Danilo Rojas Betancourth

 

Sentencia 2010-00557 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C. treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).

Exp.: 46440

Rad.: 73001-23-31-000-2010-00557-01 (acumulados)

Actor: Mary Bedoya de Zuluaga y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otros

Naturaleza: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia.

8. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en un proceso que, por su cuantía (fl. 26, cdno. 1)(4), tiene vocación de doble instancia.

II. Validez de los medios de prueba

9. Todos los documentos allegados al proceso cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 251 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en la medida en que se aportaron auténticos o en reproducción autenticada, y las copias simples no han sido tachadas de falsas por las partes, esto último en aplicación del criterio jurisprudencial recientemente fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera(5). Mención especial merecen los recortes de prensa allegados con la demanda, que podrán ser apreciados a efectos de determinar la existencia de hechos que sean de interés para el proceso, pero siempre en contexto y en consonancia con las demás pruebas obrantes en el mismo, tal como lo han admitido la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las diferentes subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado(6).

III. Hechos probados

10. Valoradas las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por evidenciados los sucesos que pasan a mencionarse.

10.1. El señor Álvaro Zuluaga Bedoya —occiso—, nacido el 30 de septiembre de 1955, quien era cónyuge de Maribel Roncancio Mora —nacida el 27 de mayo de 1973— y padre de Katerín Zuluaga Roncancio —nacida el 9 de julio de 1995— y Mateo Zuluaga Roncancio —nacido el 19 de enero de 2002—, era también hijo de Mary Bedoya de Zuluaga —nacida el 4 de marzo de 1928— y hermano de Ramiro Zuluaga Bedoya, Yolanda Zuluaga Bedoya, Luz Mary Zuluaga Bedoya, Óscar Augusto Zuluaga Bedoya, Miriam Zuluaga Bedoya y Gloria Esperanza Zuluaga Bedoya (registros civiles, fls. 9 a 19, cdno. 1). Del mismo modo, el señor Álvaro Zuluaga Bedoya era hermano de Marta Lucía Zuluaga Bedoya —nacida el 2 de marzo de 1952—, declarada interdicta mediante sentencia del 9 de agosto de 2010 (fl. 6, cdno. 7).

10.2. Maribel Roncancio Mora se desempeñaba como docente en la Escuela Normal Superior de Villahermosa, Tolima, adscrita a la Secretaría de Educación Departamental (fl. 1, cdno. pbas. 5), municipio ese en el que convivía con su cónyuge Álvaro Zuluaga Bedoya quien, a su vez, hacía las veces de administrador de una finca en una vereda cercana (libros contables y acta de constitución de empresa, fls. 38 a 61; testimonios de María Antonia Cardona García y Luz Marina Parra Martínez, fls. 6 y 8, cdno. pbas. 2).

10.3. Desde comienzos del año 2008, los cónyuges Álvaro Zapata Bedoya y Maribel Roncancio Mora empezaron a recibir amenazas extorsivas, escritas y telefónicas, por parte de unas personas que se hacían identificar como miembros del Frente 47 de la guerrilla de las FARC, comunicaciones todas ellas en las que exigían la entrega de 5 millones de pesos so pena de infligir daños en la integridad y vida de los primeramente mencionados; situación toda ella que fue puesta en conocimiento de la Personería Municipal, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional (fls. 21 a 27, cdno. 1). Con ocasión de esas denuncias las entidades mencionadas llevaron a cabo las actuaciones que pasan a relacionarse.

10.3.1. Según certificación del 30 de enero de 2008, la Personería Municipal de Villahermosa, Tolima, incluyó a Maribel Roncancio Mora en su “... registro único de población desplazada por amenazas impuestas a ella y su familia por grupos al margen de la ley...” (fl. 21, cdno. 1). Además, según oficio del 2 de mayo de 2008, la referida entidad informó sobre la situación a la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima (fl. 119, cdno. 1).

10.3.2. La Estación de Policía del Municipio de Villahermosa, en reunión celebrada el 1 de mayo de 2008, realizó las siguientes recomendaciones de seguridad:

ACTA 007/, QUE TRATA DE LA INSTRUCCIÓN QUE IMPARTE EL SEÑOR PT TORRES VARGAS JAIR HUMBERTO A SU PROTEGIDO EN EL PLAN PADRINO. EN CUANTO A MEDIDAS DE SEGURIDAD, NO OMITIR INFORMACIÓN SOBRE AMENAZAS DE LAS CUALES ESTÉ SIENDO VÍCTIMA SI SE ESTÁ SIENDO VÍCTIMA INFORMAR CUALQUIER NOVEDAD OPORTUNAMENTE. 

EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA, A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE EL COMANDO DE ESTACIÓN EL SUSCRITO Y EL SEÑOR PROFESOR DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA MARIBEL RONCANCIO, CON EL FIN DE DAR AMPLIA INSTRUCCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE VIVE EL PAÍS NO SOLO A NIVEL NACIONAL SINO INTERNACIONAL. 

DE INFORMAR AL POLICIAL CUALQUIER MOVIMIENTO QUE SE REALICE A LA ZONA RURAL O A OTRO MUNICIPIO DIFERENTE DE ESTA LOCALIDAD CON EL FIN DE QUE SI LLEGASE A OCURRIR ALGUNA ANOMALÍA SE TENGA UBICACIÓN INMEDIATA DEL PERSONAJE Y ASÍ REALIZAR LAS GESTIONES DEL CASO. 

EL OBJETIVO DE ESTO ES QUE HAYA UN LAZO DE AMISTAD ENTRE EL PROTEGIDO Y EL PROTECTOR CON EL FIN DE LA COMUNICACIÓN OPORTUNA Y SOBRE TODO EXACTA (fl. 29, cdno. 1, mayúscula del texto citado).

10.3.3. Además, con fecha del 31 de mayo de 2008, el Departamento de Policía del Tolima dirigió una comunicación al Secretario de Educación y al Coordinador del Comité de Docentes Amenazados, en donde informa que el nivel de riesgo padecido por la pareja de Álvaro Zuluaga Bedoya y Maribel Roncancio Mora, era “ordinario”. Textualmente dijo la dependencia policial:

En atención al oficio de la referencia, de manera atenta me permito informar a ese despacho, que funcionarios de la Seccional de Inteligencia se desplazaron hasta el municipio de Villahermosa, donde se entrevistaron con la docente Maribel Roncancio Mora... quien según lo determinado por el Comité de Evaluación del Nivel de Riesgo CANIR DETOL, presenta un nivel de riesgo ordinario, el cual se puede contrarrestar con la correcta implementación de las normas de seguridad y autoprotección, que le fueron suministradas. 

No obstante, el Comandante de la Estación de Policía de Villahermosa, de manera preventiva ha implementado revistas periódicas al lugar de residencia de la funcionaria, con el fin de generarle un ambiente de seguridad y tranquilidad en su entorno. 

Asimismo, a la mencionada se le sugirió informar oportunamente a las autoridades más cercanas cualquier situación sospechosa y abstenerse de cumplir citas a personas desconocidas en lugares lejanos o deshabitados donde no pueda llegar a tiempo la fuerza pública (Ejército y Policía Nacional) (fl. 120, cdno. 1, negrilla del texto citado).

