Sentencia 2010-00558 de agosto 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 500012331000201000558 01 (20298)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Acción: nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol

Demandada: municipio de Acacías

Asunto: cobro coactivo impuesto sobre el servicio de alumbrado público

Bogotá, D. C., doce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VII) Consideraciones de la Sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que denegó las excepciones propuestas por la demandada y denegó las súplicas de la demanda.

1. Problema jurídico.

1.1. De acuerdo con la discusión planteada en el proceso, corresponde a la Sala establecer:

i) ¿El auto de aplicación de sumas embargadas Nº 7 del 5 de noviembre de 2010 es objeto de control de legalidad ante la jurisdicción contencioso administrativa?

ii) Los argumentos del apelante, que discuten la legalidad del acto liquidatorio y de la normativa en que se sustenta, ¿desvirtúan la presunción de legalidad de los actos de cobro coactivo discutidos?

iii) ¿La parte demandante demostró la interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 01 y 04 de 2010, que establecieron la obligación por el impuesto de alumbrado público por los períodos septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009? En ese evento, se analizará si los recursos debían permanecer congelados en la cuenta bancaria de la sociedad ejecutada.

En relación con este cargo, se debe precisar que aunque en la demanda no se indicó de manera explícita que la ilegalidad de los actos demandados se fundamenta en la prosperidad de la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a partir de los hechos allí reseñados y del concepto de la violación, se evidencia que ese asunto se debatió cuando se afirmó que la validez del título ejecutivo se encontraba censurada.

Por tanto, con fundamento en ese hecho se alega la existencia de la demanda de nulidad y restablecimiento, que fue interpuesta como excepción en el proceso de cobro coactivo. Así lo entendió la parte demandada como se observa en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, de esa manera fue analizada por el tribunal en la sentencia de la primera instancia.

Por consiguiente resulta procedente analizar la citada excepción.

1.2. No se estudiará en el recurso lo atinente a la nulidad del Mandamiento de Pago Nº 02-10 del 7 de julio de 2010, pues dicho aspecto no fue objeto de apelación por la parte demandante.

2. Procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Auto 7 de noviembre de 2010.

2.1. Según la parte demandante, el auto de aplicación de sumas embargadas es un acto que puede ser objeto de control judicial, en tanto concluye una actuación de cobro que equivale a seguir adelante la ejecución, debido a que liquida el crédito y los intereses de las sumas ordenadas a pagar en el mandamiento de pago.

2.2. El artículo 835 del estatuto tributario dispone que de los actos proferidos en el proceso de cobro coactivo que adelanta la administración, solo son demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución.

2.3. Sin embargo, la Sala ha reiterado(2) que la enunciación del artículo 835 ibídem no es taxativa y, en el proceso de cobro coactivo pueden existir otros actos que deciden cuestiones de fondo y que, por ende, tienen control judicial.

Lo anterior, en razón a que el control jurisdiccional se amplía a actuaciones que pueden constituir decisiones diferentes a la simple ejecución de la obligación tributaria, pues, de no ser así, quedarían desprovistas de tutela jurídica y de control judicial.

2.4. Así se ha querido dar protección a controversias independientes surgidas con posterioridad a la expedición y notificación de la resolución que falla las excepciones y que ordena llevar adelante la ejecución, como lo es la resolución que liquida el crédito, porque crea una nueva situación para el ejecutado(3).

2.5. Lo expuesto no significa que todo acto que se profiera dentro del proceso de cobro coactivo sea susceptible de control judicial, pues ello sólo es predicable frente a decisiones definitivas que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica determinada.

2.6. En el presente caso, se encuentra que el auto de aplicación de sumas embargadas Nº 7 de noviembre 5 de 2010 dispuso:

“Que dentro del proceso fue embargada la suma de mil ochocientos treinta y nueve millones novecientos setenta y un mil cuatrocientos setenta y tres pesos moneda corriente ($1.839.971.473) la cual fue puesta a disposición de la secretaría administrativa y financiera, el 23 de julio de 2010 la suma de ochocientos cincuenta y siete millones setecientos noventa y dos mil ciento noventa y cuatro pesos con dos centavos moneda corriente ($857.792.194,2) y la suma de novecientos ochenta y dos millones ciento setenta y nueve mil doscientos setenta y ocho pesos con dos centavos moneda corriente ($982.179.278.2) el día 24 de agosto de 2010.

Por lo anterior,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aplicar a cargo de la obligación por concepto de impuesto de alumbrado público correspondiente a los períodos septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, a cargo de la sociedad Ecopetrol S. A. NIT 899.999.068, la suma de novecientos noventa y tres millones siete mil ciento noventa y cuatro pesos moneda corriente ($993.007.194), discriminados así:

Período gravableValor impuestoValor interesesValor total
Septiembre$212.158.301.77$40.629.000$252.787.302
Octubre$217.265.594.112$36.589.000$253.854.594
Noviembre$214.184.149,2$31.374.000$245.558.149
Diciembre$214.184.149,2$26.623.000$240.807.149
Total$857.792.194.282$135.215.000$993.007.194

 

Nota: Los intereses han sido liquidados con fecha de corte 23 de julio de 2010, fecha en que ingresaron los recursos a la administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 803 del estatuto tributario.

ARTÍCULO SEGUNDO. El saldo, esto es, la suma de ochocientos cuarenta y seis millones novecientos sesenta y cuatro mil doscientos setenta y nueve ($308.135.591) (sic) pesos moneda corriente, constituido por la diferencia entre el valor embargado y el valor aplicado, póngase a disposición del contribuyente”(4).

2.7. Como se observa, este acto administrativo no es un simple acto de ejecución en el proceso de cobro coactivo, porque constituye la manifestación de voluntad de la administración de liquidar el crédito y los intereses a cargo del contribuyente, y de disponer de los dineros embargados.

2.8. De esta manera, el acto enjuiciado puede crear nueva situación jurídica para el ejecutado, o modificar la existente, en tanto se establecen valores diferentes a los cobrados, como es la liquidación de los intereses moratorios, y se liquidan los valores adeudados con los embargados a la sociedad.

2.9. Por tal motivo, de esa decisión administrativa pueden surgir controversias entre la administración y el contribuyente que no se dirimen con el control de legalidad de la resolución que resuelve las excepciones, porque en la misma no se liquidan los valores del crédito ni de los intereses moratorios que se causan sobre el mismo.

2.10. En consecuencia, el Auto 7 de noviembre 5 de 2010 es un acto pasible de control judicial, por lo que procede el análisis de fondo respecto de su legalidad.

3. Procedencia de los argumentos que discuten la legalidad del acto liquidatorio.

3.1. Según la apelante, los actos demandados son nulos, porque también lo son las resoluciones 1 y 4 de 2010 que, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo 5 de 2007, determinaron la obligación objeto de cobro coactivo, desconociendo las prohibiciones constitucionales y legales sobre impuestos a la actividad petrolera.

3.2. Para la Sala no es procedente analizar los argumentos expuestos, porque en el proceso de cobro coactivo no cabe discutir la legalidad del acto administrativo que sirve de título ejecutivo(5). Su discusión o impugnación debe hacerse en sede administrativa o judicial, por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho donde debe probarse la nulidad del mismo.

3.2.1. Eso explica el sentido del artículo 829-1 del estatuto tributario que prohíbe debatir, en el procedimiento administrativo de cobro, cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa.

3.2.2. Atacar la legalidad de los actos administrativos que sirven de título para el cobro coactivo, mediante la proposición de excepciones contra los mismos, fundadas en hechos sucedidos con anterioridad, desconocería el carácter ejecutorio del título.

Igualmente, desnaturaliza el procedimiento de ejecución que sólo busca obtener coercitivamente del deudor, el pago a favor del acreedor, de una obligación sobre cuya claridad, expresión y exigibilidad, no existe duda alguna. La legalidad del título, debe discutirse en el proceso declarativo respectivo y no en el de cobro forzoso de las obligaciones.

