Sentencia 2010-00585 de marzo 29 de 2012

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 680011102000201000585 01/2425A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Discutido y aprobado en Sala 30 de esta misma fecha

Bogotá, D.C., veintinueve de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3º de la Carta Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los capítulos IV y V del título I del Acuerdo 75 del 28 de julio de 2011, por medio del cual se modifica y adopta el reglamento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Dual de Decisión 1 conformada por los H.M. José Ovidio Claros Polanco y Julia Emma Garzón de Gómez, es competente para conocer por vía jurisdiccional de consulta la sentencia proferida por la corporación de instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

Fácilmente puede colegirse del sub lite, que el problema jurídico sobre el cual debe pronunciarse esta corporación, está relacionado con las faltas disciplinarias, descritas en el numeral 1º del artículo 37 y artículo 39 de la Ley 1123 de 2007 de la siguiente manera:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

“ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional”.

Establecido lo anterior y descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, al analizar las pruebas allegadas al proceso disciplinario, se encuentra que, efectivamente, la señora Luz Amparo Suárez Ávila, contrató los servicios profesionales del abogado José Abel Valencia Valencia, con el fin que este adelantara diligencias notariales, en el sentido de tramitar la escritura de compraventa de una parte de la finca comprada por la inconforme a la señora Socorro Gómez e hiciera el desenglobe del predio, entregándole para dicho fin unas sumas de dinero, gestión que no realizó cabalmente, por cuanto nunca hizo las diligencias notariales “escrituras”, así como tampoco desplegó ninguna labor tendiente a desenglobar el terreno adquirido, tal y como se pudo constatar de la ratificación y ampliación de la queja y del testimonio rendido por la señora Martha Vargas Rey.

Téngase en cuenta que como bien lo adujo la querellante, esta pretendía se iniciaran los trámites respectivos, bien fuera a nivel judicial o extrajudicial, con el fin de proteger sus derechos, situación esta que poco o nada le importó al togado, pues reiterase, esté no desplegó ninguna labor tendiendo a los fines para el cual fue contratado y por el contrario nunca le contestó el teléfono a la quejosa ni le dio explicación alguna de su negligente proceder, coligiéndose de ello, la poca diligencia del litigante.

Ahora, es tan clara la indiligencia en la que incurrió el profesional del derecho, que como bien lo adujo la testigo en su declaración, él fue contratado por la quejosa a efectos de que procediera a desenglobar el predio correspondiente a ella y le entregara las escrituras como era, lo que a todas luces da a entender, sobre la gestión encomendada, la cual nunca adelantó, tal y como lo afirma no solo la quejosa sino la declarante, guardando silencio de su inadecuado proceder.

De lo anterior queda plenamente establecido que el jurista no adelantó gestión alguna; así mismo se comprueba que, al contrario de lo indicado por la defensora de oficio, si bien la quejosa sabia sobre el problema que tenía la parcela por ella comprada en lo referente al desenglobe, no lo es menos que la inconforme puso en el jurista todas sus expectativas para la labor encomendada, pensando que él a diferencia de los demás profesionales del derecho contratados por la vendedora de la finca en época anterior, sí podía realizar tal mandato, lo cual efectivamente no sucedió, y por el contrario, nunca rindió explicación alguna de su inadecuado proceder y menos le indicó o le informó a su cliente sobre la imposibilidad de realizar el desenglobe.

Téngase en cuenta que el jurista, si consideraba era imposible realizar la labor encomendada, debió exponérselo a su cliente, de acuerdo a sus conocimientos jurídicos, y no simplemente aceptar la gestión sin auscultar el caso y verificar si efectivamente podía velar por los intereses de su mandante, dejándola desamparada e inmersa en meras expectativas.

Y es que lo correcto era que el jurista entrara a representar a su mandante en debida forma adelantando el proceso idóneo, tal y como se le encargó, pues dentro de los deberes que tiene todo profesional del derecho, están los de buscar defender los intereses de su mandante, poniendo en práctica todo su conocimiento y herramientas para lograr tal fin.

Igualmente, el profesional investigado, debe ser consciente de los deberes que contrae cuando asume un encargo profesional, pues el mismo lo lleva a sopesar la responsabilidad frente al cliente y la sociedad, en consecuencia, para la Sala respaldando lo dicho por el seccional de instancia no cabe duda que el doctor Valencia Valencia fue indiligente, pues las pruebas allegadas al expediente dan cuenta de la certeza de su omisión, por tanto, la sentencia objeto de apelación será confirmada en su integridad.

Por su parte en lo referente a la segunda conducta al litigante enrostrada, se tiene que conforme lo establece el artículo 19 del mismo estatuto, dentro de los sujetos disciplinables en virtud de dicho código deontológico, se incluyó por parte del Legislador del 2007, entre otros, a los abogados en ejercicio de la profesión “... así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión ...”, con lo cual se buscó poner fin a una situación constitutiva de burla a la ley, en la medida en que muchos abogados, estando sancionados, incluso con la más severa de las penas señaladas en el anterior estatuto —y que aún se mantiene con esa característica en el actual Código de los Abogados— cual era la exclusión de la profesión, seguían ejerciendo el litigio, con el más absoluto desprecio por la ética y en grave perjuicio de la sociedad.

En vigencia del anterior código, esta superioridad se vio avocada a una situación compleja, pues si bien en rigor era insoslayable que quienes así actuaban, francamente atentaban de manera grave contra los más elementales principios de la ética judicial, no menos cierto era que tan reprochable proceder se enmarcaba más en el ámbito contravencional del ejercicio ilegal de la abogacía, que en el campo del control ético a la actividad propia de quienes ejercían la profesión, pero que lo hacían faltando a los deberes señalados para ello en la ley.