10.3.4. La Fiscalía General de la Nación dio apertura al radicado Nº 738706000479200880031, en el marco del cual se dio curso “... a su trámite ante el Gaula Militar Tolima, Grupo CTI de Ibagué y al comando de la Policía Nacional de Villahermosa Tolima para que adopten las medidas necesarias de asesoría a fin de garantizar su protección efectiva...” (oficio del 5 de febrero de 2008, cdno. 191, cdno. 1). El investigativo antes referido, que sería reabierto con ocasión de la muerte del señor Álvaro Zuluaga Bedoya, fue inicialmente archivado(7) porque, según dijo el ente investigador, los afectados afirmaron que no habían vuelto a recibir las amenazas que habían motivado la denuncia. Tal como lo certificó el Fiscal 5 Especializado del Tolima en el oficio Nº 623 del 5 de octubre de 2011:

Sobre el particular, con igual comedimiento me permito comunicarle que ante la sala de atención al usuario, SAU, de la ciudad de Ibagué, el día 15 de abril de 2008 la señora MARIBEL RONCANCIO MORA formuló denuncia en virtud de que, según la quejosa, después de varias llamadas extorsivas que recibieron ella y su esposo, ÁLVARO ZULUAGA BEDOYA, se dirigieron a la estación de policía con el fin de instaurar denuncia, lo que no se logró porque el comandante no se encontraba, luego de lo cual recibieron un mensaje de texto y varias llamadas en las que un hombre que se identificaba como integrante del Frente 47 de las FARC les manifestaba que deberían desocupar el pueblo (léase Villahermosa, Tolima) porque serían declarados objetivo militar. La denuncia se radicó bajo el NUNC 730016000444200801204. 

Habiendo sido asignada la denuncia a la Fiscalía 52 Seccional de Ibagué, en constancia que data del 17 de abril de 2008 se ordenó la remisión de la misma a la Fiscalía Seccional de Líbano, por jurisdicción. Posteriormente, el 24 de ese mes, el señor Fiscal 42 Seccional de Líbano la remitió a la fiscalía local con sede en Villahermosa en virtud de que debería procederse por la comisión de una presunta conducta punible de extorsión en grado de tentativa. 

Teniendo como precedente el Informe de Investigador de Campo de fecha 20-08-08 suscrito por el funcionario de policía judicial adscrito a la SIJIN... la Fiscalía 62 Local de Villahermosa dispuso el archivo de lo actuado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004). En el referido informe el investigador dio cuenta de que habiendo sostenido entrevista personal con el señor ÁLVARO ZULUAGA BEDOYA y con su esposa MARIBEL RONCANCIO MORA, éstos le manifestaron que no le podían suministrar información alguna por cuanto el caso lo llevaba un teniente del Ejército. En una posterior entrevista le dieron a conocer que no le habían vuelto a realizar llamadas y que estaban poniendo en práctica medidas de autoprotección, pues sólo habían escuchado rumores de que al señor ÁLVARO lo iban a asustar y que como la señora MARIBEL no volvió al colegio, no la habían amenazado ni los habían llamado a extorsionar (fls. 25 y 26, cdno. pbas. Nº 8, carátula azul).

10.4. La docente Maribel Roncancio Mora le solicitó a la Secretaría de Educación Departamental que la reubicara en otro municipio, pues consideraba que peligraba su vida en Villahermosa, debido a las amenazas que había recibido por parte de supuestos integrantes de la guerrilla de las FARC. Con ocasión de dicha petición, la mencionada secretaría libró los oficios Nº 2032, Nº 2033 y Nº 2034 del 16 de abril de 2008, respectivamente dirigidos a la alcaldía municipal de Villahermosa, a la Personería Municipal del mismo municipio y al comandante del Departamento de Policía del Tolima, en los que se solicitaba información acerca de las amenazas recibidas por la mencionada docente (fls. 116 y ss. cdno. 1). Otro tanto se pidió en el oficio Nº 3197 del 5 de junio de 2008 dirigido al Director del Núcleo Educativo de Villahermosa (fl. 121, cdno. 1) quien, en oficio del 14 de julio de 2008, informó a la administración departamental que “... esta dependencia escuchó la versión de la docente en la cual manifiesta que vía teléfono celular ha sido víctima de amenaza en contra de su integridad física y la de su familia...” (fl. 122, cdno. 1).

10.5. En el año 2008, el municipio de Villahermosa venía padeciendo una situación de violencia debido a la presencia de grupos armados ilegales, contexto en el cual varios pobladores recibieron amenazas similares a las padecidas por los cónyuges Álvaro Zuluaga Bedoya y Maribel Roncancio Mora. De ello da cuenta lo consignado en el oficio Nº 24 del 26 de noviembre de 2008 suscrito por la Fiscalía 62 de Villahermosa en donde se dijo que “... existe alarma entre la población por la cantidad de llamadas extorsivas que se vienen presentando...”, situación que fue corroborada por los testigos María Nubia Giraldo Rengifo, María Antonia Cardona García, Luz Marina Parra Martínez y Yaqueline Henao Bedoya (fls. 4 y ss. cdno. pbas. 2).

10.6. El 11 de noviembre de 2008, cuando transitaba por una vía rural del municipio de Villahermosa, el señor Álvaro Zuluaga Bedoya fue asesinado, tal como se observa en el registro civil de defunción (fl. 127, cdno. 1). Del hecho dio cuenta el periódico “El Nuevo Día”, en el que además se hace mención del contexto de los hechos, en los siguientes términos:

Tras interceptar y monitorear las comunicaciones, las autoridades determinaron que las llamadas se estaban realizando desde un teléfono celular que comenzaba por 312, de propiedad del señor Henry Ospina Torres, quien fue secuestrado en septiembre de 2007, y de cuyo paradero no se tienen mayores pistas todavía. Se cree que el rehén está en poder de la misma banda, o que estos lo hayan “vendido” a grupos guerrilleros que operan en el área. 

Después de este caso, otros comerciantes de Villahermosa, en su mayoría cafeteros comenzaron a recibir llamadas extorsivas. El rastreo del Gaula volvió a arrojar que se estaban realizando desde el mismo celular del ciudadano raptado y de un SAI en la localidad. Allí fueron vistos por testigos dos hombres, quienes al parecer ejecutaron las amenazas. 

Las investigaciones siguieron y posteriormente, el pasado 18 de noviembre, fue asesinado a bala en esta localidad, Álvaro Zuluaga Bedoya, primo del denunciante original Carlos Bedoya, aunque no se sabe si este hecho se haya dado contra el comerciante, como una retaliación a su negativa de pagar vacuna... (fl .37, cdno. 1).

10.7. Con ocasión del homicidio del señor Álvaro Zuluaga Bedoya, la Fiscalía 62 de Villahermosa resolvió reabrir la investigación iniciada con las denuncias de amenazas presentadas por la señora Maribel Roncancio Mora, pesquisa que recientemente había sido archivada ante la ausencia de resultados acerca de la identificación de los responsables de las conductas delictivas materia de investigación, tal como se reseñó antes en el presente acápite de hechos probados —párr. 10.3.4, hechos probados—. Las actuaciones llevadas a cabo por el ente investigador a partir de la muerte del familiar de los hoy demandantes en reparación, fueron resumidas en el oficio Nº 054 del 4 de febrero de 2009:

Es de aclarar que sobre el homicidio de que fue víctima su esposo ÁLVARO ZULUAGA BEDOYA está (sic) siendo investigado por la Fiscalía Seccional de Líbano Tolima, donde (sic) se desconocen los móviles del crimen y se encuentra en averiguación de responsables (fl .152, cdno. 1).

10.7.1. Y en el escrito de acusación del 11 de junio de 2010 proferido en contra de los señores Vizmar García Amézquita y Nelson Enrique García Amézquita, se precisaron las incidencias del proceso en los siguientes términos:

A partir del 03 de septiembre del año 2007, se iniciaron en el municipio de Villahermosa Tolima, una serie de extorsiones, por un grupo de personas que se identificaban como miembros del Frente 47 de las FARC, al mando del comandante Marcos y/o Grillo, utilizando para ello un celular número 312 367 2921, mediante llamadas y mensajes de texto en los cuales exigían el pago de sumas de dinero que oscilaban entre cinco (5) y veinte (20) millones de pesos, bajo amenazas de muerte, desplazamiento del municipio o daños a los bienes de sus víctimas. 

