Sentencia 2010-00588/44636 de diciembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Exp.: 44.636

Rad.: 25 000 23 26 000 2010 00588 01

Actor: DGDH y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá D.C., trece de diciembre de dos mil diecisiete.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia.

10. La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(3).

II. Hechos probados.

11. Según las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes para la litis(4):

11.1. Con ocasión de las extorsiones que se empezaron a presentar en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), a partir de mediados del año 2002 y de las que fueron víctimas diversos gremios, entre ellos el del transporte, el 7 de junio de 2003, la Unidad de Fiscalías Delegadas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, decidió vincular mediante diligencia de indagatoria, entre otras personas, al señor DGDH y, en consecuencia, dispuso librar orden de captura por el presunto punible de concierto para delinquir y extorsión. No obstante, ante la imposibilidad de hacerla efectiva, el 19 de agosto de 2003 lo declaró como persona ausente y le designó defensor de oficio (providencias del 7 de junio y 19 de agosto de 2003, proferidas por el fiscal delegado de derechos humanos y derecho internacional humanitario; orden de captura Nº 0003422, fls. 115-133, 135 y 137 c. 2).

11.2. El 26 de enero de 2006, la Fiscalía Delegada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, resolvió la situación jurídica del señor DGDH, ordenando su detención preventiva, con base en lo siguiente (resolución de situación jurídica de DGDH, proferida por el Fiscal 20 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario el 26 de enero de 2006, en el radicado 1690-A, fls. 98-113 c. 2):

Elementos de información probatoria

DGDH se desempeñó como gerente de la empresa de transporte R en la ciudad de Santa Marta. Su compromiso con los hechos investigados se expresa en la presunta asociación y connivencia que evidenció con el grupo armado ilegal “Autodefensas Unidas de Colombia” respecto de la planeación y ejecución de las extorsiones que padecieron los conductores de buses afiliados a esa empresa.

La presunta participación que de DGDH se predica para la realización de estos punibles tiene su génesis en la iniciativa de financiación prevista por la organización armada ilegal “Autodefensas Unidas de Colombia”. Bien se conoce que este colectivo criminal, liderado (conforme a la prueba que se conoce) por MAR “el NR”, implementó y ejecutó un plan de financiamiento consistente en la exigencia de una “cuota de seguridad” o “cuota de guerra” o vacunas” tanto a los sectores económicamente productivos de esa ciudad, tales como establecimientos de comercio y empresas de transporte de pasajeros en buses o taxis, como también a los en los diferentes barrios, quienes bajo la figura del servicio de vigilancia debieron contribuir forzadamente con el pago de una cuota extorsiva, so pena de provocarse la interrupción de sus servicios junto con la amenaza o la afrenta contra su integridad física o su vida.

En efecto, resultó ser un hecho notorio el fenómeno delincuencial que bajo su égida inició su registro en la ciudad de Santa Marta a partir del año 2002, al punto de provocar, para el caso de algunas empresas de transporte, el colapso en la prestación de los servicios, por el carácter agobiante que para la autonomía de la voluntad de las víctimas y para su patrimonio económico representaba la imposición de la mal llamada “vacuna”.

(…).

Esta labor de investigación, aplicada a la empresa de transportes R, permitió la intervención testimonial de un buen número de conductores, lográndose con su dicho la judicialización de quienes fueron señalados como los empleados de esa empresa que en calidad de despachadores exigían y controlaban el pago de la cuota extorsión con destino a las AUC; (…) (negrilla de la Sala).

Veamos la prueba recogida contra estas personas (controladores de la empresa R) y contra el gerente DGDH, para finalmente derivar, por su inicial análisis particular y finalmente por la vista en conjunto del universo probatorio, el concepto de que la orden de ejecutar las extorsiones hacia los conductores fue emitida desde la gerencia de la empresa R; a cargo del señor DGDH (negrilla de la Sala).

(…).

Contra el señor DGDH obran, entre otros elementos de información probatoria, los siguientes: (negrilla de la Sala).

1) Citado en el informe 488 DIJIN SIJIN de 27-03-2003 (fl. 55, c. 2) como gerente de R que conoce de las extorsiones a los transportadores. Así lo dicen CAPS (fl. 266, c. 2) quien informa que el gerente DGDH y los despachadores conocen de la extorsión; y ABG (fl. 263, c. 2), conductor, quien da el nombre de los despachadores y refiere que el gerente sabe de la extorsión y la autoriza.

2) Declaración de WACC manifiesta que los gerentes de empresas de buses y taxis saben de las extorsiones. (fl. 72, c. 2).

3) Ampliación de declaración de WACC refiere que los gerentes de las empresas de transportes B; R, R, T y TE saben de las extorsiones y reúnen el dinero para ser entregado a las AUC, luego de que los despachadores se lo entregan (fl. 3 c. 4).

4) Declaración de CAPS, conductor de R, refiere ser víctima del cobro de extorsión con destino a las AUC al igual que todos los conductores de esa empresa. Que la cuota extorsiva de $ 3.000 la cobran los despachadores (…), quienes la cobran y recogen por orden de la gerencia.

5) Declaración de ABG, conductor de R. Informa del cobro de vacuna de $ 3.000 por parte de los despachadores, con destino a las AUC. Menciona que ellos son (…); quienes lo hacen autorizados por el gerente (fl. 263 c. 2).

Refiere que el gerente autoriza las extorsiones y que a su oficina fueron llevados cuatro conductores que se negaban a pagar y que allí estaban presentes dos paramilitares, quienes amenazaron de muerte a los conductores si no pagaban (fl. 263 c. 2).

Declaración de SRC, conductor de R. Relata el procedimiento de cobro y pago de la vacuna a los de choferes esa empresa. Manifiesta que las directivas de esa empresa los obligan a pagarla; que en caso de no pago no ordenan el despacho del bus. Que el dinero recaudado va con destino a las AUC (fl. 269 c. 2).

7) Declaración de LPN conductor de R, apodado “EC”. Refiere que fue objeto de solicitud de pago de vacuna por parte de un desconocido que abordó el vehículo que conducía quien le solicitó la dirección y teléfono del dueño del automotor. Que fue amenazado para que pagara. Que finalmente pagó la suma de 50 mil pesos por la amenaza que se le hizo de detener el vehículo si no pagaba. Refiere que otros conductores de esa empresa también fueron víctimas de extorsión. (…).

Consideraciones de la Fiscalía

(…).

Conocida la información que respalda la actual imputación contra DGDH como presunto autor de las conductas de concierto para delinquir y extorsión, resulta necesario ocuparnos seguidamente de su estudio para determinar, por razón de la crítica que ella merece tras su examen en conjunto, asuntos de obligada consideración como son la credibilidad y fuerza probatoria que acompaña al material de prueba para derivar en esta oportunidad procesal el concepto de si mantiene, acrecienta o disminuye la inicial imputación; concepto que resulta imperativo presentar por razón de las exigencias que apareja la definición de la situación jurídica del procesado.

(…)

[E]xaminadas una a una las manifestaciones testimoniales de los conductores víctimas de extorsión, resultan absolutamente dignas de credibilidad. Como elemento de convicción, el dicho de las víctimas resulta y veraz y tienen la fuerza probatoria suficiente para probar que sí fueron extorsionadas y que la orden de extorsionarlos, programada y sistemáticamente, fue presuntamente ordenada por la gerencia de la empresa a cargo de DGDH, quien puso al servicio de esa conducta el personal de despachadores.

(…).

La relación jerárquica y funcional del procesado respecto de los conductores víctimas de extorsión, resulta evidente y determinante para inferir, por razón de la efectiva práctica de esta conducta al interior de la empresa R, su presunta vinculación como concertado para delinquir, esto es, su participación y responsabilidad en la práctica de conductas extorsivas objeto de seguimiento en esta investigación.

Nótese cómo los elementos de prueba testimoniales (documentales y de carácter técnico), lo enlazan definida y decididamente con las AUC —y con otros procesados— como presunto concertado para delinquir para la ejecución de las conductas extorsivas denunciadas. (…) (negrilla de la Sala).

Las afirmaciones que anteceden implican la comprobación de la existencia de la asociación para delinquir, la calidad del asociado y su responsabilidad. (…)

11.3. El 25 de febrero de 2008, la Fiscalía Delegada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, negó la solicitud elevada por el defensor del señor DGDH para que se revocara su medida de aseguramiento (providencia del 25 de febrero de 2008, proferida por el fiscal décimo especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, proceso 1690, fl. 138-153 c. 2). No obstante, la referida decisión fue revocada el 21 de mayo de 2008, por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en virtud del recurso de apelación que presentó el defensor del sindicado (antecedentes de providencia del 25 de septiembre de 2008, por medio de la cual se calificó el mérito del sumario, Exp. 1690, proferida por el fiscal décimo especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, fls. 40-53 c. 2).

11.4. El 25 de septiembre de 2008, el fiscal décimo especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario precluyó la investigación que se adelantó contra los señores DGDH y ATR, así mismo declaró la nulidad parcial frente al señor OBV(5), por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, con base en los siguientes argumentos (providencia del 25 de septiembre de 2008, por medio de la cual se calificó el mérito del sumario, Exp. 1690, proferida por el fiscal décimo especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, fls. 40-53 c. 2):

Situación jurídica de DDH

Hemos comentado como la decisión de no revocar la medida de aseguramiento que pesaba en contra de este sindicado, fue “revocada” por la Fiscalía de segunda instancia. En su sabiduría y magnanimidad la instancia consideró, plegándose sin limitación alguna a los argumentos de la defensa, que los testimonios sobre la cual se basaba la medida, al haber sido recepcionados por miembros de la Policía Judicial, carecían de valor probatorio.

Al respecto debe señalarse que en verdad los testimonios de ABG Folio (fl. 263-2), CAPS (fl. 266-2) y EEPO (fl. 83-12), fueron recibidos por miembros de la Policía Judicial (SIJIN).

Sin embargo el problema jurídico que debe resolverse, es si por el hecho de haberse recibido tales testimonios por parte de la Policía Judicial, los convierte en espurios y por lo mismo sin vocación de ser considerados como medio de prueba en contra del sindicado.

Al respecto debe tenerse en cuenta alguna normatividad referida al tema: Veamos:

El artículo 328 de la Ley 600 de 2000 prescribe que las pruebas y actuaciones que realice la policía judicial, por iniciativa propia o mediante comisión, deberán ser efectuadas con acatamiento estricto de las garantías constitucionales y legales. Los sujetos procesales tendrán las mismas facultades y derechos que les otorga la ley ante los funcionarios judiciales.

En estricto sentido y sin necesidad de acudir a citas jurisprudenciales o hacer extensos comentarios, digamos que una primera situación que se advierte es que en tal disposición se habla de “prueba”, lo que indica que al menos algunas diligencias de las practicadas por la Policía Judicial tienen la calidad de prueba en términos de la ley procesal penal.

El segundo aspecto que debe examinarse es si en el caso concreto de los testimonios recibidos a ABG, CAPS y EEPO, lo fueron con acatamiento de las garantías constitucionales y legales.

Sobre este particular no queda duda alguna que estas exposiciones estuvieron rodeadas de las garantías y requisitos establecidos en los artículos 266 y siguientes de la Ley 600 de 2000, por lo cual en criterio de este despacho están rodeadas de toda la legalidad requerida y por lo mismo resultaría impropio catalogarlas de ilegitimas.

Ahora bien, siendo pruebas practicadas en la etapa de indagación preliminar, bien fuese a iniciativa de la Policía Judicial o por comisión del funcionario judicial (fiscal), a éstas, en verdad no tuvieron acceso los imputados o sus defensores, hecho que si bien es cierto no constituye irregularidad que no pudiera ser subsanada, dado que allí simplemente se trataba de determinar unos posibles hechos ilícitos e igualmente identificar a algunos de sus partícipes, las mismas (testimonios), debieron haber sido ampliadas por parte del fiscal en su debida oportunidad y en ese caso garantizarse la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por parte de quienes así lo exigieran (negrilla de la Sala).

Pero apartándonos de estas consideraciones de tipo legal, lo que en el fondo se debe analizar es si en verdad los tres testimonios constituían prueba suficiente o que unida a otras permitiera inferir responsabilidad en cabeza de DH en los delitos por los cuales se le vinculó a la investigación.

En términos precisos lo que se ha sostenido del entonces gerente de R, DDH, es que este tuvo conocimiento de las extorsiones que se perpetraron al interior de su empresa, e incluso que este también tomó parte activa en las mismas.

De este tenor resultan ser los testimonios de los tres personajes antes reseñados. Veamos un breve resumen de sus exposiciones:

CAPS, quien para la época de los hechos se desempeñaba como conductor de la empresa R, relata la forma como se hacía el cobro de la vacuna, señalando que tanto el gerente de la empresa, como los despachadores tenían conocimiento dicha situación: “Si claro todos ellos saben, incluso los despachadores nos dicen en la mañana: hey (sic), tienen que pagar la rifa, refiriéndose a la vacuna, y ellos mismos a veces nos señalan con los paracos cuando uno no ha querido pagar la cuota; el gerente hace como cuatro meses citó como a cuatro conductores en su oficina y allí estaban dos cobradores de cuotas y les dijo a los compañeros que tenían que pagar o si no que se tuvieran a las consecuencias (…)”. (fl. 266-2).

El mismo declarante, en una segunda oportunidad, vuelve a hacer referencia al cobro de las extorsiones, en los siguientes términos: “(…) un tipo se me montó a la buseta de placas UGD-456 de propiedad de JLF, el cual nunca se me identificó, pero me dijo que yo tenía que colaborarles, que no es una extorsión como decían por ahí y que esa contribución es para vigilancia y seguridad para nosotros y que tenía que darle $ 2.000. Dos mil pesos en efectivo diarios o en día o sea en este año estamos pagando suma de $ 3.000. Tres mil pesos en efectivo, y yo lo dije a ese tipo que yo le iba a dar los dos mil pesos y lo hice por temor que tomaran represalias contra mi vida (…)”. (fl. 52 c. 4).

ABG, quien también se desempeñaba como conductor para la época de las extorsiones, coincide en afirmar que el gerente de R era conocedor del tema de las extorsiones al interior de la empresa: “Nosotros tenemos un problema con la empresa R S.A. gerenciada por el señor DDH, sobre el cobro ese de la vacuna, llegamos al punto de que no aguantamos más, se nos rebosó la copa, y atentaron contra la vida de dos compañeros y tomamos la decisión de parar las labores o sea dejar de laborar para proteger por la injusticia que se viene cometiendo con nosotros (…)”.La injusticia que dice se estaba cometiendo es relacionada con el cobro de una “vacuna” de tres mil pesos por parte de los paramilitares, por intermedio del “despachador”. (fl. 263 c. 2).

Más adelante, en su misma declaración, BG sostiene refiriéndose a DH: “Sí, ellos están autorizados por el gerente (…) Él sabe porque, él autoriza a los despachadores, porque ellos reciben órdenes directas de él: a la oficina de la empresa fueron llevados cuatro conductores, porque no pagaban dicha vacuna, allí fueron presentados a dos paramilitares los cuales dijeron que tenían que pagar o se morían (…) Sí, estuvo presente, el gerente, los cuatro conductores y los dos paramilitares” (fl. 264 c. 2). Finalmente, EEPO, otro de los conductores afectados por las extorsiones, itera las acusaciones en contra de DH, afirmando que éste tenía pleno conocimiento de las mismas, participando activamente: “El señor DDH, es el dueño y gerente de la empresa y él sabía porque a algunos compañeros, entre ellos EC, lo llamaron a la gerencia y allá delante del gerente estaban los muchachos que andaban en las motos y lo amenazaron que si no pagaban, iban a ver sangre, y así sucedió como con otros cinco conductores (fl. 82 c. 12).

Por supuesto que estas tres declaraciones fueron objeto de análisis en la decisión en la que el despacho se abstuvo de revocar la medida de aseguramiento. Conforme a sus textos, tal como lo hemos resaltado, sus deponentes en verdad no podían o pueden recibir el tratamiento de testigos directos sino de “oídas” o de referencia, en virtud a que no fueron presenciales del instante en que según lo afirmaron cuatro conductores (N, A, C y otro) el gerente DH los confrontó en su oficina con los presuntos miembros de las autodefensas.

Independiente de los juicios que se han emitido acerca de la legalidad o no de las aludidas pruebas, indispensable era que aquellas personas que directamente recibieron la presión de parte del citado gerente comparecieran al proceso, pues de ese modo hubiese quedado a salvo cualquier discusión sobre lo expuesto por BG, PS y PO.

Hasta donde le fue posible y permitido a este despacho, para lo cual había que tenerse en cuenta el término de la instrucción, se trató de ubicar a estos testigos presenciales con resultados frustrantes para los propósitos investigativos y concretamente frente a la posibilidad de desatar cualquier manto de duda sobre la responsabilidad del procesado (fl. 195 c. 57) (negrilla de la Sala).

Ahora bien, otro de los testimonios en los que podría fincarse un juicio de responsabilidad en contra de DH, tenía que ver con el testimonio de NRP, uno más de los conductores de R y quien hizo referencia al cobro de las pluricitadas vacunas. En su “opinión” la “responsabilidad de que los despachadores se hubieran encargado de cobrarnos la vacuna era el gerente de la empresa R S.A., el cual se llama DD, porque los mismos despachadores eran conscientes de eso” (fl. 126 c. 16).

A este testigo cuando se le interroga para que precise si efectivamente el gerente de R, sabia o era consciente de la extorsión que estaban realizando los paramilitares, contestó: “Si porque tuvo el cinismo de llamar a todos los conductores que no pagaban la vacuna a su despacho y presentárselos a los señores de las autodefensas para que ellos tomaran represalias en su contra y él si sabía cuál era el destino del dinero y para qué era, para las autodefensas, y también sabía quiénes recolectaban el dinero”.

Al igual que sucedió con los restantes tres testigos, este igualmente parte de lo que supuestamente le informaron terceras personas, sin que en verdad podamos señalar que su versión constituye prueba irrefutable frente a la responsabilidad de DH en las extorsiones o en su participación activa con el grupo de autodefensas que delinquía en Santa Marta.

En tales circunstancias, cuando nos aprestamos a emitir un juicio de responsabilidad con carácter de definitivo, por lo menos en esta etapa procesal, debemos tener presente que la prueba debe ser mucho más exigente que aquella tenida en cuenta para proferir la medida de aseguramiento. Si bien es cierto en oportunidad pretérita nos apoyamos para no revocar la medida de aseguramiento en la existencia de testimonios que nos indicaban que DH podría ser “más culpable que inocente”, en los actuales instantes, ese margen debe limitarse sustancialmente al punto que podamos con esa misma prueba, llegarlo a considerar, no probable sino efectivamente responsable de los hechos que se le imputaron (negrilla de la Sala).

Reiteramos que no obstante haberse discutido como único argumento tendiente a obtener un juicio favorable a los intereses de DH, el hecho que las pruebas sobre las cuales se fundó su vinculación estuvieron rodeadas de ilegalidad, situación que en criterio del despacho como se ha demostrado, no es cierto, en los actuales momentos lo que nos proporciona razón jurídica para estimar que no se reúnen los presupuestos para proferir resolución de acusación, son las dudas que emergen de esos mismos medios de prueba y que no pudieron ser despejadas dentro del amplio margen que tuvo la instrucción (negrilla de la Sala).

El artículo 399 de la Ley 600 de 2000 a propósito de la preclusión de la investigación, señala que aquellos eventos en donde el cierre de la investigación se haya producido por vencimiento del término de instrucción o por la imposibilidad de recaudar o practicar pruebas, “las dudas se resolverán a favor del procesado”. En efecto, el ciclo instructivo debió clausurase precisamente por tal circunstancia tal como el mismo abogado de la defensa lo hizo notar (fl. 115 c. 58).

Volvemos a reiterar, que en el presente caso e incluso en otros que igualmente fueron materia de investigación y que terminaron en preclusión o absolución, se echó de menos la existencia de prueba directa con la cual se pudiera sostener “más allá de duda razonable”, que los gerentes de las empresas de transporte estaban en connivencia con los miembros de las autodefensas para extorsionar a sus propias compañías (negrilla de la Sala).

Es posible y la Fiscalía no lo descarta, que personajes como DH hayan tenido conocimiento que los conductores de los vehículos afiliados a sus empresas estuvieran siendo víctimas, como sucedió con la mayoría de pobladores de Santa Marta, del cobro de vacunas o extorsiones por parte de autodefensas; sin embargo esa sola posibilidad o contingencia no constituye argumento válido en los actuales momentos para endilgarle responsabilidad.

Es así que pese a que varios de los conductores lo señalaron de estar al tanto de las amenazas que miembros paramilitares efectuaban al interior de R, también es razonable pensar que, más allá de denunciar y poner en conocimiento de las autoridades estos hechos, DH no podía hacer cosa distinta. Esto se sostiene con base en las pruebas aportadas por la defensa, las cuales dan a entender que aquel hizo algunas denuncias sobre la presión que personas al margen de la ley estaban haciendo sobre él, su familia y la empresa (negrilla de la Sala).

(…).

Respuesta a los sujetos procesales

(…).

Por su parte el doctor ESR (fl. 170 c. 58), en su condición de abogado defensor de DH, hizo un extenso debate en torno a los medios de prueba que sirvieron de base para vincular a su patrocinado.

Buena parte de su escrito lo dedicó a contrarrestar la fuerza probatoria de los informes de inteligencia, sosteniendo por ejemplo que los mismos no son prueba, que solo constituyen una hipótesis, una suposición, y en ocasiones una conjetura.

En los informes no se especifican las fuentes del conocimiento, es claro que no deben tener ningún valor probatorio, pues así lo aconsejan la sana crítica y los propios criterios para valorar el testimonio.

En este punto estamos de acuerdo en que los informes de policía judicial “solo pueden servir como criterios orientadores de la investigación”. No se hace necesario acudir a extensos estudios para entender lo obvio y que desde hace tiempo se tiene completamente establecido. Como lo asevera en su escrito la defensa, estos informes solo son “fuente de investigación, fuente de indagación, pero no son la prueba dentro del proceso penal, no son la prueba en la que pueda fincarse la responsabilidad”.

Otro aspecto al cual se refiere la defensa y ello tomando como base la decisión de la segunda instancia que dispuso revocar la medida de aseguramiento, tiene que ver con la inexistencia de los testimonios de ABG, CAPS y EEPO.

Sobre el particular ya se han sostenido las razones por las cuales el despacho estima que Policía Judicial (SIJIN) estaba facultada para recibir pruebas de esa naturaleza, bien fuera por iniciativa propia o por delegación del fiscal. Aspecto diferente e igualmente estudiado, es que tales testimonios no hubiesen sido ampliados por parte del instructor en su debida oportunidad, con lo cual se había logrado por lo menos que los sujetos procesales con interés en los mismos pudieran contra-interrogarlos y así garantizar sus derechos (negrilla de la Sala).

No consideramos necesario referirnos en extenso a los restantes argumentos, muy respetables, del señor defensor, pues en últimas la conclusión a la cual ha arribado el despacho que es que la prueba allegada no fue suficientemente sólida como para permitir que sobre la misma se edificara una resolución de acusación en contra de DH (negrilla de la Sala).

(…).

Sobre este concepto, el despacho debe manifestar que comparte las apreciaciones del representante del Ministerio Público. Como se dijo anteriormente, en el caso de AT nunca se allegó prueba contundente que lo comprometiera con las extorsiones investigadas. De otro lado, en la instrucción tampoco se pudo desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba al procesado DDH, debiendo aplicar la duda probatoria en su favor, en lo que también se coincide con el representante de la agencia pública (negrilla de la Sala).

Decisión

Bajo estas circunstancias la Fiscalía considera que no se dan los presupuestos establecidos en el artículo 397 de la Ley 600 de 2000 para proferir en contra de estos dos sindicados RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN. En cambio sí para reconocer que conforme al artículo 399 ibídem se hace necesario PRECLUIR LA INVESTIGACIÓN en su favor. (…).

11.5. La anterior decisión quedó ejecutoriada el 6 de noviembre de 2008 (constancia de ejecutoria del 7 de noviembre de 2008, expedida por la fiscalía décima especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, fl. 144, 164 c. ppal.).

11.6. El señor DGDH es hijo de GHM, hermano de GADH y JJDH, esposo de SIRS y padre de DJDR y VDR (copia auténtica de los registros civiles de nacimiento y matrimonio respectivamente —fls. 1-5 c. 2 y 7 c. 1—).

11.7. El señor DGDH, ocupó el cargo de gerente y presidente de la junta directiva de la empresa TTER “R S.A.”, desde el 1º de enero de 1998, hasta el 15 de abril de 2003 (certificación expedida por la representante legal de “Rs S.A. el 2 de julio de 2010, fl. 15 c. 2).

III. Problema jurídico

12. Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis resulta imputable al Estado el daño ocasionado a DGDH por la privación de la libertad a la que se vio expuesto con la medida de aseguramiento, que le impuso la Fiscalía General de la Nación, pese a que la misma no se hizo efectiva. Para ello, es preciso establecer si, a pesar de que fue precluida la indagación a favor del demandante, su conducta, resultó determinante en la producción del daño que se alega.

IV. Análisis de la Sala

13. La parte actora pretende que se declare la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación por presunto error judicial en que incurrió al proferir la medida de aseguramiento en contra de DGDH, dentro de una investigación penal que finalmente precluyó, en aplicación del principio in dubio pro reo, debido a que no se recaudaron las pruebas tendientes a desvirtuar su inocencia.

14. De esta forma, los actores, además de una supuesta falla del servicio de la entidad demandada, alegan la antijuridicidad del daño presuntamente padecido sometimiento a una investigación penal a partir del hecho de que la Fiscalía se abstuvo de emitir resolución de acusación en contra del señor DH de los delitos que le inculpó y, por el contrario, decidió precluir la investigación.

15. En el proceso se demostró que al señor DH se le vinculó como persona ausente en consideración a que no se materializó la orden de captura, con fines de indagatoria, proferida por el ente acusador y que posteriormente, con la resolución de situación jurídica se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (supra pár. 11.1.,11.2.), en el marco de las pesquisas adelantadas por el delito de concierto para delinquir y extorsión y que, posteriormente, la indagación precluyó porque no se ratificaron los testimonios ni se recaudaron las pruebas suficientes para desvirtuar su presunción de inocencia en los delitos que le fueron endilgados (supra párr. 11.4).

16. En la demanda se alegó que su vinculación a la investigación y posterior imposición de la medida, constituyó una carga antijurídica para DGDH y su familia, de la cual se derivaron perjuicios de índole material e inmaterial que debían ser resarcidos. En la primera instancia del proceso, el tribunal no accedió a las pretensiones de la demanda, tras considerar, entre otras cosas, que no se configuró el daño antijurídico alegado porque no se materializó la privación de la libertad y, que tampoco, se presentó un error judicial en la providencia mediante la cual se impuso la medida de aseguramiento en contra del sindicado, pues se cumplieron los requisitos legales para su procedencia (supra pár. 6 a 6.5.).

17. La Sala reitera que pese a que el ente instructor profirió orden de captura en contra de DGDH, la detención del entonces sindicado no se materializó. Por tanto, no hay lugar a la imputación de responsabilidad a la administración por la privación injusta de la libertad del demandante, bajo la cual, para que exista la obligación indemnizatoria del Estado, según los lineamientos jurisprudenciales de esta corporación, no es necesario probar una falla de la autoridad judicial; al damnificado le basta con acreditar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que culminó con una decisión favorable a su inocencia y que le causó un daño con ocasión de la detención.

18. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que la jurisprudencia del Consejo de Estado, con disparidad en punto de la indemnización que se concede en el escenario de imputación por privación injusta de la libertad, ha reconocido objetivamente la responsabilidad del Estado en casos en los que el afectado sufre otras afectaciones de su derecho a la libertad(6), como por ejemplo, cuando se le impone una medida cautelar dineraria o se le obliga a no cambiar de domicilio ni a salir del país(7). Inclusive, dentro de las referidas limitaciones a la libertad, puede considerarse que la sola imposición —con el lleno de los requisitos legales— de una medida de aseguramiento de detención preventiva que a la postre deviene en injusta, por las implicaciones que genera en el ámbito familiar y social del ciudadano —así este no haya estado sujeto a ella—, comporta un daño antijurídico que ameritaría ser resarcido(8).

19. En ese sentido, el presente asunto, en el que el señor DH no fue objeto de la detención preventiva que se le decretó, pero que, en sentir de la Sala, se le limitó su libertad con una medida de aseguramiento injusta(9) —con ocasión de la preclusión a su favor—, estarían dados todos los presupuestos para deprecar objetivamente la responsabilidad del Estado.

20. De otra parte, si bien en el estudio de un evento que comporte objetivamente la responsabilidad de la administración no es necesaria la demostración de una falla del servicio, lo cierto es que en el caso sub examine la parte actora insistió en que esta se encontraba configurada. En esa medida, corresponde a la Sala verificar su ocurrencia, dado que, como se ha reiterado jurisprudencialmente, su comprobación instaría a los entes estatales a no incurrir nuevamente en ella.

21. Así pues, en el presente asunto el daño demandado, que consiste en “la vinculación antijurídica en proceso penal con inclusión de medida de aseguramiento consistente en la privación injusta de la libertad que afectó al señor DDH”, debe examinarse subjetivamente por la supuesta falla del servicio en que incurrió la entidad o, en los términos de los demandantes, por el error judicial suscitado en las referidas providencias.

22. La Sala considera que en el proceso de la referencia no se encuentran los elementos necesarios para atribuirle responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, por el error judicial en que presuntamente se incurrió con las decisiones adoptadas el 7 de junio y 19 de agosto de 2003 y 26 de enero de 2006 —mediante las cuales se expidió la orden de captura con fines de indagatoria, su posterior vinculación como persona ausente y la imposición de una medida de aseguramiento al ahora actor en reparación—.

23. Como las decisiones cuestionadas en el presente asunto revisten indudablemente la connotación de determinaciones judiciales plasmadas en providencias, y en la medida que respecto de estas se predica una equivocación en cuanto a la forma en que se interpretó y aplicó el derecho, entonces corresponde verificar los presupuestos para la configuración del alegado escenario de responsabilidad por error jurisdiccional, a cuyo tenor, conforme lo ha sostenido la Sección Tercera de esta corporación(10):

(…) al margen de la definición de error judicial elaborada por el legislador, en tanto que no es norma aplicable al caso concreto y, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución (…) las condiciones para estructurar el error jurisdiccional que materializará la responsabilidad patrimonial del Estado, a saber:

a) (…) el error debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme (…).

b) (…) el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo.

c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar.

d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme (…).

24. Así, para proceder a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional se requiere, primero, que el yerro conste en una providencia judicial que se encuentre en firme y, además, que el proveído sea contrario a derecho, “sin que esto signifique necesariamente que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria o, dicho en otros términos, que la decisión sea constitutiva de una vía de hecho. Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley”(11).

25. A juicio de la Sala, en el presente caso no hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado bajo el criterio del error judicial, como pasa a exponerse.

26. Las determinaciones judiciales adoptadas por la Fiscalía respecto de DGDH —vinculación como persona ausente y detención preventiva—, no surten ahora efecto alguno por cuenta de lo decidido la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Distrito de Bogotá y la fiscalía décima especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (supra pár. 11.3.). No obstante, esto no es óbice para que eventualmente, en asuntos como el ahora revisado, pueda declararse la responsabilidad estatal por algún daño antijurídico producido durante el interregno de vigencia de las providencias cuestionadas.

27. En efecto, se discutió en la demanda, que las providencias adoptadas por la Fiscalía carecían de la correspondiente fundamentación fáctica y jurídica, razón por la que la entidad reconoció su error y declaró la preclusión de la investigación. A juicio de la Sala, tal afirmación carece del debido sustento, máxime si se tiene en cuenta que al plenario solo fueron allegadas las piezas procesales que comprenden las decisiones adoptadas, sin que se tenga la totalidad de la actuación penal surtida, especialmente los medios de convicción allí obrantes, lo que le hubiera permitido a esta corporación verificar la congrua interpretación y/o aplicación del derecho —o no— en las providencias cuestionadas conforme al material probatorio existente(12).

28. Adicional a lo analizado hasta el momento, esto es, que no se configuró la falla en el servicio alegada por la parte actora pero que, en cambio, estarían dados todos los presupuestos para deprecar objetivamente la responsabilidad del Estado por la limitación de la libertad padecida por el señor DH durante la vigencia de las medidas ordenadas, la Sala estima prudente considerar que, en cualquier caso, fue la conducta de la víctima directa la que determinó el menoscabo al que se vio expuesto —sometimiento a una investigación penal—, por lo que en el presente proceso se configuró el hecho de la víctima que rompió la imputación fáctica del presunto daño antijurídico sufrido.

29. Sobre dicha causal de exoneración, esta corporación ha manifestado que aplica en los eventos en los cuales la víctima con su actuación exclusiva y determinante fue quien dio lugar a que se profiriera en su contra la medida de aseguramiento. Al respecto, el numeral 6 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(13) establece esta posibilidad, al preceptuar que:

(…) Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (…).

30. Adicionalmente, la Ley 270 de 1996 en su artículo 70 señaló que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. La Corte Constitucional respecto de la precitada disposición manifestó(14):

(…) Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible (…) (negrilla de la Sala).

31. Teniendo en cuenta el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder —activo u omisivo— de la propia víctima, al respecto ha dicho(15):

(…) Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. (…).

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.

(…).

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor MRG, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…) (negrilla de la Sala).

32. De conformidad con lo anterior, es evidente que en el caso bajo examen, la decisión de eludir la orden de captura con fines de indagatoria que llevó a la vinculación del señor DH como persona ausente y la consecuente imposición de la medida privativa decretada, causalmente se puede reputar como determinante y exclusivo de que el ahora accionante en reparación hubiera sido vinculado al proceso penal suscitado.

33. En otros términos, su conducta evasiva determinó que el ente instructor lo vinculara a la investigación penal como persona ausente y, con posterioridad, le impusiera la medida de detención preventiva. Al respecto, no se desconoce que esta Subsección ha reconocido indemnizaciones en eventos en los cuales no se materializó la medida en virtud de la actuación evasiva del actor en reparación(16), sin embargo, aquellos casos distan de este, bajo el entendido de que el señor D Hernández no colaboró con la justicia(17), esto es, no compareció a rendir indagatoria y aproximadamente cinco años después, designó abogado de confianza para que lo asistiera y ejerciera la defensa (supra pár. 11.3.), de donde es dable concluir que su actuación fue dilatoria y negligente en el marco de la investigación que le estaba adelantado la entidad.

34. En efecto, podría haber rendido la indagatoria y colaborar con la justicia, aportando la información y documentos que tuviera en su poder, así como ejercer su defensa para obtener su libertad y posterior preclusión. En un caso similar, la Sección Tercera, Subsección “C” señaló(18):

3.9. Acerca del hecho exclusivo de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad extracontractual al Estado.

Comoquiera que el hecho dañoso causado al demandante fue ocasionado por las resoluciones dictadas en su contra por la Fiscalía General de la Nación, mediante proveídos calendados el 8 de abril y el 19 de agosto de 2003, se procede ahora a analizar si dadas las circunstancias del caso concreto, en los términos expuestos en el fallo recurrido y cuestionados por la parte actora, se dan los presupuestos para concluir que se trata de un evento constitutivo de hecho exclusivo de la víctima, que pueda dar lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.

El artículo 28 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a la libertad. En ese orden de ideas, el precepto dispone que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino cuando medie i) un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, ii) con las formalidades legales, y iii) por motivo previamente definido en la ley.

Así las cosas, a la vez que el Constituyente afirma que la libertad es un derecho fundamental de las personas que debe ser objeto de especial protección por parte de las autoridades, reconoce que la misma no es absoluta pues puede ser restringida en el evento en que se profiera por una autoridad judicial competente una orden escrita que reúna los requisitos que la ley imponga para el efecto y obedezca a los motivos previamente señalados por el legislador.

El artículo 95.7 de la Constitución Política (De los Deberes y Obligaciones) establece un deber de la persona y del ciudadano de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia, y lo que se observa en este caso, es que la conducta desplegada por el demandante fue diametralmente opuesta a ese deber constitucional, puesto que lo que se espera de cualquier persona, es que cumpla con este deber, máxime si se le dio la oportunidad de comparecer al proceso y rendir sus descargos a fin de esclarecer los hechos materia de investigación.

No cabe duda para la Sala que el daño que le imputa el actor a la Fiscalía General de la Nación, esto es, que “permaneció huyendo, alejado de su familia y sin poder desarrollar ninguna actividad productiva desde el 8 de abril de 2003 hasta el 16 de noviembre de 2005 y con su patrimonio incautado desde el 8 de abril de 2003 hasta el día 27 de diciembre de 2005, lo cual como es lógico, le (sic) produjo a mis poderdantes enormes perjuicios materiales y morales (…)”(19), se generó como consecuencia de su contumacia a cumplir con un deber ciudadano de raigambre constitucional, razón por la cual no es dable que quiera aprovecharse de tal conducta, puesto que el hecho de evadirse de la justicia, no le es imputable a la demandada sino a la parte demandante.

Ahora bien, el daño es imputable única y exclusivamente al comportamiento de la víctima, pues, en primer lugar, decidió no presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, lo que hubiese permitido esclarecer su situación jurídica evitando la declaratoria de persona ausente y, en segundo lugar, porque fue éste con su conducta la que generó los efectos y consecuencias derivadas de dicho proceder. Y es que las autoridades competentes tenían la obligación de adelantar la investigación penal, toda vez que existían elementos suficientes que indicaban la presunta comisión del delito de extorsión que azotaba al departamento del Magdalena, pero obsérvese que quienes fueron capturados en la diligencia de allanamiento y registro de 8 de abril de 2003, posteriormente fueron desestimados los llamamientos de cargos, por cuanto no existió evidencia probatoria que respaldara el inicial señalamiento.

Así las cosas, se tiene que la vinculación de CAOA, a la investigación penal, fue por causa de su actividad o comportamiento indebido, pues con su conducta determinó e incidió de manera definitiva y directa en la vinculación al proceso penal al que fue sometido al ser declarado persona ausente, y su huir fue lo que originó y desencadenó el daño que alegó, por lo que consecuencialmente es a él a quien le es imputable.

35. En efecto, la Sala no desconoce que la instrucción se prolongó durante varios años, sin embargo, tampoco puede pasar por alto que si bien la oferta presentada por el abogado ESR a la señora GHM para ejercer la defensa de DGDH, data del 15 de mayo de 2006 (fls. 9-10 c. 2), lo cierto es que solo hasta el 26 de enero de 2008, cuando la Fiscalía negó la revocatoria de la medida de aseguramiento que le fue impuesta y en la apelación de dicha decisión, se evidencian actuaciones de un defensor de confianza (supra pár. 11.3.), así como en la solicitud de preclusión de la investigación (supra pár. 11.4.), de donde se desprende la ausencia de colaboración con la justicia y una actitud negligente y dilatoria frente a la facultad investigativa ejercida por la demandada.

36. Finalmente, frente a las afirmaciones de la demanda, conforme a las cuales el señor DH temía por su seguridad y la de su familia, motivo por el cual se mantuvo escondido durante la investigación al sentirse sometido a una persecución derivada de haber denunciado lo que estaba sucediendo al interior de la empresa, la Sala advierte que más allá de lo consignado por el ente acusador en la calificación del mérito del sumario con la preclusión (supra pár. 11.4.)(20) y lo manifestado por ZTF (fls. 123-124 c. 2), en el expediente no se encuentran elementos materiales de prueba que permitan tener certeza de esa circunstancia, porque no fueron aportados al expediente y tampoco obran las piezas del proceso penal que así lo sostengan.

37. En efecto, se advierte que la señora TF, rindió testimonio ante esta jurisdicción por el conocimiento que dijo tener de la familia D por un periodo de 10 años aproximadamente, relato en el que indicó sobre las denuncias lo siguiente:

“PREGUNTADO: Diga usted si le consta cómo eran las relaciones familiares durante el tiempo que el señor DD estuvo vinculado al proceso penal, si hubo algún cambio a la forma cómo eran esas relaciones antes del proceso y si habido (sic) algún cambio luego de la culminación del proceso penal. CONTESTÓ: la relaciones familiares de la familia D hincapié era de una unión estrecha y se arraigó con la muerte de padre, esto ha sido comentado por la señora GDH (sic) pues ella acostumbraba a comunicarme o a contarme que esta huella en la familia lo (sic) hizo pues unirse cada día más, la señora G pues acostumbraba a raíz de la vinculación de D al proceso penal a ir a mi apartamento y se desahogaba tuve la oportunidad de presenciar muchos momentos de dolor y llanto ya que ella no acostumbraba a demostrarlo a sus hijos, a JJ y a Gna (sic), pues ella aparentaba ser muy fuerte con ellos para darles la fortaleza pero realidad por dentro vivía una desesperación, una impotencia mucha angustia, dolor, ellos son una familia cristiana y son muy respetuosos de la ley pero ellos sabían que decirle a su hijo y hermanos (sic) D que se entregara significaba perderlo, JJ y Gna (sic) tuvieron momentos muy depresivos toda vez que DDH fue uno de los pocos que se atrevió a denunciar los hechos ante las autoridades de lo que acontecía en la ciudad de Santa Marta contra las empresas de transporte, (…)” (negrilla fuera de texto).

38. Por lo tanto, la Sala advierte que esas manifestaciones no son conducentes para probar que el señor DH realizó denuncias con ocasión de las presuntas extorsiones de las que estaban siendo víctimas la empresa de la que era gerente y los conductores afiliados a la misma y, que en razón de esa circunstancia, haya visto amenazada su vida y se vio obligado a huir. Lo anterior, bajo el entendido de que resulta ser una testigo de oídas por lo que percibió de los relatos que le hicieron algunos miembros del núcleo familiar del sindicado.

39. Esta circunstancia le resta credibilidad a sus declaraciones, en consideración a que si bien, se reitera, su valoración no está proscrita, por tratarse de lo que la jurisprudencia de esta corporación ha llamado testimonio indirecto, sí está sometida a unos estándares mucho más rigurosos con el fin de conocer las circunstancias en las cuales el testigo de oídas tuvo conocimiento de los hechos que narra, verificar si su declaración es coincidente y concordante con el resto del material probatorio, y así evitar que “un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor”(21).

40. Por lo tanto, si bien no se le desvirtuó su presunción de inocencia al señor DH, es evidente que su actuación sí fue una causa determinante y exclusiva para la limitación de la libertad a la que se vio expuesto, de donde se desprende que el daño es imputable a la propia víctima, comoquiera que su actuación resultó contraria, en términos civiles, al “cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios(22)”. Ciertamente, fue la conducta adoptada por el demandante la que lo expuso a la limitación de la libertad padecida.

41. En consecuencia, para la Sala, la limitación a la libertad controvertida por el actor, constituye un daño antijurídico, sin embargo, no resulta imputable a la entidad accionada, toda vez que está demostrado que aquel tuvo actuación exclusiva y determinante en el hecho imputado, sin que exista la posibilidad de endilgarlo a la entidad. Por ese motivo, se procederá a confirmar la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la demanda.

VI. Costas

42. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, se

FALLA:

1. CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el 29 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”.

2. Sin condena en costas.

En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 200800009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

4 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 01 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció que las copias simples serían valoradas en “(…) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.

5 El despacho sustanciador realizó la verificación del módulo de consulta de procesos de la página web de esta corporación, sin encontrar registro alguno de procesos adelantados por estas personas en virtud de la preclusión de la investigación y nulidad parcial, respectivamente.

6 Esto bajo el supuesto de que el procesado ciertamente padeció las restricciones que se ordenaron en su contra y que de dicha situación se derivaron perjuicios con carácter indemnizable.

7 Consejo de estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia de 6 de marzo de 2008, Exp. 16.075, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

8 Consideración reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencias del 8 de julio de 2016, Exp. 40399 y 30 de marzo de 2017, Exp. 42426, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

9 La cual, de lógica inferencia, implica una alteración negativa en el entorno familiar y social.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, Exp. 14.837, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2011, Exp. 17.646, C.P. Mauricio Fajardo.

12 Carga probatoria que le asistía a la parte actora conforme a la previsión del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

13 Ratificado por Colombia el 29 de noviembre de 1969, previa aprobación del Congreso de la República mediante Ley 74 de 1968. Pacto que hace parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno, en virtud de lo previsto en los artículos 53, 93, 94, 102 y 214 de la Constitución Política Colombiana.

14 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, Exp. P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744, C.P. María Elena Giraldo, reiterada en las sentencias de 11 de abril de 2012, Exp. 23513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 9 de octubre de 2013, Exp. 33564, C.P. Hernán Andrade Rincón.

16 En ese sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencias del 5 de octubre de 2016, Exp. 34549, C.P. Stella Conto D Del Castillo y del 12 de octubre de 2017, Exp. 43233, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

17 Constitución Política de Colombia. Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. (…) // 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; (…)

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 19 de julio de 2017, Exp. 40274, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

19 [51] Folio 6 c. 1.

20 “[t]ambién es razonable pensar que, más allá de denunciar y poner en conocimiento de las autoridades estos hechos, DH no podía hacer cosa distinta. Esto se sostiene con base en las pruebas aportadas por la defensa, las cuales dan a entender que aquel hizo algunas denuncias sobre la presión que personas al margen de la ley estaban haciendo sobre él, su familia y la empresa (…)”.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de octubre de 2009, Exp. 17629, C.P., Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en las sentencias de 28 de abril de 2010, Exp. 18646, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 26 de abril de 2012, Exp. 18166, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

22 Artículo 63 del Código Civil.