de 2010, mediante Auto 6, decidió el recurso de reposición frente al admisorio de la demanda, confirmando el número 5.

Consideraciones

1. Ex artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia de tutela al tenor del Decreto 306 de 1992, la “sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció”, pero “dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella”, y también es susceptible de corrección y complementación, en los casos, por las causas y en las condiciones taxativas expresamente disciplinadas en el ordenamiento jurídico (arts. 310 y 311, idem).

Más exactamente, para aclarar una sentencia es menester un yerro, incoherencia, inconsistencia, asimetría, anfibología, o ambigüedad, sea en su parte resolutiva, ora en la motiva con incidencia en la decisión adoptada, en particular, tratándose “de redacción ininteligible, o del alcance de un concepto o de una frase en concordancia con la parte resolutiva del fallo” (cas. civ. Sent. de jun. 24/92, XLIX, 47), constitutiva de una seria incertidumbre en torno a su sentido genuino, prístino o diáfano, en cuyo caso, no solo es deseable sino exigible la aclaración.

Empero, la aclaración excluye la posibilidad de revocar, reformar o variar la decisión, por estar vedada al mismo juez la modificación, reforma o revocación de su propia providencia. Tampoco, sirve al propósito de un análisis nuevo de la cuestión, no es otra instancia o recurso, ni autoriza a los sujetos y autoridades procesales para reabrir el debate o buscar reformar el fallo, y estricto sensu debe versar sobre verdaderos motivos de duda.

2. En el caso concreto, el numeral segundo contenido en la parte resolutiva de la sentencia pronunciada el 12 de julio de 2010, ordenó al tribunal de arbitramento adoptar las decisiones respectivas “tras dejar sin valor ni efecto el Auto 1 proferido el 9 de abril de 2010 en cuanto respecta a la fijación de los honorarios de árbitros, secretario y gastos, así como toda la actuación que dependa de esta, incluidos los autos de 4 y 24 de mayo de 2010”, es decir, lo resuelto es claro y no ofrece motivo de duda.

Abstracción de lo anterior, en afán de plenitud, claridad y precisión reclamada en la petición, se itera sintéticamente lo explicitado sin anfibología en la parte motiva de la sentencia:

a) El ordenamiento asignó al tribunal de arbitramento la función legal de fijar en el acto de instalación los honorarios de árbitros y costos del arbitraje (L. 446/98, art. 122 y D. 1818/98, art. 142, num. 4º).

Antes de “la Sentencia C-1038 de 28 de noviembre de 2002” proferida por la Corte Constitucional “se instalaba agotado el trámite prearbitral entonces a cargo del director del centro de arbitraje y conciliación [...] Ahora, “corresponde realizar este trámite inicial al tribunal arbitral, después de su instalación (C. Const., Sent. C-1038/2002, Exp. D-4066), o sea, prima facie debe instalarse legalmente, es decir, la fijación de los honorarios y costos del arbitraje presupone el agotamiento de todos los actos incluidos en el otrora trámite previo a la instalación, esto es, el pertinente a la admisión, traslado y contestación de la demanda arbitral, y en su caso, el relativo a la demanda de reconvención y excepciones perentorias (arts. 121 de la L. 446/98 y 141 del D. 1818/98, libro segundo, título VII, capítulos I y II, arts. 75 a 96, 428 y 430 del CPC y la L.794/2003)” (resaltados agregados), según entendió esta Corte en sentencia de tutela de 10 de diciembre de 2005, Expediente T-11001-22-03-000-2004-01000-01).

Por lo tanto, según tiene dicho esta Corte desde la sentencia de tutela de 10 de diciembre de 2005, Expediente T-11001-22-03-000-2004-01000-01), a partir del fallo constitucional y por efecto de este, sin ser menester otra ley ni decreto reglamentario alguno, primero se instala el tribunal de arbitramento, luego surte todas las etapas del entonces trámite previo a la instalación, y agotadas, fija los honorarios y costos respectivos.

b) En el arbitramento institucional, las partes convienen someterse “a un procedimiento establecido por el centro de arbitraje” (arts. 112 de la L. 446/98, 116 del D. 1818/98, 90 de la L. 23/91), plasmado en el reglamento respectivo contentivo de las tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas por el Ministerio del Interior y de Justicia, “de obligatoria aplicación para el arbitraje institucional”, y las relativas a los gastos administrativos (art. 125, lit. c y lit. d del D. 1818/98).

El Decreto reglamentario 4089 de 25 de octubre de 2007 (D.O. 46.792 de oct. 25/2007), al adoptar el marco tarifario “de obligatorio cumplimiento para los arbitrajes legales e institucionales” (arts. 12 y 18, ibid.), en su artículo 14 claramente estableció la liquidación por el tribunal de arbitramento de las tarifas comprensivas de los honorarios y gastos, “después de establecida la relación jurídica procesal, de admitida la demanda y materializada su contestación, y si fuere el caso, después de aceptada la demanda de reconvención y de contestada la misma” y ordenó adecuar las contempladas en los reglamentos de todos los centros de conciliación y arbitramento debidamente autorizados para su funcionamiento “a lo establecido en el presente decreto para aprobación del Ministerio del Interior y de Justicia”, así como la aplicación del régimen tarifario “a las solicitudes que sean radicadas con posterioridad” a su vigencia (arts. 24 y 25, esjudem).