Efectiva intimidación que surtía efecto, pues los extorsionados sabían que esa línea celular pertenecía al señor HENRY OSPINA TORRES, quien a partir del 3 de septiembre de 2007, fecha en que fue secuestrado, nunca se volvió a tener noticia de él, presumiéndose que fue asesinado durante su cautiverio. Con el transcurrir del tiempo y en la medida en que cumplían sus amenazas, en sus comunicaciones los extorsionistas sugerían a sus víctimas aceptar sus exigencias, para evitar ser asesinados como le ocurrió a... ÁLVARO ZULUAGA... 

Dentro de las múltiples investigaciones iniciadas con ocasión de estos hechos, la Fiscalía obtuvo variados elementos materiales de prueba, entre ellos los interrogatorios a los indiciados WILLIAM CARRILLO y HERNÁN DE JESÚS RESTREPO, quienes voluntariamente y con todas las garantías legales, aceptaron su coparticipación criminal en estos hechos junto con NELSON y VIZMAR GARCÍA AMÉZQUITA. Además, que a este último le fue incautado un equipo celular, respecto del cual se demostró técnicamente que en este, fue utilizada la sim card número 312 367 29 21 que le fue hurtada el día del secuestro al señor HENRY OSPINA TORRES y la misma utilizada para realizar llamadas y enviar mensajes extorsivos a las siguientes personas, cuyas investigaciones fueron tramitadas por conexidad bajo una misma cuerda procesal, pues se estableció que corresponden a un mismo modus operandi... (fls. 203 y ss. cdno. 1).

10.8. Del mismo modo, la Secretaría de Educación Departamental del Tolima resolvió incorporar a Maribel Roncancio Mora en el registro de docentes amenazados(8) y, además, trasladarla a laborar en una institución educativa del municipio de Melgar. Esto último se llevó a cabo con las siguientes consideraciones y determinaciones:

Decreto Nº 0002 del 07 de enero de 2009 

Por medio del cual se efectúa un traslado transitorio por razones de seguridad a un personal docente vinculado a la planta global de cargos de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima, financiada con recursos del sistema general de participaciones. 

Que el director administrativo de la Secretaría de Educación y Cultura certifica que, revisado el sistema de información de la administración de planta de personal de la Secretaría de Educación y Cultura, la señora MARIBEL RONCANCIO MORA... es docente en propiedad nombrada mediante Decreto Nº 0316 del 5 de julio de 2005, se encuentra asignada en la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Villahermosa sede Escuela Normal superior del municipio de Villahermosa, Tolima. Licenciada Ciencias Sociales. 

Que de conformidad con lo anterior, la Secretaría de Educación del Tolima procederá a la reubicación transitoria de la docente relacionada en el presente acto, teniendo en cuenta que se está a la espera de que los entes de control competentes realicen las investigaciones pertinentes, con el fin de determinar si es procedente concederles (sic) el estatus de amenazados (sic) a los (sic) docentes (sic) relacionados (sic) en aras de salvaguardar la vida e integridad personal, así mismo la prestación del servicio público educativo, dando cumplimiento a los fines esenciales del Estado.

(...) 

Que en virtud de lo anterior, el señor gobernador del departamento; 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO.—Trasladar transitoriamente por razones de seguridad a la señora MARIBEL RONCANCIO MORA... asignada en la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Villahermosa sede Escuela Normal Superior del municipio de Villahermosa, Tolima, al mismo cargo de docente en la Institución Educativa Técnica Sumapaz sede Santa Clara del municipio de Melgar, Tolima, vinculada a la planta global de cargos de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima, financiada con recursos del Sistema General de Participaciones, según certificación expedida por el director administrativo de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima, y de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto (fls. 136 y ss. cdno. 1).

10.9. Con ocasión de la muerte del señor Álvaro Zuluaga Bedoya, quien administraba una finca en zona rural del municipio de Villahermosa, perdieron la ayuda económica que de aquél recibían sus hijos Katerín Zuluaga Roncancio y Mateo Zuluaga Roncancio, así como también la progenitora del difunto y una de sus hermanas, la señora Marta Lucía Zuluaga Bedoya, quien actualmente se encuentra en situación de interdicción judicialmente declarada y bajo la guarda de Yolanda Zuluaga Bedoya —párr. 10.1, hechos probados—. De ello dan cuenta los testimonios de los señores María Nubia Giraldo de Rengifo, Maria Antonia Cardona García, Luz Marina Parra Martínez y Yaqueline Henao Bedoya, personas todas ellas que son coincidentes en sus señalamientos y que afirmaron conocer desde varios años atrás al grupo de personas que pretenden la indemnización de perjuicios en el sub lite (fls. 4 y ss. cdno. 1).

IV. Problema jurídico.

11. Al revisar el fondo de las pretensiones formuladas por la parte actora, es necesario que la Sala estudie la existencia de los elementos que conforman la responsabilidad, como son el daño, un hecho —por acción u omisión— de la Nación – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación y del Departamento del Tolima, así como también el nexo de causalidad entre ellos. En el análisis de la imputación del daño y la determinación de las indemnizaciones, si hubiere lugar a éstas, la Sala se concentrará en dar respuesta a las preguntas que pasan a formularse:

11.1. En lo que tiene que ver con el menoscabo alegado por los peticionarios, es necesario revisar las probanzas que en el proceso existen acerca del deceso de Álvaro Zuluaga Bedoya y la pérdida económica que, según se alega el libelo introductorio, padecieron aquéllos ante la ausencia de la ayuda monetaria que, según dicen, el occiso le prestaba al hogar en que vivía, y también a su núcleo familiar cercano.

11.2. Acto seguido, al revisar la imputación del daño, bajo la premisa de que el menoscabo alegado se encuentra plenamente demostrado —según se verá—, se ocupará la Sala de revisar en el sub lite si existen los elementos suficientes para afirmar que las entidades demandadas tuvieron alguna participación —por acción o por omisión— en la muerte de Álvaro Zuluaga Bedoya, punto en el cual resulta de gran importancia revisar si, a la sazón de las solicitudes de protección elevadas por la señora Maribel Roncancio Mora en forma previa a los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2008, existía alguna obligación especial de protección a favor del hoy fallecido y su familia, y si la misma fue incumplida a la luz de los acontecimientos probados dentro del proceso.

11.3. Comoquiera que se arribará a la conclusión de que le asiste responsabilidad a las entidades demandadas, entonces se ocupará la Sala de estimar, por último, cuáles son las medidas de reparación a las que hay lugar.

V. Análisis de la Sala.

12. La Sala tiene por demostrado el daño alegado por la parte actora, consistente en la muerte violenta de Álvaro Zuluaga Bedoya ocurrida el 11 de noviembre de 2008 en zona rural del municipio de Villahermosa en el Departamento del Tolima —párr. 10.6 hechos probados—. En relación con ese hecho, en la demanda se alega la causación de un daño moral, un daño material y un daño a la vida de relación, respecto de los cuales resultan procedentes las precisiones que pasan a exponerse.

12.1. Por un lado, la Sala tiene por demostrado el daño moral alegado por los accionantes, pues todos ellos acreditaron su relación de parentesco con el fallecido —párr. 10.1, hechos probados— que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, es una circunstancia que permite inferir el sufrimiento padecido como consecuencia del deceso del pariente cercano(9).