Tal situación —enhorabuena— fue aclarada de una vez por todas en el nuevo Código de los Abogados, no solo incorporando en su catálogo de deberes el de renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos, en los casos en que el jurista sea sujeto pasivo de una pena o sanción incompatible con el ejercicio de la abogacía (L. 1123/2007, art. 28.19), sino también incluyendo como una de esas situaciones de incompatibilidad con el ejercicio de la profesión, la circunstancia de estar el togado suspendido o excluido de la profesión (art. 29.4 ibíd.) y, lo que es más importante para el caso que aquí nos atañe, consagrando como falta disciplinaria autónoma el ejercicio ilegal de la profesión o la violación al régimen de incompatibilidades.

Pues bien, del recaudo probatorio obrante en la foliatura, se observa que el litigante José Abel Valencia Valencia había sido sancionado con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 2 años y 8 meses en tres oportunidades mediante sentencias del 21 de febrero de 2007, 25 de febrero y 30 de marzo de 2009, por las faltas de los artículos 54.2, 55.2 y 53.2 y 3 del Decreto 196 de 1971, las cuales empezó a regir desde el 27 de abril de 2007 al 18 de octubre de 2011; del mismo modo, se encuentran dos exclusiones del ejercicio de la abogacía con sentencias de fechas 23 de julio de 2010 y 16 de febrero de 2011, iniciándose la sanción el 23 de septiembre de 2010 y 14 de julio de 2011 (fls. 54 y 55, c.o.) y que, pese a ello, siguió defendiendo los intereses de la señora Luz Amparo Suárez Ávila, y de otras personas, como lo refirió la declarante, ocultando dicha situación a su prohijada, pues nótese como aceptó el encargo en el año 2009.

Y es que dentro del presente asunto, no existe ni siquiera un eximente de responsabilidad o justificante de su actuar, pues este nunca acudió al presente trámite a defenderse y allegar pruebas a su favor, el asunto de marras se llevó solo con la audiencia de la defensora de oficio; aunado a ello, pese a estar enterado de las múltiples sanciones impuesta en su contra, ni siquiera optó por sustituir el poder o renunciar al mismo, y por el contrario, reiterase, siguió ejerciendo la profesión de abogado no solo con su clienta, sino por lo menos con las personas a quien la querellante lo recomendó, como fue a los familiares de la aquí declarante, a quienes según esta, les asesoró en un trámite penal.

Así las cosas, ninguna duda cabe que el togado José Abel Valencia Valencia, defendía los intereses de la señora Suárez Ávila y de otras personas recomendadas por la inconforme, pues este a sabiendas de su situación, en lo referente a la inhabilidad en la cual se encontraba en ese momento, aceptó los encargos encomendados, tanto el de la aquí quejosa como el de la declarante, quien en su testimonio adujo haberlo contratado para que le dieran la libertad a un yerno, entregándole la suma de $400.000.

Aunado a lo anterior, no existe duda de la notificación del doctor Valencia Valencia, en lo referente a las sanciones impuestas en las sentencias referidas en incisos anteriores y que es la base del asunto de marras, pues tal y como se puede corroborar a folios 111 a 131 del cuaderno de 1ª instancia, al disciplinado en mención y a su defensor, se le notificó cada una de las decisiones, mediante telegramas.

En consecuencia, y sin que sea necesario proceder a mayores disertaciones sobre la materia examinada, la Sala confirmará la providencia consultada, al no quedar asomo de duda para considerar que el abogado José Abel Valencia Valencia incurrió dolosamente en la prohibición descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, al haber ejercido la profesión a sabiendas de estar sancionado y excluido del ejercicio profesional.

De este modo, no existe duda para deprecar responsabilidad disciplinaria al encartado en los términos y condiciones referidos en el fallo de primera instancia, siendo la sanción impuesta por el A Quo proporcional y ajustada a los parámetros señalados en el artículo 45 del actual estatuto deontológico de la abogacía, máxime si se tiene en cuenta que, el jurista ha incurrido en múltiples ocasiones en faltas disciplinarias, al punto de haberse sancionado en tres oportunidades y excluido en dos más; sin dejar de lado las consideraciones atendidas por el a quo para sancionar tan drásticamente al investigado, principalmente el hecho de ser conocedor de su inhabilidad y quedarse callado, siguiendo aceptando casos y no informarle nada a la quejosa.

Entonces, suma esta colegiatura otras circunstancias, y son, el haber causado un perjuicio a la administración de justicia, pues con la trayectoria que tiene el togado de más de 10 años, se atreve a ir en contravía de las sanciones impuestas, poniendo en vilo la seguridad jurídica del estado; además calló, es decir fue consciente de su conducta y tal conducta es totalmente reprochable y nunca se hizo presente al presente trámite a ejercer su derecho de defensa.

En mérito de lo expuesto, la Sala Dual de Decisión 1 de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conformada por los H.M. José Ovidio Claros Polanco y Julia Emma Garzón de Gómez, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia del 20 de enero de 2012, proferida el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, mediante la cual sancionó al abogado José Abel Valencia Valencia con EXCLUSIÓN del ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable de incurrir en las faltas descritas en el numeral 1º del artículo 37 y artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

2. Devuélvase el expediente a la corporación seccional disciplinaria de origen, para que notifique a todas las partes dentro del proceso y cumpla lo dispuesto por la Sala.

3. Ejecutoriada esta providencia, por la secretaria judicial de la Sala comuníquese lo pertinente al registro nacional de abogados para los efectos de que da cuenta el artículo 47 de la Ley 1123 de 2007. Se advierte que los efectos de la sanción empiezan a regir a partir de su inscripción.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase».