Sentencia 2010-00589 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 760012331000201000589 01 (19463)

Consejera Ponente:

Dr. Martha Teresa Briceño de Valencia

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce

Actor: Pontificia Universidad Javeriana - Seccional Cali

(NIT 860.013.720-1)

Demandado: Municipio de Santiago de Cali

Impuesto de Industria y Comercio - Año gravable 2005

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el municipio, la Sala precisa si se configuró el silencio administrativo positivo para decidir el recurso de reconsideración interpuesto por la actora contra el acto que rechazó el proyecto de corrección a la declaración privada de ICA de 2005 para disminuir el impuesto a cargo. En caso afirmativo, determina si procedía la devolución del impuesto pagado como consecuencia de la aceptación del proyecto de corrección presentado por la actora.

En el expediente se encuentran probados los siguientes hechos:

El 18 de abril de 2006, la Pontificia Universidad Javeriana declaró el impuesto de industria y comercio por el año 2005. En la declaración, incluyó ingresos gravados por la actividad de servicios educativos a la tarifa del 3.3 por mil, por lo que determinó un total impuesto a cargo de $ 184.324.000, un total saldo a cargo de $ 183.685.000 y un total a pagar de $ 61.228.000, que pagó según factura 000345623, expedida por el municipio(16).

El 6 de diciembre de 2007, la demandante corrigió la declaración para aumentar el total impuesto a cargo a $ 184.529.000, un total saldo a cargo de $ 183.919.000 y un total a pagar de $ 323.000, que incluyen intereses y sanciones. La declaración de corrección reemplaza la inicial y los mayores valores derivados de la corrección también fueron pagados(17).

Como consecuencia de la sentencia de la Sección Cuarta de 25 de septiembre de 2006, que confirmó la nulidad del artículo 2º del Acuerdo 57 de 1999 en cuanto gravaba la actividad de servicios educativos privados a una tarifa del 3.3 por mil, el 27 de febrero de 2008 la actora presentó solicitud de corrección para disminuir el impuesto a cargo en $ 136.099.000, según proyecto de corrección(18). Por lo tanto, de acuerdo con el proyecto de corrección, la actora determinó un total impuesto cargo de $ 48.430.000 y un total saldo a cargo de $ 47.820.000(19).

Por Resolución 4131.1.12.6-2663784 de 20 de mayo de 2008, que se notificó el 6 de agosto de 2008, como lo aceptan las partes, la administración rechazó la solicitud de corrección(20).

El 9 de agosto de 2008, la actora interpuso recurso de reconsideración contra el acto de rechazo y por Resolución 4131.1.12.6-14269 de 30 de diciembre de 2009(21), notificada personalmente a la actora el 15 de enero de 2010(22), el municipio confirmó en reconsideración el rechazo del proyecto de corrección.

El Decreto 523 de 30 de junio de 1999(23) norma local aplicable para la época de los hechos, dispone lo siguiente respecto al término para resolver el recurso de reconsideración y la configuración del silencio administrativo positivo:

“ART. 139.—Término para resolver los recursos. La subdirección administrativa de impuestos, rentas y catastro municipal o quien haga sus veces tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma.

ART. 141.—Silencio administrativo. Si transcurrido el término señalado en el artículo 139, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la administración, de oficio o a petición de parte así lo declarará” (se destaca).

En esta materia, la norma local reitera los artículos 732 y 734 del estatuto tributario, que prevén lo siguiente:

“ART. 732.—Término para resolver los recursos. La Administración de Impuestos tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma”.

ART. 734.—Silencio administrativo. Si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará.

Así, el municipio de Santiago de Cali dispone de un año para resolver el recurso de reconsideración, contado a partir de su interposición en debida forma, pues en caso de que transcurra dicho término sin que el recurso se resuelva, se configura el silencio administrativo a favor del contribuyente.

Sobre el particular, la Sala ha precisado que para que el recurso se entienda resuelto oportunamente es necesario que dentro del término legal, que es de un año, se notifique el acto que decide el recurso, pues de otra manera no puede considerarse resuelta la impugnación comoquiera que si el contribuyente no ha tenido conocimiento del acto administrativo, este no produce los efectos jurídicos correspondientes(24).

Además, la Sala ha dicho que el término de un año, previsto en el artículo 732 del estatuto tributario, es preclusivo, porque el artículo 734 del estatuto tributario establece que ante su incumplimiento se configura el silencio administrativo positivo. En consecuencia, si vence ese plazo sin que se resuelva el recurso, se entiende que la administración pierde competencia para manifestar su voluntad y, en ese orden de ideas, el acto deviene en nulo(25).

En relación con el momento a partir del cual se cuenta el año que tiene la administración para resolver el recurso, esto es, cuándo se entiende interpuesto el recurso en debida forma, la Sala ha entendido que ese plazo se cuenta a partir del mismo día en que se presenta el recurso, puesto que así lo establece claramente la norma(26).

En consecuencia, ha dicho que “no es necesario acudir a criterios adicionales para reconocer cuándo se interpuso el recurso en debida forma, puesto que su interposición se surte ante la administración, y en “debida forma” significa que el recurso acredite los requisitos previstos en la ley”(27).

Así pues, no le asiste razón al municipio cuando sostiene que el término de un año para resolver el recurso de reconsideración se cuenta a partir de su admisión, pues tal interpretación contradice el claro tenor literal del artículo 732 del estatuto tributario.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el 9 de agosto de 2008, la Pontificia Universidad Javeriana interpuso en debida forma recurso de reconsideración contra el acto que rechazó el proyecto de corrección, de acuerdo con el artículo 139 del Decreto 523 de 1999, la administración debía resolver el recurso hasta el 9 de agosto de 2009.

No obstante, la Resolución 4131.1.12.6-01429, por la cual el municipio confirmó en reconsideración el acto recurrido, se expidió el 30 de diciembre de 2009, esto es, cuatro meses después del plazo que tenía para resolver(28). Además, dicha resolución se notificó personalmente a la actora el 15 de enero de 2010, fecha para la cual ya había operado el silencio administrativo positivo(29).

Por tal razón, en cumplimiento del artículo 42 del Código Contencioso Administrativo(30), el 30 de abril de 2010, mediante escritura pública 1523 de la Notaría Veintiuna del Círculo de Santiago de Cali, la demandante protocolizó el silencio administrativo positivo, pues, se insiste, la administración no resolvió y notificó el acto administrativo que decidió el recurso de reconsideración dentro del término legal.

En consecuencia, al operar el silencio administrativo positivo frente al recurso de reconsideración, debe entenderse que la administración resolvió favorablemente la solicitud de corrección de la declaración de ICA del año 2005 formulada por la actora y aceptó el proyecto de corrección que esta presentó para disminuir el impuesto a cargo que había declarado el 6 de diciembre de 2007, esto es, cuando corrigió la declaración inicial, presentada el 18 de abril de 2006.

En el mismo orden de ideas, con fundamento en los artículos 34(31) y 141(32) del Decreto 523 de 1999, en concordancia con los artículos 589(33) y 734(34) del estatuto tributario, el proyecto de corrección presentado por el contribuyente reemplazó la declaración que este solicitó corregir.

Además, por efecto de la validez de la nueva declaración que arroja un menor impuesto a cargo, la demandante tiene derecho a que el municipio le devuelva el impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros que pagó de más por el año gravable 2005.

Y, aunque para obtener la devolución existe un procedimiento que está precedido de la correspondiente solicitud(35), en este caso es posible ordenar la devolución sin agotar dicho trámite, como lo dispuso el a quo.

Lo anterior, porque en asuntos similares la Sala ha entendido que es viable que se ordene la devolución en el fallo “por economía procesal y en aras de precaver un litigio futuro”, debido a que la negativa de la administración a corregir la declaración del contribuyente, como sucedió en este caso, “truncó al demandante la posibilidad de solicitar, ante la dependencia de la dirección seccional aduanera y/o tributaria competente, la devolución de las sumas pagadas en exceso”(36).

Las razones que anteceden son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(16) Folios 9 y 10.

(17) Folios 11 y 12.

(18) Folios 14 a 21 (la solicitud se formuló con base en el D. 523/99, art. 34, en concordancia con el E.T., art. 589).

(19) Folio 25.

(20) Folios 24 a 28.

(21) Folios 37 y 38.

(22) Folio 38 vto.

(23) Por el cual se modifica el Decreto 498 de marzo 29 de 1996 que adopta el libro 5 del estatuto tributario nacional sobre procedimiento tributario y régimen de sanciones”.

(24) Sentencia del 12 de abril de 2007, expediente 15532, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa.

(25) Sentencia del 21 de octubre de 2010, expediente 17142, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(26) Sentencia del 10 de septiembre de 2009, expediente 17277, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Este criterio ha sido reiterado, por ejemplo, en fallos de 7 de junio de 2012, expediente 18163 y de 5 de julio de 2012, expediente 18498, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y de 19 de enero de 2012, expediente 17578 y de 21 de octubre de 2010, expediente 17142, C.P. Hugo F. Bastidas Bárcenas.

(27) Ibídem.

(28) Folios 37 a 38.

(29) Folio 38 vto.

(30) “ART. 42.—Procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo. La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 5º junto con su declaración jurada de no haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto.

La escritura y sus copias producirá (sic) todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así.

Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo se entenderá que ellos carecen de valor económico”.

(31) El artículo 34 del Decreto 523 de 1999 señala que si la administración no se pronuncia dentro del término que tiene para practicar la liquidación oficial de corrección, que es de seis meses, “el proyecto de corrección sustituirá la declaración inicial”. Aunque este es el efecto que se produce al no resolverse en tiempo la solicitud de corrección, debe entenderse que es el mismo efecto que se produce al no resolver en tiempo el recurso de reconsideración contra el acto que rechaza la corrección, pues según los artículos 141 del Decreto 523 de 1999 y 734 del estatuto tributario, este se entiende resuelto a favor del contribuyente.

(32) De acuerdo con el cual si no se resuelve el recurso de reconsideración dentro del término legal, éste se entenderá resuelto a favor del contribuyente.

(33) Esta norma prevé que si la administración no se pronuncia dentro del término que tiene para practicar la liquidación oficial de corrección, que es de seis meses, “el proyecto de corrección sustituirá la declaración inicial”.

(34) Que prevé que si el recurso de reconsideración no se resuelve dentro del término previsto en la ley “se entenderá fallado a favor del recurrente”.

(35) El procedimiento de devoluciones está previsto en el título X del Decreto Municipal 523 de 1999.

(36) Ver sentencias de 13 de septiembre de 2012, expediente 18007 y de 13 de junio de 2013, expediente 18080, Consejero Ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. En estas providencias se anularon los actos que negaron la práctica de la liquidación oficial de corrección aduanera solicitada por la parte demandante para corregir las declaraciones de importación con el fin de solicitar la devolución de tributos aduaneros pagados en exceso.