12.2. También se encuentra evidenciado, en parte, el daño material cuya reparación pretenden los dolientes de Álvaro Zuluaga Bedoya, pues lo cierto es que en el expediente aparece que dicha persona realizaba una actividad económica productiva antes de su deceso —párr. 10.2, hechos probados—, y que destinaba parte del producto de la misma para el auxilio económico de sus hijos Katerín Zuluaga Roncancio y Mateo Zuluaga Roncancio, y de la madre de aquél, Mary Bedoya de Zuluaga —párr. 10.9, hechos probados—, de lo que se deduce que el homicidio del inicialmente aludido implicó para los segundos un lucro cesante, pero con la precisión consistente en que el resarcimiento de este tipo no fue solicitado por la señora Marta Lucía Zuluaga Bedoya —hermana del occiso—.

12.2.1. En relación con la cónyuge del difunto —señora Maribel Roncancio Mora—, a partir de su trabajo docente, es claro que veía por su propio sostenimiento económico desde su vinculación laboral como docente el 15 de julio de 2008 —párr. 10.2, hechos probados—, la cual persistió incluso después de fallecido su esposo —párr. 10.8, hechos probados—, lo que implica que se denegará en su favor cualquier demostración relacionada con el padecimiento de un daño por lucro cesante(10).

12.2.2. Cosa diferente ocurre frente a los demás hermanos del difunto, respecto de los cuales no existe demostración alguna que indique que de él dependían económicamente, por lo que no está demostrado el daño material en relación con ellos.

12.3. Y frente al daño en la vida de relación, observa la Sala que en el proceso no existe probanza alguna que señale que los demandantes, con ocasión de la muerte del señor Álvaro Zuluaga Bedoya, hayan tenido alguna alteración en su salud o en sus condiciones de existencia.

13. Al revisar la imputación del daño, principiará la Sala por determinar cuál es el régimen de atribución de responsabilidad aplicable al caso concreto y, acto seguido, pasará a estudiarse si en el asunto sub examine se demostró la existencia de alguna obligación especial de protección a cargo de las entidades demandadas respecto de Álvaro Zuluaga Bedoya y su familia, con supuesto incumplimiento de la misma por haberse demostrado el deceso del susodicho en las circunstancias en que ello aconteció.

13.1. De conformidad con las imputaciones hechas en el libelo introductorio y en las demás intervenciones procesales llevadas a cabo por el extremo demandante, el régimen de responsabilidad aplicable al presente caso es el de falla del servicio, pues se investiga la responsabilidad del Estado porque, supuestamente, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación y el Departamento del Tolima participaron por omisión en los hechos que desembocaron en la muerte de Álvaro Zuluaga Bedoya.

13.1.1. Al respecto es pertinente tener en cuenta la jurisprudencia de la Subsección “B” de acuerdo con la cual, cuando en determinado caso se debate la responsabilidad del Estado por graves violaciones a derechos humanos, el mismo debe ser estudiado bajo la óptica de la falla del servicio. Se dijo en la sentencia del 28 de agosto de 2014:

14.2 El régimen de responsabilidad aplicable al sub lite es el de la falla del servicio, título jurídico de imputación alegado por los actores en el libelo de la demanda a través del cual pretenden ser resarcidos integralmente por los perjuicios padecidos. Tratándose de graves violaciones a los derechos humanos, el juicio de responsabilidad se enmarca en la denominada responsabilidad subjetiva materializada en el título de falla del servicio. 

14.3. En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en sede de reparación directa ha condenado en varios fallos a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por víctimas del conflicto armado que, inexplicablemente, perdieron la vida en presuntos operativos militares o combates armados con grupos organizados al margen de la ley; de estas situaciones fácticas se ha derivado la responsabilidad del Estado bajo el título jurídico de imputación de falla del servicio por las violaciones a deberes funcionales de origen convencional, constitucional y legal(11).

13.1.2. Dicho régimen, en tanto que puede estar referido a casos en los que resulta especialmente difícil la probanza de la participación de agentes estatales en graves violaciones de derechos humanos, admite estándares probatorios menos severos que los que normalmente se aplican para la demostración de la responsabilidad administrativa:

Igualmente, es importante señalar que en esta clase de asuntos, así como los relacionados con desapariciones forzadas, la valoración probatoria debe realizarse con especial cuidado, toda vez que conlleva una dificultad mayor que otros casos, en razón de su particularidad y características únicas. Es claro que en este tipo de delitos, no existen pruebas directas de las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos y los implicados tampoco son fácilmente identificados, por lo tanto, la prueba indiciaria debe ser utilizada a la hora de argumentar y fundamentar las decisiones, así lo ha reiterado esta corporación en diferentes oportunidades...(12).

13.1.3. Aplicados dichos criterios al caso concreto, se aprecia que se persigue la indemnización de los perjuicios causados con el deceso de Álvaro Zuluaga Bedoya y, para esos efectos, se asevera que las accionadas omitieron su deber de protección frente a las amenazas padecidas por los hoy peticionarios en resarcimiento; señalamientos todos ellos que son susceptibles de ser analizados bajo el régimen de falla del servicio y con un estándar de exigencia probatoria más blando que el que normalmente se utiliza para evaluar la atribución de daños a la administración, en observancia de los criterios jurisprudenciales referidos más arriba.

13.2. Para verificar la presencia de una falla del servicio en el caso concreto, estima pertinente la Sala estudiar la existencia de alguna obligación especial de protección a cargo de las instituciones demandadas con respecto al fallecido Álvaro Zuluaga Bedoya pues, tal como pasa a exponerse, en el plenario existen pruebas de que la administración conocía de las amenazas que pesaban respecto del aludido difunto y su familia, lo que implica que se habría incurrido en una omisión al no haberse desplegado las acciones pertinentes para evitar la materialización de las intimidaciones procedentes de grupos armados ilegales, en un contexto en el que era conocido el riesgo que pesaba sobre varios pobladores del municipio de Villahermosa en el Departamento del Tolima.

13.2.1. En relación con este punto en el proceso se demostró que, una vez recibidas las amenazas, la señora Maribel Roncancio Mora puso la situación en conocimiento de la Personería Municipal, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional —párr. 10.3, hechos probados—, entidades todas ellas que acusaron el recibo de la noticia y que llevaron a cabo actuaciones tales como la inclusión en un registro de población amenazada a partir del 30 de enero de 2008 —párr. 10.3.1, hechos probados—, la formulación de algunas recomendaciones de seguridad en reunión llevada a cabo 31 de mayo de 2008 por el Departamento de Policía del Tolima —párr. 10.3.2, hechos probados—, la comunicación de la situación al comité de docentes amenazados —párr. 10.3.3, hechos probados— y la iniciación de una investigación penal —pár. 10.3.4, hechos probados—, todo lo cual indica que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional estaban plenamente apercibidas de la situación de riesgo que pesaba sobre la denunciante y su familia.

13.2.2. La Secretaría de Educación Departamental del Tolima, por su parte, también tuvo conocimiento de las amenazas recibidas por la señora Maribel Roncancio Mora, y con ocasión de las mismas libró varios oficios dirigidos a diferentes dependencias administrativas en las que solicitaba información sobre esas intimidaciones, y obtuvo respuesta por parte del director del Núcleo Educativo de Villahermosa quien corroboró la existencia de las llamadas amenazantes —párr. 10.4, hechos probados—, lo que implica que la entidad aquí referida tenía pleno conocimiento de la situación de peligro que se cernía sobre la mencionada docente y su familia.