3.2.3. Así, si existen cuestionamientos en relación con los actos que constituyen título ejecutivo, el interesado debe interponer los recursos administrativos correspondientes y, posteriormente, si es del caso, acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.2.4. Lo expuesto se corrobora si se tiene en cuenta que ninguna de las excepciones que pueden proponerse en el proceso de cobro coactivo, está prevista para cuestionar la legalidad del acto administrativo que sirve de título ejecutivo(6). Únicamente se permite que dicha situación sea discutida ante la jurisdicción contencioso administrativa y, por tanto, contempla la excepción de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho”.

3.3. Luego, en el caso que se estudia, la demandante no podía discutir el impuesto de alumbrado público, objeto de cobro, sobre la base de que viola la prohibición de establecer gravámenes sobre la actividad petrolera. Ese argumento corresponde a la vía gubernativa o jurisdiccional que se surta respecto de las resoluciones 1 y 4 de 2010 o mediante la interposición de la demanda de simple nulidad contra el Acuerdo 5 de 2007(7).

3.5. Por las razones expuestas, esos argumentos no pueden ser objeto de análisis en el estudio de legalidad de los actos de cobro coactivo demandados.

4. Existencia de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto liquidatorio que sirve de título ejecutivo.

4.1. Ahora bien, en cuanto a la existencia de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el título ejecutivo, propuesta como excepción en el proceso de cobro coactivo, se hacen las siguientes precisiones:

4.2. El artículo 467 del Acuerdo 48 de 2008, estatuto de rentas del municipio de Acacías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 788 de 2002(8), estableció que para el cobro coactivo de los tributos a cargo de la administración municipal, se debe seguir el proceso de cobro consagrado en el estatuto tributario. Ese procedimiento está consagrado en el libro V título VIII del citado estatuto.

4.3. El inicio de un proceso ejecutivo de cobro coactivo en materia tributaria, implica necesariamente la preexistencia de un título que preste mérito ejecutivo(9), esto es, que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible, por no estar pendiente de ningún plazo o condición.

4.3.1. En desarrollo de lo anterior, el artículo 828 del estatuto tributario discrimina los documentos que prestan mérito ejecutivo para el cobro coactivo(10), y que sirven de soporte jurídico para que la administración proceda a iniciar el proceso mediante la emisión del correspondiente mandamiento de pago, en el que se ordena al deudor solucionar las obligaciones pendientes a favor de la entidad fiscal.

En lo que concierne al análisis del presente asunto, interesa precisar que la norma establece que constituyen título ejecutivo, entre otros, “las liquidaciones oficiales ejecutoriadas”.

4.3.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 829 ibídem, los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entienden ejecutoriados en los siguientes eventos:

“1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.

2. cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos.

4. Cuando los recursos interpuestos en vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso”.

Como se observa, el numeral 4º contempla dos supuestos en que los actos soporte del cobro coactivo pueden encontrarse ejecutoriados:

i) Cuando se trata de actos administrativos susceptibles de los recursos propios de la vía gubernativa y estos han sido interpuestos, debida y oportunamente. Según esta regla, el acto administrativo que sirve de título ejecutivo queda ejecutoriado una vez la entidad oficial decidida los recursos interpuestos, siempre y cuando, el interesado no lo demande ante la jurisdicción, porque de hacerlo se estaría ante el siguiente supuesto legal.

ii) Cuando los actos administrativos que sirvieron de título ejecutivo fueron demandados ante la jurisdicción, por el afectado, para obtener la declaratoria de nulidad y el restablecimiento de sus derechos. En estos casos, se entenderán ejecutoriados una vez sea proferida la decisión judicial definitiva.

Luego, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra el acto administrativo que sirve de fundamento al cobro coactivo, impide que ese acto adquiera fuerza ejecutoria, la cual solo se logra en el momento en que la jurisdicción decida, de manera definitiva, la respectiva demanda.

4.3.3. En concordancia con dicha norma, el numeral 5º del artículo 831 estatuto tributario dispone que contra el mandamiento de pago procede la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior, se repite, porque es necesario que el acto administrativo alcance firmeza. Sólo así pueden ser ejecutados contra la voluntad de los interesados y dan fe de la existencia de una obligación actualmente exigible al deudor.