Los artículos 11 a 19 del Decreto 4089 de 2007 están vigentes, el Consejo de Estado, negó su suspensión provisional (auto de feb.19/2009, Exp. 2007-00401-00, ver nota de pie de página 3 de la sentencia), y por lo tanto, son “de obligatorio cumplimiento para los arbitrajes legales e institucionales” mientras no se anulen por la autoridad jurisdiccional constitucionalmente competente, también posteriores al reglamento del centro y a la aprobación invocada por los árbitros (ene.18/2007) la cual sin disquisiciones, decae por el imperativo cambio normativo sobrevenido (decaimiento o “pérdida de fuerza” del acto administrativo), tanto más cuanto que, expresamente la norma ordenó en término perentorio ajustarlos a la normatividad, y esta Corte, en la sentencia de tutela, compartió y respeta las razones jurídicas del máximo tribunal de justicia contenciosa administrativa para negar la suspensión provisional.

c) En lo tocante a la interrogación de los árbitros, la orden impartida al tribunal de arbitramento, concierne estrictamente a la adopción “de las decisiones que correspondan, en un todo de acuerdo con los lineamientos expuestos” en la sentencia de tutela, “tras dejar sin valor ni efecto el auto 1 proferido el 9 de abril de 2010 en cuanto respecta a la fijación de los honorarios de árbitros, secretario y gastos, así como toda la actuación que dependa de esta, incluidos los autos de 4 y 24 de mayo de 2010”.

Como quedó sentado en la sentencia de tutela, “instalado el tribunal de arbitramento, adquiere jurisdicción y competencia por mandato de la Constitución Política, el pacto arbitral y la instalación para surtir todas las etapas del trámite inicial, pero los honorarios y gastos arbitrales solo puede fijarlos después de la admisión, traslado y contestación de las demandas principal y de mutua petición, así como las excepciones perentorias respectivas, sin que esta competencia se extienda al conocimiento de las controversias sometidas a juzgamiento que de conformidad con el numeral 2º del artículo 124 de la Ley 446 de 1998 compilado por el artículo 147 del Decreto 1818 de 1998, debe analizar y decidir en forma expresa en la primera audiencia de trámite ‘mediante auto que solo es susceptible de recurso de reposición’”, “De otra parte, el yerro señalado concierne al trámite de los costos legales del arbitramento, los cuales deben fijarse en la cuantía y oportunidad debida, permitiendo a las partes el ejercicio de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, mas no a la constitución e instalación del tribunal de arbitramento, ni a su competencia concreta para conocer del asunto definida en la primera audiencia de trámite después del agotamiento regular de las etapas previas”.

Consecuentemente, el Auto 3 y su confirmatorio número 4 proferido en la audiencia de 4 mayo de 2010, es actuación dependiente de la fijación de los honorarios y costos, pues aún bajo el artículo noveno del reglamento del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, “ [u]na vez pagados los costos, el tribunal señalará fecha para audiencia en la cual procederá a resolver sobre su competencia”, al tenor del artículo octavo su pago “se hará en la forma y dentro de los plazos al efecto establecidos por la ley”, el de los gastos administrativos del CAC según el reglamento y, de conformidad con los preceptos legales, “ [e]n firme la regulación de gastos y honorarios, cada parte consignará, dentro de los diez (10) días siguientes lo que a ella corresponda”, si una consigna y la otra no, la que consignó “podrá hacerlo por esta dentro de los cinco días siguientes”, y vencidos los plazos legales para “la consignación total, si esta no se realizare, el tribunal declarará mediante auto concluidas sus funciones y se extinguirán los efectos del compromiso, o los de la cláusula compromisoria para este caso, quedando las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria” (art. 144 del D. 1818/98 compilatorio del art. 22, D. 2279/89, modificado en sus incisos 3º y 4º por el art. 105 de la L. 23/91).

Significa lo anterior que, en el arbitraje institucional el tribunal de arbitramento no puede asumir competencia para conocer de las controversias concretas sometidas a su consideración, sino en la oportunidad respectiva, agotado el trámite de la fijación de los costos legales, esto es, instalado en debida forma, “después de establecida la relación jurídica procesal, de admitida la demanda y materializada su contestación, y si fuere el caso, después de aceptada la demanda de reconvención y de contestada la misma”, y por supuesto, efectuada la consignación en la cuantía y término legal, en cuya ausencia, declarará extinguido el pacto arbitral y concluye en sus funciones. Lo anterior, ninguna duda implica.

Por el contrario, el Auto 5 dictado en la mencionada audiencia y su confirmatorio número 6 proferido en la de 24 de mayo de 2010, desde luego, son asuntos que no dependen de la fijación de los costos, pues instalado en legal forma el tribunal, “adquiere jurisdicción y competencia por mandato de la Constitución Política, el pacto arbitral y la instalación para surtir todas las etapas del trámite inicial”, y en consecuencia, admitir la demanda, ordenar la notificación del auto admisorio, correr su traslado y, en su caso, el de las excepciones perentorias, así como continuar el trámite correspondiente. Tal asunto no ofrece motivo de duda.

Finalmente, la Corte deja en claro que la decisión y órdenes impartidas a los árbitros, así como las referencias jurisprudenciales a lo que se ha entendido como vía de hecho, no comporta cuestionamiento a la esfera de los árbitros. Asimismo, este aspecto no ofrece motivo de duda alguno.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, NIEGA la solicitud de aclaración presentada.

Notifíquese lo decidido, mediante comunicación telegráfica a todos los interesados, y envíese copia de esta providencia.

Magistrados: Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.