13.2.3. Además, la situación de inseguridad existente en el municipio de Villahermosa, originada en parte por el actuar de extorsionistas y grupos armados al margen de la ley, era una circunstancia de público conocimiento, tal como se refiere en el oficio Nº 24 del 26 de noviembre de 2008 emanada de la Fiscalía 62 —párr. 10.5, hechos probados— y en el reportaje periodístico elaborado con ocasión de los hechos materia del presente litigio —párr. 10.6, hechos probados—, de tal manera que era obligación de las entidades concernidas en el presente proceso de reparación directa tener en especial consideración las amenazas cuya existencia denunció Maribel Roncancio Mora, pues las circunstancias de lugar de las mismas tenían que ver con un sitio —el municipio de Villahermosa— en donde era conocida y generalizada la alteración del orden público por causa de la actuación de extorsionistas.

13.2.4. Ello se enmarca en el criterio que ha sido mantenido por esta Subsección “B” en casos similares al de autos, en donde se ha dicho que es posible imputar responsabilidad a la administración cuando quiera que se demuestre que hubo un conocimiento previo sobre amenazas particulares que pesaban sobre las personas que persiguen la indemnización y, pese ello, no se llevaron a cabo las medidas de protección suficientes para preservar a las víctimas. En los términos expuestos en la sentencia del 29 de mayo de 2014:

Al respecto, es pertinente recordar que la Sala ha establecido que el Estado es responsable de reparar los daños sufridos por las víctimas de un hecho violento causado por terceros cuando: (i) el mismo es perpetrado con la intervención o complicidad de agentes del Estado...; (ii) la persona contra quien se dirigió el ataque solicitó medidas de seguridad a las autoridades y estas no se las brindaron..., (iii) la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida... y (iv) en razón de las especiales circunstancias sociales y políticas del momento, el atentado era previsible y, sin embargo, no se adelantaron las acciones correspondientes... 

Así, en estos casos, la Sala ha considerado que la responsabilidad del Estado surge por el incumplimiento del deber constitucional y legal de proteger la vida y la seguridad de la víctima, es decir, de la omisión respecto de la conducta debida, la misma que de haberse ejecutado habría evitado el resultado... y la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del servicio...(13).

13.2.5. En los anteriores términos, estima la Sala que en el presente caso existía una obligación especial de protección a cargo de las entidades demandadas debido a la situación de amenaza que pesaba sobre Álvaro Zuluaga Bedoya y Maribel Roncancio Mora, en la medida en que ello fue puesto en oportuno conocimiento de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima. Ahora bien, en la medida en que fueron insuficientes las medidas de amparo desplegadas por las mencionadas entidades, entonces será procedentes declararlas responsables del daño demostrado, tal como pasa a explicarse.

13.3. En el caso concreto, considera la sala que hubo una omisión en el deber especial de protección que cobijaba a la pareja de cónyuges Álvaro Zuluaga Bedoya y Maribel Roncancio Mora, pues resultaron insuficientes las medidas de protección implementadas por las entidades demandadas quienes, con posterioridad al homicidio del primero de los referidos, se vieron obligadas a asumir otras precauciones en un momento que ya era tardío para tratar de evitar la ocurrencia de los hechos que hoy se lamentan.

13.3.1. En efecto, una vez enterada de la situación de riesgo que pesaba sobre la pareja de esposos, la Policía Nacional se limitó a aconsejar algunas medidas de seguridad, tal como ya se anotó, y posteriormente, en comunicación del 31 de mayo de 2008 —párr. 10.3.3, hechos probados—, certificó que el nivel de riesgo era apenas “ordinario”, y tan solo recomendó “normas de seguridad y autoprotección” sin disponer acción alguna por parte de los agentes policiales a efectos de tratar de evitar la acción de los extorsionistas.

13.3.2. La Fiscalía General de la Nación, por otra parte, si bien dio apertura a una investigación penal con el objetivo de identificar a las personas responsables de las actuaciones extorsivas en contra de la pareja de cónyuges Álvaro Zuluaga Bedoya y Maribel Roncancio Mora, posteriormente archivó ese investigativo al no lograr resultado alguno en las pesquisas —párr. 10.3.4, hechos probados—, y sólo lo reabrió cuando tuvo noticia de la muerte del cónyuge de la docente —párr. 10.7, hechos probados—, sin que se observe que el ente investigador haya llevado a cabo actuación alguna direccionada a proteger a dichas personas en su condición de víctimas de una conducta delictiva, de tal forma que la falta de una investigación seria sobre los hechos, y la ausencia de medidas de amparo, fueron factores que facilitaron el actuar delictivo de los delincuentes que acabaron con la vida del señor Álvaro Zuluaga Bedoya.

13.3.3. Y la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, quien fue notificada de las amenazas antes de que tuviera lugar el homicidio de Álvaro Zuluaga Bedoya, se limitó a dirigir oficios a otras instancias administrativas —párr. 10.4, hechos probados— con los que trataba de verificar la veracidad de las amenazas que le fueron puestas en conocimiento, y sólo ordenó el traslado de la docente Maribel Roncancio Mora y su inclusión en el registro de docentes amenazados, cuando se conoció el asesinato de su cónyuge a manos de personas desconocidas —párr. 10.8, hechos probados—, lo que implicó la materialización de las intimidaciones que se venían efectuando. En este punto, a la Sala le repugna el hecho de que, ante la solicitud de traslado formulada por la docente Maribel Roncancio Mora, el Departamento del Tolima haya dedicado sus esfuerzos a verificar la veracidad de las alegaciones hechas por la mencionada servidora, antes que encaminarlos a lograr su efectiva protección.

13.3.4. Como se observa, las medidas adoptadas por las entidades demandadas resultaron ser insuficientes en el tiempo en que se conocían las amenazas, y sólo fueron drásticas en el momento en que aquellas se convirtieron en realidad, cuando era ya demasiado tarde para tratar de evitar el daño padecido por los hoy demandantes en reparación, lo que implica la existencia de una falla del servicio que hace procedente la declaración de responsabilidad a cargo de la Nación-Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, y también respecto del Departamento del Tolima.

13.3.5. Aquí la Sala aclara que, si bien es cierto que la muerte del señor Álvaro Zuluaga Bedoya fue causada por terceros ajenos a las accionadas en reparación, lo cierto es que dicha situación no es suficiente para eximirlas de responsabilidad, pues las actuaciones de los delincuentes extorsionistas no fueron exclusivas, y fueron facilitadas por la conducta omisiva de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento del Tolima(14).

13.3.6. Del mismo modo, en la medida en que el daño imputado fue causado concomitantemente por las omisiones de las entidades demandadas, entonces todas ellas serán llamadas a responder solidariamente frente a los demandantes, en los términos establecidos por el artículo 2344 del Código Civil, a cuyo tenor:

ART. 2344.Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. 

Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso. 

14. En suma, en atención a que las entidades accionadas en reparación conocían de la amenaza que pesaba sobre los cónyuges Álvaro Zuluaga Bedoya y Maribel Roncancio Mora, no sólo porque las mismas fueron informadas por parte de los afectados sino también debido al contexto circunstancial existente en el municipio de Villahermosa para la época de los hechos; entonces la obligación de protección que les atañía no era aquella general que surge del inciso segundo del artículo 2 de la Constitución Política(15), sino que implicaba un deber especial o cualificado que, al no ser cumplido, facilitó la acción de los delincuentes que perpetraron los hechos que hoy se lamentan.

VI. Conclusión.

15. De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, observa la Sala que, tal como lo decidió el a quo, en el presente caso hay lugar a proferir una sentencia condenatoria en contra de las entidades demandadas, lo que implica que se revoque la sentencia apelada, esto es, la proferida el 21 de enero de 2013 por el Tribunal Administrativo del Tolima para, en su lugar, proferir un fallo parcialmente favorable a las pretensiones de los demandantes, conforme a las indemnizaciones que pasan a determinarse en los puntos subsiguientes.

VIII. Medidas de reparación.

16. Tal como antes se precisó, en el presente caso están demostrados los perjuicios morales alegados por todos y cada uno de los demandantes, y los materiales por lucro cesante alegados por Katerín Zuluaga Roncancio, Mateo Zuluaga Roncancio, Maribel Roncancio Mora, Marta Lucía Zuluaga Bedoya y Mary Bedoya de Zuluaga. En lo subsiguiente, se concentrará la Sala en determinar el monto de cada uno de esos perjuicios, a efectos de decretar las indemnizaciones a que haya lugar.

16.1. En lo que tiene que ver con el perjuicio moral cuya indemnización reclaman los demandantes, la Sala fijará en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los peticionarios(16), con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(17), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia...(18), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(19).

16.1.1. Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que recientemente la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia(20) frente a la indemnización por el daño moral surgido de la muerte de un familiar y estableció que, por regla general, los cónyuges o compañeros permanentes, y también los parientes en el primer grado de consanguinidad –padres e hijos–, tienen derecho a una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la firmeza de la sentencia, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral padecido por el deceso del allegado. Los parientes en el segundo grado de consanguinidad —como es el caso de los hermanos—, por su parte, tienen derecho a una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de ejecutoria del fallo.

16.1.2. En ese orden de ideas, a favor de cada uno de los demandantes Mary Bedoya Zuluaga —madre—, Maribel Roncancio Mora —cónyuge—, Katerín Zuluaga Roncancio —hija— y Mateo Zuluaga Roncancio —hijo—, se reconocerá la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al instante de firmeza de esta sentencia, a título de indemnización de perjuicios morales por la muerte del señor Álvaro Zuluaga Bedoya.

16.1.3. Y a favor de cada uno de los demandantes Ramiro Zuluaga Bedoya, Yolanda Zuluaga Bedoya, Luz Mary Zuluaga Bedoya, Óscar Augusto Zuluaga Bedoya, Miriam Zuluaga Bedoya, Gloria Esperanza Zuluaga Bedoya y Marta Lucía Zuluaga Bedoya, todos ellos hermanos del occiso, se reconocerá la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de esta sentencia, a título de indemnización de perjuicios morales por la muerte del señor Álvaro Zuluaga Bedoya.

16.2. En lo tocante con los perjuicios materiales por lucro cesante, en el proceso se demostró que el fallecido Álvaro Zuluaga Bedoya le prestaba ayuda económica sólo a los demandantes Katerín Zuluaga Roncancio —hija— nacida el 9 de julio de 1995, Mateo Zuluaga Roncancio —hijo— nacido el 19 de enero de 2002, Marta Lucía Zuluaga Bedoya —hermana— nacida el 2 de marzo de 1952 y Mary Bedoya de Zuluaga —madre— nacida el 4 de marzo de 1928. Para la liquidación de este monto indemnizatorio se tendrán en cuenta los criterios fijados en la reciente sentencia de unificación proferida el 22 de abril de 2015 por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se dijo que “... a los integrantes del grupo familiar que dejaron de percibir la ayuda económica del fallecido se les liquidará el lucro cesante con el acrecimiento al que tienen derecho, por el hecho de extinguirse la ocurrencia de cada uno de los demás miembros que limitaba la participación de los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades del núcleo familiar...(21), lo que implicó una variación de las reglas que venía utilizando la jurisprudencia para la liquidación del tipo de daño al que se alude en el presente acápite. La indemnización comprende, en todo caso, un periodo relacionado con el lucro cesante debido o consolidado, y otro atinente al lucro cesante futuro.

16.2.1. Al liquidarse el lucro cesante debido o consolidado debe tenerse en cuenta que para el 11 de noviembre de 2008, fecha de la muerte de Álvaro Zuluaga Bedoya dicha persona tenía 53,03 años(22). De ello se deduce que al antes nombrado le quedaban 25,12 años de vida probable; que a la hermana de aquél —Marta Lucía Zuluaga Bedoya—, que contaba con 55,03 años, le quedaban 24,89 años de vida; y que a su madre —Mary Bedoya de Zuluaga—, quien tenía 84,03 años, le quedaban 6,79 años de vida probable.

16.2.1.1. Así mismo, al tiempo del fallecimiento del señor Álvaro Zuluaga Bedoya, su hija —Katerín Zuluaga Roncancio—, nacida el 9 de julio de 1995, tenía 12,01 años y estaba a 12,99 años de cumplir la edad de 25 años. Y al otro hijo —Mateo Zuluaga Roncancio—, que nació el 19 de enero de 2002 y tenía 5,02 años, le quedaban 19,98 años para alcanzar la edad de 25 años.

16.2.1.1. Siendo así, la hermana Marta Lucía Zuluaga Bedoya habría recibido ayuda durante más largo tiempo, comoquiera que su expectativa de vida es mayor que la de los demás demandantes mayores de edad, y que el periodo faltante para que cada uno de los hijos alcance la edad de 25 años. Entonces, el tiempo máximo (Tmax) a liquidar será de 24,89 años, o sea, 298,68 meses de vida probable del fallecido Álvaro Zuluaga Bedoya pues, habida cuenta de que desde un punto de vista probabilístico habría vivido menos que el hermano muerto, es dable pensar que a partir del hipotético deceso de este, aquélla no recibiría su apoyo, aun cuando lo sobreviviera. De los 25,12 años ya se han consolidado (Tcons) 8,4 años —100,5 meses— contados desde el 11 de noviembre de 1999 hasta la época de expedición del presente fallo en marzo del año 2017. Con ello quedan como futuros 198,18 meses.

16.2.1.2. Entonces, durante los primeros 6,79 años —81,48 meses— (Pd1), mientras Mary Bedoya de Zuluaga alcanzó los años de su vida probable, se asignará la renta consolidada por partes iguales a la madre —Mary Bedoya de Zuluaga—, la hermana —Marta Lucía Zuluaga Bedoya—, a la hija —Katerín Zuluaga Roncancio— y al hijo —Mateo Zuluaga Roncancio—. Durante los siguientes 1,585 años —19,02 meses— (Pd2), mientras se expidió el presente fallo, se asignará la renta por partes iguales a los mismos demandantes. Todo lo anterior se hará descontando los mayores gastos personales que habría tenido el fallecido, correspondientes al 25% de la renta bruta.

16.2.1.3. En el momento de su muerte, aunque se sabía que el señor Álvaro Zuluaga Bedoya desempeñaba una actividad productiva, lo cierto es que no se conoce cuál es el monto de lo que monetariamente percibía por la misma, de tal forma que la Sala partirá del presupuesto de que el mencionado señor devengaba un salario mínimo como el actualmente vigente, en una suma de $ 737.717, monto que se incrementará en un 25% correspondiente a las prestaciones sociales que debía percibir, producto al que se le reducirá un 25% que, según se presume, destinaba al sostenimiento propio, operación de la cual se obtiene la renta líquida de $ 691.609,69.

16.2.1.4. Con este valor se calcula la renta dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo consolidado así:

Rc = Ra * [(1+i)n-1] ÷ i

Donde i = al interés mensual legal (0,004867); n = Tcons = 100,5 meses

Rc = 691 609,7 * [(1 + 0,004867)100,5-1] ÷ 0,004867 = $ 89.377.598

16.2.1.5. Se tiene, entonces, que durante el tiempo consolidado (100,5 meses) los parientes del fallecido dejaron de percibir una renta total de $ 89.377.598, destinado al apoyo que el padre, hijo y hermano habría brindado, si viviese, al grupo familiar.

16.2.1.6. Y, asimismo, se calcula la renta dejada de percibir por los parientes del fallecido, si este viviese, durante el tiempo futuro, así:

Rf = Ra * [(1 + i)n - 1] ÷ [i * (1 + i)n]

Donde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tfut) = 198,18 meses.

Rf = 691.609,7 * [(1 + 0,004867)198,18 - 1] ÷ [0.004867 * (1 + 0,004867)198,18]

Rf = $ 87.811.764

16.2.1.7. O sea que durante el tiempo futuro (198,18 meses), los parientes dejaron de percibir una renta total de $ 87.811.764, que el fallecido, si viviese, habría destinado al grupo familiar.

16.2.1.8. Y se procede al cálculo del lucro cesante con acrecimiento para cada uno de los actores beneficiarios, distribuyendo los valores de la renta calculada en los periodos de acrecimiento, tal como pasa a explicarse.

16.2.1.9. En los primeros 81,48 meses de lucro cesante consolidado (Pd1), mientras se cumple la vida probable de Mary Bedoya de Zuluaga, se asigna el valor de renta consolidada a distribuir (Vd) en ese periodo. Al efecto se calcula el valor mensual de la renta consolidada (Rc/Tcons) y el valor resultante se multiplica por el número de meses del periodo a asignar. O sea:

Vd = (Rc ÷ Tcons) * Pd1

Vd = [89.377.598 ÷ 100,5] * 81,48

Vd = 72.462.554

16.2.1.10. Así, el valor de la renta consolidada a distribuir en el primer periodo, de 81,48 meses, es de $ 72.462.554. De los cuales se una división por partes iguales, cuyo dividendo se otorga a cada uno de los demandantes Mary Bedoya de Zuluaga, Marta Lucía Zuluaga Bedoya, Katerín Zuluaga Roncancio y Mateo Zuluaga Roncancio; es decir la suma de $ 18.115.638 para cada uno de ellos.

16.2.1.11. En los siguientes 19,02 meses de lucro cesante consolidado (Pd2), mientras se expide el presente fallo, se asigna el valor de la renta a distribuir (Vd) en ese periodo. Esto es:

Vd = (Rc ÷ Tcons) * Pd2

Vd = (89.377.598 ÷ 100,5) * 19,02

Vd = 16.915.044

16.2.1.12. Y la porción que le habría correspondido a Mary Bedoya de Zuluaga, correspondiente a una cuarta parte de la renta, esto es, $ 4.228.761, acrece por partes iguales las cuotas de los demás beneficiarios. Entonces, a cada uno de los demás tres demandantes —Katerín Zuluaga Roncancio, Mateo Zuluaga Roncancio y Marta Lucía Zuluaga Bedoya— se reconocerá la suma de $ 5.638.348.

16.2.1.13. En resumen, la liquidación del lucro cesante consolidado es la siguiente:

Mary Bedoya de Zuluaga: $ 18.115.638

Marta Lucía Zuluaga Bedoya: $ 23.753.986

Katerín Zuluaga Roncancio: $ 23.753.986

Mateo Zuluaga Roncancio: $ 23.753.986

16.2.2. Al liquidarse el lucro cesante futuro, se tiene en cuenta el periodo entre la expedición del presente fallo y la fecha en que Katerín Zuluaga Roncancio cumplirá los 25 años —9 de julio de 2020—, lo que arroja como resultado un periodo (Pd1) de 40 meses. Por este periodo la renta (Vd) se determina así:

Vd = (Rf ÷ Tfut) * Pd1

Vd = (87.811.764 ÷ 198,18) * 40

Vd = 17.723.638

16.2.2.1. Dicha suma se divide por partes iguales entre los demandantes Marta Lucía Zuluaga Bedoya, Katerín Zuluaga Roncancio y Mateo Zuluaga Roncancio, con lo que se reconocerá para cada uno la suma de $ 5.907.879.

16.2.2.2. Y el próximo periodo comprende los próximos 78,18 meses que representan lo que le falta al demandante Mateo Zuluaga Roncancio para cumplir los 25 años (Pd2), sin tener en cuenta el periodo ya transcurrido para el primer periodo liquidado (Pd1) y la renta se calcula así:

Vd = (Rf ÷ Tfut) * Pd1

Vd = (87.811.764 ÷ 198,18) * 78

Vd = 34.561.094

16.2.2.3. Dicha suma se divide por partes iguales entre los demandantes Mateo Zuluaga Roncancio y Marta Lucía Zuluaga Bedoya, lo que implica que se reconozca para cada uno de ellos la suma de $ 17.280.547.

16.2.2.4. Finalmente, se tiene en cuenta el tercer periodo (Pd3), que corresponde a los 80,18 meses que, descontados los dos periodos anteriores (Pd1 y Pd2), le quedarían al difunto para prestar ayuda económica a la señora Marta Lucía Zuluaga Bedoya. A partir del período Pd3, se liquida la renta así:

Vd = (Rf ÷ Tfut) * Pd1

Vd = (87.811.764 ÷ 198,18) * 80,18

Vd = 35.527.032

16.2.2.5. Teniendo en cuenta que estos $ 35.527.032 corresponden al 75% de los ingresos que hubiera percibido el fallecido luego de que sus hijos alcanzaran 25 años (pues al inicio se dedujo de la base el 25% de gastos propios del causante), de esta base se le reconocerá a la hermana sobreviviente el 50% de los ingresos remanentes, esto es la suma de $ 17.763.516, pues en esas circunstancias de independencia económica de los hijos, el trabajador habría aumentado las reservas para sus propias necesidades, quedando con esta distribución, el 50% de los ingresos restantes tanto para el occiso como para la hermana dependiente sobreviviente.

16.2.2.6. En síntesis, las sumas liquidadas por concepto de lucro cesante futuro son las siguientes:

a) Katerín Zuluaga Roncancio: $ 5.907.879

b) Mateo Zuluaga Roncancio: $ 23.188.426

c) Marta Lucía Zuluaga Bedoya: $ 40.951.942

16.2.3. La sumatoria de las indemnizaciones antes determinadas, arroja como resultado las siguientes sumas en beneficio de cada uno de los demandantes:

a) Mary Bedoya de Zuluaga: $ 18.115.638

b) Katerín Zuluaga Roncancio: $ 29.661.865

c) Mateo Zuluaga Roncancio: $ 46.942.412

d) Marta Lucía Zuluaga Bedoya: $ 64.705.928

16.3. Ahora bien, en aras de la congruencia que debe tener el fallo con las pretensiones solicitadas en la demanda, las sumas antes mencionadas sólo podrán ser reconocidas en la medida en que no superen los montos solicitados en el libelo introductorio, en donde se solicitó por concepto de perjuicios materiales una indemnización de trescientos millones de pesos ($ 300.000.000) dividida en partes iguales entre todos los demandantes —párr. 1.1, antecedentes—. De esa forma, si se actualiza a valor presente la suma pedida en el escrito genitor del proceso(23), se tiene que las condenas que se decretarán, sumadas, no podrán superar la suma de:

Renta actualizada = $ 300.000.000 * [136,12133 ÷ 104,44808]

Renta actualizada = $ 390.973.190

16.3.1. La sumatoria de los guarismos hallados con base en la liquidación del acrecimiento, asciende a $ 159.425.843, entonces, no se desconoce el principio de congruencia si se reconocen los totales por lucro cesante anteriormente hallados.

IX. Costas

17. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de alguna de las partes o de los demás intervinientes procesales, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se profiera una condena de ese tipo.

18. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

De conformidad con lo expuesto en la parte motiva, REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 21 de enero de 2013 por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE administrativa y solidariamente responsables a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, a la Nación-Fiscalía General de la Nación y al Departamento del Tolima por la muerte del señor Álvaro Zuluaga Bedoya ocurrida el 11 de noviembre de 2008.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE solidariamente a la Nación-Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a la Nación – Fiscalía General de la Nación y al Departamento del Tolima a pagar a los demandantes, a título de indemnización de perjuicios, las siguientes condenas:

A) A favor de la señora Mary Bedoya de Zuluaga, como indemnización de los perjuicios morales padecidos, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes con su valor al momento de la ejecutoria del presente fallo; y como indemnización de perjuicios materiales la suma de dieciocho millones ciento quince mil seiscientos treinta y ocho pesos ($ 18.115.638) m/cte.

B) A favor de la señora Katerín Zuluaga Roncancio, como indemnización de los perjuicios morales padecidos, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes con su valor al momento de la ejecutoria del presente fallo; y como indemnización de perjuicios materiales la suma de veintinueve millones seiscientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y cinco pesos ($ 29.661.865) m/cte.

C) A favor del señor Mateo Zuluaga Roncancio, como indemnización de los perjuicios morales padecidos, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes con su valor al momento de la ejecutoria del presente fallo; y como indemnización de perjuicios materiales la suma de cuarenta y seis millones novecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos doce pesos ($ 46.942.412) m/cte.

D) A favor de la señora Marta Lucía Zuluaga Bedoya, como indemnización de los perjuicios morales padecidos, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes con su valor al momento de la ejecutoria del presente fallo; y como indemnización de perjuicios materiales la suma de sesenta y cuatro millones setecientos cinco mil novecientos veintiocho pesos ($ 64.705.928) m/cte.

E) A favor de la señora Maribel Roncancio mora, como indemnización de los perjuicios morales padecidos, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes con su valor al momento de la ejecutoria del presente fallo.

F) A favor de cada uno de los señores Ramiro Zuluaga Bedoya, Yolanda Zuluaga Bedoya, Luz Mary Zuluaga Bedoya, Óscar Augusto Zuluaga Bedoya, Miriam Zuluaga Bedoya y Gloria Esperanza Zuluaga Bedoya, como indemnización de los perjuicios morales padecidos, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes con su valor al momento de la ejecutoria del presente fallo.

3. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas por el trámite de la segunda instancia.

5. EXPEDIR, por secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

6. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. En firme este proveído, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase.

Consejeros: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Sala—Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz del Castillo, (ausente con excusa)».

4 En la demanda se estima el monto de todos los perjuicios cuya indemnización se solicita, en $ 1.330.000.000 pesos m/cte., sumatoria que determina la cuantía del proceso en los términos regulados por la Ley 1395 de 2010. El numeral 6º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, tal como quedó después de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, dispone que la cuantía necesaria para que un proceso sea de doble instancia —y conocido en segundo grado por el Consejo de Estado—, debe ser superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La estimación de la cuantía en el caso concreto es superior a la suma fijada por el legislador procesal pues, para la época en que se presentó la demanda, 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes valían $ 257.500.000, si se tiene en cuenta que el salario mínimo vigente para esa época era $ 515.000.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, Rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros, demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros.

6 Para un recuento jurisprudencial acerca de la posibilidad de valorar reportes periodísticos, puede revisarse, entre otros, el siguiente pronunciamiento de la Subsección “B”: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, sentencia del 29 de agosto de 2014, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 25000-23-26-000-1997-14961-01 (acumulado), Nº interno 28373, actor: Triturados del Tolima Limitada y otros, demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Allí se dijo: “... la Sala dará valor probatorio a los recortes de prensa, en el sentido de considerar que está demostrada la divulgación de ciertos hechos en medios de comunicación de amplia circulación, según se dejará explicado en el siguiente punto de las consideraciones de la presente providencia. En caso de que exista correspondencia entre los sucesos narrados por los reportes periodísticos y los hechos señalados por las demás pruebas del proceso, se tendrán por ciertos los hechos narrados en tales medios de convicción, según la postura contenida en las providencias a las que se hizo referencia en los acápites anteriores...”.

7 Así se le hizo saber a la señora Maribel Roncancio Mora en el oficio Nº 171 del 21 de agosto de 2008, en donde se consignó: “De manera comedida me permito informarle que la carpeta de la referencia donde usted es denunciante ha sido archivada en fecha agosto 20 de 2008 por no poderse identificar e individualizar los autores del hecho, sin perjuicio de volverse a reabrir el caso de sobrevenir nuevas pistas...” (fl. 30, cdno. 1).

8 Así se consignó en el oficio Nº 3140 del 27 de abril de 2009: “Con toda atención me permito informarle que el Comité Departamental de Docentes Amenazados del Tolima, en reunión celebrada el día 5 de marzo de 2009, mediante acta Nº 001, decidió concederle status de amenazada, de acuerdo a los hechos y circunstancias planteadas por usted y las investigaciones realizadas por los organismos competentes” (fl. 139, cdno. 1).

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 2003, C.P. María Elena Giraldo Gómez, radicación n.° 76001-23-31-000-1994-9874-01(14083), actor: Jorge Enrique Rengifo Lozano y otros, demandado: Departamento del Valle del Cauca. Se dijo en esa sentencia: “... la jurisprudencia en la actualidad, en lo que atañe particularmente con el daño moral, tiene en cuenta dicha base legal sobre la regulación probatoria de los hechos procesales y por ello lo que concierne con el daño moral de los parientes (padres, hijos, hermanos y abuelos) lo ve indicado mediante prueba lógica indirecta, cuando se demuestra plenamente el hecho del parentesco, pues la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre estos parientes existe afecto...” (negrilla del texto citado).

10 En este punto, la Sala de Subsección “B” reafirma la postura jurisprudencial que había sido manifestada por ella misma en la sentencia del 8 de julio de 2016, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 50001-23-31-000-2000-00162-01 (31987), actor: Gladys María Suárez Serrano.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, sentencia del 28 de agosto de 2014, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, Rad. 05001-23-25-000-1999-01063-01 (32988), actor: Félix Antonio Zapata González y otros, demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “C”–, sentencia del 13 de junio de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, Rad. 05001-23-31-000-1995-00998-01 (25180), actor: Ovidio Adolfo Ardila, demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”–, sentencia del 29 de mayo de 2014, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, Rad. 25000-23-26-000-1998-00660-01 (30377), actor: Primitiva Bernal de Martínez y otros, demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros.

14 Tal como lo ha decidido la Sala en casos similares al de autos. Consultar al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, sentencia del 8 de julio de 2016, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 50001-23-31-000-2000-00162-01 (31987), actor: Gladys María Suárez Serrano, demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros.

15 Constitución Política, artículo 2º, segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), Belén González y otros – William Alberto González y otra, demandado: Nación – Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de Vías, Invías.

17 Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “... descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodean los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad...” (sentencia del 16 de junio de 1994, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, Rad. 7 445, actor: María Luisa Perdomo Lozada). Igualmente pude verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, Rad. 54001-23-31-000-1993-08025-01(N.I. 14726), actor: Domingo Antonio Bermúdez, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. 13232.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 16205.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 28 de agosto de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Nº interno 26251, actor: Ana Rita Alarcón vda. de Gutiérrez y otros.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 22 de abril de 2015, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, Rad. 15001-23-31-000-2000-03838-01 (19146), actor: María Antonia Gómez de Carrillo y otros, demandado: Departamento de Santander.

22 Para el cálculo de la vida probable se tienen en cuenta las tablas de mortalidad consignadas en la Resolución Nº 0497 del 20 de mayo de 1997 proferida por la Superintendencia Bancaria, que era la norma vigente para la época en que ocurrió la muerte del señor Álvaro Zuluaga Bedoya 11 —de noviembre de 2008—.

23 Lo que se hace con base en la fórmula que para efectos de actualización ha tenido en cuenta el Consejo de Estado, de acuerdo con la cual: renta actualizada = renta histórica * [índice final de precios al consumidor ÷ índice inicial de precios al consumidor].