4.3.3.1. Naturalmente que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho debe ser contra el acto administrativo que determina la obligación a cargo del contribuyente y que, a su vez, le sirve a la administración de título ejecutivo.

4.3.3.2. De acuerdo con lo expuesto por la Sala, esta excepción se acredita con la admisión de la demanda, pues en este momento se verifica que la misma ha reunido todos los requisitos de ley para que sea conocida por el juez, y, además, se traba la relación jurídico procesal entre las partes(11).

Si bien es cierto que la norma solo se refiere a la “interposición” de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, no lo es menos que ella busca la anulación total o parcial de la decisión administrativa de cobro coactivo, generando la terminación o variación de la ejecución del crédito, lo cual solo puede presentarse con posterioridad a la admisión de la demanda.

Por eso, con la sola presentación de la demanda no se garantiza que se emita un pronunciamiento de fondo sobre lo cobrado, puesto que existe la eventualidad de que la misma sea extemporánea o no ajustada a las normas procesales y que ello acarree su inadmisión o rechazo.

De allí, se repite, que la Sala le haya dado tal alcance a la excepción que se comenta.

4.3.3.3. En todo caso, el ejecutado puede interponer la excepción con fundamento en el hecho de haber presentado la demanda ante la jurisdicción, pero la misma solo puede tener prosperidad cuando se demuestre la admisión de la demanda y que la misma se encuentra en trámite.

4.3.3.4. Conforme con el artículo 833 del estatuto tributario, si se prueba la excepción se debe declarar y ordenar la terminación del procedimiento de cobro coactivo y el levantamiento de las medidas cautelares cuando se hubieren decretado.

La terminación del procedimiento de cobro coactivo surge de la falta de firmeza del título ejecutivo que solo se logra cuando la demanda se haya decidido definitivamente, de acuerdo con el artículo 829.4 del estatuto tributario, ya que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impide la ejecutoriedad del acto administrativo demandado. Si la misma no prospera la administración puede iniciar el proceso de cobro coactivo contra el demandante expidiendo un nuevo mandamiento de pago.

4.4. En el caso que se estudia, la sociedad interpuso, contra el mandamiento de pago, las excepciones de “interposición de demanda de restablecimiento del derecho o proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo” y de “falta de ejecutoria del título”, fundamentadas en el hecho de que había radicado la demanda el día 20 de septiembre de 2010 y aún no había sido fallada.

4.5. Mediante la Resolución 26 del 27 de septiembre de 2010, la administración rechazó las excepciones propuestas por considerar que la prosperidad de las mismas dependía de que se probara que había sido admitida una demanda contra el acto que sirve de título ejecutivo(12).

4.6. Durante el trámite del presente proceso, específicamente en la demanda, la sociedad demandante solicitó como prueba que se oficiara a la secretaría del tribunal para que certificara la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra las resoluciones 1 y 4 de 2010(13).

Sin embargo, el tribunal, mediante auto del 25 de julio de 2012, negó la prueba solicitada por cuanto la entidad demandante no especificó el número del proceso judicial seguido contra las citadas resoluciones(14).

4.7. Posteriormente, en el recurso de apelación, la sociedad señaló que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesta contra el acto liquidatorio que sirve de soporte del proceso de cobro coactivo, se encuentra radicada con el Nº 500012331000201000480 00, M. P. Alfredo Vargas Morales, el mismo magistrado ponente que decidió este proceso en primera instancia, e informó que el proceso se encontraba en pruebas desde el 31 de julio de 2012(15).

4.8. En ejercicio de las potestades del juez previstas en el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, que apuntan a un fortalecimiento de su participación activa dentro del proceso, para procurar los elementos que estime necesario para llegar a la verdad del asunto que se debate, se procedió a verificar la información aportada al proceso por la parte demandante, con el fin de tener certeza de los hechos informados.

4.8.1. Para tal efecto, se verificó el sistema de consulta de procesos de la rama judicial, pues en virtud de lo dispuesto en el artículo 95(16) de la Ley 270 de 1996, los medios técnicos, electrónicos e informáticos al servicio de la administración de justicia tienen por objeto mejorar la práctica de pruebas, la comunicación entre los despachos y garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.

4.8.2. Este sistema informativo puede ser utilizado por las corporaciones judiciales para el cumplimiento de sus funciones, entre otras, para facilitar la identificación de los procesos y el ejercicio de la función jurisdiccional.

4.8.3. La información reportada por este mecanismo debe ser tomada como prueba, en primer lugar, porque es de acceso público, en tanto la comunidad, en general, puede conocer la evolución de los procesos judiciales sin que se le exija requisito adicional que los datos del expediente, y porque tiene el carácter de información oficial, debido a que el historial de las actuaciones judiciales surtidas en los procesos es administrado por los empleados de los despachos judiciales a cargo de los mismos.

En definitiva, la utilización del sistema de consulta de procesos de la rama judicial constituye una herramienta que facilita a la administración de justicia y a los ciudadanos el conocimiento de los procesos que se tramitan ante la jurisdicción y la fecha de las actuaciones judiciales.

4.9. Así, para el caso que nos ocupa, se verificó que la información allegada por la parte demandante corresponde a la reportada en el sistema de consulta de procesos de la rama judicial, en el cual consta la existencia de la demanda de nulidad y restablecimiento interpuesta por Ecopetrol contra las resoluciones 01 y 004 de 2010 y que la misma se ha tramitado hasta la etapa probatoria.

4.10. De acuerdo con lo anterior, se encuentra probada la existencia del proceso judicial seguido contra los actos administrativos que conforman el título ejecutivo, razón por la cual se declara probada la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo y de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa. En consecuencia, debe ordenarse la terminación del proceso de cobro coactivo.

4.11. Se anota que la entidad ejecutante podrá reiniciar el procedimiento de cobro coactivo dependiendo, naturalmente, de lo decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento.

5. Violación del inciso 5º del artículo 837-1 del estatuto tributario.

5.1. Discute el apelante que el municipio de Acacías aplicó las sumas embargadas a pesar de que el inciso 5º del artículo 837-1 del estatuto tributario establece que los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda. En ese caso, la entidad ejecutora debe proceder a ordenar el desembargo.

Con fundamento en ese argumento solicitó la pretensión de reintegro de las sumas embargadas y aplicadas, con los intereses e indexación correspondientes, a la fecha de ejecutoria del presente proceso.

5.2. Para efectos del presente análisis, debe tenerse en cuenta que los artículos 837 y 837-1 del estatuto tributario regulan el procedimiento de levantamiento de las medidas cautelares en el proceso de cobro coactivo, en aquellos eventos en que se ha interpuesto demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el título ejecutivo y/o contra la resolución que resuelve excepciones y ordena seguir adelante la ejecución.

5.2.1. En ese sentido, el artículo 837 del estatuto tributario prevé que procede el levantamiento de la medida preventiva cuando el deudor demuestre (i) la admisión de la demanda contra el título ejecutivo y que la misma se encuentre pendiente de fallo, o (ii) la admisión de la demanda contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución y, preste garantía bancaria o de compañía de seguros, por el valor adeudado.

5.2.2. En concordancia con lo anterior, el inciso 5º del artículo 837-1 ibídem, dispuso que los recursos que sean embargados deben permanecer congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda. En tal caso, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio, o a petición de parte, a ordenar el desembargo.

5.2.3. Debe precisarse que cuando el citado artículo 837-1 establece la admisión de la demanda como presupuesto para el desembargo, hace alusión a los eventos contemplados en el artículo 837 ibídem para que proceda el levantamiento de las medidas cautelares, que se concretan, el primero, en que la demanda contra el título ejecutivo se encuentre admitida y en trámite y, el segundo, en que la demanda contra la resolución que resuelve las excepciones esté admitida y se garantice el pago del valor adeudado.

5.2.4. Una interpretación acorde con las normas en mención permite concluir que si la administración tiene el deber de levantar las medidas cautelares en los casos mencionados, también le corresponde reintegrar las sumas aplicadas cuando el ejecutado demuestre la ocurrencia de los mismos, en tanto no existe sustento jurídico para que estén a disposición de la entidad ejecutora, habida consideración de que se encuentra en discusión el título ejecutivo que sirve de soporte al proceso de cobro coactivo, o existe una garantía de pago sobre el valor adeudado.

5.3. Como en el caso en estudio está demostrado que el 21 de septiembre de 2010, Ecopetrol presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el título ejecutivo, y que la misma fue admitida el 4 de marzo del año 2011, a la entidad ejecutora le corresponde reintegrar a la sociedad los valores embargados que fueron aplicados en el Auto 07 del 5 de noviembre de 2010.

5.4. Frente a la petición de que se ordene el pago de intereses e indexación sobre las sumas a reintegrar, la Sala no accederá a ello, toda vez que esas situaciones deben ser definidas una vez se resuelva la demanda de nulidad y restablecimiento contra el título ejecutivo que está en curso, y hasta tanto culmine el proceso de cobro coactivo.

6. Conclusión

6.1. De acuerdo con lo expuesto, la Sala revocará el numeral 2º de la sentencia apelada. En su lugar se anularán los actos acusados y se declarará probada la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo y de interposición de demanda de restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa.

6.2. A título de restablecimiento del derecho, se ordenará la terminación del proceso de cobro coactivo que se adelanta en contra de la demandante y, el levantamiento de las medidas cautelares.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓQUESE el numeral 2º de la sentencia del 12 de febrero de 2013 del Tribunal Administrativo del Meta. El cual quedará así:

“SEGUNDO: Declaráse la prosperidad de las excepciones de falta de ejecutoria del título ejecutivo y de interposición de demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Como consecuencia de lo anterior, declárase la nulidad de la Resolución 26 del 27 de septiembre de 2010 y del auto de aplicación de sumas embargadas Nº 07 del 5 de noviembre de 2010, expedidos por la secretaría administrativa y financiera del municipio de Acacías”.

A título de restablecimiento del derecho, se ordena la terminación del proceso de cobro coactivo que se adelanta en contra de la demandante y, el levantamiento de las medidas cautelares”.

CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(2) Sentencias del 12 de noviembre de 2003, Expediente 13294, C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié, 27 de enero de 2005, Expediente 14949, C. P. Ligia López Díaz, 28 de junio de 2007, Expediente 1539, C. P. María Inés Ortiz Barbosa, y del 28 de agosto de 2013, Expediente 18567, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(3) Autos de 1º julio de 1994, Expediente 5591, C. P. Jaime Abella Zárate y 27 de marzo 27 de 2003, Expediente 13402, C. P. Ligia López Díaz y sentencia de 29 de enero de 2004, Expediente 12498, C. P. Ligia López Díaz.

(4) Folios 39-41 c. p.

(5) A diferencia de lo que ocurre en los procesos de conocimiento, en el proceso de ejecución la pretensión no es discutible. (Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, la dirección del proceso contencioso administrativo, parte II, Consejo Superior de la Judicatura, año 2009, pág. 369).

(6) ART. 831.—Excepciones. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:

1. El pago efectivo.

2. La existencia de acuerdo de pago.

3. La de falta de ejecutoria del título.

4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.

5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

6. La prescripción de la acción de cobro, y

7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

(7) En dicho sentido se ha pronunciado esta Sala, véase la sentencia del 26 de octubre de 2009, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Expediente 16718.

(8) ART. 59.—Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.

(9) Código de Procedimiento Civil. Artículo 488. Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

(10) ART. 828.—Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo:

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.

3. Los demás actos de la administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional.

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales.

(11) En ese sentido se pronunció esta Sala mediante sentencia del 11 de julio de 2013, Expediente 18216.

(12) Folios 35-38 c. p.

(13) Folio 11 c. p.

(14) Folio 93-94 c. p.

(15) Folio 157 c. p.

(16) Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Artículo 95. Tecnología al servicio de la administración de justicia. El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.

Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.

Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley.